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Voces: LEGITIMACION ~ PENA ~ PROBATION ~ QUERELLANTE

Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal, en pleno(CNCasacionPenal)(EnPleno)

Fecha: 17/08/1999

Partes: Kosuta, Teresa R.

Publicado en: LA LEY1999-E, 165 - LA LEY 1999-E con nota de Gustavo A. Bruzzone LA LEY 1999-E, 828 DJ1999-3, 309 - Colección de Análisis Jurisprudencial Elems. de Derecho Penal y Procesal Penal - Andrés José D'Alessio, 184 - DJ 2000-2 con nota de Aníbal Horacio Rizzi; Mariano Bertelotti DJ 2000-2, 1

Sumarios:

1. La pena sobre la que debe examinarse la procedencia del instituto previsto en el art. 76 bis y sigtes. del Cód. Penal es la de reclusión o prisión cuyo máximo en abstracto no exceda de tres años.

2. No procede la suspensión del juicio a prueba cuando el delito tiene prevista pena de inhabilitación como principal, conjunta o alternativa.

3. La oposición del Ministerio Público Fiscal, sujeta al control de logicidad y fundamentación por parte del órgano jurisdiccional, es vinculante para otorgar la suspensión del juicio a prueba.



4. El querellante tiene legitimación autónoma para recurrir el auto de suspensión del juicio a prueba a fin de obtener un pronunciamiento útil relativo a sus derechos.
Texto Completo: Buenos Aires, agosto 17 de 1999.
Los doctores Casanovas y Tragant dijeron:
Primero:
El marco expositivo de esta convocatoria aparece constreñido conceptualmente a los siguientes interrogantes: "I) Pena sobre la que debe examinarse la procedencia del instituto previsto en el art. 76 bis y sigtes. del Cód. Penal; II) Procedencia o no del instituto cuando el delito tiene prevista pena de inhabilitación; III) Carácter vinculante o no del dictamen fiscal en la suspensión del juicio a prueba; IV) Legitimidad o no del querellante para recurrir la suspensión del juicio a prueba, excluido el supuesto correspondiente al monto de la reparación".
No escapa que otras problemáticas de singular relevancia a los fines de asegurar la homogeneidad interpretativa (v.gr. obligatoriedad de la realización de la audiencia prevista en el art. 293, Cód. Procesal Penal; aplicación de la suspensión del juicio a prueba a los imputados de los delitos previstos en las leyes 23.771 y 23.737; control judicial de la razonabilidad del ofrecimiento de reparación del daño; oportunidad para solicitar la suspensión del juicio a prueba) aparecen ajenos a esta encuesta, aunque todavía no encontraron respuesta definitiva (vid. "Scublinsky, D. G. s/inaplicabilidad", CNCasación Penal - S.J., causa N° 38). Lo cierto es que las lecturas divergentes que ofrecen distintos pronunciamientos del órgano reclaman que se proporcione de una vez la inteligencia correcta.
Conviene recordar que la deficitaria técnica legislativa que campea en la redacción de la ley 24.316 es, sin duda, generadora de cantidad de interpretaciones doctrinarias y jurisprudenciales contradictorias entre sí, y seguramente --en su generalidad-- constituyentes a la falta de certeza jurisdiccional sobre los extremos abiertos, situación que habrá de ser pacificada por fruto de la labor que ahora convoca.
Segundo:
A partir de las reformas introducidas en el Cód. Penal (art. 76 bis, conf. ley 24.316, B.O. N° 27.895 del 19 de mayo de 1994), cobró vigencia en la legislación argentina el sistema de suspensión del juicio a prueba, técnicamente (aunque en forma equivocada) denominado "probation". Con anterioridad, ya el ordenamiento procedimental nacional había anticipado su incorporación (art. 293, Cód. Procesal Penal, según ley 23.984, B.O. N° 27.215 del 9 de setiembre de 1991).
Esta medida guarda filiación con las formas de simplificación procesal y un conjunto de alternativas al encierro carcelario tradicional que proliferaron en el contexto político-criminal internacional a partir de los años sesenta, que afectaron fundamentalmente a aquella franja de delitos menores y/o realizados por jóvenes o drogadependientes (v. gr. art. 18 de la ley 23.737). Todo ello fue abordado desde distintos planteamientos: unos de corte predominantemente asistencial y paternalista, de inspiración correctora y educacional, acompañados de otros resignadamente reformistas que proponen la sustitución limitada de la prisión como una línea de avance en las exigencias de una mínima intervención penal. Frente a ellos, otros desarrollos esencialmente críticos, denuncian la legitimación paralela del sistema carcelario que conllevan las medidas alternativas, a la par de alertar acerca del paradójico aumento del control punitivo, toda vez que --lejos de reemplazar-- las supuestas alternativas terminan complementando a la cárcel (vid., por todos, Cohen "Visiones del control social", P.P.U., Barcelona, 1988).
Y desde esta configuración previa brindada por la experiencia comparada, la tarea emprendida no puede desatender la trascendencia político criminal del tema, tanto más cuando la solución a que se arribe será adoptada como doctrina vinculante.
Con todo, menester es destacar que estas alternativas surgen como consecuencia de una valoración negativa de los fines asignados a la pena privativa de la libertad como "reina de las penas", y desde la perspectiva de la economización y racionalización de la intervención penal. Ese, y no otro, es el marco que guía la incorporación de estas medidas.
Tercero:
Sentados estos brevísimos antecedentes, cabe sindicar respecto del primer punto de la compulsa fijada, las opiniones que marcan el rumbo sobre el extremo, esto es: (a) aquella que sostiene la postura restringida con base en la pena conminada en abstracto, y (b) la defensora de la tesis amplia con soporte en la pena aplicable en concreto.
En apoyo de la primera, a partir de una interpretación literal y en especial auténtica del legislador, se sostiene que:
a) En el proceso legislativo se suprimió expresamente la posibilidad de conceder la suspensión en caso de penas mayores a tres años. En tal sentido, ponderando la supresión que se había efectuado del proyecto del Poder Ejecutivo --que admitía en lineamientos generales una extensión del instituto--, se repara en las expresiones vertidas por el diputado Antonio Hernández y por el senador Augusto Alasino (Antecedentes Parlamentarios, 1995-127, parágs. 34, 41, 90, 91, 94, 95, 125 y 160) (vid. García, "Suspensión del juicio a prueba", en Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal N° 1-2, Ed. Ad Hoc, Buenos Aires, 1996, p. 324; Tamini-Freeland López Lecube "La probation y la suspensión del juicio penal a prueba (comentarios a la ley 24.316)", LA LEY, 1994-D, 854; Reynaga "La ley 24.316: análisis y aplicación de los institutos", LA LEY, 1995-D, 1486; Kent-García Torres, "Probation. Un fallo que recepta una exégesis adecuada de la institución", LA LEY, 1994-E, 495).
b) El instituto abarca tan sólo los delitos considerados leves, de competencia correccional (cfr. Edwards "La probation en el Código Penal Argentino, Ed. Lerner, Córdoba, 1994, ps. 48 y 58; Ochoa "La suspensión del juicio a prueba", LA LEY, 1995-C, 1274; Sáez Zamora-Fantini "Reflexiones sobre la implementación de la ley 24.316 en nuestro sistema penal", LA LEY, 1995-D, 1136).
c) La declaración del carácter grave o leve de un delito debe necesariamente hacerse en un juicio ya que el tribunal no puede hacer un pronóstico sobre la pena a recaer (vid. causa N° 634 --sala IV--, "Roitman, Adrián R. P. s/recurso de casación", reg. N° 983, rta. el 30/10/97 --La Ley, 1998-A, 349--).
Con base en estas líneas argumentales, ésta ha sido la posición mayoritaria de esta cámara (causa N° 923 --sala I-- "Celestino, Leonardo s/recurso de casación", reg. N° 1259, rta. el 29/11/96; causa N° 1208, de esa misma sala, "Agüero, Patricia s/recurso de casación", reg. N° 1500, rta. el 17/4/97; causa N° 1580 --sala II--, "Wasyluk, Carlos J. s/recurso de casación", reg. N° 2038, rta. el 16/6/98; causa N° 471 --sala IV-- "Muñoz Saavedra, Juan S. s/recurso de casación", reg. N° 773, rta. el 7/3/97, y causa N° 634 de esa misma sala, "Roitman, Adrián R. P. s/recurso de casación"; vid. también el voto del doctor Riggi en la causa N° 1510 --sala III--, "Córdoba Grande, Jorge A. s/recurso de casación", reg. N° 189, rta. el 15/5/98). Con anterioridad, la aplicación del postulado que veda la reforma en perjuicio impidió al conjunto de esta sala el tratamiento de este extremo, al sostenerse que "el principio que prohíbe la 'reformatio in pejus' sin recurso acusatorio establece como máximo de la pena que puede imponerse aquél del pronunciamiento declarado nulo por impugnación de la defensa... De este modo, la garantía de la defensa en juicio establece un límite superior que en la especie no puede superar el monto de tres años de prisión" (causa N° 1022, Losada, Aldo y otros s/recurso de casación, reg. N° 184/99, rta. el 30/4/99).
Cuarto:
Mas, de otra banda, la tesis contraria de carácter amplio se funda en una interpretación gramatical y teleológica, a partir de que la ley se refiere a cada grupo de delitos en párrafos diferentes. Ello se sostiene al considerar que:
a) En el primer párrafo se prevé pena en abstracto (pena cuyo máximo no exceda de tres años), en tanto que en el cuarto párrafo se considera la pena en concreto, con clara alusión al art. 26 del digesto sustantivo (pena aplicable) (vid. Vitale, "Suspensión del proceso penal a prueba", Editores del Puerto, Buenos Aires, 1996, ps. 65/6; Orgeira-Vaiani "La suspensión del juicio a prueba y los delitos con pena mayor de tres años", LA LEY, 1996-E, 813; Bovino "La suspensión del procedimiento en el Código Penal argentino y la 'diversión' (Un análisis comparativo)", LA LEY, 1997-A, 1090; Devoto, "Probation e institutos análogos", Ed. Din, Buenos Aires, 1995, p. 83; Cafferata Nores, "Cuestiones actuales sobre el proceso penal", Ed. del Puerto, Buenos Aires, 1997, p. 176 y sigtes.; Molero, "Probation y juicio abreviado", Ed. LA LEY, 1998-D, 1347; Coleff-Garrigós, "Primeras experiencias en la aplicación de la probation", LA LEY Actualidad, Buenos Aires, del 22/12/94).
b) Tanto el primero como el segundo párrafo prevén distintas especies de penas privativas de la libertad (pena de reclusión o prisión y pena de prisión --como consecuencia del reenvío al art. 26 antes citado--, respectivamente) (cfr. Almeyra "Probation. ¿Sólo para los delitos de bagatela?", LA LEY, 1995-B, 603).
c) En razón del uso que la ley hace de los términos "juez" en el tercer párrafo del art. 76 bis y "tribunal" utilizada en el cuarto, puede admitirse la existencia de dos supuestos de procedencia al resultar compatibles con el órgano jurisdiccional que en la etapa de debate puede acordar la suspensión del proceso a prueba (órgano unipersonal para los delitos leves representado por el juez correccional) y órgano colegiado para los delitos de mayor gravedad (o sea, el tribunal de juicio) (cfr. Sáenz "La suspensión a prueba del proceso penal (Probation)", LA LEY, 1994-C, 947).
d) La exigencia de dictamen fiscal favorable en el cuarto párrafo patentiza la existencia de dos supuestos diferentes (Vitale, ob. cit., p. 69). Incluso por vía de la "unidad de la norma" se dice que en todos los casos la ley exige el dictamen fiscal favorable y la posibilidad de condena condicional (vid. de Olazábal, "Suspensión del proceso a prueba --Análisis de la ley 24.316, probation"--, Astrea, Buenos Aires, 1994, p. 43 y sigtes.), circunstancia que no obstaculiza la concesión.
(e) Corresponde tomar en cuenta la finalidad perseguida con la incorporación de este instituto (vid. Vitale, ob. cit., ps. 75 y 79; Ríos "La interpretación de la ley y el juez penal. A propósito de la procedencia de la suspensión del juicio a prueba", LA LEY, 1998-C, 413; Solimine "La suspensión del proceso a prueba para los delitos criminales en la ley 24.316 (Probation)", DJ, 1994-2-177).
De esta forma, se pone en consideración la necesidad de incorporar una herramienta eficaz para el descongestionamiento de los puntos críticos de toda la organización judicial, al calibrar las coordenadas que enmarcan el ámbito de aplicación selectivo con el objeto de incrementar la idoneidad en la persecución y la penalización de los delitos de elevada gravedad, evitando que los tribunales vean perturbado su funcionamiento por el tratamiento de las causas más leves.
De otro lado se sostiene que la incorporación del instituto responde --como reajuste de la política criminal-- a la necesidad de echar mano a mecanismos que modernamente se utilizan para limitar los efectos estigmatizantes de la reacción penal, que permiten bajo ciertas condiciones liberar al imputado o acusado del juicio de la desaprobación que posiblemente habría de formulársele por el hecho cometido, y de los efectos de la condena que quedarán como un sello en sus antecedentes personales.
Se suman con su adhesión a la tesis amplia, el entonces Ministro de Justicia de la Nación que motorizara la reforma, doctor León Carlos Arslanian ("Plenario. Publicación de la Asociación de Abogados de Buenos Aires", julio 1994, p. 20) y el procurador general de la Nación, doctor Nicolás Eduardo Becerra, mediante la instrucción a los fiscales (res. PGN 39/97).
Como se sindicara, esta tesis amplia recibe --a no dudarlo-- el respaldo de la jurisprudencia ampliamente prevaleciente, como resulta del trabajo efectuado por la Oficina de Estadísticas del Poder Judicial de la Nación de la cual se extrae que en Capital Federal (a) de 30 tribunales orales en lo criminal, adoptan el criterio restrictivo 8 tribunales y el amplio 22; (b) de 6 tribunales orales federales, 2 adoptan el criterio restrictivo y 4 el amplio; (c) que en el año 1997 ingresaron a los juzgados de ejecución penal provenientes de juzgados correccionales 742 expedientes contra 2025 provenientes de juzgados o tribunales de instrucción (168 de los tribunales orales en lo federal, 1843 de los tribunales orales en lo criminal, 14 de los juzgados de instrucción) (ED, Buenos Aires, del 31/12/98, p. 4).
Por fin, a modo de refutación respecto del argumento que sostiene que la declaración de delito grave o leve debe hacerse judicialmente ya que el órgano no puede hacer un pronóstico de la pena a recaer, más allá de los reparos que pueda generar la simplificada categorización, no es correcta la afirmación a la luz de la normativa procesal vigente, a poco de ver que los arts. 312 y 316 del rito autorizan al juez a formular un pronóstico de la pena a imponer a los efectos de dictar el auto de prisión preventiva y denegar la excarcelación. Por lo tanto, si el juez puede prever la pena que habrá de recaer en caso que se dicte una sentencia condenatoria, a los efectos de dictar la prisión preventiva, cabe preguntarse por qué tendrá vedado formular ese mismo pronóstico para evaluar la procedencia del instituto.
Sólo resta consignar el proyecto de ley aprobado por la Comisión de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación (sesiones ordinarias de 1998, orden del día N° 1200), generado como consecuencia del cuadro de situación expuesto. La Comisión consideró que desde la incorporación de este instituto en el Código Penal, numerosas interpretaciones judiciales contradictorias entre sí han impedido una plena e igualitaria aplicación del mismo, en detrimento de los justiciables y de la seguridad jurídica y que, siendo "el instituto ajeno a nuestra tradición jurídica continental, por lo tanto, debe primero entenderse en sus fines y luego aplicarse con el criterio más lógico para que esos mismos fines se cumplan a través de la ley". Sobre la base de lo expuesto se establece sustituir el art. 76 bis del Cód. Penal, disponiéndose en la nueva redacción que "el imputado por delito de acción pública podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba cuando pudiese corresponderle condena de ejecución condicional..." (Dirección Publicaciones, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, sesiones ordinarias de 1998, orden del día N° 1200, ps. 4505/4520). En la misma orientación se dirige el actual trámite parlamentario en la cámara alta (Dirección de Publicaciones, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, sesiones ordinarias de 1999, orden del día N° 405, ps. 1513 y siguientes).
Quinto:
En orden al segundo de los extremos propuestos --procedencia o no del instituto cuando el delito tiene prevista pena de inhabilitación--, también cabe el paso inicial, respecto de una opinión que se insinúa como minoritaria. Analizar nuevamente la cuestión, lleva a reafirmar una vez más la opinión oportunamente sustentada.
En efecto, a partir de la causa N° 1509 del registro de la sala III, caratulada "Vázquez, Emilio s/recurso de casación" (reg. N° 191/98, rta. el 15/5/98), por medio del voto del juez Casanovas, hubo ocasión de señalar que "desde los parámetros brindados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se conoce que la primera regla de interpretación de las leyes es darle pleno efecto a la intención del legislador (Fallos: 302:973 --La Ley, 1980-D, 397--), y la primaria fuente para determinar esa voluntad es la letra de la ley (Fallos: 299:167--La Ley, 1978-B, 308--), así como que los jueces no deben sustituir al legislador sino aplicar la norma tal como éste la concibió (Fallos: 300:700 --La Ley, 1978-D, 117--); también las leyes deben interpretarse conforme el sentido propio de las palabras que emplean sin molestar su significado específico (Fallos: 295:376), máxime cuando aquél concuerda con la acepción corriente en el entendimiento común y la técnica legal empleada en el ordenamiento jurídico vigente (Fallos: 295:376) para todo lo cual se deben computar la totalidad de sus preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional (Fallos: 312:11), evitando darles aquel sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptando, como verdadero, el que las concilie y deje a todas con valor y efecto (Fallos: 1:300), por todo lo que no debe prescindirse de las consecuencias que derivan de cada criterio, pues ellas constituyen uno de los índices más seguros para verificar su razonabilidad y su coherencia con el sistema en que está engarzada la norma (Fallos: 307:1018 --La Ley, 1986-A, 423--)".
"A partir de estas coordenadas, claro queda pues que no puede dejarse de atender en el 'subexamine' los clásicos estándares interpretativos que parten de los criterios literal, auténtico, sistemático y teleológico a la hora de desentrañar el sentido y alcance de la unidad textual contenida en el último párrafo del art. 76 del Cód. Penal".
"Aunque respecto del extremo gramatical concurre en nuestro ámbito el postulado de interpretación restrictiva establecido en el precepto que consagra el art. 2° del ritual que obstaculiza cualquier inteligencia extensiva de las normas penales. De otro lado, menester es destacar cuanto se sostuvo desde el derecho internacional de los derechos humanos, positivado ahora en nuestra norma fundamental (art. 75 inc. 22, Constitución Nacional), en cuanto enseña que la configuración legislativa y la aplicación judicial de cualquier clase de medidas restrictivas de la libertad han de ajustarse al cumplimiento de sus exigencias superiores que reclaman en derecho penal que sea mínimamente intenso, es decir, lo menos aflictivo y estigmatizante para los que infrinjan los mandatos y las prohibiciones penales" (vid. voto conjunto de los tres integrantes de la sala en el plenario N° 3 "Molina, Roberto C.", del 16/8/95, con sus citas --La Ley, 1995-D, 475--).
"Huelga significar, en referencia al canon sistemático, que cualquier intervención estatal en materia penal debe obedecer a los postulados constitucionales de la resocialización (art. 75, inc. 22, Constitución Nacional, art. 5° inc. 6°, Convención Americana de Derechos Humanos --Pacto de San José de Costa Rica, ley 23.054--; art. 10.3 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos --ley 23.313--; Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de la O. N. U. de 1957 --regla 63 y sigtes.--; art. 1°, ley 24.660 de ejecución de la pena privativa de libertad)".
"En segundo término --y en orden al sentido auténtico de la interpretación--, no puedo dejar de evocar clarificadoras palabras del mensaje del miembro informante senador Augusto Alasino en el debate parlamentario del Senado de la Nación cuando dijo: '...lo que pretende este instituto es atender a cada delincuente primario, ocasional o que comete un delito una sola vez en la vida. Por eso, existe una política social del Código Penal, que apunta a contemplar la situación de aquellos delincuentes que en determinados delitos culposos terminan siendo condenados porque las circunstancias del caso lo conducen a la condena siendo que tal vez nunca más esa persona vuelva a cometer un delito. Un homicidio culposo por ejemplo, sería el caso de quien atropella a una persona con un vehículo. Aclaro esto porque tal vez lo soslayé cuando brindé el respectivo informe. Debe tenerse en cuenta que ésa es la política criminal a la que apunta este instituto, y en esa dirección va encaminado' (vid. "Antecedentes parlamentarios", 1994, N° 2, "Ley 24.316-Probation", Ed. La Ley, p. 58). Al respecto no resulta ocioso señalar que en anteriores pasajes discursivos el propio legislador parece significar lo contrario (op. cit., p. 40), mas el sentido aclaratorio y posterior de sus expresiones despejan cualquier sospecha sobre el propósito que animó su labor".
"De otra banda también merece computarse la lista de delitos a los que se aplica la probation acompañada por la inserción del diputado Víctor Hugo Sodero Nievas --autor de un proyecto y activo protagonista legislativo-- en la reunión octava del 16 de junio de 1993, en donde se establece también el homicidio culposo ("Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación", p. 1448)".
"En último lugar corresponde destacar en orden a los antecedentes parlamentarios que, tanto los anteriores proyectos cuanto los que aparecen consensuados en la ley 24.316, no contemplaban como obstáculo a la probation la pena de inhabilitación (vid. proyectos Maier y Zaffaroni, "Doctrina Penal", Buenos Aires, 1986, p. 671 y sigtes. y "Doctrina Penal", Buenos Aires, 1998, p. 146 y sigtes.) o la contemplaban en la modalidad absoluta (vid. proyecto del diputado y miembro informante Antonio María Hernández, "Antecedentes ...". cit., p. 29), con exclusión del presentado únicamente por el diputado José J. Manny (op. cit., p. 31)".
"Por fin, y en cuanto hace al patrón teleológico, no pueden caber dudas de los postulados político-criminales que orientaron la modificación del Título XII del Libro Primero del digesto de fondo a través de la incorporación de los arts. 76 bis, 76 ter y 76 quater, y que cristalinamente se expresan en el mensaje de elevación del Poder Ejecutivo al Congreso Nacional: reformar sustancialmente el funcionamiento real del sistema judicial penal de nuestro país con una programación eficaz de su actuación, en donde el instituto de la suspensión del proceso a prueba se encuentra respaldado por fundamentales razones de orden práctico ("Antecedentes ...", cit., p. 18)".
"Claro queda a mi ver que a cualquier télesis no se le puede escapar la inconsistencia que resulta del criterio de favorecer con el instituto a los imputados por delitos reprimidos con pena privativa de libertad y de impedirla para aquellos perseguidos por delitos que incluyen en su conminación la menor de las reacciones punitivas establecidas en el art. 5° del ordenamiento, así como también de beneficiar a los imputados de delitos dolosos (v.gr. donde el agente quiso lo que hizo) y perjudicar a los de delitos culposos (v.gr. donde media discordancia entre el querer y el resultado). Más aún: dentro de los delitos imprudentes, tratándose de actividades no reguladas, nos enfrentaríamos a la imposibilidad de imponer esta categoría de pena, por tanto ¿tampoco cabría en esos casos la concesión de la "probation"? La razonabilidad y el postulado de igualdad impiden acompañar esa lectura".
"En este orden de ideas, el argumento que señala que los únicos delitos previstos en la parte especial del código con pena de inhabilitación exclusiva vinculan a funcionarios públicos (arts. 260, 264, 273 y 274, Cód. Penal) que aparecen impedidos por la regla anterior expresa, precisamente impide considerar a un legislador contradictorio, a poco de observar que el universo de conductas en las que puede verse comprometido como sujeto activo excede el estrecho marco de estas figuras delictivas, de suerte que no puede advertirse redundancia y/o absurdo en el texto legal. A mayor abundamiento, cabe precisar la existencia de leyes penales especiales que reprimen conductas de sujetos que no responden a esa calidad, con pena de inhabilitación en forma alternativa (v.gr. ley de abastecimiento 20.680, art. 5° inc. d)".
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