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Artavia Murillo y Miguel Mejías Carballo

85. La señora Grettel Artavia Murillo contrajo matrimonio con el señor Miguel Mejías Carballo el 13 de diciembre de 1993 (115). A raíz de un accidente laboral ocurrido en 1985, el señor Mejías sufrió un accidente a la edad de 19 años que lo dejó parapléjico permanentemente (116), razón por la cual decidieron buscar ayuda médica.

86. La médica tratante diagnosticó la imposibilidad de la pareja para procrear naturalmente, por lo que era imposible llegar a un embarazo sin asistencia médica. Teniendo en cuenta lo anterior, les realizó ocho inseminaciones artificiales (117). Para sufragar los gastos de las inseminaciones, la pareja solicitó créditos fiduciarios e hipotecarios e hipotecó su casa, además de vender algunas de sus pertenencias (118). Sin embargo, las inseminaciones artificiales no dieron resultado (119).

87. En febrero de 2000, la médica tratante le informó a la pareja que la última alternativa a seguir en el tratamiento contra la infertilidad sería practicar una FIV. Un mes después, el 15 de marzo de 2000 la Sala Constitucional de Costa Rica emitió la sentencia que prohibió la práctica en el país (120). La pareja no tenía los recursos económicos para viajar al exterior para realizarse el tratamiento (121).

88. El 10 de marzo de 2011 la pareja se divorció, siendo una de las razones la imposibilidad de tener hijos biológicos (122).

F.2) Ileana Henchoz Bolaños y Miguel Yamuni Zeledón

89. El 22 de febrero de 1992 los señores Miguel Antonio Yamuni Zeledón e Ileana Henchoz Bolaños se casaron (123). Dentro de su núcleo familiar estaba la hija del primer matrimonio de la señora Henchoz (124).

90. Desde 1994 decidieron tener hijos. A partir de 1994 la pareja se practicó 16 inseminaciones artificiales sin resultados (125). Luego de practicarse otras tres inseminaciones artificiales más con otro doctor, y realizar otros exámenes, en 1999 les fue diagnosticado que la única manera por la que podían tener hijos era por medio de la FIV (126). Para ello, la pareja se realizo una serie de exámenes de laboratorio (127). Después de esto el médico tratante manifestó que “exist[ía] un factor masculino subóptimo y se realizó un ciclo de inseminación intrauterina con capacitación espermática sin resultados” (128).

91. En el año 1999 se le practicaron varios procedimientos y exámenes médicos a la señora Henchoz, como por ejemplo una miomectomía, en el que se removió un fibroma (129). El médico tratante afirmó que “en el mes de noviembre de ese año de nuevo se insemin[ó] sin resultados” (130). El 7 de enero de 2000 le fueron recetados medicamentos a la señora Henchoz para estimulo ovárico (131). El 15 de febrero a la señora Henchoz se le hicieron dos exámenes de laboratorio relativos a hormonas y un ultrasonido (132).

92. El 10 marzo de 2000 se emitió la sentencia de la Sala Constitucional, razón por la cual la pareja decidió viajar a España para continuar el tratamiento (133). Como pasos previos para el viaje, en abril de ese año se le realizaron varios exámenes médicos y se recetaron medicamentos (134).

93. Entre los días 18 y 28 de abril la pareja estuvo en España (135). El 21 de abril de 2000 se hicieron los trámites y exámenes de laboratorio necesarios (136). El 23 de abril siguiente le implantaron 2 embriones (137) a la señora Henchoz. El costo en España por el tratamiento fue de 463.000 pesetas (138).

94. Los días 2, 5, 8, 15 y 16 de mayo de 2000 se le practicaron 7 exámenes del comportamiento de las hormonas para dar seguimiento al embarazo a la señora Henchoz (139). El médico indicó que se “realiz[ó] un proceso de FIV en el Instituto Valenciano de Infertilidad, Valencia, España [y que s]e consigu[ió] embarazo bioquímico que se desvanec[ió] en unos días. Aborto bioquímico” (140).

95. La pareja decidió viajar a Colombia, por lo que para esta primera fase de la FIV a la señora Henchoz se le practicaron exámenes médicos (141). El señor Yamuni y la señora Henchoz viajaron a Colombia el día 25 de noviembre de 2000 (142). La FIV en Colombia se practicó entre el 25 de noviembre y el 3 de diciembre de 2000 (143). Los días 5, 13, 14 y 22 de diciembre de 2000 se le realizaron a la señora Henchoz 5 exámenes del comportamiento de las hormonas para dar seguimiento al posible embarazo (144) y los días 19 y 27 del mismo mes y año dos ultrasonidos (145). Este nuevo intento no arrojó resultados (146). El 27 de abril de 2001 se dio un informe de citogenética de la sección de genética humana a la pareja, en el que se indicó que hubo dos pérdidas (147).

F.3) Oriéster Rojas y Julieta González

96. El señor Oriéster Rojas y la señora Julieta González contrajeron matrimonio el 20 de julio de 1996 (148). Luego de transcurridos unos meses y ante la falta de un embarazo de la señora González, el señor Rojas inició un tratamiento con la Caja Costarricense del Seguro Social. Entre 1997 y 1999 el señor Rojas se practicó un procedimiento quirúrgico y varios exámenes médicos (149).

97. El 6 de febrero de 2001 se inició la primera fase de preparación de la FIV a la señora González, por lo que se emitieron dos recetas médicas, en donde se le prescribieron los medicamentos conocidos como puregón y luprón (150), para poder practicarse la FIV en Panamá. El 3, 5, 9 y 12 de marzo de 2001, la señora González empezó el ciclo de inducción a la ovulación, uno de los pasos previos para ir posteriormente a Panamá para la realización de la FIV (151).

98. Entre el 13 y el 20 de marzo de 2001 el señor Rojas y la señora González estuvieron en Panamá con el propósito de realizarse un procedimiento de la FIV (152). Se realizó el procedimiento de FIV con microinyección espermática (ICSI) debido al factor masculino severo (153). Tras dicho procedimiento, le fueron recetados medicamentos (154).

99. Tras su regreso de Panamá, la señora González se sometió nuevamente a pruebas hormonales, mediante las cuales se determinó que no había embarazo (155).

100. El 23 de enero de 2002 la señora González y el señor Rojas promovieron un proceso de adopción directa (156), la cual fue autorizada (157).

F.4) Víktor Sanabria León y Claudia Carro Maklouf

101. El día 16 de abril de 1999 se casaron la señora Claudia Carro Maklouf y el señor Víktor Sanabria. La señora Carro tenía 3 hijos de su primer matrimonio, mientras que el señor Sanabria no tenía hijos de su primer matrimonio (158). Antes del matrimonio, la pareja había acudido a citas médicas y el 21 de septiembre de 1998 se diagnosticó al señor Sanabria “hipomotilidad espermática” y “viscosidad seminal aumentada” (159), asociadas a infertilidad masculina, patología que de no corregirse condicionaba un muy bajo porcentaje de conseguir un embarazo natural (160).

102. Por su parte, a la señora Carro, tras una serie de análisis médicos, entre ellos una histerosalpingogradia, se le diagnosticó una lesión tubárica, por lo que se recomendó realizar una FIV (161). En octubre del año de 1998 se operó con la finalidad de reparar en lo posible la lesión tubárica. En diciembre de 1999 la señora Carro se sometió a un primer intento de FIV, el cual no tuvo resultados positivos. A inicios de 2000 la señora Carro volvió a ser intervenida quirúrgicamente (162).

103. A raíz de la sentencia de la Sala Constitucional, la pareja recurrió a practicarse la FIV en España, en el Instituto Valenciano de Infertilidad (en adelante “IVI”) en Madrid (163).

104. La pareja viajo en octubre de 2001 a España (164). El 22 de octubre de 2001 el IVI emitió una factura por el monto de 413.000 pesetas españolas, por concepto de “actuaciones profesionales al paciente” (165). La FIV realizada en España no fue exitosa, por lo que no hubo embarazo (166).

105. La pareja inició un proceso de adopción el 10 diciembre de 2002 y les fue entregada en custodia temporal a una niña a la pareja (167). La señora Carro y el señor Sanabria se separaron en noviembre de 2003 y se divorciaron el 27 de enero de 2005 (168). El 1 de diciembre de 2006 se dio en adopción individual a la niña al señor Sanabria (169). En abril de 2009 la señora Carro adoptó de manera individual a un niño (170).

F.5) Geovanni Vega y Joaquinita Arroyo

106. La señora Joaquinita Arroyo y el señor Geovanni Vega contrajeron matrimonio el 8 de diciembre de 1989 (171).

107. Alrededor de octubre de 1990, al no quedar embarazada, la señora Vega inició un tratamiento médico que implicó varios estudios (172). Posteriormente a ese tratamiento, se aplicaron 12 inseminaciones artificiales (173). Asimismo, el señor Vega también se realizó exámenes médicos (174).

108. La pareja recurrió a otro médico, se hicieron nuevos exámenes, y se hizo aplicación de otra serie de procedimientos de inseminación artificial. En algunas oportunidades se realizaron hasta dos inseminaciones para un mismo ciclo (175).

109. El 25 de octubre de 2000 se le practicó a la señora Arroyo una laparoscopía con el propósito de determinar las causas del problema para concebir un hijo (176). El 13 de octubre de 2001 el médico tratante catalogó el caso como de “causa desconocida” y remitió a la pareja a la Clínica Barraquer en Colombia, para realizar la FIV (177).

110. Se programó el viaje de la pareja a Colombia en los días cercanos al 25 de octubre de 2001 (178). Dicho viaje a Colombia, en donde se habría realizado la segunda fase de la FIV, no fue realizado. Nuevamente la pareja decidió iniciar la preparación de FIV a realizarse en Colombia, sin embargo, el 7 de marzo de 2002 se le diagnosticó a la señora Arroyo “fibromas intramurales” (179). El 4 de abril de 2002 se le practicó una miomatosis uterina (180). El 15 de abril se le practica una biopsia (181).

111. En el año 2003 la pareja adoptó una niña. En el año 2006 la señora Arroyo quedó embarazada y dio a luz a una niña el 25 de junio de 2007 (182).

F.6) Karen Espinoza y Héctor Jiménez

112. La señora Espinoza y el señor Jiménez se casaron el 10 de febrero de 2001. Al final del año 2001 la pareja recurrió a un tratamiento médico con el fin de buscar un embarazo. En el marco de dicho tratamiento, la pareja se realizó varios exámenes (183). El 23 de julio de 2002 a la señora Espinoza se le hizo una laparoscopía por un diagnostico de endometriosis, de infertilidad primaria de siete años de duración e impermibilidad tubárica (184).

113. Entre agosto de 2002 y el 2004 la pareja continuó realizando exámenes médicos (185) y de laboratorio (186). Durante el 2004 se le practicaron a la señora Espinoza tres inseminaciones artificiales y una laparoscopia, mediante la cual se determinó “la presencia de endometriosis pélvica y anomalía anatómica por factor tubárico de infertilidad primaria” en la paciente y, en consecuencia “a criterio médico [se] sugirió avanzar a la técnica de reproducción asistida [FIV] como método para poder concebir para ella y su cónyuge” (187).

114. El 24 de enero de 2006 se le practicó a la señora Espinoza una laparotomía exploradora por infertilidad y dolor pélvico (188). En el año 2006 el médico tratante emitió una segunda opinión sobre recurrir a la FIV. En consecuencia, se practicaron dos veces la primera fase de la FIV en Costa Rica para ir a Colombia. Sin embargo, no hubo respuesta ovárica (189), razón por la cual no se continuó con la siguiente fase de la FIV.

115. El 26 de octubre de 2007 la pareja tuvo una niña por embarazo natural (190).

F.7) Carlos Eduardo de Jesús Vargas Solórzano y María del Socorro Calderón Porras

116. De su primer matrimonio la señora María del Socorro Calderón tuvo dos hijos. Desde 1989 vive con el señor Vargas y se casaron en 1995 (191).

117. En 1994 un médico le indicó a la señora Calderón que otro médico le habría cortado las trompas de Falopio (192). Posteriormente le descubrieron quistes en los ovarios y le hicieron una intervención médica. Luego, le dictaminaron varicocele al señor Vargas, lo cual condujo a diversos exámenes a partir de los cuales se concluyó que la única opción para concebir que tenía la pareja sería por FIV (193).

118. Posterior a la sentencia de 15 de marzo de 2000 de la Sala Constitucional, la médica les explicó la necesidad de utilización de medicamentos y la necesidad de viajar al exterior para realizar la segunda fase de la FIV (194). La pareja decidió adoptar un niño, pero no les fue entregado bajo custodia ningún niño (195).

F.8) Enrique Acuña Cartín y Ana Cristina Castillo León

119. El 27 de septiembre de 1988 el señor Enrique Acuña Cartín contrajo matrimonio con la señora Ana Cristina Castillo León (196). Después de cuatro años de casados empezaron a buscar tener un embarazo. En el marco de los exámenes que se practicaron, en 1997 se diagnosticó varicocele al señor Acuña y se determinó que el contenido espermático imposibilitaría la concepción natural, razón por la cual se sugirió recurrir a la FIV (197).

120. Por su parte, la señora Castillo acudió a varios médicos y la diagnosticaron con endometriosis y útero vuelto. Asimismo, se determinó que la señora Castillo sufría de “retrofelción uternina en grado 3” y una endometriosis en las trompas de Falopio, razón por la cual fue operada quirúrgicamente para corregir la “retroflexión” y revisar sus trompas. También se le sometió a tratamientos hormonales para suspender su período menstrual por más de un año (198).

121. Posteriormente, la pareja se practicó 11 inseminaciones artificiales (199). Para marzo del 2000, la señora Castillo cumplía con un protocolo médico para controlar los males diagnosticados y estaba a la espera del resultado de una última inseminación, que si no daba resultados positivos, tendría como siguiente paso la realización de una primera FIV (200).

122. Finalmente, el señor Acuña y la señora Castillo se divorcian el 21 de marzo de 2007 (201).

F.9) Andrea Bianchi Bruna y Germán Moreno Valencia

123. La señora Andrea Bianchi Bruna contrajo matrimonio el 15 de junio de 1996 con el señor Germán Moreno Valencia (202).

124. A los tres años de matrimonio y ante la imposibilidad de lograr un embarazo, la pareja acudió a tratamiento médico. En el marco del tratamiento, la señora Bianchi se realizó varios exámenes médicos, entre ellos una histerosalpingografía, los cuales arrojaron que sufría de endometriosis (203). De manera que la señora Bianchi se realizó una primera cirugía, una laparoscopía exploratoria (204), la cual arrojó como resultado una obstrucción total de sus trompas de Falopio, por lo que el médico les afirmó que no había posibilidad de embarazo que implicase usar el trayecto de las trompas de Falopio (205).

125. Durante el 2000, la pareja se realizó sin éxito tres inseminaciones artificiales. Con posterioridad a la sentencia de 15 de marzo de la Sala Constitucional, les fue explicado que la única opción para lograr un embarazo era viajar a otro país para lograrlo y en junio de 2001 se les recomendó viajar inmediatamente a Colombia por lo imprevisto del desarrollo de los folículos en el ovario. La pareja viajó a Bogotá, Colombia, para empezar los exámenes. Tras varias valoraciones médicas, se realizó la FIV. Sin embargo, el procedimiento no arrojó resultados positivos (206). En diciembre de 2001, la pareja volvió a viajar a Colombia donde se realizó una segunda FIV (207). El 17 de diciembre de 2001 la prueba de embarazo dio positivo. La señora Bianchi dió a luz a dos gemelos el 11 de julio de 2002 (208).

VII


CONSIDERACIÓN PREVIA SOBRE EL OBJETO DEL PRESENTE CASO

Argumentos de la Comisión y alegatos de las partes

126. El representante Molina alegó que en el presente caso “hubo una política consistente y sostenida por más de 11 años que se mantiene continuada en el Estado costarricense respecto de la prohibición de la [FIV] y de cualquier otro método de reproducción asistida que impregn[ó] no sólo las acciones y omisiones de todos los poderes del Estado, sino que se ext[endió] a propiciar en la sociedad civil un repudio frente a personas que sufren este tipo de discapacidad reproductiva” (209). Por otra parte, argumentó que “luego del fallo, las víctimas experimentaron una estigmatización social que minó su honra y reputación social”. En ese sentido, arguyó que “[l]a divulgación en los medios de la prohibición de la FIV, y la caracterización que algunos hicieron de la infertilidad fue estigmatizante para las [presuntas] víctimas y su entorno, y violó sus derechos a la intimidad. [Asimismo], algunos medios, en sus campañas en contra de la FIV emitieron mensajes ofensivos y denigrantes hacía los demandantes en general, provocando daños en su salud mental”. Agregó que las presuntas “víctimas del caso fueron juzgados por la sociedad civil en virtud de la falta de información existente sobre el tema[, por lo que c]onstantemente surgían en diversos medios de comunicación ciertos juicios de valor que iban dirigidos a menoscaba la lucha que desarrollaban las parejas con una amplia gama de descalificativos”.

127. En cuanto a la exposición pública de las presuntas víctimas, el representante May argumentó que “se mantiene [...] el daño moral que se deriva de la exposición pública y al público y a los medios de comunicación, de la vida íntima de las víctimas, pues es claro que en última instancia ello viene provocado como una consecuencia cuya causal última y decisiva lo es la sentencia de Sala Constitucional”.

128. Sobre estos alegatos planteados por los representantes, el Estado presentó una excepción preliminar (supra párr. 40) respecto a que tales hechos no están incluidos en el escrito de sometimiento presentado por la Comisión ni resultan hechos supervinientes. Por otra parte, alegó que la FIV “no solamente no soluciona los problemas de salud de las personas infértiles, principalmente de las mujeres, sino que aumenta los peligros para su salud[, por cuanto] las mujeres pueden sufrir el síndrome de hiperestimulación ovárica, que en algunos casos puede provocar desbalance electrolítico, disfunción hepática y fenómenos tromboelíticos que puede ser fatales. Otras complicaciones incluyen sangrado, infección y torción anexial, que pueden poner en riesgo la vida de la madre” (210). De otro lado, el Estado argumentó que “los efectos psicológicos de la [FIV] en la mujer y en la pareja están bien documentados” (211). Además, el Estado alegó posibles daños a los niños concebidos con asistencia de la FIV y “síndromes raros” (212). El Estado aseveró que “otra problemática asociada con la técnica de [FIV] y la superestimulación ovárica es la generación de embarazos múltiples [los cuales] son comunes en la práctica”, y los cuales implicarían “un peligro para la salud de las mujeres” (213).

129. Sobre la crioconservación de embriones, el Estado argumentó que “para lograr una conservación adecuada [...] se utilizan crioprotectores, agentes químicos que [...] ejercen cierto grado de toxicidad sobre los embriones dependiendo de su concentración y el tiempo en que fueron expuestos”. Al mismo tiempo, “congelar y descongelar embriones puede provocar alteraciones en sus características morfológicas y en la tasa de supervivencia de los blastómeros, lo que puede traducirse en tasas de implantación más bajas”. Por último, el Estado indicó también que “la [FIV] acarrea en si una serie de dilemas y problemas legales igualmente profundos y complicados de resolver”. Al respecto, planteó las siguientes problemáticas: i) “no existe consenso [...] en el estatus jurídico de los embriones criogenizados y en la regulación y en la duración de su conservación y de su destino. Particularmente problemáticas son aquellas situaciones cuando los progenitores [...] se separan o divorcian”; ii) “la separación de progenitores que han congelado sus embriones, puede llevar a plantearse el tema de la paternidad forzada [...] en el supuesto de que uno de los progenitores exija la implantación del embrión a pesar de su separación o divorcio”; iii) “la [FIV] plantea una profunda problemática en relación con la regulación de la paternidad”, en particular el problema “de los derechos de paternidad del esposo de la mujer que se somet[ió] a una [FIV] heterogénea- con aporte de material genético de un hombre distinto de su esposo o compañero” dado que “uno de los factores esenciales para determinar la paternidad es la determinación del material genético” (214).

Consideraciones de la Corte

130. La Comisión Interamericana concentró el objeto del presente caso en los efectos de la sentencia emitida por la Sala Constitucional. Sin embargo, las partes han presentado alegatos respecto a los siguientes temas que exceden lo analizado en la sentencia de la Sala Constitucional, a saber: i) un presunto “contexto” alegado por el representante Molina; ii) la alegada injerencia que tuvieron los medios de comunicación y la sociedad en la vida privada de las presuntas víctimas, y iii) alegatos generales sobre los problemas que podría presentar la FIV. Con el fin de determinar el objeto del presente caso, el Tribunal procederá a establecer si estas controversias se enmarcan en lo anterior.

131. En primer lugar, este Tribunal ha establecido que el marco fáctico del proceso ante la Corte se encuentra constituido por los hechos contenidos en el Informe de Fondo sometidos a consideración de la Corte (215). En consecuencia, no es admisible que las partes aleguen nuevos hechos distintos de los contenidos en dicho informe, sin perjuicio de exponer aquellos que permitan explicar, aclarar o desestimar los que hayan sido mencionados en el mismo y hayan sido sometidos a consideración de la Corte (216). La excepción a este principio son los hechos que se califican como supervinientes, siempre que se encuentren ligados a los hechos del proceso. Asimismo, las presuntas víctimas y sus representantes pueden invocar la violación de otros derechos distintos a los comprendidos en el Informe de Fondo, siempre y cuando se atengan a los hechos contenidos en dicho documento, en tanto son las presuntas víctimas las titulares de todos los derechos consagrados en la Convención (217). En definitiva, corresponde a la Corte decidir en cada caso acerca de la procedencia de alegatos relativos al marco fáctico en resguardo del equilibrio procesal de las partes (218).

132. La Corte nota que la Comisión no alegó el contexto mencionado por el representante Molina. Sin embargo, los hechos que utiliza el representante para alegar dicho contexto si fueron indicados por la Comisión Interamericana en su informe de fondo. Al respecto, la Corte considera que el representante no presentó suficiente información y argumentación que permitiera enmarcar el presente caso en una “política de Estado” en contra de la FIV y “de cualquier otro método de reproducción asistida” en Costa Rica. Por tanto, el Tribunal considera que el presente caso no se encuentra relacionado con la alegada “política de Estado” presentada por el representante Molina. Sin perjuicio de ello, en lo que sea relevante, se tendrán en cuenta los hechos reseñados por el representante a la hora de realizar el análisis de fondo.

133. En cuanto a las violaciones alegadas por los dos representantes respecto a la injerencia de los medios de comunicación o la sociedad en la vida privada de las presuntas víctimas y por los cuales el Estado presentó una excepción preliminar (supra párr. 40), la Corte observa que los hechos que sustentan dicho alegato no fueron incluidos en el informe de fondo emitido por la Comisión, razón por la cual no serán considerados como parte del marco fáctico del presente caso.

134. Por último, la Corte destaca que el Estado presentó argumentos generales relacionados con los presuntos efectos o problemas que podría producir la FIV con relación a: i) los posibles riesgos que la práctica podría producir en la mujer; ii) alegadas afectaciones psicológicas en las parejas que acudan a la técnica; iii) presuntos riesgos genéticos que se podrían producir en los embriones y en los niños nacidos por el tratamiento; iv) los alegados riesgos de embarazos múltiples; iv) los supuestos problemas que implicaría la crioconservación de embriones, y v) los posibles dilemas y problemas legales que podrían generarse por la aplicación de la técnica.

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