Juzgado de primera instancia



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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCIÓN NÚMERO CINCO

VINAROS
Tipo de Asunto y Número:EJECUCION HIPOTECARIA - 000877/2011

Demandante:BANCO CAM SAU

Demandado:

AUTO JUEZ / En Vinaròs, a treinta y uno de julio de dos mil doce.

SR./SRA. XXXXXXXXXXXX /

Por presentado el anterior escrito, que se unirá.

ANTECEDENTES DE HECHO
UNICO.- La parte ejecutante ha presentado el potestativo recurso de reposición contra el auto de 10 de mayo del corriente, por el que se denegaba el despacho de la ejecución que Banco Cam SAU promovió frente a .
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La recurrente concreta en sus alegaciones Segunda y Tercera los motivos por los que pretende la reposición del auto de inadmisión. Debe empezarse analizando la alegada vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial de Banco Cam SAU. Frente a la afirmación de que “…no puede el Juzgado convertirse en valedor o garante de unos derechos de terceros ajenos al proceso y que en todo caso, en el negado supuesto de que se viesen vulnerados, pueden hacer valer por el interesado en el juicio que corresponda”, debe recordarse que el artículo 551 de la LEC exige el examen de los presupuestos y requisitos procesales, que el titulo ejecutivo no adolezca de ninguna irregularidad formal y también que los actos de ejecución que se solicitan sean conformes con la naturaleza y contenido del título. Y el artículo siguiente permite al Juzgador denegar el despacho de la ejecución si se aprecia alguno de aquellos obstáculos.

Como se recuerda en el AAP de Madrid, Sección 10ª, de 20 de julio de 2006, ponente Ilmo. Sr. Illescas Rus, Id. Cendoj 28079370102006200303, “No obstante, la inadmisión de una pretensión, incluidas las impugnatorias, por aplicación razonada de causa legalmente prevista, no infringe el derecho a la tutela judicial efectiva, pues la inadmisión no debe entenderse como una sanción a la parte que incurre en un defecto formal, sino como una garantía y un medio de preservación de la integridad objetiva del ordenamiento y del proceso –STC 105/1989, de 8 de junio; 165/1989, de 16 de octubre;29/1993, de 25 de enero; 115/1993, de 29 de marzo; 343/1993, de 22 de noviembre, entre otras.” Y continua: “En cambio, hay requisitos que no revisten carácter formal, sino que se configuran como materiales o sustantivos para el acceso a la jurisdicción, de modo que la exigencia, para la admisibilidad de la pretensión y el pronunciamiento de una resolución sobre el fondo de que efectivamente se haya cumplimentado, no resulta un formalismo desproporcionado, sino una vía razonable y adecuada para garantizar los intereses protegidos.


“Por analogía -sigue el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid- cabe citar la STC 46/1989, de 21 de febrero; providencias del TC, Sala 2ª,de 26 de octubre de 1.992, dictada en el R.A. 1341/1992 (con cita de las STC 46, 49 y 62/198; 121/1990; 31, 51 y 87/1997) y 18 de enero de 1.992, dictada en Recurso de Amparo 2.533/1992. Y concluye que “…tampoco es en modo alguno dudoso que la presentación de determinados documentos junto con la pretensión que se formule reviste carácter material y por ende insubsanable, como sucede con el titulo con base en el cual se pretende promover una ejecución.”


Debe añadirse al respecto que aunque la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de junio pasado no es aplicable directamente a este procedimiento -porque ni la ejecutada tiene la condición de consumidora ni es éste un procedimiento monitorio-, en dicha resolución se contiene un principio fundamental (41): que las situaciones de desigualdad entre las partes solo pueden compensarse mediante una intervención activa por parte del Órgano Jurisdiccional.

En el procedimiento sumario hipotecario también se han de equilibrar las posiciones de las partes: las restringidas facultades de oposición a favor de la ejecutada hacen que sea precisamente el principio de tutela judicial efectiva aducido por la recurrente el que exige la escrupulosa observancia de los requisitos establecidos legalmente. El AAP de Castellón, de 12 de julio de 2.012, ponente Ilmo. Sr. Marco Cos, Id. Cendoj 12040370032012200062 afirma en este sentido: “…puesto que nos encontramos en el marco de un proceso de ejecución, conviene recordar una vez más que el carácter sumario y con limitadas causas de oposición del procedimiento de ejecución de título no judicial debe comportar un control estricto de los títulos que pueden dar lugr a la misma. En relación con el proceso de ejecución no hipotecaria lo ha dicho este tribunal en varias ocasiones (por ejemplo, autos 53 de 24 de febrero de 2009 y 239 de 18 de noviembre de 2.009). El rigor y la exigencia han de ser mayores cuando se trata de ejecución sobre bienes hipotecados, en que son más limitadas todavía las causas de oposición admisibles y ni siquiera hay traba previa, sino directamente enajenación del inmueble sujeto a la garantía si el deudor no procede al pago. En este sentido, se dice en la STS 1159/2004 de 3 de diciembre (RJ/2004/7913) que es doctrina jurisprudencial la que sienta “como principio general el del rigor formal del procedimiento judicial de ejecución hipotecaria, que su extraordinaria limitación de cognición procesal exige en contrapartida una escrupulosa observancia de los requisitos formales legalmente establecidos. La STS 105/2007, de 7 de febrero (RJ/2007/780) reitera el criterio transcrito…dada la precariedad de medios que tiene el deudor para su defensa”.


SEGUNDO.- Descartado que la inadmisión impugnada haya vulnerado derecho constitucional alguno a la ejecutante, debe analizarse la veracidad del aserto contenido en la alegación SEGUNDA del escrito que contiene la solicitud de reposición. Se afirma en la misma que “…no se puede extrapolar el que sustitución o aportación sean sinónimos de venta o cesión”. Para reforzar tal afirmación invoca el AAP de Alicante de 27 de febrero de 2.012. En el mismo se rechaza que la segregación y cesión de todo el negocio financiero por parte de la Caja de Ahorros del Mediterráneo a favor de Banco Base S.A. –actualmente Banco Cam SAU- constituya la cesión de créditos contemplada en el artículo 1.526 del Codigo Civil . Y asevera dicha resolución que “No nos hallamos ante la citada figura negocial, por cuanto se trata del mismo acreedor…”, a modo de conclusión de un silogismo cuyas premisas normativas se ignoran.

El último aserto – que la Caja de Ahorros del Mediterraneo y Banco Cam SAU son el mismo acreedor- se compadece poco con los acuerdos contenidos en la escritura de Segregación y Elevación a público de Acuerdos sociales otorgada por la Caja de Ahorros del Mediterraneo y Banco Cam SAU, de 21 de junio de 2.011. Transcrita parcialmente la misma en el testimonio acompañado como documento 1 al escrito interponiendo recurso, en la misma se puede leer que Banco Cam SAU es sucesor universal de la Caja de Ahorros, porque ésta le ha transmitido en bloque, segregándolo, todo su negocio financiero. Las posiciones de cedente –la Caja- y cesionario –Banco Cam SAU- son perfectamente nítidas y están plenamente diferenciadas, teniendo cada una su propia personalidad jurídica. Tan es así que se afirma en la escritura que “Banco Cam, al adquirir en bloque el patrimonio efectivamente segregado de Cam, asume todas las obligaciones y queda subrogada en el ejercicio de todos los derechos y acciones integrados en el referido patrimonio.” La invocación de la subrogación, que requiere la existencia de dos sujetos de derecho, impide aceptar que cedente y cesionario sean “el mismo acreedor”.
La segregación que se hizo, como ya se indicó en el auto de 10 de mayo de 2.012, lo fue al amparo de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles y su disposición adicional tercera en relación con el art. 71 de la misma. Este último previene que “Se entiende por segregación el traspaso en bloque por sucesión universal de una o varias partes del patrimonio de una sociedad, cada una de las cuales forme una unidad económica, a una o varias sociedades, recibiendo a cambio la sociedad segregada acciones, participaciones o cuotas de las sociedades beneficiarias.” Como contraprestación por la segregación, Banco CAM SAU -según la propia información corporativa del mismo recogida en sus Cuentas Anuales cerradas a 1 de diciembre de 2.011- emitio 792 millones de acciones nominativas de un euro de valor nominal y con una prima de emisión total conjunta de 1.168.762.000.- Euros, con cargo a las aportaciones no dinerarias que componían el patrimonio segregado. Es fácil colegir que no se comparte el criterio de la resolución invocada por la ejecutante, puesto que la segregación tuvo una causa onerosa, una contraprestación, que fue la adquisición por la Caja de las acciones emitidas por el Banco.

Pero aún cuando no hubiese existido la contraprestación indicada y a pesar de que la cesión no haya sido singular por cada elemento del activo y pasivo, sino global, la doctrina –Xavier O´Callaghan Muñoz: “Codigo Civil, Comentado y con Jurisprudencia"- desecha tajantemente la distinción entre transmisión y cesión de créditos. Dicho autor, al desarrollar el análisis del artículo 1.526 del Código Civil, afirma que “..en la cesión de créditos cambia el sujeto activo o acreedor, quedando el nuevo con los mismos derechos accesorios, con las mismas acciones y sometido a las mismas excepciones que el antiguo. El nuevo acreedor –cesionario- es el titular del derecho subjetivo de crédito, frente al deudor, habiendo quedado desligado de la relación jurídica obligatoria el antiguo acreedor –cedente-. La esencia de la cesión de créditos es la sustitución de un nuevo acreedor al antiguo, sin novación de la relación obligatoria. La cesión de créditos es aplicación del principio que proclama el art. 1.112, de transmisibilidad de derechos adquiridos en virtud de una obligación. La normativa del código la considera como un supuesto de compraventa, pero puede serlo también por permuta, por donación o solvendi causa (para pagar una deuda de cedente a cesionario. La definición precisa de cesión de crédito es: negocio jurídico celebrado por el acreedor cedente con otra persona, cesionario, por virtud del cual aquél transmite a éste la titularidad del derecho de crédito cedido. No es un negocio jurídico abstracto, que no cabe en el sistema jurídico español, sino que, como se ha dicho antes, puede admitir varias causas, lo que significará uno u otro tipo negocial”.

La jurisprudencia también se pronuncia en el mismo sentido, contrario a la distinción pretendida por la ejecutante entre “sustitución” –debe entenderse que en la condición de acreedor- y “cesión”. Así, en el AAP de Madrid, Sección 10ª, ponente Ilmo. Sr. Illescas Rus, de 2 de marzo de 2.002 –EDJ 2002/11895-. Se puede leer en dicha resolución que “El Tribunal Supremo se ha hecho eco repetidas veces de las dificultades de la distinción entre ambas instituciones –subrogación y transmisión del crédito-. Según la sentencia de 11 de abril de 1944, en términos generales es difícil y no bien perfilado el deslinde entre la cesión de créditos, tal como es regulada en el Código Civil, y otras figuras jurídicas afines, en particular la de la novación subjetiva por subrogación del acreedor. La identidad de tratamiento y de efectos ha sido puesta de relieve por las sentencias de 25 de noviembre de 1.974, 11 de enero de 1.983 y 29 de mayo de 1.984, estimando que la subrogación o pago con subrogación es una de las figuras de sucesión en el crédito con sustancial identidad a la modalidad de la cesión regulada en los arts. 1.526 y siguientes; y a la inversa, sostiene que la cesión de créditos a tenor de los arts. 1.526 y siguientes del Codigo Civil es uno de los supuestos a que se refiere el art. 1.209 de subrogación de un tercero en los derechos del acreedor”.
Recapitulando sobre lo ya dicho, es evidente en primer lugar que la cesión global del negocio financiero de la CAM a favor de Banco CAM SAU supuso, para cada uno de los créditos transmitidos e individualmente considerados, la cesión contemplada en el artículo 1.526 del Codigo Civil, por el mero de hecho de la subrogación del banco en la posición jurídica de acreedor.

En segundo lugar, no puede inferirse de precepto legal alguno que la circulación o transmisión de los créditos de forma global, y con ella la de sus derechos accesorios –ex. art. 1.528 del Codigo civil- pueda escapar de las normas procesales y registrales cuando se pretenda la exacción de un préstamo singular garantizado con hipoteca.


Como recuerda el AAP de Castellón ya invocado con anterioridad, “…es propio de la disciplina legal hipotecaria el principio de la necesidad de la inscripción como requisito para la eficacia de la garantía real. No sólo para entender constituida la misma, como ya antes hemos dicho, sino también para la virtualidad de la modificación subjetiva afectante a alguna de las partes.”, que es lo que aquí ha sucedido, con independencia de la modalidad escogida para la transmisión y su causa.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, D.Dª XXXXXXXXXXX, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de los de Vinaròs y su Partido, ACUERDA:


PARTE DISPOSITIVA
Se desestima el recurso potestativo de reposición interpuesto por la representación procesal de BANCO CAM SAU contra el auto de 10 de mayo del corriente por el que se denegaba el despacho de la ejecución.
Con pérdida del depósito constituido para recurrir.
Notifíquese la presente resolución, significándose que contra el auto de inadmisión cabe interponer recurso de apelación ante este Juzgado en plazo de veinte días, para ante la Ilma. Audiencia Provincial. Expresese en la diligencia a practicar la obligación de constituir depósito de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Así lo acuerda, manda y firma S.Sª; doy fe.


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