Jairo antonio quintero corte suprema de justicia sala de casaci



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Tutela Impugnación 37877

JAIRO ANTONIO QUINTERO


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS No. 1


MAGISTRADO PONENTE

AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN


APROBADO ACTA No. 228

Bogotá, D. C., catorce (14) de agosto del dos mil ocho (2008).



ASUNTO

Se resuelve la impugnación formulada, por el señor Jairo Antonio Quintero, contra el fallo del 17 de junio del año en curso, mediante el cual la Sala de Conjueces del Tribunal Superior de Cúcuta negó la tutela interpuesta contra la Presidencia de la República y los Ministerios del Interior y de Justicia, Hacienda y Departamento Administrativo de la Función Pública.



ANTECEDENTES



1. Los hechos.
El actor actualmente se encuentra jubilado como Asistente Judicial I de la Fiscalía Seccional de Ocaña.
La Ley 4 de 1992 dispuso que el Gobierno Nacional debía revisar el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial, para una nivelación con criterios de equidad. En consecuencia se expidió el Decreto 610 de 1998, que niveló solo a una parte de los funcionarios, violando el artículo 13 de la Constitución Política.

Solicita se ordene a la Presidencia de la República modificar, corregir o adicionar el decreto 610 de 1998, de tal forma, que se incluya el cargo desempeñado por el accionante, así como, todos los demás de la Rama Judicial.


2. La respuesta.
2.1. Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
Expuso que no es la Presidencia de la República el órgano competente para realizar lo pretendido por el actor, porque no ostenta competencia funcional para la protección de los derechos a la igualdad y el trabajo en condiciones de justicia y equidad, la tarea reservada es la jurisdicción de lo contencioso administrativa, previo agotamiento de la vía gubernativa.
2.2. Ministerio del Interior y de Justicia
Estima que la tutela es improcedente, por cuanto el actor cuenta con otros mecanismos de defensa judicial y no se evidencia que con la presunta violación de sus derechos, este sufriendo un perjuicio irremediable.

2.3. Departamento Administrativo de la Función Pública
Afirma que la acción de tutela no esta llamada a prosperar, dado que no es el mecanismo idóneo para cuestionar la legalidad del Decreto 610 de 1998.

LA SENTENCIA IMPUGNADA

La Sala de Conjueces del Tribunal Superior de Cúcuta negó el amparo solicitado, pues existe otro medio de defensa judicial ante la jurisdicción de lo contencioso administrativa para la protección de los derechos invocados. Tampoco advirtió la existencia de un perjuicio irremediable que habilite la intervención del juez constitucional y, en todo caso es improcedente, puesto que se ataca en acto de carácter general, impersonal y abstracto.



IMPUGNACIÓN

En la diligencia de notificación, el actor manifestó su deseo de impugnar la decisión, pero no expresó razón adicional.



CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico a resolver.


Corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela propuesta es procedente para proteger el derecho fundamental a la igualdad del accionante, presuntamente conculcado con la expedición del Decreto 610 de 1998.
2. Improcedencia de la tutela frente a actos de carácter general y abstracto. Inexistencia de violación del derecho a la igualdad
2.1. La viabilidad de la acción de tutela, como procedimiento preferente y sumario, está atada a que en el ordenamiento jurídico no exista otro mecanismo de defensa ordinario, salvo que lo pretendido sea evitar un perjuicio irremediable1, evento en el cual se concede como mecanismo transitorio.
Fundamentalmente la acción se caracteriza por la subsidiariedad y la inmediatez. El primer aspecto por cuanto tan solo resulta procedente instaurarla cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, a no ser que lo pretendido sea evitar un perjuicio irremediable. En cuanto al segundo, toda vez que no se trata de un proceso sino de un remedio de aplicación urgente que se hace preciso administrar en guarda de la efectividad concreta y actual del derecho sujeto a violación o amenaza.
No ha sido concebida para sustituir a los jueces ordinarios ni como mecanismo supletorio o alternativo del procedimiento ordinario. Tampoco, obviamente, para convertirse en dispositivo salvador cuando dentro del procedimiento ordinario no se han agotado todos los trámites procesales previstos.
Es claro, entonces, que no es una vía de defensa de la Constitución en abstracto, es decir, no tiene un fin general y menos puede dirigirse contra un acto de carácter general y abstracto, pues para ello la Constitución y la ley contemplan otros mecanismos judiciales de defensa.
2.2. Si bien el accionante no pretende que el juez constitucional derogue el Decreto 610 de 1998, sí busca que disponga su revisión para que sea incluido dentro de los beneficiarios de la bonificación allí creada, para así hacer efectivo su derecho a la igualdad. En ese sentido, su pretensión real es que se ordene la expedición de un nuevo decreto que lo cobije.
Ya la Corte Constitucional ha sostenido que la tutela es improcedente para lograr los fines buscados en esta ocasión, y al respecto ha manifestado:
“Ahora bien, a efectos de cuestionar judicialmente actos generales, impersonales y abstractos como los involucrados en la presente acción de tutela, el ordenamiento jurídico prevé otro tipo de acciones y, de manera específica, la de nulidad establecida en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo en contra de actos administrativos. Siendo así, los actores bien pueden emplear este mecanismo a fin de plantear su controversia ante la respectiva jurisdicción y de dar lugar a un proceso en el cual se surta, con todas las formalidades, el debate de un asunto cuyas complejas connotaciones escapan al procedimiento propio de la acción de tutela, caracterizado por su informalidad.
Se configura, entonces, una causal más de improcedencia de la tutela, pues el mecanismo contemplado en el artículo 86 de la Constitución es de índole subsidiaria y residual, “por lo que no se trata de un mecanismo alternativo, ni supletivo o sustitutivo de los medios judiciales ordinarios o especiales establecidos en el ordenamiento jurídico”. Según el artículo 6º, numeral 1º, del Decreto 2591 de 1991, “la existencia de otros recursos o medios de defensa judiciales”, como para el caso sería la mencionada acción de nulidad, enerva la procedencia de la acción de tutela, dado que existe la posibilidad de procurar la protección pedida en su sede natural y en ejercicio de la acción pertinente”2.
Así mismo, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la tutela no es viable para ordenar reajustes salariales toda vez que el juez del amparo no puede sustituir al Gobierno Nacional en su gestión de formular y aplicar la política fiscal del Estado3, y una orden en ese sentido comportaría desbordamiento del marco de competencias fijadas.
Por último, la Sala debe destacar que tampoco existe violación del derecho a la igualdad porque el actor pretende equipararse salarialmente con funcionarios que desempeñan cargos y funciones distintas, lo que impide realizar juicio de igualdad al no existir término de comparación.
Por las razones precedentes, se confirmará el fallo recurrido.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de Tutelas Nº 1 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE




Primero. Confirmar la sentencia impugnada.
Segundo. Disponer el envío de las diligencias a la Corte Constitucional, para la eventual revisión de los fallos proferidos.


NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN

Magistrado

SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ


ALFREDO GÓMEZ QUINTERO

Magistrado

Magistrado

TERESA RUIZ NÚÑEZ


Secretaria

1 Artículo 86, inciso 3º, de la Constitución Política.

2 Sentencia T-645 del 8 de agosto de 2006. En esa ocasión se resolvió una tutela interpuesta por empleados de la Rama Judicial que se encontraban inconformes con la expedición del Decreto 3131 de 2005, que creó una bonificación para jueces y fiscales, y los actores no fueron beneficiarios. También puede consultarse la Sentencia T-1497 del 2 de noviembre de 2000.

3 Sentencia SU-1052 del 10 de agosto de 2000.







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