Juez de segunda instancia competencia funcional / recurso de apelacion fases / recurso de apelacion trascendencia y límites de la competencia funcional del juez de segunda instancia / competencia funcional del juez de segunda instancia apelante



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JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA - Competencia funcional / RECURSO DE APELACION - Fases / RECURSO DE APELACION - Trascendencia y límites de la competencia funcional del juez de segunda instancia / COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA - Apelante único. Limitación
La competencia funcional del juez de segunda instancia está limitada por las razones de inconformidad expresadas por el recurrente en el escrito de sustentación del recurso de apelación y no por el mero acto procesal dispositivo de parte, a través del cual manifiesta, de manera abstracta, impugnar la respectiva providencia. (…) Las competencias funcionales del juez de la apelación, cuando el apelante es único, no son irrestrictas, pues están limitadas, en primer lugar, por el principio de la “non reformatio in pejus”, introducido como precepto en el artículo 31 de la Constitución Política y consagrado por el mismo artículo 357 del C. de P. C. y, en segundo orden, por el objeto mismo del recurso de apelación (revocar o modificar la providencia), cuyo marco está definido, a su vez, por las razones de inconformidad o juicios de reproche esbozados por el apelante en relación con la situación creada por el fallo de primera instancia. Así, pues, al juez de segundo grado le está vedado, en principio y salvo las excepciones hechas por el legislador, revisar temas del fallo de primer grado que son aceptados por el recurrente (bien porque omite reargüirlos en la sustentación del recurso de apelación o bien porque expresamente los elimina de la discusión manifestando su asentimiento en relación con los mismos), pues éstos quedan excluidos del siguiente debate y, por lo mismo, debe decirse que, frente a dichos aspectos, fenece por completo el litigio o la controversia.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 31 / CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTICULO 357
CONTRATOS ESTATALES - Garantía única de cumplimiento. Regulación normativa
El artículo 25 (numeral 19) de la Ley 80 de 1993, estableció el deber de avalar el cumplimiento de las obligaciones surgidas de los contratos del Estado, a través del otorgamiento de una “garantía única” que, a la luz de las disposiciones de la mencionada ley, podía consistir en póliza de seguros o en garantía bancaria. Hoy día, el régimen general de garantías de los contratos estatales, y en general de la actividad contractual del Estado está previsto en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, norma que, a pesar de que conservó la estructura general del mencionado artículo 25 (numeral 19) de la Ley 80, introdujo algunas modificaciones que merecen ser destacadas, a saber: (i) autorizó al Gobierno Nacional para crear mecanismos de cobertura distintos a las pólizas y a las garantías bancarias y (ii) autorizó al Gobierno Nacional para señalar los casos en los que, por las características y la complejidad del contrato, la garantía puede ser dividida de acuerdo con las etapas o los riesgos relativos a la ejecución del contrato. Para el caso específico, conviene precisar únicamente las particularidades de la garantía consistente en póliza de seguros, conocida como seguro de cumplimiento contractual.
FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTICULO 25.19 / LEY 1150 DE 2007 - ARTICULO 7
SEGURO DE CUMPLIMIENTO - Referencias legislativas / POLIZAS DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO - Modalidades
La primera referencia legislativa relacionada con el seguro de cumplimiento está contenida en la Ley 225 de 1938, “por la cual se provee al establecimiento del seguro de manejo y cumplimiento”, en cuyo artículo 2º se refirió a tal categoría de seguro como una especie análoga al seguro de manejo, creado, esencialmente, para garantizar el correcto manejo de fondos o valores que se confiaran a los empleados públicos o a los particulares; sin embargo, debido al tratamiento similar que el legislador le dio a una y otra especie de seguros, al refundirla en una sola categoría previó la posibilidad de que éste se pudiera extender para garantizar el pago de impuestos, tasas y derechos y para el cumplimiento de obligaciones que emanaran de leyes y contratos. Esta última finalidad responde, verdaderamente, a la naturaleza de los seguros de cumplimiento, pues la primera de las mencionadas (garantía de manejo) responde más al sentido de las garantías de orden personal, como la fianza (de fidelidad). Pese a lo anterior, de lo dicho en el artículo 2º acabado de citar se pueden extractar las distintas modalidades que revisten las pólizas de seguro de cumplimiento, las cuales han sido clasificadas en: (i) las que amparan las obligaciones que emanan del contrato estatal, (ii) las que garantizan las obligaciones de los contratos celebrados por los particulares, (iii) las que garantizan el cumplimiento de obligaciones legales (iv) las que garantizan la seriedad del ofrecimiento del contratista y (v) las que garantizan el resarcimiento de los perjuicios causados por el riesgo de una medida judicial, también llamadas cauciones judiciales. Particularmente, a la primera de las categorías mencionadas es a la que se refiere el artículo 25 (numeral 19) de la Ley 80 de 1993, cuando señala que el contratista prestará garantía única que “avalará” el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. Este es, precisamente, el objeto de la garantía (seguro de cumplimiento de obligaciones contractuales emanadas de los contratos estatales).
FUENTE FORMAL: LEY 25 DE 1938 - ARTICULO 2
SEGURO DE CUMPLIMIENTO - No tiene desarrollo legal extensivo / REFERENCIA TANGENCIAL DEL SEGURO DE CUMPLIMIENTO - Naturaleza normativa / SEGURO DE CUMPLIMIENTO - Para su análisis se debe acudir a los principios generales de los contratos civiles y comerciales, a los principios comunes de los contratos de seguro y a las normas del Estatuto de Contratación Administrativa y sus Decretos reglamentarios
En el derecho colombiano el seguro de cumplimiento no tiene desarrollo legal extensivo (menos aún el que ampara obligaciones contractuales), pues ni el Código de Comercio ni ninguna otra norma se ha ocupado de precisar aspectos tan importantes como el contenido de la póliza, la responsabilidad del asegurador, la exoneración del mismo, la indemnización a cargo del asegurador, las partes de esta especial categoría de seguro, la ocurrencia del siniestro, etc. Las normas del Estatuto de Contratación Administrativa (Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007) son las únicas que hacen una referencia tangencial al objeto de la garantía de cumplimiento de contratos estatales, a la vigencia de la misma y a algunas características muy específicas como son la ausencia de expiración por falta de pago de la prima y la inaplicación de la figura de la revocación unilateral (inciso cuarto, num. 19, art. 25, Ley 80 de 1993); pero, tales referencias resultan insuficientes para establecer aspectos esenciales del seguro de cumplimiento, como los que se han señalado en precedencia. Así, pues, para analizar esta categoría de seguro se debe acudir a la teleología que lo inspira, a los principios generales de los contratos civiles y comerciales, a las normas imperativas y supletivas que rigen esta clase de relaciones jurídicas, a los principios comunes de los contratos de seguro previstos en el Código de Comercio (y en aquellas normas especiales de seguros que resulten compatibles con esta categoría) y, particularmente, en lo que tiene que ver con los seguros de cumplimiento de contratos estatales, a las normas del Estatuto de Contratación Administrativa y sus Decretos Reglamentarios.
SEGURO DE CUMPLIMIENTO - Noción. Definición. Concepto. Regulación de la Ley 80 de 1993 / SEGURO DE CUMPLIMIENTO - Incumplimiento de obligaciones contractuales a cargo del deudor / SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN CONTRATOS ESTATALES - Póliza de seguro de cumplimiento/ POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO - Cubrimiento de obligaciones a cargo del contratista. Amparos / TOMADOR DEL SEGURO DE CUMPLIMIENTO - Traslada el riesgo de incumplimiento de las obligaciones contractuales a su cargo a la compañía aseguradora / INCUMPLIMIENTO QUE OCASIONA DAÑOS QUE AFECTAN EL PATRIMONIO DEL ACREEDOR - Obligación de la compañía aseguradora de resarcir los daños al beneficiario hasta la concurrencia de la suma asegurada
Con fundamento en el contenido del artículo 25 (numeral 19) de la Ley 80 de 1993 se puede decir que los seguros de cumplimiento, específicamente, el de contratos estatales, son aquellos que garantizan al acreedor (entidad estatal) que serán resarcidos los daños que pueda provocar el incumplimiento de las obligaciones del deudor (contratista) dentro del marco de una relación contractual. Así, pues, el riesgo asegurado en esta categoría de seguros, visto de manera general, lo constituye el incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del deudor (contratista), quien a su vez es el tomador de la póliza, de modo que el objeto de las obligaciones garantizadas es lo que determina o particulariza el riesgo asegurado. En el caso de los contratos estatales, la garantía de cumplimiento y, por ende, la póliza de seguro de cumplimiento de contratos estatales debe cobijar todas las obligaciones a cargo del contratista, tal como lo dispone el artículo 25 (numeral 19) de la Ley 80 de 1993; por ende, en una única póliza se contemplan distintos amparos, dependiendo de las obligaciones y prestaciones emanadas del contrato asegurado (artículo 17 del Decreto Reglamentario 679 de 1993), así: (i) buen manejo y correcta inversión del anticipo o pago anticipado, (ii) cumplimiento del contrato, (iii) pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones (donde se requiera personal para ejecutar las obligaciones), (iv) estabilidad de la obra, (v) calidad del bien o servicio y (vi) correcto funcionamiento de los equipos (en el caso de los suministros, por ejemplo). El tomador del seguro en este tipo de contratos no hace cosa distinta que trasladar el riesgo del incumplimiento de las obligaciones contractuales a su cargo a la compañía aseguradora, de modo que, cuando se presenta el hecho constitutivo de incumplimiento a cargo del deudor y ese incumplimiento ocasiona daños que afectan el patrimonio del acreedor (generalmente la entidad estatal contratante), surge la obligación de la compañía aseguradora de resarcir los daños ocasionados al beneficiario, hasta la concurrencia de la suma asegurada.
SEGURO DE CUMPLIMIENTO - Categoría especial del seguro de daños. Regulación normativa / SEGURO DE CUMPLIMIENTO - Finalidad / SEGUROS DE DAÑOS - Clasificación. Código de Comercio / SEGUROS DE DAÑOS REALES - Noción. Definición. Concepto / SEGUROS DE DAÑOS PATRIMONIALES - Noción. Definición. Concepto / SEGURO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ESTATALES - Seguro de daños de carácter patrimonial / SEGURO DE CUMPLIMIENTO QUE AMPARA LAS OBLIGACIONES EMANADAS DE UN CONTRATO ESTATAL - Contrato de mera indemnización que no puede constituir fuente de enriquecimiento
El seguro de cumplimiento de contratos estatales se clasifica como una categoría especial del seguro de daños, tal como se desprende del artículo 1083 del Código de Comercio, pues su finalidad no es otra que proteger el patrimonio público del daño o del perjuicio que le puede ocasionar a la entidad pública el incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista. En los términos del artículo 1082 del Código de Comercio, los seguros de daños puede ser reales o patrimoniales, los primeros son aquellos cuyo objeto recae sobre una cosa determinada o determinable, susceptible de valoración en dinero y los segundos son los que amparan el débito que produce la ocurrencia del siniestro en el patrimonio del asegurado, lo que, dicho en otros términos, significa que son aquellos que indemnizan las consecuencias patrimoniales derivadas del hecho constitutivo del siniestro. Bajo esa óptica, el seguro de cumplimiento de contratos estatales es un seguro de daños, de carácter patrimonial,, porque, tal como se dijo, a través de esta especial categoría de seguro el asegurador ampara el patrimonio del asegurado contra el incumplimiento de obligaciones que emanan del contrato estatal o, lo que es lo mismo, garantiza la satisfacción oportuna de las obligaciones emanadas de otro negocio jurídico y garantiza el pago de los perjuicios que experimente la entidad estatal por la falta de cumplimiento, total o parcial, por parte del contratista, de la obligación asegurada (en alguno de sus amparos). (…) el seguro de cumplimiento que ampara las obligaciones emanadas de los contratos del Estado, por ser una especie del seguro de daños, de carácter patrimonial, está inspirado en el principio consagrado en el artículo 1088 del Código de Comercio, según el cual, respecto del asegurado, este tipo de seguro es contrato de mera indemnización y no puede constituir fuente de enriquecimiento; en otras palabras, los seguros de daños tienen como última finalidad indemnizar al asegurado o al beneficiario cuando su patrimonio es afectado por la realización del riesgo asegurado y esto es, precisamente, lo que se conoce en materia de seguros como el principio de la indemnización. NOTA DE RELATORIA: Sobre el tema consultar sentencia de 22 de abril de 2009, exp. 14667
FUENTE FORMAL: CODIGO DE COMERIO - ARTICULO 1082 / CODIGO DE COMERIO - ARTICULO 1083
SEGURO DE CUMPLIMIENTO - Características generales / POLIZA DE GARANTIA - Seguro de cumplimiento no puede constituir fuente de enriquecimiento / SEGURO DE CUMPLIMIENTO - En algunos casos muy específicos no tiene aplicación el principio de indemnización ni el principio de proporcionalidad
A la luz del mencionado artículo 1088 del Código de Comercio, el seguro de cumplimiento tiene las siguientes características generales: (i) es una especie del seguro de daños patrimoniales, (ii) dada la naturaleza meramente indemnizatoria de los seguros de daños, no basta para la efectividad del seguro que el hecho constitutivo del siniestro haya acaecido, sino que resulta indispensable que éste haya causado un daño al patrimonio del acreedor, pues es obvio que si no hay daño en el patrimonio del beneficiario no se abre paso la indemnización, iii) por ser un seguro de mera indemnización y no de indemnización plena, el monto a indemnizar por parte del asegurador no necesariamente debe corresponder al valor asegurado, sino que debe ser aquel que resulte del daño o perjuicio efectivamente ocasionado al patrimonio del acreedor, sin que el valor a indemnizar pueda ser mayor a la suma asegurada mediante la póliza de garantía, razón por la cual el seguro de cumplimiento no puede constituir fuente de enriquecimiento para el asegurado o beneficiario. Sin perjuicio de lo anterior, no se debe olvidar que, en materia de contratación estatal, la póliza de seguro de cumplimento funge como garantía única de las obligaciones emanadas del contrato y ello implica, como se dijo párrafos atrás, que cada amparo deba analizarse de manera independiente, acorde con la naturaleza del riesgo que asume el asegurador y, por ende, en algunos casos muy específicos no tiene aplicación el principio de indemnización y el principio de proporcionalidad, como sucede, por citar solo un ejemplo, en los casos de exigibilidad de la garantía por imposición de multas, sencillamente porque las multas tienen naturaleza conminatoria -sancionatoria y no indemnizatoria.
INDEMNIZACION EN EL SEGURO DE CUMPLIMIENTO - La Administración posee la facultad de hacer efectiva a través de acto administrativo la garantía ha sido constituida a su favor / INDEMNIZACION EN EL SEGURO DE CUMPLIMIENTO - Deber de cuantificar el perjuicio sufrido por la entidad / INDEMNIZACION EN EL SEGURO DE CUMPLIMIENTO - Estimación del daño / ESTIMACION DEL DAÑO - Requisitos para su indemnización / MONTO A INDEMNIZAR - Se limita al monto que resulte del daño o perjuicio patrimonial efectivamente ocasionado al patrimonio del acreedor, sin que sobrepase el monto asegurado / LUCRO CESANTE - Solo puede ser indemnizado cuando sea objeto de pacto expreso
Para abordar el tema de la indemnización en el seguro de cumplimiento, resulta importante anotar que la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que la administración tiene la facultad de hacer efectiva, a través de acto administrativo, en ejercicio de la potestad consagrada en el artículo 68 (numerales 4 y 5) del C.C.A., la garantía que ha sido constituida a su favor y, a partir del año 2009, la Sala de la Sección Tercera precisó que tal prerrogativa conlleva la de cuantificar el perjuicio sufrido por la entidad, aún después de la terminación del contrato; además, señaló que los respectivos actos administrativos están sujetos al control gubernativo y judicial, propio de las decisiones administrativas, razón por la cual pueden ser impugnados ante la propia administración, mediante la interposición de los recursos que la ley ha previsto para el efecto y, por vía judicial, mediante el ejercicio oportuno de las acciones contencioso administrativas pertinentes. (…) la estimación del daño debe ser fundamentada, debe quedar claramente establecida en el correspondiente acto administrativo y, por regla general, debe guardar estricta consonancia con los daños patrimoniales sufridos por la entidad estatal, como consecuencia de la realización del riesgo asegurado, es decir, debe ceñirse a las pautas rectoras del principio de la indemnización –artículo 1088 del C. de Co - (en los casos en los que resulte aplicable –como se anotó párrafos atrás-); además, sólo se debe afectar el amparo que se ajuste al hecho acecido y en la cuantía respectiva, sin que sobrepase, en ningún caso, el valor asegurado para la respectiva cobertura, tal como lo dispone el artículo 1089 del Código de Comercio. A lo anterior se debe agregar que, tal como se dijo en líneas anteriores, el seguro de cumplimiento, por regla general, no da lugar a la indemnización plena o integral del daño ocasionado con la ocurrencia del siniestro, sino que se restringe al postulado imperativo del artículo 1088 del Código de Comercio, es decir, el monto a indemnizar se limita al monto que resulte del daño o perjuicio patrimonial efectivamente ocasionado al patrimonio del acreedor, sin que sobrepase el monto asegurado, tal como lo dispone el artículo 1079 del Código de Comercio y el lucro cesante sólo es susceptible de ser indemnizado cuando sea objeto de pacto expreso.
FUENTE FORMAL: CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTICULO 68.4 / CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTICULO 68.5 / CODIGO DE COMERCIO - ARTICULO 1079 / CODIGO DE COMERCIO - ARTICULO 1088 / CODIGO DE COMERCIO - ARTICULO 1089
POLIZA UNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO - Amparo de los riesgos de cumplimiento, anticipo, calidad y correcto funcionamiento / PERJUICIO INDEMNIZABLE - Solo comprende el daño emergente / RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE - Debe estar expresamente pactado en el contrato
El amparo que se hizo exigible a través de los actos administrativos cuestionados está sometido, como se ha venido diciendo, al principio de la indemnización, consagrado por el artículo 1088 del C. de Co., pues lo que buscaba la entidad pública al exigir el aseguramiento de este riesgo era garantizar el cumplimiento de las condiciones ofrecidas por el contratista, la idoneidad, la calidad y el adecuado funcionamiento de los bienes entregados, acorde con la naturaleza o propósito para el cual fueron diseñados, de tal suerte que el interés asegurado, en los términos del artículo 1083 del Código de Comercio, estaba constituido por el patrimonio de la entidad pública representado en los bienes objeto del suministro. En efecto, la póliza única de seguro de cumplimiento G U01 003 1064240 y el certificado de modificación CMOD 03 1101961 amparaban los riesgos de cumplimiento, anticipo y calidad y correcto funcionamiento. (…)el clausulado de condiciones generales hacía referencia, de manera general, a los perjuicios que se causaran por el incumplimiento imputable al contratista, en relación con las especificaciones técnicas de los equipos suministrados, lo cual comprende el correcto funcionamiento de los mismos, de manera que, analizado el contenido de la cláusula contractual a luz de lo dispuesto por las disposiciones legales antes citadas, especialmente las contenidas en los artículos 1083, 1088 y 1089 del Código de Comercio y atendiendo a la naturaleza del riesgo amparado, la Sala considera que el perjuicio indemnizable sólo comprendía el daño emergente, pues el lucro cesante no estaba expresamente contemplado en la póliza y, por consiguiente, se hallaba excluido (art. 1088 del C. de Co). (…) cuando se alude a la expresión única de “perjuicios patrimoniales”, sin distinguir modalidad alguna de los mismos, se debe entender que comprende el daño emergente y el lucro cesante, pues uno y otro integran el denominado daño material o patrimonial, tal como lo han decantado desde hace tiempo la jurisprudencia y la doctrina; sin embargo, en algunos seguros de daños, como el de cumplimiento, esa regla general cambia y, por ende, cuando se alude a “perjuicios patrimoniales”, en principio, allí solo queda comprendido el daño emergente, de modo que solo cuando sea objeto de pacto expreso, o cuando de la naturaleza del riesgo asegurado se deprenda que el interés asegurado es el lucro cesante, se abre paso a la indemnización de esta última modalidad de perjuicio, por así disponerlo en forma expresa el precitado artículo 1088 del C. de Co. (…) no sucede lo mismo en otros tipos de seguro de daños que tienen una regulación legal más precisa, como el de responsabilidad civil, cuya obligación indemnizatoria a cargo del asegurador se rige por lo dispuesto en el artículo 1127 del Código de Comercio (modificado por el artículo 84 de la Ley 45 de 1990) (…) en dicho tipo de seguro de daños (el de responsabilidad civil), es el mismo legislador el que previó la posibilidad de que se indemnizara el perjuicio patrimonial, sin excluir ninguna de sus modalidades (daño emergente y lucro cesante). Y aunque podría pensarse que el seguro de cumplimiento contratos estatales se ubica como una especie de seguro de responsabilidad civil –contractual-, la concepción del riesgo es muy distinta y por tal razón no puede recibir tratamiento similar, pues, realmente, el seguro de responsabilidad a que se hace referencia en el transcrito artículo 1127 del C. de Co. es el de carácter extracontractual. (…) no es posible darle un tratamiento análogo a la indemnización que se genera en el seguro de cumplimiento a la que se genera en el seguro de responsabilidad civil, pues las diferencias son bien marcadas, a pesar de que ambos se ubican como especies de los seguros daños.
FUENTE FORMAL: CODIGO DE COMERCIO - ARTICULO 1127 / CODIGO DE COMERCIO - ARTICULO 1088 / LEY 45 DE 1990 - ARTICULO 84


CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION TERCERA
SUBSECCION A
Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
Bogotá, D.C., doce (12) de febrero de dos mil quince (2015)
Radicación número: 25000-23-26-000-2003-00874-01(28278)
Actor: COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. –CONFIANZA-
Demandado: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI Y OTRO


Referencia: CONTRATOS

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, se procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 23 de junio de 2004 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en cuya parte resolutiva dispuso (se transcribe como aparece a folio 149, C. Consejo):


PRIMERO.- DECLARASE la falta de legitimación por pasiva respecto del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA– DANE.
SEGUNDO.- DECLARASE la nulidad parcial de la resolución No 0436 de octubre 23 de 2002 proferida por el INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTÍN CODAZZI, pero solo respecto del numeral SEGUNDO en el sentido de hacer efectiva la garantía únicamente por la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($2’347.948.oo).
TERCERO.- Para el cumplimiento de esta sentencia se dará aplicación a los artículos 176 y 177 del C.C.A.. Sin condena en costas”.
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