Karl Dietrich Bracher



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El Concepto de Estado

Karl Dietrich Bracher


El Estado es un segmento geográ­ficamente limitado de la sociedad hu­mana unido por una co­mún obe­diencia a un único soberano. El término puede hacer referencia tanto a una sociedad en su conjunto, co­mo, de modo más es­pecífico, a la au­toridad sobe­rana que la controla.

Según indica la anterior definición, el concepto de Estado está íntimamente relacionado con el con­cepto de sober­anía, que fue desarrollado con ante­riori­dad por la teoría jurídica. Se basa en la hi­pótesis, esencial­mente legalista, de que toda so­ciedad polí­tica está o debe estar unida bajo una determinada au­toridad ju­rídica. Puesto que las normas que ema­nan de diversas autoridades en­trarán verosímilmente en conflicto, es lógico que no pueda existir una legali­dad establecida en el país si no hay en el mismo una autoridad legisla­tiva suprema, cuyas decisiones sean defini­tivas. Por otra parte, si el derecho de este país debe preva­lecer, ha de estar respaldado por sancio­nes efecti­vas. Así, el poder coercitivo al igual que la au­tori­dad jurídica, son ambos esenciales en el con­cepto jurídico de sobera­nía. El Estado es un territorio en el que una única auto­ridad ejerce poderes sobera­nos tanto de jure como de facto.

En la historia del pensamiento político el tér­mino Estado ha tenido amplia aceptación, tanto como con­cepto normativo como concepto de­s­criptivo. Los teó­ri­cos normativos, con­vencidos de que la concen­tra­ción de poderes coercitivos en manos de una sola au­tori­dad establecida es indis­pens­able para el man­teni­miento del orden público en un territorio determi­nado, han tratado de de­mostrar a menudo que la obediencia al Estado es la forma más elevada de obli­gación polí­tica. Los teó­ricos descriptivos, sin adhe­rirse necesa­riamente a la proposición norma­tiva de que el Estado tiene un valor supremo, se han mos­trado dispuestos casi siempre a singularizarlo, entre todas las demás ins­tituciones, sociales, como la única que es específi­ca­mente “política”, y a considerar la descrip­ción y el aná­lisis del Estado como el problema central de la ciencia política. A lo largo de este artículo se es­tudiará el papel de ambas concepciones, en primer lugar la normativa y después la descriptiva, en el desarrollo del pen­sa­miento político moderno.


El concepto normativo
El valor fundamental del concepto “Estado” en el or­den histórico reside en su contribución nor­mativa al desar­rollo inicial de las instituciones políti­cas occiden­ta­les. Cuando la palabra “Estado” apa­reció por vez pri­mera con su sentido actual, en el curso del siglo XVI,

su significado era claramente revolucionario. Los que lo utilizaban eran cons­cientes de que se oponían a las tradiciones políti­cas existentes. Para ellos, el Estado no era una realidad pre­sente, sino un objetivo desea­ble. Dando un nuevo significado al viejo concepto de “soberanía”, que equivalía entonces a “reino”, es­peraban superar el pluralismo tradicional de las or­ganiza­ciones políticas occidentales y situar, por consi­guien­te, el manten­imiento del orden público sobre ci­mien­tos nuevos y más sólidos. Sus es­fuer­zos tuvie­ron un éxito considerable. Du­rante varios siglos, el es­ta­ble­cimiento y el mantenimiento de los Estados fue ge­ne­ralmente aceptado como el obje­tivo propio de la ac­ción política. En la etapa de formación del pensa­mien­to y de las institucio­nes políticas del mundo mo­derno fue esta creen­cia el elemento configurador.

Las condiciones políticas contra las que iba di­ri­gi­do el nuevo concepto eran herencia de la Edad Me­dia. Durante los siglos que siguieron a la caída de Ro­ma, la organización política del mundo occi­dental fue acen­tuadamente pluralista. Teórica­mente, el sis­tema polí­tico me­dieval era dualista, basándose en la idea de que el papa y el empera­dor, como vi­carios de Cris­to, eran conjuntamente re­sponsables del go­bierno de la Cris­tian­dad, siendo el primero la autoridad su­prema en las cuestiones espirituales, y el segundo, en las secu­la­res. En la práctica, sin embargo, la divi­sión de la autori­dad fue más lejos. Especialmente, el rei­no se­cular se fragmentó en una compleja red de ju­risdiccio­nes su­per­puestas, cada una de las cuales era re­cono­cida como titular de derechos pre­scripti­vos o contrac­tuales propios. En estas condicio­nes, ningún gober­nante te­rritorial tenía el poder ni la au­toridad para man­tener un dominio efectivo del de­recho. El conflicto y la inseguri­dad eran endé­micos en el sis­tema.

El Estado moderno es el producto de una larga y, finalmente, victoriosa lucha para superar todas estas dificul­tades. Ello se logró mediante el au­mento gra­dual de los poderes de los príncipes te­rritoriales, a expen­sas de otras autoridades. Hacia el siglo XIV, los reyes de Francia habían recorrido ya un largo camino hacia la reducción de los pode­res independientes de la Iglesia y hacia el control de los magnates feu­dales. Otros re­yes, en grados diversos, obtuvieron éxitos similares. Esto su­puso la violación de muchos dere­chos adquiri­dos y en­contró mucha resisten­cia. Sin embargo, dado el ca­rácter sacral de su cargo, los re­yes tenían una gran ventaja sobre la mayoría de sus rivales en esta compe­tencia generalizada. Como fruto de sus es­fuerzos, la fun­dación del Estado moderno estaba ya muy avan­zada a finales de la Edad Me­dia.


Maquiavelo. Sin embargo, hasta el siglo XVI no lo­gró aceptación general el término “Estado”. Ni­co­lás Ma­quiavelo fue el hombre que introdujo la pala­bra, en su sentido moderno, en el vocabulario de la política. Su utilización del término reflejaba los problemas con­cre­tos con los que se enfren­taba en­tonces su Italia na­tal. En muchos aspec­tos, Italia había sido protago­nista del de­sarrollo de las insti­tuciones políticas mo­dernas. Por diversas ra­zones, el feudalismo nunca flo­reció en este país.

Esto significaba que eran relativa­mente es­casos los in­tereses tradicionales que se oponían a una con­centración eficaz del poder. Pero la forma que esta con­centración revistió en Italia fue muy pe­cu­liar. Como tradicional campo de liza entre los pa­pas y los empera­dores, el país carecía de un rey ca­paz de ser­vir como centro para la creación de un solo Estado. La Italia del Renacimiento era un mosaico de repúblicas y principa­dos que rivalizaban entre sí en una lucha despiadada por el poder. Este fue el mundo que cono­ció Maquia­velo, el mundo que halló su expresión en su teoría del Estado.

La “razón de Estado” fue el principio básico del pen­samiento de Maquiavelo. Aunque esta frase no apa­rece en sus obras, la idea está im­plícita en todo lo que escribió. Según este principio, la polí­tica consiste esen­cialmente en una lucha total por el poder. El ob­je­tivo propio de la acción política era aumentar al má­ximo el poder del Estado. Todo está permitido, con la úni­ca condición de que haya sido “racionalmente” con­ce­bido para al­canzar el obje­tivo. Como muchos hom­bres del Renacimiento, Maquiavelo es­taba lleno de con­fianza en la posibi­lidad de alcanzar un fin me­diante la utilización de técnicas racionales. El Estado era para él un arte­facto, una obra de arte creada por la habilidad y el genio de los políticos. La finalidad de sus escritos políticos fue enseñar las reglas básicas de ese arte.

La teoría de Maquiavelo era de­masiado radical para ser ampliamente aceptada en su forma origi­nal. La difi­cul­tad mayor estriba en su despreocu­pación por el problema de la legalidad. Acostum­brado a concebir la autoridad política en función de la norma jurídica, el mundo occidental se resistía a aceptar un sistema que subordinaba toda otra consideración a la mera conse­cución del poder. Es cierto que la razón de Estado era un concepto que no podía ser total­mente ignorado.

A partir de Gio­vanni Botero, que parece ser el in­ventor del tér­mino, comenzaron a aparecer libros de­dicados al tema en la mayoría de los principales países e idio­mas de Europa. Se recibieron, sin embargo, con de­sa­grado, y el “maquiavelismo” se convirtió interna­cio­nal­mente en un tér­mino popularmente peyorativo.
Bodino. Fue Jean Bodin el primero que acertó a for­mu­lar el con­cepto de “Estado” de una manera acep­ta­ble. Bodino era francés, y sus concepcio­nes políticas se hallaban en gran medida condicio­nadas por la si­tua­ción de Francia en el siglo XVI. A diferencia de las re­públicas y principa­dos italianos, la monarquía fran­cesa era un típico Estado en gran escala, y sus pro­blemas eran ya típicamente mo­der­nos.

En este país, las tradiciones e insti­tuciones plura­listas de la Edad Media, aunque muy afecta­das por la expansión del poder real, todavía eran mucho más im­portantes de lo que habían sido en la Italia renacen­tista. Se llegó así, con la Reforma, a una grave crisis política. De acuerdo con las tradi­ciones del dualismo cristiano, la Iglesia tenía el de­recho y el deber de de­fender la fe verdadera con­tra los reyes heréticos. En una época de desunión religiosa, en que la preten­sión de ortodoxia estaba en disputa entre dos o más igle­sias rivales, ningún gob­ernante podía evitar apa­recer como hereje ante los ojos de una parte de la pobla­ción. Esto significaba, en el caso de Francia, que una fuerte minoría protestante se sentía justifi­cada para dis­putar la autoridad a sus reyes católi­cos. Algunos de estos súbditos, de­nominados monarcó­macos, lle­ga­ron in­cluso a mantener que los gober­nantes he­réticos de­bían ser derrocados por la fuerza y, si era preciso, ase­sinados. Aunque los protestan­tes eran incapaces de dominar todo el país, tenían fuerza suficiente para dominar una serie de parla­men­tos provinciales y otros organ­ismos locales que ha­bían sobrevivido al período feudal, y para utilizar los pri­vile­gios tradicionales de es­tos orga­nismos como justificación jurídica de su re­sis­tencia al rey. Así, la unidad del reino quedó efectiva­mente rota, y el país se vio abocado a un periodo largo y agota­dor de gue­rras religiosas.

La teoría de Bodino sobre la sober­anía, que ha­bía de hacer época, era una idea cuyo desarrollo res­pon­día a tal situación. Se adhirió a la posición de los politi­ques, grupo laxo de teóricos y políticos que la­menta­ban la tendencia hacia el extremismo religioso y que creían que el derecho y el orden eran valores po­líticos que debían ser prote­gidos a cualquier costo. Esto le condujo a la conclusión de que debía haber en cada Estado un solo legislador recono­cido, o so­berano, a cuyas decisiones se atribuyera la autoridad suprema. Contra el sobe­rano no podía prevalecer le­gíti­mamente ningún derecho adquirido, ningún tipo de jurisdicción, se­cular o espiritual. Para Bodino, la soberanía no es tanto una cuestión de poder como de dere­cho. El va­lor de un orden legal coherente era la premisa de la que de­dujo la necesidad de una au­to­ridad sobe­rana. A di­ferencia de Maquiavelo, su con­cepción del Estado se encon­traba plenamente alineada en la tradición oc­ci­dental de respeto a la norma ju­rí­dica. Fue obra suya que se estableciera firme­mente el concepto en el re­pertorio del pen­sa­miento político occidental.

El culto al Estado alcanzó su cima en los siglos XVII y XVIII. Desde finales de la guerra de los Treinta Años hasta la Revolución francesa, la mo­narquía ab­so­luta dominó, prácticamente sin adver­sario, como forma normal de organi­zación política. Después de más de un siglo de guerras de reli­gión, la mayor parte de las personas estaban dis­pues­tas a aceptar la tesis de Bo­dino como única base posible de manteni­mien­to del orden público. La más importante limita­ción de la auto­ridad de los príncipes había sido elimi­nada por el Tra­tado de Westfalia en 1648, el cual con­firmó ex­presa­mente el derecho de los soberanos se­culares a de­termi­nar los deberes religiosos de sus súbditos. Tam­bién se reconoció generalmente su supremacía en ma­terias seculares. Es cierto que en algunos paí­ses, so­bre todo en Inglaterra, habían lo­grado so­bre­vivir al­gu­nos vestigios del antiguo plura­lismo. Pero consti­tuían raras ex­cepciones, y aún en Ingla­terra el teórico dua­lismo del “rey en el parla­mento” pronto dio paso, en la práctica, a la soberanía del último. De este modo, Eu­ropa occidental, durante más de un siglo, estuvo go­bernada por una serie de soberanos clara­mente de­terminados, monarcas he­reditarios en la ma­yoría de los casos, que ejer­cían su derecho ilimi­tado a promulgar y hacer cumplir las leyes dentro de sus res­pectivos Esta­dos. La obligación del súbdito de obe­decer al so­be­rano era la más alta forma de obligación.


Erosión del concepto norma­tivo
Ya a partir de la Revolución francesa, el poder nor­mati­vo del con­cepto “Estado” ha sufrido una in­tensa ero­sión. Sin duda, el proceso comenzó a principios del siglo XVIII. Una vez que se hubo desvanecido el miedo a las guerras de religión, la gente comenzó a pensar que no bastaba con el mantenimiento del de­recho y del or­den, conside­rado en sí mismo, para jus­tificar la acción política. La felicidad indi­vidual y la justi­cia social se convirtie­ron también en valores recono­cidos, en nombre de los cuales era lícito plantear exi­gencias. En el siglo XVIII, la principal inspiración de tales exigen­cias fue la filosofía de la Ilustración. La igualdad ante la ley, la libertad intelectual y la econo­mía del laissez-faire fue­ron las ideas liberales que die­ron por primera vez a los hombres la visión de un mun­do futuro mejor. El nacio­nalismo y el socia­l­ismo, pos­teriormente, desencadena­ron esperan­zas simila­res. Para quienes se inspiraban en estas ideas ya no era aceptable la obediencia al Es­tado como forma más elevada de obligación política. Si los soberanos acce­dían a convertirse en reforma­do­res, nada había que objetar; pero, en otro caso, la re­forma habría de reali­zarse frente a ellos. Aun­que los filósofos de la Ilustra­ción mantuvieron du­rante mucho tiempo la esperanza de realizar sus fi­nes a través del “des­potis­mo ilus­trado” de los go­bernantes tradiciona­les, el re­sultado final de sus esfuerzos fue la Revolu­ción fran­cesa. Este fue solamente el primero de una larga serie de movi­mientos rev­olucionarios que condu­jeron, en el curso de los siglos XIX y XX, a un deteri­oro acen­tuado y progresivo de la autori­dad del Estado.
Anarquismo y socialismo. Una de las conse­cuen­cias de la era revolu­cionaria moderna ha sido el desa­rrollo del anarquismo filosófico. En la teoría del li­bera­lismo tenía implícito, desde sus oríge­nes, cierto ele­mento anar­quista. Aunque la mayo­ría de los lib­era­les reconocían la necesidad de una legalidad garanti­zada por sancio­nes co­ercitivas, daban prioridad a la autorre­gu­lación espontánea de la sociedad medi­ante institu­ciones no coerciti­vas, como el mercado libre. Para ellos, el mejor gobierno era el que menos go­bernara. Esto redujo considerablemente la dig­nidad y la impor­tancia del Es­tado, y llevó a algunos indivi­duos —William Godwin, por ejemplo— a la conclusión ex­trema de que el me­jor gobierno de todos sería aquel go­bierno que hu­biera dejado de existir.

Pero hasta el siglo XIX, y ya en relación con el au­ge del socialismo, no floreció realmente el anar­quis­mo. Aunque algunos autores, como Saint-Si­mon, creían en la utilización de los poderes de gobierno para la rea­lización de la justicia social, los socialistas más impor­tan­tes concibieron al Estado como un or­ganismo de re­presión económica, y formularon, como uno de sus princi­pales objetivos, la eliminación de toda autoridad coercitiva. Esta era la opinión de Marx y Engels. Era también la de Proudhon, cuya influencia en el movi­miento socia­lista primitivo seguía de cerca a la de los anteriores. Aunque los socialistas del siglo XX han abando­nado en general esta posición, todavía goza de amplia aceptación como parte de la doctrina orto­doxa del movimiento co­munista moderno, según la formula­ción que recibió de Lenin.


La teoría de la soberanía popular. En la mayo­ría de los casos, sin embargo, la reacción moderna contra el culto del Estado ha adoptado una forma dis­tinta. Lo normal ha sido re­conocer la necesidad de una autori­dad coer­citiva, pero reducir el presti­gio de los gober­nantes de hecho mediante una distinción radical entre el sobera­no y el gobierno. Tal idea es fruto del es­quema trazado por Jean-Jacques Rous­seau en el Con­trato Social (1762). El rasgo más desta­cado del pen­sa­miento polí­tico de Rousseau fue su insistencia en que la sobera­nía era un derecho inalie­nable del pue­blo, y que nin­gún gobierno, aunque fuese dele­gado del pue­blo, podría pretender legí­ti­mamente participa­ción alguna en el ejercicio de los poderes soberanos, in­cluida la legislación. Aunque pocos de sus dis­cí­pu­los estuvie­ron dispuestos a mantener la inte­gri­dad de sus puntos de vista al re­chazar la autori­dad legislativa de los go­biernos, su doctrina de la sobe­ranía popular tuvo una amplísima influencia. En su enfren­tamiento con la mo­narquía, los líderes de la Rev­o­lución francesa se basa­ron en el prin­cipio de que el tercer estado, como re­p­resentante del pueblo, eran los legíti­mos gobernan­tes de Fran­cia. En las revoluciones pos­terio­res se for­muló idén­tica exi­gencia en nombre de la na­ción o del proleta­riado. El resultado, en cada caso, fue un ataque a la posi­ción de las autoridades establecidas mediante la apelación a otra fuente de la soberanía su­puesta­mente más popu­lar.

La teoría de la soberanía popular, revoluciona­ria en sus orígenes, estaba destinada en el curso de los si­glos XIX y XX a convertirse en la única base ampli­a­mente aceptada de legitimidad política. Es cierto que, tras la Revolución francesa, algunos te­óricos conser­vadores trataron durante algún tiempo de defender y reforzar la antigua conexión entre la soberanía y el go­b­ierno. Burke, con su in­sistencia en la importancia de mantener las tradi­ciones políticas, y Hegel, con su más compleja teo­ría del Estado como realización defi­nitiva de un “espíritu del mundo” racional, figuran en­tre los defensores de la antigua concep­ción.

Hubo asimismo intentos, especial­mente por parte del papado, de hacer frente a las pretensio­nes más ra­dicales de la soberanía popular, indi­cando que Dios es la única fuente de la autoridad legítima y que rebe­larse contra el gob­ierno esta­blecido es un pecado contra el propio Dios. Por otra parte, la teoría de la so­beranía popular encon­tró resisten­cia incluso entre los libera­les. Por ejemplo, la mayoría de los gobiernos liberales se sintieron autorizados para for­mular dere­chos impe­riales sobre las colonias sin ninguna apela­ción al con­senti­miento popular, sobre la base de que los pueblos no europeos no esta­ban aún maduros para el autogo­bierno. A largo plazo, sin embargo, la idea de la sobe­ranía popular no había de encon­trar oposi­ción eficaz en parte alguna. Durante los si­glos XIX y XX los impe­rios coloniales y, asimismo, las mo­narquías tradiciona­les han tenido que hacer en mu­chas oca­siones con­cesiones a movimientos que pro­claman el derecho im­prescriptible a la au­todetermina­ción nacio­nal. La mayo­ría de los go­biernos de hoy, por muy grande que sea en la práctica la acción opre­sora de los mis­mos, se ven obligados a justificarse como re­presentantes del pue­blo. En tal sentido, la democra­cia es la norma uni­versal de buena vecindad de la po­lítica con­temporánea.

Este proceso ha llevado a una acen­tuada des­va­lo­rización del concepto normativo del Estado. En los días en que el soberano era un monarca que gober­naba activamente, todo el poder y el prestigio del Es­tado se concentraban en su per­sona. La aureola de la realeza creaba una amplia distancia entre aquel y sus súbditos, y confería una especial dignidad a los fun­cionarios civiles y mil­ita­res que ejecutaban su volun­tad. En una demo­cra­cia, esta concepción del Estado como algo dis­tante no es fácil de mantener. Aunque la ad­hesión a una democracia puede simbolizarse en ban­de­ras, himnos y uniformes, o incluso en una fami­lia real, la autoridad a la que ha­cen referencia estos sím­bo­los ya no es la de un príncipe sobre sus súb­di­tos, sino la de un pueblo soberano, colecti­vamente, sobre sus propios miembros individua­les. En estas circuns­tan­cias, el Estado es difícil de distinguir de los ciu­da­danos en cuyo nombre y so­bre los cuales se está ejer­ciendo la autoridad. De este modo, la sobe­ranía se concibe apenas como una ficción jurídica ca­rente de realidad. La aten­ción se traslada del Estado al go­bier­no, el cual, aunque no reclama para sí la so­beranía, ejerce el mando efectivo.


Democracia constitucional. La erosión del con­cepto se muestra de modo especialmente claro en el caso de la democracia constitucional. Cuando los po­deres del gobierno están limitados por las disposicio­nes de una constitu­ción, escrita o no, es difícil decir quién está en posición de ejer­cer la so­beranía, si es que alguien lo está. Aunque se su­pone que el go­bierno refleja la vo­lun­tad del pueblo “soberano”, las deci­siones reales son el resultado de un proceso po­lí­tico complejo en el que es­tán autorizados a tomar parte muy diver­sos or­ganis­mos, tanto públicos como priva­dos. Dado que los derechos y de­beres de estos orga­nismos están defi­nidos por la constitución, se dice a veces que, en las democracias consti­tuciona­les, es la propia constitución la que es soberana. Esto es cierto en el sentido de que la obediencia a la cons­ti­tución puede adquirir, en tales so­ciedades, gran parte del valor normativo que en tiempos se aso­ciaba a la obedi­encia a un rey. Pero una constitu­ción, a dife­rencia de un rey, no es una persona con pensa­miento y volun­tad propios; es un conjunto de le­yes y usos que al­guien ha de definir y aplicar. Al igual que otros proce­sos de­mocráticos, el pro­ceso de adopción de decisio­nes constitu­cionales tiene un ca­rácter difuso. In­cluso en Gran Bretaña, donde los dere­chos del Parlamento son, desde un punto de vista leal, prácti­camente ilimi­ta­dos, no existe en la práctica nin­gún or­ganismo con­creto con el poder absoluto de modificar la constitu­ción. Aunque los poderes de una demo­cracia constitu­cional se deri­van, de forma muy real, del consen­ti­miento de los go­bernados, el proce­so de explici­tación de ese con­sen­timiento es conside­rable­mente com­plejo. Es casi im­posible decir dónde reside la sobera­nía en un sistema de este tipo.

Por consiguiente, a efectos norma­tivos, los con­ceptos de Estado y de soberanía han perdido mucho de su an­tiguo significado. Para los juristas, que han de detenerse en algún punto en su bús­queda de una au­toridad jurídica suprema, estos conceptos tendrán siempre un significado. Para los pueb­los dependien­tes que existen en el mundo, la idea de un Estado in­depen­diente es to­davía una meta a la que aspi­ran. Así, pues, sería una exageración afirmar que los con­ceptos de Es­tado y de soberanía han perdido todo su valor normativo. Sin embargo, el hecho es, en todo ca­so, que la democracia mod­erna, en todas sus for­mas, ha significado una devaluación de los mis­mos. Una gran parte del mundo se encuentra hoy gober­nada por re­gímenes comunistas, que pro­meten a la larga expre­samente una “abolición del Estado” y que jus­tifican su utilización continuada del poder coerci­tivo en aras de la justicia social y de los intereses del proletariado. Donde no predo­mina el comunismo, las palabras mági­cas son “pueblo”, “país”, “nación” y “raza”. Pocos se­rían hoy los que considerasen la obediencia al Estado, en sí misma, como la forma más elevada de deber. La teoría de Bodino sobre el Es­tado como valor supremo de la política práctica­mente se ha extin­guido.


El concepto descriptivo
Además de su papel normativo, el concepto “Estado” ha desem­peñado también una impor­tante función en la tarea de crear una ciencia des­crip­tiva de la política. Hubo una época, desde luego, en que casi todo el mundo estaba de acuerdo en que el poder po­lítico es prácticamente lo mismo que el poder sobe­rano, y en que el ob­jeto propio de la ciencia política era el estu­dio del Estado. La Staatswissensschaft, el equi­va­lente alemán a la “ciencia política” anglosajona, re­fleja un punto de vista que no se limitaba en absoluto al mundo de habla alemana. Así, por ejemplo , la Intro­duc­tion to Political Science, de James W. Garner, un influ­yente li­bro de texto norteamericano que apa­reció en 1910, empieza diciendo que “la cien­cia política comienza y termina en el Es­tado”. Esta concep­ción de la disci­plina fue en otros tiempos el mo­delo aceptado, pero hoy sería suscrita por muy po­cos especialistas.

La idea de que solo el Estado puede propor­cio­nar la base de un com­portamiento auténtica­mente político se remonta a los orígenes del pen­samiento político occidental. Para Platón y Aristó­te­les, la ciu­dad-Estado, o polis, era la suprema ex­presión de la capacidad in­trínseca del hombre para la acción social. Aunque mu­chas necesidades so­ciales podían ser sa­tisfechas por asociaciones me­nores, como la familia o la aldea, solo la ciudad-Es­tado, en opinión de estos primeros filóso­fos, era suficientemente amplia como para permitir el pleno de­spliegue de las potencialida­des del hombre y para realizar así aquella “vida buena” que era el obje­tivo propio de su existencia social. El hombre virtuoso era el que vivía en estrecha y armo­niosa asociación con todos sus conciu­dadanos en una polis perfecta­mente in­tegrada. Para los fundado­res del pen­sa­miento polí­tico occidental, por con­si­guiente, la ciudad-Estado era una forma de aso­ciación humana diferente en género de todas las demás. Las unidades meno­res, como la familia, eran demasiado pequeñas para ser autosufi­cien­tes; las unidades ma­yores, como los vas­tos impe­rios bárbaros de Oriente, eran demasiado grandes para satisfacer la necesidad humana de co­munica­ción so­cial. Solo la ciudad-Es­tado era, a un mismo tiempo, su­ficientemente grande y pequeña como para permitir a los hombres una forma de vida social autén­ticamente justa y humana. Debido a ello, la ciencia política, para los griegos an­ti­guos, podía co­menzar y terminar en la polis.

La influencia de esta tradición se re­fleja clara­mente en el pensamiento político moderno. Es cierto que el Es­tado moderno es, en muchos as­pectos, to­talmente diferente de la antigua polis. Su extensión territorial es normalmente mucho mayor, y su relación con la vida social de sus miem­bros es, por tanto, me­nos íntima. En lugar de ser consider­ado como un as­pecto de la vida común de una co­munidad de ciuda­danos es­tre­cha­mente li­gados entre sí, el Estado mo­derno se pre­senta a menudo como un organismo ex­terno de con­trol que go­bierna a una serie más o me­nos het­erogé­nea y de­sordenada de sujetos in­divi­duales. El Im­perio Bri­tánico y el de los Habsburgo son casos tí­picos en este sen­tido. Por diferentes que sean estos con­juntos de la antigua polis, el Estado mo­derno se parece a su ante­cesor en aspectos que podrían justificar también su consideración como el objeto central de la ciencia es­pecializada en la polí­tica.

El punto esencial es que el Estado moderno, al igual que la antigua polis, es, a un mismo tiempo, lo su­ficiente­mente grande y lo bastante pequeño como para proporcionar la única forma eficaz de in­tegración social. En todas las sociedades moder­nas, los dere­chos y deberes de los hombres están definidos por una amplia diversidad de asocia­cio­nes, y su cumpli­miento está garanti­zado por distin­tos organismos. Al­gunas, como la familia, son más reducidas que cual­quier Estado en particular; otras, como la Iglesia cató­lica, más amplias. En cualquier caso, sean grandes o pe­queñas, estas asociaciones “privadas” solo en ca­sos muy raros son autosuficientes. Al tratar de realizar sus res­pectivos objetivos, plantean exi­gencias con­tra­puestas que a menudo provocan conflictos. La fun­ción especí­fica del Estado es regular tales conflic­tos. En los territorios en que existe un sobe­rano que de­cide entre las exigen­cias contrapues­tas y que hace cumplir sus decisiones, en caso ne­cesario, me­diante sanciones coercitivas adecua­das, es posible lograr un grado sus­tancial de cohe­rencia social. Así, pues, el Es­tado mo­derno, al igual que la polis antigua, es una forma de asocia­ción que es preciso distinguir de las restantes en virtud de su capacidad singular para reali­zar una acción integradora. La idea de que la ciencia polí­tica comienza y acaba en el Estado expresa la te­sis de que este tipo de acción, y solamente este tipo, es es­encialmente político.

Tal idea no se corresponde ya, sin embargo, ni con la teoría ni con la prác­tica de los politólogos con­tempo­ráneos. Aunque en ocasiones se estu­dian problemas del Estado y de la soberanía, no se consi­deran en ge­neral como nú­cleo de la disci­plina. En Es­tados Unidos especialmente, la aten­ción se centra hoy en los pro­blemas del poder po­lítico y en la natura­leza y funcio­namiento de los sis­temas políticos en general. Se tiende a considerar la política no como una función es­pecíficamente limitada a un tipo parti­cu­lar de organiza­ción social, el Estado, sino como un aspecto fun­cional con­creto de la vida social en gen­e­ral. Según este punto de vista, las relaciones de po­der que se dan en los sindicatos o en las asociaciones profe­siona­les no son menos “políticas” que las que se dan dentro del gobierno de una nación, y son tan me­recedoras de atención como estas. Algunos es­pecialistas piensan incluso que el en­foque meto­do­lógico más prometedor es el “micropolítico” no el “ma­cropolítico”, y que todo estudio de estructu­ras políti­cas más amplias de­biera basarse en un conoci­miento detal­lado de los grupos pequeños y de las re­laciones directas. Esto no signi­fica que los politólogos con­temporáneos hayan per­dido todo interés por las for­mas más amplias de organi­zación política; el Estado moderno es una insti­tución de­masiado poderosa para dejar de atraer el interés de los estudiosos de la polí­tica. Pero, en general, hoy no in­teresa tanto el Estado en cuanto tal, como los go­biernos o los procesos po­líticos que operan dentro de él.

La desviación del centro de interés respecto al es­tado puede considerarse, al menos en parte, como re­flejo del carácter progresivamente no jurí­dico de la ciencia política contemporánea. Los conceptos de Es­tado y de soberanía se han ba­sado tradicional­mente en la hipótesis de que la de­terminación y la aplicación de los derechos es la técnica más impor­tante de inte­gración social. La tradición política de Occidente, con su vinculación secular al manteni­miento de un “imperio de la ley” efectivo, se basa en esta misma hipótesis. Cuando se conciben de esta forma los proble­mas de la po­lítica, es natural que la cien­cia política y la teoría ju­rí­dica vayan es­trecha­mente unidas y que compar­tan muchos conceptos comunes. Sin em­bargo, para los especialistas moder­nos de las ciencias sociales, el en­foque ju­rídico de los problemas po­líticos es en buena medida inadecuado. Por im­por­tante que sea el dere­cho en una so­ciedad, consti­tuye solamente una de las muchas agencias a tra­vés de las cuales se controla la conducta so­cial. Los politólogos contemporáneos piensan en ge­neral que debe estudiarse el poder polí­tico en to­das sus mani­festa­ciones, y no únicamente en sus aspec­tos jurídi­cos. El Estado no debe definirse, desde luego, en términos jurídicos.

Dado el aspecto coercitivo del de­recho, la idea de Estado ha ido siempre aso­ciada tanto a la de poder como a la de autoridad. La tradicional dis­tinción entre soberanía de facto y soberanía de jure re­fleja este he­cho. Siendo así, no hay motivo para que los politólo­gos, con su in­terés particular por los pro­blemas del poder, hayan de limitar su atención a los as­pectos de facto de la soberanía y considerar al Es­tado exclusiva­mente en este sentido. Prescindiendo de una refe­rencia a los problemas de la autoridad jurídica, el rasgo específico del Estado, comparado con otras aso­cia­ciones, es su intento de monopolizar el poder coerci­tivo dentro de su propio territorio. Aunque nunca se alcanza en la práctica el caso límite del mo­nopolio ab­so­luto, a menudo se ha llegado a puntos muy próxi­mos. Desde el punto de vista de una ciencia política mera­mente descriptiva, basta, por tanto, con definir el Es­tado en relación con ese límite, estudiando las con­di­ciones que acompañan al mayor o menor grado de monopolio alcanzado en un tiempo y en un lugar de­terminados. Así de­finido, el concepto de “Estado” no guarda necesa­riamente relación con la elabo­ración y la aplicación de las leyes, y es compatible con un en­fo­que to­talmente no jurídico de los proble­mas de la polí­tica.

Sin embargo, incluso en esta forma, el con­cepto apenas se utiliza. El incon­veniente es que atribuye ex­cesiva im­portancia a los aspectos coer­citivos de la vida política. En los días de la monar­quía absoluta era per­fectamente natural que se concibiera la política como una relación unilateral de mando y de obedi­en­cia entre un gobernante y sus súbdi­tos. Pero la inte­racción en­tre un pueblo soberano y su gobierno no puede com­prenderse de esta manera tan simple. Aunque los go­biernos modernos pueden actuar co­activamente, les falta esa identificación en última ins­tancia con el Estado soberano que constituía la fuerza peculiar de las anti­guas monar­quías. El concepto de “soberanía del pueblo” aún conserva su “gancho” y utilidad, pero es demasiado abstracto para arrojar mu­cha luz sobre las reali­dades de la política contempo­ránea. A ello se debe que los politólogos, pre­fieran gene­ralmente utili­zar otras expre­siones para describir los fenómenos que, en otros tiempos, se com­pren­dían bajo el con­cepto “Estado”.



Bibliografía

Allen, John W. (1928) 1957 A His­tory of Politi­cal Thought in the Six­teenth Century, 3a. ed. Lon­don: Methuen.

Allen, Carleton K. (1945) 1956 Law and Or­ders: An Inquiry Into the Na­ture and Scope of De­legated Legislation and Exe­cutive Powers in En­glish Law, 2a. ed. London: Stevens.

Arndt, Adolf; y Freund, Michael 1962 Nots­tandsgesetz-aber wie? Cologne (Alemania): Wis­senschaft und Politik.

Ballreich, Hans (dir. de ed.) 1955 Das Staats­no­trecht in Bel­gien, Frank­re­ich Grossbritannien, Ita­lien, den Nieder­landen, der Schweiz und den Ve­re­inigten Staaten von Amerika. Co­logne y Ber­lin: Hey­mann.

Bodin, Jean (1576) 1962 The Six Bookes of a Com­monweale, Dir. de ed.: Kenneth D. McRae. Cam­bridge, Mass.: Harvard Univ. Press. Repro­ducción fac­símil de la trad. inglesa de 1606, cor­re­gida y au­mentada a la luz de una nueva compara­ción con los textos latino y francés.

Bosanquet, Bernard (1899) 1951 The Philo­sophical Theory of the State. 4a. ed. London: Macmillan.

Botero, Giovanni (1589) 1956 The Reason of State. Págs. I-224 en Gio­vanni Botero, The Rea­son of State and The Greatness of Cities. New Ha­ven: Yale Univ. Press; London: Routledge. Publi­cada origi­nal­mente con el título Della ragion di stato.

Bracher, Karl D. (1955) 1960 Die Auflösung der Weimarer Re­publik, 3a. ed. Villingen (Alemania): Ring.

Bracher, Karl. D. 1964 Deutsch­land zwischen Demokratie und Dikta­tur. Bern: Serz.

Cassirer, Ernst 1946 The Myth of the State. New Haven: Yale Univ. Press.

Chang, Sherman Hsiao-Ming (1931) 1965 The Marxian Theory of State. New York: Russell.

Coker, Francis W. 1910 Organismic Theories of the State: Ni­neteenth Cen­tury Interpretations of the State as Or­ganism or as Person. Co­lumbia Uni­ver­sity Studies in History, Econo­mics, and Public Law, Vol. 38, No. 2. New York: Columbia Univ. Press.

CONFERENCE ON NEW AP­PROACHES IN SO­CIAL ANTHROPOL­OGY, JESUS COLLEGE, CAM­BRIDGE, ENGLAND, 1963 1965 Political Sys­tems and the Distribution of Power. A.S.A. Mono­graph No. 2. Lon­don: Tavi­stock; New York: Prae­ger.

Dullemen, A.A.L.F. Van 1945 Staat­snoodrecht en Rechtsstaat. Alphen aan den Rijn (Holanda): Sam­son.

Dullemen, A.A.L.F. Van 1947 Staat­snoodrecht en Democratie. Alphen aan den Rijn (Holanda): Sam­son.

Duverger, Maurice 1962 Les insti­tutions françai­ses. Paris: Presses Uni­versitaires de France.

Easton, David 1965 A Systems Anal­ysis of Po­litical Life. New York: Wi­ley.

Emerson, Rupert 1928 State and Sovereignty in Modern Ger­many. New Yaven: Yale Univ. Press.

Fallers, Lloyd A. (1956) 1965 Bantu Bureau­cracy: A Century of Politi­cal Evolution. Univ. of Chi­cago Press. Publicado origi­nalmente con el título Bantu Bureaucracy: A Study of Integra­tion and Conflict in the Political Institu­tions of an East Afri­can People.

Faure, Johh 1937 Le droit de né­cessité de l'é­tat étude du droit public fé­dé­ral: Les pouvoirs ex­tra­ordinaires des autorités fé­dérales. Lau­sanne (Suiza): Payot.

Folz, Hans-Ernst 1962 Staatsnot­stand und Nots­tandsrecht. Co­logne y Berlin: Heymann.

Fortes, Meyer; Y Evans-Pritchard, E.E. (dirs. de ed.) (1940) 1961 African Political Sys­tems. Ox­ford Univ. Press.

France, Constitution 1958 The French Constitu­tion: Adopted by the Refe­rendum of Sep­tember 28, 1958, and Promulgated on October 4, 1958. Texto francés y traducción inglesa. New York: French Em­bassy, Press and In­formation Di­vision.

Fried Morton H. 1968 On the Evolu­tion of Stratifi­cation and the State. New York: Random House.

Fried, Morton H. 1960 On the Evo­lution of Social Stratification and the State. Pags. 713-731 en Stanley Dia­mond (dir. de ed.), Culture in His­tory: Essays in Honor of Paul Radin. New York: Colum­bia Univ. Press.

Fromme, Friedrich K. 1960 Von der Weimarer Ver­fassung zum Bon­ner Grundgesetz: Die verfas­sungspolitis­chen Folgerun­gen des par­la­men­taris­chen Rates aus Weimarer Republik und national­sozialis­tischer Diktatur. Tubingen (Alemania): Mohr.

Ganshof Van Der Meersch, W.J. 1953 Les états d'exception et la consti­tu­tion belge. Annales de droit et des sciences po­liti­ques1953:49-124.

Garner, James W. 1910 Introduction to Political Science: A Treatise on the Origin, Nature, Func­tions, and Organi­zation of the State. New York: American Book.

Giacometti, Zaccaria 1945 Das Vollmachten­re­gime der Eid­genos­sen­s­chaft. Zurich: Poly­grap­his­cher Verlag.

Gluckman, Max 1965 Politics, Law and Ritual in Tri­bal Society. Oxford: Blackwell; Chicago: Aldine.

Grosshut, F.S. 1962 Staatsnot, Recht und Ge­walt. Nuremberg (Alemania): Glock & Lutz.

Hammond, Mason 1951 City-state and World State in Greek and Ro­man Political Theory Until Augus­tus. Cam­bridge, Mass: Harvard Univ. Press.

Hegel, Georg W.F. (1821) 1942 Philosophy of Right. Trad. in­glesa y no­tas de T. M. Knox. Oxford: Clarendon.

Hesse, Konrad 1955 Ausnahmezus­tand und Grundgesetz. Die öffentli­che Verwaltung 8:741-746.

Hesse, Konrad 1960 Grundfragen einer ver­fas­sungmässigen Normie­rung des Ausnahmezus­tandes. Furisten Zeitung 15:105-108.

Hewitt, Desmond J. 1953 The Con­trol of Dele­gated Legislation. Sid­ney (Australia): Butterworth.

Hocking, William E. 1926 Man and the State. New Haven: Yale Univ. Press.

Hoebel, E. Adamson 1954 The Law of Primi­tive Man: A Study in Com­pa­rative Legal Dynamics. Cambridge, Mass.: Har­vard Univ. Press.

Jennings, William I. (1942) 1961 The British Consti­tution, 4a. ed. Cam­bridge Univ. Press.

Lamarque, Jean 1961 La théorie de la néces­sité et l'article 16 de la cons­titu­tion de 1958. Ré­vue du droit public et de la science politi­que en France et á l'étranger 77:558-628.

Laski, Harold J. (1935) 1956 The State in The­ory and Practice. Lon­don: Allen & Unwin.

Leach, Edmund R. 1954 Political Sys­tems of High­land Burma: A Study of Kachin Social Struc­ture. London School of Eco­nomics and Politi­cal Science; Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press.

Lenin, Vladimir I. (1917) 1964 The State and Revo­lution: The Marxist The­ory of the State and the Tasks of the Proletariat in the Revolu­tion. Vol. 25, págs. 381-492 en Vladimir I. Lenin, Col­lected Works. 4a. ed. Moscow: Progress. Publicado origi­nalmente en ruso.

Lindsay, A.D. (1943) 1959 The Mod­ern Demo­cratic State. Vol. I. Oxford Univ. Press.

Lowie, Robert (1922) 1962 The Ori­gin of the State. New York: Russell.

Maciver, Robert M. (1926) 1955 The Modern State. Oxford Univ. Press.

Maine, Henry J.S. (1861) 1960 An­cient Law: Its Connection With the Early History of Society, and Its Relations to Mo­dern Ideas. Ed. rev. New York: Dut­ton; London y Toronto: Dent.

Mair, Lucy P. (1962) 1964 Primitive Government. Baltimore: Penguin.

Maritain, Jacques 1951 Man and the State. Univ. of Chicago Press.

Meinecke, Friedrich (1924) 1962 Machiave­llism: The Doctrine of Rai­son d'État and Its Place in Mo­dern History. New York: Praeger. Pu­bli­cado origi­nal­mente en alemán con el título Die Idee der Staatsrä­son in der neueren Geschichte.

Morrison, Herbert (1954) 1959 Goveren­ment and Parliament. 2a. ed. Ox­ford Univ. Press.

Oppenheimer, Franz (1907) 1926 The State: Its History and Develop­ment Viewed Sociologica­lly. New York: Van­guard. Publicado origi­nal­mente en alemán con el título Der Staat.

Pestalozzi, Richard. 1944 Die Notgesetzge­bung. Zurich: Flun­tern.

Polanyi, Karl; Arensberg, Con­rad M.; y Pe­arson, Ha­rry W. (dirs. de ed.) 1957 Trade and Market in the Early Empires: Econo­mies in His­tory and Theory. Glencoe, Ill.: Free Press.

Reber, Kurt 1938 Das Notrecht des Staates. Zurich: Polygrap­hischer Ver­lag.

Ridder, Helmuth; y Stein, Ekke­hart 1963 Der permanente Nots­tand. Göt­tingen (Alemania): Van­denhoeck & Ruprecht.

Roche, John P. 1952 Executive Power and Do­mes­tic Emer­gency: The Quest for Prerogative. Wes­tern Political Quarterly 5:592-618.

Rommen, Heinrich 1945 The State in Catholic Thought: A Trea­tise in Po­li­tical Philosophy. St. Louis, Mo., and Lon­don: Her­der.

Rossiter, Clinton L. 1948 Consti­tutional Dic­ta­torship: Crisis Govern­ment in the Modern Demo­cracies. Princeton Univ. Press.

Rousseau, Jean Jacques (1762) 1961 The So­cial Contract. London: Dent.

Royal Institute Of Public Admin­istration 1957 The Orga­nization of British Central Govern­ment 1914-1956: A Survey by a Study Group. Ed. di­rigida por Daniel N. Chester F.M.G. Willson. Lon­don: Allen & Unwin.

Sabine, George H. (1937) 1962 A History of Political Theory. 3a. ed. New York: Holt.

Schapera, Isaac 1956 Government and Poli­tics in Tribal So­cieties. Lon­don: Watts.

Schmitt, Carl 1940 Positionen und Begriffe im Kampf mit Wei­mar-Genf-Ver­sailles: 1923-1939. Hamburg (Alemania): Han­seatische Ver­lag­sanstalt.

Schmitt, Carl. (1921) 1928 Die Dik­tatur von den Anfängen des moder­nen Souveränitätsge­dan­kens bis zum prole­tarischen Klassen­kampf. 2a. ed. Munich y Leipzig: Duncker.

Sieghart, Marguerite A. 1950 Government by Decree: A Compara­tive Study of the History of the Ordinance in English and French Law. Lon­don: Stevens.

Speiser, Thomas M. 1953 Vom Notrecht in der Demokratie: Der neue Ar­ti­kel 89 bis der schweize­rischen Bun­desverfassung. Zurich: Füssli.

Sturm, Albert L. 1949 Emergencies and the Pre­sidency. Jour­nal of Po­li­tics 11:121-144.

Swartz, Marc J.; Turner, Victor W.; y Tu­den, Arthur (dirs. de ed.) 1966 Poli­tical Anthro­po­logy. Chicago: Aldine.

Tondury, Gian R. 1947 Der Begriff des Staats­nots­tands im Staatsrecht. Zurich: Jun.

Watkins, Frederick M. 1934 The State as a Con­cept of Politi­cal Science. New York: Harper.

Watkins, Frederick M. 1939 The Failure of Consti­tutio­nal Emer­gency Po­wers Under the Ger­man Republic. Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press.

Weber, Max (1921-1924) 1949 Power. Parte 2, págs. 159-264 en Max We­ber, From Max Weber: Essays in So­ciology. Dir. de ed. y trad. Hans H. Gerth y C. Wright Mills. New York: Oxford Univ. Press.



Wittfogel, Karl A. 1957 Oriental Despotism: A Comparative Study of To­tal Power. New Haven: Yale Univ. Press.

Wright, Quincy (1942) 1965 A Study of War. 2a. ed. Univ. of Chicago Press.


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