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8º) Que es pertinente preguntarse a esta altura del análisis por qué, si no son sustancialmente diferentes (las asociaciones que obtienen la autorización estatal y las simples asociaciones) el Código Civil las distingue.

Para contestar esta pregunta corresponde desentrañar en qué consiste la distinción, no desde la perspectiva de la asociación (ya se ha visto que no existen diferencias apreciables) sino de la autorización estatal, que es la única nota distintiva. El texto del Código Civil, en la parte pertinente del art. 33 Ver Texto , establece: "Las asociaciones y las fundaciones que tengan por principal objeto el bien común, posean patrimonio propio, sean capaces por sus estatutos de adquirir bienes, no subsistan exclusivamente de asignaciones del Estado, y obtengan autorización para funcionar". Esta norma puede ser leída en el sentido que las asociaciones que cumplan con los requisitos enumerados en su primera parte son susceptibles de recibir la autorización estatal.

Es obvio que una simple asociación -en tanto que persona jurídica- posee patrimonio propio, es capaz de adquirir bienes y no precisa, para subsistir, exclusivamente de asignaciones estatales. El nudo de la cuestión se encuentra entonces en la primera parte de la norma, es decir que la asociación (no interesa, en este caso, el análisis de las fundaciones) tenga "por principal objeto el bien común".

Por supuesto que una asociación formada por particulares no puede tener, en un sentido estricto, por principal objeto el bien común, ya que el bien común es el principal objeto -la "causa final", en la terminología aristotélico-tomista- del Estado. En el sentido de la norma, para poder interpretar correctamente el sistema el Código Civil, en la materia analizada, el bien común es el bien estatal, es decir, el objeto de la asociación tiene que poseer en sí mismo una incidencia directa sobre el bien común que mueva al Estado a otorgarle una calidad determinada, esto es, la autorización para funcionar. En otros términos, al reconocer el Estado la especial incidencia que sobre el bien común tiene el objeto societario, lo asume como propio otorgando la autorización para funcionar.

Esta autorización, en la medida que no modifica la situación jurídica de la asociación -por lo expuesto en los considerandos anteriores y porque nada impide que, rechazada la autorización, la asociación se constituya como "simple asociación" del art. 46 Ver Texto - no importa un reconocimiento de un derecho subjetivo preexistente (no es la clásica autorización estudiada como medio de policía en el derecho administrativo) sino el otorgamiento de una "calidad social" al autorizado que se traduce en el reconocimiento estatal, frente a toda la sociedad, relativo a que la asociación lleva a cabo fines que el mismo Estado jerarquiza al considerarlos como propios, es decir, directamente vinculados con el bien común.

9º) Que frente a la conclusión arribada en el considerando anterior, debe ser analizado si la autoridad administrativa goza de una potestad discrecional en el otorgamiento de la autorización prevista en el art. 33 Ver Texto y, directamente vinculado con ella, si tal autorización puede ser exigida judicialmente por el interesado.

La primera cuestión encuentra su respuesta en el art. 45 Ver Texto in fine del Código Civil: "Las decisiones administrativas en esta materia podrán ser revocadas judicialmente por vía sumaria, en caso de ilegitimidad o arbitrariedad".

El primer caso (legitimidad) supone una actividad reglada de la administración, en el supuesto que no se conceda autorización a una sociedad que sí la requiere para funcionar (por ejemplo, en el campo de las sociedades comerciales, la sociedad anónima) o algún otro supuesto en que la decisión de la autoridad administrativa se funde en una incorrecta interpretación o en una contradicción con la ley que otorga a la asociación el derecho a la autorización.

El segundo caso -revisión por arbitrariedad- nos coloca frente a una actividad discrecional de la administración, pero ejercida en forma irrazonable, desproporcionada, en violación de lo dispuesto en el art. 7 Ver Texto (apartado f), párrafo segundo) de la ley 19549: "Las medidas que el acto involucre deben ser proporcionalmente adecuadas a..." la finalidad querida por el legislador al otorgar la competencia al órgano emisor del acto en cuestión. Se trataría, entonces, de una apreciación del bien común (al denegar la autorización) manifiestamente irrazonable, contraria al común sentir y escala de valores de la población, repugnante, en fin, a una elemental conciencia jurídica.

Fuera de esos extremos, y cuando la actividad de "autorización para funcionar" no se encuentra reglada, la autoridad administrativa goza de un amplio margen de discreción en la materia, pues, no mediando daño al interesado, es a ella a quien le corresponde valorar cuál objeto societario es de tal manera relevante para el bien común que justifica esa calificación comunitaria de la asociación manifestada por el acto de autorización.

Lo expuesto nos conduce a responder a la segunda pregunta, es decir si el interesado puede exigir la autorización judicialmente. La respuesta es positiva, siempre que exista derecho subjetivo agraviado por mal ejercicio de una actividad reglada o irrazonable ejercicio de una actividad discrecional.

10) Que en el caso de autos no se dan los extremos previstos en el art. 45 Ver Texto in fine del Código Civil que autoricen la procedencia de la acción y, por tanto, del recurso aquí intentado.

Es evidente que, en el caso, la decisión de la autoridad administrativa denegando a la Comunidad Homosexual Argentina la autorización del art. 33 Ver Texto del Código Civil, no se encuentra reglada, pues no hay tipicidad societaria alguna en juego ni incorrecta o contradictoria interpretación o aplicación de normas que prevean el caso en examen, otorgando a los peticionantes un derecho subjetivo a la autorización. La actividad fue discrecional pero no puede ser tachada de irrazonable. En efecto, en el caso se encuentra en cuestión la valoración que la autoridad administrativa hizo acerca de la homosexualidad (surge de autos que no se encuentran cuestionados los distintos rubros que integran el objeto social de la Comunidad Homosexual Argentina) y esta valoración no parece contradecir el orden de valores sustentados por la comunidad (sean estos correctos o incorrectos). Por el contrario, se trata de una opción valorativa hecha por la autoridad competente, relativa a no asumir como propios, otorgándole la "calidad" social que representa la autorización, a los fines emergentes del objeto social. Si, en definitiva, el fin emergente del estatuto de la apelante es bregar por la equiparación jurídica y social de las personas homosexuales (falta de equiparación sobre la cual, por lo demás, no existe prueba alguna) resulta claro que la búsqueda de la citada equiparación presupone una cierta defensa pública de la condición de homosexual , en tanto que aquella configura una forma de vida merecedora de la misma valoración que las restantes.

Pero la actora -a falta de una definición legislativa previa o una clara conducta social que permita apreciar el problema desde otro ángulo valorativo no puede pretender que la Inspección General de Justicia coincida con ella acerca de la defensa de la "condición de homosexual " o de su valoración. Por tanto, no puede pretender que la autoridad administrativa asuma como propios sus valores (de la Comunidad Homosexual Argentina) ni le otorgue a ellos la calidad social, la representatividad comunitaria, implícita en el acto de autorización, mientras la denegatoria de la autorización no suponga agravio a derecho subjetivo alguno, como es el caso. Tampoco puede pretender la recurrente que los jueces sustituyan a la Inspección General de Justicia en la valoración en cuestión, para lo cual no tienen competencia otorgada por el legislador, cualquiera sea la opinión acerca de la homosexualidad que cada juez sustente en lo personal. La valoración acerca de la homosexualidad es un problema controvertido en todos los países civilizados -de aquí la deferencia que esta Corte debe tener con respecto a la valoración efectuada por la autoridad competente- existiendo, en general, una opinión o sentimiento disvalioso que llega, en numerosos Estados de los Estados Unidos de América a sancionar penalmente la sodomía (en particular entre homosexuales ) aun cuando se realice por el consentimiento libre de los adultos comprometidos con ella y en el ámbito privado del domicilio de los mismos, lo que fue declarado constitucional por la Corte Suprema de Justicia del citado país en "Bowers v. Hardwick" (478 U.S., del 30 de junio de 1986) sosteniendo que "la Constitución no otorga un derecho fundamental a los homosexuales a practicar la sodomía" y que "el hecho que la conducta homosexual ocurra en la privacidad del hogar no afecta al resultado" (de la causa) expresando así un juicio de valor acerca de una especial conducta sexual que dicho Tribunal considera profundamente arraigado en la conciencia moral de aquella nación.

11) Que por lo expuesto no puede afirmarse que exista agravio en derecho subjetivo alguno de la recurrente. Todo lo que puede realizar la Comunidad Homosexual Argentina mediando la autorización del art. 33 Ver Texto , lo puede también llevar a cabo como simple asociación en las condiciones del art. 46 Ver Texto del Código Civil. Obviamente no puede ser invocado un derecho subjetivo a aquella calidad social que representa el acto de autorización, pues, por lo dicho, su otorgamiento es discrecional por parte de la autoridad administrativa en la medida que refleje razonablemente la escala de valores de la sociedad. Por supuesto que tal escala de valores puede modificarse y para ello puede "bregar" la Comunidad Homosexual Argentina utilizando el conjunto de derechos que -una vez constituida como simple asociación, o incluso como "asociación de hecho", o también sus miembros individualmente- le otorga la Constitución Nacional y el conjunto del ordenamiento jurídico argentino.

12) Que no puede admitirse, en el caso, la existencia de ningún agravio constitucional en tanto que las argumentaciones de la recurrente relativas al derecho de asociarse con fines útiles y al derecho de "libre expresión" no son conducentes para la solución de la causa. Así, por todo lo dicho, es evidente que los interesados en formar parte de la Comunidad Homosexual Argentina pueden hacerlo, constituyendo a ésta en una simple asociación, o también, si así lo prefieren, como una asociación de hecho. Como ya fue dicho, en el primer caso, no existe diferencia con las restantes sociedades civiles e incluso, con las asociaciones que obtienen la autorización para funcionar.

En lo que respecta al segundo agravio, no interesa aquí analizar si existe una directa relación entre el derecho a asociarse y la libertad de expresión, por cuanto, en el caso, tal análisis no es conducente para la solución de la causa, ya que la recurrente puede expresar sus ideas por cualquier medio como simple asociación o como asociación de hecho, no resultando la autorización un instrumento necesario para aquella finalidad. En la práctica la recurrente ya existe como asociación (al menos de hecho, quedando a la voluntad de sus asociados el convertirse en una simple asociación del art. 46 Ver Texto ) ya goza de los derechos constitucionales pertinentes y ya se ha manifestado públicamente a través, entre otras formas, de la aparición de sus directivos en programas de televisión y de la publicación de "solicitadas" en medios gráficos, expresando sus ideas y su valoración acerca de la homosexualidad sin ningún tipo de limitación o censura que, por lo demás, no existen en nuestro país.

Podría sostenerse que la calidad social implícita en la autorización del art. 33 Ver Texto es una forma de expresar las ideas, pero ello no es para la autoridad administrativa que, como se dijo, no puede ser forzada, por la peticionante o por los jueces, a manifestarse, en un sentido contrario a sus convicciones, no existiendo derechos subjetivos realmente agraviados.

De la misma manera debe descartarse el agravio relativo al presunto efecto discriminatorio de la decisión administrativa aquí impugnada, en la medida que la situación de la actora no fue comparada con otras semejantes en su sustancia, donde la autorización haya sido concedida, ni, por las razones ya expuestas; se ha demostrado arbitrariedad en la motivación de la decisión administrativa que, por el contrario, responde a una opción moral por lo menos jurídicamente tan válida como la de la recurrente, sin colocarla en una situación jurídica desventajosa.

13) Que la decisión administrativa impugnada en las presentes actuaciones resulta conforme a lo dispuesto en el art. 16 Ver Texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (ley 23054 Ver Texto ) que en su art. 16, luego de reconocer a todas las personas el derecho a asociarse libremente con fines, en definitiva, de cualquier índole, afirma que "El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden público o para proteger la salud o la moral públicas..." (apartado 2). Tal conformidad resulta por demás evidente cuando, en el caso, no hay restricción alguna al derecho de asociación invocado por la recurrente, es decir no existe una actitud positiva del Estado que limite o restrinja tal derecho, sino una actitud negativa vinculada a una conducta de exclusivo interés estatal (la autorización), actitud que no agravia, limitando o restringiendo, el derecho de asociación de quienes se califican o consideran homosexuales , o de quienes -sean o no homosexuales- quieran formar parte de una asociación de homosexuales con el objeto explicitado por la recurrente. Por lo tanto no hay aquí, tampoco, discriminación alguna, por lo que la decisión impugnada no puede ser cuestionada frente a lo dispuesto por el art. 1 Ver Texto de la Convención citada o por la ley 23592 Ver Texto , cualquiera sea el alcance que quiera dársele a la expresión "sexo", en relación a la calidad de homosexual , como condición humana que no debe ser razón de discriminación, cuestión que es inconducente para la resolución de esta causa.

14) Que, complementando lo expuesto en los considerandos anteriores, debe destacarse que la autorización prevista en el art. 33 Ver Texto del Código Civil es de interés predominantemente estatal -para fomentar en los particulares su asociación con finalidades que el Estado considera de bien común- por lo cual -cuando expresa un interés sustancial estatal, según resulta de la motivación del acto administrativo cuestionado- su no otorgamiento no agravia derechos del peticionante ni puede importar discriminación alguna.

Muy por el contrario, la situación de la asociación autorizada es, desde cierta perspectiva, desventajosa con respecto a la que carece de tal calidad, ya que se encuentra sometida a los rigurosos controles establecidos por la ley 22315 (ver, por ejemplo, su art. 10 Ver Texto ) llegando, en su máximo grado, a la intervención y retiro de la autorización, según lo previsto en el art. 48 Ver Texto del Código Civil. Precisamente hay aquí un balance frente a la calidad social que otorga la autorización y los controles que justifican tal calidad social, balance que por sí mismo explica el sistema querido por el legislador: declarar, por medio de la autorización, que la sociedad tiene un fin de bien común supone y exige someterla a controles especiales, controles que no rigen para las simples asociaciones -que actúan en un ámbito de absoluta libertad, conforme con la ley- simplemente porque no gozan de aquella calidad social declarada por el Estado.

Basta esta comprobación para advertir el grado de discrecionalidad ubicada en cabeza de la autoridad competente en la materia, la carencia en el peticionante del derecho subjetivo a la autorización, la inexistencia de agravio constitucional y la ausencia de cualquier actitud, voluntad o efecto discriminatorio.

Por ello, se declaran improcedentes el recurso extraordinario y la queja. Hágase saber y, oportunamente, devuélvase el expediente principal y archívese la queja, dándose por perdido el depósito.

RODOLFO C. BARRA.

VOTO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON AUGUSTO CÉSAR BELLUSCIO

Considerando:

1º) Que la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la resolución Nº 001005 de la Inspección General de Justicia en cuanto denegó el pedido de otorgamiento de personalidad jurídica efectuado por la Comunidad Homosexual Argentina. Contra tal pronunciamiento, la actora interpuso el recurso extraordinario que fue concedido parcialmente, en cuanto se cuestionó el alcance de normas de carácter federal, y rechazado en lo referente a la arbitrariedad alegada. Este último rechazo dio lugar a la interposición de recurso de hecho.

2º) Que, para confirmar la decisión del organismo administrativo, el a quo partió de la base de que sólo le competía expedirse sobre la arbitrariedad de la decisión impugnada y no sobre su mérito y oportunidad, tópicos que escapan al control judicial. Interpretó el requisito de "bien común" impuesto por el art. 33 Ver Texto del Código Civil al objeto de las personas jurídicas a la luz de la filosofía tomista y de precedentes emanados de esta Corte, y juzgó que la resolución de la Inspección General de Justicia no carecía de razonabilidad, ya que había obrado dentro del ámbito de discrecionalidad que le confiere la ley. Agregó que la denegación del pedido sobre la base del reproche de la defensa pública de la homosexualidad no invade el ámbito de privacidad del art. 19 Ver Texto de la Constitución, no afecta al derecho de asociación consagrado por el art. 14 Ver Texto , ni infringe la ley 23592.

3º) Que la recurrente imputa a la resolución impugnada arbitrariedad por apoyarse en una circunstancia no demostrada en autos, cual es la suposición de que la entidad haría la pública defensa de la homosexualidad. Sostiene asimismo que interpreta inconstitucionalmente el artículo 33 Ver Texto del Código Civil pues no existe óbice para revisar judicialmente una denegación violatoria de la Constitución; que el concepto de bien común no puede ser construido sobre la base de una concepción religiosa o moral, sino de la Constitución, para la cual entiende que lo es todo aquello que promueva la más efectiva realización de los derechos que ella consagra y el más eficaz funcionamiento de los poderes del Estado, o bien todo aquello que haga posible que toda persona desarrolle plenamente sus potencialidades tendiendo al logro de su propia perfección; que afecta el derecho de asociación y el derecho a la libre expresión. Finalmente, afirma que su petición no afecta la protección constitucional de la familia, que su denegación viola la ley 23592 Ver Texto por ser arbitraria toda discriminación basada en aspectos que no dependen de la voluntad de las personas cuestionadas, y que el otorgamiento de la personalidad jurídica es necesario para la plena vigencia de los derechos constitucionales por tratarse de una minoría históricamente discriminada y cuya articulación la sociedad dificulta.

4º) Que es exacto que la sentencia recurrida da por cierto que la recurrente, en caso de concedérsele la personalidad jurídica, haría pública defensa de la homosexualidad, sin que tal circunstancia resulte de las actuaciones por lo que resulta una mera conjetura. Sin embargo, ello no resulta suficiente para descalificarla por arbitrariedad, ya que se basa también en otros fundamentos que -como se verá- resultan suficientes para darle sustento.

5º) Que, en primer lugar, la interpretación que hace el a quo del alcance de sus facultades revisoras de la resolución administrativa no viola precepto constitucional alguno ni se aparta de lo dispuesto en este aspecto por el Código Civil, pues el art. 45 Ver Texto , segundo párrafo, de este ordenamiento legal expresamente limita la posibilidad de revocación judicial de las decisiones administrativas sobre autorización de las personas jurídicas a los casos de ilegitimidad o arbitrariedad.

6º) Que, por otra parte, si bien es exacto que la noción del bien común al que se refiere el art. 33 Ver Texto del Código Civil no puede ser construida sobre la base de un dogma religioso, por más que sea compartido por la mayor parte de la población del país, el a quo no se ha limitado a basarla en consideraciones de esa índole sino que ha añadido precedentes de esta Corte y razonamientos propios que lo llevaron a la conclusión de que no mediaba arbitrariedad en la decisión administrativa. Es evidente que el art. 33 Ver Texto del Código Civil -cuya validez constitucional no ha sido puesta en tela de juicio ni aparece manifiesta- contrapone el bien común, esto es, el de la sociedad en general, al interés particular de los individuos que crean la entidad cuando exige que el primero sea el "principal objeto" de la asociación o fundación para que se autorice su funcionamiento como persona jurídica de carácter privado. Y también lo es que de los estatutos de la entidad peticionante no resulta que su principal objeto sea el exigido por la ley. Por el contrario, se presenta como primordial el bien de sus propios integrantes, que parecen querer entablar su propia defensa contra una supuesta discriminación. Independientemente del juicio moral que pueda merecer una desviación del instinto sexual cuyo orígenes no están bien precisados, tal discriminación no se da en nuestro país, donde -a diferencia de otros, inclusive algunos estados de los Estados Unidos, donde la sodomía es delito cuya represión ha sido admitida como constitucional por la Corte Suprema (Bowers v. Hardwick, 478 U.S. 186)- nunca ha existido punición penal de la homosexualidad, y personas que padecen tal desviación han ocupado destacados lugares en la vida artística, literaria y aún científica. La ausencia de interés social es marcada en ciertos campos en los que se pretende excluir la discriminación, pues algunos son totalmente ajenos al legislador -que no podría, por ejemplo, so color de impedir la discriminación religiosa, imponer a una comunidad religiosa la aceptación de sacerdotes homosexuales - y otros resulta difícil interpretarlos, ya que no se comprende en qué consiste la "discriminación en lo familiar", pues tampoco parece aconsejable, verbi gratia, poner en un pie de igualdad a personas de conducta sexual desviada frente a instituciones como la adopción o la tutela, aunque no se llegue al extremo de legalizar uniones homosexuales seudomatrimoniales. Por fin, aun cuando se admitiese que el concepto constitucional del bien común es el que sostiene la recurrente ("todo aquello que haga posible que toda persona desarrolle plenamente sus potencialidades tendiendo al logro de su propia perfección") no se advierte cuál es la perfección que puede alcanzarse mediante el desarrollo de la homosexualidad.

7º) Que la denegación de la personalidad jurídica solicitada por la recurrente no viola el derecho constitucional de asociarse con fines útiles. Fuera de que la impugnación constitucional se hace a la sentencia y no a la ley, tal derecho debe ser ejercitado, según lo que establece el propio art. 14 Ver Texto de la Constitución, conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Y el Código Civil lo ha reglamentado legítimamente, en este aspecto, al reconocer la personalidad jurídica sólo a las asociaciones que tengan por principal objeto el bien común, a más de otros requisitos, mas sin prohibir que funcionen -aunque sometidas a un régimen jurídico distinto pero atribuyéndoles, sin embargo, la calidad de sujetos de derecho- a las otras asociaciones civiles que no tengan existencia legal como personas jurídicas (art. 46 Ver Texto ). El derecho constitucional de asociarse de los integrantes de la entidad recurrente no está, pues, afectado, pues ella puede funcionar como simple asociación si cumple los requisitos de la mencionada disposición legal; y no puede invocar un derecho constitucional a ser persona jurídica y no mero sujeto de derecho, puesto que del mismo modo que el legislador pudo atribuir el carácter de personas jurídicas a las asociaciones cuyo principal objeto sea el bien común y negárselo a las demás, también habría podido hipotéticamente -sin salir del marco constitucional- negar la personalidad jurídica y considerar simples asociaciones a todas ellas, pues el derecho consagrado por la Ley Fundamental es el de asociarse y no el de acceder a la personalidad jurídica. Todo ello sin perjuicio de señalar que ni siquiera todos los argumentos invocados para demostrar el interés en la personalidad jurídica son exactos, ya que parte de la doctrina interpretativa del Código Civil acepta que las simples asociaciones, por su carácter de sujetos de derecho, puedan ser beneficiarias de disposiciones patrimoniales a título gratuito.
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