Gusmar S. R. L. c/ Morales Maria Isabel s/ cobro ejecutivo



Descargar 28,46 Kb.
Fecha de conversión20.03.2017
Tamaño28,46 Kb.
Expte. 134.685 - "Gusmar S.R.L. c/ Morales Maria Isabel s/ cobro ejecutivo" - CÁMARA PRIMERA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE BAHIA BLANCA (Buenos Aires) – EN PLENO – 27/05/2010

En la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de Mayo de dos mil diez, reunidos en acuerdo plenario los señores Jueces de la Excma. Cámara Primera de Apelaciones en lo Civil y Comercial de este Departamento Judicial, Dres. Guillermo E. Ribichini, Abelardo A. Pilotti, Miguel A. Diez, Leopoldo Luis Peralta Mariscal y Gustavo J. Salvatori Reviriego, para dictar sentencia en los autos caratulados: "GUSMAR S.R.L. c/ MORALES MARIA ISABEL s/ COBRO EJECUTIVO", y practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Cód. Procesal)), resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Dres. Ribichini, Peralta Mariscal, Pilotti, Salvatori Reviriego y Diez, resolviéndose plantear y votar las siguientes:

C U E S T I O N E S:

1ra) Es aplicable al avalista cambiario la doctrina del fallo plenario dictado el 17 de junio de 2003 en los autos caratulados "Baieli Juan Carlos c/ Aguero Gladys Esther y Ot. s/ Cobro Ejecutivo?


2da) Qué pronunciamiento corresponde dictar?

V O T A C I O N

A LA PRIMERA CUESTION, EL SR. JUEZ DR. RIBICHINI, DIJO:

En mi opinión -coincidente con la vertida por la sala que integro en oportunidades anteriores (v., entre otros, Expte. Nº 134.685 del 15/12/2009)- no puede sino darse respuesta positiva a la cuestión que suscita el presente.//-


Ello así, desde que no () cabe asimilar el aval a la fianza. En esta última, es manifiesto que la obligación del garante no deriva de un préstamo de dinero o de una compra de mercaderías, sino de una convención -o declaración unilateral- de afianzamiento, celebrada u otorgada en virtud de las relaciones personales o comerciales que lo vinculan al obligado principal (arts. 1986 y ss. C. civil;; art. 478 y ss del C.Com.).-
El aval, en cambio, es una declaración de voluntad unilateral, cartular y abstracta, enteramente desvinculada de la relación que le dio origen, y que emplaza a su otorgante en calidad de obligado cambiario principal, con absoluta independencia y autonomía de aquél por quien es dada (arts. 32 y ss dec-ley 5965/63; v. ALEGRIA, Héctor, "El aval", ed. Astrea, Buenos Aires 1975, p. 80 y ss).-
Si esto es así, la situación del avalista no puede sino quedar alcanzada por la doctrina sentada en el plenario referido. Pues allí se estableció que la legalidad del embargo de haberes reclama la necesidad de esclarecer el origen del crédito, y que en función de ello, la sumariedad del trámite ejecutivo, y la abstracción propia de la ejecución cambiaria, no pueden enervar la operatividad de la restricción que impone el Dcto-ley 6754/43 para el embargo de los sueldos.-

VOTO entonces por la AFIRMATIVA.-

A LA MISMA CUESTION, EL SR. JUEZ DR. PERALTA MARISCAL, DIJO:

I. Tratándose de un avalista no resulta aplicable la inembargabilidad prevista por el dec. ley 6754 y receptada por el plenario "Baieli" en el marco de los títulos incausados. Así lo tiene dicho reiteradamente la sala que integro de este tribunal (causas 134.410 del 01/12/09 reg. en L.I. 30, N.O. 524; 134.336 del 01/12/09 reg. en L.I. 30, N.O. 527; 134.987 del 11/02/10 reg. en L.I. 31, N.O. 37; 134.917 del 11/02/10 reg. en L.I. 31, N.O. 31; 134.949 del 23/02/10 reg. en L.I. 31, N.O. 61).-

II. Concretamente vengo sosteniendo conjuntamente con mi apreciado colega de sala, Dr. Abelardo A. Pilotti, que el carácter accesorio de la garantía que importa el aval no trae aparejada la extensión de la inembargabilidad con que la ley beneficia extraordinariamente a determinados sujetos en particulares situaciones. La protección legal sólo alcanza a quien toma un préstamo en dinero o adquiere mercaderías, m s no a quien se obliga libremente como garante (específicamente avalista) del sujeto que realiza estas operaciones. Quedan aquí descartadas las motivaciones que dieron lugar al dictado del decreto 6754/43, que por tratarse de una norma de excepción debe ser aplicada estrictamente a las situaciones en ella contempladas.-
Debo en realidad decir que la doctrina del plenario "Baieli", en el que no participé por haber sido dictado con anterioridad a mi incorporación a este cuerpo, nunca me convenció pues prescinde de la característica principal del pagaré que es su carácter de documento abstracto. En este sentido cabe recordar, como resume Gómez Leo al referirse a la letra de cambio, pero aclarando que comparte los caracteres comunes a todos los títulos de créditos, que "La cambial se comporta como un negocio abstracto, porque el derecho de crédito que en ella se ha incorporado mediante una declaración unilateral de voluntad, expresada con la firma de quien la suscribe, puede ser exigido con prescindencia de la relación fundamental o negocio de derecho común que le sirve de causa para su libramiento o transmisión. Tal prescindencia objetiva de la causa es absoluta ante el tercero portador de buena fe del título y es relativa o circunstancial entre los sujetos vinculados directamente en el nexo cambiario... pues la posibilidad de invocar o prescindir de la causa depender de la vía procesal elegida para el cobro de la letra... si se trata de un juicio ejecutivo, está vedado discutir la causa del título base de la ejecución (art. 544, C. Proc. Nac.)" (Gómez Leo Osvaldo R. "Manual de Derecho Cambiario. Letra de Cambio. Pagaré. Cheque.", reimpresión. Buenos Aires, Depalma, 1991, p. 54).-
Tal abstracción tiene su fundamento en la necesidad de "tutelar suficientemente los valores esenciales de la circulación, transmisión y ejercicio de los derechos de crédito, esto es: certeza en la adquisición, rapidez en la negociación y seguridad en la realización final del derecho cambiario incorporado en los papeles de comercio" (Gómez Leo Osvaldo R.. "Tratado del Pagaré cambiario". 1era. Edición. Buenos Aires LexisNexis. 2002, p. 80).-

III. Nótese que el decreto ley 6754 beneficia exclusivamente a determinados sujetos y no al resto, por lo que su aplicación no es la regla sino la excepción. La única manera de determinar si es aplicable es constatando que tiene como causa específica el préstamo de dinero o la compra de mercaderías. Si no se sabe cu l es la causa, y no puede investigársela por tratarse el pagaré de un título de crédito, y además por estar haciéndoselo valer en un proceso ejecutivo, entonces el pagaré no puede estar alcanzado por la inembargabilidad a la que hace referencia dicha norma.-


Ahora bien, podría quedar algún margen de discusión pues los documentos abstractos no es que no tienen causa sino que se prescinde de ella para evitar -justamente- las defensas causales; todas las obligaciones tienen causa (art. 499 del Código Civil), y esa causa podría tranquilamente ser una obligación de las amparadas por el decreto 6754/43. Como vengo diciendo, ese análisis está totalmente vedado cuando se trata de documentos abstractos como los títulos de crédito, pero aún así es cierto que es posible que la causa sea aquella a la que se refiere dicha normativa. Pero en el caso de autos eso no es así puesto que, tratándose de un aval, la causa jamás puede ser la "compra de mercaderías o el préstamo de dinero" sino, a lo sumo, una garantía por compra de mercaderías o préstamo de dinero; pero entonces la causa no sería la compra o el préstamo en sí mismos. Así las cosas, en el supuesto del librador del pagaré, entre el infinito abanico de posibles causas que no se pueden investigar por el carácter del título y el tipo de proceso, cabe reconocer que una de ellas puede ser el préstamo de dinero o la compra de mercaderías, con lo que existe una posibilidad sobre un abanico infinito de posibilidades de que, si se investigara la causa de la obligación, se advirtiera que se trata de la prevista en el decreto 6754/43. En cambio, en el caso que ahora nos ocupa -aval-, no existe ninguna posibilidad de que se den los presupuestos del decreto 6754/43 pues ya sabemos que se trata de un aval, es decir de una garantía, cuya causa entonces no es la compra de mercaderías o el préstamo de dinero, aún cuando pudiera serlo la de la obligación principal avalada.-

IV. Al respecto señala Alegría, al hablar de la función económica del instituto, que "...en el aval nos hallamos frente un acto de pura garantía, donde ésta se muestra como la finalidad particular de la figura analizada. El reforzamiento del crédito se logra así mediante la actuación de un sujeto con esa intención específica, con la que se obtiene en definitiva una m s fluida posibilidad de circulación del documento, pues le agrega su responsabilidad como valorizador objetivo de confianza... Por lo demás, actualmente puede afirmarse que las operaciones de crédito se han diversificado y aumentado de tal manera que las garantías externas se han constituido en el recaudo normal de actuación de grandes sectores del comercio" (Alegría Héctor: "El aval. Tratamiento completo de su problemática", Buenos Aires, Astrea, 1975, p g. 3 y ss.).-


M s adelante, al analizar sus características y refiriéndose específicamente a su carácter de "garantía cambiaria" sostiene el mismo autor que "el carácter cambiario del vínculo tiene consecuencias especiales: "... crea un vínculo documental necesario, que constituye un derecho autónomo, literal, completo y abstracto....". Continúa señalando con incontestable razón que "Al ser un acto cambiario, la obligación generada es abstracta, es decir, que en su relación circulatoria prescinde de la causa", agregando que "... el aval no es garantía de la obligación del avalista ni de la persona avalada. Ello es así porque, incluso, puede no existir jurídicamente obligación garantizada (por ejemplo ser nula) y ser operante el aval, como hasta puede llegar a no existir la persona avalada... sin que produzca mella en la validez del acto de garantía" (p. 21 y ss.).-
La "independencia" del aval impone, entonces, la respuesta negativa a la cuestión que es objeto del plenario.-

V. En cuanto a la naturaleza jurídica del aval, siguiendo también al autor que más ha ahondado el punto en nuestro medio, digo que "Es una garantía cambiaria típica. Tal es la conclusión compartida por la moderna doctrina. Resumiendo las exposiciones de los autores, esta opinión... destaca el carácter cambiario de la obligación del avalista, desvinculado de la obligación avalada, abstracto y literal y que confiere al portador un derecho autónomo... El avalista adquiere una obligación directa y personal, no la de su avalado, y responde por el pago de la letra, no por el cumplimiento de éste." (Alegría. p g. 79).-


Hágase hincapié en este punto: la obligación del avalista no es la del avalado. Corolario de lo que vengo diciendo y de la abstracción de la obligación del avalista es que "...el tercero portador de buena fe no está sujeto a la relación causal por la que se prestó el aval, ni a las relaciones extracartulares existentes entre el avalista y el avalado, el tomador o cualquier otro portador" (Alegría, p g. 256/257).-

VI. De todo lo expuesto surge con fuerza y claridad la característica de abstracción que posee el aval, no sólo por estar incluido dentro de un título abstracto, sino por ser esa su esencia jurídica como garantía cambiaria, a lo cual se suma que ese título de crédito se pretende cobrar en un juicio ejecutivo. Y es precisamente eso lo que impide adentrarse en el estudio de la causa, no sin advertir que por ser una garantía esa causa no puede ser la venta de mercadería ni un préstamo en dinero; no conocemos ni podemos investigar los alcances de esa "causa-garantía" pero sí sabemos que es una "causa-garantía".-


Por ello, estimo valioso transcribir parte del voto en minoría del Dr. Osvaldo García Festa en el mentado plenario "Baieli", distinguido magistrado a quien sucedí en esta vocalía, cuyos fundamentos comparto: "... no procede presumir el origen del libramiento del documento para decidir sobre la aplicación del decreto que restringe la embargabilidad de los sueldos de los empleados públicos. Es que se trata de una norma que hace excepción al principio general de que el patrimonio del deudor constituye la prenda común de los acreedores y que establece -además- un trato diferenciado para los dependientes de la Administración Pública, circunstancias que imponen restringir su aplicación a los supuestos especialmente previstos y en la medida en que se encuentren suficientemente acreditados los presupuestos de hecho respectivos... Dado el carácter excepcional de la inembargabilidad relativa dispuesta por el decreto referido en relación a los sueldos de los deudores que revisten el carácter de empleados públicos, ya que ese privilegio procesal no lo gozan los trabajadores de la actividad privada, la aplicación debe hacerse cuando está perfectamente acreditado que el origen del crédito es un préstamo en dinero o una compra de mercaderías. Tal certeza no surge cuando se ejecutan, títulos de crédito abstractos, en los que no se menciona el origen de la obligación, como en los casos de pagarés que se ejecutan en el proceso que provocó la convocatoria del plenario. por lo que no corresponde presumir que la relación subyacente es un contrato de mutuo o de compraventa de mercaderías, dado el carácter excepcional de la prerrogativa referida... La Excma. Suprema Corte de Justicia de Mendoza se pronunció en el mismo sentido, en los autos , al establecer que (Revista La Ley, T. 1999-A), p g. 13). De la lectura del fallo surge que el embargo del sueldo del empleado público había sido ordenado en un juicio ejecutivo en el que el crédito estaba instrumentado en un pagaré".-

VII. En resumen, el plenario "Baieli" es desacertado porque prescindiendo del carácter abstracto de los títulos de crédito considera la posibilidad de que la causa de la obligación sea de la naturaleza a que se refiere la protección del art. 6754/43. El que ahora es objeto de debate, si recibiera la cuestión planteada una respuesta mayoritaria por la afirmativa, sería a mi modo de ver m s desacertado aún -si cabe- porque a pesar de que se sabe positivamente y sin margen de duda que no se dan los presupuestos del decreto 6754/43, extendería una inembargabilidad al sueldo del avalista que definitivamente no tiene amparo en la norma que se invoca para sostener semejante punto de vista.-


Para colmo, generaría gran inseguridad en la circulación cambiaria, ya mellada en este ámbito territorial por la obligatoriedad del plenario "Baieli";; porque directamente los pagarés y letras de cambio carecerían de efectos frente a sus firmantes -independientemente del carácter en que lo suscriban-, si son empleados de la Administración nacional, provincial, municipal o de las entidades autárquicas y no se les conoce más bienes que su sueldo para hacer frente a sus obligaciones.-

Voto por la negativa.-

A LA MISMA CUESTION, EL SR. JUEZ DR. PILOTTI, DIJO:

Coincido con el voto del Dr. Peralta Mariscal en su conclusión, mas obviamente no en sus comentarios referidos a la duda que le origina lo oportunamente resuelto en el plenario "Baieli", dado que sí integré el tribunal por entonces y voté en el sentido que sentó posición en aquel pronunciamiento.-


No es el momento para reeditar aquella cuestión hoy zanjada, sin embargo, es bueno recordar que en el proceso ejecutivo esta vedado indagar en la causa, lo que impide saber el origen del crédito y con ello si fue o no derivado de un préstamo de dinero o adquisición de mercaderías (condición de la inembargabilidad prevista en el decreto 6754/43), y es esta imposibilidad la que llevó al dictado del mencionado plenario tada vez que no podemos abrir el debate para conocer la causa.-
Sin embargo, cuando nos referimos al avalista, con independencia del carácter diferencial que se le quiera dar respecto de la fianza, lo real es que aún asumiendo la posición jurídica del obligado principal, NO es quien tiene una causa negocial con el acreedor, razón por la cual, nada importa que no se pueda abrir en los procesos de ejecución el debate causal, desde que aunque lo hiciéramos, la causa de la obligación no es la del avalista, quien no compró mercaderías ni tomó un préstamo de dinero, sino que solo "avaló" una obligación de un tercero, por lo que nunca resultaría alcanzado por la protección normada en el citado decreto.-
Clara e ilustradamente ha caracterizado el voto precedente el marco jurídico en que debe analizarse el aval con las citas del Dr. Alegría, de donde se evidencia la característica de abstracción del instituto, por lo que en honor a la brevedad a ellas me remito.-
Sin embargo previo a finalizar debo destacar que para nada comparto la reflexión del voto precedente sobre la supuesta "inseguridad" cambiaria creada por el plenario "Baieli", tanto porque desde que se conoce su contenido sólo es necesario actuar en la esfera del tráfico negocial cambiario con sujeción a sus consecuencias, como porque el mismo decreto 6754/43, previó la forma en que se puede afectar aquella teórica porción de la prenda común de sus acreedores, cual sería el sueldo del empleado de la adminsitración pública, a la que el futuro acreedor podría recurrir para obtener el reintegro de su crédito.-
Pero en verdad tampoco deseo extenderme en responder al colega de sala sobre una inoportuna reedición de una cuestión ya zanjada (aunque sin su intervención) por el citado plenario "Baieli".-
Aunque entonces sólo compartiendo parcialmente los fundamentos del que antecede, también doy mi VOTO POR LA NEGATIVA.-

A LA MISMA CUESTION, EL SR JUEZ DR SALVATORI REVIRIEGO, DIJO:

Adhiero al voto de mi estimado colega Dr. Ribichini. Con una acotación, que haré para contestar la objeción alzada por el Dr. Peralta Mariscal a la solución propuesta por el magistrado preopinante, que en la parte que hace a la virtualidad del plenario "Baieli", ya fue contestada por el Dr. Pilotti, en términos a los que también adhiero.-
Si bien el aval funciona como garantía, el avalista es de todos modos un obligado cambiario, y su obligación es abstracta, no porque carezca de causa, sino porque esa causa -no explicitada en la cambial- queda desvinculada del título. Mas esa función de garantía, que le reconoce la normativa sustancial (art 32 Decreto ley 5965/63), no implica que deba asimilarse el avalista a un fiador, debiendo recordarse, en todo caso, que una asunción de deuda, cualquiera sea su modalidad, puede tener origen en una de esas operaciones que menta el decreto 6754/43, dado que puede ser otorgada, vgr., solvendi causa, o credendi causa.-
Y en tal sentido, le caben al caso los argumentos que justificaron de nuestra parte la solución dada en el plenario "Baieli", a cuyos términos me remito en homenaje a la brevedad, como única posibilidad de asegurar la operatividad de la protección dispensada a los empleados administrativos por el mencionado decreto.-

Voto, entonces, por la AFIRMATIVA.-

A LA MISMA CUESTION, EL SR. JUEZ DR. DIEZ, DIJO:

Por las consideraciones expuestas por mi estimado colega el Dr. Ribichini, a las que adhiero, doy mi voto también por la AFIRMATIVA.-

A LA SEGUNDA CUESTION, EL SR. JUEZ DR. RIBICHINI, DIJO:

Dada la manera en que fue formulada la primera cuestión y el resultado de la votación precedente, cabe establecer por mayoría la siguiente doctrina plenaria: "Que resulta aplicable al avalista cambiario la doctrina del fallo plenario dictado el 17 de junio de 2003 en los autos "Baieli Juan Carlos c/ Aguero Gladys Esther y Ot. s/ Cobro Ejecutivo".-


Los Sres. Jueces Dres. Peralta Mariscal, Pilotti, Salvatori Reviriego y Diez, votaron en igual sentido, con lo que terminó este plenario dictándose el siguiente

P R O N U N C I A M I E N T O



AUTOS y VISTOS: CONSIDERANDO: Atento lo que resulta de la votación anterior, fíjase como doctrina plenaria la siguiente: "Que resulta aplicable al avalista cambiario la doctrina del fallo plenario dictado el 17 de junio de 2003 en los autos "Baieli Juan Carlos c/ Aguero Gladys Esther y Ot. s/ Cobro Ejecutivo".-
Comuníquese a los Juzgados de Primera Instancia.//-

FDO.: MIGUEL ANGEL DIEZ


La base de datos está protegida por derechos de autor ©absta.info 2016
enviar mensaje

    Página principal