Justicia y paz



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PROVIDENCIA IMPUGNADA
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenó a los postulados EDWAR COBOS TÉLLEZ y UBER ENRIQUE BAQUEZ MARTÍNEZ a 468 y 462 meses de prisión, respectivamente, como coautores de los delitos de homicidio agravado; deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzoso de la población civil; secuestro simple; hurto calificado y agravado; utilización ilegal de uniformes e insignias y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, en concurso homogéneo y sucesivo. A EDWAR COBOS TÉLLEZ, adicionalmente se le condenó por el punible de concierto para delinquir agravado.
Así mismo, el juzgador de primera instancia determinó suspender a los postulados la ejecución de la pena de prisión por una pena alternativa equivalente a ocho años de prisión, la cual debe cumplirse en centro de reclusión.

También condenó a los postulados a pagar, de manera solidaria con los demás integrantes del bloque Héroes de los Montes de María y del frente Canal del Dique de las Autodefensas Unidas de Colombia, los daños y perjuicios materiales y morales ocasionados a las víctimas.


Finalmente, ordenó la reparación integral de las víctimas, imponiendo con ese propósito, obligaciones específicas a la Fiscalía General de la Nación, a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y a diversas autoridades del orden nacional y territorial.
El representante de la Fiscalía, los dos Representantes del Ministerio Público, los trece representantes de las víctimas y los dos defensores recurrieron este fallo.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia
De conformidad con lo establecido en el inciso 2° del artículo 26 de la Ley 975 de 2005, en concordancia con el numeral 3° del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, esta Colegiatura es competente para desatar los recursos de apelación interpuestos por los intervinientes contra el fallo de primer grado proferido por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá.

Las impugnaciones

En atención a que los representantes de la Procuraduría solicitan declarar la nulidad del trámite impartido al incidente de reparación integral o en subsidio, anular la sentencia, aduciendo diferentes razones, de manera prioritaria la Sala emprenderá el estudio de tales planteamientos, pues en caso de prosperar tornaría nugatorio cualquier pronunciamiento sobre los demás motivos de impugnación. Posteriormente se ocupará de los otros planteamientos de disenso.



Ahora, para una mejor comprensión de las determinaciones dispuestas en esta sentencia, metodológicamente se procederá a identificar cada uno de los temas objeto de inconformidad planteados por los impugnantes, reuniendo en cada uno de tales acápites las argumentaciones expuestas en la sustentación del recurso, para acto seguido plasmar las consideraciones de la Sala sobre el particular y adoptar la decisión que corresponda.
1. Nulidades propuestas
1.1. El Tribunal omitió plantear fórmulas de conciliación y no citó a las entidades estatales involucradas en el fallo
En primer lugar, señala la Procuradora Delegada en representación de la sociedad, que el Tribunal de instancia, obviando lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 975 de 2005, dio comienzo al incidente de reparación integral no para escuchar las pretensiones de las víctimas, sus defensores y Ministerio Público, así como las pruebas requeridas por ellos, sino para oír a las autoridades locales y departamentales con fines simplemente ilustrativos.
Después, indica, adelantó una etapa de conciliación como un trámite simplemente formal, donde se desconocieron los fines de la justicia transicional atinentes a la reparación de las víctimas y a la reconciliación de las partes, pues la Sala del Tribunal omitió sugerir fórmulas de arreglo y desempeñar un papel proactivo, con lo cual la etapa de conciliación se surtió de manera inadecuada, de modo que se impone declarar la nulidad del incidente de reparación.
En segundo lugar, asevera la Delegada, no fueron citados los representantes de las entidades estatales afectadas luego con la sentencia, desconociendo los principios de legalidad y debido proceso, por cuanto si bien los artículos 23, 54 y 55 de la Ley 975 citada, prevén una responsabilidad subsidiaria del Estado, el artículo 29 Superior impone la aplicación del debido proceso a todas las actuaciones judiciales y administrativas. En ese orden, concluye, aun cuando el Estado responde por las acciones y omisiones de sus agentes, razón suficiente para vincularlo al proceso de Justicia y Paz, debe ser vencido en el trámite correspondiente, lo cual no ocurrió en este caso, donde ni siquiera fue citado.
Acerca de lo anterior, el defensor del postulado UBER BANQUEZ MARTÍNEZ considera que, contrario a lo expuesto por el Ministerio Público, el proceso no está afectado de nulidad por cuanto los derechos de las víctimas fueron respetados; así, en la etapa probatoria se dio traslado a la defensa de los elementos materiales probatorios relativos a los perjuicios solicitados y no se efectuó reparo alguno. Además, recalca, la nulidad retrasaría aún más la solución del proceso, tramitado ya por varios años.
De otra parte, el defensor de EDWAR COBOS señala que no se concretó nulidad alguna en el trámite, el cual fue adelantado en forma adecuada y, además, el Estado no debe ser vencido en juicio, por cuanto responde subsidiariamente, según estableció la sentencia C-370 de 2006 en los puntos 6.2., 6.4. y 6.10. De igual manera, el Tribunal a quo no podía forzar una conciliación ante posiciones económicas tan distantes.

Consideraciones de la Sala

En orden a resolver el primer tópico planteado por la Procuradora, ha de partirse necesariamente de los principios que informan el decreto de las nulidades, cuya aplicación resulta innegable en materia del procedimiento de Justicia y Paz conforme al postulado de complementariedad regulado en el artículo 62 de la Ley 975 de 2005, según el cual, “para todo lo no dispuesto en la presente ley se aplicará la Ley 782 de 2002 y el Código de Procedimiento Penal”.


Pues bien, uno de los principios que regenta el decreto de las nulidades es el de trascendencia, acorde con el cual sólo se acude a esta medida extrema si la irregularidad de carácter sustancial afecta garantías de los sujetos procesales o las bases fundamentales de la actuación.
Auscultados los registros audiovisuales del incidente de reparación integral y, particularmente, del contentivo de la audiencia realizada el 30 de abril de 2010 (quinta sesión), se advierte cómo una vez la representante de la Fiscalía General de la Nación y los apoderados de las víctimas concretaron sus pretensiones encaminadas a obtener la reparación por la comisión de las conductas delictivas aceptadas por los postulados EDWAR COBOS TÉLLEZ y UBER ENRIQUE BANQUEZ MARTÍNEZ, se corrió traslado a sus defensores, quienes presentaron una contrapropuesta.
Ante esta situación, el Tribunal, ciñéndose al rito contemplado en el artículo 23 de la Ley 975 de 2005, invitó a los intervinientes a conciliar con resultados negativos. Es verdad, como lo indica la Procuradora, que esa Corporación no realizó ingentes esfuerzos por obtener un acuerdo conciliatorio, ni desplegó una vigorosa actividad mediadora; empero, tal circunstancia dista de configurar un menoscabo de los derechos de los distintos intervinientes dentro de esta actuación o de resquebrajar las bases fundamentales del proceso que justifique, en el actual estado del proceso, acudir al instituto ultima ratio de la nulidad, punto fundamental sobre el cual tampoco la representante del Ministerio Público ahondó para tener por estructurada adecuadamente su pretensión.
Al contrario, no duda la Sala que retrotraer la actuación a ese estadio en procura de propiciar fórmulas conciliatorias de posturas tal diametralmente opuestas ante la enorme diferencia entre lo propuesto por las víctimas y lo ofrecido por los postulados, comportaría mayor vulneración de los derechos de las primeras, expectantes por obtener una pronta satisfacción de sus derechos a la verdad, justicia, reparación y a acceder a las garantías de no repetición declaradas en el fallo por hechos ocurridos hace más de diez años.
Tampoco se observa que tal actitud haya afectado los derechos de los postulados, interesados en alcanzar el beneficio de la pena alternativa reconocida en el fallo.
Menos aún se advierte que por no haber adoptado el Tribunal una actitud más decidida en pro de la conciliación entre las partes, se haya desnaturalizado la esencia del incidente de reparación integral tal como está concebido en el proceso de justicia y paz, según señala equivocadamente la impugnante, pues en su seno fue posible la individualización de las víctimas56 y la concreción de sus demandas en orden a obtener medidas de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción en los ámbitos individual y colectivo.

Por lo tanto, se debe concluir que este aspecto formulado por la Procuradora carece de entidad para generar la nulidad de lo actuado.

En cuanto al segundo tópico planteado por la misma interviniente para sustentar el pedimento de invalidez, también sugerido por el Procurador para el daño colectivo, concerniente a la omisión de citar y vincular al incidente de reparación integral a los representantes de las entidades estatales afectadas con la sentencia, importa señalar lo siguiente:

La Corte no desconoce que con la reparación judicial a las víctimas contemplada en la Ley 975 de 2005 la Sala de Conocimiento del Tribunal está revestida de facultades para ordenar en la sentencia medidas de restitución (art. 46), indemnización (art. 44), rehabilitación (art. 47), satisfacción y de no repetición (art. 48), así como medidas de reparación colectivas (inc. 8, art. 8°) en su favor, como taxativamente lo recoge el artículo 43 de la misma obra, cuando advierte que: “El Tribunal Superior de Distrito Judicial al proferir sentencia, ordenará la reparación a las víctimas y fijará las medidas pertinentes”.

Ello también se desprende de lo establecido en el artículo 45, según el cual, “las víctimas de los grupos armados al margen de la ley pueden obtener reparación acudiendo al Tribunal Superior de Distrito judicial, en relación con los hechos que sean de su conocimiento”.

Adicionalmente, el inciso final del artículo 8° de la misma ley, consagra el derecho-principio a la reparación de las víctimas, de acuerdo con el cual:


Las autoridades judiciales competentes fijarán las reparaciones individuales, colectivas o simbólicas que sean del caso, en los términos de esta ley”.

En el mismo sentido, el último inciso del artículo 15 del Decreto 3391 de 2006, reglamentario de la Ley 975 dispone:

La respectiva sentencia proferida por la Sala del Tribunal Superior de Distrito Judicial establecerá la reparación a la que se encuentren obligados los responsables”.

Dicha facultad también está prevista en el primer inciso del artículo 17 de ese mismo decreto, al señalar:


Determinación judicial de la reparación. La Sala competente del Tribunal Superior de Distrito Judicial correspondiente determinará en concreto, dentro de la sentencia condenatoria respectiva, la reparación que sea del caso a cargo de los responsables, señalando las acciones mediante las cuales se deberá materializar”.
Según lo expuesto, ninguna dubitación emerge para colegir que el Tribunal, de acuerdo con la normatividad de la justicia transicional, no sólo goza de potestad al momento de dictar sentencia para decretar todas las medidas dirigidas a la reparación de las víctimas, sino que le es imperativo ordenarlas para garantizar el derecho que a ellas les asiste a obtener una indemnización integral por el daño causado con las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos en este caso aceptadas por los postulados.

Sin embargo, tales medidas, principalmente las de carácter colectivo, pueden comprometer en su materialización a entidades estatales. Así ocurre, por ejemplo, con algunas restitutivas dispuestas en la sentencia tendientes a garantizar el retorno en condiciones dignas al lugar de origen (construcción de vías, escuelas, redes eléctricas, etc.) y de rehabilitación asistencial (atención en salud, educación, capacitación laboral, etc.).

Ante esta realidad surge el interrogante de si la autoridad judicial dentro del proceso de justicia y paz puede “ordenar” a estas entidades su ejecución, tal como se dispuso en la sentencia impugnada.
Para la Sala la respuesta es negativa, porque tal proceder resquebraja el postulado de separación de poderes consagrado en el artículo 113 de la Constitución Política57, fundante y estructural del Estado Democrático de Derecho al que adscribe la misma Carta Fundamental en su artículo primero58, por lo que no puede el juez, bajo ninguna circunstancia, arrogarse funciones que constitucionalmente no le son deferidas59.
En consecuencia, el procedimiento correcto para conciliar el principio democrático de separación de poderes adoptado en la Constitución Política, los derechos de las víctimas y las facultades de las autoridades judiciales dentro del régimen transicional de justicia y paz, cuando tales medidas de reparación involucran a entidades del Estado de cualquier nivel, esto es, nacional, departamental o municipal, es exhortarlas para su cumplimiento, con lo cual, además, se satisfacen los estándares internacionales en punto del contenido de tales medidas60, principalmente desarrolladas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de sus últimos fallos.
A propósito de las órdenes dictadas por este Tribunal internacional, cuya competencia aceptó el Estado colombiano por haber suscrito y posteriormente ratificado la Convención Interamericana de Derechos Humanos a través de la Ley 16 de 1972, recuérdese que su jurisdicción abarca los Estados partes y, por ende, es natural que los fallos de responsabilidad contengan este tipo de órdenes, situación que, por manera alguna, resulta asimilable a la de los Tribunales y jueces internos, quienes no pueden invadir órbitas funcionales que constitucionalmente no le son propias.
Sobre la responsabilidad de los Estados partes que se genera por suscribir la Convención Americana de Derechos Humanos, son claras las siguientes disposiciones contenidas en su texto:

Artículo 62. (…)



3. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea sometido, siempre que los Estados partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial, como se indica en los incisos anteriores, ora por convención especial (…).

Artículo 68. 1. Los Estados partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes.

2. La parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado” (subrayas fuera de texto).

De lo anterior se infiere que las sentencias dictadas en virtud de la competencia contenciosa61 de la Corte surten efectos vinculantes para los Estados partes en litigio en cuanto han reconocido o reconozcan dicha jurisdicción, por declaración o convención especial.


Además, como acertadamente lo afirma la representante del Ministerio Público, tampoco es viable equiparar la competencia del juez penal interno con la del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, porque según la Convención la responsabilidad de los Estados es de carácter principal, mientras en el ámbito interno de justicia transicional es subsidiaria frente a las víctimas, como lo enfatizó la Corte Constitucional en la sentencia C-370 de 2006:

6.2.4.1.13. En efecto, en contextos de transición a la paz, podría parecer proporcionado que el responsable de delitos que ha decidido vincularse a un proceso de negociación, conserve una parte de su patrimonio de forma tal que pueda vivir dignamente e insertarse plenamente en la sociedad democrática y en el Estado de derecho. Lo que sin embargo parece no tener asidero constitucional alguno es que el Estado exima completamente de responsabilidad civil a quienes han producido los daños que es necesario reparar y traslade la totalidad de los costos de la reparación al presupuesto. En este caso se estaría produciendo una especie de amnistía de la responsabilidad civil, responsabilidad que estarían asumiendo, a través de los impuestos, los ciudadanos y ciudadanas de bien que no han causado daño alguno y que, por el contrario, han sido víctimas del proceso macrocriminal que se afronta. La Corte no desconoce que frente al tipo de delitos de que trata la ley demandada parece necesario que los recursos públicos concurran a la reparación, pero esto solo de forma subsidiaria. Esto no obsta, como ya se mencionó, para que el legislador pueda modular, de manera razonable y proporcionada a las circunstancias de cada caso, esta responsabilidad. Lo que no puede hacer es relevar completamente a los perpetradores de delitos atroces o de violencia masiva, de la responsabilidad que les corresponde por tales delitos. De esta manera, resulta acorde con la Constitución que los perpetradores de este tipo de delitos respondan con su propio patrimonio por los perjuicios con ellos causados, con observancia de las normas procesales ordinarias que trazan un límite a la responsabilidad patrimonial en la preservación de la subsistencia digna del sujeto a quien dicha responsabilidad se imputa, circunstancia que habrá de determinarse en atención a las circunstancias particulares de cada caso individual…” (subrayas fuera de texto).


Entonces, con la salvedad indispensable referida a la competencia que asiste a los jueces en materia de acción de tutela para la protección de derechos fundamentales, en cuyo caso la misma Carta Política les otorga el carácter de jueces constitucionales, estando facultados, por ello mismo, para dar órdenes a las diferentes autoridades estatales – y en determinados casos a los particulares – orientadas, por lo general, a la realización de actos extraños a la función de administrar justicia, considera la Sala que el Tribunal en este asunto desbordó su competencia al emitir órdenes a dichas entidades, pues su función reparadora en el contexto transicional se agota conminando o exhortando a estas autoridades para el cumplimiento de las medidas, máxime cuando con ellas se comprometen recursos del presupuesto nacional, municipal o departamental, para cuya disposición tampoco goza de facultad constitucional.
Así las cosas, la Corte modificará el numeral séptimo de la parte resolutiva del fallo impugnado en el sentido de que todas aquellas medidas de rehabilitación, satisfacción, no repetición y colectivas por medio de las cuales se imparten órdenes a las diversas autoridades estatales se deben entender como exhortaciones para su cumplimiento, excepción hecha de las medidas de satisfacción de carácter simbólico y de no repetición contempladas en los apartados 358, 359, 360 y 362 del fallo, para las cuales el Tribunal ostenta expresa facultad, de conformidad con el artículo 48, numerales 49.4, 49.6 y 49.8 de la Ley 975, al señalar que:
49.4 La disculpa, que incluya el reconocimiento público de los hechos y la aceptación de responsabilidades.

(…) 49.6 La sala competente del Tribunal Superior de Distrito judicial podrá ordenar conmemoraciones, homenajes y reconocimiento a las víctimas de los grupos armados al margen de la ley. Adicionalmente, la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparaciones podrá recomendar a los órganos políticos o de gobierno de los distintos niveles, la adopción de este tipo de medidas.

(…) 49.8 La asistencia a cursos de capacitación en materia de derechos humanos a los responsables de las violaciones. Esta medida podrá ser impuesta a los condenados por la sala competente del Tribunal Superior de Distrito Judicial”.
Tal potestad, sin embargo, y así lo entiende la Sala, no es óbice para que las autoridades judiciales en el contexto transicional establezcan medidas a cargo de las diversas autoridades estatales necesarias para cumplir con el presupuesto de reparación integral de las víctimas de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos por el accionar de los grupos armados organizados al margen de la ley, para lo cual podrá requerir informes periódicos a tales entidades orientadas a supervisar su ejecución.

Este cambio de perspectiva, retornando a la propuesta de nulidad expresada por la Procuradora, determina que no sea indispensable la vinculación formal, en los términos en que lo demanda, de las diversas entidades estatales al incidente de reparación integral, pues bastará, entonces, para satisfacer las pretensiones de las víctimas en esta materia, con que asistan sus representantes del más alto nivel para que, con carácter informativo, como así se hizo en el presente incidente, ilustren sobre las políticas desarrolladas en ese objetivo y los compromisos que asumirán con la sentencia.

En ese mismo orden de ideas, la Sala revocará lo pertinente a los plazos establecidos por el Tribunal para el cumplimiento de las obras públicas ordenadas, pero se instará a las entidades correspondientes para que lleven a cabo su ejecución en un plazo razonable, pues solo así se tendrán por satisfechas las garantías de restitución, rehabilitación, satisfacción y de no repetición dirigidas a mitigar el daño ocasionado con las infracciones.

Corolario de lo expuesto, no se declarará la nulidad de la actuación como lo solicita la Procuradora en representación de la sociedad, petición que avala el Procurador delegado para el daño colectivo, pero se modificará el numeral séptimo de la parte resolutiva de la sentencia en los términos señalados.



1.2. Falta de motivación e improcedencia de la pena alternativa, en cuanto los postulados no entregaron todos los bienes
Afirma la Procuradora Delegada que la sentencia debe ser anulada por falta de motivación, en tanto incurre en contradicción al afirmar, de una parte, que los postulados tienen derecho a la pena alternativa por haber cumplido los requisitos de elegibilidad y, de otra, que no entregaron todos los bienes a efectos de la reparación, eventualidad ante la cual dispone una serie de órdenes orientadas a perseguir aquellos en poder de testaferros o herederos, pues considera inconsecuente, por ejemplo, la falta de patrimonio de COBOS TÉLLEZ, con su tarea de recibir dineros del narcotráfico. Con esto, indica, se deduce que el Tribunal asume la entrega parcial de los bienes por parte de los postulados y, en ese orden, resulta un contrasentido reconocerles la sanción alternativa, uno de cuyos supuestos es la entrega total de bienes.
También el Procurador Delegado para el daño colectivo cuestiona la sentencia por carecer de motivación y contener contradicciones que impiden resolver el recurso.
El defensor de EDWAR COBOS disiente de la conclusión de la Procuraduría, según la cual los postulados pudieron ocultar bienes y, por tanto, la concesión de la pena alternativa pudo ser apresurada; advierte cómo tal eventualidad siempre existe, la Ley de Justicia y Paz consagra unos mecanismos a los cuales se debe acudir si se presenta, inaplicables en este momento, cuando procede reconocer la pena alternativa.

Consideraciones de la Corte

Previamente a desarrollar el punto planteado por la impugnante, la Sala encuentra oportuno aclarar que si el defecto de fundamentación alegado consiste en la existencia de afirmaciones contradictorias en la decisión, tal propuesta no encaja en la falta de motivación, referida a la ausencia absoluta de ella, sino en la de motivación anfibológica, ambivalente o dilógica, según la cual las contradicciones contenidas impiden desentrañar su verdadero sentido o las razones expuestas son contrarias a la determinación adoptada en la parte resolutiva.


Al margen de esa impropiedad y en lo atinente al argumento de la representante de la sociedad, comiéncese por resaltar cómo la Corte Constitucional en la sentencia C-370 precisó que los requisitos de elegibilidad consagrados en los artículos 10 y 11 de la Ley 975 de 2005 son condiciones de accesibilidad a los beneficios otorgados a la Ley de Justicia y Paz. En materia de bienes, esto es, conforme al requisito de elegibilidad previsto en el numeral 5 del artículo 11 de la citada ley, los postulados como condición previa han de entregar todos los conseguidos de forma ilegal y, posteriormente, con el fallo por medio del cual se los declara responsables, deben responder con su patrimonio obtenido lícitamente, como así lo señaló el Tribunal Constitucional en la referida decisión:
Los requisitos de elegibilidad de que tratan los artículos 10 y 11 parcialmente demandados, son requisitos ‘para acceder a los beneficios que establece la presente ley’, es decir, son condiciones de accesibilidad. En estas circunstancias no parece necesario que en esta etapa la persona entregue parte de su patrimonio lícito, pues al menos técnicamente, no existe aún un título para dicho traslado. Ciertamente, los bienes de procedencia ilícita no le pertenecen y, por lo tanto, la entrega no supone un traslado de propiedad sino una devolución a su verdadero propietario – mediante la restitución del bien – o al Estado. Sin embargo, su patrimonio lícito le pertenecerá hasta tanto no exista una condena judicial que le ordene la entrega. En cambio, los bienes producto de la actividad ilegal, todos ellos sin excepción, deben ser entregados como condición previa para acceder a los beneficios que establece la Ley 975/05. El legislador puede establecer ese requisito de elegibilidad, tanto para la desmovilización colectiva como para la desmovilización individual. Por estas razones la Corte no encuentra inexequibles las expresiones ‘producto de la actividad ilegal’ del numeral 10.2 del artículo 10 de la Ley y ‘producto de la actividad ilegal’ del numeral 11.5 del artículo 11 de la misma Ley. Así se declarará en la parte resolutiva de esta providencia”.

En armonía con la anterior interpretación, esta Sala ha venido insistiendo en la importancia que esa entrega tiene en orden a que los postulados permanezcan en el régimen transicional, hasta el punto de que los bienes ofrecidos deben estar en condiciones aptas para ingresar al Fondo de Reparación para las víctimas, so pena de exclusión:


“…el ofrecimiento de bienes debe ser un acto de plena responsabilidad, lleva a que el postulado asuma todas las consecuencias que se puedan derivar de la entrega de bienes que no puedan ingresar finalmente al Fondo para la Reparación de Víctimas, porque se encuentren sometidos a otros gravámenes o limitaciones a la propiedad (hipoteca, prenda, suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro, afectación de inenajenabilidad, comiso, etc.), se trate de bienes baldíos o sean reclamados exitosamente por terceros de buena fe, por ejemplo, supuestos en los cuales el postulado asume la consecuencia de la expulsión de los beneficios que le ofrece la Ley de Justicia y Paz por haberse resistido a brindar una confesión completa y veraz62, y porque con tal conducta está demostrando renuencia a la entrega de sus bienes con el propósito de indemnizar a las víctimas63, amén de la posible responsabilidad por el delito de fraude procesal64.

Desde ese punto de vista pareciera tener razón la impugnante porque en el numeral octavo de la parte resolutiva del fallo se emite la orden al Fiscal General de la Nación de crear una subunidad adscrita a la Unidad Nacional Para la Justicia y la Paz, con personal especializado en el análisis de operaciones financieras nacionales e internacionales, estudio de títulos y lavado de dinero “para que persiga los bienes de los postulados que aún no han sido identificados”, con lo cual se da a entender que, a juicio del Tribunal, los postulados no ofrecieron todos los bienes para la reparación, situación que daría lugar a su exclusión de justicia y paz, pese a lo cual, como lo destaca la Procuradora, contradictoriamente se les concede la pena alternativa.

Aun cuando la Corte dispondrá revocar dicho numeral de la parte resolutiva del fallo fundada en las razones que oportunamente consignará cuando responda la impugnación del representante de la Fiscalía, no se advierte la aludida contradicción esencial, sino una inconsistencia entre lo allí declarado y lo consignado en la parte motiva del fallo para sustentar esa determinación (apartado 273).
Por tanto, se advierte una imprecisión en la parte resolutiva que, como tiene sentado la Sala, ha de ceder ante lo consignado en la motiva65, pues se trata de una mera disparidad terminológica y no conceptual. Sin embargo, no se modificará el numeral referido para ajustarlo a lo consignado en la parte motiva, dado que, como se señalará, este numeral será revocado de acuerdo con las razones que se expondrán en el acápite referido a la impugnación presentada por la Fiscalía.




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