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Ver Texto inc. 22 Ley Suprema; y, en caso afirmativo, si aquélla a la luz de una hermenéutica constitucional de los textos normativos en juego y de los objetivos realmente perseguidos por la recurrente, resulta o no legítima.

6) Que el primero de los interrogantes planteados en el considerando anterior debe ser respondido afirmativamente.

En efecto, aun cuando la negativa de autorización emanada de la IGJ. no impida a la entidad peticionaria reunirse para la defensa y promoción de sus intereses y, eventualmente, ser considerada como una simple asociación civil, en alguna de las dos variantes previstas en el art. 46 Ver Texto CCiv., parece evidente que la medida estatal impugnada le impide disfrutar de todos los derechos de que son titulares las restantes asociaciones que han recibido autorización para funcionar. Tales, por ejemplo, la capacidad para adquirir bienes por herencia, legado o donación (arts. 1806 Ver Texto , 3734 Ver Texto y 3735 Ver Texto CCiv.); restricciones éstas que no son intrascendentes para una entidad de las características de la apelante. Además, en tanto que los integrantes de una persona jurídica no responden por las deudas de ésta, los miembros de una simple asociación sí lo hacen por dichas deudas de manera subsidiaria y accesoria (conf. arts. 46 Ver Texto in fine y 1747 Ver Texto CCiv.).

Por otra parte, en el caso específico de las asociaciones denominadas irregulares, es decir las que no cumplen con el requisito de forma prescripto por el citado art. 46 Ver Texto CN. y designación de autoridades por escritura pública o instrumento privado de autenticidad certificados por escribano público, todos los miembros fundadores de la asociación y sus administradores asumen responsabilidad solidaria por los actos de ésta (art. cit.).

En suma, siempre que una entidad peticionaria llene el recaudo al cual la Ley Suprema condiciona el reconocimiento del derecho de asociarse, la denegación de personería jurídica causa un agravio, en tanto le impide obtener el estatus de rango más elevado contemplado por las normas reglamentarias del derecho de asociación.

7) Que establecida entonces la existencia en autos de una restricción al derecho constitucional de asociación dada la negativa a obtener el reconocimiento estatal en toda la extensión de aquél, es necesario determinar si el pronunciamiento judicial que confirma esa afectación es el resultado de una hermenéutica de los textos legales en juego llevada a cabo de modo compatible con los principios, valores y derechos humanos que la Constitución Nacional enuncia y manda respetar, proteger y realizar a todas las instituciones estatales.

En este cometido, cabe recordar que el derecho de asociarse con fines útiles que consagra nuestra Ley Suprema desde 1853, ha sido fortalecido y profundizado por la singular protección reconocida a toda persona en diversos textos internacionales de los derechos humanos que, desde la reforma llevada a cabo en 1994, tienen jerarquía constitucional en los términos del art. 75 Ver Texto inc. 22.

En efecto, la Declaración Universal de Derechos Humanos, afirma en su art. 20.1 Ver Texto que "Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas". De modo concorde, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre reconoce que "Toda persona tiene el derecho de asociarse con otras para promover, ejercer y proteger sus intereses legítimos de orden político, económico, religioso, social, cultural, profesional, sindical o de cualquier otro orden" (art. XXII Ver Texto ).

Igual criterio es sostenido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCyP.), al prescribir que "Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho de fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses" (art. 22.1 Ver Texto). Por su lado, la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH.) dispone que "Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquier otra índole" (art. 16.1 Ver Texto ). Es importante subrayar que ambos instrumentos prevén que el ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o moral públicas o los derechos y libertades de los demás (arts. 22.2 Ver Texto PIDCyP. y 16.2 Ver Texto CADH.).

Por último, más allá de la previsión efectuada desde 1957 en el art. 14 bis Ver Texto CN. respecto de la "organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial", a partir de 1994 se han incorporado a la Carta de Derechos diversas disposiciones concernientes a las asociaciones, pues el art. 38 Ver Texto califica a las agrupaciones políticas como instituciones fundamentales del sistema democrático; el art. 42 Ver Texto encomienda al Estado la protección de las asociaciones de usuarios y consumidores, a las que garantiza la participación en los organismos de control de los servicios públicos; y en el art. 43 Ver Texto se les reconoce legitimación procesal a las asociaciones que propendan a la protección de los derechos al ambiente, la competencia, al usurario y al consumidor, y contra cualquier forma de discriminación, así como a la tutela de los derechos de incidencia colectiva en general.

8) Que por tratarse de un asunto en el que el tribunal debe definir el contenido de una de las libertades germinales consagradas por nuestra Ley Fundamental desde los albores de la República, las reglas señaladas se complementan e integran con el estándar interpretativo establecido por esta Corte en conocidos precedentes a partir de la refundación institucional de la Nación comenzada en diciembre de 1983 (casos "Ponzetti de Balbín", Fallos 306:1892 Ver Texto ; "Sejean", Fallos 308:2268 Ver Texto , entre muchos otros), con arreglo al cual el objetivo que debe orientar la hermenéutica constitucional en todos los campos es el de reconstruir el orden jurídico, sobre la base de establecer y afianzar para el futuro en su totalidad las formas democráticas y republicanas de convivencia de los argentinos.

9) Que a fin de definir el alcance de los fines útiles que condicionan el derecho de asociarse, cabe destacar la vinculación funcional existente entre la libertad de asociación y otras garantías esenciales del estado de derecho, tal como fue subrayado en las dos opiniones disidentes de la causa "Comunidad Homosexual Argentina", de Fallos 314:1531 Ver Texto . A ese examen, debe sumarse una íntegra visión sobre los beneficios individuales y sociales que proporciona dicha libertad, para concluir subrayando su fiel significación en lo atinente a la calidad institucional del sistema democrático en el que está reconocida.

10) Que, por un lado, resulta evidente la interacción en la que se encuentra la libertad de asociación tanto como el derecho de reunión con la libertad de expresión o de prensa, tal como lo señaló esta Corte en "Arjones" Ver Texto (Fallos 191:139) y fue recordado por el juez Petracchi en su voto disidente de Fallos 314:1531 Ver Texto (consids. 12 y 13). En efecto, "el derecho de reunión tiene su origen en la libertad individual, en la libertad de palabra, en la libertad de asociación. No se concibe cómo podrían ejercerse estos derechos, cómo podrán asegurarse los beneficios de la libertad `para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino', según los términos consagratorios del Preámbulo, sin la libertad de reunirse o de asociarse, para enseñar o aprender, para propagar sus ideas, peticionar a las autoridades, orientar la opinión pública y tratar otros fines lícitos...".

Por el otro, la estrecha vinculación que existe entre el derecho de asociarse y la dignidad humana, tal como fue subrayado por el juez Fayt, en disidencia, en la causa mencionada, en la que se destacó que frente a la existencia de un grupo de personas que desea organizarse a efectos de preservar su dignidad ante posibles afectaciones, la protección constitucional de ese derecho legitima la asociación perseguida. Con esa comprensión, se enfatizó que la protección de un valor rector como la dignidad humana implica que la ley reconozca, en tanto no ofenda el orden y la moral pública, ni perjudique a un tercero, un ámbito íntimo e infranqueable de libertad, de modo tal que pueda conducir a la realización personal, posibilidad que es requisito de una sociedad sana.

La protección del ámbito de privacidad, se concluyó, resulta uno de los mayores valores del respeto a la dignidad del ser humano y un rasgo de esencial diferenciación entre el estado de derecho y las formas autoritarias de gobierno (consids. 9 y 10).

11) Que el carácter instrumental del derecho de asociarse como medio esencialmente útil para asegurar y promover la libertad de expresión y la dignidad de la persona humana, se complementa con la necesaria apreciación que el tribunal debe efectuar de las razones que justifican la asociación de las personas y que han llevado a su reconocimiento ulterior.

Así, como se expresó en la primera de las disidencias mencionadas en el precedente citado (consid. 17), "...aquéllas consisten en fomentar en los individuos la cooperación, el aunar criterios y esfuerzos en pos de metas comunes, a la par de incorporar en la esfera interna de los sujetos conciencia de solidaridad y fuerza colectiva...".

"Las asociaciones cumplen una función pedagógica e integradora al establecer vías de apertura a la convivencia grupal, al intercambio de ideas, a la conjunción de esfuerzos; bases, por otra parte, del funcionamiento social civilizado, en el marco de los principios del estado de derecho. Como contrapartida, la comunidad toda y el poder público, aseguran, por la vía de dar forma jurídica a las asociaciones, la resolución de controversias dentro de las reglas que rigen la vida en sociedad, en la medida en que la integración de los individuos en asociaciones supone la aceptación de tales reglas de control, instalando los conflictos sociales en marcos racionales de análisis y solución".

"En consecuencia, la limitación del ejercicio de tal derecho conlleva el riesgo de apartar a grupos sociales, especialmente a aquellos que manifiestan dificultades para su efectiva integración comunitaria".

12) Que, por último, cabe recordar a fin de definir cuál es el contorno mínimo de la utilidad constitucionalmente exigible para tutelar el derecho de asociarse y desde una visión que pondere los beneficios del derecho de que se trata la íntima relación existente entre el derecho de asociarse y las condiciones más favorables para el desarrollo y profundización del Estado democrático, enfáticamente puntualizada por De Tocqueville. En tal sentido, luego de recordar que "...en los pueblos democráticos... todos los ciudadanos son independientes y débiles; nada, casi, son por sí mismos, y ninguno de ellos puede obligar a sus semejantes a prestarle ayuda, de modo que caerían todos ellos en la impotencia si no aprendiesen a ayudarse libremente" y que "...un pueblo en que los particulares perdiesen el poder de hacer aisladamente grandes cosas, sin adquirir la facultad de producirlas en común, volvería pronto a la barbarie", sentencia que "es, pues, indispensable que un gobierno no obre por sí solo. Las asociaciones son las que en los pueblos democráticos deben ocupar el lugar de los particulares poderosos que la igualdad de condiciones han hecho desaparecer". Concluye con precisa referencia a este asunto "en los países democráticos la ciencia de las asociaciones es la ciencia madre, y el progreso de todas las demás depende de ésta. Entre las leyes que rigen las sociedades humanas, hay una que parece más precisa y más clara que todas las demás. Para que los hombres permanezcan civilizados o lleguen a serlo, es necesario que el arte de asociarse se desarrolle entre ellos, y se perfeccione a proporción que la igualdad de las condiciones se aumenta" (conf. "La Democracia en América" (parte 2ª, traducida por Carlos Cerrillo Escobar, 1911, Daniel Jorro Editor, Madrid, p. 115 ss.).

13) Que con la comprensión indicada, no parece discutible que en una sociedad democrática fundada en un estado de derecho, la posibilidad que tienen los ciudadanos de fundar una persona jurídica, con plena personería jurídica, para actuar colectivamente en un ámbito de su interés constituya, en general, uno de los contenidos esenciales de su libertad y, con particular referencia al thema dedidendum, uno de los aspectos más importantes del derecho a la libertad de asociación, sin el cual este derecho quedaría completamente desprovisto de sentido. De ahí, pues, que la manera en que esta libertad es consagrada por la legislación nacional y, sobremanera, aplicada en la práctica por las autoridades es uno de los indicadores más seguros de la salud institucional de la democracia.

14) Que una consideración armónica e integradora de los desarrollos efectuados precedentemente respecto de los valores e implicaciones personales, sociales e institucionales que pone en cuestión el derecho de asociarse, define con un riguroso alcance que no puede dar lugar a conclusiones divergentes el ámbito de protección que, en definitiva, cabe asignar a la cláusula constitucional que reconoce en esta República al derecho de que se trata.

La utilidad que impone la Constitución Nacional no se confunde, ni se aproxima siquiera, con una concepción decimonónica del utilitarismo ni con los altos y declarados fines del Estado que forman parte de sus instrumentos fundacionales; tampoco lo hace con los propósitos tradicionales o circunstanciales perseguidos por ninguna mayoría numérica de personas, ni aun en el por ciento más cercano al absoluto, sea que se trate de asociaciones, agrupaciones u opiniones ocasionales, y en cualquier materia que se involucre, como de naturaleza política, religiosa, moral, cultural, deportiva, sexual, etc. No es ese, pues, el contenido de la protección constitucional.

Si la esencia misma de nuestra carta de derechos que con la incorporación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos ha sido fortalecida y profundizada es el respeto de la dignidad y libertad humanas, y si la regla estructural de un estilo de vida democrático reside en la capacidad de una sociedad para resolver sus conflictos mediante el debate público de las ideas, el umbral de utilidad exigido por la Constitución Nacional es indiscutiblemente satisfecho por toda agrupación voluntaria de personas que, por vías pacíficas y sin incitación a la violencia, convenga en la obtención de cualquiera de los múltiples objetos o pretensiones que, respetando los principios inmutables del sistema democrático, no ofendan al orden, la moral pública ni perjudiquen de modo cierto y concreto bienes o intereses de un tercero.

15) Que los recaudos enunciados conforman una regla que constituye la precisa y rigurosa frontera que, en un estado constitucional de derecho, debe superar el pluralismo de ideas y fines para merecer amparo constitucional cuando las personas que participan de un ideal compartido desean asociarse para perseguir colectivamente ese propósito.

Por debajo de aquélla sólo se encuentra la ilicitud proveniente de estar promoviendo la asociación un objeto común que desconoce o violenta las exigencias que para la protección a la dignidad de las personas establece el art. 19 Ver Texto CN. o que, elíptica o derechamente, persigue la destrucción de las cláusulas inmutables del Pacto Fundacional de la República vigente desde 1853 (arts. 1 Ver Texto y 33 Ver Texto Ley Suprema).

Como lo ha señalado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto de un texto similar al de la CADH., en el caso "Gorzelik and others v. Poland" (application 44158/98, pronunciamiento del 17/2/2004, ptos. 89 a 92), la trascendencia del pluralismo, la tolerancia y la comprensión llevan a concluir que todo derecho de asociarse es constitucionalmente útil, en la medida en que acrecienta el respeto por las ideas ajenas, aun aquellas con las que frontalmente se discrepa, y hasta se odia, favoreciendo la participación de los ciudadanos en el proceso democrático y logrando una mayor cohesión social que nace, precisamente, de compartir la noción fundacional del respeto a la diversidad y de la interacción de personas y grupos con variadas identidades, creencias y tradiciones, sean culturales, religiosas, artísticas, literarias, sociales, económicas, políticas, étnicas, religiosas, etc.

16) Que a esta comprensión constitucional del derecho en juego en el sub lite debe adecuarse la interpretación de la norma aplicable del Código Civil (art. 33 Ver Texto parte 2ª ap. 1), pues es un principio hermenéutico utilizado por este tribunal desde sus primeros precedentes que en el marco de aquella operación lógica y jurídica se deben computar la totalidad de los preceptos del ordenamiento jurídico y, sobremanera, la adecuación de la conclusión que se postule con los principios y garantías de la Constitución Nacional (Fallos 255:192 Ver Texto ; 285:60 Ver Texto ; 299:93 Ver Texto; 302:1600 Ver Texto ), desde el momento en que esa integración y sistematización debe respetar los principios fundamentales del derecho en el grado y jerarquía en que éstos son valorados por el todo normativo (Fallos 312: 111 Ver Texto ; 314:1445 Ver Texto ).

De prescindirse de esa regla cardinal se incurriría, como destacó el tribunal en el precedente "Puloil S.A.", de Fallos 258:75 Ver Texto, en una interpretación de las normas subordinadas que atentaría contra su validez constitucional en virtud de lo dispuesto en el art. 31 Ver Texto Ley Suprema, dando lugar de este modo a una cuestión federal apta para su consideración por el tribunal en la instancia del art. 14 Ver Texto ley 48, tal como fue señalado en el consid. 4 de este pronunciamiento.

No fue sino este fecundo método de integración y sistematización constitucional de las normas inferiores el seguido por esta Corte en el precedente "Casal, Matías E. y otro" Ver Texto , Fallos 328:3399, preservando de este modo la validez constitucional del art. 456 Ver Texto CPPN. frente a la rigurosa y restrictiva exégesis de la norma indicada que habían llevado a cabo los tribunales de la causa, que de ser mantenida hubiese dado lugar a la inconstitucionalidad del texto legal puesto en cuestión (causa "Casal" Ver Texto citada, consid. 34 del voto mayoritario; consid. 10 del voto concurrente de la jueza Highton de Nolasco; consids. 9 y 12 del voto concurrente del juez Fayt; consid. 17 del voto concurrente de la jueza Argibay).

17) Que la mera confrontación entre la cerrada y literal exégesis llevada a cabo por la cámara, según las expresiones transcriptas con anterioridad (consid. 2 párr. 3º), respecto del alcance del recaudo concerniente al bien común exigido por el Código Civil para que el Estado reconozca personería jurídica a una asociación, y el contenido atribuido en los consids. 14 y 15 al derecho constitucional de asociarse con fines útiles, demuestra que la sentencia recurrida es insostenible por haber realizado una interpretación de los textos infraconstitucionales en juego que afecta en forma directa e inmediata las garantías superiores invocadas por la peticionaria y puestas en cuestión en esta causa (ley 48, art. 15 Ver Texto ).

18) Que, en efecto, como dijo la Corte en "Portillo" (Fallos 312:496 Ver Texto , 512) "es erróneo plantear el problema de la persona y el del bien común en términos de oposición tal como lo hace el a quo respecto del sub lite, cuando en realidad se trata más bien de recíproca subordinación...". En análogo sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos se expresó en las opiniones consultivas 5/85 del 13/11/1985, pto. 66 y 6/86, del 9/5/1986.

19) Que en las condiciones expresadas el reproche que la Cámara formula a la peticionaria de que la asociación sólo tiene por propósito tutelar los intereses de sus integrantes mas no el del resto de la comunidad, es fruto de una interpretación constitucionalmente inválida de la exigencia del bien común prevista en la norma reglamentaria.

Es claro en ese contexto, que cuando los jueces del tribunal apelado sostienen que los objetivos de la demandante resultan totalmente ajenos a ese requisito legal realizan, por un lado, una interpretación parcial e irrazonable de los objetivos estatutarios agregados a fs. 1 y 22, ya que de ellos surgen propósitos relacionados con derechos básicos de la persona humana reconocidos en nuestra Constitución Nacional y en Tratados Internacionales, de claros fines no lucrativos, útiles y aun desinteresados. De igual modo, se desconoce el principio cardinal con arreglo al cual el bien colectivo tiene una esencia pluralista, pues al sostener la sentencia que ideales como el acceso a la salud, educación, trabajo, vivienda y beneficios sociales de determinados grupos, así como propender a la no discriminación, es sólo un beneficio propio de los miembros de esa agrupación, la alzada olvida que en realidad esas prerrogativas son propósitos que hacen al interés del conjunto social como objetivo esencial y razón de ser del Estado de cimentar una sociedad democrática, al amparo de los arts. 14 Ver Texto y 16 Ver Texto CN. y de los Tratados Internacionales incorporados en su art. 75 Ver Texto inc. 22.

20) Que esta Corte ya ha subrayado el grave defecto de interpretación en que incurren los jueces cuando en sus decisiones no otorgan trascendencia alguna a una condición de base para una sociedad democrática como es la coexistencia social pacífica, cuya preservación asegura el amparo de las valoraciones, creencias y estándares éticos compartidos por conjuntos de personas, aun minoritarios, cuya protección interesa a la comunidad para su convivencia armónica.

La renuncia a dicha función por parte de los tribunales de justicia traería aparejado el gravísimo riesgo de que sólo aquellas valoraciones y creencias de las que participa la concepción media o la mayoría de la sociedad encontraría resguardo, y al mismo tiempo, determinaría el desconocimiento de otros no menos legítimos intereses sostenidos por los restantes miembros de la comunidad, circunstancia ésta que sin lugar a dudas constituiría una seria amenaza al sistema democrático que la Nación ha adoptado (arts. 1 Ver Texto y 33 Ver Texto CN.). Por otra parte la decisión apelada ha intentado reemplazar las opciones éticas personales cuya autonomía reconoce el art. 19 Ver Texto Ley Suprema.

La restauración definitiva del ideal democrático y republicano que plasmaron los constituyentes de 1853 y profundizaron los de 1994, convoca como señaló el tribunal en uno de los votos concurrentes de la causa "Portillo", de Fallos 312:496 Ver Texto a la unidad nacional, en libertad, pero no a la uniformidad; unidad en la diversidad, en la tolerancia, en el mutuo respeto de credos y conciencias, acordes o no con los criterios predominantes. El art. 19 Ver Texto CN. en combinación con el catálogo de garantías y derechos reconocidos no permite dudar del cuidado que los constituyentes pusieron en respetar la diversidad de pensamientos y no obligar a los ciudadanos a una uniformidad que no condice con la filosofía liberal que orienta a nuestra Ley Fundamental.

21) Que, por lo demás, aquel juicio de valor de naturaleza perfeccionista y autoritario efectuado por la cámara respecto de los propósitos estatutarios, al atribuir al Estado una suerte de omnipotencia y hegemonía en la consecución del bien común que, en rigor, sólo permitiría otorgar la autorización estatal a entidades con fines filantrópicos o científicos, a la par que haría retroceder al estado imperante a principios del siglo veinte cuando el Poder Ejecutivo denegaba autorizaciones a asociaciones sindicales o mutualistas por tener en mira sólo el interés de sus integrantes (conf. decretos expte. C.342-1905, del 5/4/1906 y 104797, del 30/4/1937; y conf. también Páez, Juan L., "El Derecho de las asociaciones", Ed. Guillermo Kraft, p. 515), ha ignorado el mandato primero que los jueces argentinos reciben de la Constitución que juran cumplir, de asegurar el goce y pleno ejercicio de las garantías superiores para la efectiva vigencia del estado de derecho (caso "Siri", de Fallos 239:459 Ver Texto ). Jamás deberá olvidarse ni retacearse la cabal comprensión, esclarecida por Joaquín V. González más de un siglo atrás en su célebre "Manual de la Constitución Argentina", de que aquellas garantías integran el "patrimonio inalterable" que hace de cada hombre, ciudadano o no, un ser libre e independiente dentro de la Nación Argentina, formulación que esta Corte hizo propia en el caso "Outon", de Fallos 267:215 Ver Texto .

22) Que, de otro lado, la cámara no ha advertido la inconsecuencia a la cual conduce irremisiblemente su errónea concepción del bien común, pues no intenta conciliar la rigurosa comprensión asignada al texto infraconstitucional en juego con los derechos reconocidos desde 1994 en la Ley Suprema a las asociaciones que, como la actora, tienen por objeto evitar cualquier forma de discriminación, al atribuírseles capacidad procesal para pretender ante el Poder Judicial la tutela del derecho señalado.

23) Que tampoco son constitucionalmente sostenibles afirmaciones del pronunciamiento tales como que no es "...menester... hacer participar a este último [al Estado] de un emprendimiento que considera disvalioso para la totalidad de los convivientes (sic) dentro de su ámbito de acción" (fs. 115 vta.) y que no está clausurado el recurso a formas de defensa contra la discriminación también marginal, que es una decisión "del grupo que se niega a reconocer la realidad que los rodea" (fs. 116).

Los mencionados conceptos importan, en primer lugar, expresar una particular y subjetiva opinión de los jueces sobre la utilidad del accionar de una asociación, que carece de fundamentación objetiva. En segundo lugar, al agregar sin más que el Estado no está obligado a tal reconocimiento por norma internacional alguna, contradice la previsión del art. 75 Ver Texto inc. 22 CN., que al otorgar a los pactos internacionales que reseña orden jerárquico normativo superior a las leyes, remite a la supremacía claramente enunciada por el art. 31 Ver Texto CN. de los instrumentos que constituyen la Ley Suprema de la Nación. Esos acuerdos reconocen al individuo entre otros el derecho a la igualdad y de asociarse pacíficamente que, en el caso, la cámara ha restringido sin fundamentos razonables que lo justifiquen, sobre la base de una interpretación inconstitucional de un requisito de inferior jerarquía.

Por ello y de conformidad, en lo pertinente, con lo dictaminado por el procurador general de la Nación, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se revoca la sentencia apelada con el alcance indicado. Costas por su orden por la naturaleza de la cuestión planteada (art. 68 Ver Texto parte 2ª CPCCN.). Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo aquí resuelto. Reintégrese el depósito. Agréguese la queja al principal. Notifíquese y remítase.

NOTAS:

(1) LA 1980-B-1593 - (2) LA 1995-A-26 - (3) LA 1994-B-1611 - (4) LA 1994-B-1615 - (5) LA 1994-B-1639 - (6) LA 1994-B-1633 - (7) JA 1997-IV-329 Ver Texto - (8) JA 1992-I-226 Ver Texto - (9) LA 1980-B-1593 - (10) JA 2000-III-21 Ver Texto - (11) JA 1990-III-440 Ver Texto - (12) LA 1988-C-3136 - (13) ALJA 1853-1958-1-14 - (14) JA 18-1973-271 - (15) JA 1964-III-95 - (16) JA 1989-II-658 Ver Texto - (17) JA 1958-II-478 Ver Texto - (18) JA 1967-II-369 Ver Texto - (19) t.o. 1981, LA 1981-B-1472.

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