IV: las teorias de la soberania popular y de la soberania nacional



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IV: LAS TEORIAS DE LA SOBERANIA POPULAR Y DE LA SOBERANIA NACIONAL

 

Para entender cabalmente el significado del moderno Es­tado representativo tenemos que ahondar un poco en las teo­rías de lla soberanía popular y de la soberanía nacional.

 

1.- La teoría de la soberanía popular

 

Esta teoría encuentra asidero en el pensamiento de Rousseau.. Según el autor ginebrino la soberanía, en cuanto ejercicio de la voluntad general, jamás puede enajenarse y el soberano, en cuanto ser colectivo, no puede representarse más que por sí mismo. Puede transmitirse el poder, pero no la voluntad. Aunque es cierto que una voluntad particular puede, a veces, concordar sobre algún punto con la voluntad general, es imposible que tal acuerdo sea duradero y constan­te, pues la voluntad particular tiende, por naturaleza, a sus preferenccias, y la voluntad general a la igualdad. Es imposi­ble que se dé un garantizador de este acuerdo que exista permanentemente. El soberano puede decir: quiero lo que ahora quiere tal hombre o, al menos, lo que él dice que quiere; pero no puede afirmar que lo querrá mañana o lo que querrá siempre, pues es absurdo que la voluntad se encadene en el futuro. No depende de ninguna voluntad consentir a nada contrario al bien del ser que quiere. Si el pueblo promete obedecer simplemente, se disuelve por este acto, pierde su cualidad de pueblo; desde el momento que hay un amo y ya no existe el soberano y entonces se destruye el cuerpo político.

Por consiguiente, no pueden admitirse diputados, sino comi­sionados. Es decir, la configuración russoniana de la sociedad se caracteriza porque sólo existe un conjunto de ciudadanos, de manera que a cada uno de ellos le corresponde una parte alícuota de la soberanía. O sea que ésta se concibe por Rosseau como la suma de fracciones de soberanía que corresponden a cada ciudadano. A partir de aquí se deduce que el sufragio es un derecho pre-estatal, innato a la personalidad. Por eso, el derecho al voto no se le puede quitar a los ciudadanos.  

Como consecuencia lógica de lo anterior, la teoría de la soberanía popular desemboca en el mandato imperativo, pues la voluntad general no admite límites. Por otra parte, según Rousseau, es necesariio un cuerpo político fluido, pero continuo, lo que implica la condenación de los grupos políti­cos. La selección de los gobernantes debe hacerse ajustándose al principio de identidad con los gobernados; por consiguien­te, el mandato debe ser imperativo y los elegidos son simples comisionados de sus electores (LUCAS VERDÚ).

 

Esta concepción de la soberanía popular lógicamente es contraria al sistema de gobierno representativo.

 

2-. La teoría de la soberanía nacional

 

El gran teórico de la soberanía nacional es Siéyes. Según este autor, la soberanía no recae en los sujetos que componen la colectividad aisladamente considerados, sino en la nación en su conjunto. Nadie, en consecuencia, tiene derecho a ejercitar individualmente ninguna función soberana.

 

Dado que la nación es un ente abstracto que no puede decidir por sí mismo y actúa a través de representantes, éstos, que no son soberanos -porque soberana es sólo la nación­lo que sí hacen es expresar, operando libremente, la voluntad de la nación (PEDRO DE VEGA) De lo anterior se derivan dos consecuencias inmediatas: los diputados dejan de representar al grupo que los elige para convertirse automáticamente en representantes de la nación entera y, en segundo lugar, que su mandato, por vincularse directamente a la nación, y no a las personas o grupos que realizan la elección, no puede en ningún caso ser revocado por éstos (CARRE DE MALBERG).



 

Por consiguiente, los modernos rasgos del mandato re­presentattivo son los siguientes:

 

a). El representante representa a todo el cuerpo político y no a grupos del mismo.

 

b). No existe poder ni instrucciones que vinculen, de nin­gún modo, la actuación del representante; éste ostenta una competencia universal y obra por el bien público según su leal saber y entender; consecuentemente, no puede seer revocado por incumplimiento de unas ins­trucciones que no existen y >la única sanción que podría serle impuesta es la no reelección. Por tanto, la duración de su mandato es la fijada por la Ley y no depende de la voluntad de sus electores.

 

c. Las Asambleas, integradas por tales representantes, cons­tituyen órganos colegiados con fines generales y que pueden desarrollar una labor de carácter decisorio y, en concreto, ostentan potestades, como la legislativa ola financiera, que exigen la capacidad de obrar con fines

generales (REMEDIOS SÁNCHEZ).

 

V. TEORIAS SOBRE LA FUNDAMENTACION DEL MANDATO REPRESENTATIVO

Uno de los principales problemas que plantea la teoría del mandato representativo es determinar la naturaleza del vínculo entre el representante y el representado, lo que quedaba perfectamente resuelto en el mandato imperativo.

 

En general puede hablarse de tres teorías sobre el particu­lar: 1) la inglesa; 2) la francesa; 3) la del órgano.

 

1.- La teoría inglesa



 

Según los ingleses en el mandato representativo no caben las instrucciones porque la relación que une al representante con sus representados es el otorgamiento de la más ampllia confianza. Es decir, se trata de lo que el Derecho anglosajón denomina una relación de "trustee".

 

2.- La teoría francesa

 

Ya hemos visto que ésta proviene de Siéyes, aunque tal vez su antecedente lo sea Montesquieu, quien, en " El Espíritu de las Leyes", defiende la idea de mandatos muy generales para dar libertad a los representantes. La teoría se fundamen­ta en los siguientes principios: i. La ley es la expresión de la voluntad general, que es una e indivisible; ii. La unidad e indivisibbilidad de la soberanía nacional exige que los repre­sentantes sean de la nación en conjunto y no de los electores concretos; iii. La nación no puede querer ni actuar por sí misma, sino a través de sus representantes. Por ello quedan prohibidas las instrucciones y la revocación de los represen­tantes.

 

3.- La teoría alemana.
Los cultores de la Teoría General del Estado alemana elaboraron la del órgano, que posteriormente fue adoptada también por algunos franceses, tales como Hauriou, Carré de Malberg y Orlando en Italia Según esta doctrina no existe dualidad entre representan­te y representado, pues sólo existe una sola voluntad, ya que la de uno vale por la del otro. El representante, en consecuen­cia, es un órgano del representado, es decir, del pueblo, y éste no puede expresar su voluntad más que a través de su órgano, tal y como ocurre con las personas colectivas en el ámbito del Derecho Privado.

 

VI.- CONFIGURACION JURÍDICA DE LA REPRESSENTACION POLITICA

 

1.- Las características, de la representación en el Derecho Privado

 

Dentro del ámbito del Derecho Privado, la representación es un instituto por medio del cual el representante, investido del podeer adecuado, sustituye al representado en el desarro­llo de una actividad jurídica. Es decir, en este caso se da una representación de voluntades que tiene por objeto tratar con terceros de los asuntos propios del representado, basado en el poder de actuación que este último le ha conferido al repre­sentante.

 

Por ello la representación en el ámbito del Dercho Priva­do se resuelve en una relación tripartita: a) representante; b) representado y c) el tercero con quien entra en contacto el representante. Se caracteriza, como es bien sabido, por la sustitución de la voluntad del representante a la del represen­tado, con el efecto jurídico de que, frente al tercero, la decisión del representante se considera y presume como si fuese expresión de la voluntad del representado. Inclusive, el ordenamiento va más allá a imputar a la esfera jurídica del representado, los actos o contratos que, a su nombre y en el ejercicio del respectivo mandato, ejercite el representan­te..-
De lo dicho se puede concluir que la representación en Derecho privado presenta las siguientes características pro­pias: a) el representante se debe mantener estrechamente uni­do a la voluntad del representado; b) el representante tiene la obligación de actuar dentro de los límites del poder y del mandato recibido; c) caso de que el mandatario se aparte de las instrucciones del mandante, éste tiene la facultad de revo­car el mandato y de exigirle responsabilidad; d) los actos y contratos que realice el apoderado a nombre de su poderdante se imputan a la esfera jurídica del mandante y no del manda­tario.

 

2.- Las características de la representación en el Derecho Público

 

En el ámbito del Derecho Público, en cambio, la reprssen­tación presenta algunas notas que la diferencian sustancial­mente de la representación del Derecho Privado.

 

Según un autor italiano en la representación política se presentan las siguientes características que no aparecen en el contrato de mandato del Derecho Privado:

a) irrevocabilidad del mandato jurídico;

b) prohibición del mandato imperati­vo;

c) irresponsabilidad de los elegidos (mandatarios) respec­to de los electores (mandantes);

d) no limitación del mandato político mientras en el mandato iusprivatista el mandatario encuentra límites y si los rebasa opera bajo su responsabili­dad personal sin obligar al mandante;

e) el hecho de que en casi todas las Constituciones se prescribe que los diputados no representan sólo al colegio en que son elegidos, sino, en general, a la Nación (o al pueblo entero, como más concreta­mente se lee en alguna Constitución);

f) la investidura parla­mentaria dura, según ley, cierto número de años, prescin­diendo de la voluntad de los electores y de los cambios de opinión que puedan darse en el curso de la legislatura;

g) en la representación política no existe y no se presume que se dé en el representado una voluntad igual a la del representante. Es decir, no se da una sustitución de una voluntad por otra;

h) en la representación política no vale el principio que impone al representante actuar en los límites del mandato. En la re­presentación política existe una discrecionalidad;

i) en la re­presentación política no funciona la relación trilateral, por­que no puede considerarse al Estado como tercero respecto a los órganos representativos (Foderaro).
En síntesis, en el ámbito del Derecho Privado se represen­tan voluntades, en tanto que en la representación política se representan intereses. De ahí su distinta naturaleza jurídica y el consiguiente diverso tratamiento que ambos institutos reciben en los ordenamientos modernos.

VII.-- REPRESENTACION Y DEMOCRACIA

 

Los revolucionarios franceses tuvieron muy clara la dis­tinción entre democracia y gobierno representativo.

 

El propio Montesquieu decía que "La gran ventaja de los representantes es que son capaces de discutir los asuntos. El pueblo en modo alguno lo es, lo que constituye uno de los graves inconvenientes de la democracia  por eso el pueblo no debe entrar en el gobierno más que para elegir a sus representantes, lo que está muy a su alcance, pero la facultad legislativa será confiada al cuerpo que se elija para represen­tar al pueblo".

 

Siéyes,, por su parte, decía que "Los ciudadanos pueden dar su confianza a alguno de ellos. Para la utilidad común designan representantes mucho más capaces que ellos mis­mos de conocer el interés general y de interpretar su voluntad a ese respecto. La otra manera de ejercer el derecho a la formación de la leyes concurrir uno mismo inmediatamente para hacerla. Este concurso inmediato es lo que caracteriza a >la verdadera democracia. El concurso mediato designa al go­bierno representativo. La diferencia entre estos dos sistemas políticos es enorme".

 

De esta forma los revolucionarios franceses conciben una noción de representación que se aparta de aquellas caracterís­ticas del Derecho Privado. Dentro de esta misma óptica y dado que a los representantes corresponde expresar los inte­reses y valores colectivos de la razón y la justicia, la prohibi­ción del mandato imperativo surge como la más urgente e imperiosa necesidad del sistema (Pedro de Vega).
Durante algún tiempo la burguesía mantuvo la creencia en determinados valores sociales colectivos y en unos intere­ses comunes de la nación. Esta concepción lograba su plena expresión a través de la teoría de la representación, pues por medio de ella se acrisolaba la unidad política ideal de la na­ción o del pueblo.

 

Es decir, como dice Pedro de Vega, "Cuando la represen­tación se entiende como expresión de la unidad política ideal de la nación o del pueblo es cuando el concepto de represen­tación se vincula al concepto burgués de opinión pública. La representación burguesa no será otra cosa que la traducción a nivel político y parlamentario de la opinión pública burgue­sa concebida como producto de la discusión entre particula­res en el seno de la sociedad. Por eso advierte Schmitt con razón "que la representación no puede tener lugar más que en la esfera de lo público" y "que un Parlamento no tiene carácter representativo sólo en tanto que existe la creencia de que su actividad propia está en la publicidad". Se explicaría en su significación histórico-política más relevante la prohibición del mandato imperativo. Si la opinión pública burguesa exige para su formación la discusión libre entre particulares a nivel social, carecería de sentido que el Parlamento, en cuanto lugar de discusión y de formación de la opinión pública, no otorgara libertad (mandato representativo) a sus diputados. En este sentido, más que un privilegio del parlamentario lo que el mandato representativo implica es la no privación de un derecho (la libertad de expresarse y discutir) a los repre­sentantes que se presume en cualquier ciudadano".

 

La convergencia entre la sociedad civil y el Estado no pu­do sostenerse por mucho tiempo, puesto que las desigualda­des provenientes de la sociedad civil se fueron haciendo cada vez más patentes ante la pasividad del Estado por corregirlas.

 

La imagen idílica del Estado, donde todos actúan en pro­cura del bienestar común, poco a poco es sustituida por la de sociedad real, donde existe una pluralidad de intereses socia­les, económicos y políticos contrapuestos.

 

Es entonces, en este momento histórico, cuando los teóri­cos y políticos tratan de resolver los desajustes y desarreglos que se producen en la sociedad civil, lo cual incide directa­mente sobre las concepciones hasta ese momento sostenidas respecto del sufragio y de la representación política.

 

Recordemos que, hasta ese momento, las diferentes legis­laciones habían introducido limitaciones al derecho del su­fragio, en razón de que a éste último se lo conceptuaba no co­mo un derecho sino como una función, cuyo único titular era la nación. En efecto, si la nación era la única titular de la re­presentación política, lógicamente era ella la que tenía la fa­cultad jurídica de otorgarle el título de electores a los ciuda­danos que ella misma designaba.
Al quebrarse para siempre la concepción del pueblo o de la nación como unidad y habiendo surgido intereses antagó­nicos en el seno de la sociedad civil, no existe ya razón alguna para negarle a ningún grupo de ciudadanos el derecho al sufragio en nombre de una unidad o de un interés común inexistente. Es decir, la extensión y universalización del su­fragio constituyen la respuesta jurídica a una ficción que históricamente había perdido todo sentido (BURDEAU).

 

Paralelamente a las reformas electorales francesa e ingle­sa, mediante las cuales se amplía el sufragio a todas las capas de la sociedad, hace aparición en la escena política una ins­titución sin la cual la democracia moderna no se entendería: los partidos políticos.

 

Recordemos que la Revolución Francesa había suprimido el sistema de corporaciones y estamentos que prevaleció durante el Ancien Régime y que constituyó fuente inagotable de privilegios. Con la "Ley Chapelier" de 1791 desaparecie­ron también todas las agrupaciones intermedias, por lo que la relación representativa se producía directamente entre la nación y los representantes.

 

Al quebrarse la estructura homogénea de la sociedad civil y aflorar toda una gama contradictoria de intereses de muy diversa índole, éstos últimos comienzan a canalizarse en el ámbito político, por medio de los partidos políticos.

 

La vocación democratizadora de la sociedad se tradujo, en el plano jurídico-político, en la generalización del sufragio y en la creación de partidos políticos, que vinieron a servir como portadores de los diferentes intereses sociales existen­tes. Por ello se ha afirmado, con justa razón, que los partidos políticos han venido a servir como correctivo entre la separa­ción tradicional que existía entre el representante y los grupos sociales a quienes realmente debería representar. La repre­sentación aparece, entonces, como una decisiva rectificación de la democracia (BURDEAU).

 

Modernamente, sin embargo, el problema no ha sido re­suelto, pues aunque la mayoría de los ordenamientos jurídicos ha constitucionalizado los partidos políticos, paralela­mente sigue manteniendo, a nivel constitucional, el principio del mandato representativo.

 

Verbigracia, el artículo 98 de nuestra Constitución consa­gra el derecho a la formación de partidos políticos, en tanto que los artículos 2, 105, 106 y 130 ibídem, consagran el prin­cipio del mandato representativo. La contradicción no puede ser más evidente.

 

En otros términos, el problema de la confrontación entre realidad política y realidad jurídica, antes de resolverse, adquiere nuevas dimensiones y perspectivas que no pueden ser objeto de análisis en esta sede..-
Fin del extracto.-


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