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10) Que, en particular, tratándose de la circunstancial apreciación al caso concreto de la concurrencia del "bien común", como objeto de la asociación cuya personería jurídica se pretende obtener, no cabe sino reconocer al poder político, a quien por mandato legal se le ha encomendado tal valoración, una razonable amplitud de criterio en aras del bienestar general y en concordancia con los lineamientos generales de las políticas cuya fijación le corresponde. El juicio que en esas condiciones formule finalmente, a menos que derive en soluciones manifiestamente inicuas o irrazonables, debe quedar al margen de toda revisión judicial, lo contrario importaría sustituir la discrecionalidad de la administración por la de los jueces, desnaturalizando la función de estos últimos (Fallos: 203:353 Ver Texto cit.).

11) Que, en el sentido indicado, entiende el Tribunal que en la impugnada resolución de la Inspección General de Justicia (fs. 31/32), aun cuando puedan resultar opinables, se han expuesto suficientes fundamentos de índole jurídico que descartan la aludida tacha de arbitrariedad.

12) Que, por lo demás, sin que ello importe trasponer los límites del conocimiento antes señalados, tampoco se advierte que la decisión administrativa sea el resultado de una valoración absurda o abusiva en torno a los alcances y contenido del "bien común" requerido como principal objeto a determinados entes que pretenden la particular autorización estatal para funcionar de acuerdo a lo previsto en el art. 33 Ver Texto del Código Civil. En efecto, admitiendo que al conceder o denegar tal autorización al Estado debe reconocérsele, entre las potestades que le son propias, un campo suficiente para apreciar positivamente la existencia de un beneficio o interés común que, como aporte, justifique distinguir el objeto perseguido por la peticionante por encima de otros que no cuentan con una aceptación de tales características; no excede tal facultad el rechazo alcanzado respecto a una asociación que, al margen de cualquier otra consideración que aquí resultaría improcedente, deja sin definir premeditada y voluntariamente toda referencia de orden valorativo, precisamente, en relación al objeto de su especial actividad (v. artículo II del estatuto; fs. 1 y punto A.3) del recurso extraordinario; fs. 73 vta./74), postulando así un criterio de supuesta indiferencia en una materia que, por su índole, pudo merecer, con suficiente legitimidad, la no admisión de la autoridad de control.

13) Que la denominada "Comunidad Homosexual Argentina" es, en la actualidad, una simple asociación civil, que será o no sujeto de derecho si se ha constituido en la forma prevista por el artículo 46 Ver Texto del Código Civil; y si le faltaran esas condiciones, una asociación de hecho. Es decir, no le fue menester autorización estatal para su existencia. Los derechos y obligaciones de sus asociados se rigen por lo que disponen sus estatutos o las reglas de organización nacidas del acuerdo de los asociados. Todos sus integrantes son subsidiariamente responsables por las consecuencias dañosas de los hechos ilícitos cometidos por sus directores, administradores o dependientes. Incluso, aún frustrada su constitución como persona jurídica, seguirá subsistiendo como simple asociación civil; y si ha cumplido con los requisitos del citado art. 46 Ver Texto del Código Civil, continuará siendo sujeto de derecho por disposición de la ley.

14) Que lo expuesto pone de por sí en evidencia que la denegatoria impugnada no importa allanamiento del derecho de asociarse, sino un acto relativo a la regulación de su ejercicio, realizado por la Administración Pública en virtud de la facultad que la ley le acuerda, precisamente, a los fines de esa regulación (artículo 14 Ver Texto de la Constitución Nacional, primera parte); y aun cuando de ella derive alguna restricción para la recurrente, esa sola circunstancia no vulnera la garantía constitucional de igualdad ante la ley toda vez que, conforme la doctrina elaborada por esta Corte, las distinciones normativas para supuestos que se estimen distintos son valederas en tanto no sean arbitrarias, es decir, no obedezcan a propósitos de injusta persecución -lo cual aquí no ha sido siquiera alegado- o indebido beneficio, sino a una causa objetiva para discriminar, aunque su fundamento sea opinable (R.411.XXII "Reaseguradora Argentina S.A. c/Estado Nacional" Ver Texto, sentencia del 18 de septiembre de 1990 y sus citas).

15) Que, en este mismo sentido, la limitación invocada por la recurrente relativa a la incapacidad de adquirir bienes a título gratuito, a la que se vería sometida, no aparece suficiente para considerar que se haya configurado la supresión o desnaturalización del derecho de asociación motivo de regulación por parte de la autoridad estatal; ciertamente, no cabe aceptar que sin aquella capacidad le resulte imposible cumplir con sus objetivos (fs. 77/77 vta.) cuando, a estar también a lo expresado en el recurso extraordinario, a ellos ha venido dando satisfacción durante su existencia como sociedad de hecho (fs. 73 vta.).

16) Que no resulta admisible el genérico planteo de la apelante tendiente a vincular de algún modo su situación con el derecho a la libre expresión al carecer de toda referencia concreta en torno al modo en que le sería afectado; y, en lo particular, aun admitiendo la dificultad a la que se enfrenta el ciudadano individual para acceder a los medios de comunicación social, tampoco se ha explicitado que a los fines de superar esa circunstancia adversa sea insuficiente el "status" jurídico que actualmente posee y, por ello, necesario el que adquiriría por medio de la autorización estatal para funcionar.

17) Que, en el mismo orden de consideraciones, limitado el control constitucional del caso a las reales derivaciones de la específica medida adoptada en relación a la denominada "Comunidad Homosexual Argentina", pues no cabe introducir en este análisis otras cuestiones que no guardan estricta vinculación con el tema planteado, razón por lo cual, cualquier pronunciamiento de esta Corte a su respecto resultaría inoficioso, no se advierte -ni la recurrente hace una invocación concreta en tal sentido-, consecuencia alguna que importe una injustificada discriminación que conculque los derechos de una minoría. En este sentido, los agravios de la apelante, que solamente aluden a las normas nacionales y a los tratados de carácter internacional suscriptos por nuestro país en los que se proscribe la discriminación, omiten toda referencia a los perjuicios que, de un modo directo e inmediato, se habrían originado en la medida impugnada.

18) Que, en las condiciones expuestas, contando la decisión de la Inspección General de Justicia con fundamentos suficientes que excluyen su arbitrariedad y no mediando en el caso una afectación directa a derechos que cuentan con el amparo constitucional, no corresponde realizar un juicio mayor en torno al ejercicio concreto de las facultades discrecionales de la Administración Pública; lo que importaría tanto como suplantar la voluntad de aquélla por la del órgano jurisdiccional con la consecuente lesión al principio de la división de poderes establecido en la Carta Fundamental de acuerdo a los principios recordados en un reciente pronunciamiento de esta Corte (M.547.XXIII. "Molinas, Ricardo Francisco c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ amparo" Ver Texto , sentencia del 24 de septiembre de 1991 y sus citas).

Por ello, se declaran improcedentes el recurso extraordinario y la queja. Hágase saber y, oportunamente, devuélvase el expediente principal y archívese la queja, dándose por perdido el depósito.

EDUARDO MOLINÉ O'CONNOR.

VOTO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ANTONIO BOGGIANO

Considerando:

1º) Que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la resolución del Inspector General de Justicia que denegó la personería jurídica de la Comunidad Homosexual Argentina. Contra aquel pronunciamiento la peticionante interpuso el recurso extraordinario que fue denegado en cuanto tachó de arbitraria a la sentencia recurrida, y concedido en virtud de hallarse en tela de juicio el derecho de asociación garantizado por el artículo 14 Ver Texto de la Constitución Nacional, y por haberse descartado la aplicación de la ley 23592 Ver Texto . La concesión parcial del recurso extraordinario dio lugar al recurso de hecho que sostiene la impugnación por arbitrariedad.

2º) Que en el fallo recurrido la Cámara ha circunscripto los límites de su jurisdicción apelada, por la vía del art. 36 Ver Texto de la ley 22315, a la revisión de la razonabilidad de la resolución denegatoria de la personería por ilegitimidad o arbitrariedad. Ha excluido el control de oportunidad o conveniencia.

La apelante no ha criticado específicamente esta autolimitación jurisdiccional de aquel acto judicial. En éste se ha invocado autorizada doctrina y el precedente de esta Corte de Fallos 203:353 Ver Texto que, según el fallo, han sido incorporados a los arts. 45 Ver Texto y 48 Ver Texto del Código Civil. La recurrente se ha limitado, a su vez, en su recurso extraordinario, a sostener que no existe óbice para revisar judicialmente la denegatoria de un pedido de inscripción cuando la misma lesiona la Constitución Nacional. Invocó el precedente de esta Corte de Fallos: 205:353 Ver Texto. Pero no impugnó los límites en los cuales la sentencia recurrida predijo que ejercería sus potestades de revisión jurisdiccional de la constitucionalidad de los antes citados artículos del Código Civil.

En cuanto al fondo de la cuestión sometida a su conocimiento, consideró que los fines contemplados en el estatuto de la aludida Comunidad incluyen no solamente la protección de las personas homosexuales frente a injustas discriminaciones, sino también la pública defensa de la homosexualidad, con vistas a reinvidicar la indiferencia e inclusive el valor ético de dicha condición. Juzgó que esa finalidad estatutaria no concuerda con las exigencias del bien común que la entidad debe respetar (art. 33 Ver Texto del Código Civil), destacando que según autorizadas opiniones recabadas por el organismo estatal, la homosexualidad es un trastorno de la conducta sexual y en gran parte de los casos requiere un adecuado tratamiento psiquiátrico. Consideró que la decisión administrativa, en tanto se sustentó en dichas opiniones técnicas, resumidas en un informe de la Academia Nacional de Medicina, resultaba ajena a la tacha de irrazonabilidad alegada.

Similar apreciación efectuó el tribunal con relación al argumento del Inspector General que ve en los principios de la moral cristiana un obstáculo a la reivindicación ética pretendida; principios que estimó incorporados a la moral pública en razón de la reconocida tradición cristiana de nuestra sociedad. Subrayó que, en este sentido, es un hecho notorio la desfavorable opinión mayoritaria que existe respecto de la homosexualidad, aún cuando se advierta una mayor comprensión o tolerancia hacia las personas de tal condición.

Desestimó la impugnación de la actora dirigida a cuestionar el argumento según el cual la defensa pública que se intenta realizar compromete a la institución de la familia, constituida por la unión entre un hombre y una mujer, y afecta de ese modo al art. 14 bis Ver Texto de la Constitución Nacional. Señaló al respecto, con base en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (1948) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por el Estado, razón que permite descartar la adecuación al bien común de los objetivos estatutarios de la Comunidad en la medida que comportan una intrínseca negación de los valores que aquélla representa.

Finalmente, la Cámara juzgó que la decisión cuestionada no infringe la ley 23592 Ver Texto , ya que ésta no prohíbe toda discriminación, sino exclusivamente aquella que en forma arbitraria restrinja o menoscabe el pleno ejercicio -sobre bases igualitarias-, de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional.

3º) Que, ante todo, corresponde considerar el agravio según el cual califica de arbitrario el pronunciamiento recurrido por su interpretación sobre el alcance de los objetivos estatutarios de la Comunidad Homosexual Argentina, pues el sentido que a dicho estatuto le atribuyó la Cámara da sustento lógico a los siguientes desarrollos vinculados con la exigencia del bien común prevista en el art. 33 Ver Texto del Código Civil.

4º) Que, en tales condiciones, cabe considerar si la sentencia recurrida ha incurrido en ilegitimidad, arbitrariedad o irrazonabilidad al establecer los principios que deben guiar la inteligencia de los fines estatutarios de la Comunidad Homosexual Argentina (Fallos: 308:581 Ver Texto considerando 4º y sus citas). El artículo II de su estatuto establece que: "Su objeto es: a) Bregar por que la condición de homosexual no sea motivo de discriminación en lo familiar, social, moral, religioso, laboral, ni de ninguna otra índole; b) Generar ámbitos de reflexión y estudios multidisciplinarios sobre la problemática sexual y difundirlos; c) Luchar por la plena vigencia de los Derechos Humanos en todo el territorio de la República Argentina. Para el logro de estos objetivos la Comunidad adoptará medios pacíficos y democráticos".

La Cámara, al interpretar aquellos objetivos, no se ha limitado a la mera literalidad de sus términos, sino que ha indagado los principios conducentes a asignarle su pleno sentido jurídico, más allá de las palabras estatutarias. Y en este orden de ideas juzgó que los objetivos enumerados en el artículo II incluyen no sólo la protección de las personas homosexuales frente a discriminaciones arbitrarias sino también "la pública defensa de la homosexualidad, en sí misma considerada, con vistas a su aceptación social". Consideró que la discriminación que se busca combatir es respecto de la 'condición homosexual ', o sea la disposición o hábito de aquellas personas e incluye el aspecto moral, lo que implica tanto como reivindicar la indiferencia e inclusive el valor ético de dicha condición. El fallo apelado corrobora esta interpretación porque la apelante ha considerado tal condición como el fruto de una "elección sexual" e infiere además que esta postura orientará los estudios que la entidad se propone fomentar y difundir.

5º) Que la recurrente expresa que la pública defensa de la homosexualidad no se halla acreditada en la causa y sostiene que tal defensa, de todos modos, hallaría amparo en el derecho de libertad de expresión del art. 14 Ver Texto de la Constitución Nacional. Se agravia porque aquella pública defensa no puede derivarse de los hechos acreditados en la causa. Dice además que tampoco necesita reivindicar ni la indiferencia ni el valor ético de la condición de homosexual para cumplir sus objetivos estatutarios, que sólo tienden, a combatir la discriminación. Para esto -expresa- no se requiere más que aceptar los principios de tolerancia hacia aquellas acciones que no dañan a terceros, independientemente de su valoración.

6º) Que el pronunciamiento recurrido ha indagado el sentido eficaz de los objetivos estatutarios sobre la base de principios hermenéuticos cuya arbitrariedad no se ha demostrado, pues parece razonable entender que la recurrente, a fin de bregar por la equiparación familiar, social, moral, religiosa, laboral y de toda otra índole de las personas homosexuales , requerirá como condición o presupuesto de eficacia de su lucha, la defensa pública de la condición homosexual . Tal equiparación, como presupuesto necesario para bregar por que la condición de homosexual no sea motivo de discriminación, conduce a la defensa pública de aquella condición, precisamente para que no sea objeto de consideración discriminatoria. La equiparación es objeto necesario de aquel bregar. Ello pudo ser interpretado en el sentido de que la indispensable equiparación sólo puede ser materia de brega y lucha mediante la pública defensa de la condición que se persigue equiparar librándola de toda discriminación.

Bien es verdad que la apelante sostiene que esa pública defensa "no está acreditada en autos" ni "puede derivarse de los hechos acreditados en la causa". Empero, sus objetivos, interpretados con sentido finalista y considerando sus amplias consecuencias sociales, como lo hizo la Cámara, implican aquella defensa, implicancia sustancial, que la recurrente no desvirtúa mediante el recurso a una restrictiva interpretación literal y a la indagación de hechos probados en la causa. Tales hechos, si no se han operado ya, es plausible prever que acaecerán, si los objetivos estatutarios habrán de funcionar efectivamente en los ámbitos amplísimos a los que la defensa de aquella equiparación está destinada.

7º) Que reconocida la razonabilidad de la interpretación efectuada en la sentencia sobre los alcances del mentado estatuto, corresponde ingresar al estudio de los restantes agravios que el recurrente invoca como de índole constitucional. Sostiene que la Constitución ha establecido una carta de derechos para impedir que las minorías se vean tiranizadas por las concepciones morales, religiosas o ideológicas de la mayoría, y que es función de los jueces asegurar el amparo de las valoraciones, creencias y principios éticos compartidos por conjuntos de personas, aun minoritarios, para protegerlos contra ciertas decisiones que podría adoptar una mayoría, incluso cuando ésta actuase siguiendo lo que para ella es el interés general o común. Afirma que la Constitución es neutra en materia religiosa ya que no impone ni adopta valoraciones morales propias de una determinada religión. Y concluye que la Cámara, al identificar el concepto de "bien común" contemplado en el art. 33 Ver Texto del Código Civil con la moral católica o la de la mayoría de la población, ha efectuado una inteligencia de tal precepto que resulta descalificable desde el punto de vista de nuestra Ley Fundamental.

8º) Que es dudosa la existencia de relación directa e inmediata, en los términos del art. 15 Ver Texto de la ley 48, entre el derecho constitucional de asociarse con fines útiles y la interpretación de los estatutos referidos juzgados a la luz del art. 33 Ver Texto del Código Civil en el pronunciamiento recurrido. Tal duda, empero, debe dirimirse en favor de la existencia de aquella relación directa y, consiguientemente, de la admisibilidad formal del recurso extraordinario, pues, a juicio de esta Corte, la índole del asunto suscitado en autos es de tal trascendencia que debe tenerse por configurada esa relación para habilitar la instancia excepcional (arg. art. 280 Ver Texto del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

9º) Que el bregar porque la condición de homosexual no sea discriminada con tan amplios alcances como los que contempla el antes transcripto artículo de los estatutos de la recurrente, puede razonablemente ser considerado como una pública defensa de aquella condición, en grave conflicto con los principios familiares, sociales, morales, religiosos y jurídicos del país, y aún extranjeros.

10) Que tal conflicto axiológico, inherente a la lucha por la equiparación que persigue la supresión de discriminaciones en los amplios ámbitos estatutarios de la apelante, suscita el delicado planteamiento acerca de la razonabilidad de la equiparación. Cuestión que no puede dirimirse por exclusiva referencia a la opinión o juicio previo de la mayoría sobre la base de concepciones utilitarias (John Ely, Democracy and Distrust, Harvard University Press, 1980, pág. 101 et seg; del mismo autor Democracy and the Right to Be Different, en New York University Law Review, 1981, pág. 397 et seg; Ronald Dworkin, Do we have a Right to Pornography?. Oxford Journal of Legal Studies, 1981, pp. 177-212).

11) Que bregar por la equiparación de la condición de homosexual en el ámbito de lo moral, social o religioso pudo razonablemente conducir a la Cámara a juzgar que ello implicaría una particular autorización jurídica del Estado para que la Comunidad Homosexual Argentina lleve adelante una amplia acción de reforma en aquellos ámbitos, incluido el jurídico. Y no parece irrazonable que el tribunal originario haya juzgado exenta de arbitrariedad la decisión de la Inspección que denegó tal objetivo.

Una minoría tolerada requiere siempre de una mayoría tolerante. Pero se podría llegar a una situación en la cual tantas minorías reclamasen tolerancia que ya no pueda haber mayoría ninguna. La democracia requiere un sustrato de valores comunes. Y la desintegración de estos valores puede conducir a erosionar la cohesión de la sociedad indispensable para su gobierno mismo. La permisividad que viene rechazada de la instancia anterior pudo razonablemente haberse considerado como una fractura esencial de aquellos valores comunes, pues si el abuso del poder lleva a la tiranía, el abuso de la libertad conduce a la disolución.

12) Que la cuestión a dilucidar no es simplemente la tolerancia de cualquier grupo o minoría insular, sino cuáles grupos han de ser tolerados sobre la base de principios fundamentales del sistema jurídico vigente, pues sería irrazonable que cualquier grupo perdidoso en una lucha política o carente de fuerza para despertar la atención del poder legislativo deba ser considerado una minoría con derecho a la tolerancia jurisdiccional con título a reclamar una personería jurídica de bien común. No será necesaria una extraordinaria ingeniosidad para descubrir discretas e insulares minorías que puedan iniciar su peregrinaje hacia la Corte, a la espera de una sentencia que las elija y prohíba considerarlas de manera diferente a la "mayoría" (Sugarman v. Dougall, 413 U.S. 634, 657 (1973) disidencia del Juez Rehnquist).

Al considerar la existencia de grupos o minorías no es posible concebir a la sociedad como si estuviese objetivamente subdividida de tal modo que sólo bastara reconocer la existencia de un grupo minoritario para justificar su derecho a la personería jurídica.

Los objetivos estatutarios de la recurrente dan por sentado que los homosexuales están expuestos a generalizada hostilidad, como lo demuestra la gran latitud de aquellos objetivos de lucha contra su discriminación. Algunas legislaciones penan las prácticas homosexuales (Rivera, Our Straight-Laced Judges: The Legal Position of Homosexual Persons in the United States, Hastings Law Journal, 1979, 30 p. 799). De ahí que de una actitud de encierro se haya pasado hacia una actitud de reivindicación, activismo, acción política y violencia de los homosexuales en respuesta a la opresión. (L. Humphreys, Out of the Closets, 1972).

La Corte Suprema de los Estados Unidos denegó un certiorari en Rowland v. Mad River Local School District, 470 U.S. 1009 (1985) en un caso de despido de una maestra que reveló en la escuela su orientación bisexual, la que no interfería de ningún modo con sus actividades escolares. También denegó un certiorari, en un caso en el que una decisión escolar consideró a una maestra homosexual "inmoral" e inapta para enseñar, 434 U.S. 879 (1977).

La diferenciación y reconocimiento de las condiciones personales y de los grupos, minorías, sectas, cultos o religiones depende de principios jurídicos y valores morales sobre los cuales puedan sustentarse aquellos reconocimientos.
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