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Esta Corte no puede considerar irrazonable que la Cámara haya adoptado su decisión sobre la base de los principios morales que hizo valer en el marco de las razonables posibilidades interpretativas que las normas aplicables le conferían.

13) Que en los límites jurisdiccionales definidos, la Cámara fundó su decisión, sin arbitrariedad, en principios morales que no pueden considerarse vigentes sólo para los fieles de religión determinada alguna, ni siquiera exclusivamente para personas adherentes a una fe (ver Lord Devlin, The Enforcement of Morals, Maccabean Lecture in Jurisprudence 1959, dictada en la Academia Británica, recogido en The Enforcement of Morals, 1965; House of Lords, Shaw v. Director of Public Prosecutions, 1962, A.C. 220; Knuller v. Director of Public Prosecutions, 1973, A.C. 435).

La Corte Suprema de los Estados Unidos en Bowers v. Hardwick 106 S. Ct. 2841 (1986) y 478 U.LS. 186, por mayoría de los jueces White, quien opinó por la Corte, Burger (voto concurrente), Powell (voto concurrente), Rehnquist y O'Connor, y con disidencia de los jueces Blackmun, Brennan, Marshall y Stevens, juzgó que una ley de Georgia es constitucional en cuanto pena los actos homosexuales privados consentidos entre adultos (juicio de la Corte, 478 U.S. 186). El Chief Justice Burger fundó su voto en "milenios de enseñanza moral" (197) al caracterizarla sodomía "como un delito de 'honda maldad' (...) cuya sola mención es una desgracia para la naturaleza humana", y negar un "derecho fundamental a cometer sodomía homosexual " (196, 197). Como observa la Corte, las proscripciones de la sodomía tienen muy 'antiguas raíces'. Las decisiones de los individuos relativas a conductas homosexuales han sido sujetas a la intervención estatal a lo largo de la historia de la civilización occidental. La condena de tales prácticas está firmemente arraigada en la moral y pautas éticas judeo-cristianas (196). La Corte denegó uncertiorari en Post v. State 715 P. 2d 1105 (OK1 Cr 1986) rehearing denied 717 P. 2d 1151 (1986), confirmando Hardwick.

Es de advertir que el profesor Laurence Tribe defendió en la Corte a Hardwick y su doctrina ha de apreciarse considerando esta circunstancia (Tribe, American Constitutional Law 2a ed. 1988 p. 1422).

La Corte Suprema de los Estados Unidos, en Bowers v. Hardwick, por el voto del Juez White, recordó que en Palko v. Connecticut, 302 U.S. 319, 325, 326 (1937) se dijo que los derechos y libertades fundamentales que merecen superior protección judicial, están "implícitos en el concepto de libertad ordenada" de tal modo que "ni la libertad ni la justicia existirían si ellos fueran sacrificados" (478 U.S. 191, 192). También recordó la caracterización de los derechos fundamentales como aquellas libertades que están "profundamente enraizadas en la historia y tradición de esta Nación", en Moore v. East Cleveland -431 U.S. 494, 503 (1977)- y en Griswold v. Connecticut -381 U.S. 506-. A renglón seguido el Juez White afirmó: "Es obvio para nosotros que ninguna de estas formulaciones extendería un derecho fundamental de los homosexuales para realizar actos de consensual sodomía. Proscripciones contra aquella conducta tienen antiguas raíces. Ver en general Survey on the Constitutional Right to Privacy in the Context of Homosexual Activity, 40 V. Miami L. Rev. 521, 525 (1986)" (pág. 192). El Juez White presenta un panorama de las leyes estaduales que consideran un crimen la sodomía para juzgar que: "Con estos antecedentes, pretender que un derecho a llevar a cabo tal conducta 'está profundamente enraizado en la historia y tradición de esta Nación' o 'implícito en el concepto de libertad ordenada' es, en el mejor de los casos, gracioso".

En un pasaje final el Juez White considera: "Aun si la conducta aquí en cuestión no es un derecho fundamental, el demandado afirma que debe haber una base racional en la ley y que no hay ninguna otra en este caso más que la presunta creencia de una mayoría del electorado de Georgia de que la sodomía homosexual es inmoral e inaceptable. Se dice que esta es una inadecuada razón para sustentar la ley. La ley, sin embargo, constantemente está basada en nociones de moralidad, y si todas las leyes que afirman esencialmente elecciones morales debieran ser invalidadas en virtud de la Cláusula del Debido Proceso, los tribunales estarían ciertamente muy ocupados. Aunque el demandado no formula tal petición, insiste en que los sentimientos de la mayoría acerca de la moralidad de la homosexualidad deberían ser declarados inadecuados. Nosotros no estamos de acuerdo, y no estamos persuadidos de que las leyes de Sodomía de unos 25 Estados deberían ser invalidadas sobre esta base" (pág. 196).

14) Que la interpretación de los estatutos de la recurrente no constituye sólo una cuestión de hecho y prueba, sino de descubrimiento de los fines de las cláusulas estatutarias, hermenéutica cuya razonabilidad no se ha logrado conmover.

La pública defensa de la condición homosexual con vistas a su aceptación social para luchar por su equiparación como forma de vida merecedora de la misma consideración que las restantes pudo razonablemente ser considerada una finalidad indigna de apoyo estatal y, consiguientemente, no requerida por las exigencias del bien común impuestas por el art. 33 Ver Texto del Código Civil, cuya inconstitucionalidad no ha sido siquiera aducida como reglamentación de la garantía de asociarse con fines útiles.

No habiéndose demostrado que aquella pública defensa de la condición homosexual con miras a su amplio reconocimiento de equiparación sea una interpretación arbitraria de los objetivos estatutarios de la recurrente, ésta, en rigor, no ha sostenido que tal interpretación, razonable por cierto, de los enunciados objetivos, resulte una defensa requerida por las exigencias del bien común.

15) Que, si la indiferencia ética e incluso el valor moral de la condición homosexual como elección sexual pueden considerarse implicancias latentes en el objeto de los estatutos de la recurrente, este objeto, así entendido, puede tender a la reforma o aún a la subversión de ciertas concepciones morales e incluso a mantener bajo el amparo de algunas religiones a personas homosexuales que sin intención de abandonar tal conducta o luchar contra ella, bregan por su reivindicación ética o al menos por su indiferencia moral.

El serio y grave fundamento del fallo apelado sobre aquella inteligencia estatutaria conduce a considerar que el objeto de la recurrente puede también razonablemente interpretarse como comprensivo de una lucha contra injustas discriminaciones sólo en superficial apariencia, cuando en realidad su finalidad esencial es perseguir aquella reivindicación ética con miras a la reforma moral, social, religiosa, laboral y de toda índole. Esto es, a equiparar la condición homosexual a la heterosexual en el amplio y ambiguo ámbito de su indeterminado objeto estatutario.

16) Que la lucha por la equiparación, que la sentencia recurrida ha juzgado como principio inspirador de los objetivos de la recurrente, sin arbitrariedad, tiende incluso ala reforma legal, no excluida, sino genéricamente comprendida en tales objetivos. En ese bregar reivindicatorio que persigue la investidura de la personería jurídica no cabe excluir la propuesta de reformas en las que la homosexualidad, aún despojada de valor moral positivo, sea juzgada inocua o indiferente.

17) Que la recurrente no ha demostrado que la pública defensa de la homosexualidad con vistas a su aceptación social sea materia ajena a la moral pública, ni que el juicio de la Cámara al respecto pueda tacharse de inconstitucional como interpretación del art. 19 Ver Texto de la Constitución en los peculiarísimos y amplios alcances del objeto estatutario enjuiciado en los límites de las potestades jurisdiccionales inicialmente consideradas.

Las acciones privadas de los hombres ofenden de algún modo al orden, a la moral pública y perjudican a terceros cuando producen un daño a sus familias o a la sociedad en las que tales acciones repercuten o a sí mismos, pues nadie puede consentir válidamente que se le inflija un serio daño. Que la condición homosexual no resulta exclusivamente materia privada de los hombres lo demuestra, con creces, los objetivos estatutarios de la recurrente que persigue precisamente la personería jurídica al amparo del art. 33 Ver Texto del Código Civil y, en definitiva, un título de aprobación estatal.

18) Que la pública defensa de la homosexualidad con vistas a su aceptación social resulta reñida con razonables valoraciones, apreciaciones y distinciones morales y jurídicas, entre ellas, con la obligación de tomar en cuenta la condición de homosexual en la apreciación de la personalidad del delincuente a los fines de graduar la pena del delito de corrupción (arts. 40 Ver Texto , 41 Ver Texto , 125 Ver Texto y 126 del Código Penal), apreciación que viene legalmente impuesta con miras a la tutela de los bienes jurídicos específicamente protegidos en esas normas penales y, en definitiva, del bien común, que comprende incluso el bien moral de los menores, como autorizadamente se ha sostenido (H. L. A. Hart, Law, Liberty and Morality, Standford, 1963, pág. 51; J. H. Ely, Democracy and Distrust, 1980, p. 163, nota 92), al cual no es ajeno, por cierto, el orden la moral pública y el perjuicio de terceros, perjuicio que no se limita exclusivamente al daño físico o patrimonial. Se extiende al daño psicológico y moral (Basil Mitchell, Law. Morality and Religion in a Secular Society, 1967, pág. 57, 119 et seg).

Toda defensa social de la homosexualidad ofende la moral pública y el bien común, cuya tutela la Constitución impone a los poderes constituidos, y de modo eminente a esta Corte, para garantizar la dignidad de la persona humana creada a imagen y semejanza de Dios, fuente de toda razón y justicia (Preámbulo, Invocación Final, y arts. 2 Ver Texto y 19 Ver Texto de la Constitución Nacional).

19) Que la conclusión a la que arriba el fallo apelado no afecta sino que aplica y hace efectivos las normas y principios de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos aducidas por la recurrente.

En los términos de la sentencia recurrida no se advierte violación del artículo 24 Ver Texto de la Convención Americana de Derechos Humanos ni del art. 26 Ver Texto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pues estos instrumentos internacionales condicionan aquellos derechos al orden público y la moral (John Finnis, Natural Law and Natural Rights, Oxford, 1988, pp. 210-221).

Tampoco se ha demostrado violación de principio o norma alguna de la ley 23592 Ver Texto en los antes considerados límites de los agravios expresados en el recurso extraordinario.

20) Que la personalidad requerida por la recurrente es una de las diversas reglamentadas sobre la base de la garantía de asociarse con fines útiles (art. 14 Ver Texto , Constitución Nacional). La denegación razonable de tal personería no constituye lesión al principio de igualdad ante la ley en las circunstancias del caso, ni discrimina arbitrariamente la condición de homosexual en los términos del objeto estatutario perseguido.

21) Que la tutela constitucional de la libertad de expresión encuentra límite en la necesidad y el deber de preservar la moral pública inherente al bien común, en el sentido del art. 33 Ver Texto del Código Civil. Y, como en el caso, la adecuación de los objetivos estatutarios a aquellos principios y garantías federales ha sido materia razonablemente juzgada por un alto Tribunal de la Nación, como lo es la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital, la impugnación con fundamentos en la garantía invocada debe desecharse, pues en estas condiciones la libertad de expresión no guarda relación directa e inmediata con la cuestión decidida, ni la recurrente, como es obvio, ha sido afectada en el ejercicio de aquella libertad por vía distinta de la personería denegada con razón porque, en los términos estatutarios interpretados por la Cámara, la defensa de la homosexualidad lesiona la naturaleza y dignidad de la persona humana.

Por ello, se declaran improcedentes el recurso extraordinario y la queja. Hágase saber y, oportunamente, devuélvase el expediente principal y archívese la queja, dándose por perdido el depósito.

ANTONIO BOGGIANO.

DISIDENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON CARLOS S. FAYT

Considerando:

1º) Que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala "I", confirmó la resolución nº 001005 de la Inspección General de Justicia en cuanto denegó el pedido de otorgamiento de personería jurídica efectuado por la Comunidad Homosexual Argentina. Contra tal pronunciamiento, la actora interpuso el recurso extraordinario concedido parcialmente a fs. 87 en cuanto se cuestionó el alcance de normas de carácter federal y rechazado en lo referente a la tacha de arbitrariedad alegada. Contra tal decisión, se interpuso recurso de hecho.

2º) Que el a quo, al confirmar la resolución impugnada sostuvo: a) que la competencia del tribunal se limita sólo al control de razonabilidad de la decisión y no a su mérito u oportunidad, cuestiones que escaparían al arbitrio judicial; b) que la decisión del ente rector tuvo sustento en autorizadas opiniones que concordaron en el hecho de que la homosexualidad es un trastorno de la conducta sexual y en gran parte de los casos requiere un adecuado tratamiento psiquiátrico; e) que por otra parte, los principios de la denominada "moral cristiana", rechazan este tipo de conductas por ser contrarios a los objetivos mismos de la sexualidad, esto es la reproducción de la especie, poseen profundo arraigo en nuestra sociedad y se expresan por medio de los arts. 2 Ver Texto , 67 Ver Texto incs. 15 y 16 de la Constitución Nacional y el art. 33 Ver Texto del Código Civil; d) que la pretensión intentada constituye una afección directa del art. 14 bis Ver Texto de la Ley Fundamental, en especial en cuanto asegura la protección integral de la familia; e) que los fines de la asociación en cuestión no se compadecen por otra parte con los objetivos de bien común que exige la norma vigente para el otorgamiento de la personería jurídica; f) que por ello, la decisión impugnada no infringe en modo alguno la ley 23592 Ver Texto ya que ésta no sanciona toda discriminación, sino exclusivamente aquella que en forma arbitraria restrinja de algún modo o menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional. Esta discriminación supone el ejercicio de un derecho que se vea afectado por ella, situación que no se daría en este caso, toda vez que la autoridad de aplicación pudo considerar razonablemente que la actora no se hallaba habilitada a los efectos de peticionar lo solicitado.

3º) Que por su parte, la recurrente sostuvo que el objeto en miras al crearse el ente cuya personería jurídica se pretende en estos autos, es bregar por que la condición del homosexual no sea motivo de discriminación en lo familiar, social, moral, religioso, laboral, ni de ninguna otra índole; generar ámbitos de reflexión y de estudios multidisciplinarios sobre la problemática homosexual y difundirlos; en último término luchar por la plena vigencia de los derechos humanos en todo el territorio de la Nación Argentina. Que dijo asimismo que la sentencia del a quo resulta arbitraria toda vez que se halla fundada en opiniones carentes de sustento objetivo; así cuando afirma que la Comunidad Homosexual Argentina tendría por principal fin "la defensa pública de la homosexualidad con vistas a su aceptación social", fin que no ha sido, según expresa, jamás su objetivo y no se halla plasmado en presentación alguna desde el inicio del expediente administrativo que dio origen al sub lite.

Manifestó que el combatir la discriminación, por otra parte, no conllevaría en modo alguno la reivindicación del valor ético de la homosexualidad, derivación errónea, que según sostiene el apelante, hace el fallo recurrido.

Cuestionó también la asimilación de conceptos que efectúa el pronunciamiento apelado entre la denominada moral media, la religión de hecho sustentada por la mayoría de la población y el concepto de "bien común", posición, que según expresa, desconoce el derecho de las minorías. En igual sentido, los accionantes pretenden que se le dé debida protección a su derecho a asociarse con fines útiles, que según sostienen se halla lesionado.

4º) Que se agravia asimismo, en cuanto su derecho a la libre expresión se vería vulnerado, en la medida en que la entidad a crearse habría de servir de medio de comunicación no sólo para el grupo de personas al que representaría sino para la comunidad toda en lo referente a la problemática que los aqueja y por lo tanto revestiría todas las especiales garantías que el constituyente ha reservado para el derecho de publicar las ideas por la prensa.

5º) Que en último término, los recurrentes ven en el fallo del tribunal de segunda instancia una clara violación tanto a la normativa nacional, como a tratados de carácter internacional suscriptos por nuestro país en el campo de los derechos humanos. Esta se concretaría en la arbitraria discriminación que se estaría llevando adelante para con los accionantes, lesión que existiría en tanto el trato desigualitario se funda en aspectos que no dependen de la voluntad de los individuos, extremo que da por probado el recurrente.

6º) Que si bien la problemática de la homosexualidad ha trascendido las barreras de lo puramente científico, atento a las innegables connotaciones sociales, culturales y religiosas que la misma posee, es necesario hacer ciertas someras consideraciones al respecto. Constataciones que no pretenden en ningún caso expresar verdades absolutas o conocimientos cristalizados, vista hoy más que nunca, la constante evolución que experimenta el saber científico. La medicina clásica solía definirla como una alteración del instinto sexual en el que el nudo predominante de su expresión se dirigía hacia el mismo sexo. Luego se dijo, que no se trataba de una enfermedad psiquiátrica sino de un trastorno de la personalidad. Para quienes preconizan tal tesis en su máxima expresión se trata exclusivamente de una forma de conducta sexual, la cual si no coexiste con un problema psíquico o es producto de este último, no tiene por qué estar incluida en el catálogo que engloba a los trastornos psiquiátricos. Es necesario agregar, sin pretender aquí hacer un estudio exhaustivo, que existen según clasificaciones ampliamente aceptadas al menos dos tipos de homosexualidad, la denominada egodistónica y la egosintónica. El primer grupo se caracteriza por no tener aceptación de su propia tendencia y se debate con su inclinación hacia el mismo sexo. Estos sujetos, suelen poseer perfiles claramente neuróticos con suma dificultad para su inserción social. Los segundos, homosexuales egosintónicos no presentan conflicto aparente alguno, aceptan su "condición" como "un modo de relacionarse con el resto de la sociedad" (conforme lo expresado en el dictamen elevado por la Academia Nacional de Medicina a fs. 17/22).

7º) Que la etiología de la homosexualidad no es aun hoy en día conocida con un máximo grado de certeza. Desde el punto de vista estrictamente clínico no existen estudios con verdadero rigor científico al respecto que arriben a soluciones concluyentes, si bien se ha sostenido la determinante gravitación de factores genéticos, hormonales y de otra índole en la conducta sexual del ser humano. En el marco de la psiquiatría, los intentos por definir su origen fueron innumerables y con frutos igual de inciertos, como único resultado incuestionable se ha podido establecer que existe cierto tipo de patrón familiar o cuadro ambiental clásico entre la mayor parte de estas personas. Este se compondría de una figura paterna ausente, distante u hostil y de una madre sobreprotectora poseedora de la mayor parte de la autoridad familiar.

8º) Que iniciando el análisis de las cuestiones que el caso presenta, corresponde señalar que la sentencia en recurso atribuye a la peticionante intenciones que en modo alguno surgen ni de los estatutos proyectados ni de presentaciones. La intención de los peticionantes debe ser evaluada, en primer lugar, por lo expresado en el estatuto de la asociación que se pretende inscribir, luego por sus dichos en autos y en último término por las conductas anteriores de los actores. Nada en ellos autoriza a atribuir a la recurrente el supuesto interés, sostenido por el a quo, que la impulsaría a peticionar la personería jurídica, en revalorizar públicamente conductas homosexuales en pos de su aceptación social.

9º) Que cabe ahora establecer como premisa, al margen de la calificación disvaliosa que la homosexualidad pueda merecer desde el punto de vista social o del debate sobre si reviste el carácter de patología, que la finalidad de la recurrente no es, básicamente procurar que quienes no son " homosexuales lo sean", sino que en relación a aquellas personas que lo son, se procure asegurar en definitiva, el respeto por su dignidad humana.

Frente a la existencia de un grupo de personas, que pueden resultar afectadas en su dignidad, la que merece claramente protección constitucional, es legítima su organización a los efectos de la preservación de aquélla.

10) Que la protección de ese valor rector, la dignidad humana, implica que la ley reconozca, en tanto no ofenda el orden y la moral pública, ni perjudique a un tercero, un ámbito íntimo e infranqueable de libertad, de modo tal que pueda conducir a la realización personal, posibilidad que por otra parte es requisito de una sociedad sana. En este campo, la cuestión de los estándares atendibles es particularmente difícil cuando se los emplea en la tarea de la interpretación de la Ley Fundamental, para la aplicación del principio de igualdad, y tal vez aun más cuando se halla comprometida la libertad del hombre en su esfera de intimidad. Señal de ello es la diferente apreciación que surge en sentencias como las registradas en el Supremo Tribunal de los Estados Unidos en el caso "Bowers v. Hardwick", fallado en el año 1986, por el cual se convalidaron legislaciones estaduales que reprimen conductas sexuales celebradas entre personas del mismo sexo y lo resuelto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este ha debido decidir si las leyes que reprimían la homosexualidad entre adultos eran valiosas en una sociedad democrática. En el fallo de la causa "Dudgeon v. U.K.", E.C.H.R., series A, del 23 de septiembre de 1981, se estableció que la necesidad social de que continúe la prohibición de actos homosexuales no era un interés público lo suficientemente trascendente como para limitar el campo de íntima libertad de la persona.

La protección del ámbito de privacidad resulta uno de los mayores valores del respeto a la dignidad del ser humano y un rasgo de esencial diferenciación entre el estado de derecho y las formas autoritarias de gobierno.

11) Que existen categorías o grupos sociales respecto de los cuales no resulta apropiada la presunción general en favor de la constitucionalidad de las leyes y de los actos administrativos, cuando ellos los afectan en sus libertades básicas. Este es el sentido esencial que se le debe otorgar a lo que se ha dado en llamar el "derecho de las minorías", consagrado expresamente en constituciones modernas, y que se induce de diversas disposiciones de la nuestra, como los arts. 16 Ver Texto y 19 Ver Texto . En estas circunstancias es adecuado aún rechazar desde la óptica constitucional disposiciones legales previstas para la generalidad y que desatienden peculiaridades de aquellas, conforme lo establecido en la causa "Carolene Products", (304. U.S. 144, 152 nº 4), resuelta en el año 1938 por la Corte Suprema de los Estados Unidos y la jurisprudencia que de ella se desprende. Una diferente inteligencia de la cuestión tratada, que propugnase el sometimiento de grupos minoritarios a los designios de la mayoría en pos de un alegado objetivo comunitario, es doctrina de peligrosas consecuencias. Si su aplicación trasciende los límites del campo político, es susceptible de desembocar, como lo ha demostrado nuestra historia más reciente, en el ultraje inexorable de los derechos más esenciales del hombre. De dicha historia es posible formular, por otra parte, un fructífero proceso inductivo, del cual se desprende como enseñanza que la aceptación de las diferentes concepciones es decir de un amplio pluralismo de ideas, resulta condición de posibilidad aquí y ahora para la concreta vigencia del plan trazado por los constituyentes.

12) Que la libertad de asociación, como todos los principios, garantías y derechos reconocidos por la Constitución Nacional no son absolutos y están sujetos, en tanto no se los altere sustancialmente, a las leyes que reglamentan su ejercicio, (in re: G.407, "Graduados en Ciencias Económicas Asoc. Coop. de Servicios Prof. Ltda. c/ Consejo Prof. de Cien. Ec. de la Cap., Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur s/ rec." Ver Texto, del 28 de junio de 1988, entre muchos otros). Esto se corresponde con el principio de razonabilidad, según el cual debe cuidarse especialmente que las normas legales mantengan coherencia con las reglas constitucionales, de suerte que su aplicación concreta no resulte contradictoria con lo establecido en la Ley Fundamental" (conforme lo dicho en el Fallo N.129, Niketama s/ apelación de resolución de la I.G.J. del 27 de diciembre de 1988). La exégesis de la norma legal no puede llegar al extremo de exigir mayores requisitos que los que impone la ley, situación que se presenta en la sentencia de Cámara dado el contenido otorgado por ella al art. 33 Ver Texto del Código Civil.

13) Que la protección consagrada por la Constitución Nacional para la familia no puede ser interpretada con abstracción de otros derechos. Se trata de la más antigua de las instituciones humanas. Constituye la raíz, el elemento más simple y fundamental de la organización social. Su fin es la vida y tiene por principal función la satisfacción de las necesidades primarias de la existencia. Sin embargo la arquitectura social, para la que es sumamente valiosa la unidad familiar, no puede sobreponerse a las decisiones íntimas. De no ser así, se impondría a los habitantes de nuestro territorio un tipo de vida planificado con el objeto de construir una comunidad dirigida desde el poder que aniquilaría los derechos individuales. No es casual que en regímenes totalitarios de diversas épocas y lugares se halla procurado forzar la constitución de grupos familiares y gravitar en su configuración dentro de límites predeterminados, como los que sancionan de diversos modos las familias con más de un hijo. Es claro que la familia que la Constitución Argentina puede proteger no es sino aquella libremente constituida por quienes de modo no forzado así lo deciden.

La familia, núcleo de toda vida social, no es tan frágil como la supone el a quo. Es la fuerza misma de la naturaleza humana la que hace a la virtualidad de su existencia. Cuando la Constitución la protege da por supuesta la potencia de los afectos, del amor conyugal, de los sentimientos paternos y filiales, y se ocupa de otro orden de amenazas a su desenvolvimiento, de orden material, porque en el moral no lo necesita. Así, la "protección integral de la familia", está junto a "jubilaciones y pensiones móviles, ..., la defensa del bien de familia, la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna", (art. nuevo de la Constitución Nacional).

14) Que los jueces, en tanto custodios del orden social en su aspecto jurídico, pueden afirmar cuándo conductas humanas individuales, salen o no de la protección que el art. 19 Ver Texto de la Constitución Nacional da a los actos privados de los hombres, de modo que afecten los distintos intereses de terceros, y así han considerado reprensibles conductas de esta índole, como las que se presentan en los casos de drogadicción. Que por ello, el punto axial en examen reside en determinar si las conductas de las personas a las que tiene en vista la recurrente, trascienden o no la esfera que la Constitución protege, de modo que puedan llegar a afectar a la sociedad toda. Que la respuesta, reconociendo el indudable peso de las razones dadas, cuya exposición esta Corte no podrá omitir, toda vez que éste es uno de esos dramáticos casos en que por los argumentos es especialmente difícil, resulta negativa. Además, cualquiera sea la valoración que se efectúe de la homosexualidad, desde diversos puntos de vista, desde el moral, el médico y el psicológico, hay una afirmación que el tribunal puede efectuar a su respecto; tal práctica, además de no adecuarse a una normalidad -aun cuando se le dé a este término el más relativo y débil de los sentidos- constituye por ello, en la actualidad, una fuente de discriminación y de padecimientos para quienes la realizan.

15) Que, por lo demás, la Comunidad Homosexual Argentina, es en la actualidad, una simple asociación civil que será o no sujeto de derecho si se ha constituido en forma prevista por el art. 45 Ver Texto del Código Civil; y si le faltaran esas condiciones, una asociación de hecho. Es decir, la recurrente no precisó de autorización estatal para su existencia. Los derechos y obligaciones de sus asociados se rigen por lo que disponen sus estatutos o las reglas de organización nacidas del acuerdo de los asociados. Todos sus integrantes son subsidiariamente responsables por las consecuencias dañosas de los hechos ilícitos cometidos por sus directores, administradores o dependientes. Incluso, aún frustrada su constitución como persona jurídica, seguirá subsistiendo como simple asociación civil; y si ha cumplido con los requisitos del art. 46 Ver Texto del Código Civil, continuará siendo sujeto de derecho por disposición de la ley.

Según lo expresara la recurrente, su pedido de personería jurídica tiene por objeto tener capacidad para adquirir bienes a cualquier título, esto es, por compras, donaciones o legados. Esto es así porque la personalidad jurídica que se acuerda mediante un acto declarativo del Poder Ejecutivo, autoriza a las asociaciones a ejercer los derechos extrapatrimoniales inherentes a la personalidad y a poseer un patrimonio propio y distinto del de sus miembros estando limitada su capacidad, en todos los casos, a los fines de su institución, es decir a obrar dentro del ámbito que emerge del principio de la especialidad.

16) Que desde el año 1899, en el que por decreto del Poder Ejecutivo Nacional se convirtió al antiguo "Cuerpo de Inspectores de Sociedades Anónimas" en la actual "Inspección General de Justicia", se le asignaron todas las facultades relacionadas con la concesión y retiro de la personería jurídica de las denominadas "sociedades civiles". Esas atribuciones se encuentran actualmente regladas en la ley de facto 23315, la que en su art. 10 Ver Texto le otorga potestad para autorizar y fiscalizar el funcionamiento y ejercer un control que, en el tiempo, va desde antes del inicio de la vida asociativa hasta momentos posteriores a su disolución; y que en lo referente a su trascendencia sobre la vida de las asociaciones con personería jurídica, puede llegar hasta el requerimiento de su disolución y posterior liquidación cuando se producen violaciones a la ley, a sus estatutos, o si la asociación no se halla capacitada para cumplir el objeto para el que fue creada.

Todas estas previsiones, garantizan la observancia de los fines expresados al solicitar la personería. Por tanto, al otorgarse la autorización, se evita la actividad sin supervisión, que confiere a los grupos que la llevan adelante un "halo de persecución" que galvaniza sus convicciones e impide su integración en la sociedad.

17) Que la personería jurídica denegada por la Inspección General de Personas Jurídicas, puede ser objeto de revisión judicial, la cual se limita a los vicios de ilegitimidad o arbitrariedad. Esta última, cuando la decisión del órgano administrativo es contraria a la justicia o a la razón y se funda en la voluntad o el capricho del funcionario que la hubiera dictado.

Es función propia del Poder Judicial el examen y juzgamiento de tales actos administrativos cuando producen una lesión a derechos individuales o atentan contra las garantías acordadas por la Constitución Nacional a las personas o entidades jurídicas para restablecer el derecho lesionado. Que a escala mundial, la ciencia, la técnica y las comunicaciones han inaugurado una nueva era y estrechado las relaciones de solidaridad entre los hombres. Uno de los engranajes esenciales para ello reside en un orden jurídico verdaderamente humano, que proteja la dignidad del hombre. En esa inteligencia, sólo un desviado sentimiento de justicia puede calificar al hecho de conceder a la asociación recurrente personería jurídica como idóneo para fomentar la homosexualidad o para oficializar conductas que contradicen fines de bien común o moralidad pública. No se advierte que con racionalizaciones defensivas se excluye del contralor estatal la actividad de la persona jurídica, el que se extiende desde su nacimiento hasta su extinción con potestad suficiente para exigir las modificaciones estatutarias que considere necesarias y vigilar el cumplimiento de sus fines. En tal sentido, obra a fs. 10 del expediente 1.510.996/C. 11567 un primer dictamen del Jefe del Departamento de Asociaciones Civiles y Fundaciones de la Inspección General de Justicia, que considera aceptable el objeto social de la Comunidad Homosexual Argentina con la salvedad de la difusión de los estudios, que deberán tener carácter científico y no tenderán a fomentar la actitud homosexual y que observa la denominación de la entidad por llevar a confusión sobre los verdaderos fines de la misma: evitar la discriminación del homosexual , con fines no adecuados al bien común como el fomento de actividades homosexuales , debiendo procederse al estudio y dictamen del estatuto social, para adecuarlo a la realización de sus fines. Ese dictamen debió ser valorado positivamente por el órgano administrativo, como el lúcido ejercicio de una potestad indeclinable.

18) Que todo lo hasta aquí afirmado, inclina la decisión de esta Corte en el sentido de la admisión de la pretensión del recurrente. Un último obstáculo, fundado en lo que el art. 19 Ver Texto de la Constitución Nacional llama "la moral pública", lleva a afirmar que cualquiera sea el sentido y alcance que a ella se le otorgue no puede repugnar el respeto por principios constitucionales superiores, los que no deben ser postergados por discrepancias en las convicciones íntimas, por extensas que estas sean.

Por ello, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se revoca la sentencia apelada.

CARLOS S. FAYT.

DISIDENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI

Considerando:

1º) Que la Comunidad Homosexual Argentina (C.H.A.) solicitó a la Inspección General de Justicia su inscripción como persona jurídica (fs. 1/ 9 de los autos principales, cuya foliatura se seguirá citando). Después de algunos trámites, que incluyeron dos dictámenes y un pedido de informes a la Academia Nacional de Medicina, el funcionario titular de la Inspección dictó la resolución nº 001005, por la cual se negó la personería jurídica solicitada (fs. 31/32). Esta decisión -apelada por la peticionaria en los términos prescriptos por el art. 16 Ver Texto de la ley 22315- fue confirmada por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil (fs. 59/62 vta.), pronunciamiento contra el cual se interpuso el recurso extraordinario de fs. 69/80.

El a quo resolvió -con relación al remedio federal intentado- que "las garantías constitucionales cuyo desconocimiento se alega con invocación de la doctrina de la arbitrariedad no guardan relación directa e inmediata con lo resuelto" (fs. 87); pero que, en cambio, procedía conceder el recurso "en tanto el fallo impugnado se pronuncia sobre el alcance del derecho de asociación previsto en el art. 4 Ver Texto (sic.) de la Ley Fundamental y descarta la aplicación de la ley 23592 Ver Texto " (loc. cit.). Contra la primera parte de dicha resolución, la interesada dedujo recurso de hecho (fs. 3/4 del expediente C.526.XXIII).

2º) Que el Tribunal tiene ante sí, en virtud de los planteos contenidos en el recurso extraordinario y en la presentación directa, la alegada violación, principalmente, de las garantías consagradas en los arts. 14 Ver Texto y 18 Ver Texto de la Constitución Nacional, lo que hace apropiado el tratamiento conjunto de ambos recursos, para dar en un solo pronunciamiento adecuada respuesta a las cuestiones articuladas.

Resulta conveniente, además, desde el punto de vista de una ordenada secuencia lógico-jurídica, comenzar examinando los agravios de la recurrente relativos a la invocada lesión de la garantía de la defensa en juicio, por los que consideró arbitraria a la sentencia a raíz de que en ella se habría prescindido de las constancias acreditadas en la causa.

3º) Que, desde esta perspectiva, surge claramente del fallo apelado que, para concluir en la razonabilidad de la decisión denegatoria de la Inspección General de Justicia al otorgamiento de la personería jurídica pedida por la C.H.A., el a quo se fundó -primeramente- en que "los fines que contempla el estatuto de la 'Comunidad Homosexual Argentina' incluyen no sólo la protección de las personas homosexuales frente a discriminaciones injustas sino también la pública defensa de la condición homosexual , con vistas a su reconocimiento social" (fs. 61 vta.), para después -sobre esa base- afirmar que esa "pública defensa no se compadece con las exigencias del bien común" (loc. cit.).

En varios párrafos de la sentencia apelada se insiste en que la "pública defensa" de la homosexualidad sería el fin perseguido por la asociación -lo que implicaría "reivindicar la indiferencia o inclusive el valor ético" de aquélla (fs. 60 vta.)- finalidad que, se remarca, no se correspondería con el bien común.

4º) Que es a partir de dicha insistencia de donde despuntaría la arbitrariedad del fallo, si se entendiera que la Cámara, al hacer mención de la "pública defensa de la homosexualidad" y de la "reivindicación de la indiferencia o inclusive del valor ético" de aquélla, quiso atribuir a la apelante la intención de efectuar la apología (con el sentido de alabanza) de dicho comportamiento sexual.

5º) Que el art. II del estatuto de la C.H.A. establece que: "Su objeto es: a) Bregar por que la condición de homosexual no sea motivo de discriminación en lo familiar, social, moral, religioso, laboral, ni de ninguna otra índole; b) Generar ámbitos de reflexión y estudios multidisciplinarios sobre la problemática homosexual y difundirlos; c) Luchar por la plena vigencia de los Derechos Humanos en todo el territorio de la República Argentina. Para el logro de estos objetivos la Comunidad adoptará medios pacíficos y democráticos".

Resulta claro, de la transcripción efectuada, que en manera alguna se podría imputar a la recurrente la intención de hacer aparecer a la homosexualidad como una forma de vida más valiosa que la de la heterosexualidad.

Antes bien, tanto de los referidos propósitos, como de las expresiones vertidas en sus escritos ante los estrados judiciales, la intención de la C.H.A. no parece orientada a difundir la preferencia de la homosexualidad sino, por el contrario, a que no puedan efectuarse discriminaciones sobre la base de la predilección de una determinada orientación sexual, cualquiera sea.

De tal manera, sólo desvirtuando los términos en los que se expresa el objeto de la C.H.A. -únicos datos a los que cabe atenerse en este estado de la cuestión- puede verse en ellos una apología (con el mencionado sentido de alabanza) como la que parecería pretender demostrar el fallo recurrido. Tampoco se la puede hallar en los párrafos del estatuto en los que se menciona los "ámbitos de reflexión" y los "estudios multidisciplinarios" que se propicia generar, para que la gente advierta el contraste entre lo que se figura y lo que es, respecto de una "problemática" -en la terminología estatutaria- cuyo carácter manifiesto a nadie escapa a esta altura de los tiempos.

6º) Que en este punto cabe recordar la jurisprudencia del Tribunal atinente al alcance de la voluntad contractual, analógicamente aplicable al sub lite, como pauta de la interpretación de estatutos de una asociación civil. Según dicha jurisprudencia, si bien el tema es en principio materia ajena a la instancia federal extraordinaria, cabe hacer excepción a la aludida regla cuando los jueces asignan a las cláusulas una significación reñida con la literalidad de sus términos y con los principios que deben guiar su inteligencia (Fallos: 308:581 Ver Texto , consid. 4º y sus citas), lo que parecería surgir del fallo recurrido.

7º) Que, en cambio, si se considerara que el a quo, al emplear las expresiones reseñadas precedentemente, quiso referirse a la intención declarada por la recurrente en su estatuto, de bregar por la equiparación jurídica y social de las personas homosexuales , resultaría claro que, en ese caso, el fallo apelado no sería arbitrario, pues la búsqueda de la citada equiparación presupone una "defensa pública" de la condición homosexual , en el sentido de sostener que aquélla configura una forma de vida merecedora de la misma consideración que las restantes.

8º) Que ante la posibilidad de efectuar interpretaciones divergentes respecto de los alcances del fallo apelado, es conveniente inclinarse por la inteligencia que no lo convierta en arbitrario. Ello es así pues toda la doctrina de la arbitrariedad elaborada por el Tribunal tiende a otorgar una fuerte presunción de validez a las decisiones de los tribunales inferiores, en tanto resuelven cuestiones no federales (confr. Fallos: 308:1762 Ver Texto; entre muchos otros), como lo es, en el caso, la vinculada a la interpretación del estatuto de la recurrente. Por lo cual, corresponde desestimar la queja en cuanta sostiene el carácter arbitrario de la sentencia apelada.

9º) Que, ello sentado, cabe determinar si en la litis ha existido o no una restricción al derecho de asociación consagrado en el art. 14 Ver Texto de la Constitución Nacional y, en caso afirmativo, si aquélla, a la luz de los objetivos realmente perseguidos por la recurrente, resulta o no legítima.

10) Que el primero de los interrogantes planteados en el considerando anterior debe ser respondido afirmativamente.

En efecto, aún cuando la negativa de autorización emanada del Poder Ejecutivo no impida a la entidad peticionaria reunirse para la defensa y promoción de sus intereses y, eventualmente, ser considerada como una simple asociación civil, en alguna de las dos variantes previstas en el art. 46 Ver Texto del Código Civil, parece evidente que la medida estatal impugnada le impide disfrutar de todos los derechos de que son titulares las restantes asociaciones que han recibido autorización para funcionar. Tales, por ejemplo, la capacidad para adquirir bienes por herencia, legado o donación (arts. 1806 Ver Texto , 3734 Ver Texto y 3735 del Código Civil); restricciones éstas que no son intrascendentes para una entidad de las características de la apelante. Además, en tanto que los integrantes de una persona jurídica no responden por las deudas de ésta, los asociados de una simple asociación responden por dichas deudas de manera subsidiaria y accesoria (confr. arts. 46 Ver Texto in fine y 1747 Ver Texto del Código Civil).

Por otra parte, en el caso específico de las asociaciones denominadas irregulares, es decir, las que no cumplen con el requisito de forma prescripto por el cit. art. 46 Ver Texto -constitución y designación de autoridades por escritura pública o instrumentos privados de autenticidad certificados por escribano público- "todos los miembros fundadores de la asociación y sus administradores asumen responsabilidad solidaria por los actos de ésta" (art. cit.).

Luego, resulta aplicable al caso lo resuelto por la Corte Suprema estadounidense in re: "Healy v. James", 408 U.S. 169 (1971), en donde se dijo que la negativa de reconocimiento oficial respecto de una asociación estudiantil de objetivos alegadamente extremistas, por parte de las autoridades universitarias, constituía una restricción al derecho de expresión y asociación pues "...dichas libertades no sólo se encuentran protegidas contra ataques directos sino también de ser ahogadas por interferencias estatales más sutiles...".

11) Que, establecida entonces la existencia en autos de una restricción sustancial al derecho constitucional de asociación, es necesario determinar si los fines de la entidad peticionaria pueden ser considerados o no "útiles", en el sentido del art. 14 Ver Texto de la Constitución, con el objeto de resolver acerca de la legitimidad de la medida impugnada.

En tal sentido, debe recordarse el pensamiento del profesor estadounidense Ronald Dworkin: "...recortar un derecho es mucho más grave que extenderlo... una vez reconocido un derecho en los casos más claros, el gobierno debe actuar de manera tal que sólo se recorte ese derecho cuando se presenta alguna razón convincente, que sea coherente con las suposiciones sobre las cuales debe basarse el derecho original..." ("Los derechos en serio", Editorial Ariel, 1984, pág. 296).

En este orden de ideas, resulta igualmente útil indicar que la Declaración Universal de Derechos Humanos (París, 1948) afirma en su artículo 20.1. Ver Texto que "Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas". Igual criterio es sostenido por el pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -en adelante, el Pacto- y por la Convención Americana de Derechos Humanos -en adelante, la Convención- aprobados por las leyes 23313 Ver Texto y 23054 Ver Texto , respectivamente.

El Pacto en su artículo 22.1. Ver Texto expresa que "Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses". Asimismo, la Convención en su artículo 16.1. Ver Texto indica que "Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquier otra índole".

Parece importante subrayar que ambos documentos prevén que sólo la ley puede restringir el ejercicio de este derecho (artículo 16.2. Ver Texto de la Convención y artículo 22.2. Ver Texto del Pacto).

12) Que la cuestión aludida en el párrafo primero del considerando anterior, sólo podrá ser resuelta adecuadamente si se tiene en cuenta la marcada vinculación que existe -al igual de lo que ocurre con el derecho de reunión- entre el derecho de asociación y el de expresión o de prensa, ya que, tal como lo señaló esta Corte in re: "Arjones", Fallos: 191:139: "...El derecho de reunión tiene su origen en la libertad individual, en la libertad de palabra, en la libertad de asociación. No se concibe cómo podrían ejercerse estos derechos, como podrán asegurarse los beneficios de la libertad 'para nosotros, para nuestro posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino', según los términos consagratorios del Preámbulo, sin la libertad de reunirse o de asociarse, para enseñar o aprender, para propagar sus ideas, peticionar a las autoridades, orientar la opinión pública y tratar otros fines lícitos...". Por su parte, la Corte Suprema estadounidense se expresó en términos similares sobre el punto: "...El derecho de asociación...incluye el derecho de expresar las propias actitudes o filosofías mediante la incorporación a un grupo o afiliación a él o por otros medios legales. Asociación en este contexto es una forma de expresión de opiniones y aunque no esté expresamente incluida en la Primera Enmienda es necesaria para dotar de pleno significado a las garantías expresas..." -N.A.A.C.P. v. Alabama, 357 U.S. 449, 462 (1957), transcripto en el caso "Ponzetti de Balbín", Fallos: 306:1892 Ver Texto, voto concurrente del juez Petracchi, cons. 15; vid., asimismo, voto del juez Douglas en Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479 (1964)-. Y, en razón de ese papel fundamental que tiene la libertad de asociación para la libre expresión de las ideas, es que también se señaló, en el fallo estadounidense citado en primer lugar, que cualquier restricción a aquélla debía ser sometida al "más estricto examen".

13) Que la necesidad de someter "al más estricto examen", en nuestro sistema institucional, a toda restricción de la libertad de asociación, tampoco parece dudosa toda vez que, admitida la estrecha relación entre aquélla y la de expresión o de prensa, le resultan aplicables los conocidos principios elaborados por el Tribunal respecto de esta última. En tal sentido, la Corte ha tenido oportunidad de reiterar, con cita de Fallos: 248:291 Ver Texto, que "... 'entre las libertades que la Constitución Nacional consagra, la de prensa es una de las que poseen mayor entidad, al extremo de que sin su debido resguardo existiría tan sólo una democracia desmedrada o puramente nominal, incluso no sería aventurado afirmar que, aún cuando el art. 14 Ver Texto enuncie derechos meramente individuales, está claro que la Constitución, al legislar sobre la libertad de prensa, protege fundamentalmente su propia esencia democrática contra toda posible desviación tiránica...'. Por otra parte, el Tribunal ha dicho que la libertad constitucional de prensa tiene sentido más amplio que la mera exclusión de la censura previa y que, por tanto, la protección constitucional debe imponer un manejo especialmente cuidadoso de las normas y circunstancias relevantes para impedir la obstrucción o entorpecimiento de la prensa libre y sus funciones esenciales (Fallos: 257:308 Ver Texto, consid. 8º y 10)..." (sentencia dictada en la causa S.454.XXI, "Sánchez Abelenda, Raúl c/ Ediciones de La Urraca S.A. y otro" Ver Texto, del 1 de diciembre de 1988, voto de la mayoría, consid. 9º).

14) Que, al ser entonces imperativo "el manejo especialmente cuidadoso de las normas y circunstancias relevantes" para impedir la obstrucción del derecho de que se trata, cabe ahora examinar si, teniendo en cuenta los propósitos de la recurrente, las conclusiones que la Cámara infiere de la noción legal de bien común pueden, razonablemente, limitar sustancialmente el ejercicio del derecho de asociación consagrado por la Constitución Nacional; es decir, si la situación globalmente considerada tiene entidad suficiente como para justificar tal limitación.

15) Que, ante todo, no es dudoso que "...cuando la libertad de reunión o de asociación están en juego, la mera intolerancia o la animosidad no pueden servir de fundamento para una restricción. En este contexto, el Estado no puede limitar la libertad de aquéllos cuyas ideas, forma de vida o aspecto físico sean rechazados por la mayoría de sus conciudadanos..." (Tribe, Laurence H., American Constitutional Law, Nueva York, 1988, segunda edición, págs. 1409/1410 y la jurisprudencia allí citada). Y, en este sentido, no sería exagerado expresar que la ya larga historia de las reacciones sociales contra la homosexualidad es un capítulo de la historia de la intolerancia social.

16) Que resultan de particular interés para el caso de autos las decisiones de los tribunales federales estadounidenses que, al aplicar la doctrina recordada en el considerando anterior, declararon la inconstitucionalidad de la negativa, por parte de autoridades universitarias, de otorgar reconocimiento oficial a asociaciones estudiantiles cuyos designios eran sustancialmente iguales a los de la apelante. En uno de esos casos, se dijo lo siguiente: "...Una comunidad universitaria... es un microcosmos de la sociedad heterogénea en que vivimos. Los individuos y las asociaciones de individuos en una universidad representan puntos de vista opuestos y, probablemente también, representan a la mayoría de los matices entre los extremos del espectro de las ideas -religiosas, políticas, morales y filosóficas-. El reconocimiento por parte de la Universidad de una organización, no constituye una aprobación explícita ni implícita de aquélla, de sus objetivos o de sus fines. Afirmar lo contrario, pondría a la Universidad en contradicciones insalvables: ¿Estaría, entonces, la Universidad en la imposibilidad de 'reconocer', al mismo tiempo, a la Asociación de Estudiantes Cristianos y a la Organización de Estudiantes Judíos o, aún, a la Sociedad Estudiantil Atea...?. La aprobación o la desaprobación, fundadas en el asentimiento explícito del contenido de la defensa de una postura, es contraria a la esencia misma del objetivo universitario, que es el de la discusión pluralista; pero, más importante aún, no es constitucionalmente válida. La fuerza de esta sociedad reside en la voluntad y en la capacidad de tolerar la expresión de ideas impopulares y hasta detestables. Como dijo el Juez Black: 'No creo que sea una reiteración excesiva señalar que las libertades de expresión, prensa, petición y reunión, garantizadas por la Primera Enmienda, deben ser acordadas a las ideas que odiamos; de lo contrario, tarde o temprano, serán denegadas a las ideas que amamos'. Communist Party v. S.A.C. Board, 367 U.S. 1,137 (1960)" (Student Coalition, Etc., v. Austin Peay State U., 477 F. Supp. 1267, 1979; entre otros).

17) Que, conforme a tal doctrina, parece sensato afirmar que los fines perseguidos por la recurrente, según aparecen formulados en su estatuto, transcripto parcialmente en el considerando 5º, no son incompatibles con los fines del derecho constitucional de asociarse, uno de los cuales consiste en fomentar en los individuos la cooperación, el aunar criterios y esfuerzos en pos de metas comunes, a la par de incorporar en la esfera interna de los sujetos conciencia de solidaridad y de fuerza colectiva.

Las asociaciones cumplen una función pedagógica e integradora al establecer vías de apertura a la convivencia grupal, al intercambio de ideas, a la conjunción de esfuerzos; bases, por otra parte, del funcionamiento social civilizado, en el marco de los principios del estado de derecho. Como contrapartida, la comunidad toda y el poder público aseguran, por la vía de dar forma jurídica a las asociaciones, la resolución de controversias dentro de las reglas que rigen la vida en sociedad, en la medida en que la integración de los individuos en asociaciones supone la aceptación de tales reglas de control, instalando los conflictos sociales en marcos racionales de análisis y solución.

En consecuencia, la limitación del ejercicio de tal derecho conlleva el riesgo de apartar a grupos sociales, especialmente a aquellos que manifiestan dificultades para su efectiva integración comunitaria, del control y regulación que el Estado debe ejercer para preservar la convivencia armónica de intereses diversos, y muchas veces enfrentados.

Además, a una mayor cantidad de asociaciones se corresponde un fortalecimiento de los lazos de integración entre los sujetos que, al tomar conciencia de que pertenecen a un grupo de referencia reconocido por la comunidad de la que forman parte, desalienta sus inclinaciones a la marginación o al egoísmo. Nadie podría alegar que estos resultados no son coincidentes con el bien común general. La negación del acceso al escenario jurídico de cualquier grupo -especialmente si éste es minoritario- debe encararse con criterio sumamente restrictivo, pues, de lo contrario, se clausuran los canales de contención jurídica de los conflictos y se promueven en forma indirecta, según se ha dicho, la marginación y el recurso a formas de defensa contra la discriminación que, por ser ellas mismas marginales, son también de desarrollo imprevisible.

Tampoco existe oposición alguna, por cierto, entre los fines de la recurrente y uno de los principales de la libertad de expresión, que es el de garantizar el libre intercambio de ideas, concepciones y críticas y el libre flujo de la información acerca de los hechos que afectan al conjunto social o a alguna de sus partes (caso "Ponzetti de Balbín", cit., voto concurrente del Juez Petracchi, consid. 7º).

18) Que con la indeliberada remisión al informe de la Academia Nacional de Medicina, tampoco demuestra el a quo que resulten afectadas las aludidas finalidades constitucionales. Sobre el punto, la mencionada Academia expresa que "la homosexualidad masculina y femenina no es considerada a la luz de la psiquiatría contemporánea como una enfermedad psiquiátrica"; pero, "sí, en cambio, es considerada como una desviación del instinto sexual normal".

En efecto, el a quo extrae del informe que al ser una "desviación": a) "su pública defensa no se compadece con las exigencias del bien común" (fs. 60 vta.) y b) "las conclusiones de la Inspección General de Justicia acerca de que tal condición importa una anomalía psicológica y afecta además, considerada en sí misma, la moral y las buenas costumbres así como las bases de la institución familiar, por lo que aquella pública defensa no se compadece con las exigencias del bien común, en modo alguno resulta arbitraria. Es más, teniendo en cuenta lo expuesto supra, se muestra criteriosa y razonable" (fs. 61 vta.).

En primer lugar, y como ya se ha expuesto, no se ha comprobado en autos que esa "pública defensa" deba ser entendida como apología-alabanza, sino más bien como la lucha contra todo tipo de discriminación que pudiera afectar a las personas homosexuales (confr. consid. 5º), por lo cual dicha pública defensa se encuentra amparada por el art. 14 Ver Texto de la Constitución Nacional.

En segundo término, tanto la lectura que realizan los jueces a quo del párrafo "desviación del instinto sexual normal", cuanto su invocación como criterio de autoridad científico, prescinden del examen deliberado y prudente que la cuestión merece, y convierten al informe en tal, sólo en la segunda acepción castellana de la palabra.

Al respecto, cabe señalar que lo que fuere el "instinto sexual normal" no es asunto susceptible de una determinación científica concluyente, a menos que se parta de la premisa de que "instinto sexual normal" es el que tiende a la procreación, con lo cual la conclusión de que lo que se aparta de esta definición es una "desviación", no sería más que un truismo. Esta Corte interpreta que lo único que puede significar la expresión (de la Academia varias veces aludida) "desviación del instinto sexual normal", es que ella es el resultado de una encuesta ficta de lo que sería la elección de la mayoría de las personas.

Por otro lado, si se partiera de la hipótesis de que dicha encuesta no fuera ficta, sino que se hubiera efectivamente realizado y arrojara el dato de que en el mundo existe una mayoría heterosexual, sería una falacia (desde los días de Hume) extraer de esa conclusión empírica un juicio de valor contrario a la homosexualidad, como ha hecho el a quo.

Ocurre, empero, que de una interpretación ponderada del mencionado dictamen de la Academia parece extraerse algo bien distinto a lo que afirma la Cámara, esto es, que de las actuales aseveraciones de la ciencia médica no surgen criterios que permitan sustentar la opinión sobre el carácter de desviación (como patología) de la condición homosexual . Más aún, muchas de las situaciones personales a las que se refiere, se convierten en argumentos vivos en contra de la posibilidad de establecer tales criterios.

Resulta revelador, en este orden de ideas, que el propio informe de la Academia transcriba la opinión de Freedman y Kaplan, según la cual: "La categorización psiquiátrica del homosexual como afectado de psicopatología es fundamentalmente un reflejo de la desaprobación cultural, de forma que los psiquiatras actúen como agentes de control social con actividad etiquetadora" (fs. 20).

Por su parte, F. Alonso Fernández -autor también citado en el informe comienza señalando que la índole del sexo de un sujeto no tiene una referencia unívoca, pues abarca los siguientes aspectos: 1) cromosomal o genético; 2) citológico, cromatínico nuclear; 3) gonadal y hormonal; 4) germinal; 5) fenotípico (antes llamado somático o corporal) y 6) psicológico, aspectos no siempre coincidentes entre sí. Prosigue luego expresando que "para deslindar en la esfera psicosexual, la normalidad de la anormalidad, disponemos de dos puntos de referencia: la norma estadística y la norma ideal", para concluir, renglones más adelante: "Pero ambas normas, la estadística y la valorativa, en cuanto puntos de referencia para determinar si un fenómeno psíquico o somático es anormal o no, sólo tienen una validez parcial: la norma estadística, a causa de su relativismo; la norma idea, a causa de su subjetivismo" (Alonso-Fernández, Francisco, "Fundamentos de la psiquiatría actual", segunda edición, Madrid 1972, ed. Paz Montalvo, tomo II, págs. 129/133).

La ciencia, que formula siempre conclusiones refutables (de lo contrario serían inmunes a la razón), es, con relación al tema en examen, expresamente prudente y provisoria, por lo cual, que los jueces emitan juicios sobre él (además de salirse de la litis) resultaría, por lo menos, aventurado. Su posibilidad de acierto sería tan mínima que rayaría en la fantasía; cuanto más, si no sólo se formula dicho juicio sino que se pretende apoyar sobre él recortes de derechos constitucionales.

Por otra parte, es de la mayor importancia señalar que aún en la hipótesis de que lo afirmado por la Cámara, en el sentido de que la homosexualidad configura "una desviación del instinto sexual normal", fuera científicamente verificable, ello sería irrelevante a los fines de determinar la validez constitucional de la medida impugnada por la recurrente. En efecto, si se parte del principio según el cual el único parámetro relevante para restringir los derechos de asociación y de expresión lo constituye la afectación de derechos de terceros, resulta evidente que la cuestión decisiva en el caso -que en modo alguno fue examinada por el a quo- no consiste en el supuesto carácter anormal de la condición homosexual , sino en las consecuencias perjudiciales que el mensaje destinado a formular la pública defensa de dicha condición pudiera producir en ciertos sectores de la comunidad. Ahora bien, respecto de este tema que, se reitera, fue omitido totalmente por la Cámara, no existe prueba alguna que permita concluir la producción de dichas consecuencias.

Desde esta perspectiva, resulta improbado que el discurso que la recurrente pretende difundir traiga aparejado que cunda o se incremente dicho tipo de comportamiento sexual entre algún sector de la población que eventualmente pudiera requerir la protección del Estado.

19) Que, en consecuencia, aparece claro que la interpretación del concepto de "bien común" que realiza el a quo no se compadece con la doctrina y las razones que se acaban de exponer respecto del alcance de la expresión "fines útiles" empleada por el art. 14 Ver Texto de la Constitución Nacional.

Antes bien, la aceptación del criterio expuesto en la sentencia apelada importaría prohijar, por parte del Estado, una postura ética de tipo paternalista, cuyo presupuesto de legitimidad se constituye a partir de la afirmación acrítica de que, si bien son los individuos los que deben elegirlo que es bueno para ellos, no todas sus decisiones son tomadas con un grado de conciencia que les permita a aquéllos considerar qué les conviene hacer, a partir de una evaluación racional de sus momentos futuros. Conforme a tal postura, el Estado siempre estaría tentado y habilitado a intervenir frente a decisiones por las que un individuo construye su propio proyecto de vida, bajo el argumento de que dichas decisiones conducen a producir un daño a quien las adopta, dando por supuesto que ese individuo se encuentra imposibilitado de hacer lo que resultaría conveniente para él, más allá de su propio juicio. El Estado no tiene porqué "proteger de sí mismo" al individuo capaz que se comporta de una determinada manera ni al que recibe la información de ese comportamiento; punto éste que cabe destacar en el caso, dados los objetivos de difusión de la problemática homosexual perseguidos por la recurrente.

Los argentinos sabemos, o deberíamos saber, lo que significa el incremento en el Estado del deseo de regular, hasta en lo más íntimo, la libertad de los seres humanos. Deseo que suele crecer con el vigor de la maleza (vid, en este sentido: Ronald Dworkin, op. cit., pág. 366).

Frecuentemente en nuestra historia, el triste hábito de recurrir a conceptos tales como el de "bien común", para justificar decisiones de gobiernos de turno, restrictivas de la libertad, ha sido la noche en que, funcionarios que declamaban distintas ideologías o adhesiones partidarias, fueron todos, como los gatos, indistinta y confundiblemente pardos.

Por lo demás, aun cuando el juicio del a quo reflejare un pensamiento mayoritario que fuese "verdadero", y "erróneo" el de los peticionarios, ambos grupos tienen derecho a la garantía de sus libertades constitucionales. Sólo los propios hombres deben tener y ejercer el control de su ignorancia, y no puede pretender el Estado, so color de su origen mayoritario, y aún en la mentada hipótesis de que su postura expresara la verdad, privar a una minoría del ejercicio de ese control.

Las libertades humanas pertenecen a los hombres en particular, y nuestras instituciones son producto de este principio, y no el principio producto de las instituciones.

En este punto, resulta oportuno recordar que los conceptos empleados por la legislación común, que contienen pautas y estándares de carácter valorativo genérico -tales como "bien común", "buenas costumbres", "orden público" (arts. 33 Ver Texto , 953 Ver Texto y 21 Ver Texto del Código Civil)- deben ser comprendidos a la luz de los principios que animan la Constitución Nacional. Ello, es cierto, debe suceder con toda norma jurídica (confr. Fallos: 308:647 Ver Texto, consid. 8º); pero, esa necesidad es particularmente relevante en el caso de aquéllas que, por su amplitud, sólo pueden ser aclaradas por la irradiación de los valores plasmados en la Ley Fundamental. En tal sentido, resulta de especial aplicación al caso lo resuelto por el Tribunal Constitucional de la República Federal Alemana, que, al examinar la incidencia del principio constitucional de la libertad de expresión sobre normas civiles redactadas en forma similar a las citadas, dijo lo siguiente: "...la Ley Fundamental, que no resulta ser un ordenamiento valorativamente neutro, también ha creado un orden valorativo objetivo en su catálogo de derechos individuales... Este sistema de valores, que encuentra su punto central en la personalidad humana que se desarrolla libremente dentro de la sociedad ..., debe imperar, como criterio decisorio fundamental, para todos los campos del derecho: la legislación, administración y jurisprudencia reciben de él sus lineamientos e impulsos. En consecuencia, es obvio que también influye en el derecho civil; ninguna disposición civil puede contradecirlo y deben ser interpretadas conforme a su espíritu" (Caso Luth/Harlan, Bverfge 7, 198, transcripto en la obra "E.S.J. Grundrechte", de Martín Kriele, Munich 1986, págs. 27/51).

Resulta entonces evidente que, iluminados por el espíritu liberal del cual nuestra Constitución es directa depositaria (confr. voto del juez Petracchi en Fallos: 310:1162, consid. 26) -espíritu que se ven obligados a reconocer aún aquellos que no comulgan con él-, conceptos como "bien común" y "buenas costumbres" (arts. 33 Ver Texto y 953 Ver Texto del Código Civil) deben ser interpretados conforme a los derechos de asociación y libre expresión (art. 14 Ver Texto de la Constitución Nacional) que se hallan en juego en el sub lite, cuyo alcance y sentido han sido desarrollados en los considerandos precedentes. Ello significa que dichos conceptos de "bien común" y "buenas costumbres" están indisolublemente ligados al proyecto de nuestra Carta Magna, que trasunta una definitiva opción por la vida en libertad, en el convencimiento de que sólo desde ella los bienes obtenidos pueden merecer el nombre de tales. Por el contrario cuando se cosifica al ser humano incluyéndolo en minuciosos sistemas totalitarios que, construidos por sucesivos ideólogos, tienen el denominador común de suprimir el riesgo de elegir (entrañable a la vida misma, en tanto tiene de humana), todo supuesto logro se envilece y degrada.

En suma, que lo "bueno" (concepto, aún más genérico, que subyace a los consignados en las normas legales citadas) no puede sino ser alcanzado desde la libertad: la supone y está supeditado a ella. No tiene sentido, por lo tanto, postularlo cuando se la ha suprimido, sería entonces un puro "nomen", vacío de todo contenido.

Por lo expuesto, sólo cuando esté comprobado fehacientemente que el ejercicio de los citados derechos de asociación y expresión interfiera directamente en la legítima libertad de un tercero, ocasionándole un daño concreto, podrá válidamente la autoridad estatal restringir su ejercicio, lo cual no ha de verse como una negación de la libertad, sino como su más efectivo resguardo. Precisamente, es la falta de acreditación en autos de la existencia del citado gravamen a terceros, lo que demuestra a las claras la violación, por parte del a quo, de los mentados derechos constitucionales.

20) Que también se encuentra afectada la garantía constitucional de la igualdad (art. 16 Ver Texto de la Constitución Nacional), reglamentada, en lo que al caso interesa, por la ley 23592 Ver Texto , cuya aplicación descartó el a quo, generando los consiguientes agravios de la apelante.

Si bien tal omisión no resulta justificable, lo cierto es que el tema materia de decisión en la causa, puede ser examinado según la doctrina elaborada por esta Corte sobre la mencionada garantía.

Al respecto, el Tribunal ha establecido que son válidas las distinciones normativas para supuestos que se estimen distintos, en tanto no sean arbitrarias, es decir, no obedezcan a propósitos de injusta persecución o indebido beneficio, sino a una causa objetiva para discriminar (sentencia del 23 de agosto de 1988, dictada in re: V.251.XXI., "Vega, Andrés R. y otro c/ Instituto Nacional de Vitivinicultura s/ acción de inconstitucionalidad" Ver Texto , consid. 9º y sus citas; entre muchos otros).

Con arreglo a tal doctrina, la denegación de personería que el a quo confirmó, obedece a "propósitos de injusta persecución".

En efecto, desbrozado el objeto estatutario de los arbitrarios contenidos apologéticos que podría estimarse se le asignan en la sentencia apelada, no hace falta una inteligencia muy elaborada para advertir que -pese a las salvedades que en aquélla se efectúan- la conclusión a la que se arriba queda únicamente sustentada en el comportamiento sexual de los integrantes de la asociación, y de los homosexuales en general.

Dice la Cámara: "La resolución recurrida se limita a denegar la personería jurídica solicitada sobre la base de un juicio disvalioso acerca de la defensa de la homosexualidad, públicamente efectuada y en razón de sus consecuencias sociales. En cambio, no avanza sobre la elección de la que ésta pueda llegar a ser objeto por parte de algunos, individualmente considerados, elección que, en tanto no trascienda del ámbito privado, queda sólo reservada a Dios y exenta de la autoridad de los magistrados".

Y, luego: "no se deniega la autorización solicitada en razón de la homosexualidad que pudiera atribuirse a los miembros de la asociación proyectada, sino, con prescindencia de ello, en la descalificación del objeto de dicha asociación, en tanto incluye la pública defensa de la homosexualidad. No media así una discriminación de las personas en virtud de su homosexualidad, sino del fin que se proponen como asociación....".

Parecería que estas afirmaciones pueden traducirse diciendo que: "La ley no impide la práctica homosexual ; pero, sí su 'trascendencia', la que ocurriría por 'la pública defensa' de dicha 'práctica'".

Ahora bien, ya se ha visto que esa "pública defensa" no puede entenderse como una alabanza-apología de la homosexualidad. Aunque, por cierto, es conjeturable que los jueces habrían aprobado la alabanza-apología de la heterosexualidad.

¿Qué sería entonces lo prohibido?. Obviamente la trascendencia al público. ¿Por qué podría ser prohibida dicha trascendencia, si no es porque la conducta homosexual es juzgada como intrínsecamente mala, dañina para otros, y, quizás, hasta contagiosa?. ¿Es que es un pecado que, como diría Quevedo, "nació para escondido"?

¿Qué clase de igualdad propone el a quo?. ¿Separate but equals?.

Quizá convenga recordar la observación de Anatole France: "La ley en su majestuosa igualdad, prohíbe a los ricos, tanto como a los pobres, dormir bajo los puentes, mendigar en las calles, y robar pan" (Lev Lvs Rouge, cap. 7).

Esta Corte entiende que la conclusión del a quo constituye, precisamente, la "injusta persecución" vedada por el art. 16 Ver Texto de la Ley Fundamental, toda vez que dicha pauta de distinción se manifiesta irrelevante a los fines de restringir los derechos de asociación y de expresión. En efecto, no se advierte vínculo racional alguno entre aquella pauta -la conducta sexual de los asociados- y algún ideal público constitucionalmente válido que se quisiera alcanzar limitando el derecho de aquéllos a asociarse, como lo sería la defensa de bienes o intereses de terceros respecto de un daño o peligro cierto y concreto, cuya existencia, por lo demás, no ha sido acreditada en autos.

Por el contrario, la inexistencia de una razón que justifique restringir el derecho de asociarse a quienes realicen conductas sexuales como las indicadas, revela el carácter arbitrario de la discriminación, que fundamentalmente descansa, como diría el juez Warren, en el concepto de la inferioridad inherente a la clase de personas que se discrimina. Tal discriminación, lo es, pues, en la segunda acepción castellana de la palabra y, por lo mismo y como todas las de su especie, resulta a juicio de esta Corte, abominable moral y constitucionalmente. La ideología que anima a la Carta Magna rechaza el modelo de sociedad monolítica y uniforme, y la fuerza visceral con que, a veces, tratan de imponerse las palpitaciones de la mayoría, y propicia, en cambio la diversidad de creencias, opiniones, actitudes y formas de vivir, configurativas de una pluralidad en la que cada individuo formula su propio plan de vida desde su libertad y, al mismo tiempo, desde sus personales e intransferibles condicionamientos.

Una discriminación fundada en la diversidad de ciertos comportamientos sexuales no es inconstitucional porque sea inválida cualquier distinción sobre esa base, sino porque dicha discriminación resulta inequitativa al ser sólo justificable por remisión a las aparentes preferencias de la mayoría.

Tal como dijo el juez Frankfurter, glosando al juez Holmes, la piedra filosofal que debe ser utilizada para resolver los conflictos "...es la convicción de que nuestro sistema constitucional descansa en la tolerancia y que su peor enemigo es el absoluto" (Félix Frankfurter, Law and, Nueva York, 1939, segunda edición, página 86). En el mismo, también expresaba Frankfurter que el único absoluto es que no debe haber absolutos en el derecho; él sostenía que los absolutistas son enemigos de la razón y que los fanáticos en política y los dogmáticos en derecho, aunque sean sinceros, no son otra cosa que mistificadores (citado por Bernard Schwartz en Super Chief, Earl Warren and his Supreme Court: Judicial biography, New York University press, 1983, pág. 46).

21) Que, también, cabe rechazar la afirmación del a quo en el sentido de que el objeto social de la apelante compromete "la protección integral de la familia" (art. 14 bis Ver Texto de la Ley Fundamental). Ante todo, dicha afirmación parte del supuesto no comprobado de que todos los homosexuales tienen exclusivamente relaciones homosexuales . Además, al no existir en nuestro ordenamiento jurídico una obligación legal de constituir una familia, la condición de homosexual -al igual de lo que ocurre con la de viudo o de soltero- no justifica la restricción del derecho de asociación que está aquí en juego.

Por otra parte, conviene recordar que existen familias generalmente no homosexuales a las que pertenecen individuos que, por las razones que fueran, se asumen como homosexuales , y ellas son tan dignas de protección y cuidado -como grupo en relación a sus miembros- como toda otra familia; en el marco de un orden jurídico que, como el nuestro, no autoriza forma alguna de discriminación en razón de las ideas, preferencias, identidades, tendencias u orientaciones en materia sexual, siempre que las prácticas que se sigan no afecten derechos de otros.

Lo expresado no importa, obviamente, proponer la desprotección de la familia tradicional, sino evitar que la protección a que dicha familia es acreedora moral y normativamente, se constituya en la desprotección de grupos minoritarios con concepciones diferentes en cuanto a la unión de los sexos.

Con todo, la cuestión debe ser objeto de otras consideraciones. Es innegable, con arreglo a la Constitución y al ordenamiento legal dictado en su consecuencia, el alto concepto institucional que le ha sido reconocido a la familia.

Empero, no es menos cierto que ello es insuficiente para sustentar, so color del mencionado reconocimiento, cualquier limitación de otros derechos que también han sido protegidos por la misma Ley Fundamental.

Es así, que los eventuales conflictos entre diversos derechos y garantías, de la Constitución, conducen al intérprete y a los magistrados a una cavilosa labor de escrutinio, valoración y balance, en cada caso, de los intereses comprometidos, en la permanente búsqueda de un equilibrio en las soluciones a acordar.

Ahora bien, tal modo de razonar, aun cuando resulta adecuado a una rigurosa técnica de control y hermenéutica constitucionales, supone una causa judicial que exhiba una verdadera tensión entre bienes protegidos constitucionalmente.

Pero, no es el presente un litigio de esa naturaleza. La protección de la familia, realizable en un extenso campo de materias comprendidas por el derecho, encuentra uno de sus principales fundamentos en la necesidad de preservar un ámbito de libertad, para que tan preciosa institución halle un quicio intangible y sólo por ella ocupado.

Síguese de ello que protección de la familia dice, también, protección de la libertad.

Pero, la libertad es un bien que, singularmente, repudia el menoscabo a la expresión e intercambio de las ideas, a la reflexión conjunta.

Cabe preguntarse, entonces, cómo puede sostenerse la protección de la libertad de la familia mediante arbitrios que la propia libertad regularmente rechaza e invalida. La consideración de un planteo semejante requeriría, mínimamente, que la libertad de aquélla sufriese, frente al ejercicio de la libertad con la que se la coteje, un daño concreto y real por parte de ésta. Empero, no cabe predicar esto último de la C.H.A., por lo que tantas veces se ha dicho. Es más, tampoco cabría hacerlo de una hipotética asociación que ponga en el debate las estructuras y razón de ser de la familia, que la cuestione o impugne. Desde el punto de vista constitucional no se infiere agravio a nadie -persona o institución- por el solo hecho de sostener y expresar una idea, cualquiera fuera el color de ésta, siempre y cuando su destinatario sea capaz para recibirla y no sufra un perjuicio real y concreto. No hay agravio constitucional por el solo hecho de pensar, o expresar ideas "distintas", ni de asociarse para sostenerlas.

Acaso, podría preguntarse, ¿debería haber sido negada la personería jurídica a una asociación que hubiera propiciado el divorcio vincular con anterioridad a la ley que lo estableció, con base en que, como algunos sectores de la opinión pública lo han afirmado con variedad de argumentos, dicho instituto legal desprotegía a la familia?. ¿Debería tal denegatoria haber alcanzado a los partidos políticos que sostuvieron esa iniciativa en su programa de gobierno?.

La familia ha de mantenerse airosa no por obra del silencio o del ocultamiento, sino por la de su propia verdad.

Pero esa verdad, que únicamente en el hombre puede anidar, es una verdad tan intransferible como receptiva y comunicable, y que, por ende, pide realizarse en plenitud, reclama oír y ser oída, requiere dialogar con la de su prójimo, en el marco de la convivencia fraterna a la que convoca la Constitución Nacional a "todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino".

Nuestros constituyentes no han temido al debate de las ideas. Su obra de 1853 es, precisamente, el resultado de la confrontación de principios y propósitos no siempre coincidentes. Sabían -sabemos- que la Constitución no proveía el edificio concluso de los argentinos sino, como diría Alberdi, los andamios para que aquél fuese levantado.

De ahí que todo debate, todo cuestionamiento, toda expresión de ideas, toda asociación vinculada con ellas, debe ser garantizado, pues es a partir del ejercicio de esas garantías, de esos instrumentos, entre otros, que los argentinos deben erigir el edificio en el que elijan convivir.

22) Que, de lo expresado en el considerando anterior, también surge claramente que el fallo apelado, con el pretexto de hacer cumplir el ineludible deber estatal de "proteger integralmente a la familia", ha tenido como resultado el de desconocer el derecho a la intimidad consagrado en el art. 19 Ver Texto de la Constitución Nacional, el cual protege jurídicamente un ámbito de autonomía individual constituido por los sentimientos, hábitos, costumbres, las relaciones familiares, la situación económica, las creencias religiosas, etc., de tal forma que permita a los individuos elaborar libremente sus planes de vida, en tanto éstos no afecten concretamente algún interés legítimo de terceros (caso "Bazterrica", Fallos: 308:1392 Ver Texto, voto concurrente del juez Petracchi, especialmente consid. 6º, 10, 11, 12 y sus citas). Pero la legitimidad mencionada no depende de que el interés en juego pueda corresponder a una mayoría o minoría de sujetos. La libertad civil asentada por la Constitución se extiende a todos los seres humanos por su simple condición de tales y no por la pertenencia a determinados grupos o por su profesión de fe respecto de ideales que puedan considerarse mayoritarios, y aún verdaderos. La democracia desde esta perspectiva, no es sólo una forma de organización del poder, sino un orden social destinado a la realización de la plena personalidad del ser humano. De otro modo, no se habrían establecido derechos individuales para limitar anticipadamente la acción legislativa; por el contrario, se hubiera prescripto al legislador la promoción del bienestar "de la mayoría" de la población, sin tener en consideración a las minorías y no la promoción del "bienestar general" como reza el Preámbulo (sentencia dictada en la causa P.391.XX., del 18 de abril de 1989, "Portillo, Alfredo s/ infracción art. 44 Ver Texto ley 17531" Ver Texto , consid. 10).

23) Que es fácil advertir que el fallo apelado, al hacer hincapié en que "la homosexualidad, vista en sí misma, entraña una intrínseca negación de los valores de la familia", configura una intromisión ilegítima en el ámbito de autonomía individual mencionado supra, pues la decisión del a quo de restringir el derecho de asociación invocado por la recurrente se funda exclusivamente en el rechazo del comportamiento sexual de sus integrantes y de los homosexuales en general, sin haber aportado dicho tribunal prueba alguna de que el ejercicio de tal derecho afectara concretamente a intereses de terceros.

Cabe concluir, entonces, que resulta inaceptable la solución a la que arriba la Cámara, en el sentido de que la existencia de determinado comportamiento sexual, considerado como contrario a los valores familiares tradicionales, pueda justificar, por sí sólo, la limitación al derecho individual en juego. Resultan aquí aplicables los conceptos expresados por el juez Blackmun, de la Corte Suprema estadounidense, en su voto en disidencia in re: Bowers v. Hardwick, 106 S.Ct. 2841 (1986), pág. 2851 y 478 U.S. 186 (1985) en donde expresó: "...El concepto de intimidad incluye 'el hecho moral de que una persona se pertenece a sí mismo y no a otra ni a la sociedad como conjunto' (Thomburgh v. American College of Obstetrician & Gyn., 476 U.S. 747, 772-782 (1986), voto concurrente del juez Stevens) y de esta manera protegemos la decisión de casarse o no, precisamente porque el matrimonio 'es una asociación que favorece una forma de vida, no la causa; una armonía en la vida, no credos políticos; una lealtad bilateral, no unos proyectos comerciales o sociales' (Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479, 486 (1964). Protegemos la decisión de tener o no un hijo, porque la paternidad altera tan dramáticamente la autodefinición de una persona, no por consideraciones demográficas o por el mandato bíblico de crecer y multiplicarse (confr. Thornburgh v. American College of Obstetrician & Gyn., supra, voto concurrente del juez Stevens). Y protegemos a la familia por su contribución tan poderosa a la felicidad de las personas, y no a causa de una preferencia hacia las familias estereotípicas" (confr. Moore v. East Cleveland, 431 U.S. 494, 500-506 (1976), voto de la mayoría). La Corte reconoció, en el caso Roberts, 468 U.S. 609, 619 (1983) que la 'posibilidad de definir en forma independiente la propia personalidad, lo cual resulta esencial para cualquier concepto de libertad', no puede ser ejercida verdaderamente en el vacío; todos dependemos del 'enriquecimiento emocional que producen los vínculos estrechos con los demás', fallo cit.

"Sólo la ceguera más intencionada podría oscurecer el hecho de que la intimidad sexual es 'una relación delicada clave de la existencia humana, fundamental para la vida familiar, el bienestar de la comunidad y el desarrollo de la personalidad humana -Paris Adult Theatre I. v. Slaton, 413 U.S. 49,63 (1973), ver, asimismo, Carey v. Population Serveces International, 431 U.S. 678, 685 (1976)-. El hecho de que las personas se definan a sí mismas de una manera significativa a través de sus relaciones sexuales íntimas con otras sugiere, en una nación tan diversificada como la nuestra, que puede haber muchas maneras 'adecuadas' de conducir estas relaciones y que gran parte de la riqueza de una relación provendrá de la libertad que una persona tenga para 'elegir' la forma y naturaleza de estos vínculos intensamente personales...".

Por ello, se desestima la queja en cuanto a la arbitrariedad invocada, se declara procedente el recurso extraordinario con los alcances que surgen de la presente y se deja sin efecto la sentencia apelada. Téngase por perdido el depósito que obra a fs. 1 de la queja, y agréguese ésta al principal. Notifíquese y, por intermedio del tribunal a quo, devuélvase a la Inspección General de Personas Jurídicas a fin de que ésta resuelva la petición de la recurrente conforme a lo resuelto en el sub lite.

ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI.
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