Informe no. 5/14



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Derecho a la integridad personal (artículo 5.1 de la Convención Americana), en relación con la obligación de respetar los derechos (artículo 1.1 de la Convención Americana)





  1. El artículo 5 de la Convención Americana establece

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.




  1. La Comisión Interamericana ha dejado en claro que el derecho a la integridad personal protegido por la Convención Americana y por otros instrumentos internacionales de derechos humanos es amplio.82 En efecto, la infracción a este derecho es una clase de violación que tiene diversas connotaciones de grado y las características personales de la supuesta víctima deben ser tomadas en cuenta al momento de determinar si la integridad personal fue vulnerada83. Adicionalmente, en relación con el derecho a la salud, la Corte ha sostenido que el derecho a la integridad personal se halla directa e inmediatamente vinculado con la atención a la salud humana, y que la falta de atención médica adecuada puede conllevar la vulneración del artículo 5.1 de la Convención84.




  1. La Comisión recuerda que el Informe de Admisibilidad 150/11 determinó que, en este caso, el análisis del derecho a la integridad personal tenía un carácter subsidiario y dependía de la conclusión a la que se arribara respecto al mérito de los alegatos formulados en relación con los derechos consagrados en los artículos 8.1, 24 y 25 de la Convención Americana85. En los párrafos precedentes, la CIDH ha concluido que el Estado violó los derechos consagrados en los artículos mencionados en perjuicio del señor Duque.




  1. La Comisión destaca que las personas que viven con VIH se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad derivada de las características de esa enfermedad, el tratamiento médico requerido y las situaciones de exclusión y discriminación históricas asociadas86, entre otras. En particular, la falta de tratamiento adecuado provoca normalmente lesiones a la integridad física, psíquica y moral de las personas afectadas, y produce, por lo regular, su muerte anticipada87. Si bien en este caso la Comisión nota que no cuenta con información suficiente sobre la continuidad, calidad y condiciones de prestación del servicio médico al señor Duque a partir de la muerte de JOJG, sí ha quedado establecido que el señor Duque se veía afectado por múltiples factores de vulnerabilidad derivados de su orientación sexual, situación de enfermedad y situación económica.




  1. En ese contexto, la Comisión considera que los efectos de la exclusión del derecho a la pensión de sobrevivencia de su compañero permanente fallecido en virtud de una disposición discriminatoria basada en su orientación sexual; la búsqueda de protección no encontrada y la ausencia de una respuesta desprejuiciada y eficaz por parte del sistema judicial; y el sufrimiento frente a la falta de previsibilidad en cuanto a la regularidad y provisión del tratamiento médico requerido, constituyen elementos que han afectado el derecho a la integridad personal del señor Duque. En consecuencia, la Comisión concluye que el Estado violó el derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.1 de la Convención Americana, en relación con la obligación de respetar los derechos, contemplada en el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Ángel Alberto Duque.



VI. CONCLUSIONES





  1. Sobre la base del análisis que antecede, la Comisión concluye que el Estado de Colombia es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales, el principio de igualdad y no discriminación y la protección judicial consagrados en los artículos 5.1, 8.1, 24 y 25 de la Convención Americana en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de Ángel Alberto Duque.



VII. RECOMENDACIONES





  1. En virtud de las anteriores conclusiones,


LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS RECOMIENDA AL ESTADO DE COLOMBIA,


  1. Reparar adecuadamente al señor Ángel Alberto Duque por las violaciones de derechos humanos declaradas en el presente informe contemplando los daños materiales e inmateriales. Dicha reparación debería, como mínimo, incluir la concesión de la pensión de sobrevivencia y una justa compensación. Asimismo, el Estado debería proveer el acceso ininterrumpido a los servicios de salud y tratamiento requeridos en virtud de ser una persona que vive con VIH.




  1. Adoptar todas las medidas que aún fueran necesarias para garantizar la no repetición de los hechos como los del presente caso. En particular, adoptar las medidas necesarias para que todas las decisiones jurisprudenciales que tuvieron lugar en Colombia con posterioridad a los hechos del presente caso, que reconocieron el derecho de pensión de sobrevivencia a las parejas formadas por personas del mismo sexo —y que determinaron que los casos previos a dichos pronunciamientos también se encontraban alcanzados por ellos—, sean debidamente acatadas y cumplidas.



  1. Adoptar todas las medidas necesarias para que quienes se desempeñan en la provisión de servicios de seguridad social, sea en el ámbito público o en el privado, reciban la debida capacitación para dar trámite a las solicitudes de personas que integraron o integran parejas del mismo sexo, de conformidad con el ordenamiento jurídico interno.




  1. Adoptar las medidas estatales que sean necesarias para garantizar que las parejas del mismo sexo no sean discriminadas en cuanto al acceso a servicios de seguridad social, y en particular, que se les permitan presentar los mismos medios de prueba que a las parejas de distinto sexo, de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico interno.

Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., a los 2 días del mes de abril de 2014. (Firmado): Tracy Robinson, Presidenta; Rose-Marie Belle Antoine, Primera Vicepresidenta; Felipe González, Segundo Vicepresidente; José de Jesús Orozco Henríquez, Rosa María Ortiz, Paulo Vannuchi y James L. Cavallaro, Miembros de la Comisión.


El que suscribe, Emilio Álvarez Icaza L., en su carácter de Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad con el artículo 49 del Reglamento de la Comisión, certifica que es copia fiel del original depositado en los archivos de la Secretaría de la CIDH.

Emilio Álvarez Icaza L.



Secretario Ejecutivo

LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1. Petición presentada a la Compañía Colombiana Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías COLFONDOS S.A. de 19 de marzo de 2002 (Anexo 2 a la petición inicial).
Anexo 2. Acción de tutela incoada por Germán Humberto Rincón Perfetti en representación de Ángel Alberto Duque de 26 de abril de 2002 (Anexo 4 a la petición inicial).
Anexo 3. Instituto de Seguros Sociales, Certificación del paciente Ángel Alberto Duque de 17 de abril de 2002 (Anexo 1 a la petición inicial).
Anexo 4. Petición inicial de 8 de febrero de 2005; Observaciones de los peticionarios de 9 de febrero de 2012.
Anexo 5. COLFONDOS, Oficio No. DCI-E-P-1487-02 de 3 de abril de 2002 (Anexo 3 a la petición inicial).
Anexo 6. Concepto de la Liga Colombiana de Lucha Contra el Sida de 1 de abril de 1998 (Anexo 7 a la petición inicial).
Anexo 7. Acción de tutela presentada al Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, 26 de abril de 2004 (Anexo 4 a la petición inicial).
Anexo 8. Juzgado Décimo Civil Municipal de Bogotá, Sentencia de 5 de junio de 2002 (Anexo 5 a la petición inicial).
Anexo 9. Juzgado Doce Civil del Circuito Santa Fe de Bogotá, Sentencia de 19 de julio de 2002 (Anexo 6 a la petición inicial).
Anexo 10. Observaciones del Estado de Colombia de 28 de febrero de 2013.


1 CIDH, Informe No. 150/11 (Admisibilidad), Petición 123-05, Ángel Alberto Duque (Colombia), 2 de noviembre de 2011, párrs. 4-6.

2 Anexo 1. Petición presentada a la Compañía Colombiana Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías COLFONDOS S.A. de 19 de marzo de 2002 (Anexo 2 a la petición inicial). Anexo 2. Acción de tutela incoada por Germán Humberto Rincón Perfetti en representación de Ángel Alberto Duque de 26 de abril de 2002 (Anexo 4 a la petición inicial). Hechos alegados en sede interna y no controvertidos por el Estado.

3 Anexo 3. Instituto de Seguros Sociales, Certificación del paciente Ángel Alberto Duque de 17 de abril de 2002 (Anexo 1 a la petición inicial).

4 Anexo 4. Petición inicial de 8 de febrero de 2005; Observaciones de los peticionarios de 9 de febrero de 2012. Hechos no controvertidos por el Estado.

5 Anexo 1. Petición presentada a la Compañía Colombiana Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías COLFONDOS S.A. de 19 de marzo de 2002 (Anexo 2 a la petición inicial).

6 Anexo 1. Petición presentada a la Compañía Colombiana Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías COLFONDOS S.A. de 19 de marzo de 2002 (Anexo 2 a la petición inicial).

7 Anexo 5. COLFONDOS, Oficio No. DCI-E-P-1487-02 de 3 de abril de 2002 (Anexo 3 a la petición inicial).

8 Ley 100 de 1993, preámbulo. Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1993/ley_0100_1993.html.

9 Ley 54 de 1990. Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30896.

10 La última oración fue declarada nula por el Consejo de Estado mediante providencia de octubre 8 de 1998, exp. 14634, C.P. Dr. Javier Díaz Bueno. Decreto 1889 de 1994. Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=31246.

11 Como prueba ante la instancia, el señor Duque presentó un concepto de la Liga Colombiana de Lucha Contra el Sida que establece: “La NO CONTINUIDAD en el suministro de medicamentos antiretrovirales para el tratamiento de la infección por VIH y el SIDA, genera no sólo violación de los Derechos Humanos, sino graves consecuencias para la calidad de vida de las personas viviendo con VIH/SIDA y para la Salud Pública[…]: disminución y deterioro de la cantidad y la calidad de vida de las personas viviendo con VIH o con SIDA, a quienes se les suspende el tratamiento; desarrollo de resistencia del virus (VIH) a esos medicamentos que le fueron suspendidos; desarrollo de resistencia cruzada hacia otros medicamentes Antiretrovirales que no han sido tomados por el paciente; desarrollo de un virus más agresivo y más difícil de control, ya que es un VIH resistente a varios Antiretrovirales; probable transmisión de ese VIH resistente a otras personas que no han adquirido el VIH y para los cuales el tratamiento ya no tendría efectividad ni eficacia. Anexo 6. Concepto de la Liga Colombiana de Lucha Contra el Sida de 1 de abril de 1998 (Anexo 7 a la petición inicial).

12 Anexo 7. Acción de tutela presentada al Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, 26 de abril de 2004 (Anexo 4 a la petición inicial).

13 Anexo 7. Acción de tutela presentada al Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, 26 de abril de 2004 (Anexo 4 a la petición inicial).

14 Anexo 8. Juzgado Décimo Civil Municipal de Bogotá, Sentencia de 5 de junio de 2002 (Anexo 5 a la petición inicial).

15 Anexo 9. Juzgado Doce Civil del Circuito Santa Fe de Bogotá, Sentencia de 19 de julio de 2002 (Anexo 6 a la petición inicial).

16 Observaciones de los peticionarios de 9 de febrero de 2012; Observaciones del Estado de 31 de enero de 2006.

17 CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2011, OEA/Ser.L/V/II., Doc. 69, 30 diciembre 2011, Capítulo IV. Colombia, párr. 143.

18 CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2011, OEA/Ser.L/V/II., Doc. 69, 30 diciembre 2011, Capítulo IV. Colombia, párr. 144.

19 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-075/07, 7 de febrero de 2007 (MP. Rodrigo Escobar Gil).

20 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-811/07, 3 de octubre de 2007 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra).

21 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-336/08, 16 de abril de 2008 (MP. Clara Inés Vargas Hernández).

22 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-860/11, 15 de noviembre de 2011 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto).

23 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-860/11, 15 de noviembre de 2011 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto). Véase, asimismo, CIDH, Informe No. 150/11 (Admisibilidad), Petición 123-05, Ángel Alberto Duque (Colombia), 2 de noviembre de 2011, párrs. 34-37.

24 Véase, inter alia, CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2011, OEA/Ser.L/V/II., Doc. 69, 30 diciembre 2011, Capítulo IV. Colombia, párrs. 143, 144; Comunicado de Prensa 89/13, La CIDH reconoce medidas adoptadas recientemente por varios Estados Miembros de la OEA con el objeto de promover la igualdad de las personas LGBTI, 21 de noviembre de 2013. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/089.asp.

25 Véase, Corte IDH. Caso Mejía Idrovo Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2011 Serie C No. 228, párr. 33.

26 Véase, CIDH, Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Karen Atala e Hijas v. Chile, 17 de septiembre de 2010, párr. 74; Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre  de 2003. Serie A No. 18, párr. 173.5.

27 Véase, inter alia, CIDH, Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Karen Atala e Hijas v. Chile, 17 de septiembre de 2010, párr. 80.

28 Véase, inter alia, ONU, Comité de Derechos Humanos, Observación General 18, No discriminación, 10/11/89, CCPR/C/37, párr. 7; Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre  de 2003. Serie A No. 18, párr. 92; CIDH, Cuarto Informe de Progreso de la Relatoría sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias en el Hemisferio, OEA/Ser.L/V/II.117, Doc. 1 rev. 1, Informe Anual CIDH 2002, 7 de marzo de 2003, párr. 58.

29 Véase, inter alia, CIDH, Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Karen Atala e Hijas v. Chile, 17 de septiembre de 2010, párr. 80.

30 Corte IDH. Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica Relacionada con la Naturalización. Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984. Serie A No. 4, párr. 55

31 Corte IDH. Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, párr. 79; Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre  de 2003. Serie A No. 18, párr. 101.

32 Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre  de 2003. Serie A No. 18, párr. 85.

33 CIDH, El trabajo, la educación y los recursos de las mujeres: la ruta hacia la igualdad en la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales, OEA/Ser.L/V/II.143, Doc. 59, 3 noviembre 2011, párr. 17, con cita de Corte IDH. Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de septiembre de 2005. Serie C No. 130, párr. 141; Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003, Serie A No. 18, párr. 88; Caso López Álvarez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, párr. 170; Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, párr. 44.

34Cfr. Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre  de 2003. Serie A No. 18, párr. 103; Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010 Serie C No. 214, párr. 271.

35 Corte IDH. Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, párr. 80, con cita de, inter alia, Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre  de 2003. Serie A No. 18.

36 Véase, inter alia, CIDH, Informe Nº 51/01, Caso 9903, Ferrer-Mazorra y otros (Estados Unidos), Informe Anual de la CIDH 2000, OEA/Ser./L/V/II.111, doc. 20, rev., 16 abril 2001, párr. 238.

37 Véase, inter alia, CIDH, Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/ll.116 Doc. 5 rev. 1 corr., 22 de octubre de 2002, párr. 338, con cita de, inter alia, Repetto, Inés, Suprema Corte de Justicia (Argentina), 8 de noviembre de 1988, Jueces Petracchi y Baqué, párrafo 6; Loving c. Virginia, 388 US 1, 87 (1967) Corte Europea de Derechos Humanos, Abdulaziz c. Reino Unido, Sentencia del 28 de mayo de 1985, Serie A Nº 94, párr. 79.

38 Véase, inter alia, CIDH, Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencias en las Américas, OEA/Ser.L/V/II., Doc. 68, 20 enero 2007, párr. 58; CIDH, La Situación de las Personas Afrodescendientes en las Américas, OEA/Ser.L/V/II., Doc. 62, 5 diciembre 2011, párr. 91.

39 CIDH, Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Karen Atala e Hijas v. Chile, 17 de septiembre de 2010, párr. 88.

40 Véase, inter alia, CIDH, Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas, OEA/Ser. L/V/II. doc.68, 20 de enero de 2007, párrs. 80, 83; Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/ll.116 Doc. 5 rev. 1 corr., 22 de octubre de 2002, párr. 338; Informe N˚ 4/01, María Eugenia Morales de Sierra (Guatemala), 19 de enero de 2001, párr. 36; Informe Anual 1999, Consideraciones sobre la compatibilidad de las medidas de acción afirmativa concebidas para promover la participación política de la mujeres con los principios de igualdad y no discriminación, capítulo VI; TEDH, Salgueiro da Silva Mouta v. Portugal, Aplicación No. 33290/96, 21 de diciembre de 1999, párr. 29; Belgian Linguistics (Fondo), Sentencia del 23 de julio de 1968, pág. 34; Lustig-Prean y Beckett v. Reino Unido, Aplicaciones Nos. 31417/96 y 32377/96, 27 de septiembre de 1999, párr. 80; Smith v. Grady v. Reino Unido, Aplicaciones Nos. 33985/96 y 33986/96, 27 de septiembre de 1999, párr. 87.

41 Véase, inter alia, CIDH, Informe No. 38/96, X e Y (Argentina), 15 de octubre de 1996, párr. 74; Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas, OEA/Ser. L/V/II. doc.68, 20 de enero de 2007, párr. 83; TEDH, Karner v. Austria, Aplicación no. 40016/98, 24 July 2003, párr. 41; Salgueiro da Silva Mouta v. Portugal, Aplicación No. 33290/96, 21 de diciembre de 1999, párr. 29; Belgian Linguistics (Fondo), Sentencia del 23 de julio de 1968, p. 34.

42 CIDH, Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Karen Atala e Hijas v. Chile, 17 de septiembre de 2010, párr. 89.

43 CIDH, Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Karen Atala e Hijas v. Chile, 17 de septiembre de 2010, párr. 78.

44 Corte IDH. Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, párr. 85; El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16, párr. 115.

45 La orientación sexual de una persona es independiente del sexo biológico o de la identidad de género. Se ha definido como “la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género, así como a la capacidad mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas”. En el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos se ha entendido a la orientación sexual –interpretación que puede extenderse a la identidad de género y expresión de género- dentro de las características personales en el sentido que son innatas o inherentes a la persona (tales como la raza o la etnia) e inmutables, “entendiendo por inmutabilidad una característica difícil de controlar de la cual una persona no puede separarse a riesgo de sacrificar su identidad”. Véase, inter alia, Principios de Yogyakarta., p. 6, Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos  humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, 2006; Corte IDH. Caso Atala Riffo e hijas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, párrs. 87, 94.

46 Corte IDH. Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, párr. 91.

47 Corte IDH. Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, párr. 139.

48 Corte IDH.
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