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Es decir que la Constitución Nacional no garantiza la irresponsabilidad en el ejercicio del mentado derecho, como es obvio, ni, como suele decirse, otorga al respecto un bill de indemnidad. Ante publicaciones de carácter perjudicial, no puede existir la más mínima duda acerca del derecho del Estado de reprimir o castigar a sus autores a través de los órganos jurisdiccionales correspondientes, sin por ello afectar la libertad de expresión (Fallos 167:121 Ver Texto ; 269:195 Ver Texto ; 293:560 Ver Texto).

Ello así porque, si bien es muy sabido, y sin que esto implique menguar en modo alguno la jerarquía que, por cierto le correspnde y se le reconoce a la libertad de prensa, que en nuestro derecho Constitucional no existen los derechos absolutos (Fallos 282:392 Ver Texto, consid. 4; 297:201 Ver Texto, consid. 7; 367, consid. 5; 300:381 Ver Texto, consid. 3; 300:700 Ver Texto, consid. 5; 302:1579 Ver Texto consids. 2 y 3, entre muchos otros), en el sub lite no hubo limitación al ejercicio pleno del derecho.

En el preciado campo de la doctrina, es bueno recordar que un jurista de la talla de Rodolfo Rivarola en su "Derecho Penal Argentino" dejó escrito al principio de siglo que "libertad de prensa es libertad de tener opiniones; libertad de decirlas, libertad de pensar en voz alta; no es libertad de calumniar e injuriar; no es libertad de publicar secretos personales o secretos de Estado; no es libertad de ofender sentimientos individuales o sociales de pudor", y que otro de la dimensión de Joaquín V. González en su célebre "Manual" dejó a su vez dicho que "la Constitución asegura la absoluta libertad de emitir ideas pero no la impunidad de las ofensas a la moral, al orden público, o a los derechos de terceros".

De allí que, en consonancia, ha expresado la Corte, puede afirmarse sin vacilación que "ni en la Constitución de los Estados Unidos ni en la nuestra ha existido el propósito de asegurar la impunidad de la prensa. Si la publicación es de carácter perjudicial, y si con ella se difama o injuria a una persona, se hace la apología del crimen, se incita a la rebelión o sedición, se desacata a las autoridades nacionales o provinciales, no pueden existir dudas acerca del derecho del Estado para reprimir o castigar tales publicaciones sin mengua de la libertad de prensa. Es una cuestión de hecho que apreciarán los jueces en cada caso" (Fallos 167; 191:138). Y en otros fallos, dictados varios años después, insistirá en que "el derecho que radica fundamentalmente en el reconocimiento de que todos los hombres gozan de la facultad de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, no trae aparejada la impunidad de quien utiliza la prensa como un medio para cometer delitos comunes previstos en el Código Penal" (Fallos 269; 189 Ver Texto, consid. 4; 269; 195 Ver Texto, consid. 5), lo cual, por cierto, es extensible a los ilícitos que pueden derivar de regulaciones del derecho civil.

Estimo de conveniencia recordar en el sub examine todo ello, a pesar de que, como queda dicho, no considero que se encuentren aquí en análisis los alcances de la garantía constitucional de la libertad de prensa, desde que en el caso -vale repetirlo- la publicación de la fotografía conflictiva se efectuó sin ningún tipo de cortapisa-, porque suele ser una común y reiterada desnaturalización de un derecho tan principal como el aludido, su utilización para satisfacer al unísono oscuros y bajos intereses comerciales e instintivos, mediante el atropello de derechos personales no menos defendibles y respetables.

En el sub lite, a su vez, cabe advertir que la condena dispuesta contra la demandada encuentra su apoyo no en la inteligencia asignable a la garantía constitucional de referencia, sino en la violación de la norma común contenida en el art. 1071 bis Ver Texto CCiv. Por tanto, el vínculo existente entre las normas fundamentales que invoca la accionada y los fundamentos del fallo en recurso no es estrecho ni inmediato, como es menester para que se configure la cuestión federal en los términos del art. 14 Ver Texto ley 48, sino indirecta al interponerse la presencia de una norma de derecho común acerca de cuya inteligencia no le corresponde inmiscuirse a la Corte Suprema en esta instancia de excepción, la que tampoco está habilitada para valorar los hechos que conforman el caso (conf. doct. de Fallos 238:489).

Eventualmente, lo que hubiera cabido invocar en el sub judice habría sido la arbitrariedad presunta del fallo, pero de las argumentaciones del recurso no cuadra entender que se lo intente fundar sobre esa tacha, toda vez que no se señalan defectos graves de fundamentación o de razonamiento en los estrictos términos de dicha excepcional doctrina, sino que sólo exprésase la mera discrepancia de la apelante con los alcances interpretativos asignados por el juzgador a las normas aplicables, lo cual, como V.E. lo tiene muy reiterado, no alcanza para fundar la apelación federal con referencia a aquella doctrina (Fallos 286:212 Ver Texto ; 289:406 Ver Texto ; 402:1558, etc.).

Por consiguiente, opino que el remedio federal interpuesto en autos ha sido mal concedido.- Juan O. Gauna.

Buenos Aires, diciembre 11 de 1984.- Considerando: 1. Que la sentencia de la sala F de la C. Nac. Civ. confirmó al dictada en primera instancia, que hizo lugar a la demanda que perseguía la reparación de los daños y perjuicios ocasionados por la violación del derecho a la intimidad del Dr. Ricardo Balbín, a raíz de la publicación de una fotografía suya cuando se encontraba internado en una clínica, sobre la base de lo dispuesto por el art. 1071 bis Ver Texto CCiv. Contra ella la demandada dedujo recurso extraordinario, que fue concedido. Sostiene la recurrente que el fallo impugnado resulta violatorio de los arts. 14 Ver Texto y 32 Ver Texto CN.

2. Que en autos existe cuestión federal bastante en los términos del art. 14 Ver Texto ley 48, ya que si bien la sentencia impugnada se sustenta en el art. 1071 bis Ver Texto CCiv., el a quo, para resolver la aplicabilidad de la norma citada, efectuó una interpretación de la garantía constitucional de la libertad de prensa contraria a los derechos que en ella funda el apelante.

3. Que esta causa se origina en la demanda por daños y perjuicios promovida por la esposa y el hijo del Dr. Ricardo Balbín, fallecido el 9/9/1981, contra Editorial Atlántida S.A. propietaria de la revista "Gente y la actualidad", Carlos Vigil y Aníbal Vigil, debido a que dicha revista, en su n. 842 del 10/9/1981, publicó en su tapa una fotografía del Dr. Balbín cuando se encontraba internado en la sala de terapia intensiva de la Clínica Ipensa de la ciudad de La Plata, la que ampliada con otras en el interior de la revista, provocó el sufrimiento y mortificación de la familia del Dr. Balbín y la desaprobación de esa violación a la intimidad por parte de autoridades nacionales, provinciales, municipales, eclesiásticas y científicas. Los demandados, que reconocen la autenticidad de los ejemplares y las fotografías publicadas en ella, admiten que la foto de tapa no ha sido del agrado de mucha gente y alegan en su defensa el ejercicio sin fines sensacionalistas, crueles o morbosos, del derecho de información, sosteniendo que se intentó documentar una realidad; y que la vida del Dr. Balbín, como hombre público, tiene carácter histórico, perteneciendo a la comunidad nacional, no habiendo intentado infringir reglas morales, buenas costumbres o ética periodística.

4. Que en tal sentido, en su recurso extraordinario de fs. 223/230 el recurrente afirma no haber excedido "el marco del legítimo y regular ejercicio de la profesión de periodista, sino que muy por el contrario, significó un modo -quizá criticable pero nunca justiciable- de dar información gráfica de un hecho de gran interés general", fundamentando en razones de índole periodística la publicación de la fotografía en cuestión, por todo lo cual no pudo violar el derecho a la intimidad en los términos que prescribe el art. 1071 bis Ver Texto CCiv..

5. Que en el presente caso, si bien no se encuentra en juego el derecho de publicar las ideas por la prensa sin censura previa (art. 14 Ver Texto CN.) sino los límites jurídicos del derecho de información en relación directa con el derecho a la privacidad o intimidad (art. 19 Ver Texto CN.), corresponde establecer en primer término el ámbito que es propio de cada uno de estos derechos. Que esta Corte, en su condición de intérprete final de la Constitución Nacional, ha debido adecuar el derecho vigente a la realidad comunitaria para evitar la cristalización de las normas y preceptos constitucionales. Que la consagración del derecho de prensa en la Constitución Nacional, como dimensión política de la libertad de pensamiento y de la libertad de expresión, es consecuencia, por una parte, de las circunstancias históricas que condujeron a su sanción como norma fundamental, y por la otra, la de la afirmación, en su etapa artesanal, del libre uso de la imprenta como técnica de difusión de las ideas frente a la autoridad que buscaba controlar ese medio de comunicación mediante la censura; de ahí que la reivindicación estuvo referida a la difusión y expresión de los "pensamiento y las opiniones" conforme lo estableciera la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789 y, por tanto, a garantizar la libre publicación de las ideas. La prensa pasó a ser un elemento integrante del estado constitucional moderno, con el derecho e incluso el deber de ser independiente a la vez que responsable ante la justicia de los delitos o daños cometidos mediante su uso, con la consecuencia jurídica del ejercicio pleno de dicha libertad. Es así como esta Corte dijo que "ni en la Constitución de los Estados Unidos ni en la nuestra ha existido el propósito de asegurar la impunidad de la prensa. Si la publicación es de carácter perjudicial, y si con ella se difama o injuria a una persona, se hace la apología del crimen, se incita a la rebelión o sedición, se desacata a las autoridades nacionales o provinciales, no pueden existir dudas acerca del derecho del Estado para reprimir o castigar tales publicaciones sin mengua de la libertad de prensa. Es una cuestión de hecho que apreciarán los jueces en cada caso" (Fallos 167:138) y que "este derecho radica fundamentalmente en el reconocimiento de que todos los hombres gozan de la facultad de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, esto es, sin el previo contralor de la autoridad sobre lo que se va a decir; pero no en la subsiguiente impunidad de quien utiliza la prensa como un medio para cometer delitos comunes previstos en el Código Penal" (Fallos 269:195 Ver Texto, consid. 5).

6. Que elevado el derecho de prensa a la categoría de un derecho individual autónomo, la legislación sobre la prensa garantizó su ejercicio estableciendo criterios e inmunidades con el objeto de impedir la intromisión arbitraria del Estado, tanto en la publicación como a las empresas que realizaban la publicación, asegurando la libre iniciativa individual, la libre competencia y la libertad de empresa considerados elementos esenciales para la autonomía humana.

7. Que las profundas transformaciones producida como consecuencia del tránsito de la sociedad tradicional, de tipo rural y agrícola, a la sociedad industrial, de tipo urbano, y los avances de la ciencia y de la técnica y el consecuente proceso de masificación, influyeron en los dominios de la prensa toda vez que las nuevas formas de comercialización e industrialización afectaron el ejercicio de publicar, la iniciativa y la libre competencia, hasta entonces concebidos en términos estrictamente individuales. El desenvolvimiento de la economía de la prensa y la aparición de las nuevas técnicas de difusión e información -cine, radio, televisión-, obligan a un reexamen de la concepción tradicional del ejercicio autónomo del derecho individual de emitir y expresar el pensamiento. De este modo, se hace necesario distinguir entre el ejercicio del derecho de la industria o comercio de la prensa, cine, radio y televisión; el derecho individual de información mediante la emisión y expresión del pensamiento a través de la palabra impresa, el sonido y la imagen, y el derecho social a la información. Es decir, el derecho empresario, el derecho individual y el derecho social, que se encuentran interrelacionados y operan en función de la estructura de poder abierto que caracteriza a al sociedad argentina.

8. Que en cuanto al derecho a la privacidad e intimidad su fundamento constitucional se encuentra en el art. 19 Ver Texto CN. En relación directa con la libertad individual protege jurídicamente un ámbito de autonomía individual constituida por los sentimientos, hábitos y costumbres, las relaciones familiares, la situación económica, las creencias religiosas, la salud mental y física y, en suma, las acciones, hechos o datos que, teniendo en cuenta las formas de vida aceptadas por la comunidad están reservadas al propio individuo y cuyo conocimiento y divulgación por los extraños significa un peligro real o potencial para la intimidad. En rigor, el derecho a la privacidad comprende no sólo al a esfera doméstica, el círculo familiar y de amistad, sino a otros aspectos de la personal espiritual o física de las personas, tales como la integridad corporal o la imagen y nadie puede inmiscuirse en la vida privada de una persona ni violar áreas de su actividad no destinadas a ser difundidas, sin su consentimiento o el de sus familiares autorizados para ello y sólo por ley podrá justificarse la intromisión, siempre que medie un interés superior en resguardo de la libertad de los otros, la defensa de la sociedad, las buenas costumbres o la persecución del crimen.

9. Que en el caso de personajes célebres, cuya vida tiene carácter público o de personajes populares, su actuación pública o privada puede divulgarse en lo que se relacione con la actividad que les confiere prestigio o notoriedad y siempre que lo justifique el interés general. Pero ese avance sobre la intimidad no autoriza a dañar la imagen pública o el honor de estas personas y menos sostener que no tienen un sector o ámbito de vida privada protegida de toda intromisión. Máxime cuando con su conducta a lo largo de su vida, no ha fomentado las indiscreciones ni por propia acción, autorizado, tácita o expresamente la invasión a su privacidad y la violación del derecho a su vida privada en cualquiera de sus manifestaciones.

10. Que en el caso sub examine la publicación de la fotografía del Dr. Ricardo Balbín efectuada por la revista "Gente y la actualidad" excede el límite legítimo y regular del derecho a la información, toda vez que la fotografía fue tomada subrepticiamente la víspera de su muerte en la sala de terapia intensiva del sanatorio en que se encontraba internado. Esa fotografía, lejos de atraer el interés del público, provocó sentimientos de rechazo y de ofensa a la sensibilidad de toda persona normal. En consecuencia, la presencia no autorizada ni consentida de un fotógrafo en una situación límite de carácter privado que furtivamente toma una fotografía con la finalidad de ser nota de tapa en la revista "Gente y la actualidad" no admite justificación y su publicación configura una violación del derecho a la intimidad.

Por ello, se admite el recurso extraordinario y se confirma la sentencia en lo que fue materia de recurso. Con costas.- Genaro R. Carrió.- Carlos S. Fayt. Según su voto: José S. Caballero.- Augusto C. Belluscio.- Enrique S. Petracchi.

VOTO DE LOS DRES. CABALLERO Y BELLUSCIO.- Considerando: 1. Que la sentencia de la sala F de la C. Nac. Civ. confirmó la dictada en primera instancia, que había hecho lugar a la demanda de reparación de los daños y perjuicios ocasionados por la violación del derecho a la intimidad del Dr. Ricardo Balbín, a raíz de la publicación de una fotografía suya tomada sin su consentimiento cuando estaba internado en una clínica, por lo dispuesto en el art. 1071 bis Ver Texto CCiv. Contra ella la demandada dedujo recurso extraordinario, que fue concedido, en el cual sostiene que resulta violatoria de los arts. 14 Ver Texto y 32 Ver Texto CN.

2. Que en autos existe cuestión federal bastante en los términos del art. 14 Ver Texto inc. 3 ley 48, y que si bien la sentencia impugnada se sustenta en el art. 1071 bis Ver Texto CCiv., al considerar el agravio referente a la libertad de prensa, el a quo decidió en forma contraria a las pretensiones del recurrente la cuestión constitucional que éste había fundado en los arts. 14 Ver Texto y 32 Ver Texto Carta Magna.

3. Que esta causa se origina en la demanda de daño y perjuicio promovida por la esposa y el hijo del Dr. Ricardo Balbín, fallecido el 9/9/1981, contra Editorial Atlántida S.A., propietaria de la revista "Gente y la actualidad", Carlos Vigil y Aníbal Vigil, debido a que dicha revista, en su n. 842 del 10/9/1981, publicó en su tapa una fotografía tomada al Dr. Balbín cuando estaba internado en la sala de terapia intensiva de la Clínica Ipensa de la ciudad de La Plata, la cual -ampliada con otras en el interior de la revista- provocó el sufrimiento y la mortificación de la familia del enfermo. Los demandados, que reconocen la autenticidad de los ejemplares y las fotografías publicadas en ella, admiten que la foto de tapa no ha sido del agrado de mucha gente, y alegan en su defensa el ejercicio sin fines sensacionalistas, crueles o morbosos, del derecho de información, sosteniendo que se intentó documentar una realidad; y que la vida del Dr. Balbín, como hombre público, tiene carácter histórico, pertenece a la comunidad nacional, sin que se haya intentado infringir reglas morales, buenas costumbres o ética periodística.

4. Que si bien la jurisprudencia del tribunal, la libertad en que se funda el recurso aparece frecuentemente designada con las denominaciones literales que le da la Constitución, o sea, libertad de imprenta, libertad de publicar las ideas por la prensa sin censura previa y libertad de prensa (Fallos 248:291 Ver Texto, consid. 23; 248:664 Ver Texto; 269:189 Ver Texto, 195 Ver Texto y 200 Ver Texto ; 270:268 Ver Texto ; 293:560 Ver Texto), en Fallos 257:308 Ver Texto, consid. 9 la Corte, refiriéndose a la garantía de los arts. 14 Ver Texto y 32 Ver Texto de la Constitución, recalcó "las características del periodismo moderno, que responden al derecho de información sustancial de los individuos que viven en un estado democrático", conceptos que también fueron subrayados en el voto concurrente del Dr. Boffi Boggero, al afirmar que "la comunidad, dentro de una estructura como la establecida por la Constitución Nacional, tiene derecho a una información que le permita ajustar su conducta a las razones y sentimientos por esa información sugeridos; y la prensa satisface esa necesidad colectiva" (voto cit., consid. 7).

En Fallos 282:392 Ver Texto se extendieron dichos conceptos: i) "la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión cubre las manifestaciones recogidas y vertidas por la técnica cinematográfica" (consid. 3), y en el consid. 5 se aludió, además, a la libertad de expresión oral, escrita o proyectada.

En consecuencia, cabe concluir que el sentido cabal de las garantías concernientes a la libertad de expresión contenidas en los arts. 14 Ver Texto y 32 Ver Texto CN. ha de comprenderse más allá de la nula literalidad de las palabras empleadas en estos textos, que responden a la circunstancia histórica en la que fueron sancionadas. El libre intercambio de ideas, concepciones y críticas no es bastante para alimentar el proceso democrático de toma de decisiones; ese intercambio y circulación debe ir acompañado de la información acerca de los hechos que afectan al conjunto social o a alguna de sus partes. La libertad de expresión contiene, por lo tanto, la de información, como ya lo estableció, aunque en forma más bien aislada, la jurisprudencia de este tribunal. Por otra parte, el art. 13 Ver Texto inc. 1 Convención Americana de Derechos Humanos, llamada Pacto de San José de Costa Rica, ratificada por la ley 23054, contempla el derecho de toda persona a la libertad de pensamiento y de expresión, la cual "comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección".

En consecuencia, la libertad de expresión, garantizada por los arts. 14 Ver Texto y 32 Ver Texto CN. y por el art. 13 Ver Texto Convención Americana de Derechos Humanos, incluye el derecho a dar y recibir información, especialmente sobre asuntos atinentes a la cosa pública o que tengan relevancia para el interés general.

5. Que, no obstante, el aludido derecho a la libre expresión e información no es absoluto en cuanto a las responsabilidades que el legislador puede determinar a raíz de los abusos producidos mediante su ejercicio, sea por la comisión de delitos penales o de actos ilícitos civiles. En ese sentido, el tribunal ha expresado que aun cuando la prohibición de restringir la libertad de imprenta comprende algo más que la censura anticipada de las obligaciones, no pueden quedar impunes las que no consistan en la discusión de los intereses y asuntos generales, y sean, por el contrario, dañosas a la moral y seguridad públicas, como las tenientes a excitar la rebelión y la guerra civil, o las que afectan la reputación de los particulares (Fallos 119:231); que el principio de la libertad del pensamiento y de la prensa, excluye el ejercicio del poder restrictivo de la censura previa, pero en manera alguna exime de responsabilidad al abuso y al delito en que se incurra por este medio, esto es, mediante publicaciones en las que la palabra impresa no se detiene en el uso legítimo de aquel derecho, incurriendo en excesos que las leyes definen como contrarios al mismo principio de libertad referido, al orden y al interés social (Fallos 155:57); que resulta preciso advertir que la verdadera esencia de este derecho radica fundamentalmente en el reconocimiento de que todos los hombres gozan de la facultad de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, esto es, sin el previo control de la autoridad sobre lo que se va a decir, pero no en la subsiguiente impunidad de quien utiliza la prensa como un medio para cometer delitos comunes previstos en el Código Penal (Fallos 269:189 Ver Texto, consid. 4; 269:195, consid. 5); y, con fórmula aún más amplia, que la garantía constitucional de la libertad de imprenta radica fundamentalmente en el reconocimiento de que todos los hombres gozan de la facultad de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, esto es, sin el previo control de la autoridad sobre lo que se va a decir, pero no en la subsiguiente impunidad de quien utiliza la prensa como un medio para cometer delitos comunes previstos en el Código Penal, o de quienes se proponen violentar el derecho constitucional respecto a las instituciones de la República, o alterar el bienestar general o la paz y seguridad del país, o afectar las declaraciones, derechos y garantías de que gozan todos los habitantes de la Nación (Fallos 293:560 Ver Texto).

6. Que por tanto, la protección del ámbito de intimidad de las personas tutelado por la legislación común no afecta la libertad de expresión garantizada por la Constitución ni cede ante la preeminencia de ésta; máxime cuando el art. 1071 bis Ver Texto CCiv. es consecuencia de otro derecho inscripto en la propia constitución, también fundamental para la existencia de una sociedad libre, el derecho a la privacidad, consagrado en el art. 19 Ver Texto de la Carta Magna, así como también el art. 11 Ver Texto incs. 2 y 3 del ya mencionado Pacto de San José de Costa Rica, según los cuales nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación, y toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques.

7. Que, a la luz de tales principios, no puede ser admitida la pretensión de la demandada de que el interés general en la información concerniente a un hombre público prominente justifica la invasión de su esfera de intimidad.

Las personas célebres, los hombres públicos, tienen, como todo habitante, el amparo constitucional para su vida privada. Según lo juzga acertadamente el a quo, el interés público existente en la información sobre el estado de salud del Dr. Ricardo Balbín en su última enfermedad, no exigía ni justificaba una invasión a su más sagrada esfera de privacidad, como ocurrió con la publicación de la fotografía que da fundamento al litigio, cuya innoble brutalidad conspira contra la responsabilidad, la corrección, el decoro, y otras estimables posibilidades de la labor informativa, y la libertad que se ha tomado la demandada para publicarla ha excedido la que defiende, que no es la que la Constitución protege y la que los jueces están obligados a hacer respetar.

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