Indice de fallos



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INDICE DE FALLOS:

  1. Halabi, Ernesto v. Estado Nacional • 24/02/2009

  2. García, Jorge v. Reynot Blanco, Salvador Carlos. • 18/06/1998

  3. Artavia Murillo y otros (“fecundación In Vitro”) c. Costa Rica • 28/11/2012

  4. F., A. L. s/ medida autosatisfactiva • 13/03/2012

  5. Sánchez, Elvira Berta v. Mº J y DD HH - art. 6 ley 24.411 (RESOL 409/01). • 22/05/2007

  6. Ponzetti de Balbín, Indalia E. v. Editorial Atlántida S.A. • 11/12/1984

  7. Campillay, Julio C. v. La Razón y otras • 15/05/1986

  8. Albarracini Nieves, Jorge W. • 01/06/2012

  9. Duarte., J. A. • 05/02/2008

  10. Tufano, Ricardo A. s/internación • 27/12/2005

  11. Palomeque, Aldo R. c. Benemeth S.A. y otro • 03/04/2003

  12. Comunidad Homosexual Argentina v. Inspección General de Justicia • 22/11/1991

  13. Asociación Lucha por la Identidad Travesti - Transexual v. Estado Nacional • 21/11/2006


unidad uno:

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Halabi, Ernesto v. Estado Nacional • 24/02/2009

SUMARIOS

1 - En materia de legitimación procesal corresponde delimitar con precisión tres categorías de derechos: individuales, de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos, y de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos; en todos esos supuestos, la comprobación de la existencia de un "caso" es imprescindible: art. 116 Ver Texto, CN. y art. 2 Ver Texto, ley 27.


2 - La regla general en materia de legitimación es que los derechos sobre bienes jurídicos individuales son ejercidos por su titular; ello no cambia por la circunstancia de que existan numerosas personas involucradas, toda vez que se trata de obligaciones con pluralidad de sujetos activos o pasivos, o supuestos en los que aparece un litisconsorcio activo o pasivo derivado de la pluralidad de sujetos acreedores o deudores, o bien una representación plural.


3 - La tradicional acción de amparo está destinada a obtener la protección de derechos divisibles, no homogéneos y se caracteriza por la búsqueda de la reparación de un daño esencialmente individual y propio de cada uno de los afectados: art. 43 Ver Texto, párr. 1°, CN.


4 - Los derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos (art. 43 Ver Texto, CN.) son ejercidos por el Defensor del Pueblo de la Nación, las asociaciones que concentran el interés colectivo y el afectado.


5 - Tratándose de derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos, la petición debe tener por objeto la tutela de un bien colectivo, lo que ocurre cuando éste pertenece a toda la comunidad, siendo indivisible y no admitiendo exclusión alguna; sólo se concede una legitimación extraordinaria para reforzar su protección, pero en ningún caso existe un derecho de apropiación individual sobre el bien ya que no se hallan en juego derechos subjetivos.


6 - Los bienes colectivos no tienen por titulares a una pluralidad indeterminada de personas, ni hay una comunidad en sentido técnico; no pertenecen a la esfera individual sino social y no son divisibles en modo alguno.


7 - La pretensión debe ser focalizada en la incidencia colectiva del derecho, porque la lesión a este tipo de bienes puede tener una repercusión sobre el patrimonio individual, pero esta última acción corresponde a su titular y resulta concurrente con la primera.


8 - Cuando se ejercita en forma individual una pretensión procesal para la prevención o reparación del perjuicio causado a un bien colectivo, se obtiene una decisión cuyos efectos repercuten sobre el objeto de la causa petendi, pero no hay beneficio directo para el individuo que ostenta la legitimación.


9 - Cuando se ejercita en forma individual una pretensión procesal para la prevención o reparación del perjuicio causado a un bien colectivo, la prueba de la causa o controversia se halla relacionada con una lesión a derechos sobre el bien colectivo y no sobre el patrimonio del peticionante o de quienes éste representa.


10 - La tutela de los derechos de incidencia colectiva sobre bienes colectivos corresponde al Defensor del Pueblo, a las asociaciones y a los afectados, y ella debe ser diferenciada de la protección de los bienes individuales, sean patrimoniales o no, para los cuales hay una esfera de disponibilidad en cabeza de su titular.


11 - La Constitución Nacional Ver Texto admite una categoría de derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos, como es el caso de los derechos personales o patrimoniales derivados de afectaciones al ambiente y a la competencia, de los derechos de los usuarios y consumidores, como de los derechos de sujetos discriminados: pár. 2° del art. 43 Ver Texto.


12 - En los casos de derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos, no hay un bien colectivo, ya que se afectan derechos individuales enteramente divisibles; hay un hecho, único o continuado, que provoca la lesión a todos ellos y por lo tanto es identificable una causa fáctica homogénea.


13 - En los casos de derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos, la demostración de los presupuestos de la pretensión es común a todos esos intereses, excepto en lo que concierne al daño que individualmente se sufre.


14 - En los casos de derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos, tal homogeneidad fáctica y normativa lleva a considerar razonable la realización de un solo juicio con efectos expansivos de la cosa juzgada que en él se dicte, salvo en lo que hace a la prueba del daño.


15 - Debe existir una ley que determine cuándo se da una pluralidad relevante de individuos que permita ejercer las acciones de clase, cómo se define la clase homogénea, si la legitimación corresponde exclusivamente a un integrante de la clase o también a organismos públicos o asociaciones, cómo tramitan estos procesos, cuáles son los efectos expansivos de la sentencia a dictar y cómo se hacen efectivos.


16 - Frente a la falta de regulación de las acciones de clase, cabe señalar que el art. 43 Ver Texto, párr. 2°, CN. es claramente operativo y es obligación de los jueces darle eficacia, cuando se aporta nítida evidencia sobre la afectación de un derecho fundamental y del acceso a la justicia de su titular.


17 - Debe existir una interpretación armónica con el derecho a la defensa en juicio, de modo de evitar que alguien sea perjudicado por una sentencia dictada en un proceso en el que no ha participado; en la búsqueda de la efectividad no cabe recurrir a criterios excesivamente indeterminados alejados de la prudencia que dicho balance exige.


18 - La procedencia de las acciones de clase requiere la verificación de una causa fáctica común, una pretensión procesal enfocada en el aspecto colectivo de los efectos de ese hecho y la constatación de que el ejercicio individual no aparece plenamente justificado; también procederá cuando, pese a tratarse de derechos individuales, exista un fuerte interés estatal en su protección, sea por su trascendencia social o en virtud de las particulares características de los sectores afectados.


19 - Puede calificarse como un supuesto de ejercicio de derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos, la acción de amparo fundada en que la ley 25873 Ver Texto y su decreto reglamentario 1563/2004 Ver Texto vulneran los derechos establecidos en los arts. 18 Ver Texto y 19 Ver Texto, CN. en la medida en que autorizan la intervención de las comunicaciones telefónicas y por Internet sin determinar en qué casos y con qué justificativos esa intromisión puede llevarse a cabo.


20 - La acción de amparo fundada en que la ley 25873 Ver Texto y su decreto reglamentario 1563/2004 Ver Texto, que autorizan la intervención de las comunicaciones telefónicas y por Internet importan una violación de los derechos a la privacidad y a la intimidad del actor, y además pone en serio riesgo el "secreto profesional" que como letrado se ve obligado a guardar y garantizar no se circunscribe a procurar una tutela para sus propios intereses sino que, por la índole de los derechos en juego, es representativa de los intereses de todos los usuarios de los servicios de telecomunicaciones como también de todos los abogados.


21 - Se encuentran cumplidos los recaudos de las acciones colectivas, si existe un hecho único, que causa una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales, la pretensión está concentrada en los efectos comunes para toda la clase de sujetos afectados y la simple lectura de la ley 25837 Ver Texto y de su decreto reglamentario revela que sus preceptos alcanzan por igual y sin excepciones a todo el colectivo que en la causa representa el abogado actor.


22 - Hay una clara afectación del acceso a la justicia, dado que no se justifica que cada uno de los posibles afectados de la clase de sujetos involucrados promueva una demanda peticionando la inconstitucionalidad de la ley 25873 Ver Texto y su decreto reglamentario 1563/2004 Ver Texto, que autorizan la intervención de las comunicaciones telefónicas y por Internet.


23 - Dado que es la primera oportunidad en la que se delinean los caracteres de la acción colectiva que tiene por objeto la protección de derechos individuales homogéneos y que no existe una reglamentación al respecto, cabe ser menos riguroso a la hora de evaluar el resto de los recaudos que habrá que exigir en lo sucesivo en los procesos de esta naturaleza.


24 - Ha existido una adecuada representación de todas las personas, usuarios de los servicios de telecomunicaciones, dentro de los que se encuentran los abogados, a las que se extenderán los efectos de la sentencia, considerando la publicidad que se le dio a la audiencia celebrada ante la Corte, como también la circunstancia de que la declaración de inconstitucionalidad de la ley 25873 Ver Texto se encuentra firme y que el decreto reglamentario 1563/2004 Ver Texto ha sido suspendido en su vigencia.


25 - Ha existido una adecuada representación de todas las personas, usuarios de los servicios de telecomunicaciones, dentro de los que se encuentran los abogados, considerando las presentaciones que, en apoyo de la pretensión del demandante, han realizado como Amigos del Tribunal, la Federación Argentina de Colegios de Abogados y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal que comparecían para evitar "las nefastas consecuencias que para todos los habitantes de nuestro país y en particular para los abogados matriculados en nuestro colegio traería aparejada la subsistencia formal de las normas cuestionadas".


26 - La circunstancia de que la acción colectiva prefigurada en el art. 43 Ver Texto, CN. no encuentre, en el plano normativo infraconstitucional, un carril procesal apto para hacerla efectiva, no es óbice para que los jueces arbitren las medidas apropiadas y oportunas para una tutela efectiva de los derechos constitucionales que se aducen vulnerados.


27 - Basta la comprobación inmediata de un gravamen para que una garantía constitucional deba ser restablecida por los jueces en su integridad, sin que pueda alegarse en contrario la inexistencia de una ley que la reglamente: las garantías individuales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar consagradas por la Constitución e independientemente de las leyes reglamentarias.


28 - No son, como puede creerse, las "declaraciones, derechos y garantías", simples fórmulas teóricas: cada uno de los artículos y cláusulas que las contienen poseen fuerza obligatoria para los individuos, para las autoridades y para toda la Nación; los jueces deben aplicarla en la plenitud de su sentido, sin alterar o debilitar con vagas interpretaciones o ambigüedades la expresa significación de su texto; porque son la defensa personal, el patrimonio, inalterable que hace de cada hombre, ciudadano o no, un ser libre e independiente dentro de la Nación Argentina.


29 - Los preceptos constitucionales, tanto como la experiencia institucional del país, reclaman de consuno el goce y ejercicio pleno de las garantías individuales para la efectiva vigencia del Estado de derecho e imponen a los jueces el deber de asegurarlas.


30 - Una inteligencia dinámica del texto constitucional, superadora de una concepción pétrea de sus directivas, conlleva la posibilidad de encontrar en él los remedios adecuados para cada una de las circunstancias que está llamado a regir.


31 - La Constitución, que es la ley de las leyes y se halla en el cimiento de todo el orden jurídico positivo, tiene la virtualidad necesaria de poder gobernar las relaciones jurídicas nacidas en circunstancias sociales diferentes a las que existían en tiempo de su sanción; este avance de los principios constitucionales, que es de natural desarrollo y no de contradicción, es la obra genuina de los intérpretes, en particular de los jueces, quienes deben consagrar la inteligencia que mejor asegure los grandes objetivos para los que fue dictada la Constitución.


32 - Entre los grandes objetivos de la Constitución, y aun el primero entre todos, está el de "asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino" -Preámbulo-.


33 - La Constitución está dirigida irrevocablemente a asegurar a todos los habitantes "los beneficios de la libertad" y este propósito, que se halla en la raíz de nuestra vida como Nación, se debilita o se corrompe cuando se introducen distinciones que, directa o indirectamente, se traducen en obstáculos o postergaciones para la efectiva plenitud de los derechos.


34 - Uno o más miembros de una clase puede demandar o ser demandado como parte en representación de todos cuando: 1) la clase es tan numerosa que la actuación de todos es impracticable; 2) existen cuestiones de hecho y de derecho comunes a la clase; 3) las demandas o defensas de las partes representantes son típicas de las demandas o defensas de la clase; y 4) las partes representantes protegerán los intereses de la clase justa y adecuadamente.


35 - El juez debe admitir la pretensión deducida por parte de un representante de la clase, efectuando un adecuado control de su representatividad y de la existencia de una comunidad de intereses; la decisión que se adopta tiene efectos erga omnes.


36 - El propio texto constitucional autoriza el ejercicio de las acciones apropiadas para la defensa de intereses colectivos con prescindencia de las figuras expresamente diseñadas en él o en las normas procesales vigentes.

37 - La protección judicial efectiva no se reduce únicamente al amparo strictu sensu, sino que es susceptible de extenderse a otro tipo de remedios procesales de carácter general como el hábeas corpus colectivo.


38 - La admisión formal de toda acción colectiva requiere la precisa identificación del grupo o colectivo afectado, la idoneidad de quien pretenda asumir su representación, la existencia de un planteo que involucre, por sobre los aspectos individuales, cuestiones de hecho y de derecho que sean comunes y homogéneas a todo el colectivo, que se arbitre en cada caso un procedimiento apto para garantizar la adecuada notificación de todas las personas que pudieran tener un interés en el resultado del litigio, de manera de asegurarles tanto la alternativa de optar por quedar fuera del pleito como la de comparecer en él como parte o contraparte; es menester que se implementen adecuadas medidas de publicidad, orientadas a evitar la multiplicación o superposición de procesos colectivos con un mismo objeto.


39 - El fundamento del carácter erga omnes de los efectos de la decisión en la acción colectiva, es inherente a su propia naturaleza en virtud de la trascendencia de los derechos que por su intermedio se intentan proteger.


40 - Sólo la ley puede justificar la intromisión en la vida privada de una persona, siempre que medie un interés superior en resguardo de la libertad de los otros, la defensa de la sociedad, las buenas costumbres o la persecución del crimen; es en este marco constitucional que debe comprenderse, en el orden del proceso penal federal, la utilización del registro de comunicaciones telefónicas a los fines de la investigación penal que requiere ser emitida por un juez competente mediante auto fundado.


41 - La libertad, en cada una de sus fases, tiene su historia y su connotación; de ahí que las consideraciones en particular sobre el tema en discusión deban mantener un muy especial apego a las circunstancias del caso.


42 - El art. 18 Ver Texto, CN. no exige que la respectiva ley reglamentaria deba ser "única y general", pues los motivos que determinan el examen de la correspondencia en el caso de un delincuente, pueden diferir de los referentes a un quebrado, a un vinculado al comercio o a un sujeto de obligaciones tributarias.


43 - Para restringir válidamente la inviolabilidad de las comunicaciones telefónicas y por Internet, se requiere: a) que haya sido dictada una ley que determine los "casos" y los "justificativos" en que podrá procederse a tomar conocimiento del contenido de dichas comunicaciones; b) que la ley esté fundada en la existencia de un sustancial o importante objetivo del Estado, desvinculado de la supresión de la inviolabilidad de las comunicaciones y de la libertad de expresión; c) que la aludida restricción resulte un medio compatible con el fin legítimo propuesto; y d) que dicho medio no sea más extenso que lo indispensable para el aludido logro; a su vez, fines y medios deberán sopesarse con arreglo a la interferencia que pudiesen producir en otros intereses concurrentes.


44 - Lo que la ley 25873 Ver Texto y el decreto reglamentario 1563/2004 Ver Texto han establecido no es otra cosa que una restricción que afecta una de las facetas del ámbito de la autonomía individual que constituye el derecho a la intimidad, por cuanto sus previsiones no distinguen ni precisan de modo suficiente las oportunidades ni las situaciones en las que operarán las interceptaciones, toda vez que no especifican el tratamiento del tráfico de información de Internet en cuyo contexto es indiscutible que los datos de navegación anudan a los contenidos.


45 - Resulta inadmisible que las restricciones autorizadas por la ley 25873 Ver Texto y el decreto reglamentario 1563/2004 Ver Texto estén desprovistas del imprescindible grado de determinación que excluya la posibilidad de que su ejecución concreta por agentes de la administración quede en manos de la más libre discreción de estos últimos, afirmación que adquiere primordial relevancia si se advierte que desde 1992 es la Dirección de Observaciones Judiciales de la SIDE, que actúa bajo la órbita del poder político, la que debe cumplir con los requerimientos que formule el Poder Judicial en orden a la interceptación de comunicaciones telefónicas u otros medios de transmisión que se efectúen por esos circuitos.


46 - Ha sido el propio legislador quien, al establecer en el art. 3 Ver Texto. ley 25873 la responsabilidad estatal por los daños y perjuicios que pudieran derivar para terceros de la observación y utilización de la información obtenida, ha reconocido que el sistema de captación, derivación y registro de comunicaciones que implementó podría no respetar las garantías mínimas exigibles para tan drástica injerencia en la esfera íntima de los particulares.


47 - Cuando la naturaleza de la pretensión invocada impide, fáctica o jurídicamente, restringir el alcance de lo decidido a las partes intervinientes en el juicio, debe ceder la regla según la cual sus sentencias producen efectos solamente respecto de quienes han revestido el carácter de partes en el juicio, y no pueden aprovechar ni perjudicar a los terceros que han permanecido ajenos a él -de los votos en disidencia parcial de los Dres. Petracchi, Argibay y Fayt-.


48 - Tratándose del derecho a la privacidad en el ámbito de las telecomunicaciones, que presupone la interacción con otros interlocutores, su ausencia de protección, por ser ajenos al juicio, derivaría, necesariamente, en el fracaso de la protección al amparista mismo -de los votos en disidencia parcial de los Dres. Petracchi, Argibay y Fayt-.


49 - Al no haber sido invocada por la recurrente razón o argumento alguno acerca de cómo sería posible satisfacer la pretensión del reclamante manteniendo la injerencia a la privacidad de terceros, ajenos al pleito, pero potenciales interlocutores, el recurso extraordinario presenta falencias en su fundamentación de entidad suficiente como para impedir su procedencia -de los votos en disidencia parcial de los Dres. Petracchi, Argibay y Fayt-.


50 - Frente a la ausencia de argumentos relativos a cómo podrían ser restringidos los efectos de la sentencia al caso particular sin vulnerar la protección de la privacidad pretendida, no se advierte relación directa e inmediata entre lo resuelto en estos actuados y la interpretación restrictiva de los alcances del art. 43 Ver Texto, CN. propuesta por la recurrente -de los votos en disidencia parcial de los Dres. Petracchi, Carmen M. Argibay y Fayt-.


51 - La condición de ciudadano alegada por quien promueve una demanda peticionando la inconstitucionalidad de la ley 25873 Ver Texto y su decreto reglamentario 1563/2004 Ver Texto, que autorizan la intervención de las comunicaciones telefónicas y por Internet, resulta determinante en orden a la delimitación del ámbito de aplicación de la solución a la que se arribe -del voto en disidencia parcial del Dr. Fayt-.


52 - En materia de legitimación procesal corresponde delimitar con precisión tres categorías de derechos: individuales, de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos, y de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos; en todos esos supuestos, la comprobación de la existencia de un "caso" es imprescindible: arts. 116 Ver Texto, CN. y 2 Ver Texto, ley 27. .


53 - La regla general en materia de legitimación es que los derechos sobre bienes jurídicos individuales son ejercidos por su titular; ello no cambia por la circunstancia de que existan numerosas personas involucradas, toda vez que se trata de obligaciones con pluralidad de sujetos activos o pasivos, o supuestos en los que aparece un litisconsorcio activo o pasivo derivado de la pluralidad de sujetos acreedores o deudores, o bien una representación plural. .


54 - La tradicional acción de amparo está destinada a obtener la protección de derechos divisibles, no homogéneos y se caracteriza por la búsqueda de la reparación de un daño esencialmente individual y propio de cada uno de los afectados: art. 43 Ver Texto, párr. 1º, CN. .


55 - Los derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos (art. 43 Ver Texto, CN.) son ejercidos por el Defensor del Pueblo de la Nación, las asociaciones que concentran el interés colectivo y el afectado. .


56 - Tratándose de derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos, la petición debe tener por objeto la tutela de un bien colectivo, lo que ocurre cuando éste pertenece a toda la comunidad, siendo indivisible y no admitiendo exclusión alguna; sólo se concede una legitimación extraordinaria para reforzar su protección, pero en ningún caso existe un derecho de apropiación individual sobre el bien ya que no se hallan en juego derechos subjetivos. .


57 - Los bienes colectivos no tienen por titulares a una pluralidad indeterminada de personas, ni hay una comunidad en sentido técnico; no pertenecen a la esfera individual sino social y no son divisibles en modo alguno. .

58 - La pretensión debe ser focalizada en la incidencia colectiva del derecho, porque la lesión a este tipo de bienes puede tener una repercusión sobre el patrimonio individual, pero esta última acción corresponde a su titular y resulta concurrente con la primera. .


59 - Cuando se ejercita en forma individual una pretensión procesal para la prevención o reparación del perjuicio causado a un bien colectivo, se obtiene una decisión cuyos efectos repercuten sobre el objeto de la causa petendi, pero no hay beneficio directo para el individuo que ostenta la legitimación. .


60 - Cuando se ejercita en forma individual una pretensión procesal para la prevención o reparación del perjuicio causado a un bien colectivo, la prueba de la causa o controversia se halla relacionada con una lesión a derechos sobre el bien colectivo y no sobre el patrimonio del peticionante o de quienes éste representa. .


61 - La tutela de los derechos de incidencia colectiva sobre bienes colectivos corresponde al Defensor del Pueblo, a las asociaciones y a los afectados, y ella debe ser diferenciada de la protección de los bienes individuales, sean patrimoniales o no, para los cuales hay una esfera de disponibilidad en cabeza de su titular. .


62 - La Constitución Nacional admite una categoría de derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos, como es el caso de los derechos personales o patrimoniales derivados de afectaciones al ambiente y a la competencia, de los derechos de los usuarios y consumidores, como de los derechos de sujetos discriminados: párr. 2º del art. 43 Ver Texto. .


63 - En los casos de derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos, no hay un bien colectivo, ya que se afectan derechos individuales enteramente divisibles; hay un hecho, único o continuado, que provoca la lesión a todos ellos y por lo tanto es identificable una causa fáctica homogénea. .


64 - En los casos de derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos, la demostración de los presupuestos de la pretensión es común a todos esos intereses, excepto en lo que concierne al daño que individualmente se sufre. .


65 - En los casos de derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos, tal homogeneidad fáctica y normativa lleva a considerar razonable la realización de un solo juicio con efectos expansivos de la cosa juzgada que en él se dicte, salvo en lo que hace a la prueba del daño. .


66 - Debe existir una ley que determine cuándo se da una pluralidad relevante de individuos que permita ejercer las acciones de clase, cómo se define la clase homogénea, si la legitimación corresponde exclusivamente a un integrante de la clase o también a organismos públicos o asociaciones, cómo tramitan estos procesos, cuáles son los efectos expansivos de la sentencia a dictar y cómo se hacen efectivos. .


67 - Frente a la falta de regulación de las acciones de clase, cabe señalar que el art. 43 Ver Texto, párr. 2º, CN. es claramente operativo y es obligación de los jueces darle eficacia, cuando se aporta nítida evidencia sobre la afectación de un derecho fundamental y del acceso a la justicia de su titular. .


68 - Donde hay un derecho hay un remedio legal para hacerlo valer toda vez que sea desconocido. .


69 - Las garantías constitucionales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar en la Constitución e independientemente de sus leyes reglamentarias, cuyas limitaciones no pueden constituir obstáculo para la vigencia efectiva de dichas garantías. .


70 - La eficacia de las garantías sustantivas y procesales debe ser armonizada con el ejercicio individual de los derechos que la Constitución también protege como derivación de la tutela de la propiedad, del contrato, de la libertad de comercio, del derecho de trabajar, y la esfera privada, todos derechos de ejercicio privado. .


71 - Debe existir una interpretación armónica con el derecho a la defensa en juicio, de modo de evitar que alguien sea perjudicado por una sentencia dictada en un proceso en el que no ha participado; en la búsqueda de la efectividad no cabe recurrir a criterios excesivamente indeterminados alejados de la prudencia que dicho balance exige. .


72 - La procedencia de las acciones de clase requiere la verificación de una causa fáctica común, una pretensión procesal enfocada en el aspecto colectivo de los efectos de ese hecho y la constatación de que el ejercicio individual no aparece plenamente justificado; también procederá cuando, pese a tratarse de derechos individuales, exista un fuerte interés estatal en su protección, sea por su trascendencia social o en virtud de las particulares características de los sectores afectados. .


73 - Puede calificarse como un supuesto de ejercicio de derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos, la acción de amparo fundada en que la ley 25873 Ver Texto y su decreto reglamentario 1563/2004 vulneran los derechos establecidos en los arts. 18 Ver Texto y 19 Ver Texto, CN. en la medida en que autorizan la intervención de las comunicaciones telefónicas y por internet sin determinar en qué casos y con qué justificativos esa intromisión puede llevarse a cabo. .


74 - La acción de amparo fundada en que la ley 25873 Ver Texto y su decreto reglamentario 1563/2004 Ver Texto, que autorizan la intervención de las comunicaciones telefónicas y por Internet importan una violación de los derechos a la privacidad y a la intimidad del actor, y además pone en serio riesgo el "secreto profesional" que como letrado se ve obligado a guardar y garantizar no se circunscribe a procurar una tutela para sus propios intereses sino que, por la índole de los derechos en juego, es representativa de los intereses de todos los usuarios de los servicios de telecomunicaciones como también de todos los abogados. .


75 - Se encuentran cumplidos los recaudos de las acciones colectivas, si existe un hecho único, que causa una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales, la pretensión está concentrada en los efectos comunes para toda la clase de sujetos afectados y la simple lectura de la ley 25837 Ver Texto y de su decreto reglamentario revela que sus preceptos alcanzan por igual y sin excepciones a todo el colectivo que en la causa representa el abogado actor. .


76 - Hay una clara afectación del acceso a la justicia, dado que no se justifica que cada uno de los posibles afectados de la clase de sujetos involucrados promueva una demanda peticionando la inconstitucionalidad de la ley 25873 Ver Texto y su decreto reglamentario 1563/2004 Ver Texto, que autorizan la intervención de las comunicaciones telefónicas y por internet. .


77 - Dado que es la primera oportunidad en la que se delinean los caracteres de la acción colectiva que tiene por objeto la protección de derechos individuales homogéneos y que no existe una reglamentación al respecto, cabe ser menos riguroso a la hora de evaluar el resto de los recaudos que habrá que exigir en lo sucesivo en los procesos de esta naturaleza. .


78 - Ha existido una adecuada representación de todas las personas, usuarios de los servicios de telecomunicaciones, dentro de los que se encuentran los abogados, a las que se extenderán los efectos de la sentencia, considerando la publicidad que se le dio a la audiencia celebrada ante la Corte, como también la circunstancia de que la declaración de inconstitucionalidad de la ley 25873 Ver Texto se encuentra firme y que el decreto reglamentario 1563/2004 Ver Texto ha sido suspendido en su vigencia. .


79 - Ha existido una adecuada representación de todas las personas, usuarios de los servicios de telecomunicaciones, dentro de los que se encuentran los abogados, considerando las presentaciones que, en apoyo de la pretensión del demandante, han realizado como Amigos del Tribunal, la Federación Argentina de Colegios de Abogados y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal que comparecían para evitar "las nefastas consecuencias que para todos los habitantes de nuestro país y en particular para los abogados matriculados en nuestro colegio traería aparejada la subsistencia formal de las normas cuestionadas". .


80 - La circunstancia de que la acción colectiva prefigurada en el art. 43 Ver Texto, CN. no encuentre, en el plano normativo infraconstitucional, un carril procesal apto para hacerla efectiva, no es óbice para que los jueces arbitren las medidas apropiadas y oportunas para una tutela efectiva de los derechos constitucionales que se aducen vulnerados. .


81 - Basta la comprobación inmediata de un gravamen para que una garantía constitucional deba ser restablecida por los jueces en su integridad, sin que pueda alegarse en contrario la inexistencia de una ley que la reglamente: las garantías individuales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar consagradas por la Constitución e independientemente de las leyes reglamentarias. .


82 - No son, como puede creerse, las "declaraciones, derechos y garantías", simples fórmulas teóricas: cada uno de los artículos y cláusulas que las contienen poseen fuerza obligatoria para los individuos, para las autoridades y para toda la Nación; los jueces deben aplicarla en la plenitud de su sentido, sin alterar o debilitar con vagas interpretaciones o ambigüedades la expresa significación de su texto; porque son la defensa personal, el patrimonio, inalterable que hace de cada hombre, ciudadano o no, un ser libre e independiente dentro de la Nación Argentina. .


83 - Los preceptos constitucionales, tanto como la experiencia institucional del país, reclaman de consuno el goce y ejercicio pleno de las garantías individuales para la efectiva vigencia del Estado de Derecho e imponen a los jueces el deber de asegurarlas. .


84 - Una inteligencia dinámica del texto constitucional, superadora de una concepción pétrea de sus directivas, conlleva la posibilidad de encontrar en él los remedios adecuados para cada una de las circunstancias que está llamado a regir. .


85 - La Constitución, que es la ley de las leyes y se halla en el cimiento de todo el orden jurídico positivo, tiene la virtualidad necesaria de poder gobernar las relaciones jurídicas nacidas en circunstancias sociales diferentes a las que existían en tiempo de su sanción; este avance de los principios constitucionales, que es de natural desarrollo y no de contradicción, es la obra genuina de los intérpretes, en particular de los jueces, quienes deben consagrar la inteligencia que mejor asegure los grandes objetivos para los que fue dictada la Constitución. .


86 - Entre los grandes objetivos de la Constitución, y aun el primero entre todos, está el de "asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino" -Preámbulo-. .


87 - La Constitución está dirigida irrevocablemente a asegurar a todos los habitantes "los beneficios de la libertad" y este propósito, que se halla en la raíz de nuestra vida como Nación, se debilita o se corrompe cuando se introducen distinciones que, directa o indirectamente, se traducen en obstáculos o postergaciones para la efectiva plenitud de los derechos. .


88 - Uno o más miembros de una clase puede demandar o ser demandado como parte en representación de todos cuando: 1) la clase es tan numerosa que la actuación de todos es impracticable; 2) existen cuestiones de hecho y de derecho comunes a la clase; 3) las demandas o defensas de las partes representantes son típicas de las demandas o defensas de la clase; y 4) las partes representantes protegerán los intereses de la clase justa y adecuadamente. .


89 - El juez debe admitir la pretensión deducida por parte de un representante de la clase, efectuando un adecuado control de su representatividad y de la existencia de una comunidad de intereses; la decisión que se adopta tiene efectos erga omnes. .


90 - El propio texto constitucional autoriza el ejercicio de las acciones apropiadas para la defensa de intereses colectivos con prescindencia de las figuras expresamente diseñadas en él o en las normas procesales vigentes. .


91 - La protección judicial efectiva no se reduce únicamente al amparo strictu sensu, sino que es susceptible de extenderse a otro tipo de remedios procesales de carácter general como el hábeas corpus colectivo. .


92 - La admisión formal de toda acción colectiva requiere la precisa identificación del grupo o colectivo afectado, la idoneidad de quien pretenda asumir su representación, la existencia de un planteo que involucre, por sobre los aspectos individuales, cuestiones de hecho y de derecho que sean comunes y homogéneas a todo el colectivo, que se arbitre en cada caso un procedimiento apto para garantizar la adecuada notificación de todas las personas que pudieran tener un interés en el resultado del litigio, de manera de asegurarles tanto la alternativa de optar por quedar fuera del pleito como la de comparecer en él como parte o contraparte; es menester que se implementen adecuadas medidas de publicidad, orientadas a evitar la multiplicación o superposición de procesos colectivos con un mismo objeto. .


93 - El fundamento del carácter erga omnes de los efectos de la decisión en la acción colectiva, es inherente a su propia naturaleza en virtud de la trascendencia de los derechos que por su intermedio se intentan proteger. .


94 - Sólo la ley puede justificar la intromisión en la vida privada de una persona, siempre que medie un interés superior en resguardo de la libertad de los otros, la defensa de la sociedad, las buenas costumbres o la persecución del crimen; es en este marco constitucional que debe comprenderse, en el orden del proceso penal federal, la utilización del registro de comunicaciones telefónicas a los fines de la investigación penal que requiere ser emitida por un juez competente mediante auto fundado. .


95 - La libertad, en cada una de sus fases, tiene su historia y su connotación; de ahí que las consideraciones en particular sobre el tema en discusión deban mantener un muy especial apego a las circunstancias del caso. .


96 - El art. 18 Ver Texto, CN. no exige que la respectiva ley reglamentaria deba ser "única y general", pues los motivos que determinan el examen de la correspondencia en el caso de un delincuente, pueden diferir de los referentes a un quebrado, a un vinculado al comercio o a un sujeto de obligaciones tributarias. .


97 - Para restringir válidamente la inviolabilidad de las comunicaciones telefónicas y por internet, se requiere: a) que haya sido dictada una ley que determine los "casos" y los "justificativos" en que podrá procederse a tomar conocimiento del contenido de dichas comunicaciones; b) que la ley esté fundada en la existencia de un sustancial o importante objetivo del Estado, desvinculado de la supresión de la inviolabilidad de las comunicaciones y de la libertad de expresión; c) que la aludida restricción resulte un medio compatible con el fin legítimo propuesto; y d) que dicho medio no sea más extenso que lo indispensable para el aludido logro; a su vez, fines y medios deberán sopesarse con arreglo a la interferencia que pudiesen producir en otros intereses concurrentes. .


98 - Lo que la ley 25873 Ver Texto y el decreto reglamentario 1563/2004 Ver Texto han establecido no es otra cosa que una restricción que afecta una de las facetas del ámbito de la autonomía individual que constituye el derecho a la intimidad, por cuanto sus previsiones no distinguen ni precisan de modo suficiente las oportunidades ni las situaciones en las que operarán las interceptaciones, toda vez que no especifican el tratamiento del tráfico de información de internet en cuyo contexto es indiscutible que los datos de navegación anudan a los contenidos. .


99 - Resulta inadmisible que las restricciones autorizadas por la ley 25873 Ver Texto y el decreto reglamentario 1563/2004 Ver Texto estén desprovistas del imprescindible grado de determinación que excluya la posibilidad de que su ejecución concreta por agentes de la administración quede en manos de la más libre discreción de estos últimos, afirmación que adquiere primordial relevancia si se advierte que desde 1992 es la Dirección de Observaciones Judiciales de la SIDE, que actúa bajo la órbita del poder político, la que debe cumplir con los requerimientos que formule el Poder Judicial en orden a la interceptación de comunicaciones telefónicas u otros medios de transmisión que se efectúen por esos circuitos. .


100 - Ha sido el propio legislador quien, al establecer en el art. 3 Ver Texto, ley 25873 la responsabilidad estatal por los daños y perjuicios que pudieran derivar para terceros de la observación y utilización de la información obtenida, ha reconocido que el sistema de captación, derivación y registro de comunicaciones que implementó podría no respetar las garantías mínimas exigibles para tan drástica injerencia en la esfera íntima de los particulares. .


101 - Cuando la naturaleza de la pretensión invocada impide, fáctica o jurídicamente, restringir el alcance de lo decidido a las partes intervinientes en el juicio, debe ceder la regla según la cual sus sentencias producen efectos solamente respecto de quienes han revestido el carácter de partes en el juicio, y no pueden aprovechar ni perjudicar a los terceros que han permanecido ajenos a él -de los votos en disidencia parcial de los Dres. Petracchi, Argibay y Fayt-. .


102 - Tratándose del derecho a la privacidad en el ámbito de las telecomunicaciones, que presupone la interacción con otros interlocutores, su ausencia de protección, por ser ajenos al juicio, derivaría, necesariamente, en el fracaso de la protección al amparista mismo -de los votos en disidencia parcial de los Dres. Petracchi, Argibay y Fayt-. .


103 - Al no haber sido invocada por la recurrente razón o argumento alguno acerca de cómo sería posible satisfacer la pretensión del reclamante manteniendo la injerencia a la privacidad de terceros, ajenos al pleito, pero potenciales interlocutores, el recurso extraordinario presenta falencias en su fundamentación de entidad suficiente como para impedir su procedencia -de los votos en disidencia parcial de los Dres. Petracchi, Argibay y Fayt-. .


104 - Frente a la ausencia de argumentos relativos a cómo podrían ser restringidos los efectos de la sentencia al caso particular sin vulnerar la protección de la privacidad pretendida, no se advierte relación directa e inmediata entre lo resuelto en estos actuados y la interpretación restrictiva de los alcances del art. 43 Ver Texto, CN. propuesta por la recurrente -de los votos en disidencia parcial de los Dres. Petracchi, Carmen M. Argibay y Fayt-. .


105 - La condición de ciudadano alegada por quien promueve una demanda peticionando la inconstitucionalidad de la ley 25873 Ver Texto y su decreto reglamentario 1563/2004 Ver Texto, que autorizan la intervención de las comunicaciones telefónicas y por internet, resulta determinante en orden a la delimitación del ámbito de aplicación de la solución a la que se arribe -del voto en disidencia parcial del Dr. Fayt-. .


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