Hechos dificiles y razonamiento probatorio sobre la prueba de los hechos disipados



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Cum quae singula infirma sunt, coniuncta vim veritatis assumunt.

27 SSTS de 21 de mayo de 1992, 10 de octubre de 1995, 13 de junio de 1996, 5 de junio de 1997, 25 de noviembre de 1998, 21 de enero, 2 y 6 de febrero de 1999, entre otras muchas. La exigencia de pluralidad se dirige a eliminar la equivocidad y eventual inducción a error que pudiera derivarse de contar con un sólo indicio (STC 111/190, y STS 31 de enero de 1990).

28 STC de 14 de octubre de 1986 y STS de 23 de febrero de 1988.

29 SSTS 1 de octubre de 1992 y 31 de enero de 1994

30 STS 20 de diciembre de 1986. Tal requisito se prescribía expresamente en el art. 12 de la Ley Provisional para la Reforma del Procedimiento Criminal de 18 de junio de 1870. Los arts. 192 comma 2º CPP y 2729 CCv italianos siguen recogiéndolo bajo fórmula de gravedad, precisión y concordancia; vid. Tiziana TREVISSON LUPACCHINI, “Giurisprudenza. Misure Cautelari. Con nota di...”, en Riv. ital. dir. proc. penale, 2, 1995, en espc. pp. 311-314, y Silvia BATTAGLIO, “Indizio e prova indiziaria nel processo penale”, en Riv. ital. dir. proc. penale, 2, 1995, en espc. pp. 404-436. La STC 133/95 lo acoge al objeto de “reducir al máximo el margen de indeterminación o error del juicio probabilístico en que [la prueba indiciaria] consiste”. Su función entre nosotros es, pues, sobre todo persuasiva.

31 STS de 7 de julio de 1989.

32 SSTS 13, 21 y 24 de mayo y 13 de julio de 1996

33 Así la construcción presentada por la STS de 22 de noviembre de 1999, donde en realidad un único hecho meramente indiciario se multiplica por desglosamiento de su circunstancia en otros varios incidios coincidentes o confluentes. La idea de “inferencia en cascada” se localiza en J. H WIGMORE, The science of judicial proof, psychology, and general experience, and illustrated in judicial trials, Little Brown, Boston, 19373, p. 13, con empleo de expresiones como “catenated”, “casceded” o “hierarchical”. Vid. asimismo David A. SCHUM -Anne W. MARTIN, “Formal and empirical research on cascaded inference in jurisprudence” (1982), en Reid HASTIE (ed.) Inside the juror. The psycology of juror decision making, Cambridge University Press, Cambridge, 1994, pp. 136-174: “A cascaded inference task is composed of one or more reasoning stages interposed between evidence observable to the factfinder and the ultimate facts-in-issue” (pp. 136-137).

34 Distinto es el problema de la prueba de prueba que Beccaria parece confundir. Beccaría cuestionaba, no obstante, esta vía inferencial para la obtención de la certeza moral como probabilidad sobre la certidumbre de un hecho: Hay un teorema general muy útil para calcular la certidumbre de un hecho, por ejemplo, la fuerza de los indicios de un delito. Cuando las pruebas del hecho son dependientes la una de la otra, esto es, cuando los indicios no son prueban sino entre sí mismos, cuanto mayores pruebas se traen tanto menos es la probabilidad de él, porque los accidentes que harían faltar las pruebas antecedentes hacen faltar las consiguientes. Cuando las pruebas de un hecho dependen todas igualmente de una sola, en número de ellas no aumenta no disminuye la probabilidad del hecho, porque todo se resuelve en el valor de aquella sola de quien dependen. Cuando las pruebas son independientes la una de la otra, esto es, cuando los indicios se prueban de otra parte, no de sí mismos, cuanto mayores pruebas se traen, tanto más crece la probabilidad de hecho, porque la falacia de un prueba no influye sobre la otra. Hablo de probabilidad en materia de delitos que para merecer pena deben ser ciertos. Esta, que parece paradoja, desaparecerá al que considere que rigurosamente la certeza moral no es más que una probabilidad, pero probabilidad tal que se llama certeza, porque todo hombre de buen sentido consiente en ello necesariamente por una costumbre nacida de la precisión de obrar, y anterior a toda especulación. La certeza que se requiere para asegurar a un hombre reo es, pues, aquella que determina a cualquiera en las operaciones más importantes de la vida”, Cesare BECCARIA, De los Delitos y de las penas, trad. de J. A. de las Casas, Alianza, Madrid, 19823, cap. 14, p. 48.

35 Puede que tal vez se halle aquí, bien que no sin dificultad, el sentido de la excepción a la regla, para en efecto cumplirla antes que quebrarla, que Las Partidas (Partida IIIª, Tit. XVI, ley 12º) exigían a la condena del acusado en el delito que le hubiere sido imputado en cuanto a venir acreditada mediante pruebas “Claras como la luz en que no venga ninguna duda”, aunque se permitiera la basada en señales manifiestas (indicios manifiestos), “magüer non se averigüe por otras pruebas”.

36 SSTS 6 de marzo y 7 de julio de 1993.

37 Vid. Juan Alberto BELLOC JULBE, “La prueba indiciaria”, en VV.AA., La Sentencia Penal, CGPJ, Col. Cuadernos de Derecho Judicial, XIII, Madrid, 1992, pp. 71-73. También SSTS 20 de marzo de 1992 y 15 de marzo de 1992

38 STC 1 de diciembre de 1986.

39 SSTS de 20 de enero y 3 de abril de 1990.

40 Vid. sobre coartada fallida, entre otras, SSTS de 22 de junio de 1988, 19 de enero, 10 y 29 de marzo y 9 y 27 de junio de 1989, 8 de julio de 1991, 19 de febrero de 1993, 11 de marzo de 1994, etc.

41 STS 14 de octubre y 20 de diciembre de 1986 y 7 de febrero de 1987.

42 Vid. STS 22 de julio de 1987.

43 Vid. SSTS, 4 de febrero y 22 de abril de 1987.

44 STC 174/85.

45 SSTS 22-de abril de 1987, y 27 de junio y 21 de diciembre de 1989

46 SSTS 22-de abril y 22 de junio de 1988, 19 de enero y 10 de marzo de 1989.

47 Supra nota 42. También STS 8 de marzo de 1994: “constituyendo la versión dada por el acusado un dato más”.

48 Supra nota 41.

49 SSTS 27 de junio y 21 de diciembre de 1989.

50 STS 20 de octubre de 1993: “constituye un sumando de los elementos a tener en cuenta a los efectos de formar convicción”.

51 El derecho que el imputado tiene a mentir ha sido ampliamente reconocido por la jurisprudencia. Vid. STC 129/996: el juez está obligado a poner de manifiesto al sujeto el hecho punible que se le imputa, para que pueda exculparse de él, por cualquiera de las vías legales, y que en ese mismo sentido debe ilustrarle de sus derechos, sin que, por otra parte, tenga valor de declaración, como tal imputado, aquélla que se produce con anterioridad a la imputación, actuando como testigo, porque, cuando declara como tal, tiene obligación de decir la verdad y, en cambio, el acusado no sólo no tiene esa obligación, sino que puede callar total o parcialmente o incluso mentir, pues hasta ahí llega el derecho de defensa”. Asimismo, SSTC 135/1989, 186/1990, 128, 152, 273 y 290/1993, 161/1999, y AATC 19 y 167/2000. También, SSTS de 9 de julio de 1998, 14 de mayo y 3, 11 y 17 de junio y 2 de julio de 1999, y 18 de febrero y 15 de marzo de 2000.

52 STS 8 de marzo de 1994: “puede hablar o guardar silencio, pero al igual que ocurre en otros sistemas procesales, lo que diga puede ser utilizado en su contra”

53 STC 174/85 fj. 6.

54 En orden a la “valoración conjunta de la prueba” es importante señalar que si bien “cuando la prueba se ha valorado en su conjunto no cabe desarticularla y basarse en elementos aislados para obtener consecuencias partidistas contrarias a las del juzgador” (SSTS 10 de diciembre de 1983, 25 de abril de 1991 , 18 de mayo de 1992, entre otras), e igualmente que, en efecto, (así STS, 18 de marzo de 1994) “no hay precepto que exija una constatación pormenorizada o investigación o examen de cada una de las pruebas y hasta que de su análisis, se extraiga con convicción un resultado que puede ser fruto de la conjunción de dichos instrumentos probatorios, pues unos pueden coincidir e incluso contradecir”, y asimismo que con dar ”las razones y fundamentos que se estimen procedentes para el fallo final, se cumplen las reglas hermenéuticas necesarias para otorgar la tutela judicial efectiva que es constitucionalmente obligatoria en la actuación jurisdiccional (SSTS de 1 de diciembre de 1989, 29 de febrero de 1990, 18 de febrero de 1991 y 22 de septiembre de 1992)”, es lo cierto también que las razones y fundamentos para excluir algún instrumento probatorio en cuestión han de ser expuestas por el juzgador. De ahí el que deba entenderse (STS 2 de marzo de 1994) que la idoneidad de una valoración conjunta no resulta en que los medios de prueba se valoren conjuntamente sino que, con concreta remisión a cada uno, se advierta que de ninguno de ellos por separado se desprende la evidencia directa, del resultado de la apreciación de todos ellos sí se implica la realidad fáctica en que se fundamente la certeza del hecho. Por lo demás, sólo desde esta perspectiva es comprensible la improsperabilidad de la impugnación basada en error de valoración de determinado medio de prueba en la realizada con carácter conjunto, pues “cuando la prueba se ha valorado en su conjunto no cabe desarticularla y basarse en elementos aislados para obtener consecuencias partidistas contrarias a las del juzgador” (SSTS 10 de diciembre de 1983, 25 de abril de 1991, ó 18 de mayo de 1992, entre otras)

55 SSTC 174/85, 94/90, 111/90 y 124/90.

56 V. gr. STC 105/88.

57 SSTC 175/85, 256/88 y 124/90.

58 Entre otras, SSTS 4 de abril de 1984, 27 de noviembre de 1986, ó 18 de marzo de 1989.

59 SSTC 62/94 f. 4 78/94 f. 4, 107/89, 174/85, 175/85, 229/88, 124/90.

60 Vid. SSTC 93/94 f.j 3, 174/98 y 107/89, ATC 78/94.

61 ATC 122/94, y STS 10 de junio de 1993.

62 SSTS 13, 21 y 24 de mayo y 13 de julio de 1996

63 Vid. SSTC 174/85 fj. 6; 175/85 fj. 2; 229/88 fj. 2; 107/89 fj. 2; 94/90 fj. 5, y 384/93.

64 STC 169/86 fj. 2, y STS 18 de enero de 1995

65 STS de 17 de febrero de 1995.

66 SSTC 174/1985, 175/1985, 229/1988, 107/1989, 384/1993, 206/1994.

67 STC 24/1997, fj. 2, y ATC.147/1998.

68 Vid. STS 21 de marzo de 1995.

69 Vid. SSTS 2 de enero de 1984, 19 de octubre de 1987, 11 de mayo de 1988, 22 de mayo y 20 de septiembre de 1989, 27 de marzo de 1990, 26 de marzo y 24 de junio de 1991, 7 de mayo de 1993, 7 de diciembre de 1994, 1 de febrero de 1995, 16 de junio de 1997, 6 de febrero de 1988 y 11 de abril de 1998. Vid. también, Carmen ORDOÑO ARTES, La prueba de reconocimiento judicial en el proceso civil español, Montecorvo, Madrid, 1987, y David BELTRÁN CATALÁ, “Breve reflexiones sobre la inspección ocular en el proceso penal”, en Actualidad Penal, 1995, XXIX, pp. 411-418.

70 Vid. en general, Aurelia María ROMERO COLONA, Problemática de la prueba testifical en el proceso penal, Civitas, Madrid, 2001.

71 Aunque todo denunciante tiene por lo general interés en la condena del denunciado, no por ello se elimina en forma categórica el valor de sus afirmaciones (STS 11 de mayo de 1994). En la ponderación de los testimonios la víctima, viene requiriendo la doctrina jurisprudencial como notas para su credibilidad como prueba de cargo (SSTS 5 de abril, 26 de mayo y 5 de junio de 1992, 26 de mayo de 1993, 1 de junio de 1994, 12 de febrero , 17 de abril y 13 de mato de 1996): a) Ausencia de incredibilidad subjetiva derivada de las previas relaciones acusado-víctima que pongan de relieve un posible móvil espurio, de resentimiento, venganza o enemistad, capaz de enturbiar la sinceridad del testimonio, generando un estado de incertidumbre incompatible con la formación de una convicción inculpatoria sobre bases firmes. Por tanto, prudente juicio sobre incredibilidad subjetiva derivada de las previas relaciones; b) Verosimilitud del testimonio, que ha de estar rodeado de algunas corroboraciones periféricas de carácter objetivo obrantes en el proceso; lo que supone que el propio hecho de la existencia del delito esté apoyado en algún dato añadido a la pura manifestación subjetiva de la víctima. Exigencia que habrá de ponderarse adecuadamente en delitos que no dejen huellas o vestigios materiales de su perpetración (art. 330 LECr.); puesto que, como señala la STS de 12 de julio de 1996, el hecho de que en ocasiones el dato corroborante no pueda ser contrastado no desvirtúa el testimonio si la imposibilidad de la comprobación se justifica en virtud de las circunstancias concurrentes en el hecho; c) Persistencia en la incriminación que deber ser prolongada en el tiempo, reiteradamente expresada, y expuesta sin ambigüedades o contradicciones. A partir de estos criterios ponderativos, la valoración corresponde al Tribunal de instancia que con las ventajas de la inmediación ve y oye directamente al testigo, percibiendo lo que dice y como lo dice, y tiene la posibilidad de valorar en su exacta dimensión sus gestos, palabras concretas y actitudes adoptadas por el declarante en sus afirmaciones ante el Tribunal, por lo que a su juicio valorativo y axiológico debe ser respetado íntegramente, incluida la faceta de la credibilidad del testigo. (STS 17 de noviembre de 1993).

72 Vid. SSTS 18 de noviembre de 1991, 6 de octubre y 11 de septiembre de 1992, 4 de mayo de 1993, 14 y 17 de septiembre de 1994, 23 de febrero de 1995 ó 3 de diciembre de 1996, entre otras varias.

73 La STC 217/1989 fj. 5 y STS 13 de mayo de 1996 destacan como núcleo de dificultad el establecer la veracidad y credibilidad. En la aplicación del art. 649 párrafo 2 in fine LEC 1881 /art. 370.3 LEC 2000 es clave la necesidad de que el testigo -directo o no- siempre exprese la razón de su dicho, y precise la fuente de la noticia y persona que se la hubiere comunicado si fuere de referencia (art. 710 LECr), considerando que este último en ningún caso puede sustituir al testigo directo. Asimismo, SSTS 21 de febrero de 1994, 25 de enero y 30 de mayo de 1995, 11 de abril, 13 de mayo, 12 de junio y 20 de septiembre de 1996, 10 de febrero, 15 y 16 de abril de 1997, y 30 de enero, 27 de febrero y 2 de abril de 1998, entre otras.

74 Distinto es lo que ha sido presentado como “prueba sobre la prueba”, o actividad de control corroborador o desvirtuante de la fiabilidad o eficacia probatoria de una determinada prueba ya practicada en la fase plenaria o de juicio oral y que propiamente no se dirige al hecho que en sí hubiera sido objeto de prueba o prueba directa del hecho, sino a la intrínseca credibilidad que a dicha prueba directa hubiere que concederse. Los mecanismos probatorios y posibilidades procesales que acerca de ella es posible poner en marcha inciden en especial sobre la actividad de la prueba testifical y la pericial. Así, en el primer caso, con arreglo a las facultades del art. 638 LECrim. por examen de prueba sobre la prueba a las “preguntas generales de le Ley” contestadas por el testigo, o la prueba sobre la prueba de testigos de referencia para poner de manifiesto la posible contradicción entre lo que el testigo directo le hubiere narrado y lo que el mismo testigo directo contare por sí mismo ante el tribunal. En el caso de prueba pericial la prueba sobre la prueba se articularía desde lo previsto respecto a la actividad probatoria que tuviere lugar con ocasión del incidente de recusación de los peritos a fin de corroborar o desvirtuar la certeza de las alegaciones sobre los hechos que han sido objeto de la pericia, por tanto con demostración de que en el perito concurre la causa de recusación planteada (arts. 662 y 723 LECrim.). Sin apoyo legal específico, o sólo general a través del art. 714 LECrim., constituiría prueba sobre la prueba la actividad probatoria dirigida hacia testigos y peritos que realizaren declaraciones en juicio oral contradictorias a las que efectuaron en instrucción indagando y haciendo manifiesta la causa a que obedezca la discrepancia o contradicción. También, y por extensión, revistiendo naturaleza jurisprudencial, representaría prueba sobre la prueba el control de los requisitos señalados respecto del testimonio de la víctima y la declaración del coimputado, vid. infra notas 99 y 100. Sobre el tema, con minucioso análisis, Fernando GASCÓN INCHAUSTI, El control de la fiabilidad probatoria: “prueba sobre la prueba” en el proceso penal, Eds. de la Revista General de Derecho, Valencia, 1999.

75 Valoración de alcance y sentido extraordinariamente confundente, laberíntica. Vid. la construcción y régimen narrativo de la verdad en proceso presentado por José FERRATER MORA a partir de una conjunción alternativa de testimonio, retractación y denegación o negación de la retractación en El juego de la verdad, Destino, Barcelona, 1988. “La única verdad es que se dijeron muchas cosas que podían ser verdaderas y que podían también no serlo. Quien más, y más variadas, cosas dijo fue Jesús Gálvez [asimismo que “En este mismo instante [retractación] en que proclamo la verdad siento una especie de arrepentimiento de decirla”, p. 200, y que “La verdad, Su Señoría, es un laberinto”, p. 260]. Cosas sobre sí mismo y sobre los demás personajes del drama. Cosas sobre lo que estos personajes le dijeron -o dijo que dijeron- De muchas de esas cosas se desdijo y luego se desdijo de haberse desdicho. No se sabe si, de haber seguido viviendo, habría continuado desdiciéndose de lo dicho al punto que, al final, ya nadie le habría hecho caso por suponer que nada diría sin luego desdecirse de ello. Por el momento se sabe sólo lo que dijo y de qué se desdijo antes de morir -de ser matado o de matarse a sí mismo-. Cada una de las cosas que dijo y de las que se desdijo es un candidato a la verdad” (pp. 268-269). “Lo malo es que cuando todo ha quedado aclarado, aún no se puede saber cuál es la verdad: si el testimonio, completo o modificado, o la retractación, completa o modificada, o la denegación, entera y cabal o con los cambios que le correspondan. Mejor sería dejar el asunto de lado (...). Pero no quisiera darles fin sin hablar, muy a la carrera, de un asunto no sólo interesante, sino acaso el único realmente decisivo en toda esta confusa historia: los motivos. ¿Que motivos empujaron a cada uno a decidirse por tal o cual alternativa?. Lo más natural es responder: depende de si aceptamos el testimonio de Jesús Gálvez, la retractación, o inclusive la denegación (de esta última)” (p. 273). “Pero no parece muy razonable afirmar a la vez que los motivos dependen de la verdad o falsedad de los testimonios y que son independientes de éstos. Más confusión aún. Es posible, pero no seguro, que las nieblas se despejaran un poco de poder saberse a ciencia cierta si la muerte de Gálvez había sido resultado de suicidio o de asesinato”. (p. 274).

76 Perfecto ANDRÉS IBÁÑEZ, “Acerca de la motivación de los hechos en la sentencia penal”, en Doxa, 1992, 12, p. 127, también en VV.AA., La Sentencia Penal, CGPJ, Col. Cuadernos de Derecho Judicial, XIII, Madrid, 1992, pp. 115-159. Vid. asimismo, Juan IGARTUA SALAVERRÍA, “La Sala Segunda ‘ante González’: la valoración de los indicios en la instrucción”, en Jueces para la Democracia, 28, 1997, pp. 63-64, calificando con acierto a la inmediación de “inefable”.

77 STC 169/1986 fj. 2 y 3.

78 ATC 244/1987.

79 José CALVO GONZÁLEZ, “Coherencia narrativa y razonamiento judicial” (1992), en ID., Derecho y Narración. Materiales para una teoría y crítica narrativista del Derecho, Ariel, Barcelona, 1997, p. 9, y El Discurso de los hechos.. Narrativismo en la interpretación operativa (1993), Tecnos, Madrid, 19982, p. 73. Vid. también Juan IGARTUA SALAVERRÍA, Valoración de la prueba, motivación y control en el proceso penal, Tirant lo Blanch, Valencia, 1994, p. 56. Las incorrecciones lexicológicas recogidas en la jurisprudencia citada por estos textos, y todavía persistentes -v. gr., STC 200/1996: “razonamientos lógico-deductivos”- remontan hasta Leonardo PRIETO-CASTRO FERNÁNDEZ, “Los Hechos en Casación (Líneas generales)”, Edit. Reus, Madrid, 1944 [separata de la RGLJ. Junio 1944, pp. 631-653], pp. 21-22, quien habla de “mecanismo de deducción indiciaria”.

80 Vid. Marina GASCÓN ABELLÁN, Los Hechos en el Derecho. Bases argumentales de la prueba, cit., pp. 107-108. En todo caso, una inteligente y divertida advertencia sobre las miserias del razonamiento inductivo, nos la ofrece STO (Sergio TOFANO), “Un juicio juicioso” (1920), en Sin pies ni cabeza, trad. de C. Palma, Siruela, Madrid, 1996, pp. 131-137.

81 Vid. José CALVO GONZÁLEZ, El Discurso de los hechos., cit., pp. 56-65. También Rafael DE ASÍS ROIG, Jueces y Normas. La decisión judicial desde el Ordenamiento, Marcial Pons, Madrid, 1995 pp. 137-143, y Sobre el razonamiento judicial, MCGraw Hill, Madrid, 1998, pp. 23-31 y 36-43.

82 La plástica de los “indicios penales”, o de su equivalente civil, las “presunciones” (vid. STC 169/86, fj. 2, y STS 18 de febrero 1991, y asimismo José CALVO GONZÁLEZ, El Discurso de los hechos., cit., p. 74), con virtualidad probatoria es muy diferente a la sugerible para el “indicio” del art. 384 LECr. en ocasión del dictado de auto de procesamiento. Así, comienza por llamar la atención que en dicho precepto baste sólo con detectar “algún indicio racional de criminalidad contra determinada persona”, es decir, que resulte suficiente con un indicio, no precisándose la advertencia de varios. En realidad, tal indicio ya venía significativamente calificado por la RO Circular de 5 de septiembre de 1906 como “hecho inductivo”, a mi parecer jurídicamente revestible de evidencia. El juez instructor, tras la práctica de las oportunas diligencias, en efecto induce (la RO de 13 de marzo de 1895 refirió la necesidad de “un razonamiento peculiar”, lo que cabe interpretar como distinto del estandar deductivo), alrededor de un preciso acontecimiento o en torno a una conducta concreta, la presencia de un, diría, fumus, si no tenebrae, un humazo y falta de claridad, que hace evidencia racional de criminalidad contra determinada persona, siempre naturalmente por estimar que con arreglo al art. 789.5 regla 1ª LECr. no debió acordar el sobreseimiento libre del art. 637.2 (cuando el hecho no sea constitutivo de delito), o del art. 637.1 y 3 (cuando no existan indicios racionales de haberse perpetrado el hecho que hubiere dado motivo a la formación de la causa, y cuando aparezcan exentos de responsabilidad criminal los procesados como autores, cómplices o encubridores [figura esta última extinguida en el CP de 1995 como forma de participación delictiva]), o el sobreseimiento provisional contemplado por el art. 641 en cualquiera de sus dos vertientes: cuando no resulta debidamente acreditada la perpetración del delito, o cuando resulte haberse cometido y no haya motivos suficientes para acusar a determinada o determinadas personas como autores, cómplices o encubridores [ibidem supra]. Ese indicio como evidencia se hace señal o signo de la racional existencia de un infracción penal en las dinámicas comisivas de resultado, v. gr. en las lesiones, a través del parte de esencia emitido por el facultativo al Juzgado (arts. 262 y 355 LECr.) donde se refleje el tratamiento médico o quirúrgico aplicado a las heridas, o en las agresiones sexuales con el reconocimiento físico y exploración ginecológica de la presunta víctima y la recogida de alguna muestra catalogable de indicio biológico o no biológico del posible agresor, o del lugar en que se hubiere cometido el hecho. Vid. sobre ello, Guillermo PORTERO LAZCANO, “Lesiones, malos tratos y violación”, en Medicina Legal, CGPJ-Ministerio de Justicia, Madrid, 1993, y Pablo J. PÉREZ JORGE, “La toma de muestras y la inspección ocular en los delitos sexuales”, en VV.AA., Estudios sobre violencia familiar y agresiones sexuales, Ministerio de Justicia-Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 1999, vol. II, pp. 61-91.

83 Han polemizado en torno a la esa faceta/condición de juez-historiador Manuel ATIENZA, “Sobre la argumentación en materia de hechos. Comentario crítico a las tesis de Perfecto Andrés Ibáñez” y Perfecto. ANDRÉS IBÁÑEZ, “De nuevo sobre la motivación de los hechos. Respuesta a Manuel Atienza”, ambos en Jueces para la Democracia, 22, 2/1994, pp. 82-86 y 87-92 respec. Puede ser ilustrativo recoger, en antecedente, lo expuesto en la STS de 14 de octubre de 1986: “En el proceso penal la actividad probatoria constituye la fase más trascendental, ya que como se ha señalado por muy autorizada doctrina procesal, la función jurisdiccional se asemeja en tal área o ámbito a la historiografía, pues el juez, lo mismo que el historiador, está llamado a indagar sobre los hechos del pasado y averiguar su real existencia”.

84 Aristóteles, Poética, 1450 a 5 y 15: “llamo aquí mythos (“fábula” o “trama”) a la composición (syinthesis o syntasis ) de los hechos”. Por mi parte, entiendo que en la syinthesis o syntasis de los hechos es posible distinguir la compositiva de una “fabula” y una “trama”. Sobre ello, mi trabajo “Modelo narrativo del ‘juicio de hecho’: inventio y ratiocinatio”, en Libro Homenaje al Prof. Luis García San Miguel, Universidad de Alcalá de Henares (en prensa).

85 Componer la trama o intriga “es ya hacer surgir lo inteligible de lo accidental, lo universal de lo particular, lo necesario o lo verosímil de lo episódico”. Paul RICOEUR, Tiempo y Narración, I, Configuración del tiempo en el relato de ficción (1985), trad. de A. Neira, Siglo XXI, México, 1995, p. 96.

86 “Con esto queremos decir que ninguna acción es un principio más que en una historia que ella misma inaugura; que ninguna acción es tampoco un medio más que si provoca en la historia narrada un cambio de suerte, un “nudo” a deshacer, una “peripecia” sorprendente, una sucesión de incidentes “lamentables” u “horrorosos”; por último, ninguna acción, considerada en sí misma, es un fin, sino en la medida en que, en la historia narrada, concluye el curso de la acción, deshace un nudo, compensa la peripecia mediante el reconocimiento, sella el destino del héroe mediante un último acontecimiento que aclara toda la acción y produce, en el oyente, la kátharsis de la compasión y del terror”. Paul RICOEUR, “Narratividad, fenomenología y hermenéutica” (1986), trad. de G. Aranzueque, en Cuaderno Gris (Universidad Autónoma de Madrid), 2, 1997, p. 481 (Monográfico Horizontes del relato. Lecturas y conversaciones con Paul Ricoeur, ed. de Gabriel ARANZUEQUE).

87 SSTC 175/1985, fj. 5, y 229/98 fj. 2.

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