John villamil casallas corte suprema de justicia sala de casaci



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TUTELA 26939

JOHN VILLAMIL CASALLAS



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrada Ponente

MARINA PULIDO DE BARON

Aprobado Acta No. 88


Bogotá D. C., agosto veintidós (22) de dos mil seis (2006).

VISTOS

Se pronuncia la Sala sobre la impugnación interpuesta por el doctor JOHN VILLAMIL CASALLAS, contra la sentencia proferida el 4 de julio de la presente anualidad por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante la cual le negó el amparo de sus derechos fundamentales al trabajo en condiciones justas, igualdad, libertad del ejercicio profesional y dignidad humana, presuntamente vulnerados por la Fiscalía General de la Nación, por razón de la prohibición de ingreso de “teléfonos celulares, radios, calculadoras digitales, palm pilot o cualquier otro accesorio electrónico” a las instalaciones de dicha entidad en la ciudad de Bogotá.


ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

El 12 de mayo de la presente anualidad, el abogado en mención elevó petición ante el Fiscal General de la Nación, con el objeto de que ordenara el levantamiento de la prohibición de ingresar a las instalaciones de dicha entidad, ubicadas en la Diagonal 22B # 52 – 10 de Bogotá, aparatos electrónicos como computador portátil y teléfono celular, entre otros, necesarios para el ejercicio de su profesión.


Mediante oficio del 16 de mayo de 2006, la Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigaciones - Sección de Seguridad a Servidores e Instalaciones -, respondió la petición explicando que dicha restricción obedece a la necesidad de minimizar los riesgos de acciones terroristas. Precisó también que correría traslado a la Oficina Jurídica de la entidad para que rindiera concepto al respecto.
El 29 de junio siguiente, la última dependencia en mención conceptuó que conforme al artículo 249 de la Constitución Política, la Fiscalía General de la Nación tiene autonomía administrativa, con fundamento en lo cual puede adoptar medidas tendientes a garantizar la debida prestación del servicio público de administración de justicia, una de las cuales está prevista en la Circular 004 del 13 de septiembre de 2005, disponiendo lo siguiente:
En atención a las medidas de seguridad que debemos observar para las instalaciones del Nivel Central de la Fiscalía General de la Nación, se reitera, que ningún visitante que ingrese puede portar teléfonos celulares, radios, calculadoras digitales, palm pilot o cualquier otro accesorio electrónico”.

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
El doctor JOHN VILLAMIL CASALLAS acude al recurso de amparo, aduciendo que la restricción reseñada vulnera los derechos invocados porque “no existe razonabilidad ni proporcionalidad en una prohibición de carácter general emitida sin sustento alguno objetivo, que permita afectar derechos particulares señalados como fundamentales en la Constitución”.
Por ello solicita se ordene al Fiscal General de la Nación levantar la prohibición genérica de ingreso de aparatos electrónicos a las instalaciones de le entidad que dirige, ubicadas en la ciudad de Bogotá.

TRÁMITE DE LA ACCIÓN

De conformidad con las previsiones del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, mediante auto del 14 de junio de la presente anualidad se admitió el libelo, ordenándose correr traslado a la autoridad accionada, para que ejerciera el derecho de contradicción.


Al dar respuesta a la demanda constitucional, la Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigaciones - Sección de Seguridad a Servidores e Instalaciones -, manifestó que la medida cuestionada se encamina a preservar la vida y la integridad de los usuarios y empleados de la Fiscalía General de la Nación.
Señaló que como la restricción está inspirada en razones de seguridad y cobija a todos los usuarios, no puede aducirse la vulneración de los derechos invocados por el accionante, en especial el de igualdad.

LA SENTENCIA IMPUGNADA


Mediante fallo proferido el 4 de julio de 2006, una Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad negó por improcedente la protección de los derechos fundamentales del abogado JOHN VILLAMIL CASALLAS, advirtiendo que el recurso de amparo no procede contra actos de carácter general, impersonal y abstracto.


Puntualizó que la tutela tampoco procede como mecanismo transitorio porque el actor no acreditó un perjuicio irremediable.

LA IMPUGNACIÓN

El accionante impugnó el fallo de primer grado advirtiendo que no resolvió el fondo de la cuestión planteada, porque la respuesta a la petición no precisó el sustento jurídico de la prohibición cuestionada.


Agregó que el perjuicio ocasionado con dicha medida consiste en que “cada día que pretendo ejercer mi profesión ingresando a las instalaciones de la Fiscalía se perpetúa la vulneración y allí se vuelve irremediable”.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1. De conformidad con la preceptiva del artículo 1, numeral 2 del Decreto 1382 del 12 de julio de 2000, es competente esta Sala para pronunciarse sobre la impugnación interpuesta, en tanto lo es en relación con la decisión adoptada por una Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, de la cual es su superior funcional, en actuación que comprende a la Fiscalía General de la Nación.


2. Es indiscutible que la demanda de tutela presentada por el abogado JOHN VILLAMIL CASALLAS se encamina a que se ordene al Fiscal General de la Nación, levantar la prohibición de ingreso de aparatos electrónicos a las instalaciones de la entidad que dirige, ubicadas en la Diagonal 22B # 52 – 10 de Bogotá.
3. En orden a resolver la impugnación del fallo de primer grado, se impone advertir que de conformidad con el artículo 6º, numeral 5° del Decreto 2591 de 1991, el recurso de amparo no procede contra “actos de carácter general, impersonal y abstracto”, como ocurre con la disposición contenida en la Circular 004 del 13 de septiembre de 2005, por medio del cual se dispuso:
En atención a las medidas de seguridad que debemos observar para las instalaciones del Nivel Central de la Fiscalía General de la Nación, se reitera, que ningún visitante que ingrese puede portar teléfonos celulares, radios, calculadoras digitales, palm pilot o cualquier otro accesorio electrónico”.

4. Sobre la causal de improcedencia en cuestión, la Corte Constitucional precisó en sentencia T – 1290 de 2000, lo siguiente:


Según el artículo 6, numeral 5, del Decreto 2591 de 1991, no cabe la acción de tutela contra actos de carácter general, impersonal y abstracto, y esta Corte ha expresado que tal improcedencia resulta apenas natural si se tiene en cuenta que respecto de ellos pueden ser intentadas las acciones que el ordenamiento jurídico contempla”.
5. La exclusión del amparo en situaciones como la aquí examinada, conforme ha sostenido la Sala en reiteradas oportunidades, se fundamenta en que el ordenamiento jurídico prevé mecanismos especiales para cuestionar los actos jurídicos de contenido general, impersonal y abstracto, cuando derivan en la vulneración o puesta en peligro de los derechos fundamentales, esto es, la acción de inconstitucionalidad contra las leyes, o las acciones de nulidad contra los actos administrativos, mediante los cuales también es posible restablecer el imperio del derecho.
En efecto, si el accionante está interesado en debatir el contenido de la Circular 004 del 13 de septiembre de 2005, nada más adecuado que puntualizar que dicha norma es un acto administrativo susceptible de ser controvertido en su legalidad por vía de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Por lo anterior, puede afirmarse la probada existencia de un mecanismo alterno de protección a las garantías pretendidamente quebrantadas, razón adicional para descartar la procedencia de la acción de tutela, que como mecanismo de excepcional reconocimiento únicamente procede frente a situaciones de inmediatez y urgencia que aconsejen el amparo con la celeridad que la amenaza o vulneración lo aconsejen.
6. Con relación al argumento conforme al cual la prohibición de ingresar aparatos electrónicos a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación le ocasiona un perjuicio irremediable, impera precisar que dicha circunstancia no pasa de ser una simple mención del accionante, sin demostración en el expediente constitucional, por lo cual el mecanismo de amparo en punto de los derechos fundamentales invocados, tampoco procede de forma transitoria.
Lo dicho en precedencia constituye razón suficiente para que la Sala confirme la decisión impugnada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,




RESUELVE:



1. CONFIRMAR el fallo impugnado, por las razones consignadas en la anterior motivación.
2. NOTIFICAR de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

3. REMITIR las diligencias a la Corte Constitucional para la eventual revisión de esta sentencia.
Cúmplase.

MAURO SOLARTE PORTILLA


SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ ALFREDO GÓMEZ QUINTERO

ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN MARINA PULIDO DE BARÓN

JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS YESID RAMÍREZ BASTIDAS


JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA JAVIER ZAPATA ORTIZ


TERESA RUIZ NÚÑEZ

Secretaria


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