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Artavia Murillo y otros (“fecundación In Vitro”) c. Costa Rica • 28/11/2012

HECHOS

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica declaró inconstitucional el Decreto que regulaba la fecundación in vitro, vedando así su práctica. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que esa decisión violó los derechos fundamentales de las víctimas a la vida privada y familiar, a la integridad personal en relación con la autonomía personal, a la salud sexual y reproductiva, y a gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico sin discriminación.



SUMARIOS:

1 - Del derecho de acceso al más alto y efectivo progreso científico para el ejercicio de la autonomía reproductiva y la posibilidad de formar una familia se deriva el derecho a acceder a los mejores servicios de salud en técnicas de asistencia reproductiva, y, en consecuencia, la prohibición de restricciones desproporcionadas e innecesarias de iure o de facto para ejercer esa clase de decisiones que correspondan en cada persona, como sería, en el caso, lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, que ocasionó que la fecundación in vitro no se practique en ese país.


2 - La decisión de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica que ocasionó que la fecundación in vitro no se practique en ese país generó la interrupción del tratamiento médico que habían iniciado algunas de las presuntas víctimas, mientras que otras se vieron obligadas a viajar para acceder a la práctica, y ello constituyó una interferencia en la vida privada y familiar de aquéllas, quienes debieron modificar o variar su curso de acción respecto a una decisión que ya habían tomado: la de intentar tener hijos por medio de ese método.


3 - Toda vez que la fecundación in vitro suele practicarse como último recurso para superar graves dificultades reproductivas, su prohibición en Costa Rica, a partir de la sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de ese país, afectó la integridad psicológica de las personas al negarles la posibilidad de acceder a un procedimiento que haga posible desplegar su libertad reproductiva, implicando una interferencia severa en relación con la toma de decisiones respecto a los métodos o prácticas que deseaban intentar con el fin de procrear un hijo o hija biológicos.


4 - La sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica, al declarar inconstitucional el decreto que regulaba la fecundación in vitro y, en consecuencia, prohibir la práctica, partió de una protección absoluta del embrión que, al no ponderar ni tener en cuenta los otros derechos en conflicto, implicó una arbitraria y excesiva intervención en la vida privada y familiar que hizo desproporcionada la interferencia, con efectos discriminatorios.

5 - El embrión no puede ser entendido como persona a efectos del artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, dado que la “concepción”  tiene lugar desde el momento en que aquél se implanta en el útero, razón por la cual, antes de este evento no habría lugar a la aplicación de la norma.

6 - A efectos de la interpretación del término “concepción” —art. 4 de la CADH—, la prueba científica concuerda en diferenciar dos momentos complementarios y esenciales en el desarrollo embrionario: la fecundación y la implantación, y sólo al cumplirse el segundo momento se cierra el ciclo que permite entender que existe concepción, pues, si bien al ser fecundado el óvulo se da paso a una célula diferente y con la información genética suficiente para el posible desarrollo de un “ser humano”, lo cierto es que si el embrión no se implanta en el cuerpo de la mujer sus posibilidades de desarrollo son nulas, es decir, no recibiría los nutrientes necesarios, ni estaría en un ambiente adecuado para su desarrollo.


7 - Es posible concluir del empleo de las palabras “en general”  del art. 4 de la CADH, que la protección del derecho a la vida con arreglo a dicha disposición no es absoluta, sino es gradual e incremental según su desarrollo, debido a que no constituye un deber absoluto e incondicional, sino que implica entender la procedencia de excepciones a la regla general.


8 - El concepto de "persona" es un término jurídico que, a efectos de la interpretación del artículo 4.1 de la CADH, está anclado a las menciones que se hacen en el tratado respecto a la "concepción" y al "ser humano", términos cuyo alcance debe valorarse a partir de la literatura científica.


9 - La decisión de ser o no madre o padre es parte del derecho a la vida privada e incluye la decisión de ser madre o padre en el sentido genético o biológico.


10 - El derecho a la vida privada se relaciona con la autonomía reproductiva, y con el acceso a servicios de salud reproductiva, lo cual involucra el derecho de acceder a la tecnología médica necesaria para ejercer ese derecho.


11 - El derecho a la autonomía reproductiva, es decir, a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos es vulnerado cuando se obstaculizan los medios a través de los cuales una mujer puede ejercer el derecho a controlar su fecundidad.


12 - Los derechos a la vida privada y a la integridad personal se hallan directa e inmediatamente vinculados con la atención de la salud, y la falta de salvaguardas legales para tomar en consideración la salud reproductiva puede resultar en un menoscabo grave del derecho a la autonomía y la libertad reproductiva.


13 - Los hombres y mujeres afectados por la infertilidad son personas que sufren una enfermedad del sistema reproductivo, definida como incapacidad de lograr un embarazo clínico, razón por la cual es seriamente atentatorio de los derechos de esas personas que el Estado de Costa Rica les negara el derecho a recurrir a la fecundación in vitro por la prohibición establecida desde marzo de 2000 en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de ese país (del voto concurrente del Juez García-Sayán, al que adhiere la Jueza Rhadys Abreu Blondet).


14 - Para la Convención Americana de Derechos Humanos, la vida de una persona existe desde el momento en que ella es concebida o, lo que es lo mismo, se es “persona” o “ser humano” desde el “momento de la concepción”, lo que ocurre con la fecundación del óvulo por el espermatozoide, y, a partir de esto último, se tiene, entonces, el “derecho a que se respete la vida” de “toda persona” y, consecuentemente, existe la obligación de que se proteja ese derecho; una interpretación distinta a la expuesta dejaría sin su sentido natural y obvio las expresiones “a partir de la concepción” que emplea el art. 4.1 y, especialmente, no le asignaría sujeto a esta última, y es de toda evidencia que de lo que se trata es de “la concepción” de “toda persona” (del voto disidente del Juez Vio Grossi).


15 - Para valorar o entender el sentido y alcance de los términos “concepción" y "ser humano” que utiliza la Convención Americana de Derechos Humanos —art. 4.1— no debe recurrirse a la literatura científica, pues, no habiéndole dado la norma a cada uno de esos términos “un sentido especial” en que constara “que tal fue la intención de las partes” de la misma, ni habiendo tampoco hecho remisión, para estos efectos a ella, lo que corresponde es atenerse al “sentido corriente” que se les atribuye, que no es otro que el sentido natural y obvio expresado en el diccionario: la unión del óvulo con el espermatozoide (del voto disidente del Juez Vio Grossi).


TEXTO COMPLETO:

INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA

1. El 29 de julio de 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana (en adelante “escrito de sometimiento”), de conformidad con los artículos 51 y 61 de la Convención, el caso 12.361 contra el Estado de Costa Rica (en adelante “el Estado” o “Costa Rica”). La petición inicial fue presentada ante la Comisión Interamericana el 19 de enero de 2001 por el señor Gerardo Trejos Salas. El 11 de marzo de 2004 la Comisión Interamericana aprobó el Informe de Admisibilidad No. 25/04 (3). El 14 de julio de 2010 la Comisión aprobó el Informe de Fondo 85/10 (4), de conformidad con el artículo 50 de la Convención Americana (en adelante también “el Informe de Fondo” o “el Informe No. 85/10”), en el cual realizó una serie de recomendaciones al Estado. Luego de conceder tres prórrogas al Estado para el cumplimiento de dichas recomendaciones, la Comisión decidió someter el caso a la Corte. La Comisión designó como delegados al Comisionado Rodrigo Escobar Gil y al entonces Secretario Ejecutivo Santiago A. Canton, y designó como asesores legales a las señoras Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, y Silvia Serrano Guzmán, Isabel Madariaga, Fiorella Melzi y Rosa Celorio.

2. La Comisión indicó que el caso se relaciona con alegadas violaciones de derechos humanos que habrían ocurrido como consecuencia de la presunta prohibición general de practicar la Fecundación in vitro (en adelante “FIV”) que había estado vigente en Costa Rica desde el año 2000, tras una decisión emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (en adelante “Sala Constitucional”) de dicho país. Entre otros aspectos, se alegó que esta prohibición absoluta constituyó una injerencia arbitraria en los derechos a la vida privada y familiar y a formar una familia. Asimismo, se alegó que la prohibición constituyó una violación del derecho a la igualdad de las víctimas, en tanto que el Estado les impidió el acceso a un tratamiento que les hubiera permitido superar su situación de desventaja respecto de la posibilidad de tener hijas o hijos biológicos. Además, se alegó que este impedimento habría tenido un impacto desproporcionado en las mujeres.

3. La Comisión solicitó a la Corte que declarara la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los artículos 11.2, 17.2 y 24 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de dicho instrumento, en perjuicio de Grettel Artavia Murillo, Miguel Mejías Carballo, Andrea Bianchi Bruna, Germán Alberto Moreno Valencia, Ana Cristina Castillo León, Enrique Acuña Cartín, Ileana Henchoz Bolaños, Miguel Antonio Yamuni Zeledón, Claudia María Carro Maklouf, Víktor Hugo Sanabria León, Karen Espinoza Vindas, Héctor Jiménez Acuña, Maria del Socorro Calderón Porras, Joaquinita Arroyo Fonseca, Geovanni Antonio Vega, Carlos E. Vargas Solórzano, Julieta González Ledezma y Oriéster Rojas Carranza.

II

PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE



4. El 29 de agosto y el 14 de septiembre de 2011 el señor Boris Molina Acevedo remitió a la Corte los poderes de representación de 12 de las presuntas víctimas (5).

5. El 31 de agosto de 2011 el señor Trejos Salas remitió a la Corte los poderes de representación de 6 de las presuntas víctimas (6).

6. El sometimiento del caso fue notificado al Estado y a los representantes el 18 de octubre de 2011. Teniendo en cuenta que los representantes de las presuntas víctimas no llegaron a un acuerdo sobre la designación de un interviniente común, el Presidente de la Corte, en aplicación del artículo 25.2 del Reglamento de la Corte, dispuso la designación de los señores Molina Acevedo y Trejos Salas como intervinientes comunes que tendrían participación autónoma.

7. El 19 de diciembre de 2011 los intervinientes comunes presentaron ante la Corte sus respectivos escritos de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”), conforme al artículo 40 del Reglamento del Tribunal. Los intervinientes comunes coincidieron en general con lo alegado por la Comisión. El representante Molina alegó la violación de los artículos 17.2, 11.2 y 24 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en perjuicio de las presuntas víctimas que representa. El representante Trejos Salas alegó la violación de los artículos 4.1, 5.1, 7, 11.2, 17.2 y 24 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en perjuicio de las presuntas víctimas que representa.

8. El 30 de abril de 2012 Costa Rica presentó ante la Corte su escrito de excepciones preliminares, contestación al escrito de sometimiento del caso y de observaciones al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante “escrito de contestación”). En dicho escrito el Estado presentó dos excepciones preliminares y alegó la inexistencia de violaciones de derechos humanos en el presente caso. El Estado designó como Agente a Ana Lorena Brenes Esquivel, Procuradora General de la República, y como coagente a Magda Inés Rojas Chaves, Procuradora General Adjunta de la República.

9. El 8 de mayo de 2012 Huberth May Cantillano comunicó que las presuntas víctimas representadas por Gerardo Trejos Salas lo habían designado como nuevo representante, debido al fallecimiento del señor Trejos. Asimismo, adjuntó los respectivos poderes.

10. El 22 y 21 de junio de 2012 la Comisión Interamericana y los intervinientes comunes presentaron, respectivamente, sus observaciones a las excepciones preliminares interpuestas por el Estado (supra párr. 8).

11. Mediante Resolución de 6 de agosto de 2012 (7) el Presidente de la Corte ordenó recibir declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit) de dos declarantes a título informativo, cuatro presuntas víctimas, y siete peritos, las cuales fueron presentadas el 24 de agosto de 2012. Asimismo, mediante dicha Resolución el Presidente convocó a las partes a una audiencia pública (infra párr. 12).



12. La audiencia pública fue celebrada los días 5 y 6 de septiembre de 2012 durante el 96 Período Ordinario de Sesiones de la Corte, llevado a cabo en la sede del Tribunal (8). En la audiencia se recibieron las declaraciones de dos presuntas víctimas y cuatro peritos, así como las observaciones y alegatos finales orales de la Comisión Interamericana, los representantes y el Estado, respectivamente. Durante la referida audiencia el Tribunal requirió a las partes y a la Comisión que presentaran determinada documentación y prueba para mejor resolver.

13. Por otra parte, el Tribunal recibió 49 escritos en calidad de amicus curiae presentados por: 1) Mónica Arango Olaya, Directora Regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, y María Alejandra Cárdenas Cerón, Asesora Legal de dicho Centro; 2) Marcela Leandro Ulloa del Grupo a Favor del In Vitro; 3) Filomena Gallo, Nicolò Paoletti y Claudia Sartori, representantes de la Asociación Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica y del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito; 4) Natalia Lopez Moratalla, Presidenta de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica; 5) Lilian Sepúlveda, Mónica Arango, Rebecca J. Cook y Bernard M. Dickens (9); 6) Equal Rights Trust y la Human Rights Clinic of the University of Texas School of Law (10); 7) International Human Rights Clinic of Santa Clara University Law School (11); 8) Viviana Bohórquez Monsalve, Beatriz Galli, Alma Luz Beltrán y Puga, Álvaro Herrero, Gastón Chillier, Lourdes Bascary y Agustina Ramón Michel (12); 9) Ricardo Tapia, Rodolfo Vásquez y Pedro Morales (13); 10) Alejandro Leal Esquivel, Coordinador de la Sección de Genética y Biotecnología en la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica; 11) Rita Gabriela Chaves Casanova, Diputada de la Asamblea Legislativa de Costa Rica; 12) Alexandra Loría Beeche; 13) Claudio Grossman, Decano de American University Washington College of Law y Macarena Sáez Torres, Faculty Director del Impact Litigation Project de la American University Washington College of Law; 14) Jon O’Brien, Presidente de Catholics for Choice y Sara Morello, Vicepresidenta Ejecutiva de dicha organización; 15) Carlos Polo Samaniego, Director de la Oficina para América Latina de Population Research Institute; 16) Reynaldo Bustamante Alarcón, Presidente del Instituto Solidaridad y Derechos Humanos; 17) Hernán Collado Martínez; 18) Carmen Muñoz Quesada, Rita Maxera Herrera, Cristian Gómez, Seidy Salas, e Ivania Solano (14); 19) Enrique Pedro Haba, Profesor de la Universidad de Costa Rica; 20) Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos Litiga OLE (15); 21) Susie Talbot, Abogada del Center for the Legal Protection of Human Rights INTERIGHTS y Helen Duffy, Consejera Principal de INTERIGHTS; 22) Andrea Acosta Gamboa, Profesora de la Universidad de Costa Rica; 23) Andrea Parra, Natalia Acevedo Guerrero, Matías González Gil y Sebastián Rodríguez Alarcón (16); 24) Leah Hoctor, Asesor Legal de la Comisión Internacional de Juristas; 25) Margarita Salas Guzmán, Presidenta de la Colectiva por el Derecho a Decidir y Larissa Arroyo Navarrete, Abogada de la Colectiva por el Derecho a Decidir; 26) Caio Fabio Varela, Marcelo Ernesto Ferreyra, Rosa Posa, Bruna Andrade Irineu y Mario Pecheny (17); 27) María del Pilar Vásquez Calva, Coordinadora de Enlace Gubernamental Vida y Familia A.C, México; 28) Red Latinoamericana de Reproducción Asistida e Ian Cooke, Emritus Professor de la Universidad de Sheffield; 29) Priscilla Smith, Senior Fellor del Programa para el estudio de la Justicia Reproductiva de la Sociedad de la Información (Information Society Project ISP) de la Universidad de Yale y Genevieve E. Scott, Profesora Visitante del ISP; 30) Red Latinoamericana de Reproducción Asistida y Santiago Munné, Presidente de Reprogenetics; 31) Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (18); 32) José Tomás Guevara Calderón; 33) Carlos Santamaría Quesada, Jefe de División de Diagnóstico Molecular en el Laboratorio Clínico del Hospital Nacional de Niños; 34) Cesare P.R. Romano, Profesor de Derecho Joseph W. Ford Fellow y Co-Director del Proyecto sobre Cortes y Tribunales Internacionales (PICT) en Loyola Law School Los Angeles (19); 35) Defensoría de los Habitantes (20); 36) Hernán Gullco y Martín Hevia, profesores de la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuatto Di Tella; 37) Alejandra Huerta Zepeda, catedrática del Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIB) de la Universidad Nacional Autónoma de México, y José María Soberanes Diez, profesor de la Universidad Panamericana de México; 38) Asociación de Médicos por los Derechos Humanos (AMEDEH) (21); 39) Federación Latinoamericana de Obstetricia y Ginecología (22); 40) Carlo Casini, Antonio G. Spagnolo, Marina Casini, Josehp Meaney, Nikolas T. Nikas y Rafael Santa María D’Angelo (23); 41) Rafael Nieto Navia, Jane Adolphe, Richard Stith y Ligia M. de Jesus (24); 42) Hugo Martín Calienes Bedoya, Patricia Campos Olazábal, Rosa de Jesús Sánchez Barragán, Sergio Castro Guerrero, y Antero Enrique Yacarini Martínez (25); 43) Julian Domingo Zarzosa; 44) Kharla Zúñiga Vallejos del Berit Institute for the Family de Lima; 45) Guadalupe Valdez Santos, Presidenta de la Asociación Civil Promujer y Derechos Humanos, y 46) Piero A. Tozzi, Stefano Gennarini, William L. Saunders y Álvaro Paúl (26).

14. El 26 y 28 de septiembre de 2012 y el 24 de octubre de 2012 el señor Hany Fahmy, The Human Rights Centre of the United Nations Mandated University for Peace (Universidad para la Paz) y la señora Olga Cristina Redondo Alvarado, psicoanalista, remitieron, respectivamente, escritos en calidad de amicus curiae. Dado que la audiencia pública tuvo lugar en los días 5 y 6 de septiembre de 2012 y, en consecuencia, el plazo para la remisión de amicus curiae venció el 21 de septiembre de 2012, siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte se informó que dichos escritos no podían ser considerados por el Tribunal ni incorporados al expediente del caso.

15. La Corte observa que los amicus curiae interpuestos por Equal Rights Trust y la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas, INTERIGHTS, y el presentado conjuntamente por Caio Fabio Varela, Marcelo Ferreyra, Rosa Posa, Bruna Andrade y Mario Pecheny fueron presentados en el plazo establecido en el artículo 44 del Reglamento pero en un idioma que no correspondía al idioma oficial del presente caso. Posteriormente, las traducciones al español fueron remitidas 5, 7 y 34 días con posterioridad al plazo, respectivamente. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28.1 del Reglamento del Tribunal, la Corte considera que, debido a que la versión en español de dos de dichos amicus curiae fue presentada dentro del término de 21 días dispuesto para acompañar los originales o la totalidad de los anexos, tales escritos son admisibles. Dado que la versión en español del escrito de Caio Fabio Varela y otras personas fue presentada con 34 días de retraso, se declara inadmisible.

16. El 4, 5 y 6 de octubre de 2012 los representantes y el Estado remitieron sus alegatos finales escritos y la Comisión Interamericana presentó sus observaciones finales escritas al presente caso, respectivamente. Tales escritos fueron transmitidos a las partes, a quienes se dio oportunidad hasta el 17 de octubre de 2012 para que presentaran las observaciones que estimaran pertinentes respecto a la información suministrada como respuesta a las preguntas de la Corte. Dichas observaciones fueron remitidas por el representante Molina. La Comisión Interamericana manifestó que no tenía observaciones que formular. El representante May y el Estado no presentaron observaciones.

III

EXCEPCIONES PRELIMINARES



17. El Estado presentó tres “excepciones preliminares”: la falta de agotamiento de recursos internos, la extemporaneidad de la petición presentada por Karen Espinoza y Héctor Jiménez, y la incompetencia de la Corte Interamericana para conocer de hechos sobrevinientes a la presentación de la petición.

A) Falta de agotamiento de recursos internos

18. El Estado alegó que no hizo “renuncia a la interposición” de excepciones. Indicó que la Sala Constitucional “declaró inconstitucional un determinado tipo de fertilización in vitro” y precisó que “si la técnica avanza al punto de permitir la realización de la misma sin pérdida de embriones, es posible efectuarla”. En consecuencia, el Estado indicó que “los peticionarios podían acudir tanto a la jurisdicción constitucional como a la jurisdicción contencioso administrativa, a efectos de que se discutiera la posibilidad de que los servicios de salud atendieran su condición de infertilidad” incluyendo la posibilidad de “una determinada técnica de fertilización in vitro [...] dentro de los supuestos dados por la Sala Constitucional”. El Estado señaló que, en el ámbito de la jurisdicción constitucional, “la existencia de la sentencia” no “impide que la Sala Constitucional vuelva a conocer el asunto en la vía de la acción de inconstitucionalidad” dado que la Ley de la Jurisdicción Constitucional indica que las resoluciones de dicha Sala “no son vinculantes para la propia Sala, [la cual] podría revisar el tema nuevamente”. Agregó que “la existencia de la resolución de la Sala Constitucional no impedía que existiera un pronunciamiento de parte de la propia Sala” en la “vía del amparo constitucional o por parte de los Tribunales Contencioso Administrativos”. Añadió que las presuntas víctimas “podrían haber solicitado a las autoridades administrativas que, respetando la resolución de la Sala Constitucional, se brindara un remedio para su situación de infertilidad” o “se creara una nueva regulación” de la FIV, “acorde con los parámetros establecidos por la resolución del Tribunal Constitucional”. “Si las autoridades administrativas se negaran a brindar la atención requerida”, procedía la presentación de un recurso de amparo. Sin embargo “ninguna de las parejas presentó” dicho recurso.

19. Adicionalmente, el Estado alegó que “ante la negativa de las autoridades administrativas, las presuntas víctimas podrían interponer un proceso contencioso administrativo”, sin embargo, ninguna lo presentó antes de iniciar el trámite ante la Comisión. Agregó que los recursos internos eran “eficientes” y que “prueba de ello es que una de las presuntas víctimas acudió al Tribunal Contencioso Administrativo, con posterioridad a la interposición de la petición ante la Comisión”.

20. La Comisión señaló que en el procedimiento anterior al informe de admisibilidad el Estado solo se limitó a “plantear la posibilidad de que las [presuntas] víctimas interpusieran una acción de amparo”. Manifestó que el Estado “no detalló el sustento legal de esa posibilidad ni explicó de qué manera, vía de amparo, era posible eliminar los efectos de una decisión abstracta de inconstitucionalidad [...] regulada como irrecurrible”. Señaló que el Estado “faltó a la carga de la prueba que le correspondía para explicar las razones por las cuales el recurso de amparo podría ser efectivo”.

21. El representante May manifestó que en el trámite ante la Comisión “el Estado indicó que renunciaba expresamente al privilegio de interponer excepciones previas”, renuncia que “una vez interpuesta es irrevocable e irreversible”. Alegó que el recurso interno adecuado “debe ser acorde al fin”, esto es capaz de satisfacer las pretensiones e intereses en juego, y siendo el objeto fundamental de las víctimas la anulación de la sentencia de la Sala Constitucional y la rehabilitación de la FIV, “no existe ningún remedio jurisdiccional interno que permita cumplir tal objetivo”. El representante Molina indicó que el Estado “no comprob[ó] la idoneidad de los recursos señalados”. Por otra parte, resaltó que “la resolución de la Sala Constitucional es una Sentencia contra la cual no procede recurso alguno y cuyos efectos son erga omnes”. Alegó que el recurso iniciado por la señora Ileana Hénchoz fue rechazado.

Consideraciones de la Corte

22. El artículo 46.1.a) de la Convención Americana dispone que para determinar la admisibilidad de una petición o comunicación presentada ante la Comisión Interamericana, de conformidad con los artículos 44 o 45 de la Convención, es necesario que se hayan interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción interna, según los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos (27). La Corte recuerda que la regla del previo agotamiento de los recursos internos está concebida en interés del Estado, pues busca dispensarlo de responder ante un órgano internacional por actos que se le imputen, antes de haber tenido la ocasión de remediarlos con sus propios medios (28). Lo anterior significa que no sólo deben existir formalmente esos recursos, sino también deben ser adecuados y efectivos, como resulta de las excepciones contempladas en el artículo 46.2 de la Convención (29).

23. Asimismo, esta Corte ha sostenido de manera consistente que una objeción al ejercicio de la jurisdicción de la Corte basada en la supuesta falta de agotamiento de los recursos internos debe ser presentada en el momento procesal oportuno (30), esto es, durante la admisibilidad del procedimiento ante la Comisión (31). Al alegar la falta de agotamiento de los recursos internos corresponde al Estado señalar en esa debida oportunidad los recursos que deben agotarse y su efectividad. Al respecto, el Tribunal reitera que no es tarea de la Corte, ni de la Comisión, identificar ex officio cuáles son los recursos internos pendientes de agotamiento. El Tribunal resalta que no compete a los órganos internacionales subsanar la falta de precisión de los alegatos del Estado (32).

24. La Corte observa que lo primero que procede determinar en relación con esta excepción es el tipo de alegatos que presentó el Estado antes de la emisión del informe de admisibilidad, es decir, en el momento procesal oportuno para plantear esta excepción. Al respecto, el Estado sólo presentó un escrito en relación con este tema, el 23 de enero de 2004, en el que señaló que una de las víctimas “podría haber acudido en amparo” (33). El escrito donde el Estado analizó la posible idoneidad de la jurisdicción contencioso administrativa para resolver el presente caso fue presentado en 2008 (34), cuatro años después de emitido el informe de admisibilidad. En consecuencia, la Corte considera que los argumentos planteados en relación con la necesidad de agotar procedimientos contencioso administrativos o demandar la omisión en la regulación del procedimiento de la FIV según los parámetros establecidos por la Sala Constitucional, resultan extemporáneos y el análisis se concentrará en los alegatos en torno al recurso de amparo.

25. Respecto al agotamiento del recurso de amparo, el Estado plantea dos argumentos diferentes. El primero, respecto a los alcances que el Estado atribuye a la decisión adoptada por la Sala Constitucional en el presente caso. El Estado considera que dicha decisión no implicó una prohibición de la FIV sino de una modalidad de dicho procedimiento, razón por la cual se alega la existencia de otras posibilidades que hubieran tenido las presuntas víctimas para enfrentar su infertilidad y, de ser el caso, agotar el recurso de amparo ante la negación de dichas alternativas. La Corte considera que este es un asunto de fondo que será resuelto oportunamente al determinar si la decisión de la Sala Constitucional constituyó una limitación a los derechos de las presuntas víctimas (infra párrs. 160 y 161). Al respecto, la Corte ha afirmado que las excepciones preliminares son actos que buscan impedir el análisis del fondo de un asunto cuestionado, mediante la objeción de la admisibilidad de un caso o la competencia del Tribunal para conocer de un determinado caso o de alguno de sus aspectos, ya sea en razón de la persona, materia, tiempo o lugar, siempre y cuando dichos planteamientos tengan el carácter de preliminares (35). Dado que este primer argumento del Estado no pude ser revisado sin entrar a analizar previamente el fondo del caso, no puede ser analizado en el marco de esta excepción preliminar (36).

26. En segundo lugar, el Estado alega que un recurso de amparo le hubiera podido dar una nueva oportunidad a la Sala Constitucional de valorar la posible afectación de derechos en el presente caso. Al respecto, la Corte observa que es un hecho no controvertido que existe una decisión definitiva y vinculante de la más alta instancia judicial de Costa Rica en materia constitucional, que declaró la inconstitucionalidad de la práctica de la fecundación in vitro, tal como se regulaba en ese momento. Tal como se analiza con más detalle posteriormente (infra párr. 135), el objeto del presente caso es determinar si dicha decisión de la Sala Constitucional comprometió la responsabilidad internacional del Estado. En consecuencia, la cuestión del agotamiento de recursos se relaciona con los recursos existentes contra la sentencia de inconstitucionalidad. Al respecto, la Corte observa que, conforme el artículo 11 de la Ley de Jurisdicción Constitucional de Costa Rica, las sentencias, autos o providencias de la Sala Constitucional son irrecurribles (37). Asimismo, en Costa Rica el control de constitucionalidad es concentrado (38), de tal forma que dicha sala es la que conoce de todos los amparos que se presentan en el país.

27. Teniendo en cuenta lo anterior, el Tribunal considera que interponer un recurso de amparo no era idóneo para remediar la situación de las presuntas víctimas, dado que el más alto tribunal en la jurisdicción constitucional había emitido su decisión final respecto a los problemas jurídicos centrales que deben resolverse en el presente caso en relación con los alcances de la protección de la vida prenatal (infra párr. 162). Dado que la Sala Constitucional es la que conoce de todos los recursos de amparo que se interponen en Costa Rica, esa misma Sala sería la que hubiera tenido que valorar el eventual recurso de amparo que interpusieran las presuntas víctimas. Asimismo, las presuntas víctimas pretendían recibir el tratamiento médico de la FIV en el marco de la regulación prevista en el Decreto Ejecutivo. Ante la declaración de inconstitucionalidad del decreto en su conjunto, la posibilidad de acceder a la FIV bajo las condiciones establecidas por la Sala Constitucional es sustancialmente diferente a los intereses y pretensiones de las presuntas víctimas. Por ende, en las circunstancias específicas del presente caso, la Corte considera irrazonable exigir a las presuntas víctimas que tuvieran que seguir agotando recursos de amparo si la más alta instancia judicial en materia constitucional se había pronunciado sobre los aspectos específicos que controvierten las presuntas víctimas. Así las cosas, la función de dicho recurso en el ordenamiento jurídico interno no era idónea para proteger la situación jurídica infringida y, en consecuencia, no podía ser considerado como un recurso interno que debió ser agotado (39).

28. Por todo lo indicado anteriormente, la Corte desestima la excepción preliminar interpuesta por el Estado.

B) Extemporaneidad de la petición presentada por Karen Espinoza y Héctor Jiménez Acuña

29. El Estado alegó que ante la Comisión Interamericana señaló que la petición presentada por Karen Espinoza y Héctor Jiménez “result[aba] extemporánea, pues había sido presentada fuera del plazo de seis meses establecido por el artículo 46.1.b de la Convención Americana”. Manifestó que dichas presuntas víctimas “no pueden considerarse incluidas en la petición del 19 de enero del 2001 debido a que, para ese momento, no sabían de su condición” de infertilidad, dado que la señora Espinoza se enteró de su infertilidad en julio de 2002. Alegó que “si se considera que el escrito del 2 de octubre de 2003 introduce por primera vez” la denuncia de estas presuntas víctimas, “es claro que desde el momento en que ella conoce de su condición -julio del 2002- a octubre del 2003 han transcurrido sobradamente los seis meses” que la Convención establece como plazo para presentar la denuncia. Agregó que el “problema que se presenta con esta petición es la dilación que tuvo la Comisión en analizar la admisibilidad de la solicitud presentada, trámite que duró aproximadamente tres años (desde enero del 2001 a marzo del 2004), razón por la cual se incluyeron peticionarios que, según su propio dicho, no podrían haber estado incorporados a la petición original pues ni siquiera habían sido declarados como infértiles para ese momento”. Indicó que en otro informe de admisibilidad “la propia Comisión ha advertido que a efectos de determinar el plazo para presentar la petición en los casos de [FIV], debe tomarse en consideración la fecha a partir de la cual la persona fue declarada infértil”. Agregó que la presunta víctima “fue diagnosticada con infertilidad en el año 2002 y que la técnica de FIV le fue sugerida en el año 2004, lo cual se produce la paradoja de que cuando se presentó ante este Tribunal como presunta víctima, ni siquiera había pensado en la FIV como técnica que le fuera aplicable”. En consecuencia, cuando se incorporaron como peticionarios en este proceso, “ya había transcurrido el plazo de seis meses, por lo que su petición debe considerar extemporánea”.

30. La Comisión señaló que “la vasta mayoría de los argumentos planteados por el Estado [...] no fueron plantedos ante la Comisión” y “difiere sustancialmente de lo sostenido por el Estado en la etapa de admisibilidad”, que es precisamente la etapa en la cual la Comisión “se pronuncia sobre este requisito [de los seis meses] a la luz de la información aportada por las partes”. Manifestó que “el hecho de que un peticionario al momento de presentar la denuncia inicial omita algún requisito en particular y que dicho requisito sea subsanado con posterioridad, no convierte en extemporánea la presentación de la denuncia”.

31. El representante Molina Acevedo señaló que “el conocer o no de la infertilidad de una pareja al momento de la emisión de la Sentencia de la Sala Constitucional no cierra el portillo para que cualquier persona, hasta el día de hoy, tenga la limitación de los seis meses establecidos en la Convención Americana”. No obstante, alegó que el presente caso “lo que determina la condición para ser presunta víctima, no es si estas personas estaban siendo tratados por determinados médicos en el año 2001, sino si éstos estaban conscientes de su posible y luego comprobada infertilidad” y que además su única forma de procrear fuese a través del método de la FIV. Por último, el representante señaló que “había hostilidad respecto de la condición de quienes podían estar en la lista confidencial de la presuntas víctimas en este caso”.

Consideraciones de la Corte

32. El artículo 46.1.b de la Convención señala lo siguiente:

Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 ó 45 sea admitida por la Comisión, se requerirá: [...]

b. que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva (Añadido fuera de texto)

33. En el presente caso, la petición inicial fue presentada el 19 de enero de 2001. En ese momento el entonces representante legal de las víctimas no había hecho una determinación específica e individualizada de las presuntas víctimas. La inclusión de la señora Espinoza y del señor Jiménez ocurrió a través de un escrito presentado el 10 de octubre de 2003. En el proceso ante la Corte ha sido informado que la señora Espinoza se enteró de su infertilidad en julio de 2002 (40).

34. El 16 de enero de 2004 el Estado presentó un escrito en el cual solicitó a la Comisión que declarara la inadmisibilidad de la petición respecto a la señora Espinoza por “la extemporalidad” de su reclamo “por haber sido presentada después de 6 meses a partir de que la presunta lesionada en sus derechos fue comunicada de la decisión” de la Sala Constitucional (41).

35. La Corte considera que las circunstancias específicas del presente caso exigen una interpretación del requisito de los 6 meses establecido en el artículo 46.1.b. El Tribunal tiene en cuenta que el fenómeno de la infertilidad genera diversas reacciones que no pueden ser asociadas a una regla rígida sobre los cursos de acción que necesariamente deba seguir una persona. Una pareja puede tomar meses o años en decidir si acude a una determinada técnica de reproducción asistida o a otras alternativas. Por estas razones el criterio del momento en el cual la presunta víctima conoce de su situación de infertilidad es un criterio limitado en las circunstancias del presente caso, donde no es posible generar en las presuntas víctimas una carga de tomar una decisión de presentar una petición ante el Sistema Interamericano en un determinado período de tiempo. En similar sentido, el Tribunal Europeo ha señalado que la regla de los seis meses es autónoma y debe ser aplicada de acuerdo con los hechos del caso específico en orden a que se asegure el ejercicio efectivo del derecho a presentar una peticiones individuales (42).

36. Por tanto, la Corte considera que, en el presente caso, no encuentra elementos para apartarse de la decisión de admisibilidad adoptada por la Comisión Interamericana, ya que: a) sigue en vigor la Sentencia emitida por la más alta instancia de la jurisdicción constitucional, b) las víctimas no tenían por qué tener conocimiento de su situación de infertilidad al momento en que se emitió dicha Sentencia, y c) se interpuso la petición en el año siguiente al momento de conocer que dicha Sentencia impediría el acceso a la FIV.

37. Por todo lo indicado anteriormente, la Corte desestima la excepción preliminar interpuesta por el Estado.

C) Incompetencia de la Corte para conocer “hechos nuevos no incluidos” en los “hechos de la demanda”

38. El Estado alegó que “ambos representantes incluyeron en sus escritos de solicitudes, la responsabilidad del Estado respecto de la exposición a la medios de prensa la situación de la presuntas víctimas, como resultado de la divulgación que han efectuado los medios de prensa tanto en el procedimiento ante la Comisión como en esta Corte”. Asimismo, el Estado arguyó que “ninguno de los hechos denunciados por los representantes [sobre estas materias], está incluido dentro de los hechos alegados por la Comisión y tampoco pueden considerarse como derivados de los hechos principales o sobrevinientes de los mismos”. Por tanto, solicitó a esta Corte que “declare inadmisible las peticiones de los presuntas víctimas relacionadas con hechos no incluidos por la Comisión en la demanda presentada”.

39. El representante Molina señaló que “como los hechos objetados por el Estado son hechos supervinientes y tienen un nexo causal directo con el hecho generador de las violaciones de derechos humanos del presente caso, es perfectamente acorde con el procedimiento” el “que los mismos hayan sido presentados” a consideración de la Corte. El representante May alegó que no se trata de “hechos nuevos”, “son situaciones que se inscriben todas en el escenario factual de la prohibición” de la FIV, es decir “todas las conductas, situaciones personales, vivencias, actos y actuaciones, y eventos desencadenados en el ámbito de la vida de las víctimas con motivo y por motivo de la prohibición”. Agregó que lo pertinente debe ser resuelto en el fondo del caso.

Consideraciones de la Corte

40. Tal como ha sido señalado, las excepciones preliminares son actos que buscan impedir el análisis del fondo de un asunto cuestionado, mediante la objeción de la admisibilidad de un caso o la competencia del Tribunal para conocer de un determinado caso o de alguno de sus aspectos, ya sea en razón de la persona, materia, tiempo o lugar, siempre y cuando dichos planteamientos tengan el carácter de preliminares (43). Si estos planteamientos no pudieran ser revisados sin entrar a analizar previamente el fondo de un caso, no pueden ser analizados mediante una excepción preliminar (44). En el presente caso, la Corte considera que no corresponde pronunciarse de forma preliminar sobre el marco fáctico del caso, ya que dicho análisis corresponde al fondo del caso (infra párr. 133). Asimismo, los alegatos planteados por el Estado al interponer la excepción preliminar serán tomados en cuenta al establecer los hechos que este Tribunal considera como probados y determinar si el Estado es internacionalmente responsable de las alegadas violaciones a los derechos convencionales, así como al precisar el tipo de daños que eventualmente podrían generarse en perjuicio de las presuntas víctimas. En razón de lo expuesto, la Corte desestima la excepción preliminar interpuesta por el Estado.

IV

COMPETENCIA



41. La Corte Interamericana es competente para conocer el presente caso, en los términos del artículo 62.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que Costa Rica es Estado Parte de la Convención desde el 8 de abril de 1970 y reconoció la competencia contenciosa del Tribunal el 2 de julio de 1980.

V

PRUEBA



42. Con base en lo establecido en los artículos 46, 47, 50, 51 y 57 del Reglamento, así como en su jurisprudencia respecto de la prueba y su apreciación (45), la Corte examinará y valorará los elementos probatorios documentales remitidos por la Comisión y las partes en diversas oportunidades procesales, las declaraciones de las presuntas víctimas y testigos y los dictámenes periciales rendidos mediante declaración jurada ante fedatario público (affidávit) y en la audiencia pública ante la Corte, así como las pruebas para mejor resolver solicitadas por el Tribunal (supra párr. 11). Para ello el Tribunal se atendrá a los principios de la sana crítica, dentro del marco normativo correspondiente (46).

A) Prueba documental, testimonial y pericial

43. El Tribunal recibió diversos documentos presentados como prueba por la Comisión Interamericana, los representantes y el Estado, adjuntos a sus escritos principales. Asimismo, la Corte recibió las declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit) por los declarantes a título informativo: Gerardo Escalante Lopez y Delia Ribas Valdés; presuntas víctimas: Andrea Regina Bianchi Bruna, Ana Cristina Castillo León, Claudia María Carro Maklouf, Victor Hugo Sanabria León, y peritos: Andrea Mesén Fainardi, Antonio Marlasca López, Alicia Neuburger, Maureen Condic, Martha Garza y Paul Hunt. En cuanto a la prueba rendida en audiencia pública, la Corte escuchó las declaraciones de las presuntas víctimas Miguel Mejías e Ileana Henchoz, y de los peritos Fernando Zegers, Anthony Caruso, Paola Bergallo y Marco Gerardo Monroy Cabra (47).

44. El representante Molina informó a la Corte que presentó un recurso de amparo “contra los médicos tratantes de cuatro de las [presuntas] víctimas, porque [dichos médicos habrían] alega[do], en dos de esos casos, que las ex esposas de [sus] representados les prohibieron, expresamente” que ellos le entregaran al representante Molina “copia del expediente médico que originó las consultas sobre la infertilidad”. Al respecto, el representante señaló que dicha situación le dejó “en clara indefensión” y que por ello recurrió “a las vías judiciales internas para intentar tener acceso a la información solicitada para presentar como prueba” ante la Corte. El representante informó que dicho amparo le fue negado. El representante expresó que lo anterior era “una clara violación procesal y de la buena fe que debe imperar en todo litigio pues habrían flagelado la “comunidad de prueba” a sabiendas de que, para los efectos del presente proceso, el expediente médico guarda información importante que, si bien es cierto que puede ser suplida por otro tipo de prueba, no puede ser ocultada si una de las partes ha tenido acceso a ella, pues su obligación es compartirla”.

45. El representante solicitó “un plazo adicional” para referirse “y hacer cualquier observación, como parte del escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, acerca de la prueba que hayan presentado las señoras Ana Cristina Castillo León y Claudia Carro Macklouf, ex esposas de los señores Enrique Acuña Cartín y Víktor Hugo Sanabria León” en la medida que “de haber aportado los expedientes médicos del caso, estarían haciendo uso de esa prueba en clara violación del principio de comunidad de prueba” y “de la buena fe en el litigio”. El representante solicitó a la Corte “que valore la posibilidad de solicitarle al Estado que, por las vías que correspondan, obligue a los Doctores Gerardo Escalante López y Delia María Ribas Valdéz” para que “entreguen copia del expediente médico de los señores mencionados y de los señores María del Socorro Calderón Porras y Carlos Vargas Solórzano, a quienes sin ningún motivo, a la fecha, se les ha entregado copia del expediente médico”. Al respecto, el Presidente tomó nota de estas solicitudes y señaló que, en caso de considerar que dicha prueba debe requerirse para resolver lo concerniente al objeto del presente caso, se solicitaría en el momento que se estimara oportuno. La Corte considera que dicha información no resulta indispensable para resolver el presente caso.

B) Admisión de la prueba

B.1) Admisión de la prueba documental

46. En el presente caso, como en otros, el Tribunal otorga valor probatorio a aquellos documentos presentados oportunamente por las partes y la Comisión que no fueron controvertidos ni objetados, ni cuya autenticidad fue puesta en duda (48). Los documentos solicitados por el Tribunal como prueba para mejor resolver (supra párr. 11) son incorporados al acervo probatorio, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

47. El Tribunal decide admitir aquellos documentos que se encuentren completos o que, por lo menos, permitan constatar su fuente y fecha de publicación, y los valorará tomando en cuenta el conjunto del acervo probatorio, los alegatos del Estado y las reglas de la sana crítica (49).

48. Igualmente, con respecto a algunos documentos señalados por las partes y la Comisión por medio de enlaces electrónicos, el Tribunal ha establecido que si una parte proporciona al menos el enlace electrónico directo del documento que cita como prueba y es posible acceder a éste, no se ve afectada la seguridad jurídica ni el equilibrio procesal, porque es inmediatamente localizable por el Tribunal y por las otras partes (50). En este caso, no hubo oposición u observaciones de las otras partes o la Comisión sobre el contenido y autenticidad de tales documentos.

49. Por otra parte, en consideración de que los representantes remitieron con sus alegatos finales escritos, comprobantes de gastos de litigio relacionados con este caso, sólo considerará aquellos que se refieran a solicitudes de costas y gastos en que hubiesen incurrido con ocasión del procedimiento ante esta Corte, con posterioridad a la fecha de presentación del escrito de solicitudes y argumentos.

50. El Estado solicitó que se rechacen “los informes psicológicos que aporta” el representante Molina “para demostrar el supuesto daño producido por el Estado”. Indicó que dichos informes no analizan “cuál es el supuesto impacto de la prohibición” de la FIV en las presuntas víctimas, “sino que se limita a señalar las afectaciones producto de su estado de infertilidad” lo cual “no es consecuencia de ninguna actuación u omisión del Estado”. Agregó que los informes “parecen mencionar los efectos” que la FIV ha “ocasionado en las mujeres, lo cual lejos de hablar bien de la técnica, demuestra las graves afectaciones que sufren las mujeres que se someten a dicho procedimiento”, lo cual “no puede ser imputable al Estado, ni tampoco puede pretenderse una indemnización por este motivo”. Finalmente, señaló que “los informes psicológicos parecen evidenciar el criterio de las presuntas víctimas y no el criterio objetivo de los psicólogos”. En similar sentido, el Estado solicitó el rechazo de los “certificados psicológicos emitidos por la Dra. Andrea Meses Fernardi en los casos de Ana Cristina Castillo León y Claudia María Carro Maklouk”, los cuales fueron presentados por el representante May, dado que se limitan “a analizar el impacto que la infertilidad ha tenido en las supuestas víctimas”.

51. Asimismo, el Estado solicitó se rechacen los “expedientes económicos” de las presuntas víctimas que fueron presentados por el representante Molina y que incluyen “estados de cuenta bancarios” y “certificaciones de ingresos” a partir de las cuales “se pretende lograr una indemnización del Estado”. El Estado alegó que de dicha documentación “no se extrae forma alguna de demostrar los gastos en que dicen haber incurrido las supuestas víctimas, y por el contrario contienen simples números sin identificación alguna que tenga relación” con el proceso. Agregó que “tampoco se explica la importancia de los datos bancarios y de ingresos para la resolución” del caso.

52. En cuanto a estas observaciones del Estado respecto a esta prueba documental, el Tribunal entiende que estas no impugnan su admisibilidad, sino que apuntan a cuestionar el peso probatorio de la misma. En consecuencia, no se genera problema en la admisibilidad de dicha prueba y será valorada conjuntamente con el resto del acervo probatorio, teniendo en cuenta las observaciones del Estado y de conformidad con las reglas de la sana crítica.

B.2) Admisión de las declaraciones de presuntas víctimas, y de la prueba testimonial y pericial

53. En cuanto a las declaraciones de las presuntas víctimas, los testigos y los dictámenes rendidos en la audiencia pública y mediante declaraciones juradas, la Corte los estima pertinentes sólo en lo que se ajusten al objeto que fue definido por el Presidente del Tribunal en la Resolución mediante la cual se ordenó recibirlos (supra párrs. 11). Éstos serán valorados en el capítulo que corresponda, en conjunto con los demás elementos del acervo probatorio y tomando en cuenta las observaciones formuladas por las partes (51).

54. Conforme a la jurisprudencia de esta Corte, las declaraciones de las presuntas víctimas no pueden ser valoradas aisladamente sino dentro del conjunto de las pruebas del proceso, ya que son útiles en la medida en que pueden proporcionar mayor información sobre las alegadas violaciones y sus consecuencias (52). Con base en lo anterior, el Tribunal admite dichas declaraciones (supra párrs. 11), cuya valoración se hará con base en los criterios señalados.

55. Por otra parte, en relación con las declaraciones ante fedatario público, el Estado solicitó la inadmisibilidad de las declaraciones de Paul Hunt, Antonio Marlasca, Gerardo Escalante y Delia Ribas. Asimismo, realizó observaciones de fondo sobre algunas decaraciones.

56. Respecto a los temas de admisibilidad, el Estado señaló que las declaraciones de Antonio Marlasca y Paul Hunt omitieron referirse a las preguntas planteadas por el Estado, lo cual afecta el deber de cooperación procesal, el principio de buena fe, el principio del contradictorio y el derecho a la defensa. La Corte reitera que el hecho de que se encuentre contemplado en el Reglamento la posibilidad de que las partes puedan formular preguntas por escrito a los declarantes ofrecidos por la contraparte y, en su caso, por la Comisión, impone el deber correlativo de la parte que ofreció la declaración de coordinar y realizar las diligencias necesarias para que se trasladen las preguntas a los declarantes y se incluyan las repuestas respectivas. En ciertas circunstancias, el no contestar diversas preguntas puede resultar incompatible con el deber de cooperación procesal y con el principio de buena fe que rige en el procedimiento internacional (53). Sin perjuicio de ello, el Tribunal considera que la no presentación de respuestas a las preguntas de la contraparte no afecta la admisibilidad de una declaración y es un aspecto que, según los alcances de los silencios de un declarante, podría llegar a impactar en el peso probatorio que puede alcanzar un peritaje, aspecto que corresponde valorar en el fondo del caso.

57. El Estado señaló que “la no presentación” en el plazo de la traducción al español de la declaración de Paul Hunt “violenta el deber de cooperación procesal y buena fe que debe imperar en el proceso internacional”. El Estado indicó que “cumplió con presentar dos traducciones en el mismo plazo otorgado a la Comisión, lo cual evidentemente implicó una reducción del tiempo efectivo para la elaboración del dictamen”, lo cual les “coloca en una situación de desigualdad procesal al disminuir además el tiempo [...] otorgado [...] para presentar las observaciones respectivas”. Al respecto, la Corte observa que la versión en inglés del dictamen fue presentada dentro del plazo y que la demora en la remisión de la versión en español fue de 7 días. El Tribunal toma en cuenta que en el procedimiento ante la Comisión las partes presentaron diversa información y prueba en inglés sin que existiera traducción de la misma, lo cual no mereció objeción de las partes y, además, evidencia que en el procedimiento se han adoptado medidas para garantizar en debida forma el equilibrio procesal entre las partes. Asimismo, ante la Corte se han otorgado diversos plazos a la Comisión y a las partes para la remisión de traducciones al español de algunos documentos que se presentaron en inglés. Estos aspectos permiten concluir que la falta de traducción oportuna de dicha declaración no generó una carga desproporcionada hacia el Estado o los representantes que pudiera justificar su inadmisibilidad.

58. El Estado solicitó a la Corte que desestime el peritaje rendido por Antonio Marlasca, dado que “debió haber comparecido ante fedatario público”, “y no como sucedió en este caso donde claramente se desprende del documento presentado que no existió tal comparecencia, pues el notario público afirma que se limita a transcribir el dictamen ya rendido previamente”. Al respecto, la Corte ha señalado, en cuanto a la recepción y valoración de la prueba, que los procedimientos que se siguen ante ella no están sujetos a las mismas formalidades que las actuaciones judiciales internas, y que la incorporación de determinados elementos al acervo probatorio debe ser efectuada prestando particular atención a las circunstancias del caso concreto (54). Asimismo, el Tribunal ha admitido en otras ocasiones declaraciones juradas que no fueron rendidas ante fedatario público, cuando no se afecta la seguridad jurídica y el equilibrio procesal entre las partes (55), lo cual se respeta y garantiza en este caso.

59. El Estado objetó la admisibilidad de las declaraciones a título informativo de Gerardo Escalante y Delia Ribas, y la declaración de Alicia Neuburger, porque presuntamente se habrían referido a cuestiones que no estarían previstas en el objeto de sus declaraciones. La Corte reitera que sólo tendrá en cuenta las declaraciones rendidas ante fedatario público en la medida en que se enmarquen en el objeto previsto en la Resolución emitida por el Presidente.

60. Respecto a los temas del fondo, el Estado indicó los siguientes aspectos: i) Paul Hunt “carece de ese análisis de balance de intereses que es indispensable para determinar la existencia de un impacto desproporcionado”; ii) el peritaje de Alicia Neuburger “no resulta una prueba útil para demostrar la relación de causalidad entre las supuestas acciones violatorias de derechos” y “los daños que supuestamente tuvieron las presuntas víctimas”, y “parte de un conjunto de hechos que no han sido demostrados en este proceso”; iii) “el señor Marlasca falla en su intento por querer establecer una distinción que se pueda considerar como racional u objetiva entre lo que es una vida humana y una persona humana”; iv) “la declaración [de Andrea Mesén] esta rendida de una forma tan general que la hace inviable para tratar de justificar, mucho menos demostrar, un supuesto daño inmaterial en las presuntas víctimas”; v) Gerardo Escalante “limita la naturaleza y el contenido de la declaración a la forma en que se practicaba la FIV en Costa Rica al momento en que él la realizaba, por lo que no podría hacer valoraciones ni rendir opiniones sobre la técnica de fecundación in vitro en general, ni sobre la regulación internacional”; y vi) respecto a Delia Ribas: “refiere en todo momento al término “preembión”, utilizándolo como punto de partida para justificar el trato que recibe el embrión desde su concepción (o fecundación) hasta momentos antes de ser transferido al útero materno [...] y, por tanto, no es aceptable pretender fundamentar su manipulación escudándose en dicho concepto, ya que está científicamente demostrado que desde esta etapa inicial existe un organismo pleno y completo”; asimismo, alegó que “no es correct[o] [...] justificar la práctica de la técnica de la FIV como un tratamiento a una enfermedad que permite a los ‘pacientes’ tener ‘una mejoría de su salud’”; “aboga en su documento por la práctica de la criopreservación –o congelamiento de los embriones-, lo que resulta incompatible con el derecho a la vida y a la dignidad humana”, y que “no contesta la segunda interrogante que oportunamente le fue planteada”.

61. En cuanto a estas observaciones del Estado respecto a los peritajes, el Tribunal entiende que estas no impugnan su admisibilidad, sino que apuntan a cuestionar el peso probatorio de los mismos. La Corte considerará el contenido de estos peritajes en la medida que se ajusten al objeto para el cual fueron convocados (supra párr. 11). Con base en lo antes expuesto, el Tribunal admite los peritajes señalados y los valorará conjuntamente con el resto del acervo probatorio, teniendo en cuenta las observaciones del Estado y de conformidad con las reglas de la sana crítica.

VI

HECHOS


A) Técnicas de Reproducción Asistida y Fecundación in Vitro

62. La infertilidad puede ser definida como la imposibilidad de alcanzar un embarazo clínico luego de haber mantenido relaciones sexuales sin protección durante doce meses o más (56). Las causas más comunes de infertilidad son, entre otras, daños en las trompas de Falopio, adherencias tubo-ováricas, factores masculinos (por ejemplo, bajo nivel de esperma), endometriosis, factores inmunológicos o pobre reserva ovárica (57). Se estima que la incidencia de la infertilidad asciende a un aproximadamente 10% de las mujeres en edad reproductiva (58).

63. Las técnicas o procedimientos de reproducción asistida son un grupo de diferentes tratamientos médicos que se utilizan para ayudar a las personas y parejas infértiles a lograr un embarazo, las cuales incluyen “la manipulación, tanto de ovocitos como de espermatozoides, o embriones [...] para el establecimiento de un embarazo” (59). Entre dichas técnicas se encuentran la FIV, la transferencia de embriones, la transferencia intra-tubárica de gametos, la transferencia intra-tubárica de cigotos, la transferencia intra-túbarica de embriones, la criopreservación de ovocitos y embriones, la donación de ovocitos y embriones, y el útero subrogado (60). Las técnicas de reproducción asistida no incluyen la inseminación asistida o artificial (61).

64. Por su parte, la FIV es “un procedimiento en el cual los óvulos de una mujer son removidos de sus ovarios, ellos son entonces fertilizados con esperma en un procedimiento de laboratorio, una vez concluido esto el óvulo fertilizado (embrión) es devuelto al útero de la mujer” (62). Esta técnica se aplica cuando la infertilidad se debe a la ausencia o bloqueo de las trompas de Falopio de la mujer, es decir, cuando un óvulo no puede pasar hacia las trompas de Falopio para ser fertilizado y posteriormente implantado en el útero (63), o en casos donde la infertilidad recae en la pareja de sexo masculino (64), así como en los casos en que la causa de la infertilidad es desconocida. Las fases que se siguen durante el la FIV son las siguientes (65): i) inducción a la ovulación; ii) aspiración de los óvulos contenidos en los ovarios; iii) inseminación de óvulos con espermatozoides; iv) observación del proceso de fecundación e incubación de los embriones, y v) transferencia embrionaria al útero materno.

65. Sobre el desarrollo embrionario en la FIV, existen cinco etapas de dicho desarrollo que duran en total cinco días. En primer lugar, se seleccionan los óvulos maduros, los cuales son fecundados, por lo que se da paso al desarrollo del cigoto. En las primeras 26 horas de desarrollo el cigoto se divide en dos células, las cuales posteriormente se dividen en cuatro células en el día dos, y finalmente se vuelve a dividir para formar ocho células en el día tres. En el día cuatro, se habla de Morula y del día cuatro al día cinco, el embrión llega a su estado de Blastocisto. Los embriones pueden permanecer en cultivo hasta cinco días antes de ser transferidos al útero de la mujer (66). Por lo tanto, el embrión puede ser transferido desde el día dos y hasta el día cinco. Dependiendo de la caracterización morfológica y dinámica de la división celular, se toma la decisión respecto de cuando transferir el embrión (67). La transferencia embrionaria puede ser directamente al útero o a las trompas de Falopio. A los 12 días de la transferencia embrionaria, se sabe si la mujer quedó embarazada a través de marcadores (68).

66. El primer nacimiento de un bebe producto de la FIV ocurrió en Inglaterra en 1978 (69). En Latinoamérica, el nacimiento del primer bebe producto de la FIV y la transferencia embrionaria fue reportado en 1984 en Argentina (70). Desde que fuera reportado el nacimiento de la primera persona como resultado de Técnicas de Reproducción Asistida (en adelante “TRA”), “cinco millones de personas han nacido en el mundo gracias a los avances de esta [tecnología]” (71). Asimismo, “[a]nualmente, se realizan millones de procedimientos de TRA. Las estimaciones para 2008, comprenden 1.600.000 tratamientos que dieron origen a 400.000 personas nacidas entre 2008 y septiembre de 2009” en el mundo (72). En Latinoamérica “se estima que entre 1990 y 2010 150.000 personas han nacido” de acuerdo con el Registro Latinoamericano de Reproducción Asistida (73).

67. De la prueba que obra en el expediente, Costa Rica es el único Estado en el mundo que prohíbe de manera expresa la FIV (74).

B) El Decreto ejecutivo

68. En Costa Rica, el Decreto Ejecutivo No. 24029-S de 3 de febrero de 1995, emitido por el Ministerio de Salud, autorizaba la práctica de la FIV para parejas conyugales y regulaba su ejecución. En su artículo 1° el Decreto Ejecutivo regulaba la realización de técnicas de reproducción asistida entre cónyuges, y establecía reglas para su realización (75). En el artículo 2° se definían las técnicas de reproducción asistida como “todas aquellas técnicas artificiales en las que la unión del óvulo y el espermatozoide se logra mediante una forma de manipulación directa de las células germinales a nivel de laboratorio” (76).

69. Las normas del Decreto Ejecutivo No. 24029-S que regulaban específicamente la técnica de la FIV cuestionada en el recurso de inconstitucionalidad, eran las siguientes (77):

Artículo 9.- En casos de fertilización in vitro, queda absolutamente prohibida la fertilización de más de seis óvulos de la paciente por ciclo de tratamiento.

Artículo 10.- Todos los óvulos fertilizados en un ciclo de tratamiento, deberán ser transferidos a la cavidad uterina de la paciente, quedando absolutamente prohibido desechar o eliminar embriones, o preservarlos para transferencia en ciclos subsecuentes de la misma paciente o de otras pacientes.

Artículo 11.- Quedan absolutamente prohibidas las maniobras de manipulación del código genético del embrión, así como toda forma de experimentación sobre el mismo.

Artículo 12.- Queda absolutamente prohibido comerciar con células germinales – óvulos y espermatozoides – para ser destinados a tratamiento de pacientes en técnicas de reproducción asistida, sean éstas homólogas o heterólogas.

Artículo 13.- El incumplimiento de las disposiciones aquí establecidas faculta al Ministerio de Salud para cancelar el permiso sanitario de funcionamiento y la acreditación otorgada al establecimiento en el que se cometió la infracción, debiendo remitirse el asunto en forma inmediata al Ministerio Público y al Colegio Profesional respectivo, para establecer las sanciones correspondientes.

70. La FIV fue practicada en Costa Rica entre 1995 y 2000 (78) por la entidad privada denominada “Instituto Costarricense de Infertilidad” (79). En ese lapso nacieron 15 costarricenses (80). La técnica fue declarada inconstitucional por la Sala Constitucional de Costa Rica mediante de 15 de marzo de 2000.

C) Sentencia de la Sala Constitucional de 15 de marzo de 2000

71. De conformidad con el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (81), cualquier ciudadano puede interponer la acción de inconstitucionalidad en contra de una norma “cuando por la naturaleza del asunto no exista lesión individual y directa, o se trate de la defensa de intereses difusos o que atañen a la colectividad en su conjunto”. Basándose dicha norma, el 7 de abril de 1995 el señor Hermes Navarro del Valle presentó una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo que regulaba la FIV en Costa Rica, utilizando diversos alegatos sobre violación del derecho a la vida (82). El solicitante requirió que: i) se declarara el Decreto inconstitucional por violar el derecho a la vida; ii) se declarara inconstitucional la práctica de la fecundación in vitro, y iii) “se instruya a las autoridades públicas a mantener un control minucioso de la práctica médica, para que dichos actos no se vuelv[a]n a producir”. Entre los argumentos que se alegaron en la acción de constitucionalidad se encuentran los siguientes: i) “el porcentaje de malformaciones en general fue mayor al registrado en la fecundación natural”; ii) “la práctica generalizada [de la FIV] violenta la vida humana [y ] por las características privadas y aisladas [...] en que toma lugar dicha inseminación, cualquier reglamentación sería de difícil implementación y de difícil control por el Estado”; iii) “[l]a vida humana se inicia desde el momento de la fecundación, por lo tanto, cualquier eliminación o destrucción de concebidos - voluntaria o derivada de la impericia del médico o de la inexactitud de la técnica utilizada - resultaría en una evidente violación al derecho a la vida contenido” en la Constitución costarricense; iv) se hizo referencia a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a la Convención sobre los derechos del niño; v) se arguyó que “el negocio de la fecundación in vitro [es] un negocio[, ...] no cura [...] una enfermedad[,] ni [es] un tratamiento de emergencia para salvar una vida”, y vi) “tan violatorio es el eliminar concebidos[,] o sea niños[,] tirándolos al basurero, como eliminarlos de forma deliberada debido a la falta de técnica en el proceso, pretendiendo jugar una especie de ‘ruleta rusa’ con los seis niños introducidos en la madre”.

72. El 15 de marzo de 2000, la Sala Constitucional de la Corte Suprema emitió sentencia (83), mediante la cual declaró “con lugar la acción [y] se anula por inconstitucional [...] el Decreto Ejecutivo No. 24029-S” (84). Las razones esgrimidas por la Sala Constitucional para motivar su decisión fueron, en primer lugar, la “infracción del principio de reserva legal”, según el cual “solamente mediante ley formal, emanada del Poder Legislativo por el procedimiento previsto en la Constitución para la emisión de las leyes, es posible regular y, en su caso, restringir los derechos y libertades fundamentales”. De acuerdo a lo anterior, la Sala concluyó que el Decreto Ejecutivo regulaba el “derecho a la vida y a la dignidad del ser humano”, razón por la cual “[l]a regulación de estos derechos por el Poder Ejecutivo resulta[ba] incompatible con el Derecho de la Constitución”.

73. Por otra parte, al considerar que era aplicable el artículo 4.1 de la Convención Americana, la Sala Constitucional señaló lo siguiente:

La pregunta ¿cuándo comienza la vida humana? tiene trascendental importancia en el asunto que aquí se discute, pues debe definirse desde cuándo el ser humano es sujeto de protección jurídica en nuestro ordenamiento. Existen divergencias entre los especialistas. Algunos consideran que los embriones humanos son entidades que se encuentran en un estado de desarrollo donde no poseen más que un simple potencial de vida. [...] Señalan que antes de la fijación del pre-embrión éste se compone de células no diferenciadas, y que esa diferenciación celular no sucede sino después de que se ha fijado sobre la pared uterina y después de la aparición de la línea primitiva - primer esbozo del sistema nervioso-; a partir de ese momento se forman los sistemas de órganos y los órganos. [...] Por el contrario, otros sostienen que todo ser humano tiene un comienzo único que se produce en el momento mismo de la fecundación. Definen al embrión como la forma original del ser o la forma más joven de un ser y opinan que no existe el término pre-embrión, pues antes del embrión, en el estadio precedente, hay un espermatozoide y un ovulo. Cuando el espermatozoide fecunda al óvulo esa entidad se convierte en un cigoto y por ende en un embrión. La más importante característica de esta célula es que todo lo que le permitirá evolucionar hacia el individuo ya se encuentra en su lugar; toda la información necesaria y suficiente para definir las características de un nuevo ser humano aparecen reunidas en el encuentro de los veintitrés cromosomas del espermatozoide y los veintitrés cromosomas del ovocito. [...] Al describir la segmentación de las células que se produce inmediatamente después de la fecundación, se indica que en el estadio de tres células existe un minúsculo ser humano y a partir de esa fase todo individuo es único, rigurosamente diferente de cualquier otro. En resumen, en cuanto ha sido concebida, una persona es una persona y estamos ante un ser vivo, con derecho a ser protegido por el ordenamiento jurídico (85). (Añadido fuera del texto).

74. Asimismo, la Sala Constitucional determinó que las prácticas de FIV “atentan claramente contra la vida y la dignidad del ser humano” (86). Para su fundamentación, la Sala Constitucional indicó que: i) “[e]l ser humano es titular de un derecho a no ser privado de su vida ni a sufrir ataques ilegítimos por parte del Estado o de particulares, pero no sólo eso: el poder público y la sociedad civil deben ayudarlo a defenderse de los peligros para su vida”; ii) “en cuanto ha sido concebida, una persona es una persona y estamos ante un ser vivo, con derecho a ser protegido por el ordenamiento jurídico”, y iii) “como el derecho [a la vida] se declara a favor de todos, sin excepción, debe protegerse tanto en el ser ya nacido como en el por nacer” (87).

75. Por otra parte, la Sala Constitucional manifestó que “[l]a normativa internacional [...] establece principios rectores sólidos en relación con el tema de la vida humana” (88), para lo cual citó el artículo I de la Declaración Americana, el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 4 de la Convención Americana. Respecto al artículo 4 de la Convención, la Sala consideró que “[e]ste instrumento internacional da un paso decisivo, pues tutela el derecho [a la vida] a partir del momento de la concepción[, además s]e prohíbe tajantemente imponer la pena de muerte a una mujer en estado de gravidez, lo que constituye una protección directa y, por ende, un reconocimiento pleno de la personalidad jurídica y real del no nacido y de sus derechos” (89). También la Sala hizo referencia al artículo 6 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Sobre este punto, la Sala concluyó que “[l]as normas citadas imponen la obligación de proteger al embrión contra los abusos a que puede ser sometido en un laboratorio y, especialmente del más grave de ellos, el capaz de eliminar la existencia” (90).

76. Finalmente, la Sala concluyó:

El embrión humano es persona desde el momento de la concepción, por lo que no puede ser tratado como objeto, para fines de investigación, ser sometido a procesos de selección, conservado en congelación, y lo que es fundamental para la Sala, no es legítimo constitucionalmente que sea expuesto a un riesgo desproporcionado de muerte. [...] La objeción principal de la sala es que la aplicación de la técnica importa una elevada pérdida de embriones, que no puede justificarse en el hecho de que el objetivo de ésta es lograr un ser humano, dotar de un hijo a una pareja que de otra forma no podría tenerlo. Lo esencial es que los embriones cuya vida se procura primero y luego se frustra son seres humanos y el ordenamiento constitucional no admite ninguna distinción entre ellos. No es de recibo tampoco el argumento de que en circunstancias naturales también hay embriones que no llegan a implantarse o que aún logrando la implantación, no llegan a desarrollarse hasta el nacimiento, sencillamente por el hecho de que la aplicación de la [FIV] implica una manipulación consciente, voluntaria de las cédulas reproductoras femeninas y masculinas con el objeto de procurar una nueva vida humana, en la que se propicia una situación en la que, de antemano, se sabe que la vida humana en un porcentaje considerable de los casos, no tiene posibilidad de continuar. Según la Sala ha podido constatar, la aplicación de la Técnica de Fecundación in Vitro y Transferencia Embrionaria, en la forma en que se desarrolla en la actualidad, atenta contra la vida humana. Este Tribunal sabe que los avances de la ciencia y la biotecnología son tan vertiginosos que la técnica podría llegar a ser mejorada de tal manera, que los reparos señalados aquí desaparezcan. Sin embargo, las condiciones en las que se aplica actualmente, llevan a concluir que cualquier eliminación o destrucción de concebidos – voluntaria o derivada de la impericia de quien ejecuta la técnica o de la inexactitud de ésta – viola su derecho a la vida, por lo que la técnica no es acorde con el Derecho de la Constitución y por ello el reglamento cuestionado es inconstitucional por infracción al artículo 21 de la Constitución Política y 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por contravenir la técnica, considerada en sí misma, el derecho a la vida, debe dejarse expresa constancia de que, ni siquiera por norma de rango legal es posible autorizar legítimamente su aplicación, al menos, se insiste, mientras su desarrollo científico permanezca en el actual estado y signifique el daño consciente de vidas humanas (91). (Subrayado fuera del texto original)

77. Los magistrados Arguedas Ramírez y Calzada Miranda presentaron conjuntamente su salvamento de voto a la sentencia (92). En dicho voto, los magistrados consideraron que la FIV “no es incompatible con el derecho a la vida ni a la dignidad humana, sino por el contrario, constituye un instrumento que la ciencia y la técnica han concebido al ser humano para favorecerla, ya que la infertilidad [...] debe ser vista como la consecuencia de un estado genuino de enfermedad” (93). Igualmente, manifestaron que las “[t]écnicas de [r]eproducción [a]sistida [...] se ofrecen como un medio para ejercer el legítimo ejercicio del derecho a la reproducción humana, que, aunque no está expresamente reconocido en [la] Constitución Política, se deriva del derecho a la libertad y la autodeterminación, el derecho a la intimidad personal y familiar y a la libertad para fundar una familia” (94).

D) Recursos interpuestos por Ileana Henchoz y Karen Espinoza

78. El 30 de mayo de 2008, la señora Henchoz interpuso una acción de inconstitucionalidad contra la sentencia de la Sala Constitucional de 15 de marzo de 2000, la cual fue rechazada de plano (95). En dicha decisión la Sala consideró que su jurisprudencia es vinculante “erga omnes salvo para sí misma, de manera que el criterio vertido en ell[a] puede ser modificad[a] cuando existan motivos para ello o razones de orden público” (96).

79. Posteriormente, la señora Henchoz interpuso una demanda judicial contra la Caja Costarricense del Seguro Social con la finalidad de que se le permitiera practicarse la FIV. La Caja adujo la imposibilidad de practicar dicho procedimiento debido a la Sentencia de 15 de marzo de 2000 (97). Mediante sentencia de 14 de octubre de 2008, el Tribunal Superior de lo Contencioso y Civil de Hacienda concluyó que la FIV como mecanismo de reproducción asistida no estaba prohibida en Costa Rica, en tanto no se incurra en los vicios señalados por la Sala Constitucional, “máxime que el desarrollo actual de este procedimiento médico posibilita, en un ciclo reproductivo femenino, la fecundación de un solo óvulo para su posterior transferencia al útero de la madre” (98).

80. El Tribunal Superior de lo Contencioso y Civil de Hacienda ordenó a la Caja Costarricense de Seguro Social elaborar un diagnóstico y realizar los exámenes médicos correspondientes a fin de determinar la viabilidad para practicar los métodos de reproducción asistida, incluida la FIV, a la señora Henchoz (99). Asimismo señaló que dicho procedimiento se realizaría respetando los lineamientos dictados por la Sala Constitucional, a partir del desarrollo actual de la técnica, “de manera que no e[ra] válida la fecundación de más de un óvulo por ciclo reproductivo de la paciente para su transferencia, ni e[ra] posible la fecundación de dos o más óvulos en ese mismo ciclo reproductivo y mucho menos, la selección de un embrión de entre varios, su destrucción, desecho, congelamiento o experimentación respecto de alguno de ellos” (100).

81. La Caja Costarricense de Seguro Social apeló la sentencia emitida por el Tribunal Superior y el 7 de mayo de 2009 los magistrados de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia anularon dicho fallo y declararon sin lugar la demanda (101). La Sala Primera indicó que “ha quedado demostrado [...] que la técnica de la fertilización in vitro estaría contraindicada para la demandante en razón de su edad, pues a sus 48 años ha perdido ya su capacidad reproductiva con sus propios óvulos, lo que hace extraordinariamente improbable y remoto un embarazo de manera asistida” aunado al hecho que la demandante “luego de la sentencia impugnada manifestó a través de distintos medios de comunicación colectiva que no se sometería a la técnica de la fertilización in vitro, en razón de su edad” (102).

82. Por otra parte, el 6 de enero de 2005, la Defensoría de los Habitantes emitió el oficio N°00117-2005-DHR, motivado por una denuncia interpuesta por la señora Espinoza, en la cual planteó que, tras haber acudido a un Hospital parte de la Caja Costarricense del Seguro Social, éste le habría denegado la posibilidad de un tratamiento de fertilidad argumentando la ausencia de programas para tales efectos (103) y no se le habría entregado un medicamento denominado “menotropin”, el cual le había sido dado en otras ocasiones a la paciente (104). En el mencionado oficio, la Defensoría emitió una serie de recomendaciones, a saber:

[el establecimiento de] un programa especial para el tratamiento de la infertilidad y esterilidad de todas las parejas y mujeres que vivan esta situación, que deseen ejercer su derecho de maternidad y paternidad y no cuenten con los recursos económicos para optar por un servicio, atención y tratamientos médicos privados (105).

83. Asimismo, la Defensoría recomendó el mejoramiento de la prestación del servicio y atención médica en aquellos campos en los que se requiere un tratamiento y seguimiento médico como es el caso de la infertilidad, y finalmente, el establecimiento de lineamientos claros en materia de medicamentos sanitarios (106).

E) Proyectos de ley

84. La Corte observa que, en el marco de un intento por cumplir con las recomendaciones efectuadas por la Comisión Interamericana (supra párr. 1), en la Asamblea Legislativa en el año 2010 fue presentado un proyecto de ley tratando de regular la FIV (107). Entre otros elementos, el proyecto partía de la protección de todos los derechos de la persona humana a partir de la fecundación (108) y establecía que podía practicarse la FIV “a condición de que todos los óvulos fertilizados en un ciclo de tratamiento sean transferidos a la misma mujer que los produjo” (109). Además, se prohibía “la reducción o destrucción de embriones” (110). Asimismo, el proyecto de ley preveía que “[q]uien, en la aplicación de la técnica de la [FIV], destruyere o redujere o de cualquier modo diere muerte a uno o más embriones humanos, será sancionado con prisión de uno a seis años” (111). La Corte observa que el proyecto de ley no fue aprobado (112). Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se pronunció en forma crítica contra el proyecto y resaltó los “riesgos de múltiples embarazos que pueden ocurrir cuando todos los óvulos fertilizados en un ciclo de tratamiento son transferidos a la misma mujer que los produjo, lo cual a su vez incrementa el riesgo del aborto espontáneo, complicaciones obstétricas, nacimientos prematuros y morbilidad neonatal” (113). La OPS señaló que “[t]ransferir a una mujer todos los embriones producidos en cada ciclo de un tratamiento de [FIV], incluso aquellos embriones que tienen defectos, puede poner en peligro el derecho a la vida de la mujer e incluso ocasionar la realización de un aborto terapéutico lo que a su vez afecta negativamente el goce del derecho a la salud y de otros derechos humanos relacionados que han sido acordados por los Estados de la OPS” (114).

F) Situación particular de las presuntas víctimas

F.1) Grettel 

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