Iniciativa de ley



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Propuesta de iniciativa de ley de Participación Ciudadana para el Estado de Jalisco



Presentada por los ciudadanos que integramos el Congreso de Ciudadano de Jalisco

INICIATIVA DE LEY

Presentamos la siguiente Iniciativa de Ley que reforma los artículos 4, 11, 12, 28, 34, 47, 70, 78 y 84 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, expide la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco y deroga los artículos 385 al 445 del Código Electoral y de Participación Ciudadana, de con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Prevengo al lector que hablo aquí de un gobierno

que sigue las voluntades reales del pueblo, y no de

un gobierno que se limita solamente a mandar

en nombre del pueblo.

Alexis de Tocqueville, 1835.

Debe haber alguna manera, alguna fórmula,

que abra los oídos y desate las lenguas.

Octavio Paz, 1941.

PRIMERO.- La transformación del sistema político y de las relaciones entre la sociedad y el Estado, es una de las grandes asignaturas pendientes en nuestro país. La construcción de canales de participación, de vínculos de comunicación y de relaciones de interacción y corresponsabilidad entre los ciudadanos y los gobiernos son algunas de las demandas más sólidas de la sociedad civil mexicana.

La necesidad de construir espacios de participación ciudadana y de abrir las puertas de la toma de decisiones públicas, constituye el reflejo de un modelo de gobierno que no ha sabido responderle a los ciudadanos, que no ha logrado incluir sus voces en la configuración política, que no ha logrado representar de manera adecuada los intereses, necesidades y exigencias de la gente.

Frente al descrédito de la política y los políticos, los ciudadanos han construido sus propios espacios de participación, buscando abrir las puertas de las instituciones e intentando cambiar el rumbo de las decisiones. Es así que México ha atestiguado momentos históricos de despertar ciudadano, como la respuesta a la falta de atención de las autoridades ante el terremoto de 1985 en la Ciudad de México, como la crítica y la movilización social pacífica después de las elecciones cuestionadas de 1988, o más recientemente con los diversos movimientos sociales que han hecho un llamado a anular el voto y a abrir la toma de decisiones públicas.

La participación de los ciudadanos en la política no es desconocida en nuestro país y en nuestro estado; al contrario, ha sido una larga lucha que han dado miles de hombres y mujeres para sacudir la vida pública, para buscar transformaciones institucionales y para modificar la dinámica política. Estas batallas reflejan la determinación de los ciudadanos para participar en la política, para hablar y para hacer efectivas sus demandas.

Es por ello que Alexis de Tocqueville señalaba en su obra La democracia en América, “que el gobierno de la democracia, debe, a la larga, aumentar las fuerzas reales de la sociedad”. [1]

Para construir una concepción apropiada de la participación ciudadana tenemos que partir del principio constitucional que recoge la soberanía del ciudadano. El artículo 39 de la Carta Magna señala que:

La soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno.

De lo anterior se desprende que los dispositivos legales deben avanzar hacia una mayor inclusión y reconocimiento de la participación de los ciudadanos en la vida pública.

SEGUNDO.- La participación de los ciudadanos en la política requiere de una base institucional sólida, que modifique la lógica de la toma de decisiones y que vaya más allá de la participación en elecciones periódicas. El voto en elecciones democráticas no es el fin de la participación ciudadana, ni puede ser el único medio que tengan los ciudadanos para intervenir en la toma de decisiones. Amartya Sen ha señalado lo siguiente al respecto:

En realidad, el voto es sólo un medio (aunque ciertamente un medio muy importante) para hacer efectivo el debate público, siempre y cuando la oportunidad de votar se combine con la oportunidad de hablar y escuchar sin temor alguno. La fuerza y el alcance de las elecciones dependen en gran medida de la posibilidad del debate público abierto. [2]

Resulta incuestionable entender el sistema democrático como un conjunto de instituciones, normas y procedimientos que permiten la participación más amplia y directa de los ciudadanos. La participación en lo público constituye la esencia de la democracia, y por ello es indiscutible la necesidad de consolidar mecanismos efectivos de participación ciudadana, que vayan más allá de los procedimientos electorales.

El politólogo Robert Dahl, acuñaría el término de “poliarquía” para referirse a la forma de organización política “relativamente democrática”, en donde las dos principales dimensiones son, por un lado, la liberalización del debate público a través del goce de derechos y libertades, y por otro lado, el derecho a participar en ese debate público. Una poliarquía, de acuerdo con Robert Dahl, debe ser un régimen representativo, pero al mismo tiempo altamente abierto al debate público y a la participación. [3] Mientras mayor sea el grado de apertura del debate público y de la participación ciudadana, mayor será el grado de democratización de un sistema de gobierno.

Bajo esta misma premisa, autores como Cornelius Castoriadis han distinguido entre la democracia como procedimiento y la democracia como régimen, resaltando los aspectos sustantivos y los fines de este sistema de gobierno:

Considerar a la política como un trabajo que toca a todos los miembros de la colectividad de que se trata, que presupone la igualdad de todos y que apunta a hacerla efectiva […]. Podemos entonces definir a la política como una actividad explícita y lúcida que atañe a la instauración de las instituciones que se desean, y a la democracia como el régimen de auto-institución explícito y lúcido, -tanto como sea posible-, de las instituciones sociales que dependen de una actividad colectiva explícita.[4]

La democracia como régimen, señala el mismo autor, implica “la posibilidad efectiva y equitativa” de participar, con todas las consecuencias que ello implica, desde las transformaciones institucionales y procedimentales necesarias, hasta las implicaciones en la organización de la sociedad.

Esta serie de premisas nos llevan a considerar al sistema democrático como un régimen que debe transitar hacia la más amplia apertura institucional, hacia los senderos del debate público abierto, libre y crítico, y hacia las formas de organización y participación directas de parte de los ciudadanos.

TERCERO.- La participación ciudadana y la necesidad de construir mecanismos para hacerla efectiva encuentra dos orígenes: en primer lugar, la concepción misma del régimen democrático, entendido más que como un conjunto de normas y procedimientos, como un espacio para la más amplia, libre y autónoma participación de los individuos en lo público. En segundo lugar, la necesidad de impulsar la participación ciudadana, encuentra como causa las deficiencias y limitaciones de nuestros sistemas de gobierno, en donde en muchos casos, se encuentra cancelada la posibilidad de participar en lo público y en donde las características mismas del sistema, alejan a los ciudadanos de la política.

En ese contexto es que han surgido diversos movimientos sociales que abogan por ampliar los canales de participación ciudadana y por construir mecanismos de inclusión y deliberación pública. Es así que en nuestro país se han consolidado una serie de demandas, por ejemplo, para formalizar la figura de las candidaturas independientes, ampliar los mecanismos de participación ciudadana directa y desarrollar herramientas de rendición de cuentas, deliberación y corresponsabilidad entre los ciudadanos y las autoridades.

Esta serie de demandas se amparan en las concepciones mismas de la democracia como sistema de gobierno. En 1970, Robert Dahl, señaló que “son democracias todos los regímenes que se distinguen por la garantía real de la más amplia participación política de la población adulta femenina y masculina, y por la posibilidad de disenso y oposición”. [5] En este sentido, democracia es mucho más que procesos electorales, ya que implica la más amplia participación política, y la posibilidad de criticar, cuestionar y pensar diferente en la esfera pública.

De acuerdo con el mismo autor, un sistema democrático debe contemplar los siguientes elementos: 1) participación efectiva, entendida como la oportunidad garantizada para intervenir en la esfera pública; 2) igualdad de voto; 3) comprensión ilustrada, que consiste en iguales oportunidades para conocer todas las alternativas y proposiciones; 4) control de la agenda, resumido como la facultad que tienen los miembros de la comunidad democrática para introducir cambios, y 5) inclusión de los adultos, entendido como la garantía de todos los anteriores derechos a los residentes permanentes de una comunidad.[6]

De lo anterior se desprende que los instrumentos de participación ciudadana, deliberación e inclusión pública, resultan fundamentales para construir y consolidar un sistema democrático. La participación de los ciudadanos en la vida pública constituye la esencia misma de la democracia y representa una aspiración sustantiva del sistema mismo.

La democracia no puede reducirse a la construcción de instituciones gubernamentales con poder limitado, ni puede evitar que los ciudadanos practiquen y pongan en marcha las instituciones más elementales de participación, deliberación e inclusión.

Es por ello que el académico Alain Touraine identificó tres dimensiones de la democracia moderna: el respeto a los derechos fundamentales, la representatividad y la ciudadanía, entendiendo esta última como la construcción de espacios equitativos para la participación y la deliberación. [7] De esta manera, la democracia no puede ser entendida sin instrumentos, mecanismos y procedimientos de participación ciudadana directa.

Estas dimensiones son complementarias y deben acompañarse mutuamente en el proceso de consolidación democrática. Tal y como lo ha señalado Norberto Bobbio, la representatividad y la participación directa, no son intercambiables ni se sustituyen, sino que deben ampliarse constantemente. Bobbio se pregunta si “¿es posible la sobrevivencia de un Estado democrático en una sociedad no democrática?”, ya que una cosa es la construcción de instituciones y procedimientos democráticos, pero otra cosa es la ampliación de los espacios para la participación de los ciudadanos. Una vez conquistado el sufragio universal, lo que sigue ya no es la pregunta de ¿cuántos y quiénes votan?, sino ¿dónde y cómo?, ¿en qué espacios de la sociedad se participa? [8]

Todo lo anterior nos lleva a entender que la democracia sólo es tal si los ciudadanos tienen el poder efectivo de participar políticamente dentro de su comunidad, es decir, la democracia sólo existe cuando se propician y realmente se sientan las condiciones para que los ciudadanos ejerzan las libertades que permiten la participación directa en los asuntos públicos.

El teórico de la democracia, David Held, señala que la democracia implica una “estructura común de acción política”, es decir, una autonomía igual para todos los ciudadanos con la que puedan participar políticamente. Este autor menciona que los derechos políticos dependen de las oportunidades de deliberación, en donde se debe generar “un adecuado equilibrio entre la participación directa en los procesos de elaboración de decisiones políticas y la delegación legítima de estas tareas en los representantes”. Así pues, la representación política, que es fundamental y necesaria para el funcionamiento del sistema democrático, no es suficiente, ya que se requieren canales de participación política sin la intermediación de representantes políticos. [9]

En otro contexto, resulta fundamental entender que la democracia no sólo tiene que ver con la construcción de instituciones para tomar decisiones, sino que debe buscar consolidar “una cultura política en prácticas cotidianas”, y para ello se requiere abrir los canales de participación de los ciudadanos en lo público, ya que estos instrumentos permiten construir ciudadanía y desarrollar derechos: “la democracia implica un modo de vida, un mundo cotidiano de relaciones”, ya que “una auténtica democracia no es factible sin una sociedad civil estructurada y una política integradora [...]. La democracia no puede sobrevivir en medio de exclusiones”. [10]

Construir una democracia de calidad requiere del impulso y la consolidación de los derechos de ciudadanía, de una cultura política que se fundamente en la participación, la inclusión y la pluralidad. Se trata de un círculo virtuoso en donde la participación forma ciudadanos reflexivos, y en donde los mecanismos e instrumentos de deliberación forman instituciones públicas abiertas, efectivas y capaces de rendir cuentas.

CUARTO.- En Jalisco sólo se encuentran reconocidos como instrumentos de participación ciudadana el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular, mismos que por su complejidad procedimental han resultado de difícil acceso para los ciudadanos.

En México, la mayoría de las entidades federativas reconoce estas mismas figuras, como Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chihuahua, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Algunas otras entidades federativas han legislado sobre mecanismos adicionales de participación ciudadana, como el Distrito Federal, que contempla en su ley secundaria específica diversos instrumentos de participación ciudadana y una amplia estructura de organización vecinal, contemplando mecanismos de participación asamblearia, diversas formas de consulta popular y procesos de rendición de cuentas de las autoridades.

A pesar de los esfuerzos que se han realizado en diversas entidades federativas, la consolidación de un modelo institucional de participación ciudadana en México aún resulta incipiente y limitado, ya que existen diversos obstáculos procedimentales y aun carecemos de una cultura política deliberativa y abierta a los ciudadanos.

La construcción de un esquema de participación democrática requiere, forzosamente, de una transformación institucional y normativa, que reconfigure los mecanismos procedimentales y reconozca diversas formas de organización, asociación y participación de los ciudadanos en la vida pública.

QUINTO.- La presente iniciativa pretende consolidar en Jalisco un marco institucional de vanguardia en materia de participación ciudadana, que construya un modelo de democracia interactiva, buscando integrar un modelo de apertura institucional en donde se abran las puertas a la participación de los ciudadanos, en donde se generen mecanismos de rendición de cuentas de las autoridades y en donde se formalicen instrumentos de deliberación, cooperación y corresponsabilidad entre los gobiernos y los ciudadanos.

A través de un marco normativo sólido en materia de participación ciudadana es posible impulsar un círculo virtuoso en donde se consoliden mecanismos de formación y aprendizaje institucional, y en donde se impulse una cultura cívica orientada a la deliberación, la reflexión y la rendición de cuentas.

Por ello, se propone elevar a rango constitucional el principio de participación ciudadana y se crea la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en donde se delimiten doce instrumentos de participación ciudadana:

El plebiscito. Es el instrumento a través del cual se somete a consideración de los ciudadanos la aprobación o rechazo de una decisión del gobierno. Se contempla que el 0.5 % de los ciudadanos puedan solicitar la aplicación de un plebiscito para actos de relevancia estatal.

El referéndum. Es el instrumento mediante el cual se somete a consideración de los ciudadanos la aprobación o derogación de una ley o decreto. Se contempla que lo puedan solicitar el 0.5 % de los ciudadanos del estado.

La consulta ciudadana. Es el mecanismo a través del cual se somete a consideración de los ciudadanos una decisión gubernamental de impacto directo en una demarcación territorial específica, como colonias, conjunto de colonias, fraccionamientos, delegaciones, pueblos o comunidades. Lo pueden solicitar el 0.5 % de los habitantes de la comunidad.

El presupuesto participativo. Es una herramienta de gestión y participación ciudadana directa, mediante la cual los ciudadanos tienen el derecho de decidir hacia qué obras y proyectos se destina una parte del presupuesto. Se contempla destinar el 15 % del presupuesto orientado a inversión pública productiva al presupuesto participativo, con una perspectiva de impacto regional.

La ratificación de mandato. Es el instrumento que le permite a los ciudadanos evaluar el desempeño de su gobierno para determinar si debe o no continuar en el cargo. Se contempla que el 3 % de los ciudadanos puedan solicitar una consulta de ratificación de mandato.

La comparecencia pública. Es una figura de democracia deliberativa que le permite a los ciudadanos encontrarse con los servidores públicos del Gobierno del Estado para hacerlos rendir cuentas, solicitarles información y cuestionarlos. Se contempla que se realicen dos comparecencias públicas obligatorias al año, y que el 0.1 % de los ciudadanos del estado puedan solicitarlas de manera extraordinaria.

La Auditoría Ciudadana. Es un espacio para que los ciudadanos y las instituciones académicas formen una instancia de vigilancia, observación y fiscalización de las actividades de gobierno, de manera independiente y autónoma, para exigir rendición de cuentas y observar el correcto funcionamiento de las políticas públicas y del ejercicio del gasto público.

La iniciativa ciudadana. Es el instrumento a través del cual los ciudadanos pueden hacer propuestas para reformar la legislación vigente. Se contempla que un ciudadano o un grupo de ciudadanos puedan hacer uso de esta figura, siempre y cuando acudan al Congreso del Estado a las reuniones a las que sean citados para discutir, evaluar y dictaminar sus iniciativas.

Los proyectos sociales. Son el instrumento a través del cual un grupo de ciudadanos puede proponer a las autoridades estatales la ejecución de un proyecto u obra en sus comunidades.

Las asambleas ciudadanas. Son la herramienta mediante la cual los habitantes dialogar y proponen acciones para que sean adoptadas por las autoridades. Se podrán realizar estas asambleas con los habitantes en general, los habitantes de una demarcación territorial o de un gremio o colectividad.

Estos 10 instrumentos de participación ciudadana pueden agruparse en 3 grandes ejes:

· Los instrumentos de participación directa, en donde los ciudadanos a través del voto directo y secreto emiten una decisión:

O El plebiscito.

O El referéndum.

O La consulta ciudadana

O El presupuesto participativo.

O La ratificación de mandato.

· Los instrumentos de democracia deliberativa y de rendición de cuentas, en donde los ciudadanos tienen el derecho de interactuar, discutir, dialogar y cuestionar a los representantes populares y servidores públicos:

O La comparecencia pública.

O Las asambleas ciudadanas.

· Los instrumentos de corresponsabilidad ciudadana, en donde los ciudadanos inciden en la toma de decisiones y asumen el rol de colaborar, cooperar y trabajar en conjunto con las autoridades:

O La Auditoría Ciudadana.

O La iniciativa ciudadana.

O Los proyectos sociales.

A través de este repertorio de mecanismos de participación ciudadana se podrá reconfigurar en Jalisco el sistema político y la relación de los gobiernos con los ciudadanos, permitiendo una mayor participación de la gente en los asuntos públicos y creando espacios para la discusión, la deliberación y la toma de decisiones conjunta.

Por lo anteriormente expuesto, presentamos ante esta soberanía, la siguiente iniciativa de ley que reforma los artículos 4, 11, 12, 28, 34, 47, 70, 78 y 84 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, expide la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco y deroga los artículos 385 al 445 del Código Electoral y de Participación Ciudadana, para quedar como sigue:

:

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 4, 11, 12, 28, 34, 47, 70, 78 y 84 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, para quedar como sigue:



Artículo 4. (…)

(…)


(…)

(…)


(…)

(…)


En el Estado de Jalisco se reconoce a la participación ciudadana como un principio fundamental en la organización política y social, y se entiende como el derecho de los habitantes y ciudadanos del Estado para intervenir en las decisiones públicas, para deliberar, discutir y cooperar con las autoridades, así como para incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas y actos de gobierno, en los términos que establece esta Constitución y la ley.

Toda persona tiene derecho a la cultura; a participar libremente en la vida cultural de la comunidad; a preservar y desarrollar su identidad; a acceder y participar en cualquier manifestación artística y cultural; a elegir pertenecer a una comunidad cultural; al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia; a conocer, preservar, fomentar y desarrollar su patrimonio cultural, así como al ejercicio de sus derechos culturales en condiciones de igualdad.

El Estado de Jalisco tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentada en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las leyes reglamentarias, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.

A. - (…)

I a VIII (…)

(…)

B. - (…)


(…)

I an IX (…)

(…)

(…)


Artículo 11.- El sufragio es la expresión de la voluntad popular para la elección de los integrantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo, de los gobiernos municipales y para la participación en los procesos de plebiscito, referéndum, consulta ciudadana, presupuesto participativo, ratificación de mandato y demás mecanismos que se contemplen en la ley de la materia. La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo y de los ayuntamientos del Estado, se realizará en elecciones, mediante la emisión del sufragio universal, libre, secreto, directo e intransferible.

Artículo 12.- (…)
I a la VII (…)

VIII a) al l (…)


Asimismo, tendrá a su cargo, con el auxilio del Consejo Estatal o en su caso Consejos Municipales de Participación Ciudadana, la realización de los procesos de plebiscito, referéndum, consulta ciudadana, iniciativa ciudadana, presupuesto participativo , ratificación de mandato, comparecencia pública, auditoria ciudadana y demás mecanismos que se contemplen en la ley de la materia.

(…)

IX a la XVI (…)

Artículo 28. La facultad de presentar iniciativas de leyes y decreto, corresponde a:

I a IV. (…)

Pueden presentar iniciativas de ley los ciudadanos inscritos en el Registro Nacional de Ciudadanos correspondiente al estado, cuyo número represente cuando menos el 0.2 por ciento del total de dicho registro, mediante escrito presentado en los términos y con las formalidades que exija la ley de la materia.



Dichas iniciativas deberán ser dictaminadas en los términos que establezca la ley en la materia.

Artículo 34.- Las leyes que expida el Congreso, que sean trascendentales para el orden público o interés social, en los términos que marca la ley, con excepción de las de carácter contributivo y de las leyes orgánicas de los poderes del Estado, serán sometidas a referéndum derogatorio, total o parcial, siempre y cuando:

I. Lo solicite ante el Instituto Electoral del Estado un número de ciudadanos que represente cuando menos al 0.05 cero punto cero cinco por ciento de los jaliscienses debidamente identificados, inscritos en el Registro Nacional de Ciudadanos correspondiente al Estado, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su publicación;





II. (…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

No podrán presentarse iniciativas en el mismo sentido, dentro de un período de seis meses contados a partir de la fecha en que se publique el decreto derogatorio.

(…)

Artículo 47. Los reglamentos y decretos que expida el titular del Poder Ejecutivo, que sean trascendentales para el orden público o interés social, en los términos que establezca la ley, con excepción de las de carácter contributivo, podrán ser sometidos a referéndum derogatorio, total o parcial, siempre y cuando:

I. Lo solicite ante el Instituto Electoral del Estado un número de ciudadanos que represente cuando menos el 0.02 cero punto cero dos por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, debidamente identificados, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su publicación; o

II […]


Los reglamentos y decretos sometidos al proceso de referéndum sólo podrán ser derogados cuando el voto en contra obtenga la mayoría de la votación válidamente emitida.

[…]


[…]

[…]


[…]

[…]


Artículo 70. El Tribunal Electoral resolverá en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley:

I. a II. [….]

III. Las impugnaciones que se presenten durante el desarrollo de los procesos de los mecanismos de participación ciudadana contemplados en esta Constitución y en la Ley de la Materia.

IV. (…)


V. Los recursos que se presenten contra actos o resoluciones de la autoridad electoral, fuera de los procesos electorales, relativos a los mecanismos de Participación Ciudadana contemplados en esta Constitución y en la Ley de la Materia.

VI. a IX. [….]

Art. 78.- Los reglamentos y demás disposiciones de carácter general, impersonal y abstracto que expida el Ayuntamiento, que sean trascendentales para el orden público o el interés social, en los términos que establezca la ley, con excepción de los que tengan carácter contributivo, serán sometidos a referéndum municipal derogatorio, total o parcial, siempre y cuando, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su publicación lo solicite, ante el Instituto Electoral, en los municipios con población de hasta 50 mil habitantes, los ciudadanos que representen por lo menos el tres por ciento del Listado Nominal del municipio; en los municipios con más de 50 mil y hasta 100 mil habitantes, el dos por ciento del Listado Nominal; en los municipios con más de 100 mil y hasta 500 mil habitantes, el uno por ciento del Listado Nominal; y en los municipios con más de 500 mil habitantes, el punto cinco por ciento del Listado Nominal

(…)


(…)

(…)
No podrán presentarse iniciativas reglamentarias en el mismo sentido, dentro de un período de seis meses contados a partir de la fecha en que se publique la resolución derogatoria.


(…)

(…)
Artículo 84.- Los actos o disposiciones de carácter administrativo que impliquen la realización de obra pública o enajenación del patrimonio municipal, podrán ser sometidos previamente a la aprobación de la población municipal por medio del proceso de plebiscito, en los términos que establezca la ley de la materia, siempre y cuando sea solicitado ante el Instituto Electoral por:



I. El Presidente Municipal o quien haga sus veces;

II. El ayuntamiento o, en su caso, el Concejo Municipal; o

III. En los municipios con población de hasta 50 mil habitantes, los ciudadanos que representen por lo menos el tres por ciento del Listado Nominal del municipio; en los municipios con más de 50 mil y hasta 100 mil habitantes, el dos por ciento del Listado Nominal; en los municipios con más de 100 mil y hasta 500 mil habitantes, el uno por ciento del Listado Nominal; y en los municipios con más de 500 mil habitantes, el punto cinco por ciento del Listado Nominal.


Las disposiciones sometidas al proceso de plebiscito, sólo podrán ser derogadas si en dicho proceso participa cuando menos el cuarenta por ciento de los inscritos en el Registro Nacional de Ciudadanos correspondiente al municipio y, de los mismos, más del cincuenta por ciento emite su voto en contra.
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