Jurisprudencia de la s. C. J. de Mza. Derecho procesal laboral. Dra. M. Cecilia Laggini



Descargar 24,47 Kb.
Fecha de conversión30.08.2017
Tamaño24,47 Kb.
JURISPRUDENCIA DE LA S.C.J. de MZA. DERECHO PROCESAL

LABORAL.-

Dra. M. Cecilia Laggini.-

El presente trabajo tienen por objeto la difusión de algunos fallos de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza sobre temas relativos al DERECHO PROCESAL LABORAL; que precisamente por referirse a cuestiones de forma, no encuentran a veces el mismo eco y atención que se le dispensa a los criterios sentados en materia de derecho de fondo, pero que sin dudas son útiles para quienes litigan en el fuero local.

Por lo que se citan fallos cuyos criterios son aplicables a circunstancias que comúnmente pueden plantearse en los procesos contradictorios.

1.- EL CAMBIO DE CRITERIO DE LA S.C.J.M. RESPECTO DE LA DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA TERRITORIAL EN MATERIA DE RIESGOS DEL TRABAJO. FALLO ÁLVAREZ.

PARA CENTRARNOS EN EL TEMA, DEBE TENERSE PRESENTE QUE EN RELACIÓN A CUÁL ES JUEZ COMPETENTE PARA INTERVENIR EN EL CONOCIMIENTO Y DECISIÓN DE LAS CAUSAS POR INDEMNIZACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO O ENFERMEDADES LABORALES, EL CÓDIGO PROCESAL LABORAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA CONTIENE NORMAS PRECISAS.

ASÍ EN SU ART. 1 INCISO H, ESTABLECE QUE LOS TRIBUNALES DEL TRABAJO CONOCERÁN EN ESTE TIPO DE CONTROVERSIAS CUALQUIERA SEA LA DISPOSICIÓN LEGAL EN QUE SE FUNDEN.

El ART. 2 DETERMINA: A LOS FINES DE LA COMPETENCIA TERRITORIAL, LA PROVINCIA SE DIVIDE EN TRES CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES, FORMADAS POR LOS DEPARTAMENTOS QUE A ACONTINUACIÓN SE ENUMERAN: PRIMERA: CAPITAL, LAS HERAS, LAVALLE, GUAYMALLÉN, GODOY CRUZ, LUJÁN, MAIPÚ; SEGUNDA: SAN RAFAEL, GENERAL ALVEAR, MALARGUE; TERCERA: SAN MARTÍN, RIVADAVIA, JUNÍN, SANTA ROSA, LA PAZ.

POR LEY 5.270 SE ESTABLECIÓ LA 4º CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN

TUNUYÁN, COMPRENSIVA DE LOS DEPARTAMENTOS DE TUNUYÁN, TUPUNGATO Y SAN CARLOS.

EN TANTO EL ART. 4 ESTABLECE QUE PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA TERRITORIAL SE TENDRÁN EN CUENTA LAS SIGUIENTES REGLAS:

1) CUANDO EL TRABAJADOR SEA ACTOR Y A OPCIÓN DE ESTE:

A) EL LUGAR DEL TRABAJO, B) EL LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO; C) EL DOMICILIO DEL DEMANDADO.

2) CUANDO EL EMPLEADOR INTERVENGA COMO ACTOR: EL DOMICILIO DEL TRABAJADOR.

NO PUEDE DEJAR DE MENCIONARSE QUE EL ARTÍCULO 5 DEL C.P. LABORAL DE MENDOZA DETERMINA EL PRINCIPIO DE QUE LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE TRABAJO ES IMPRORROGABLE E INDELEGABLE (ninguna de las partes puede desplazar esta competencia por fuera de las reglas fijadas por el propio código de forma. En este sentido puede afirmarse que se encuentra fuertemente limitada la autonomía de la voluntad).

TOMANDO ESTOS PARAMETROS, LA SUPREMA CORTE DE NUESTRA PROVICIA HA FIJADO POSICIÓN Y LUEGO HA VIRADO EN SU CONCEPCIÓN RESPECTO DE LA COMPETENCIA TERRITORIAL EN LAS CAUSAS ALUDIDAS, CUANDO SE TOMA COMO PUNTO DE CONEXIÓN PARA LA COMPETENCIA EL DOMICILIO DE UNA SUCURSAL DE LA A.R.T. DEMANDADA, PASANDO DE UN CRITERIO QUE PODRÍAMOS CALIFICAR DE “AMPLIO” A UNO MÁS ESTRICTO CON FUNDAMENTO EN LA IMPRORROGABILIDAD DE LA COMPETENCIA LABORAL EN RAZÓN DEL TERRITORIO.



ANTECEDENTES:

CAUSA Nº 99.621 “MOYANO, MONICA EN J° 3.707 MOYANO, MONICA C/ LA SEGUNDA A.R.T. S.A. P/ENF. ACC. p/ Rec. Ext. de inconstitucionalidad-casación”

QUÉ RESOLVIÓ LA CÁMARA 7.MA CÁMARA DEL TRABAJO?

En la causa principal la actora MÓNICA MOYANO, demanda a la ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO en reclamo de indemnización por una enfermedad accidente de trabajo (mobbing), solicitando el pago de la prestación dineraria del art.14 ap.2 de la L.R.T. y prestaciones en especie.

En esta causa, la 7ma. Cámara se declaró incompetente de oficio para entender en el conflicto, considerando que:

1.- la actora tenía su domicilio real en el Departamento de Gral. Alvear,

2.- el lugar de prestación de servicios se situaba en San Rafael,

3.- los testigos ofrecidos para probar la patología invocada se domiciliaban en el Sur de la Provincia,

4.- el art. 90 inciso 4 del C.C. establece: 4° Las compañías que tengan muchos establecimientos o sucursales tienen su domicilio especial en el lugar de dichos establecimientos para sólo la ejecución de las obligaciones allí contraídas por los agentes locales de la sociedad;

5.- debe aplicarse el fuero conveniente y darle competencia a un Juez cercano al lugar donde ocurrieron los hechos, conocedor del medio social en el que se producen los conflictos, por ser ello beneficioso en razón de celeridad y economía procesal,

6.- el desplazamiento de la competencia a la 1º Circunscripción Judicial viola el derecho a ser juzgado por el Juez natural de la causa.

QUÉ DIJO LA SCJ MZA??

Ante lo resuelto por el Tribunal de primera y única instancia, se alzó la actora interponiendo recursos extraordinarios.

La Suprema Corte, en sentencia de fecha 25/02/2011, rechazó los planteos entendiendo que:

1.- No puede soslayarse la opción elegida por el actor, en el marco del artículo 4 punto 1 inciso c, del C.P.C.

2.- Si bien no ignora los principios en que se basa la adopción del llamado “foro de conveniencia”, en materia laboral éste sólo puede aplicarse favor del trabajador y no en su perjuicio, ya que está inspirado en proteger a los trabajadores que en la mayoría de los casos serán los demandantes.

3.- POR LO TANTO, EL TRABAJADOR ESTÁ HABILITADO PARA DEMANDAR ANTE CUALQUIERA DE LAS AGENCIAS O SUCURSALES DE LA EMPRESA ASEGURADORA, PUESTO QUE DE OTRO MODO SE ESTÁ LIMITANDO SU DERECHO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN.-



CAMBIO DE CRITERIO. LA CAUSA “ÁLVAREZ FLAVIO” ( Nº 104.691 ÁLVAREZ, FLAVIO ALEJANDRO ROBERTO C/ LA CAJA ART S.A. P/ ENFERMEDAD ACCIDENTE S/ CASAC.”)-

Esta causa recayó originalmente ante la 3º Cámara de Trabajo de Mendoza, la que se declaró incompetente para entender en un proceso en el que según expresó: la A.R.T. demandada no poseía domicilio social, legal ni funcional en dicha Circunscripción. Por otra parte, ni el lugar de trabajo, ni el de celebración del contrato se encontraban ubicados en la 1º Circunscripción Judicial (el actor tenía domicilio real en Palmira, Departamento de San Martín y se había desempeñado en la fábrica “La Campagnola”, establecimiento fabril ubicado en el mismo Departamento).

QUÉ PLANTEÓ LA CORTE? : DIVERSAS CIRCUNSTANCIAS IMPONEN QUE ESTA SALA REALICE UN NUEVO EXAMEN DE LA CUESTIÓN.

1).- El criterio hasta ahora sostenido (es decir, que podía demandarse ante el Juez de cualquiera de las sucursales de una A.R.T.) ha dado lugar a prácticas abusivas que han provocado dispendio jurisdiccional innecesario,

2).- en los hechos, ha operado una prórroga de jurisdicción, algo que está terminantemente prohibido en materia laboral en virtud del art. 5 del C.P.L.,

3).- ésta ha derivado en una sobrecarga de causas radicadas ante la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia,

4).- avalar la pretensión del recurrente (en el sentido de que sería competente la primera circunscripción judicial por hallarse en ella una sucursal de la ART demandada), conduciría a permitir el llamado “forum shopping”. Esto es: que el litigante pueda elegir la jurisdicción que le resulte más conveniente, con consecuencias incompatibles con el orden público laboral, los principios de moralidad, celeridad, inmediatez y economía procesal.

Dicha posibilidad de seleccionar la jurisdicción sin respeto del orden público laboral, contraría la expresa manda del artículo 5° del CPL que dispone: “La competencia de los tribunales del trabajador es improrrogable e indelegable, salvo las excepciones de la presente ley”

5). - Que, por su parte, el domicilio de las personas de existencia ideal se encuentra previsto por el art. 90 inc. 3º del C.C., el que remite al domicilio fijado en sus estatutos o en la autorización que se les dio para su funcionamiento. La norma agrega que, si en ellos no se hubiese señalado un domicilio, se considerará tal el lugar donde está situada su dirección o administración. Por su parte, el inc. 4°, para el supuesto de compañías con muchos establecimientos ha previsto que tienen su domicilio especial en el lugar de dichos establecimientos “…sólo para la ejecución de las obligaciones allí contraídas…” por los agentes locales de la sociedad. Estas cuestiones son hechos que no han sido acreditados en la presente causa.

Por lo que la Suprema Corte rechazó el recurso de casación intentado, aunque eximiendo de costas al recurrente por el cambio de criterio operado.

---------------------------------------------

De acuerdo a lo manifestado, puede concluirse que la Corte no está vedando a la parte actora la posibilidad de demandar ante el Juez correspondiente al domicilio de una agencia o sucursal de A.R.T., tomándose este punto de conexión para determinar la competencia. Pero sí está limitando este supuesto a fin de evitar abusos, especulaciones y asegurar la plena vigencia del principio de improrrogabilidad de la competencia.

Por lo tanto, el trabajador va a tener que demostrar conforme al art. 90 inciso 4 del Código Civil, que persigue en la jurisdicción de que se trate la ejecución de una obligación allí contraída por el agente local de la A.R.T., lo que en la práctica, vale aclararlo, implicará para el trabajador un aumento en la carga probatoria, extendiéndose ésta a cuestiones procesales no exentas de dificultad.

A partir de este cambio de criterio de la S.C.J., las Cámaras laborales se hicieron eco de esta postura, determinando mayormente de oficio su incompetencia cuando se da el supuesto de estudio. A modo ilustrativo, cito algunas causas en que ello ha acontecido: Autos Nº 150.158 “ Gonzalez, Ángel Omar c/ QBE Argentina ART p/ Accidente”( 1º Cámara); Autos Nº 150.325 “ Fernandez, Mario c/ Asociart ART S.A. p/ Accidente” (4º Cámara); Expte. 150.029 “Puebla, Ana Gladys c/ QBE ART S.A. p/ Accidente ( 6º Cámara).



2.- LA NULIDADD PROCESAL Y LA PRESUNCIÓN DEL PERJUICIO. FALLO MOSCUEN.

FALLO Nº 88.831 MOSCUEN RODOLFO EN Jº 13.776 RIOS MARCELO JOSÉ c/MOSCUEN RODOLFO Y OTROS p/ DESPIDO s/ INC.”, SCJ MZA.

Al plantearse una nulidad procesal, es necesario cumplir con una serie de requisitos que harán a la posterior procedencia del incidente.

En primer lugar, el planteo debe ser OPORTUNO. Es decir, la nulidad no debe estar consentida por el litigante que la invoca, y ese consentimiento surge de haber transcurrido cinco días desde que se ha tenido conocimiento del acto.

Ahora, debe también tenerse presente que si se realiza una presentación en el expediente, aunque ésta sea anterior al plazo de 5 días, será ésta la oportunidad de plantear la nulidad, de lo contrario, se la tendrá por consentida.

Por último, toda nulidad debe ser planteada antes de la sentencia, porque tratándose de un incidente, tal como lo define el art. 94 C.P.C., se trata de una cuestión accesoria “que se suscita durante la sustanciación de un proceso”.

Cumplido el requisito de oportunidad, quien plantea el incidente deberá demostrar:

que hubo una actuación procesal no ajustada a la ley de forma, que por ello no cumple el fin para el cual estaba destinada y que hay interés jurídico en la declaración de la nulidad.

Sobre éste último requisito trata el fallo en cuestión.

Es deber del incidentante mencionar y demostrar, en el caso concreto, cuál es la defensa o prueba que se ha visto privado de oponer en razón del defecto procesal que ha mediado. Ello hace al “interés jurídico” en que la nulidad se declare.

No basta que invoque en forma genérica que mediante el acto nulo se le “afectó el derecho de defensa”, sino que, por regla general, debe indicarse puntualmente en qué hubiesen consistido (de no haber mediado el vicio) sus argumentos para defenderse y ofrecer prueba de ello. La mención sin mayores detalles es insuficiente, y da lugar a que en numerosos casos se termine desestimando el planteo.

Pero la Suprema Corte relativizó esta última exigencia: así, en la causa en estudio, sentó el siguiente criterio: CUANDO EL ACTO VICIADO DE NULIDAD ES LA NOTIFICACIÓN DE LA DEMANDA, EL PERJUICIO SE PRESUME.

BASTA EN ESE CASO LA INVOCACIÓN DE TAL CIRCUNSTANCIA - RESTRICCIÓN DE LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE DEFENSA- PARA QUE SEA VIABLE LA NULIDAD, PUDIENDO EXCUSARSE LA MENCIÓN EXPRESA Y CIRCUNSTANCIADA DEL PERJUICIO QUE PARA LA GENERALIDAD DE LOS CASOS SE REQUIERE.

Cita la Corte en el mencionado fallo su postura frente a situaciones anteriores análogas, en las que el Tribunal sostuvo: “Teniendo en cuenta la índole de la lesión constitucional, se prioriza el interés máximo de la correcta defensa en juicio por sobre los principios procesales que tienden a evitar la anulación de las actuaciones procesales por la mera existencia del vicio invocado, sin atender al agotamiento de las vías previstas o la falta de invocación del necesario interés en la interposición. Expediente Nº 82.813 Dalmau Martín Alberto en Jº 149.734 Bank Boston N.A. c/Dalmau Martín A. P/ Ejec.Hip.s/Inc. (L.S.360-fs.14) Suprema Corte de Justicia.

------------------------------------------------

Con lo que puede concluirse, se flexibilizan los requisitos para la procedencia del planteo de nulidad, cuando lo que se ha visto afectado por un vicio en las formas es la notificación de la demanda (acto trascendental y formal), ya que de su cabal conocimiento dependerá la posibilidad de defenderse judicialmente.



3.- EMPLEO PÚBLICO. ASPECTOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA.JURISPRUDENCIA.-

En materia de empleo público, se han presentado controversias, dificultades y contramarchas en relación a la determinación de la competencia para entender en los conflictos. Analizaremos las distintas posturas y fallos que se han sucedido en relación al tema.

Para un mejor entendimiento, el principio general del que necesariamente debemos partir es el contenido en el art. 2 de la LCT en tanto establece: Las disposiciones de esta ley no serán aplicables: a) A los dependientes de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, excepto que por acto expreso se los incluya en la misma o en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo.

Otro principio que no debe perderse de vista a la hora de examinar cuestiones relativas a la competencia, es el que establece que “la competencia del Tribunal se determinará en todos los casos por las pretensiones contenidas en la demanda, y no por las defensas esgrimidas en la contestación”.-



Presentes estas dos pautas, analizaremos la jurisprudencia obrante en la materia.-

A fin de un mejor entendimiento, podemos diferenciar distintos supuestos:



a.- CUANDO DE LA DEMANDA presentada ante la Cámara del Trabajo SE INFIERE LA CALIDAD DE EMPLEADO PÚBLICO DEL TRABAJADOR:

a. 1.- Autos Nº 24.188 “Paez, Nilda del Carmen c/ Municipalidad de la Ciudad de Mendoza p/ Despido”.- 6ta. Cámara del Trabajo.-

En la citada causa, la demandada plantea excepción de incompetencia alegando que la relación habida entre las partes era de empleo público.

Al resolver, la Cámara sostuvo:”… si analizamos las tareas y funciones que, en el escrito de demanda, el actor denuncia haber desempeñado a lo largo de la vinculación jurídica que lo unió a la demandada, no cabe duda que nos encontramos ante una actividad de carácter permanente y propia de todo empleado que cumple funciones en condiciones de estabilidad en la Comuna Capitalina. La propia actora expresa que se desempeñaba como “auxiliar administrativa, esto es cumpliendo funciones normales y habituales”, “cumpliendo funciones de carácter permanente”. Ello permite afirmar que nos encontramos ante un verdadero empleado público con todas las notas características a ellos referidas.”; resolviendo finalmente que “el Tribunal entiende que resulta incompetente para intervenir en la presente causa, debiendo ser la vía, a los fines de dilucidar el presente conflicto, la administrativa y en definitiva el órgano jurisdiccional a intervenir la S.C.J.M.; por ello, corresponde admitir la excepción previa de incompetencia articulada”.-



Resolución de la S.C.J. Mza. Un paso más allá.-

Ante ello, la actora recurre ante la S.C.J. Mza. ( Expte. Nº 104.829) en casación.

La Corte entiende al resolver que “la Cámara en su pronunciamiento ha realizando una interpretación correcta de los hechos y del derecho aplicable. (…) destacó que la relación de la actora con la contraria tuvo origen en un contrato de tinte administrativo, culminando con su declaración de incompetencia y el archivo de la causa”.

Pero lo novedoso, es que frente a esta situación, La Corte no se limita a rechazar el recurso interpuesto por la actora, sino que considera: “ que esta Suprema Corte ha receptado expresamente las 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad, reglas que imponen deberes al Poder Judicial, establecen como beneficiarios a quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales (Sección 2°, punto 1).



Ello así, no puede negarse que el trabajador -sujeto de preferente tutela constitucional se desempeñe en el ámbito público o privado-, en situación de desempleo, se encuentra en condición de vulnerabilidad y es digno de atención, por cuanto la pérdida de ingresos afecta el acceso a los derechos más elementales de la persona que trabaja y de su núcleo familiar (arg. Art. 10 y 11 del Pacto Internacional de derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDESC)

De este modo, con relación al efectivo acceso a la justicia, las "reglas" prescriben proporcionar los procedimientos necesarios para garantizar un efectivo acceso a la justicia (Capítulo II, sección 1°) y ordenan revisarlos para facilitar dicho acceso, adoptando providencias de organización y de gestión judicial conducentes”-

Por ello el Tribunal juzga apropiado ASUMIR la competencia y dar trámite a lo actuado, REQUIRIENDO a la actora ADECUE su pretensión a los términos 34 y 35 de la ley 3918.-



Sin embargo, debe quedar claro que en aquellos casos donde no se discute el carácter de empleado público del trabajador, la regla es la incompetencia de los Tribunales del Trabajo.

(En igual sentido puede consultarse: EXPTE. N° 2.736, caratulados: “CORDOBA,

RICARDO WALTER c/ MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN p/ COBRO DE SALARIOS”. 7MA.

Cámara del Trabajo. 1º Circuns. Jcial).



b.- CUANDO SE RECLAMA EN BASE A LEY DE CONTRATO DE TRABAJO, ESTANDO EN DISCUSIÓN ENTRE LAS PARTES LA NATURALEZA PÚBLICA O PRIVADA DE LA RELACIÓN LABORAL. (EMPLEADOS “CONTRATADOS”).-

1).-Vale aclarar que en estos casos es común el planteo de incompetencia y que las Cámaras difieran el tratamiento de la excepción hasta el momento de dictar sentencia, pues, aducen, es necesaria la producción de la prueba para desentrañar la naturaleza de la relación.-

Sin embargo, en autos Nº 102.115 “OVIEDO, MARÍA YOLANDA EN Jº 17.382 OVIEDO, MARÍA YOLANDA C/ HOSPITAL HUMBERTO NOTTI P/ DESPIDO S/ INC.- CAS.” (causa originaria de la 6ta. Cámara del Trabajo, 1º Circ. Jcial) la Corte de nuestra provincia entendió que “Asumida la competencia por el Tribunal, tal decisión no puede ser revisada al momento de dictar sentencia”; “La excepción de incompetencia ha devenido en abstracta ante el hecho evidente de la tramitación del proceso ante el Tribunal.”.-

Ante lo resuelto por la Corte en la causa Oviedo, la misma Cámara 6ta. al dictar sentencia en autos Nº 23.911 ”Roldán, Osvaldo Gustavo c/ Municipalidad de Las Heras por despido” rechaza excepción de incompetencia “articulada por Municipalidad de Las Heras y Fiscalía de Estado, entendiendo que habiéndose tramitado toda la causa ante la Justicia Laboral –en este caso concreto-corresponde que este sentenciante se avoque al estudio de la controversia planteada y se expida sobre el reclamo indemnizatorio solicitado por el Sr. Roldán”.-



Es decir, las Cámaras a partir de este precedente no pueden diferir al momento de dictar sentencia el tratamiento de la excepción.-

2).- Entrando propiamente en el análisis de esta segunda hipótesis, puede citarse lo resuelto en la causa 22.270 SOSA, PEDRO WALTER C/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL DE MENDOZA (año 2010). A fs. 47 la Cámara 4ta. resuelve excepción de incompetencia planteada por la demandada, entendiendo que la misma NO ES PROCEDENTE PORQUE LA CUESTIÓN DEBATIDA ES JUSTAMENTE LA NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO QUE VINCULARA A LAS PARTES.

SOSTIENE EL TRIBUNAL: “CONSECUENTEMENTE, DEMANDÁNDOSE BENEFICIOS EMERGENTES DE LAS LEYES LABORALES, ES PRIMA FACIE COMPETENTE EL TRIBUNAL DEL TRABAJO, SIN PERJUICIO DE QUE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA SE JUZGUE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LOS DERECHOS INVOCADOS- CONF. TRATADO DE DERECHO DEL TRABAJO DIRIGIDO POR DEVEALI Tº V, PÁG. 150- )”.

Cito también lo expresado por el mismo Tribunal al dictar sentencia (fs. 151 y sgtes.), por ser esclarecedor respecto del tema en tratamiento: Respecto del trabajador contratado “temporariamente”, en forma reiterada y sucesiva a lo largo de varios años, queda por determinar cuál es el resguardo legal que tiene.



  • Si fuese un empleado público que perteneciera a la planta permanente y fuese cesanteado sin causal alguna, se estaría vulnerando la estabilidad propia que consagra el art. 14 bis C.N. y permitiría el reclamo de su parte por la reinstalación en su puesto. Desde ya que la competencia por este accionar sería contencioso-administrativa (conf. Ley 3918).

  • Si fuese personal temporario (…) cualquier situación controvertida también cae bajo la jurisdicción contencioso-administrativa”.-( Aclaro: si fuese personal “realmente” temporario).

Pero en el caso en cuestión, la Cámara entendió que de las probanzas de autos resulta que no surge que los contratos que dieron base al reclamo hayan sido realizados con el fin de cubrir exigencias de temporada, transitorias o excepcionales del Municipio, por lo que estuvo vinculado con la demandada por CONTRATOS SUCESIVOS EN EXCESO a lo dispuesto en el art. 15 inc. C) de la ley 5.892 (ley provincial que rige al personal que presta servicios remunerados en Municipalidades.), considerando finalmente que la relación quedaba regida por la ley 20.744.-

(Sin entrar a analizar la cuestión de fondo, porque excede el objeto del presente, cabe no obstante mencionar que esta causa fue recurrida ente la S.C.J. Mza. , Tribunal que si bien coincide con el a quo entendiendo que hubo exceso en la administración pública o desviación de poder al contratar reiteradamente al trabajador generándole expectativa de permanencia, dispuso que los perjuicios debían repararse no dentro de la órbita de la LCT, sino aplicando el art. 38 de la ley 5.892 – indemnización prevista para aquellos supuestos de cierre de unidades de la Administración Municipal o ó cancelación de funciones dentro del Municipio).-

-----------------------------------------------

A modo de síntesis:

.- Por lo tanto, en principio, si se trata de un empleado público surgiendo ello del planeo fáctico expresado en la demanda, la vía para canalizar el reclamo será contenciosoadministrativa, siendo competente la S.C.J. DE MENDOZA, debiendo las Cámaras del Trabajo, en su caso, declararse incompetentes para su entendimiento y decisión.-



.- Cuando no surge de manera irrefutable si el trabajador ostentaba o no la calidad de empleado público, es decir, cuando lo que está discutido es la naturaleza jurídica de la relación y se reclama en base a la LCT, en virtud de lo resuelto por la Corte en “Oviedo” la Cámara del Trabajo debe asumir necesariamente la competencia, sin perjuicio de la solución definitiva a

pronunciar en la sentencia.---------------------------------------------------------------------------------


Compartir con tus amigos:


La base de datos está protegida por derechos de autor ©absta.info 2019
enviar mensaje

    Página principal