Fecha: 17/08/1999 Partes: Kosuta, Teresa R. Publicado en



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Por lo demás, no debe soslayarse que el derecho al recurso es un medio imprescindible para que los que son parte puedan, colaborar y coadyuvar en el referido proceso, controlando a través del recurso, tanto este conjunto de actividades que posibilitarán, en el tiempo y en el espacio la sentencia, como la adaptación a derecho de este acto jurisdiccional (Suau Morey "Tutela constitucional de los recursos en el proceso penal", Ed. Bosch, Barcelona, 1995, p. 29).
Al respecto, no debe dejarse de aclarar que para ejercer la vía impugnativa el recurrente debe encontrarse debidamente habilitado para interponer el recurso pues tal como lo ha sostenido esta sala "cuando el art. 460 menciona a la parte querellante lo hace dando por sentado que esa calidad no se encuentra en discusión, de manera que el sujeto que no logró un pronunciamiento judicial que lo reconozca como tal no puede acceder a esta instancia extraordinaria..." (causa N° 5 "Acervo, Néstor H. s/recurso de casación", reg. N° 8/93, rta. el 31/5/93).
Consecuentemente, referente a esta última cuestión, corresponde pronunciarse a favor de la legitimación autónoma del querellante para recurrir el auto de suspensión del juicio a prueba a fin de obtener un pronunciamiento útil relativo a sus derechos.
Décimo:
En conclusión, en mérito a las consideraciones expuestas, debe adoptarse como doctrina aplicable que:
I) El art. 76 bis del Cód. Penal comprende dos grupos de delitos, un primero que encierra a aquellos que tienen prevista una pena de reclusión o prisión cuyo máximo no supera los tres años (párrs. 1° y 2°), y un segundo que comprende a delitos --no incluidos en el primer grupo-- que, previendo la ley penal un máximo de pena superior a los tres años de privación de la libertad, permiten el dictado de una condena cuyo cumplimiento puede dejarse en suspenso --art. 26, Cód. Penal-- (párr. 4°);
II) Procede la suspensión del juicio a prueba cuando el delito imputado tiene prevista pena de inhabilitación especial en forma conjunta;
III) El dictamen del fiscal desfavorable es vinculante para el órgano decisor a fin de resolver la suspensión del juicio a prueba prevista en el cuarto párrafo del art. 76 bis del Cód. Penal;
IV) El querellante posee legitimación autónoma para recurrir el auto de suspensión del juicio a prueba a fin de obtener un pronunciamiento útil relativo a sus derechos.
Los doctores Riggi, Capolupo de Durañona y Vedia, Catucci, Mitchell, Berraz de Vidal, Madueño, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso, Hornos y Fégoli, dijeron:
La res. (S.J. N° 40) de esta Cámara Nacional de Casación Penal de fecha 12 de febrero de 1999, nos convoca a expedirnos respecto del instituto "De la suspensión del juicio a prueba" regulado por los arts. 76 bis, ter y quater del título XII, agregado por la ley 24.316 al Libro Primero del Cód. Penal, constriñendo el debate al siguiente temario:
I) Pena sobre la que debe examinarse la procedencia del instituto previsto en el art. 76 bis y sigtes. del Cód. Penal;
II) Procedencia o no del instituto cuando el delito tiene prevista pena de inhabilitación;
III) Carácter vinculante o no del dictamen fiscal en la suspensión del juicio a prueba; y
IV) Legitimidad o no del querellante para recurrir la suspensión del juicio a prueba, excluido el supuesto correspondiente al monto de la reparación.
Primero:
Observamos en nuestro análisis y desarrollo argumental, el orden establecido en el descripto temario aprobado; sin perjuicio de efectuar un breve relevamiento de consideraciones relativas al instituto que nos ocupa.
Con la ley 24.316, sancionada el 4 de mayo de 1994 y promulgada el día 13 del mismo mes y año (B.O. del 19/5/94), se introdujo en nuestro ordenamiento penal vigente el instituto de la "suspensión del juicio a prueba" con el objeto de evitar la imposición innecesaria de penas a personas que, habiendo cometido delitos de escasa gravedad, se sometan a los requisitos previstos en dicha norma.
En efecto, se consagra excluir del juzgamiento penal --mediante la paralización del proceso-- la gran variedad de delitos conminados con penas que no superan los tres (3) años de prisión, comúnmente denominados "insignificantes" o "de lesión mínima al ordenamiento jurídico" o "faltas de baja potencialidad ofensiva" o "delitos de bagatela"; en beneficio del delincuente primario u ocasional, evitando el mal --la estigmatización que dificulta su resocialización-- que implica la imposición de una pena (sustituyéndola por una serie de reglas de conducta) y procurando su rápida reintegración a la sociedad.
Mediante este sistema, se intenta además contribuir a un mayor control de esta franja de conductas delictivas, las que anteriormente hubiesen sido castigadas con condenas de ejecución condicional sobre las cuales no se ejercía contralor alguno. Asimismo, la aplicación de esta moderna técnica posibilita la descongestión de puntos críticos de la organización judicial argentina, permitiendo "obtener un rendimiento mejor que el observado hoy por la sociedad" (Conf. Mensaje del Poder Ejecutivo al Honorable Congreso de la Nación en Antecedentes Parlamentarios, LA LEY, año 1994, N° 2, p. 18).
Ahora bien, la ambigua redacción de la ley 24.316 ha traído numerosos inconvenientes en su aplicación práctica. Así advertimos que --genéricamente y con ciertos matices-- se han generado dos criterios interpretativos mayoritarios. Según el primero de ellos, el art. 76 bis del Cód. Penal contempla un único supuesto que concentra todos los requisitos exigidos para la concesión del beneficio; y de acuerdo al restante, por el contrario, esta norma plantea dos hipótesis: una relativa a los delitos con pena de prisión que no exceda de tres años, sin otras exigencias (al interesado le bastará con ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible), y la otra para los supuestos en que razonablemente se pueda pensar que la pena será en suspenso (sin límite en la amenaza penal abstracta), en cuyo caso será necesario el consentimiento fiscal para suspender el juicio.
Para resolver esta disyuntiva, recordamos que el interpretar la ley requiere de una investigación de carácter dogmático cuyo objetivo es descubrir su sentido, para así aplicarla al caso concreto. Es una operación que busca "poner de acuerdo a la ley penal, abstracta y genérica por naturaleza, con lo concreto y variable del caso particular" (Vincenzo Manzini en "Tratado de Derecho Penal", citado por Carlos Creus "Derecho Penal, Parte General", p. 78, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1992). Asimismo, debemos tener presente que para la interpretación de una norma, ésta debe ser tomada en su totalidad, íntegra, sin fraccionarla ni dividirla, ya que el significado de sus vocablos puede variar al separarlos del resto del texto (conf. Creus, ob. cit., p. 81).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho reiteradamente que "La primera fuente de interpretación de la ley es su letra, pero además la misión judicial no se agota en ello, ya que los jueces, en cuanto servidores del derecho para la realización de la justicia, no pueden prescindir de la intención del legislador y del espíritu de la norma; todo esto, a su vez, de manera que las conclusiones armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional" (conf. E. 171. XXII. "Estado nacional c. Rudaz, Martín A. y otra s/nulidad de resolución", rta. el 5/12/92); y que, cuando en la ley se emplean varios términos sucesivos, "es la regla más segura de interpretación la de que esos términos no son superfluos sino que han sido empleados con algún propósito, el que debe buscarse no en significaciones oscuras o abstractas sino en el sentido más obvio al entendimiento común" (conf. K. 50. XX. "Kasdorf SA. c. Provincia de Jujuy s/daños y perjuicios", rta. el 23/12/92). También ha expresado el Alto Tribunal que no es admisible una interpretación de la ley "que equivalga a prescindir del texto legal si no media debate y declaración de inconstitucionalidad, pues la exégesis de la norma, aun con el fin de adecuación a principios y garantías constitucionales, debe practicarse sin violación de su letra o de su espíritu" (V. 254.XXVII. "Vera González, Alcides J. c. Radio y Televisión Riojana S.E. y otra", rta. el 4/5/95).
Teniendo todo ello presente, y en función de las demás razones y fundamentos que se expondrán, apreciamos que la conclusión adecuada sobre el sentido jurídico que debe acordársele a la norma en estudio es la que conceptúa que el art. 76 bis del Cód. Penal plantea un único e indivisible supuesto en virtud del cual se podrá conceder el beneficio de la suspensión del juicio a prueba al imputado de un delito de acción pública reprimido con pena de reclusión o prisión cuyo máximo no exceda de tres años, siempre que él lo solicitare, ofreciere hacerse cargo de reparar el daño en la medida de lo posible, las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la pena aplicable, y mediase consentimiento fiscal. La otra hipótesis (la amplia), aun cuando --"de lege ferenda"-- pudiera resultar más útil para aliviar el funcionamiento del sistema judicial, y de menor efecto estigmatizante, que consagraría una mayor discrecionalidad judicial y, en definitiva, otorgaría mayores posibilidades de aplicación a la "suspensión del juicio a prueba", entendemos que excede el marco legal y el ordenamiento jurídico restante en su conjunto, ya que fuerza --a nuestro juicio-- la interpretación al extremo que --de ser consecuentes y observando un ejemplo-- se tendría que afirmar que para el segundo supuesto --delitos con pena máxima de más de tres años, susceptibles de condenación condicional-- sólo se requiere el consentimiento fiscal sin que se exija la necesaria solicitud del interesado al respecto. Y esto último se traduce en una afectación a la garantía constitucional de defensa en juicio, al principio de inocencia y al derecho a obtener una decisión judicial definitiva que resuelva su situación ante la ley y la sociedad, extremo que resulta inaceptable en nuestro sistema republicano. Ello así, pues de acuerdo con la separada lectura del cuarto párrafo del artículo, el tribunal con la sola conformidad fiscal, podría imponer severas reglas de conducta a una persona cuyo estado de inocencia no ha sido desvirtuado por una sentencia condenatoria, y sin la expresa petición concreta del interesado de someterse al régimen del instituto en estudio.
Asimismo repárese en que "en el proceso legislativo se suprimió expresamente la posibilidad que preveía el proyecto enviado por el P.E., de conceder la suspensión también en caso de penas mayores a tres años. La voluntad de votar una ley más restrictiva que la que había propuesto el P.E. es expresa en el debate parlamentario" (conf. Luis M. García, "Suspensión del Juicio a Prueba", en Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal, Ed. Ad Hoc, 1996, p. 324).
En efecto, durante la discusión del proyecto en el Congreso, el Miembro Informante de la Comisión de Legislación Penal, diputado Antonio M. Hernández, manifestó que "...la institución del juicio a prueba va a significar no sólo la viabilización del nuevo código de procedimientos en materia penal sino la posibilidad de que a través del nuevo procedimiento oral-penal los delincuentes que más ofenden a la sociedad argentina, los que atacan los bienes jurídicos que más deben ser protegidos, sean condenados como corresponde. Si los bienes personales y materiales con que cuenta la administración de justicia son destinados a juzgar los delitos más graves, se modificará la credibilidad en la justicia penal..."; y aclaró que "...Hemos establecido como límite para la aplicabilidad de la suspensión del juicio la reclusión o prisión de tres años, o sea los delitos de menor entidad. Estos, en la Capital Federal, son de competencia de los jueces correccionales, y nosotros sabemos la situación de colapso en que se encuentra la justicia correccional de la Capital Federal. Aclaramos que lo que (se) suspende es el juicio, no la primera parte del proceso, o sea la instrucción. Decimos rápidamente que para que se pueda suspender el juicio deben darse cuatro condiciones: a) que el delito tenga una pena menor de tres años; b) que fuese aplicable al caso la condena de ejecución condicional; c) que el imputado ofrezca hacerse cargo de la reparación de los daños del delito, y d) que el imputado abandone en favor del Estado los bienes que resultarían decomisados en caso de condena" (conf. Antecedentes Parlamentarios, La Ley, 1995-167, parágrafos 34 y 41).
En la misma inteligencia se pronunció el Miembro Informante de la Comisión del Senado sobre Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios, senador Augusto Alasino, quien ante la propuesta del senador Alberto Rodríguez Saa de aplicar el instituto de la suspensión del proceso a los delitos cuya pena no exceda los seis años, manifestó que "...Cada uno puede tener un enfoque distinto con relación a los delitos que pretende incorporar a esta figura, pero es prudente pensar que los tres años prefijados están encaminados simplemente hacia delitos menores, diría muy menores, que en la mayoría de los casos --sobre todo en muchas provincias-- culminan en los procesos correccionales. Se trata de aquellos casos en donde el juez se muestra muy diligente con condenas a veces inútiles o injustas, pero de ninguna manera es para aquellos delitos mayores o que tengan que ver con bienes jurídicos sobre los que el Código tiene una más alta consideración...". También coincidió con esta posición, a pesar de no compartir la oportunidad ni la técnica utilizada, el entonces senador Fernando De La Rúa (conf. Antecedentes Parlamentarios, LA LEY, año 1994, N° 2, parágrafos 90, 91, 94, 95, 125 y 160).
Este también fue el sentido que la sala II de esta Cámara otorgó a la ley 24.316, cuando señaló que "... Al limitar su aplicación a los delitos cuya pena no exceda los tres años, obviando la celebración del juicio en los casos de menor cuantía, permite una mayor celeridad en la administración de justicia y su avocamiento a los delitos de mayor envergadura que son los que más costos (económicos y sociales) producen..." (conf. causa N° 230 "Monti, Bernardo J. s/rec. de queja", Reg. N° 238, del 30/8/94 --La Ley, 1994-E, 496--; causa "Agüero, Patricia s/rec. de casación", Reg. N° 1500 del 17/10/97; y causa N° 1580 "Wasyluk, Carlos J. s/rec. de casación", Reg. N° 2038 del 16/6/98). Ver asimismo causas N° 923 "Celestino, Leonardo M. s/rec. de casación" Reg. N° 1259 del 29/11/96; N° 1420 "Multisanti, Aníbal A. s/rec. de casación" Reg. N° 1802 del 3/10/97; N° 1552 "D'Amico, Carina V. s/rec. de casación" Reg. N° 1936 del 4/12/97 y N° 1621 "Aquilino, Fernando s/rec. de casación" Reg. N° 2091 del 13/3/98 de la sala I --La Ley, 1998-C, 413--; los votos en minoría del doctor Eduardo Rafael Riggi en las causas N° 1510 "Córdoba Grande, Jorge A. s/rec. de casación", Reg. N° 189/98 del 15/5/98 y N° 1513 "Patiño, Claudio M. s/rec. de casación", Reg. N° 190/98 del 15/5/98 de la sala III; y causas N° 471 "Muñoz Saavedra, Juan s/recurso de casación", rta. el 7/3/97; N° 548 "Fortes, Juan A. s/recurso de casación"; N° 618 "Pirro, Jorge N. y Pirro, Ricardo A. s/recurso de casación"; N° 656 "Bafaro, Fernando A. s/recurso de casación"; N° 667 "Gorosito, Cristian s/recurso de casación"; N° 741 "Tassile, Diego A. s/recurso de casación"; N° 785 "Sarril, Gabriel F. s/recurso de casación"; y N° 794 "Villalba, Viviana A. s/recurso de casación" Reg. N° 1132 rta. el 20/2/98 de la sala IV, entre otras).
Segundo:
Siguiendo con el estudio propuesto, ahora en cuanto al alcance que cabe otorgar a la ley 24.316 cuando establece que: "Tampoco procederá la suspensión del juicio a prueba respecto de los delitos reprimidos con pena de inhabilitación" (art. 76 bis, Cód. Penal, último párrafo), desde un principio advertimos que el referido dispositivo legal no efectúa distinción alguna en cuanto al carácter de dicha pena como principal, conjunta o alternativa; ni diferencia un orden o escala de gravedad referente a las penas de inhabilitación y prisión. Dicha generalidad que presenta el texto legal no logra satisfacer autónomamente el verdadero alcance o sentido que debe asignársele; extremo que nos impone efectuar su interpretación, atendiendo --como ya hemos dicho-- a su literalidad y además a la voluntad del legislador, a los principios e intereses que lo animan, obviamente sin desentendernos de la integridad de la norma que genera este instituto, así como de la totalidad del ordenamiento jurídico vigente.
En esa tarea, comenzamos advirtiendo que el contenido concreto de la redacción legal es claro en cuanto excluye la aplicabilidad de la suspensión del proceso a prueba a los delitos para los que se encuentra establecida sanción de inhabilitación. A ello se suma la voluntad del legislador que aparece evidente desde el inicio de la labor parlamentaria, cuando la Comisión de Legislación Penal de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación incluyó dicha prohibición apartándose del proyecto originario del Poder Ejecutivo. Ello así deriva del análisis de los antecedentes parlamentarios, donde se infiere que se ha considerado necesario que los juicios seguidos por la comisión presunta de ilícitos que aparejan impericia o inobservancia de deberes o reglamentos a cargo del agente, alcancen su culminación con la sentencia definitiva para proveer a la corrección de la conducta que al Estado le interesa (conforme exposiciones del diputado Antonio M. Hernández, Antecedentes Parlamentarios de la ley 24.316, LA LEY, 1994, N° 2, p. 40).
En un sentido coincidente se pronunció el Miembro Informante de la Comisión del Senado sobre Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios, senador Augusto Alasino, señalando que no procede la suspensión del juicio "... en el caso de que el delito tenga pena excluyente o secundaria de inhabilitación. Esto también es entendible, porque, indudablemente, todas estas penas están vinculadas con una actitud profesional o una cualidad del agente, que eventualmente debía tener para cometerlo" (Antecedentes Parlamentarios, op. cit., parág. 88).
Si bien es cierto que en una intervención posterior --al tiempo de contestar las observaciones formuladas por otros senadores-- (ver Antecedentes Parlamentarios citados, parág. 158), el propio legislador recurre a dar un ejemplo que podría inducir a confusión, no lo es menos que lo definido y precisado dogmáticamente --detallado "ut supra"-- no merece una interpretación que controvierta tan claras y categóricas afirmaciones, sobre la base exclusiva de un argumento brindado "como ejemplo" --no con la intención de ampliar el instituto-- luego de desarrollar ciertas precisiones sobre su finalidad. En esa inteligencia, conceptuamos que el aislado ejemplo utilizado fuera de contexto del tema concreto en tratamiento, no debe asimilarse a una contradicción que logre desvirtuar lo categóricamente definido.
Lo propio ocurre con la inserción del diputado Víctor Hugo Sodero Nievas, quien incluyó el homicidio culposo en la lista acompañada de delitos susceptibles del beneficio que consagra este instituto, después de afirmar que "... También limitamos este instituto en nuestro proyecto, a aquellos casos de delitos que pudieran ser reprimidos con pena de prisión únicamente, prohibiéndose en los supuestos de delitos reprimidos con prisión e inhabilitación, por considerar que esta última sanción penal tiene un efecto y consecuencias diferentes que, de ningún modo deberían dejarse de aplicar. Supongamos al respecto, un caso de mala praxis médica que ocasionara la pérdida de la vista a la víctima. Si se aplicara este instituto, al médico que cometió este delito provocando una ceguera total, al día siguiente de cometerlo, podría continuar con su tarea como si nada hubiera pasado. Entendemos que la inhabilitación, tal como sucede con el artículo 26 in fine del Cód. Penal, debe ser de cumplimiento efectivo" (Diario de sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 8a. reunión --continuación de la 1ª sesión ordinaria--, junio 16 de 1993, ps. 1446/1447).
Por otro lado, este es también el criterio sostenido por tres salas de esta Cámara Nacional de Casación Penal, y por el doctor Eduardo Rafael Riggi --en minoría-- en la sala III del tribunal (confr. causas N° 518 "Asenjo, Claudio M. s/rec. de casación", Reg. N°: 774, rta. 17/10/95; N° 859 "Arasco, Juan C. s/rec. de casación", Reg. N°: 1093, rta. 14/8/96; N° 1055 "Faingenbaum, Gustavo s/rec. de casación" Reg. N° 1390 del 24/2/97; y N° 1621 "Aquilino, Fernando s/rec. de casación" Reg. N° 2091 del 13/3/98 de la sala I --La Ley, 1998-C, 413--; causa N° 1509 "Lorín, Pablo L. s/rec. de casación", Reg. N° 1940 rta. el 22/4/98; causa N° 1499 "Drab, Ricardo A. s/rec. de casación", Reg. N° 1975 rta. el 14/5/98; causa N° 1620 "Acceta, Juan P. s/rec. de casación", Reg. N° 1978, rta. el 14/5/98; causa N° 1767 "Gatto, Gabriel J. s/rec. de casación", Reg. N° 2171 rta. el 7/9/98; causa N° 1430 "Herrera, Ariel R. s/rec. de casación", Reg. N° 2209, rta. el 1/10/98; causa N° 1392 "Gianni, Adrián A. s/rec. de casación", Reg. N° 2335 rta. el 15/12/98, de la sala II; causa N° 1509 "Vázquez, Emilio M. s/rec. de casación", Reg. N° 191/98, rta. el 15/5/98 de la sala III; y causas N° 468 "Muraca, Susana C. s/rec. de casación", Reg. N° 772, rta. 6/3/97; N° 517 "Rogante, Dante J. s/rec. de casación", Reg. N° 807 rta. 14/4/97; y N° 987 "Ortiz, Antonio s/rec. de casación", Reg. N° 1390 rta. 4/8/98 de la sala IV, entre otras).
Por lo demás, advertimos que la norma así interpretada guarda absoluta coherencia con el resto del ordenamiento jurídico; y particular concordancia con el art. 26 del Cód. Penal, que expresamente establece la exclusión de la condena condicional respecto de las penas de multa o inhabilitación. En consecuencia, entendemos que la exégesis adoptada, es la que se concilia mejor con el criterio rector de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la interpretación de las leyes --expuesto "ut supra" (ver considerando primero)-- de permanente cita y observancia por este tribunal (conf. Fallo Plenario N° 4 de esta Cámara "Jalile, Oscar Alberto s/rec. de casación", rto. el 13/12/96 --La Ley, 1997-B, 692--, Acuerdo N° 5/96; entre otros de las distintas salas).
Tercero:
En cuanto al consentimiento del representante del Ministerio Público Fiscal, tal como adelantáramos, consideramos que es una condición necesaria e ineludible para suspender el juicio en los términos del art. 76 bis del Cód. Penal, siendo su oposición vinculante para el juez o tribunal. Esa y no otra es la intención que ha tenido el legislador. Nótese que el diputado Antonio M. Hernández (conf. Antecedentes Parlamentarios, LA LEY, año 1994, N° 2, parág. 25) explicaba que "cuando se trata de delitos de acción pública que no tienen una pena mayor de tres años, con acuerdo del imputado y del fiscal, el juez puede resolver, luego de realizada la primera parte del proceso penal y antes del juicio, que éste no se lleve a cabo siempre y cuando se establezcan determinadas reglas de conducta, además de la reparación del daño causado por el delito". También el senador Augusto Alasino se pronunció sobre la cuestión, expresando en forma clara y concisa que "... el juez deberá también recurrir al consentimiento del fiscal, dado que la negativa de este último enerva la posibilidad de aplicar este instituto" (conf. Antecedentes Parlamentarios, LA LEY, año 1994, N° 2, parág. 87).
Dicho criterio ha sido seguido también por la sala I de esta Excma. Cámara Nacional de Casación Penal en las causas N° 518 "Asenjo, Claudio M. s/rec. de casación" Reg. N° 774 del 17/10/95; N° 859 "Arasco, Juan C. s/rec. de casación" Reg. N° 1093 del 14/8/96; N° 1055 "Faingenbaum, Gustavo s/rec. de casación" Reg. N° 1390 del 24/2/97; N° 1074 "Sartini, Alberto s/rec. de casación" Reg. N° 1422 del 12/3/97; y N° 1418 "Ruffini, Rodolfo A. s/rec. de casación", Reg. N° 1731 del 26/8/97. En esta última resolución claramente se advirtió que "... resultaba necesaria la expresa conformidad del fiscal de la causa, cuya opinión adversa constituía un impedimento para otorgar el beneficio, habida cuenta del rol que el ministerio público tiene en el juicio oral en función requirente (en similar sentido confr. Adolfo Luis Tamini y Alejandro Freeland López Lecube, "La probation y la suspensión del juicio penal a prueba", LA LEY, 1994-D, 854; y Daniel Sáez Zamora, "Reflexión sobre la implementación de la ley 24.316", LA LEY, 1995-D, 1136). En igual sentido, por la sala II en causa N° 1499 "Drab, Ricardo Ariel s/rec. de casación", Reg. N° 1975, rta. el 14/5/98; causa N° 860 "Sordetti, Jorge H. s/rec. de casación", Reg. N° 1974 rta. el 14/5/98; causa N° 1626 "Muchewicz, Ramón s/rec. casación", Reg. N° 1993 rta. el 22/5/98; causa N° 1492 "Campitelli, Rodrigo s/rec. de casación", Reg. N° 2075 rta. el 8/7/98; causa N° 1767 "Gatto, Gabriel J.s/rec. casación", Reg. N° 2171 rta. el 7/9/98; causa N° 1392 "Gianni, Adrián A. s/rec. de casación", Reg. N° 2335 rta. el 15/12/98; y por la sala IV (voto del doctor Hornos "Faroldi, Ricardo s/rec. de casación", Reg. 863 del 20/6/97 y causa N° 741, "Tassile, Diego A. s/rec. de casación", Reg. 1098 del 2/2/98).

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