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Ponzetti de Balbín, Indalia E. v. Editorial Atlántida S.A. • 11/12/1984

Cita Fallos Corte: 306:1892



SUMARIOS:

1 - El derecho a la privacidad e intimidad encuentra su fundamento constitucional en el art. 19 CN. Ver Texto En relación directa con la libertad individual protege jurídicamente un ámbito de autonomía individual, constituida por los sentimientos, hábitos y costumbres, las relaciones familiares, la situación económica, las creencias religiosas, la salud mental y física y, en suma, las acciones, hechos y datos que teniendo en cuenta las formas de vida aceptadas por la comunidad están reservadas al propio individuo y cuyo conocimiento y divulgación por los extraños significa un peligro real o potencial para la intimidad. En rigor, el derecho a la privacidad comprende no sólo a la esfera doméstica, el círculo familiar o de amistad, sino otros aspectos de la personalidad espiritual o física de las personas tales como la integridad corporal o la imagen, y nadie puede inmiscuirse en la vida privada de una persona, ni violar áreas de su actividad, no destinadas a ser difundidas sin su consentimiento o el de sus familiares, autorizados para ello y sólo por ley podrá justificarse la intromisión, siempre que medie un interés superior en resguardo de la libertad de los otros, la defensa de la sociedad, las buenas costumbres o la persecución del crimen (Voto de los Dres. Carrió y Fayt) .

2 - En el caso, de personajes célebres cuya vida tiene carácter público o de personajes populares, su actuación pública o privada puede divulgarse en lo que se relaciona con la actividad que les confiere prestigio o notoriedad y siempre que lo justifique el interés general. Pero ese avance sobre la intimidad no autoriza a dañar la imagen pública o el honor de estas personas y menos sostener que no tienen un sector o ámbito de vida privada protegida de toda intromisión. Máxime cuando con su conducta a lo largo de su vida, no ha fomentado las indiscreciones ni por propia acción, autorizado, tácita o expresamente la invasión a su privacidad y la violación al derecho a su vida privada en cualesquiera de sus manifestaciones (Voto de los Dres. Carrió y Fayt) .

3 - La publicación de la fotografía de un destacado político argentino efectuada por una revista excede el límite legítimo y regular del derecho a la información, toda vez que la fotografía fue tomada subrepticiamente, la víspera de su muerte en la sala de terapia intensiva en el sanatorio en que se encontraba internado. Esa fotografía, lejos de atraer el interés del público, provocó sentimientos de rechazo y de ofensa a la sensibilidad de toda persona normal. La presencia no autorizada ni consentida de un fotógrafo en una situación límite de carácter privado, que furtivamente toma una fotografía con la finalidad de ser nota de tapa de una revista, no admite justificación y su publicación configura una violación del derecho a la intimidad Voto de los Dres. Carrió y Fayt) .

4 - La protección del ámbito de intimidad de las personas tutelado por la legislación común no afecta la libertad de expresión garantizada por la Constitución ni cede ante la preeminencia de ésta; máxime, cuando el art. 1071 bis CC. Ver Texto es consecuencia de otro derecho inscripto en la propia Constitución, también fundamental para la existencia de una sociedad libre, el derecho a la privacidad consagrado en el art. 19 de la Carta Magna Ver Texto, así como también en el art. 11 incs. 2 y 3 Ver Texto del Pacto de San José de Costa Rica, según los cuales nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de sus amigos, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación, y toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques. A la luz de tales principios no puede ser admitida la pretensión de la demandada de que el interés general en la información concerniente a un hombre público prominente, justifica la invasión de su esfera de intimidad. Las personas célebres, los hombres públicos tienen, como todo habitante, el amparo constitucional para su vida privada. El interés público existente en la información sobre su salud en su última enfermedad, no exigía ni justificaba una invasión a su más sagrada esfera de privacidad, como ocurrió con la publicación de la fotografía que da fundamento al litigio, cuya innoble brutalidad conspira contra la responsabilidad, la corrección, el decoro y otras estimables posibilidades de la labor informativa, y la libertad que se ha tomado la demandada para publicarla ha excedido la que se defiende, que no es la que la Constitución protege y la que los jueces están obligados a hacer respetar (Voto de los Dres. Caballero y Belluscio) .

5 - El lugar eminente que, sin duda tiene en el régimen republicano la libertad de expresión -comprensiva de la de información- obliga a particular cautela en cuanto se trate de reducir responsabilidades por su ejercicio. Empero, ello no autoriza al desconocimiento del derecho de privacidad, integrante también del esquema de la ordenada libertad prometida por la Constitución mediante acciones que invadan al reducto individual, máxime cuando ello ocurre de manera incompatible con elementales sentimientos de decencia y decoro Voto de los Dres. Caballero y Belluscio) .

6 - Normalmente el planteamiento del tema bajo examen plantea un conflicto entre dos garantías constitucionales: la libertad de prensa y el derecho a la intimidad, constituyendo el punto de partida el enunciado de que libertad de expresión que consagran los arts. 14 Ver Texto y 32 Ver Texto CN. no es absoluta ni ilimitada ni está exenta de responsabilidad. Empero, las referidas proposiciones que a juicio de este tribunal son correctas, requieren sin embargo de una adecuada fundamentación como de precisiones y matices. Es forzoso establecer si la conducta reprochada en esta causa se halla incluida en la esfera de actividad protegida por los arts. 14 Ver Texto y 32 Ver Texto de nuestra Carta Magna. Es indudable que el objeto de las garantías constitucionales aludidas es la comunicación de ideas e información, la expresión o exteriorización de pensamientos o de conocimientos. Las características del periodismo moderno responden al derecho de información sustancial de los individuos que viven en un Estado democrático. Y cabe concluir que el sentido cabal de tales garantías ha de comprenderse más allá de la nuda literalidad de las palabras empleadas en esos textos. Históricamente la preocupación ya de la Junta Superior, llamada Junta Grande (el 20/4/811) fue la de echar los basamentos del régimen republicano, para cuya existencia es indispensable la libre discusión de las cuestiones públicas. Respecto al sentido con el que quepa afirmar que la libertad de expresión instaurada por nuestra Carta Magna no es absoluta, no debe ser descuidadamente generalizada porque generalizar de tal manera suele ser una peligrosa forma de omitirla. Existe un aspecto de la libertad de expresión en que ésta adquiere los caracteres de un derecho absoluto, no susceptible de ser reglamentada por la ley. Se trata de la prohibición de la censura previa que, según toda nuestra doctrina, es la esencia misma de la garantía Voto del Dr. Petracchi) .

7 - En la jurisprudencia de la Corte se halla apenas esbozada la idea -tan desarrollada en la doctrina de la Corte Suprema de los Estados Unidos- según la cual, en el campo de la manifestación de opiniones, sobre todo sociales y políticas, la libertad de expresión debe ser sopesada con los valores relativos a la seguridad e incolumidad de las instituciones constitucionales (balancing test). La pauta aceptada para llegar al punto de equilibrio es la del peligro claro y actual, complementado por el de la inminencia del daño. En la tarea armonizadora entre la libertad de expresión y otros intereses públicos, ha de advertirse el rango superior que en el sistema democrático constitucional que nos rige posee la libertad de expresión. Si la protección al ámbito de intimidad no tuviera otro rasgo que el de un respetable interés de los particulares dotados de tutela por la legislación común, podría acaso llegar a asistir razón al apelante que funda su derecho en la preeminencia de la libertad de expresión. Empero, el mencionado art. 1071 bis es la consecuencia de otro derecho inscripto en la propia Constitución, también fundamental para la existencia de una sociedad libre, o sea, el derecho a la privacidad. Tampoco la Constitución de los EE.UU. de América contiene previsiones literales sobre el derecho a la privacidad (right of privacy) pero ello no ha impedido que la Corte Suprema de aquel país lo considerase emergente de distintos derechos consagrados con claridad, y que importan manifestaciones del concepto más general y no escrito del derecho a la inviolabilidad de la esfera íntima. En la declaración de derechos específicos existen garantías que tienen una zona de penumbra, formada por emanaciones de otras garantías que contribuyen a darle vida y sustancia. Varias garantías crean zonas de privacidad. Y si ello es así en el país del Norte parecería ocioso reproducir los razonamientos que permitieron elaborar esa doctrina si se entiende que en nuestro derecho la primera parte del art. 19 de la Constitución Nacional Ver Texto proporciona directo y exhaustivo fundamento al derecho de privacidad. Es preferible, sin embargo, decir que aquél se encuentra en la "penumbra" del art. 19 que, en esta materia, no ahorra un proceso de inferencia al estilo del efectuado por la jurisprudencia norteamericana, pero amplía y consolida la base de esas inferencias (Voto del Dr. Petracchi) .

8 - El baluarte de la sociedad libre que se supone es el art. 19 de la ley fundamental Ver Texto, no ha podido limitarse a consagrar la libertad interior para negar la exterior, separando lo que por ser entrañable no se puede dividir sin desgarramiento. Sólo un pensamiento poco sazonado dejaría de advertir que la conciencia subjetiva también depende de los factores objetivos que forman el contexto de la personalidad y que, además, la vieja noción de la inaccesibilidad del foro interno, está derrotada por el avance de los medios técnicos de invasión y manipulación de la conciencia individual, de modo que en la época del "lavado de cerebro" adquiere su mayor valor los severos principios limitativos de la actividad estatal, que una lectura humanista y fiel al sentido básico de la norma halla sin esfuerzo en el art. 19 CN. Ver Texto Se deduce de esa disposición que ella considera "acciones privadas de los hombres" no sólo las acciones interiores, sino también a las exteriores (Voto del Dr. Petracchi) .

9 - El derecho a la autodeterminación de la conciencia requiere la protección integral del ámbito privado también con el sentido material para que aquel acto o propósito espiritual no se frustre. La protección material del ámbito de privacidad resulta uno de los mayores valores del respeto a la dignidad de la persona y un rasgo diferencial entre el estado de derecho democrático y las formas políticas, autoritarias y totalitarias (Voto del Dr Petracchi) .

10 - Ni en el derecho constitucional norteamericano ni en el nuestro basta la protección adecuada del ámbito de la privacidad, las garantías de libertad de conciencia, de expresión, de la inviolabilidad del domicilio y los papeles privados, de no ser obligado a declarar contra sí mismo (arts. 14 Ver Texto y 18 Ver Texto CN.); de la inmunidad contra el alojamiento forzado de tropas (art. 17 in fine Ver Texto) que la Ley Fundamental consagra. Más allá de ella, como parte integrante del esquema de "libertad ordenada" que da forma a la estructura interna, a la médula y los huesos de la Constitución, y sostiene todos sus elementos se halla el derecho genérico al aseguramiento incluso en lo material- de un arena de exclusión sólo reservada a cada persona y sólo penetrable por su libre voluntad. Tal exclusión no sólo se impone como un límite al poder estatal, sino también a la acción de los particulares, especialmente cuando éstos integran grupos que, en el presente grado de desarrollo de los medios de comunicación, se han convertido en factores que ejercen un poder social considerable, ante los cuales no cabe dejar inermes a los ciudadanos (Voto del Dr. Petracchi) .

11 - Las profundas transformaciones producidas como consecuencia del tránsito de la sociedad tradicional de tipo rural y agrícola, a la sociedad industrial, de tipo urbano, y los avances de la ciencia y de la técnica y el consecuente proceso de masificación, influyeron en los dominios de la prensa toda vez que las nuevas formas de comercialización e industrialización, afectaron el ejercicio de publicar, la iniciativa y la libre competencia, hasta entonces concebidos en términos estrictamente individuales. El desenvolvimiento de la economía de la prensa y la aparición de las nuevas técnicas de difusión e información -cine, radio, televisión-, obligan a un reexamen de la condición tradicional del ejercicio autónomo del derecho individual de información, mediante la emisión y expresión del pensamiento a través de la palabra impresa, el sonido y la imagen; y el derecho social a la información. Es decir, el derecho empresario, el derecho individual y el derecho social, que se encuentran interrelacionados y operan en función de la estructura del poder abierto que caracteriza a la sociedad argentina (Voto de los Dres. Carrió y Fayt) .

12 - El sentido cabal de las garantías concernientes a la libertad de expresión contenida en los arts. 14 Ver Texto y 32 Ver Texto CN. ha de comprenderse más allá de la nuda literalidad de las palabras empleadas en esos textos, que responden a la circunstancia histórica, en la que fueron sancionados. El libre intercambio de ideas, concepciones y críticas, no es bastante para alimentar el proceso democrático de toma de decisiones; ese intercambio y circulación debe ir acompañado de la información acerca de los hechos que afectan al conjunto social o a algunas de sus partes. La libertad de expresión contiene, por lo tanto, la de información como ya lo estableció la jurisprudencia de este tribunal. El art. 13 inc. 1 Ver Texto de la Convención Americana de Derechos Humanos, llamada Pacto de San José de Costa Rica, ratificada por la ley 23054 Ver Texto, contempla el derecho de toda persona a la libertad de pensamiento y de expresión, la cual, "comprende la libertad de buscar, recibir y difundir, información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección". En consecuencia, la libertad de expresión, garantizada por los arts. 14 Ver Texto y 32 Ver Texto CN. y por el art. 13 Ver Texto de la Convención Americana de Derechos Humanos, incluye el derecho a dar y recibir información, especialmente sobre asuntos atinentes a la cosa pública o que tengan relevancia para el interés general (Voto de los Dres. Caballero y Belluscio) .

13 - El derecho a la libre expresión e información no es absoluto en cuanto a las responsabilidades que el legislador puede determinar a raíz de los abusos producidos mediante su ejercicio, sea por la comisión de delitos penales o de actos ilícitos civiles. La Corte ha expresado que aun cuando la prohibición de restringir la libertad de imprenta comprende algo más que la censura anticipada de las publicaciones, no pueden quedar impunes las que no consistan en la discusión de los intereses y asuntos generales, y sean, por el contrario dañosas a la moral y seguridad públicas, como las tendientes a excitar la rebelión y la guerra civil o las que afectan la reputación de los particulares. El principio de la libertad de pensamiento y de la prensa, excluye el ejercicio del poder restrictivo de la censura previa, pero en manera alguna exime de responsabilidad al abuso y al delito en que se incurra por este medio (Voto de los Dres. Caballero y Belluscio) .

14 - Aparte de la exclusión total de la censura previa, el derecho a la libre expresión no es absoluto en cuanto a las responsabilidades que el legislador puede determinar a raíz de los abusos producidos mediante su ejercicio. No es compartible el criterio clásico enunciado por Blackstone que no resulta corolario de una reflexión de filosofía política sobre la Democracia constitucional sino que, simplemente resume la situación del derecho inglés en sus tiempos y aparece, por su generalidad, y por la simplificación que comporta, poco conciliable con la fecunda idea consagrada en los precedentes de la Suprema Corte de los Estados Unidos como el de Whitney v. California. Ocurre, en efecto, que en aquella doctrina la posibilidad de sancionar los abusos esta enunciada sin condiciones que excluyan la aplicación de criterios arbitrarios, sin advertir que las sanciones a posteriori pueden servir tanto como la censura previa para una política de supresión de la libertad de expresión. Existen precedentes del tribunal que indican que esa doctrina no es la que muestra el estado actual de su evolución (Voto del Dr. Petracchi) .

15 - Se puede avanzar en la búsqueda de una mayor precisión en los límites de la potestad estatal frente a las acciones privadas, no bien se observa que el art 19 CN integra el esquema de "la ordenada libertad" que ella proclama y sostiene. La base de esa norma es la base misma de la libertad moderna, o sea la autonomía de la conciencia y la voluntad personal, la convicción según la cual es exigencia elemental de la ética que los actos dignos de mérito se realicen fundados en la libre, incoacta creencia del sujeto en los valores que lo determinan. En el siglo pasado Cooley acuñó la expresión -que se ha tornado clásica con referencia al derecho de privacidad- según la cual él es el "derecho a ser dejado a solas", y, sin duda, la incolumidad del principio de determinación autónoma de la conciencia requiere que la persona sea dejada a solas por el Estado -no por la religión ni por la Filosofía- cuando toma las decisiones relacionadas con las dimensiones fundamentales de la vida (Voto del Dr. Petracchi) .

16 - No existe óbice constitucional, sustentable en el art. 32 CN. Ver Texto a que la legislación común dictada por el Congreso en virtud de las atribuciones conferidas por el art. 67 inc. 11 de aquella, sea penal o, como en la especie, civil, alcance a hechos ilícitos realizados por medio de la prensa, siempre que se respete la reserva a favor de las jurisdicciones locales formulada en el mencionado art. 67 Ver Texto inc. 11 y en el 100 Ver Texto de la Carta Magna (voto del Dr. Petracchi) .

TEXTO COMPLETO:

OPINIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN.- Considerando: I. A raíz de que la revista "Gente y la actualidad" publicó en su tapa del n. 842, del 10/9/1981, una fotografía que retrataba al Dr. Ricardo Balbín agonizante, en el interior de la sala de terapia intensiva de la clínica en la cual era atendido de su grave dolencia, su esposa e hijo iniciaron la presente demanda sobre daños y perjuicios contra Editorial Atlántida S.A. fundadora y propietaria de la citada revista, con el objeto de resarcir el sufrimiento, la perturbación de su tranquilidad y la mortificación causada por la violación de su intimidad.

II. Contra el fallo del magistrado de primera instancia, que hizo lugar a la demanda, la accionada expresó los siguientes agravios: a) la decisión del juez no estuvo fundada en derecho, sino que ha sido "la reacción emocional, casi subjetiva, política, del público"; b) a la luz del art. 1071 bis Ver Texto CCiv.., que protege la intimidad del hombre, es injusto concluir que su parte actuó "arbitrariamente", pues medió -discutible o no, censurable o no- una razón periodística, referida a una personalidad que, por participar en grado sumo en la vida pública, ha renunciado, en cierto modo, a la intimidad; c) el juez, a pesar de estar de por medio la libertad de prensa, no ha analizado en profundidad la fotografía en cuestión, cuando entre el aparente conflicto entre dos garantías fundamentales debe privar la que resguarda la libertad de prensa; d) la indemnización que prevé el art. 1071 bis Ver Texto no tiene, como parece haberlo entendido el a quo, carácter "sancionatorio".

Ante dichos agravios sostuvo el a quo que: 1. No considera que el magistrado de primera instancia haya juzgado el caso como mero "público", al margen de que el juez no puede dejar de actuar en caso como el sub lite "como un hombre normal".

2. El juez ha analizado e interpretado correctamente el tema de la intimidad. Los emplazados en autos no han acreditado contar con la autorización del enfermo, ni de sus familiares, para la obtención y posterior publicación de la fotografía cuestionada, lo cual pone en evidencia la arbitrariedad a la que alude la norma. Además, la intención de querer ampararse en la figura descripta al final del art. 31 Ver Texto ley 11723 es tardía, ya que no se la introdujo en tiempo oportuno y la referida arbitrariedad en la obtención del retrato, de su lado, lo imposibilita.

3. La garantía de la libertad de prensa, como ningún otro derecho, no es absoluto, ni debe interpretarse de manera que anule o contradiga otra: sobre tal recuerdo, destaca que la libertad de imprenta, si bien garantiza la publicación de las ideas sin previa censura, no implica dejar a salvo de la penalización de los eventuales delitos o abusos cometidos en el ejercicio de esa libertad; es decir, "nunca puede llegar a constituir un derecho absoluto merced al cual se pueda hacer tabla raza con todas las otras declaraciones, derechos y garantías que enumera expresa o implícitamente la propia Constitución (art. 33 Ver Texto )".

En la especie -agrega- "el derecho de libre publicación no resulta haber sido ejercido en forma legítima o regular, toda vez que ha habido un entrometimiento arbitrario en la esfera de reserva del Dr. Balbín, violándose así su derecho de intimidad".

La doctrina -añade- "considera que el estado de salud de una persona integra aquel espectro de hechos reservados al conocimiento de la propia persona".

Resta, de su lado, trascendencia al hecho de que en otros países se publicasen fotografías de contenida similar.

4. Considera que la reparación del daño en los términos del art. 1071 bis Ver Texto implica una "verdadera reparación de derecho y no una simple reparación jurídica en motivos de equidad"; y tras diversas consideraciones al respecto, fija la suma de $a 170.000 en concepto de indemnización.

5. Rechaza, por último, el agravio referido a la publicación del fallo en un matutino de esta capital.

III. En su recurso extraordinario de fs. 223/230, insiste sustancialmente el apelante en que su conducta "no ha excedido el marco del legítimo y regular ejercicio de la profesión de periodista, sino que muy por el contrario, significó un modo -quizás criticable pero nunca judiciable- de dar información gráfica de un hecho de gran interés general".

En tal sentido -agrega- no se pudo en caso de autos violar el derecho de intimidad al que alude la norma del art. 1071 bis Ver Texto CCiv.., porque no existió arbitrariedad, que es el elemento condicionante de la responsabilidad que crea dicha norma, ya que han mediado razones de índole periodística que fundamentan la publicación de la fotografía de marras.

La decisión tomada -dicen en síntesis- más allá de su acierto o desacierto y más allá también de su buen o mal gusto, no constituye una conducta antijurídica capaz de generar responsabilidades.

IV. Estimo que el recurso extraordinario deducido en estos autos es improcedente, toda vez que no se cumple el requisito indispensable de la relación directa que debe existir entre lo decidido en la causa y las garantías constitucionales que se dicen conculcadas.

Ante todo, como con acierto lo puso de resalto el a quo, cabe aclarar que, en rigor, en el sub examine no se encuentra en juego la garantía constitucional de la libertad de prensa, desde que la demandada no sufrió obstáculo alguno tendiente a impedir la publicación de la fotografía de referencia, sino que, lo que se discute, es en todo caso la consecuencia jurídica del ejercicio pleno de dicha libertad. La Corte, con referencia a las clásicas enseñanzas de José M. Estrada, estableció desde antiguo cuáles eran las consideraciones generales sobre las que reposa la libertad de imprenta en la legislación moderna, indicando que reposa la libertad de imprenta en la legislación moderna, indicando que ellas eran la supresión de la censura previa, la abolición de la represión administrativa, y el establecimiento de una represión puramente judicial contra los delitos cometidos por medio de la prensa (conf. Fallos 270:289 Ver Texto ; 270:288; 294:570).

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