Información al consumidor financiero, prácticas abusivas



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5. La prohibición de cláusulas y prácticas abusivas.
Mediante la Ley 1328 de 200958, el Congreso de la República presentó un régimen general con el objeto de establecer los principios y reglas que protegen a los consumidores financieros en las relaciones que estos inicien con las entidades vigiladas59 por la Superintendencia Financiera de Colombia60.
De acuerdo con lo establecido por el literal e) del artículo 7°, entre las obligaciones especiales se estableció que estas entidades deben abstenerse de incurrir en conductas que conlleven abusos contractuales o de convenir cláusulas que puedan afectar el equilibrio del contrato o den lugar a un abuso, resultado de la posición dominante contractual.
En concordancia con lo anterior, los artículos 11 y 12 prohíben de manera expresa la incorporación de cláusulas abusivas en los contratos de adhesión y el ejercicio de prácticas abusivas, señalando algunas directrices generales de lo que a juicio del legislador son consideradas como tales. Adicionalmente, se le otorgó a la Superintendencia Financiera la facultad de desarrollar este concepto de posición dominante:
Artículo 11. Prohibición de utilización de cláusulas abusivas en contratos. Se prohíbe las cláusulas o estipulaciones contractuales que se incorporen en los contratos de adhesión que:

a) Prevean o impliquen limitación o renuncia al ejercicio de los derechos de los consumidores financieros.

b) Inviertan la carga de la prueba en perjuicio del consumidor financiero.

c) Incluyan espacios en blanco, siempre que su diligenciamiento no esté autorizado detalladamente en una carta de instrucciones.

d) Cualquiera otra que limite los derechos de los consumidores financieros y deberes de las entidades vigiladas derivados del contrato, o exonere, atenúe o limite la responsabilidad de dichas entidades, y que puedan ocasionar perjuicios al consumidor financiero.

e) Las demás que establezca de manera previa y general la Superintendencia Financiera de Colombia.

Parágrafo. Cualquier estipulación o utilización de cláusulas abusivas en un contrato se entenderá por no escrita o sin efectos para el consumidor financiero.
Artículo 12. Prácticas abusivas. Se consideran prácticas abusivas por parte de las entidades vigiladas las siguientes:

a) El condicionamiento al consumidor financiero por parte de la entidad vigilada de que este acceda a la adquisición de uno o más productos o servicios que presta directamente o por medio de otras instituciones vigiladas a través de su red de oficinas, o realice inversiones o similares, para el otorgamiento de otro u otros de sus productos y servicios, y que no son necesarias para su natural prestación.

b) El iniciar o renovar un servicio sin solicitud o autorización expresa del consumidor.

c) La inversión de la carga de la prueba en caso de fraudes en contra de consumidor financiero.

d) Las demás que establezca de manera previa y general la Superintendencia Financiera de Colombia.

Parágrafo. Las prácticas abusivas están prohibidas a partir de la entrada en vigencia de la presente norma y serán sancionables conforme lo dispone la Superintendencia Financiera de Colombia y la ley.
Mediante la Circular Externa 039 de 2011, la Superintendencia Financiera, con el propósito de garantizar una adecuada protección a los consumidores, presentó algunos ejemplos de cláusulas y prácticas que se consideran abusivas atendiendo el mandato legal vigente. Para el caso en estudio es importante mencionar que el órgano de vigilancia identificó como una de estas prácticas proscritas “[n]o entregar o no poner a disposición de los consumidores copia de los contratos, ni de los reglamentos de los productos o servicios contratados”.
En efecto, el oportuno y completo acceso a la información por parte del cliente o usuario del sistema financiero es un presupuesto fundamental del correcto ejercicio de los derechos del consumidor, razón por la cual se encuentra a la base de todo el régimen de protección del ciudadano. En el siguiente acápite se profundizará en este importante componente.
6. El derecho al acceso efectivo, oportuno y claro a la información en los contratos de seguro.
Por expresa disposición legal61, la sociedad aseguradora está obligada a entregar al tomador, dentro de los quince días siguientes a la fecha de su celebración, el documento contentivo del contrato de seguro, denominado póliza. Asimismo, el legislador autoriza al tomador, asegurado o beneficiario a solicitar en cualquier momento una copia o duplicado del mismo, el cual debe ser entregado sin más obstáculos que el pago previo de los costos de impresión. Dicha obligación, pese a su simpleza y sentido común, adquiere una importancia mayúscula cuando de la protección efectiva del consumidor en el sistema financiero se trata.
Precisamente la Ley 1328 de 200962, en concordancia con lo señalado por el artículo 97 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero63, establece que las entidades vigiladas tienen la obligación de suministrar a los consumidores financieros toda la información necesaria para que estos escojan las mejores opciones del mercado de acuerdo con sus necesidades. De hecho, el acceso efectivo a la información es uno de los principios fundantes sobre los cuales se erige el régimen de protección al cliente64. Además, dada su relevancia, la información tiene otras tres acepciones en el mercado colombiano:
Según lo dispuesto en dicha ley, la información es: (i) un derecho de los consumidores financieros en los términos del literal b) del artículo 5°; (ii) una obligación especial de las entidades vigiladas de acuerdo con lo establecido en los literales a), b), c), f), g), h), j), o), p) y s) del artículo 7°; (iii) un principio orientador que debe regir las relaciones que se establezcan entre los consumidores financieros y las entidades al tenor de lo previsto por el literal c) del artículo 3° de la misma norma y (iv) un elemento constitutivo del Sistema de Atención al Consumidor Financiero al que se refiere el literal c) del artículo 8 de la misma disposición”65.
La información suministrada por las entidades a los consumidores financieros tiene por objetivo fundamental equilibrar la situación de indefensión en la que normalmente se encuentra el usuario, empoderándolo en el conocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos. Se espera entonces que la información otorgada, (i) dote a los consumidores financieros de elementos y herramientas suficientes para la toma de decisiones; (ii) facilite la adecuada comparación de las distintas opciones ofrecidas en el mercado, y (iii) propenda por que conozcan suficientemente los derechos y obligaciones pactadas66.
Los siguientes son los requisitos mínimos que, de acuerdo con la normatividad vigente67, ha de satisfacer la información suministrada por las entidades financieras para cumplir con su imperioso cometido:
a) Ser cierta, suficiente, idónea y corresponder a lo ofrecido o previamente publicitado. En este sentido, contener las características de los productos o servicios, los derechos y obligaciones, las condiciones, las tarifas o precios y la forma para determinarlos, las medidas para el manejo seguro del producto o servicio, las consecuencias derivadas del incumplimiento del contrato.

b) Ser clara y comprensible68.

c) Ser divulgada o suministrada oportunamente.



d) Ser entregada o estar permanentemente disponible para los consumidores financieros.
El caso de las aseguradoras mereció una consideración especial por parte de la Superintendencia Financiera69, quien dispuso que las entidades del gremio deberán cerciorarse de que los consumidores financieros tengan acceso a los modelos de las pólizas mediante la publicación en sus sitios web, los cuales deben especificar las coberturas básicas con sus exclusiones, los trámites para obtener el reconocimiento, los plazos y forma en que el asegurado debe acreditar la ocurrencia del siniestro, entre otros.
En relación a los bancos, el artículo 21 de la Ley 546 de 199970 prevé que los establecimientos de crédito deberán suministrar información cierta, suficiente, oportuna y de fácil comprensión para el público y para los deudores respecto de las condiciones de sus productos71.
En suma, el acceso completo, veraz y oportuno a la información -que es una condición elemental, inherente a toda actividad de consumo72- adquiere especial trascendencia en el marco del sistema financiero, en razón a los contratos de adhesión que suelen ofrecer las entidades vigiladas en el mercado, a la complejidad de los términos contractuales que se manejan y al estado de indefensión en que se encuentran los usuarios.
Siendo así, la información es una de las herramientas clave para empoderar al ciudadano en su ejercicio contractual, tanto antes de la celebración de un contrato, como durante su ejecución y aún después de la terminación del mismo, con el fin de precaver que la libertad contractual se emplee abusivamente en detrimento de otros derechos fundamentales. Es por ello que cualquier restricción injustificada al acceso a la información debe entenderse como una práctica abusiva, propiciada por el poder dominante del que gozan las entidades aseguradoras y bancarias.
7. Análisis del caso concreto.
7.1. Procedencia de la acción de tutela interpuesta por Juan José Rincón Torres debido a su condición de vulnerabilidad e indefensión.
A diferencia de lo expuesto por el Juzgado 1º Civil del Circuito de Duitama que negó por improcedente la acción de tutela promovida por Juan José Rincón Torres, debido a la existencia de otros mecanismos ordinarios de defensa judicial, esta Sala de Revisión observa que las condiciones particulares del caso ameritan la intervención excepcional del juez de tutela y que se entre a resolver definitivamente el reclamo constitucional invocado por Juan José Rincón Torres.
Según se explicó en la parte dogmática de esta sentencia, las empresas del sector financiero gozan de amplias atribuciones legales para el ejercicio de sus funciones, mientras el ciudadano que acude a sus servicios se encuentra, normalmente, en situación de indefensión.
En lo que tiene que ver específicamente con la condición física y mental del señor Rincón Torres, es de notar que el mismo es sujeto de especial protección constitucional tanto por su avanzada edad (77 años), como por el hecho de haber sido calificado con un 56.60% de invalidez como consecuencia del “Alzheimer, altamente disfuncional73 que lo aqueja. Es más, la propia junta médica sostiene que su padecimiento de origen común lo hace dependiente de la ayuda de terceros74.
Adicionalmente, la amenaza de perjuicio irremediable es evidente. En efecto, de esperarse la solución de la controversia contractual ante la jurisdicción ordinaria es probable que ocurra un daño grave por cuanto se encuentra en discusión la posibilidad de perder la casa en la que habita junto con su hijo, lo cual comprometería su vida digna en tanto que la mínima mesada pensional que devenga aleja las posibilidades de encontrar un nuevo hogar; todo lo anterior agravado por su edad y el estado de discapacidad que lo aqueja. El daño también aparece como inminente en tanto que como se constató en el proceso de revisión, el Banco Caja Social ya inició proceso ejecutivo hipotecario contra el accionante ante el Juzgado 2º Civil Municipal de Duitama.
Lo anterior hace urgente la ejecución de las medidas necesarias para conjurar el perjuicio irremediable, y en consecuencia, impostergable la actuación del juez de tutela, porque de esperarse a que el asunto se solucione mediante un proceso civil ordinario, se correría el riesgo de sufrir un daño con efectos antijurídicos.
Podría esgrimirse en contra de lo anterior que el demandante cuenta aún, dentro del proceso ejecutivo, con las oportunidades procesales suficientes para presentar las correspondientes excepciones y hacer valer las pruebas que soporten su reclamo. Pero ante la falta de información suficiente y oportuna sobre el alcance del seguro -la cual el actor intentó obtener infructuosamente mediante derechos de petición-, resultaría inocua y meramente formal cualquier oportunidad de defensa judicial que se conceda al accionante. En efecto, el proceso ejecutivo iniciado por la entidad bancaria evidencia que el señor Rincón Torres pasó a depender de manera absoluta de las decisiones que una y otra entidad adopten con relación al crédito suscrito, sin que las vías procesales ordinarias sean eficaces de cara a la eventual afectación de derechos fundamentales.
Con respecto a la exigencia de inmediatez se observa que fue 10 meses después del reconocimiento del estado de invalidez que el señor Rincón Torres presentó derecho de petición para hacer valer el cubrimiento del contrato de seguro; y fueron poco más de 5 meses el tiempo que tomó al accionante interponer la acción de tutela ante el silencio de la entidad aseguradora frente a la segunda solicitud de copia de la póliza. Estos términos, dada la negligencia en el acceso a la información por parte de las entidades demandadas y el padecimiento de Alzheimer del accionante, resultan razonables para esta Corporación.
Teniendo en cuenta que la omisión en la información completa y oportuna del contrato de seguro ofrecido por Liberty Seguros S.A. representa un aspecto neurálgico en este caso concreto, se abordará en detalle en el siguiente acápite.
7.2. La omisión en la información oportuna, clara y completa de la póliza de seguro a Juan José Rincón Torres constituye una práctica abusiva de las entidades financieras y vulneradora de los derechos fundamentales.
De acuerdo con lo expuesto en la parte dogmática, el acceso efectivo a la información es uno de los pilares esenciales sobre el cual se edifica la relación entre las entidades del sector financiero y los consumidores o usuarios del mismo. En este sentido, constituye un deber de diligencia mínimo de la compañía aseguradora registrar y almacenar organizadamente los documentos que contienen los elementos esenciales del contrato suscrito, para que así mismo pueda suministrarlos de forma completa y oportuna al tomador, beneficiario o asegurado que los solicite en cualquier momento. Obligación expresamente incluida por el Código de Comercio75 y reglamentada por la Superintendencia Financiera76.
Pese a lo anterior, en el caso concreto se evidencia el incumplimiento notorio de la aseguradora y la entidad bancaria en el suministro de la información. Dicha incuria produjo una vulneración al derecho fundamental de petición de Juan José Rincón Torres, quien en dos ocasiones solicitó copia de la póliza de seguro y sus anexos, lo cual no mereció siquiera un pronunciamiento de la entidad accionada. Más grave aún es que esta omisión también repercutió significativamente en el derecho de defensa del señor Rincón Torres al momento que fue notificado del inicio del proceso ejecutivo hipotecario en su contra y no pudo contar con los documentos del contrato de seguro para sustentar su oposición. La Corte Constitucional en ejercicio de sus competencias se vio obligada a requerir en dos ocasiones a la compañía para que allegara los documentos en mención, sin que el resultado haya sido totalmente satisfactorio.
Al Banco Caja Social también le asiste responsabilidad en esta falla. En efecto, se presume que esta entidad está en posesión del texto original de la póliza de seguro porque así lo dispuso el legislador nacional77. Al ser cuestionado por esta Corporación acerca de los medios de información y divulgación de las condiciones del contrato de seguro, se limitó a señalar que “la copia de la póliza requerida fue solicitada oportunamente a la compañía aseguradora (…) que procederá a pronunciarse sobre el particular ante la Corte Constitucional78, pretendiendo con ello descargar toda responsabilidad en la entidad aseguradora, pese a que el marco normativo y la jurisprudencia han venido reiterando su obligación inexcusable de suministrar información cierta y suficiente a sus deudores79. Ni qué decir del Defensor del Cliente adscrito a esta entidad bancaria, quien mantuvo un silencio total.
A la luz de lo expuesto, no resulta razonable esperar más tiempo a que la aseguradora encuentre todos los documentos necesarios del contrato de seguro grupo deudores al que se adhirió el señor Rincón Torres, ni legítimo permitir que culmine el cobro ejecutivo en contra del accionante, sin que éste haya siquiera tenido la oportunidad de contar con los medios suficientes para ejercer su defensa. Por ello, entra la Corte a resolver el caso concreto con la información disponible en el expediente.
7.3. La interpretación sistemática y pro consumatore del material probatorio que se pudo recaudar permite concluir que el contrato de seguro en el caso específico de Juan José Rincón Torres no contemplaba el límite de edad de permanencia que aducen las entidades accionadas.
Esta Corte considera necesario reiterar que a pesar del requerimiento realizado en dos ocasiones a la entidad accionada para que aportara “los documentos mediante los cuales se instrumentó el contrato de seguro de vida grupo deudores al que se refiere el presente trámite de tutela, junto con las condiciones generales y particulares del mismo”80, no se recibió copia completa de la póliza efectivamente suscrita entre el Banco Colmena (hoy BCSC S.A.) y Liberty Seguros S.A. Tan solo se aportaron licitaciones posteriores que en algunos casos se reducen a simples invitaciones para contratar, sin firmas y sin ningún tipo de elemento que permita inferir que esas fueron efectivamente las condiciones que regularon el amparo de los riesgos cubiertos.
Ante este tipo de inconvenientes, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto tomar la decisión “tratando de dilucidar el contenido real del contrato pactado ante la falta de prueba determinante para conocer su contenido, y cuya falta es atribuible a la parte accionada que, a pesar del requerimiento, se abstuvo de poner a disposición81. Corresponde al juez de tutela entonces auscultar el contenido y alcance del negocio jurídico, respetando en la mayor medida posible lo acordado, sin sustituir la voluntad de las partes cuando ella aparezca diáfanamente en las pruebas obrantes en el expediente.
La siguiente tabla resume los documentos aportados por Liberty Seguros S.A. En la primera columna se anota el nombre con el que fue presentado por la propia entidad. Luego se realizan las observaciones de esta Sala de Revisión con respecto a algunos aspectos que se consideran claves para juzgar la credibilidad que ofrece el documento82. Finalmente, se transcriben las cláusulas que guardan relación directa con el punto central del debate, a saber, la existencia o no de un límite máximo de edad de permanencia para el cubrimiento del siniestro de incapacidad total y permanente.


Descripción

Observaciones

Cláusulas relacionadas con el riesgo de incapacidad total y permanente

Condiciones que regulaban el seguro de vida grupo deudores, expedida por Seguros Colmena.

- Título: “Póliza de seguro de vida de grupo”.

- En su primera página contiene en letra resaltada el resumen de los amparos y exclusiones.

- Anexo introductorio: no tiene.

- Firmas: no tiene.



Cláusula Cuarta:

la edad mínima de ingreso es de 12 años para las mujeres y de 14 años para los hombres; la máxima en ambos casos será de 70 años.



Para el seguro de grupo deudores la edad mínima es de 18 años”.
Anexo de incapacidad total y permanente:

Para todos los efectos de este amparo se entiende por incapacidad total y permanente aquella incapacidad sufrida por el asegurado, cuya edad no exceda la indicada para el efecto en la caratula de la póliza (…)



Condiciones de licitación del año 2000 al 2003

- Anexo introductorio: sí, firmado por Colmena Seguros, y fechado el 24/12/99.

- Título: “Póliza vida deudores Colmena Corporación. Selección – Propuesta 2000-2003”.

- Hay algunos artículos tachados con marcador83.


Condición sexta:
La edad máxima de ingreso para la cobertura de Incapacidad Total y Permanente es de 56 años con permanencia hasta los 66”.

Condiciones de licitación del año 2003 al 2005

- Anexo introductorio: sí, firmado por Liberty Seguros S.A. y el Banco Colmena, fecha 30/10/02.

- Título: “Condiciones particulares de la póliza No. 4600”.

- Firmas: Liberty Seguros S.A. y del tomador Colmena.

- Cada hoja viene con sello notarial.



Condición sexta:
La edad máxima de ingreso para las coberturas de incapacidad total y permanente, enfermedades graves y beneficio por hospitalización es de 69 años con permanencia hasta los 70 años”.

Condiciones de licitación del año 2006 al 2008

- Anexo introductorio: sí, firmado por Liberty Seguros S.A. y el tomador Banco Caja Social, fecha 01/01/06.

- Título: “·Condiciones particulares de la póliza de vida grupo deudores – Programa Colmena BCSC

- Firmas: no tiene.


Condición octava:
La edad máxima de ingreso para las coberturas de incapacidad total y permanente, enfermedades graves y beneficio por hospitalización es de 69 años con permanencia hasta los 70 años”.

Condiciones de licitación del año 2009 al 2011

- Anexo introductorio: no.

- Título: “Licitación BCSC vigencia 2009-2011

- Firmas: no tiene.


Condición general 3.2:

Para efectos de este seguro se entiende por Incapacidad Total y Permanente del asegurado menor de 70 años, la incapacidad estructurada durante la vigencia del presente seguro y calificada médicamente con un grado de invalidez superior al 50% con base en el manual de calificación de invalidez del sistema de seguridad social”.


Condición particular 8:

La edad máxima de ingreso para las coberturas de incapacidad total y permanente, enfermedades graves y beneficio por hospitalización es de 69 años con permanencia hasta los 70 años”.



Certificados individuales de seguro como modelos

- Cuatro formatos sin diligenciar, que al respaldo incluyen las condiciones particulares del seguro de vida grupo deudores.

Cobertura adicional de incapacidad total y permanente:

Para efectos de este seguro se entiende por Incapacidad Total y Permanente del asegurado menor de 70 años, la incapacidad estructurada durante la vigencia del presente seguro (…)”.


Edad y permanencia:

Incapacidad total y permanente: 70 años.

Condiciones generales de la póliza de seguro de vida grupo, expedida por Liberty Seguros.

Título: “Condiciones generales póliza de seguro de vida grupo” y “Condiciones particulares de los amparos opcionales”.

- Firmas: no tiene.

- Número consecutivo al final del documento: 01/05/03-1333-P-34-VGV-08.

- Corresponde al modelo de contrato de seguro grupo de vida deudores, publicado por la entidad en su página web.




Condición general Decimo Octava:

Las edades mínimas de ingreso para la póliza de seguro de vida grupo son de doce (12) años para mujeres y de catorce (14) para hombres, y la máxima en ambos casos, es de setenta (70) años no cumplidos



Para los seguros de Grupo Deudores la edad mínima de ingreso es 18 años”.
Condición Particular Primera:

Para todos los efectos del presente amparo opcional se entiende por incapacidad total y permanente, la sufrida por el asegurado, menor de setenta (70) años de edad, o cualquier otra edad expresa en la carátula de la póliza para este amparo opcional, por un accidente o enfermedad ocurrido (…)”.


Con fundamento en lo expuesto en la parte dogmática de esta sentencia y en atención a las pruebas que fue posible recaudar, la Sala de Revisión concluye que en el caso particular y específico de Juan José Rincón Torres el contrato de seguro no contemplaba los 70 años como límite de edad de permanencia para el cubrimiento del riesgo de invalidez total y permanente84, o al menos, tal restricción no fue probada por Liberty Seguros S.A. Para llegar a esta conclusión, la Corte parte de las siguientes premisas:


1- Atendiendo las condiciones que anteceden la formación del consentimiento en este tipo de negocio jurídico, se observa que es la compañía aseguradora la que ofrece al mercado una propuesta de seguro de vida grupo deudores, frente a la cual la entidad bancaria tomadora está en la posibilidad de negociar algunas cláusulas específicas para adaptarlas mejor a sus intereses. Es por ello que las partes contractuales son Liberty Seguros S.A. en tanto compañía aseguradora y el BCSC S.A. como tomadora, mientras que Juan José Rincón Torres, en calidad de asegurado, no tuvo poder de negociación alguno y solo participó en la suscripción de un documento anexo denominado certificado individual de ingreso, mediante el cual se adhirió a unas cláusulas contractuales previamente acordadas entre las entidades financieras.
En razón de lo anterior, cuando se advierta algún vacío o ambigüedad en las condiciones contractuales, el juez tendrá que recurrir a las reglas hermenéuticas que se orientan de manera decidida a proteger al adherente (interpretación pro consumatore) y con ello equilibrar, en parte, la situación de indefensión en la que se encuentra el ciudadano del común cuando acude al sistema financiero en busca de un crédito.
2- La documentación del contrato de seguro de vida grupo deudores acordado entre Liberty Seguros S.A. y el Banco BCSC S.A. está incompleta. De hecho no existe copia de la póliza No. 73-4600 originalmente pactada y algunos de los documentos allegados por la compañía aseguradora ni siquiera ofrecen certeza suficiente de que hayan sido las condiciones que efectivamente regularon este negocio jurídico. Dicha insuficiencia probatoria es atribuible a las entidades accionadas, de las que se esperaría un mayor nivel de diligencia.
3- El documento más antiguo que obra en el expediente se titula “Póliza de seguro de vida de grupo” y fue elaborado por la otrora Seguros Colmena S.A. En sus cláusulas se pactó expresamente una edad mínima y máxima de ingreso, mas no de permanencia. Incluye un formato anexo específico para los eventos de invalidez total y permanente en los que sugiere que existe un límite de edad para el cubrimiento de este siniestro pero remite para ello a lo expuesto en la carátula de la respectiva póliza.
Una regulación similar se encuentra contenida en el modelo de póliza que comercializa actualmente Liberty Seguros S.A. en su sitio web85. Según lo dispuesto por la Superintendencia Financiera de Colombia86 tal modelo virtual es de mayúscula importancia en tanto constituye el deber mínimo de información que permite al consumidor tener un espacio de consulta fácil, permanente y actualizado. Este modelo prescribe dentro de las condiciones particulares de amparo que: “se entiende por incapacidad total y permanente, la sufrida por el asegurado, menor de setenta (70) años de edad, o cualquier otra edad expresada en la carátula de la póliza para este amparo opcional”.
En suma, no aparece en los estatutos referenciados un límite de edad específico para reclamar el cubrimiento del seguro en casos de invalidez total y permanente, sino una remisión a lo que se acuerde específicamente en cada póliza individual.
4- El accionante, por su parte, aportó copia simple del certificado individual de seguro número 0237956, elaborado directamente por Liberty Seguros S.A. y suscrito tanto por el representante de la misma como por el señor Rincón el 29 de mayo de 200187. Este documento goza de una innegable importancia probatoria en el ordenamiento colombiano88. En efecto, se trata de la oportunidad principal en la que el asegurado demuestra su consentimiento de adhesión al contrato de seguro colectivo previamente acordado entre la entidad bancaria y aseguradora, y se supone que contiene los elementos esenciales en cuanto a la identificación de la póliza, los amparos convenidos, los beneficiarios y el cálculo de la prima.
Además, la doctrina es unánime al afirmar que lo estipulado en los anexos o documentos específicos y particulares de aseguramiento prevalece sobre cualquiera de aquellas cláusulas generales con las que se encuentren total o parcialmente en pugna89.
En el caso concreto, la Sala de Revisión observa que en la parte superior derecha del certificado individual aportado por el accionante se encuentran tres casillas sin diligenciar denominadas, edad de asegurabilidad, recargo por Salud y extraprima por Ocupación. Llama la atención la primera, por cuanto parece ser el espacio específico destinado a reglamentar la edad máxima de cobertura del seguro para el señor Juan José Rincón Torres, sobre todo si se tiene en cuenta que la edad y fecha de nacimiento del accionante se indagan en un espacio adicional en el acápite dedicado a los datos del asegurado principal.
Partiendo de una valoración pro consumatore, la Sala considera que (i) ante la ausencia de una carátula que establezca un límite máximo de edad de permanencia, (ii) el no diligenciamiento de la casilla correspondiente a la edad de asegurabilidad; y que (iii) los vacíos o ambigüedades en las cláusulas se interpretarán contra quien las redactó, es necesario concluir que el contrato de seguro al que voluntariamente se adhirió Juan José Rincón Torres el 29 de mayo de 2001 no contemplaba ningún límite máximo de edad de permanencia.
5- Por último, es preciso aclarar que si bien la entidad aseguradora allegó varios documentos que sostiene corresponden a las modificaciones y renovaciones que periódicamente se hicieron del contrato de seguro grupal en discusión, y en algunos de los cuales sí se consagra un límite de edad de permanencia específico, tal argumento no controvierte la conclusión a la que llegó esta Sala de Revisión.
Para empezar, algunas de las licitaciones remitidas a esta Corporación no ofrecen certeza sobre si dicho clausulado efectivamente rigió la situación de aseguramiento90. En todo caso, asumiendo en gracia de discusión que los documentos aportados son fiel reflejo de las cláusulas acordadas por el Banco y la compañía aseguradora, no se entiende por qué las modificaciones posteriores, especialmente aquellas tan significativas como la consagración o modificación del límite de edad de permanencia, no fueron siquiera notificadas al accionante, quien a partir de su certificado individual de adhesión confiaba razonablemente que el seguro no contenía tal restricción. Se reitera igualmente que el certificado aportado por el señor Rincón Torres, dada su especialidad, prevalece sobre las condiciones generales esgrimidas por la entidad accionada.
En esta medida, debe precisar esta Corporación que las cláusulas restrictivas de los derechos de los particulares en sus relaciones con las entidades financieras, deben estar redactadas y consagradas de manera previa, expresa, clara y taxativa, y el acceso a las mismas por parte del consumidor debe garantizarse de forma simple, oportuna y completa.
No sobra reiterar que dada la consagración de la Constitución como “norma de normas91 y dado el alcance de sus efectos horizontales, las cláusulas contractuales no solo deben ajustarse al marco legal vigente sino que con mayor razón deben abstenerse de contrariar los mandatos constitucionales. Por esta razón, la Corte comenzará por exhortar a las compañías aseguradoras y crediticias a revisar sus contratos para precaver que el estado de ancianidad quede absolutamente desprotegido, por el simple e inexorable paso de los años.
Por todo lo expuesto, la Corte Constitucional revocará el fallo proferido en segunda instancia por el Juzgado 1º Civil del Circuito de Duitama, el 13 de septiembre de 2012. En su lugar, concederá el amparo al derecho fundamental de petición, a la protección especial de las personas de la tercera edad, al mínimo vital, a la vivienda digna y al debido proceso.
En consecuencia, se ordenará a Liberty Seguros S.A. que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, efectúe el trámite necesario para pagar al Banco Caja Social, como tomador y beneficiario de la póliza de seguro de vida grupo deudores, el saldo insoluto de la obligación adquirida por el accionante con dicho Banco. Igualmente, se ordenará al Banco Caja Social abstenerse de continuar o adelantar en contra del accionante cualquier cobro por el saldo insoluto que con cargo al seguro de vida grupo deudores deberá cubrir Liberty Seguros S.A. Por lo mismo, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Duitama (Boyacá), tendrá que dar por terminado inmediatamente el proceso ejecutivo hipotecario número 2012-308 y levantar las medidas cautelares que se hayan producido con ocasión del mismo.
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