Jorge ignacio pretelt chaljub



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Conclusiones


3.1.5.1 La expresión “inmoral o” demandada no habilita al empleador para que pueda aplicar esta causal de terminación del contrato de trabajo por justa causa de manera arbitraria ni con base en juicios subjetivos sobre la conducta del trabajador en el plano ético o religioso como lo asume el actor, sino que esta atiende al concepto jurídico de moral social. Como quedó expuesto en líneas anteriores, la moralidad pública remite a los principios y valores fundamentales aceptados por la generalidad de los individuos que constituyen el soporte de una convivencia libre, digna y respetuosa. Es decir, no corresponde a creencias particulares confesionales o subjetivas sino a la ética moral colectiva contenida en la Constitución la cual tiene fundamento en el respeto al pluralismo, la tolerancia y la diversidad cultural.


        1. La facultad de terminar el contrato de trabajo por justa causa con base en el acto `inmoral` debe enmarcarse en lo dispuesto en la ley. Para el caso, deben aplicarse criterios como los señalados en la jurisprudencia ya citada sobre la aplicación de conceptos indeterminados, en el sentido de que: (i) dicho concepto debe entenderse como moral social y debe producir una desaprobación objetiva de acuerdo con los parámetros axiológicos aceptados por la sociedad, lo que excluye un reproche subjetivo crítico o intolerante; y (ii) la realización del acto considerado `inmoral` debe darse en el lugar de trabajo o en ejecución de las labores, y afectar el normal desarrollo de las funciones de la empresa. Es decir, dicho acto debe trascender la esfera privada y del interés particular a un ámbito laboral, por afectar derechos de terceros, y la convivencia digna y respetuosa que debe guiar las relaciones de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y la ley.




        1. Adicionalmente, los instrumentos internacionales de derechos humanos aprobados por Colombia que integran el bloque de constitucionalidad, y la jurisprudencia de tribunales internacionales como el europeo, contemplan que los derechos fundamentales pueden ser restringidos por razones de moralidad pública para garantizar el orden jurídico y el interés general.




        1. En este caso concreto el empleador al interpretar el concepto jurídico de inmoral, debe analizar el comportamiento de manera razonable, objetiva e imparcial, máxime cuando el propio ordenamiento, como quedó visto, suministra los parámetros para la determinación del concepto.




      1. Por todo lo expuesto, la Corte Constitucional encuentra que la expresión “inmoral o” contenida en el numeral 5 del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, no contraviene los postulados constitucionales al trabajo y a la estabilidad laboral, ya que no da lugar a una aplicación caprichosa ni arbitraria del empleador de la misma, por cuanto, se reitera, dicha conducta debe realizarse en el lugar de trabajo o en ejercicio de las labores y que, además, afecten el normal desarrollo de la vida laboral, lo cual no constituye ni falta disciplinaria ni implica una invasión del área privada ni del fuero interno del trabajador como lo plantea el demandante, esfera que es excedida cuando su conducta incide en el cumplimiento de sus obligaciones, como el deber de “guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros76, afectando el ambiente laboral.


4 DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE

Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados, la expresión “inmoral o” contenida en el numeral quinto del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, cúmplase, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

Presidente

Con aclaración de voto


MARIA VICTORIA CALLE CORREA

MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO

Magistrada

Magistrado
























LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Magistrado



GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Magistrado















GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Magistrada


JORGE IVÁN PALACIO PALACIO

Magistrado














JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

Magistrado


MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Magistrada




















ANDRÉS MUTIS VANEGAS

Secretario General




1 M.P. María Victoria Calle Correa

2 M.P. Jorge Arango Mejía

3 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra

4 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa

5 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra

6 M.P. Rodrigo Escobar Gil

7 M.P. Álvaro Tafur Galvis

8 M.P. Fabio Morón Díaz

9 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra

10 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra

11 M.P. Jaime Araújo Rentería

12 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra

13 M.P. Carlos Gaviria Díaz y Eduardo Cifuentes Múñoz

14 Ibídem

15 M.P. Carlos Gaviria Díaz

16 Ibídem

17 “Artículo 2º. Las demandas en las acciones públicas de inconstitucionalidad se presentarán por escrito, en duplicado, y contendrán: 1. El señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales, su transcripción literal por cualquier medio o un ejemplar de la publicación oficial de las mismas; 2. El señalamiento de las normas constitucionales que se consideren infringidas; 3. Los razones por las cuales dichos textos se estiman violados; 4. Cuando fuera el caso, el señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado y la forma en que fue quebrantado; y 5. La razón por la cual la Corte es competente para conocer de la demanda.”

18 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

19 M.P. Jorge Arango Mejía

20 Sentencia C-224 de 1994. M.P. Jorge Arango Mejía

21 “…No podrán derogarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia están interesados el orden y las buenas costumbres”.

22 “CONTENIDO DEL INVENTARIO… Comprenderá, así mismo, los títulos de propiedad, las escrituras públicas y privadas los créditos y deudas del pupilo de que hubiere comprobante o sólo noticia, los libros de comercio o de cuentas, y en general, todos los objetos presentes, exceptuados los que fueren conocidamente de ningún valor o utilidad, o que sea necesario destruir con algún fin moral.

23 “Son incapaces de ejercer tutela o curaduría…8o.) Los de mala conducta notoria

24 “…CAUSALES DE REMOCIÓN 5o.) Por conducta inmoral de que pueda resultar daño a las costumbres del pupilo.

25 “CAUSA DE LAS OBLIGACIONES. No puede haber obligación sin una causa real y lícita; pero no es necesario expresarla. La pura liberalidad o beneficencia es causa suficiente.

Se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato; y por causa ilícita la prohibida por la ley, o contraria a las buenas costumbres o al orden público”.

26 “CONDICION FALLIDA Y las condiciones inductivas a hechos ilegales o inmorales”

27 Sentencia C-224 de 1994. M.P. Jorge Arango Mejía

28 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa

29 M.P. Jorge Arango Mejía

30 M.P. Fabio Morón Díaz

31 Sentencia C-427 de 1994. M.P. Fabio Morón Díaz

32 Sentencia C-404 de 1998. M.P. Carlos Gaviria Díaz y Eduardo Cifuentes Múñoz

33 Sentencia C-309 de 1997. A.V. Hernando Herrera Vergara

34 M.P. Carlos Gaviria Díaz y Eduardo Cifuentes Múñoz

35 Sentencia C-404 de 1998. M.P. Carlos Gaviria Díaz y Eduardo Cifuentes Múñoz


36 M.P. Carlos Gaviria Díaz

38 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra

39 M.P. Rodrigo Escobar Gil

40“ Eduardo García de Enterría, Tomás-Ramón Fernández, Curso de Derecho Administrativo. Ed. Civitas S.A., Madrid, 1986, Tomo I, p. 433”

41 Sentencia C-371 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil. En esta oportunidad, la Corte Constitucional, además de declarar la inexequibilidad del numeral 2 del artículo 368 de la Ley 600 de 2000 Código de Procedimiento Penal, declaró “la exequibilidad del numeral 2º del artículo 65 de la Ley 599 de 2000, Código Penal, siempre que se entienda que, en este contexto, la obligación de observar buena conducta solo es relevante en función del efecto que las eventuales infracciones de los específicos deberes jurídicos que la misma comporta, pueda tener en la valoración acerca de la necesidad de la pena en cada caso concreto, de conformidad con lo previsto en el apartado 3.2.2. de esta providencia

42 Ibídem

43 Ibídem

44 Ibídem

45 M.P. Alfredo Beltrán Sierra

46 M.P. Mauricio González Cuervo

47 M.P. Fabio Morón Díaz

48 M.P. Álvaro Tafur Galvis

49 Artículo 37. Inhabilidades para ser alcalde. El artículo 95 de la Ley 136 de 1994, quedará así:
"Artículo 95. Inhabilidades para ser alcalde. No podrá ser inscrito como candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital:
1. Quien haya sido condenado en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones públicas.
(…)”

50 Sentencia C-952 de 2001 M.P. Álvaro Tafur Galvis: “La disposición acusada establece una regulación que persigue asegurar la transparencia en el ejercicio del cargo de alcalde municipal o distrital, mediante un mecanismo que es razonable y proporcionado con el fin perseguido, como es asegurar la idoneidad, moralidad y probidad de quienes lo desempeñen. Lo anterior, no sólo tiene como norte la generación de un ambiente de confianza y legitimidad con respecto del manejo de los asuntos de interés de la comunidad, sino que también pretende hacer efectivos los resultados propuestos en materia de la moralización del Estado colombiano, en términos que se ajustan a la Constitución y a la jurisprudencia referenciada”.

51 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra

52Sentencia C 431 de 2004. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Ver también sentencia C- 350 de 2009. M.P. María Victoria Calle Correa (S.V. Nilson Pinilla Pinilla, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub)

53 M.P. María Victoria Calle Correa

54“ The margin of appreciation is the discretion that a judicial body (in this case the Europeanb Court for Human Rights) acknowledges to the member States in assessing the prerequisites to apply certain measures. On the margin of appreciation doctrine see Howard Charles Yourow, The Margin of Appreciation Doctrine in the Dynamics of European Human Rights Jurisprudence (Kluwer 1996), and Yutaka Arai-Takahashi, The Margin of Appreciation Theory and the Principle of Proportionality in the Jurisprudence of the ECHR. (Intersentia 2002); in Italian doctrine see Rosario Sapienza, ‘Sulmargine d’apprezzamento statale nel sistema della Convenzione europea dei diritti dell’uomo’ [1991] Rivista di diritto internazionale 571. Citado por University Of Leicester School of Law Research Pape No. 14-02. “Public Morals and the ECHR. Roberto Perrone. University of Ferrrara”.

55 “La acción que se llevó a cabo en contra de la publicación del Schoolbook se inició con base en la Ley de 1959 referente a las publicaciones obscenas, y la cual fue enmendada por la de 1964 sobre el mismo tema (Leyes de 1959-1964).

En su petición a la Comisión, introducida el 13 de abril de 1972, el señor Handyside se quejaba de que las medidas tomadas por el Reino Unido contra el Schoolbook y contra él mismo, habían violado su libertad de pensamiento, de conciencia y de convicción (artículo 9 de la Convención), su libertad de expresión (art. 10) y su derecho al respeto de sus bienes (art.1 del Protocolo numero 1). Afirmaba también que a pesar de que lo dispuesto en el artículo 14 de la Convención, el Reino Unido no le había asegurado el disfrute de sus derechos sin discriminación, fundadas sobre sus opiniones políticas u otras y que las persecuciones llevadas a cabo contra él habían infringido el articulo 7 como también que el gobierno defensor había violado los artículos 1 y 13 de la Convención. El enumeraba entre otras las pérdidas que le habían causado las susodichas medidas, a saber 14.184 libros de pérdidas calculadas y algunos prejuicios no calculados.

El 4 de abril de 1974 la comisión se reunió para tratar el alegato relativo al artículo 10 de la Convención y del artículo 1 del Protocolo número 1 y definió por unanimidad de votos que ningún artículo había sido violado…
El demandante pretendía ser víctima de una violación del artículo 10 de la Convención en términos del cual:

`1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article (art. 10) n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.

2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire`:

`1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de frontera. El presente artículo (art.10) no impide a los Estados someter a las empresas de radiodifusión, de cine o de televisión a un régimen de autorizaciones.


2. El ejercicio de esas libertades comprenden las tareas y responsabilidades que pueden ser sometidas a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones, previstas por la ley, que constituyen medidas necesarias en una sociedad democrática, en la seguridad nacional, en la integridad territorial o en la seguridad pública, en defensa del orden y en la prevención del crimen, en la protección de la salud o de la moral, en la protección de la reputación o de derechos del prójimo, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad o la imparcialidad del poder judicial.`
Las diversas medidas incriminada y la condena penal infringida al demandante Richard Handyside, como el embargo, confiscación y destrucción de la matriz y de cientos de ejemplares del Schoolbook constituyeron sin duda, -y el gobierno no lo negó- `Injerencias de autoridades públicas`, en el ejercicio de la libertad de expresión del interesado, garantizada en el parágrafo 1 antes citado. Estas injerencias conllevan una violación del artículo 10 sólo si estas no se enmarcan en una de las excepciones de que trata el parágrafo 2.
Por su parte, la Comisión verificó que las injerencias de litigio respetaban la primera de las condiciones del parágrafo 2 del artículo 10 y de acuerdo al Gobierno y a la mayoría de la Comisión, estableció que éstas eran `necesarias, en una sociedad democrática`, para `la protección (...) de la moral`.
La Corte constata para empezar, con el Gobierno y la Comisión de manera unánime, que las leyes de 1959-1964 tienen un objetivo legítimo, en cuanto al artículo 10 parágrafo 2: La protección de la moral en una sociedad democrática, este último objetivo justifica el hecho de combatir las publicaciones `obscenas`, definidas por su tendencia a `depravar y a corromper`.”

56 Cour Européenne Des Droits De L`Homme. AFFAIRE HANDYSIDE c. ROYAUME-UNI (Requête no 5493/72), 7 Décembre 1976. Traducción libre.

57 SERNA, Pedro (Director), De la Argumentación Jurídica a la hermeneútica. Revisión Crítica de algunas teorías contemporáneas, Granada, 2005.

58 Corte Constitucional, sentencia C-350 de 2009. M.P. María Victoria Calle Correa.

59 Sentencias C-224 de 1994, C- 427 de 1994 y T-503 de 1994

60 Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, radicación número 23508, Acta 51, del 19 de mayo de 2005. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez.

61 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa

62 Sentencia C-371 de 2002

63 M.P. Eduardo López Villegas

64 Bajo esta misma línea argumentativa, la sentencia T-768 de 2008 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), analizó el caso de un trabajador que solicitó al juez de tutela la protección de sus derechos fundamentales a la intimidad, a la dignidad humana, al debido proceso y al trabajo en condiciones dignas y justas, en razón a que fue registrado en medios fílmicos sin su autorización en los que se grabó el momento en el que se besó con una trabajadora de la misma entidad en su hora de descanso, conducta que originó la terminación unilateral del contrato de trabajo por haber incurrido en acto inmoral.

Para la Sala Novena de Revisión “…en cuanto a la grabación de la conducta laboral del señor Mahecha Jiménez, registrada en uno de los dispositivos ubicados en la oficina donde aquel trabajaba, por fuera del sistema de monitoreo y no conocida por el actor, resultaba justificada, pues no puede pasarse por alto que el banco le había advertido que la cámara instalada en dicho lugar estaba siendo obstruida, impidiéndose registrar lo que sucedía en dicha área, con lo que se podían impedir las labores de seguridad y control. En efecto, la entidad accionada informó que el accionante `en reiteradas ocasiones y pese a las recomendaciones del Departamento de Seguridad del BANCO, obstruyó la cámara del circuito cerrado de televisión impidiendo registrar lo que sucedía en dicha área, situación que alertó a las directivas del Banco y como medida preventiva se coloca una cámara adicional, lo cual no implica que se deba pedir autorización a los empleados para efectos de preservar la seguridad, impedir un eventual hecho delictivo o confirmar una violación al reglamento de trabajo como efectivamente se constató en el presente caso`”.



Con respecto a la aplicación de la causal de terminación unilateral del contrato por haber cometido el trabajador ´acto inmoral´, sostuvo: “Al respecto considera la Corte, que la expresión acto inmoral o conducta inmoral es muy amplia y vaga adoleciendo de indeterminación y vulnerando de tal manera el principio de tipicidad. En efecto, no se consagra la determinación concreta de los comportamientos inmorales que pueden ser objeto de una justa causa de terminación del contrato por parte del banco, o los criterios objetivos para su determinación, permitiendo abarcar una gran cantidad y diversa de conductas o actos, que apreciables de manera subjetiva por el banco, pueden dar lugar a que se consideren inmorales con el fin de dar por terminada unilateralmente la relación laboral con justa causa, como aconteció en el caso concreto, en el que se consideró acto inmoral el besar apasionadamente a una compañera de trabajo, acto que por sí solo en las relaciones personales no tiene dicha connotación y menos con el alcance de ser el motivo para la terminación unilateral de la relación laboral.
Cabe recordar, que la jurisprudencia de esta corporación ha establecido, en relación con la tipicidad de faltas disciplinarias, que si bien ésta no comprende una descripción precisa y detallada de la conducta, como en el ámbito penal, y aunque los tipos en el derecho disciplinario son abiertos, sin embargo debe poderse establecer con claridad y de manera objetiva la conducta prohibida objeto de sanción”.

65 M.P. Clara Inés Vargas Hernández

66 M.P. Clara Inés Vargas Hernández

67 M.P. María Victoria Calle Correa. En este fallo se emitieron las siguientes órdenes: “(i)…el reintegro transitorio del señor Osvaldo Manuel Laborde Álvarez a un cargo en iguales o similares condiciones al que desempeñaba al momento de su despido. Dicho reintegro deberá producirse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia. El amparo cesará si en el término de cuatro (4) meses el actor no instaura la acción ordinaria ante el juez laboral para que se decida definitivamente la controversia; (ii) …cancelarle al señor Osvaldo Manuel Laborde Álvarez todos los salarios, prestaciones sociales y aportes a salud y pensiones a que tiene derecho, causadas a su favor entre el veinticinco (25) de febrero de dos mil trece (2013) y la fecha de reintegro, sumas que deberán cancelarse dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la notificación de esta sentencia y (iii) … modificar su Reglamento Interno de Trabajo con el ánimo de precisar de manera clara, expresa e inequívoca los comportamientos considerados como “inmorales” y catalogados como faltas disciplinarias graves, establecer las clases de faltas, los criterios para evaluar las conductas. Estableciendo un sistema que permita la clasificación de la falta y la graduación de la sanción…” (Subraya fuera de texto)

68“ Ver folio 22 del cuarto cuaderno”

69“ En respuesta al Auto de Pruebas que profirió la Corte Constitucional el veintiséis (26) de noviembre de dos mil trece (2013), Prodeco S.A. aportó copia de la Convención Colectiva de Trabajo fijada a través de laudo arbitral (folios 7 a 24 del cuarto cuaderno. La norma transcrita se encuentra específicamente en el folio 10)”

70 Ver sentencia C-350 de 2009 (M.P. María Victoria Calle Correa. SV. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Ignacio Pretelt y Nilson Pinilla Pinilla). En esa ocasión, se presentó acción de inconstitucionalidad contra el numeral 9° del artículo 35 del Código Disciplinario Único –Ley 734 de 2002–, por considerar que establecía una sanción con base en dos conceptos muy amplios, el de ‘moral’ y el de ‘buenas costumbres’, lo cual a su juicio conllevaba una violación constitucional de los principios de tipicidad y claridad al cual deben acogerse las normas sancionatorias. La Corte le dio la razón al demandante, tras sostener que la norma acusada contemplaba una prohibición disciplinaria con expresiones cuyo grado de indeterminación no es aceptable constitucionalmente.

71 Sentencia T-546 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa: “En cuanto a la forma como se debe llevar a cabo la terminación unilateral del contrato de trabajo, el empleador tiene diversas obligaciones. La primera de tales obligaciones consiste en manifestarle al trabajador los hechos por los cuales se va a dar por terminado el contrato, sin que le sea posible al empleador alegar hechos diferentes en un eventual proceso judicial posterior. Tal deber tiene, a su vez, dos propósitos fundamentales, por un lado, garantizarle al trabajador la oportunidad de defenderse de las imputaciones que se le hacen y, por otra, impedir que los empleadores despidan sin justa causa a sus trabajadores, alegando un motivo a posteriori, para evitar indemnizarlos”.

72 Ver sentencia C-299 de 1998. M.P. Carlos Gaviria Díaz.

73 Sentencia T- 546 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa

74 Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, radicado No. 36123, del 23 de febrero de 2010. M.P. Eduardo López Villegas.

75 Ibídem

76 Artículo 58, numeral 4 del Código Sustantivo del Trabajo.
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