Informe de Claudio Grossman Presidente del Comité Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes



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Informe de

Claudio Grossman
Presidente

del Comité Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

66º Período de Sesiones de la Asamblea General

Tercer Comité
Artículo 68 (a)
18 de octubre de 2011

Nueva York



 



 

 

 



 

Presidente,

Distinguidas delegadas y delegados, colegas y amigos,
Me honra dirigirme a esta Asamblea General, por tercera vez, en mi calidad de Presidente del Comité contra la Tortura. Me complace estar en compañía de mi colega Malcolm Evans, Presidente del Subcomité para la Prevención de la Tortura, así como con el Relator Especial sobre la Tortura, Juan Méndez. Nuestra presencia conjunta hoy aquí resalta la cooperación existente entre la Comisión, el Subcomité y los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos y contribuye a mejorar la comprensión de nuestro trabajo colectivo y su complementariedad y refuerzo mutuo.
Para cada uno de nosotros esta ocasión es una oportunidad esencial para entablar un diálogo con ustedes, los Estados miembros de las Naciones Unidas, que aprobaron la Convención contra la Tortura de 1984. Esperamos escuchar sus opiniones sobre cómo podemos lograr la plena realización de los objetivos de la Convención, que hoy cuenta con 149 Estados parte. El diálogo de hoy complementa y continúa las reuniones anuales en Ginebra que el Comité lleva a cabo con los Estados parte, así como la consulta técnica de Estados celebrada en Sion, Suiza, el 12 y 13 de mayo de 2011 en relación al Proceso de Fortalecimiento de los Órganos de Tratados, al que me referiré más adelante.
Tengo la intención de cubrir varios temas en mi presentación de hoy. En primer lugar, informaré sobre nuevos acontecimientos desde el año pasado respecto a la labor del Comité, incluyendo aspectos críticos relativos al mecanismo de denuncias individuales. En segundo lugar, explicaré cómo el Comité ha abordado eficazmente el aumento en el volumen de trabajo utilizando los recursos y tiempo de reunión adicionales proporcionados por esta Asamblea General en su resolución 65/204. En tercer lugar, tocaré el tema de la iniciativa del Alto Comisionado para los Derechos Humanos para fortalecer el Sistema de Órganos de Tratados. Por último, me referiré a los graves desafíos que actualmente enfrenta el Comité.
Con respecto a todas las actividades del Comité durante el año pasado, tienen ante ustedes para su consulta el informe anual de Comité (A/66/44) de junio del 2011.
Presidente, distinguidos delegados,

Como ustedes saben, el Comité tiene el mandato conforme a la Convención contra la Tortura de examinar los informes de los Estados parte (artículo 19), de examinar denuncias individuales (artículo 22), llevar a cabo investigaciones confidenciales (artículo 20) y realizar otras actividades, incluida la adopción de observaciones generales, para facilitar y garantizar la plena realización de los objetivos de la Convención.


El examen de los informes iniciales y periódicos en virtud del artículo 19 a través del diálogo con los Estados parte constituye una actividad central del Comité. El Comité sigue seriamente preocupado por el elevado número de informes atrasados. El Comité acoge con satisfacción la presentación de nuevos informes iniciales durante el año pasado por Madagascar y Yibuti, los que serán considerados como un asunto prioritario en la próxima sesión que inicia el 31 de octubre. El Comité lamenta profundamente sin embargo que sólo dos Estados hayan presentado informes iniciales durante el año pasado y que 30 Estados parte aún no hayan presentado sus informes iniciales, muchos de los cuales llevan más de una década de retraso. El Comité hace un llamado a estos Estados parte para que presenten pronto sus informes iniciales para que así podamos entablar un diálogo que contribuya a la realización de los objetivos enunciados en la Convención.
El Comité también está muy preocupado de que a lo menos 65 Estados parte actualmente tengan informes periódicos atrasados, impidiendo con ello las funciones de supervisión del Comité que ustedes establecieron para garantizar el cumplimiento de la Convención. Todos sabemos que el derecho debe tomarse con seriedad, y que las obligaciones de la Convención han sido voluntariamente asumidas por los Estados parte. Estos informes periódicos deben presentarse al Comité sin demora.
En un esfuerzo por ayudar a los Estados parte a cumplir con sus obligaciones de la Convención, el Comité introdujo un procedimiento de información opcional en el 2007. Este procedimiento, conocido como la Lista de Cuestiones Previas al Informe (o LOIPR, por sus siglas en inglés), consiste en una lista de temas que se transmiten a los Estados parte previo a su presentación de un informe. Las respuestas a las LOIPR pasan a ser parte del informe periódico de los Estados parte. Este nuevo procedimiento, que fue adoptado también por el Comité de Derechos Humanos en octubre del 2009 y el Comité sobre los Trabajadores Migrantes en el 2010, proporciona numerosas ventajas: (i) simplifica el proceso, pues, ahora los Estados parte sólo necesitan presentar un informe en lugar de dos, como se requería con anterioridad cuando los Estados debían presentar respuestas a una lista de preguntas además del informe periódico; (ii) ayuda a los Estados parte a preparar informes más centrados y oportunos; (iii) enriquece el diálogo; y (iv) resulta en recomendaciones más específicas. Además, ya que el Comité identifica cuestiones clave de interés, incluyendo las recomendaciones de otros mecanismos de derechos humanos de la ONU cuando corresponde, el procedimiento LOIPR tiene el potencial adicional de fortalecimiento de la coherencia y seguimiento de las recomendaciones de todos los órganos de tratados.

Me complace informar que los Estados parte han reaccionado favorablemente a este nuevo procedimiento. A la fecha, el Comité ha completado un primer ciclo de cuatro años y transmitido 75 LOIPRs a los Estados parte cuyos informes estaban programados para el 2009, 2010, 2011 y 2012. Con la asistencia de la Secretaría, el Comité está evaluando este procedimiento, tomando en cuenta las sugerencias de los Estados parte y organizaciones de la sociedad civil.


En cuanto a informes, me gustaría llamar la atención de todos ustedes en cuanto a las graves dificultades que enfrenta el sistema de órganos de tratados en su conjunto, especialmente con respecto a la capacidad insuficiente de los Servicios de Conferencias de las Naciones Unidas para procesar y traducir documentos de manera oportuna, así como los insuficientes recursos humanos en la Secretaría de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH). Insto a los Estados miembros a reflexionar sobre las consecuencias de esta insuficiencia en el Sistema de Órganos de tratados .
A diferencia del mecanismo obligatorio de informes por los Estados parte conforme al artículo 19, la aceptación de los Estado parte del procedimiento de denuncias individuales conforme al artículo 22 de la Convención es opcional. El Comité lamenta que, hasta ahora, sólo 65 de los 149 Estados parte han formulado la declaración necesaria para aceptar la competencia del Comité en este respecto, y exhorta a los restantes 84 Estados parte a que declaren su aceptación. El procedimiento de denuncias individuales es una herramienta valiosa para alcanzar los objetivos de la Convención al permitir a las víctimas de torturas o tratamientos inhumanos presentar sus casos ante la comunidad internacional. También permite a la Comisión aplicar la Convención a situaciones específicas, lo que ayuda a los Estados parte en el cumplimiento de sus obligaciones. Desde el año pasado, el Comité ha hecho un examen de fondo de 17 casos.

Además de ratificación generalizada, otro tema crítico para el mecanismo de denuncias individuales es la necesidad del pleno cumplimiento de las obligaciones del artículo 14 de proporcionar reparaciones a las víctimas de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Conforme a la Convención, los Estados parte deben asegurar que las víctimas obtengan plena reparación por las violaciones infligidas.


Ahora me referiré a cómo el Comité está utilizando los recursos adicionales proporcionados por esta Asamblea General el año pasado.
La primera medida adoptada por el Comité fue aumentar el número de informes que examina en cada período de sesiones de seis a nueve para el período de sesiones de noviembre y a ocho para el período de sesiones de mayo. Esto reducirá significativamente el número de informes pendientes ante el Comité y asegurará que los informes sean examinados con un retraso mínimo, atribuible principalmente a la traducción a los idiomas de trabajo, que es otro proceso que depende de la asignación de recursos. Este aumento en el número de informes examinados en cada período de sesiones, junto con el procedimiento de información opcional que el Comité continúa desarrollando, mejorará la eficacia y eficiencia del examen de los informes.
En segundo lugar, el Comité incrementó el número de denuncias individuales atendidas en cada período de sesiones. En el último período de sesiones el Comité emitió 12 decisiones de fondo en casos individuales, en comparación con las 5 del período de sesiones anterior. Aquí también, sin embargo, el Comité depende de una Secretaría que carece de los recursos necesarios para aumentar significativamente el número de casos preparados para ser examinados por el Comité. Los problemas causados por la falta de recursos se ven agravados por el creciente número de denuncias planteadas ante el Comité. Por estas fechas el año pasado, había 101 peticiones pendientes ante el Comité. Actualmente existen 106, a pesar del aumento al doble del número de casos examinados por el Comité en la última sesión. La creciente carga de trabajo del Comité es positiva en cuanto demuestra un incremento de personas que consideran que es importante buscar justicia a través del procedimiento de denuncia del Comité. Los Estados parte deberían desempeñar un papel en la búsqueda de soluciones permanentes a los problemas de falta recursos y mayor carga de trabajo para asegurar el pleno alcance de los objetivos de la Convención.
En tercer lugar, el Comité dedicó más tiempo al importante procedimiento confidencial del artículo 20. Cuando se presenta información conforme a este procedimiento, el Comité examina situaciones donde existan indicios fundados de que se está cometiendo tortura sistemáticamente en el Estado parte en cuestión. En este contexto, hago un llamado a los nueve Estados que han declarado que no reconocen la competencia del Comité prevista en el artículo 20 de la Convención para que retiren sus reservas.

La cuarta medida adoptada por el Comité, en vista de los recursos y tiempo adicionales proporcionados por esta Asamblea General, fue acelerar su labor en el proyecto de Observación General iniciado durante la 44 Sesión del Comité, en mayo de 2010. El Comité aprobó un primer texto del proyecto, el que fue publicado en el sitio Web del Comité para recibir comentarios luego del período de sesiones de mayo de 2011. Se han recibido numerosos comentarios. El Comité preparará un segundo texto del proyecto en el próximo período de sesiones y tiene como objetivo aprobar el texto definitivo en el siguiente período de sesiones en mayo de 2012. Este proyecto de Observaciones Generales explica y aclara las obligaciones de los Estados parte en virtud del artículo 14 de la Convención para asegurar que “su legislación garantice a la víctima de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible. Las obligaciones sustantivas de reparación incluyen cinco formas de reparación: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. El texto del proyecto también se refiere a las obligaciones procesales, la implementación del derecho a la reparación por vía legislativa, mecanismos eficaces de denuncia e investigación y acceso a mecanismos para obtener reparaciones. También enumera posibles obstáculos al derecho a la reparación e indica lo que los Estados parte deben incluir en sus informes al Comité para el cumplimiento pleno de este derecho.


El Comité también ha estado discutiendo un documento con respecto a los hechos y las pruebas, diseñado para resolver cuestiones importantes tales como el peso que debe darse a decisiones internas y criterios adecuados de prueba. También analiza el estándar de razonabilidad, control estatal o aquiescencia, el agotamiento de los recursos internos, la introducción de nuevas pruebas y las garantías al debido proceso.

Quiero hacer hincapié en la importancia de las Observaciones Generales con respecto a la Convención. Son preparadas para promover y facilitar la aplicación de las disposiciones de la Convención y para ayudar a los Estados parte a comprender y cumplir con sus obligaciones.


Presidente, distinguidos delegados,

Ahora permítanme hablar brevemente sobre el proceso de consultas iniciado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos para fortalecer el Sistema de Órganos de Tratados, una iniciativa que el Comité apoya plenamente y en la que ha tenido la oportunidad de participar y hacer propuestas.


El crecimiento del Sistema de Órganos de Tratados, que se ha duplicado en tamaño en los últimos años, no ha coincidido con un incremento de recursos equivalente. Aunque los órganos de tratados trabajan continuamente para asegurar que sus métodos de trabajo sean eficientes y eficaces, tales como los nuevos informes LOIPR del Comité que ayudan a los Estados parte con sus obligaciones de presentar informes y lograr mejores resultados en el examen de los informes presentados por los Estados, todavía hay más espacio para mejorar. Sin embargo, no necesariamente la incorporación de medidas que conducen al aumento de la eficiencia reducen los costos: incrementar la ejecución de nuestro trabajo a nivel nacional requiere más inversión, más medios de cooperación con los Estados y más tiempo. Durante las consultas encaminadas a fortalecer el Sistema de Órganos de Tratados, ha habido gran apoyo para pensar en cómo centrar la obligación de informar de los Estados parte. Por eso, el nuevo procedimiento de informes aplicado por el Comité ha sido recibido positivamente por los Estados parte. Se ha considerado el uso de tecnologías modernas, incluyendo las videoconferencias, para llegar a una audiencia más amplia e incrementar las oportunidades de promover los valores de la Convención ante el público en general. Otras vías discutidas para mejorar el Sistema incluyen el establecimiento de estrictas limitaciones al número de páginas de documentos adoptados por los Comités y de los presentados por los Estados parte, mejor manejo del tiempo durante el diálogo y recomendaciones más específicas que, a su vez, mejorarían el procedimiento de presentación de informes y cooperación entre los Organos de Tratados y los Estados parte. Sería útil continuar este debate en el presente foro, pues los Estados miembros tienen la obligación de proporcionar recursos adecuados para que el sistema que crearon funcione eficazmente. Espero continuar nuestra interacción con la Alta Comisionada y todas las partes interesadas en este proceso, incluidos los Estados miembros.
Distinguidos delegados, colegas y amigos

Gracias a la labor de la comunidad internacional, la clara y absoluta prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes ha quedado establecida en numerosos instrumentos internacionales y regionales, incluyendo la Declaración Universal de Derechos Humanos y, específicamente, en la Convención contra la Tortura, para la que se creó un órgano de supervisión, el Comité contra la Tortura. Este marco asegura que no exista un vacío legal que permita cuestionar la prohibición. Este desarrollo ha sido esencial para avanzar, con legitimidad jurídica, los valores de la dignidad humana consagrados en los tratados y convenciones. El Comité ha logrado éxitos importantes en distintas oportunidades tales como la transformación de normas jurídicas internas, incluyendo la incorporación de la definición de tortura, investigación y castigo de autores de tortura y la exclusión de procesos judiciales de confesiones obtenidas mediante el uso de la tortura. Estos acontecimientos demuestran el impacto de la Convención.

A pesar de estos avances, no podemos afirmar que la tortura ha disminuido. Como mencioné en mi primer informe a la Asamblea General, la labor del Comité durante las últimas dos décadas demuestra que seguimos presenciando la falta de aplicación plena de las disposiciones de la Convención y las recomendaciones del Comité; el rechazo a adoptar una clara definición de tortura para tipificar como delito la tortura y establecer sanciones adecuadas; la no investigación de presuntos casos de tortura; impunidad de los autores de actos de tortura; expulsión, devolución y extradición de personas a Estados donde hay razones fundadas para creer que están en peligro de ser víctimas de tortura; y entrega ilegal de sospechosos a países que continúan el uso de la tortura como medio de investigación e interrogación. Condiciones de detención deplorables siguen siendo la norma general. Desapariciones forzadas niegan a las personas garantías jurídicas básicas, y rara vez se proporciona una rehabilitación o reparación rara a las víctimas de tortura o sus familiares. Estos fracasos en cumplir las obligaciones establecidas en la Convención deben fortalecer nuestra determinación. Es posible alcanzar los objetivos de la Convención. Comprometámonos a la plena realización de sus objetivos.
Distinguidas delegadas y delegados, colegas y amigos: a veces hablamos en términos abstractos sobre la tortura. Las estadísticas y los desafíos normativos dominan el debate en numerosas ocasiones. Muchas veces perdemos la dimensión humana por recurrir a un lenguaje que no logra asir plenamente el horror absoluto de la tortura. Sin embargo, no debemos perder de vista el hecho de que estamos tratando con hombres, mujeres y niños. El sistema que ustedes han creado, a través de la Convención contra la Tortura, reconoce esa dimensión crucial. La labor del Comité refleja este fundamento.

Permítanme compartir con ustedes un caso reciente ante el Comité. En dicho caso, la peticionaria alegó que sería encarcelada y torturada si se le enviaba de vuelta a su país, en violación del artículo 3 de la Convención. Entre otras cosas, ella había sido detenida y, durante la detención, sometida a torturas, palizas y violaciones múltiples debido a sus actividades políticas y religiosas. La Comisión tomó nota de los alegatos y pruebas presentadas por la denunciante y de los argumentos del Estado parte, así como de los informes recientes de siete expertos de las Naciones Unidas y de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en el país en cuestión. En vista de la información presentada, el Comité concluyó que era imposible identificar determinadas zonas del país que podrían ser consideradas seguras para la denunciante y concluyó que había fundadas razones para creer que la denunciante corría riesgo de ser sometida a torturas si era devuelta a su país. El Estado parte contra el que se presentó la denuncia cumplió totalmente con la decisión, dándole a esta persona la oportunidad de una nueva vida.


En 1984, con la adopción de la Convención contra la Tortura, ustedes crearon un sistema que hicieron esto posible. Así, ustedes han contribuido a la realización de sus objetivos salvando muchas vidas.

Es nuestro deber jurídico compartido lograr ahora la plena realización de la Convención.



En nombre del Comité contra la Tortura, les agradezco su atención.


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