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Ver Texto que denegó a la Asociación Lucha por la Identidad Travesti - Transexual ("ALITT.") la autorización para funcionar como persona jurídica, en el marco del art. 33 Ver Texto parte 2ª ap. 1 CCiv.

2) Que para así decidir dicho tribunal afirmó, en lo sustancial, que si bien las personas jurídicas de existencia posible son el resultado puro y exclusivo de la voluntad o poder humano, el ordenamiento civil establece los principios fundamentales a que deben subordinarse, concernientes a su personalidad, derechos y responsabilidades. Agregó que las asociaciones, bajo cuya forma pretende actuar la actora, deben tener por principal objeto el bien común (art. 33 Ver Texto parte 2ª ap. 1 CCiv.); su acto constitutivo indicó es voluntario y lícito, pero la personalidad jurídica la adquieren por la intervención de la Inspección General de Justicia (en adelante "IGJ.") art. 45 Ver Texto CCiv., que en el marco de las funciones reguladas por la ley 22315 Ver Texto debe emitir una decisión administrativa que permita a aquéllas funcionar regularmente.

En el caso, la decisión denegatoria del órgano estatal se sustentó en no considerar satisfecho el mencionado requisito legal, para lo cual subrayó la cámara el organismo de aplicación realizó un pormenorizado estudio de los propósitos enunciados en el art. 20 del Estatuto de la entidad, que no puede ser calificado de ilegítimo o arbitrario.

Sostuvo la Cámara interviniente, sobre la base de citas legales y jurisprudenciales, que los conceptos de bien común y legalidad no deben ser asimilados. En el caso, en el marco de la mencionada finalidad de bien común a que deben ajustarse por disposición legal las asociaciones art. 33 Ver Texto parte 2ª ap. 1 CCiv. interpretó que los objetivos expuestos por los recurrentes no se vinculan con ese propósito, sino que representan sólo una utilidad particular para los componentes de la asociación y por extensión para aquellos que participan de sus ideas. Para ello, el tribunal a quo sostuvo en diversos pasajes del pronunciamiento que el bien común se satisface cuando el objeto de la asociación es socialmente útil, entendiendo por tal expresión a un bien general público extendido a toda la sociedad, de manera que los objetivos se proyecten en beneficios positivos, de bienestar común, hacia la sociedad en general. En suma, se afirmó que el Estado argentino no puede ser compelido en virtud de ninguna norma internacional a reconocer una asociación que no estime útil para el desarrollo social de la comunidad.

Concluyó que la misma no se proyecta en beneficio positivo alguno para la sociedad por lo que, en consecuencia, predicó que luchar para que el Estado y la sociedad no discriminen el travestismo como una identidad propia, asegurarle una mejor calidad de vida, implementar campañas exigiendo su derecho a la salud, educación, trabajo y vivienda y demás beneficios sociales, propiciar espacios de reflexión, campañas de divulgación y asesoramiento en materia de derechos sexuales y antidiscriminación, son objetivos que no tienden al bien común sino sólo persiguen beneficios personales para los integrantes del grupo conformado por personas que detentan esa condición (la itálica no corresponde a la sentencia de Cámara).

Los miembros de dicho grupo agregó la alzada cuentan con derechos constitucionalmente reconocidos como los demás ciudadanos para ocurrir ante organismos estatales o estrados judiciales. Es en ejercicio de dichas prerrogativas que formularon su petición, la que fue rechazada por la IGJ., sin que se configurara trato discriminatorio alguno sino el ejercicio de facultades discrecionales que le competen como órgano de control, en las que no pueden inmiscuirse los jueces.

Todas las personas, destacó el pronunciamiento, gozan de la prerrogativa de formar organizaciones, asociaciones o grupos no gubernamentales amparados por el art. 14 Ver Texto CN., sin que sea necesario reconocimiento estatal ni permiso alguno. A ello se refiere la mencionada garantía constitucional que consideran preservada en el caso, desde que los interesados podrían funcionar bajo otras formas legales existentes, como las simples asociaciones o asociaciones irregulares.

Por otro lado, descartó también que se hubiera demostrado que la resolución administrativa que se cuestiona incurra en "calificaciones sospechosas" en los términos de los arts. 2.2 Ver Texto Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y 2.1 Ver Texto Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

3) Que contra dicha decisión la asociación peticionaria interpuso recurso extraordinario a fs. 122/137, cuya desestimación a fs. 150/151 dio lugar a esta presentación directa.

La recurrente se agravia de que la sentencia ratifique, en forma arbitraria, una interpretación inconstitucional del art. 33 Ver Texto CCiv. por resultar contraria a la libertad de asociarse con fines útiles y a las garantías de igualdad ante la ley, de trato y de oportunidades consagradas por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales (arts. 14 Ver Texto , 16 Ver Texto y 75 Ver Texto inc. 23; y en particular lo dispuesto en los arts. 2 Ver Texto y 7 Ver Texto Declaración Universal de Derechos Humanos, 1 Ver Texto y 24 Ver Texto Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1 Ver Texto y 26 Ver Texto Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 2.2 Ver Texto Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) alterando con ello la jerarquía normativa establecida en el art. 31 Ver Texto Ley Suprema.

Se argumenta que la sentencia es nula por carecer de una adecuada fundamentación en derecho respecto de los hechos en examen, así como intentar sustentarse en afirmaciones dogmáticas, provenientes no sólo de la mera voluntad del tribunal, sino de los prejuicios propios de los magistrados que lo integran, defectos que la descalifican como acto jurisdiccional. La autorización que se deniega, puntualiza, se relaciona con la identidad sexual de los asociados, por lo que los pretendidos fundamentos acerca del objeto son aparentes, significando una forma de discriminación basada en un concepto dogmático, rígido y prejuicioso de la realidad.

Admite la facultad de control del ente estatal pero después de reseñar sus objetivos sociales, concluye que el pronunciamiento de la alzada denota un alto contenido discriminatorio, ya que el fin de esa entidad no consiste en impulsar o promover estilos de vida o prácticas sexuales determinadas a las que consideran propias de su derecho a la intimidad sino que como surge con claridad del texto del estatuto tiende a que se reconozca que los travestis y los transexuales cuentan con una identidad propia, eliminándose prácticas marginatorias y estigmatizantes que vinculan al travestismo con la violencia y la prostitución como única alternativa de vida.

Destaca que el sentido del objeto de la asociación conlleva a fomentar prácticas ciudadanas más democráticas e inclusive que tiendan a la eliminación de la discriminación a la que son sometidos determinados grupos por su orientación sexual y apariencia física. Expresa que el tribunal a quo entiende que el problema de las personas travestis y transexuales es sólo de ellas, por lo que no tiene por qué interesar al resto del colectivo social y mucho menos al Estado. Mejorar sus condiciones de vida no haría para los jueces de la causa al bien común de la sociedad, como tampoco a su propósito de integrarse socialmente. Desde una visión constitucional discrepa la recurrente con dicho concepto de bien común, ya que tales valores son propios de un estado de derecho, y se vinculan con el interés general de la sociedad.

Afirma que sostener, como lo hace el tribunal a quo, que el goce de igualdad de oportunidades de un sector determinado no hace al bien común de toda la sociedad configura una negación de aquella prerrogativa y una verdadera discriminación, inadmisible en un tribunal de justicia, que contradice los fundamentos de normas federales, como la Ley Antidiscriminatoria 23592 Ver Texto (12), sin explicar el fundamento que habilitaría al Estado a conceder ciertos beneficios a unos y no a otros, ni dar un criterio objetivo o parámetros constitucionales que permitan conocer explícitamente las condiciones requeridas para ello. En cuanto a su posibilidad de organizarse bajo otras formas societarias, la alzada habría omitido tratar los agravios expuestos en el correspondiente memorial.

También considera irrazonable el actuar del Estado en tanto reconoce personalidad a determinados grupos, con una identidad sexual definida comunidad homosexual pero se la deniega en idénticas condiciones a otro, como es el conformado por los travestis y transexuales.

4) Que los agravios de la apelante suscitan una cuestión federal apta para su examen en la instancia recursiva, toda vez que se plantea la validez de la interpretación que efectuó el tribunal a quo respecto de preceptos del Código Civil, objetándola como violatoria de garantías reconocidas por la Constitución Nacional y por tratados internacionales de igual jerarquía (art. 14 Ver Texto inc. 3 ley 48 [13]).

La presencia de una cuestión federal sustentada en la interpretación inconstitucional de normas no federales, ha sido destacada por el tribunal en precedentes dictados aun con anterioridad al reconocimiento y admisibilidad de la doctrina de las sentencias arbitrarias (Fallos 102:379; 123: 313; 124:395; 147:286), por manifiesta incompatibilidad de lo decidido con los principios y garantías constitucionales y las leyes que el art. 31 Ver Texto llama Ley Suprema de la Nación (Fallos 176:339 Ver Texto ), lo que en cada caso corresponde decidir a esta Corte (Fallos 229:599 Ver Texto; 307:398 Ver Texto ).

5) Que en primer lugar se debe determinar si la decisión apelada restringe el derecho de asociación consagrado por el art. 14 Ver Texto CN. y por tratados internacionales de igual jerarquía reconocidos por el art. 75 Ver Texto inc. 22 Ley Fundamental.

Esta cuestión debe ser respondida afirmativamente. Si bien la negativa de autorización emanada de la IGJ. no impide a la entidad peticionaria reunirse para la defensa y promoción de sus intereses y, eventualmente, ser considerada como una simple asociación civil, en alguna de las dos variantes previstas en el art. 46 Ver Texto CCiv., lo cierto es que no le permite disfrutar de todos los derechos que ejercen las asociaciones autorizadas. Tales, por ejemplo, la capacidad para adquirir bienes por herencia, legado o donación (arts. 1806 Ver Texto , 3734 Ver Texto y 3735 Ver Texto CCiv.); restricciones éstas que no son intrascendentes para una entidad de las características de la apelante. Además, en tanto que los integrantes de una persona jurídica no responden por las deudas de ésta, los miembros de una simple asociación sí lo hacen por dichas deudas de manera subsidiaria y accesoria (conf. arts. 46 Ver Texto in fine y 1747 Ver Texto CCiv.).

Por otra parte, en el caso específico de las asociaciones denominadas irregulares, es decir las que no cumplen con el requisito de forma prescripto por el citado art. 46 Ver Texto CN. y designación de autoridades por escritura pública o instrumento privado de autenticidad certificados por escribano público, todos los miembros fundadores de la asociación y sus administradores asumen responsabilidad solidaria por los actos de ésta (art. cit.).

En suma, siempre que una entidad peticionaria llene el recaudo al cual la Ley Suprema condiciona el reconocimiento del derecho de asociarse, la denegación de personería jurídica causa un agravio en tanto le impide obtener el estatus más elevado contemplado por las normas reglamentarias del derecho de asociación.

Como señaló Bidart Campos: "Si no existiera diferencia alguna entre asociaciones que no tienen personalidad jurídica otorgada por el Estado, y asociaciones que la gozan) por qué y para qué tanto trámite, tanto reglamentarismo, tanto discurso sobre los objetivos societarios, el bien común, la moral pública, cada vez que hay que reconocer o desconocer a una asociación como persona jurídica?" (JA 1992-I-917).

6) Que establecida tanto la presencia de caso federal como de agravio, corresponde analizar si el pronunciamiento judicial cuestionado es compatible con los principios, valores y derechos humanos que la Constitución Nacional enuncia y manda respetar, proteger y realizar a todas las instituciones estatales. Esta cuestión debe ser tratada con singular delicadeza desde que el derecho de asociarse con fines útiles que consagra nuestra Constitución desde 1853, ha sido fortalecido y profundizado por la protección reconocida a toda persona en diversos textos internacionales de los derechos humanos que, desde la reforma llevada a cabo en 1994, tienen jerarquía constitucional en los términos del art. 75 Ver Texto inc. 22 (Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 20.1 Ver Texto ; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. XXII Ver Texto ; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 22.1 Ver Texto ; Convención Americana de Derechos Humanos, art. 16.1 Ver Texto ). Por último, el art. 43 Ver Texto CN., reconoce legitimación procesal a las asociaciones que propendan a la protección de los derechos contra cualquier forma de discriminación.

7) Que el concepto de fines útiles que condicionan el derecho de asociarse sólo podrá ser definido ponderando el alcance de ese derecho en relación funcional con otras garantías esenciales del estado constitucional vigente en la República, como fue subrayado en las dos opiniones disidentes de la causa "Comunidad Homosexual Argentina" de Fallos 314:1531 Ver Texto . En el voto disidente del juez Petracchi del precedente mencionado (consids. 12 y 13) se recordó que en materia de libertad de asociación es patente la interactuación existente, al igual de lo que ocurre con el derecho de reunión, con la libertad de expresión o de prensa, ya que, tal como lo señaló esta Corte en "Arjones" Ver Texto (Fallos 191:139), "...el derecho de reunión tiene su origen en la libertad individual, en la libertad de palabra, en la libertad de asociación. No se concibe cómo podrían ejercerse estos derechos, cómo podrán asegurarse los beneficios de la libertad `para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino', según los términos consagratorios del Preámbulo, sin la libertad de reunirse o de asociarse, para enseñar o aprender, para propagar sus ideas, peticionar a las autoridades, orientar la opinión pública y tratar otros fines lícitos...".

8) Que en igual sentido el voto disidente del juez Fayt (Fallos 314:1531 Ver Texto ) subrayó que frente a la existencia de un grupo de personas que desea organizarse a efectos de preservar su dignidad ante posibles afectaciones, la protección constitucional de ese derecho legitima la asociación perseguida. Con esa comprensión, se enfatizó que la protección de un valor rector como la dignidad humana implica que la ley reconozca, en tanto no ofenda el orden y la moral pública, ni perjudique a un tercero, un ámbito íntimo e infranqueable de libertad, de modo tal que pueda conducir a la realización personal, posibilidad que es requisito de una sociedad sana. La protección del ámbito de privacidad, se concluyó, resulta uno de los mayores valores del respeto a la dignidad del ser humano y un rasgo de esencial diferenciación entre el estado de derecho y las formas autoritarias de gobierno (consids. 9 y 10).

9) Que el carácter instrumental del derecho de asociarse como medio esencialmente útil para asegurar y promover la libertad de expresión y la dignidad de la persona humana, se complementa con la necesaria apreciación que el tribunal debe efectuar de las razones que justifican la asociación de las personas y que han llevado a su reconocimiento ulterior.

Por un lado, como lo expresó el voto del juez Petracchi en el precedente citado (consid. 17), aquéllas "...consiste en fomentar en los individuos la cooperación, el aunar criterios y esfuerzos en pos de metas comunes, a la par de incorporar en la esfera interna de los sujetos conciencia de solidaridad y fuerza colectiva...". "Las asociaciones cumplen una función pedagógica e integradora al establecer vías de apertura a la convivencia grupal, al intercambio de ideas, a la conjunción de esfuerzos; bases, por otra parte, del funcionamiento social civilizado, en el marco de los principios del estado de derecho. Como contrapartida, la comunidad toda y el poder público, aseguran, por la vía de dar forma jurídica a las asociaciones, la resolución de controversias dentro de las reglas que rigen la vida en sociedad, en la medida en que la integración de los individuos en asociaciones supone la aceptación de tales reglas de control, instalando los conflictos sociales en marcos racionales de análisis y solución". "En consecuencia, la limitación del ejercicio de tal derecho conlleva el riesgo de apartar a grupos sociales, especialmente a aquellos que manifiestan dificultades para su efectiva integración comunitaria...", de los mecanismos racionales de solución de conflictos que el Estado debe preservar y fomentar. Por ello, cabe afirmar que a una mayor cantidad de asociaciones corresponde un fortalecimiento de los lazos de integración entre las personas que, al tomar conciencia de que pertenecen a un grupo de referencia reconocido por la comunidad de la que forman parte, desalienta la búsqueda de soluciones irracionales de los conflictos.

10) Que a fin de definir cuál es el contorno mínimo de la utilidad constitucionalmente exigible para tutelar el derecho de asociarse no parece discutible, en un estado de derecho, la posibilidad que tienen los ciudadanos de fundar una persona jurídica con plena personería para actuar colectivamente en un ámbito de su interés. De ahí, pues, que el modo en que esta libertad de asociación es consagrada por la legislación nacional y, sobremanera, aplicada en la práctica por las autoridades, sea uno de los indicadores más seguros de la salud institucional de la democracia.

11) Que una consideración armónica e integradora de los desarrollos efectuados precedentemente respecto de los valores e implicaciones personales, sociales e institucionales que pone en cuestión el derecho de asociarse, define con un riguroso alcance que no puede dar lugar a conclusiones divergentes el ámbito de protección que, en definitiva, cabe asignar a la cláusula constitucional que reconoce en esta República al derecho de que se trata.

Si la esencia misma de nuestra carta de derechos que con la incorporación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos ha sido fortalecida y profundizada es el respeto de la dignidad y libertad humanas, y si la regla estructural de un estilo de vida democrático reside en la capacidad de una sociedad para resolver sus conflictos mediante el debate público de las ideas, el umbral de utilidad exigido por la Ley Suprema es indiscutiblemente satisfecho por toda agrupación voluntaria de personas que, por vías pacíficas y sin incitación a la violencia, convenga en la obtención de cualquiera de los múltiples objetos o pretensiones que, respetando los principios del sistema democrático, no ofendan al orden, la moral pública ni perjudiquen de modo cierto y concreto bienes o intereses de un tercero.

12) Que, por ello, sólo la ilicitud de promover la asociación un objeto común que desconozca o violente las exigencias que para la protección a la dignidad de las personas establece el art. 19 Ver Texto CN. o que, elíptica o derechamente, persiga la destrucción de las cláusulas inmutables del Pacto Fundacional de la República vigente desde 1853 (arts. 1 Ver Texto y 33 Ver Texto Ley Suprema), podría justificar una restricción al derecho de asociación.

La trascendencia del pluralismo, la tolerancia y la comprensión llevan a concluir que todo derecho de asociarse es constitucionalmente útil, en la medida en que acrecienta el respeto por las ideas ajenas, aun aquellas con las que frontalmente se discrepa, y hasta se odia, favoreciendo la participación de los ciudadanos en el proceso democrático y logrando una mayor cohesión social que nace, precisamente, de compartir la noción fundacional del respeto a la diversidad y de la interacción de personas y grupos con variadas identidades, creencias y tradiciones, sean culturales, religiosas, artísticas, literarias, sociales, económicas, políticas, étnicas, religiosas, etc. (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en "Gorzelik and others v. Poland", application 44158/98, pronunciamiento del 17/2/2004, ptos. 89 a 92). En síntesis, "cuando la Constitución alude a asociarse con fines útiles, esa utilidad significa que la finalidad social sea lícita, no perjudicial o dañina. Pero nada más" (Bidart Campos, G., ob. cit., p. 916).

13) Que a esta comprensión constitucional del derecho en juego en el sub lite debe adecuarse la interpretación de la norma aplicable del Código Civil (art. 33 Ver Texto parte 2ª ap. 1), pues es un principio hermenéutico utilizado por este tribunal desde sus primeros precedentes que de ese modo deben entenderse todos los preceptos del ordenamiento jurídico (Fallos 255:192 Ver Texto ; 285:60 Ver Texto [14]; 299:93 Ver Texto; 302:1600 Ver Texto ), desde el momento en que esa integración debe respetar los principios fundamentales del derecho en el grado y jerarquía en que éstos son valorados por el todo normativo (Fallos 312:111 Ver Texto ; 314:1445 Ver Texto ).

De prescindirse de esa regla cardinal se incurriría, como destacó el tribunal en el precedente "Puloil S.A." de Fallos 258:75 Ver Texto (15), en una interpretación de las normas subordinadas que atentaría contra su validez constitucional en virtud de lo dispuesto en el art. 31 Ver Texto CN., dando lugar de este modo a una cuestión federal apta para su consideración por el tribunal en la instancia del art. 14 Ver Texto ley 48, tal como se señala en el consid. 4 de este pronunciamiento.

14) Que el precepto mencionado exige que las asociaciones tengan por principal objeto el bien común, recaudo que proviene del texto original del Código ("Proyecto de Código Civil para la República Argentina", trabajado por encargo del Gobierno Nacional por el Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield, libro primero, 1865, p. 12), y aunque no fue objeto de comentario alguno por parte del codificador, no puede menos que pensarse que éste lo adoptó en el entendimiento de su compatibilidad con la Constitución Nacional. En efecto: si éste incluía en ese precepto a las sociedades anónimas, los bancos, etc., no podía excluir ninguna asociación por el mero hecho de que ésta fuese de utilidad particular para sus componentes o para quienes participan de sus ideas. Raras son las asociaciones en las que esto no sucede; tal vez, por ejemplo algunas filantrópicas. El resto, por regla general, procuran algún beneficio no necesariamente patrimonial, claro está para sus componentes o para las personas o grupos en que ellos se interesan, lo cual es natural y razonable.

15) Que el "bien común" no es una abstracción independiente de las personas o un espíritu colectivo diferente de éstas y menos aún lo que la mayoría considere "común" excluyendo a las minorías, sino que simple y sencillamente es el bien de todas las personas, las que suelen agruparse según intereses dispares, contando con que toda sociedad contemporánea es necesariamente plural, esto es, compuesta por personas con diferentes preferencias, visiones del mundo, intereses, proyectos, ideas, etc. Sea que se conciba a la sociedad como sistema o como equilibrio conflictivo, lo cierto es que en tanto las agrupaciones operen lícitamente facilitan la normalización de las demandas (desde perspectiva sistémica) o de reglas para zanjar los conflictos (desde visión conflictivista). Desde cualquiera de las interpretaciones la normalización para unos o la estabilización para otros produce un beneficio para la totalidad de las personas, o sea, para el "bien común".

En efecto, como dijo la Corte en Fallos 312:496 

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