Fecha 11/05/2011 Número de sentencia



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Numero expediente 24619/10

Carátula N., R.F. s/Abuso sexual s/Incidente de solicitud de interrupción de embarazo s/Apelaciones S/ CASACIÓN

Fecha 11/05/2011

Número de sentencia 43

Tipo de sentencia DF

Sentencia

PROVINCIA: RÍO NEGRO


LOCALIDAD: VIEDMA
FUERO: PENAL
EXPTE.Nº: 24619/10 STJ
SENTENCIA Nº: 43
PROCESADO:
DELITO:
OBJETO: RECURSO DE CASACIÓN (INC. SOLICITUD INTERRUPCIÓN EMBARAZO)
VOCES:
FECHA: 11/05/11

FIRMANTES: SODERO NIEVAS – BALLADINI – LUTZ EN ABSTENCIÓN


///MA, de mayo de 2011.
----- Habiéndose reunido los señores miembros del Superior Tribunal de Justicia doctores Víctor Hugo Sodero Nievas, Alberto Ítalo Balladini y Luis Lutz, con la presidencia del segundo y la asistencia del señor Secretario doctor Wenceslao Arizcuren, en las presentes actuaciones caratuladas: “N., R.F. s/Abuso sexual s/ Incidente de solicitud de interrupción de embarazo s/ Apelaciones s/Casación” (Expte.Nº 24619/10 STJ), y concluida la deliberación, se transcribe a continuación el acuerdo al que se ha arribado en atención a las prescripciones del art. 439 del Código Procesal Penal, con el planteo de la siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
C U E S T I Ó N
----- ¿Es procedente el recurso deducido?- - - - - - - - - -
V O T A C I Ó N
El señor Juez doctor Víctor Hugo Sodero Nievas dijo:- - - - -----1.- Antecedentes procesales:- - - - - - - - - - - - - - -----1.1.- Mediante Auto Interlocutorio Nº 103, del 14 de abril de 2010, la Cámara Primera en lo Criminal de San Carlos de Bariloche decidió -en lo pertinente- declarar la nulidad de la resolución impugnada, obrante a fs. 81/100 de estos actuados, por violación de garantías constitucionales (arts. 18 C.Nac., 22 C.Prov. y 149 y 153 C.P.P.) y notificar lo dispuesto a la señora Ministra de Salud de Río Negro y a la señora Directora del Hospital Zonal de aquella localidad. -----1.2.- Contra lo decidido, el señor Defensor de Menores e Incapaces de la IIIª Circunscripción Judicial doctor Manuel Cafferata, en ejercicio de la representación
///2.- promiscua de la niña T.N., solicitante de la interrupción de embarazo, interpone recurso de casación (fs. 1/6) y se agravia pues la Cámara en lo Criminal decreta la nulidad de la sentencia del Juez de Instrucción, pese a reconocer que el recurso de apelación interpuesto por la señora Defensora de Menores e Incapaces doctora Paula Bisogni (en representación promiscua del nasciturus -ver fs. 105-) había devenido abstracto. Sostiene que tal obstáculo no puede ser sorteado por el eventual incumplimiento de normas constitucionales, puesto que la nulidad solo puede declararse cuando ello tiene relevancia jurídica. Cita como precedente la Sentencia 48/09 STJRNSO, y alega que la decisión de la Cámara en lo Criminal ocasiona un grave perjuicio a su asistida, que sigue sufriendo las consecuencias de la judicialización y la publicidad de su caso, cuando las cuestiones contempladas por el art. 86 del Código Penal no necesitan ser sometidas a decisión jurisdiccional.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- Asimismo, afirma que se incurre en un exceso pues la sentencia se pronuncia sobre la inaplicabilidad al caso del art. 86 inc. 2º del código de fondo, y de los elementos de prueba que permitan tener por demostradas las circunstancias previstas en su inc. 1º, lo que conlleva una atribución indirecta de responsabilidad delictual a su pupila, lo que no integraba la materia de juzgamiento en el caso.- - - - - ----- Reseña luego el perjuicio que sufre la menor ante la publicidad excesiva de lo ocurrido y advierte sobre algunas consideraciones del voto ponente en cuanto a que no se aplicó el derecho positivo vigente en relación con los
///3.- abortos no punible s y acerca de la inexistencia de peligro para la vida o la salud de la mujer embarazada. Más grave aun le parece lo sostenido por el segundo de los votantes, quien funda su decisión en la necesidad de “evitar que en el futuro se produzcan situaciones semejantes… permitir que se instale la opinión del A-quo sería ni más ni menos que legalizar encubiertamente el aborto”, lo que no se ajusta a las circunstancias de la causa. Por todo lo expuesto, solicita que se deje sin efecto la decisión impugnada.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----1.3.- El recurso es declarado admisible por el a quo y por este Tribunal, por lo que se dispone que el expediente quede por diez días en la Oficina para su examen por parte del Ministerio Público de la Defensa, el que queda limitado al recurso presentado por el doctor Cafferata con respecto a la menor T.N., en tanto la doctora Bisogni, representante del nasciturus, no comparece a contestar agravios ni se habilita a este Cuerpo a conocer en esta instancia de legalidad; ello dado lo manifestado por la señora Defensora General, según la cual el único interés jurídico que debe protegerse es el de la madre menor de edad víctima del delito, tal como se referirá infra.- - - - - - - - - - - - - -----1.4.- A fs. 49/87 se agrega el dictamen de la señora Defensora General, quien advierte que los límites de su intervención están dados por la representación del interés de T.N. -pupila del recurrente-, con cuyo recurso coincide.- ----- En tal sentido, aduce que la sentencia cuestionada no se ajusta al derecho vigente, además de que incurre en un supuesto de gravedad institucional. Refiere que el Estado
///4.- Constitucional de Derecho impone una serie de derechos que emergen directamente y de modo operativo de la Constitución, y cita el marco normativo constitucional, convencional y legal. Señala además diversas recomendaciones de comités de derechos humanos y del niño respecto de las legislaciones restrictivas sobre el aborto o interrupciones de embarazos, así como de la necesidad de que se adopte una guía técnica para la atención de abortos no punible s que se caracterice por la no-judicialización, la favorabilidad, la justicia, la autonomía, la beneficencia, la no-maleficencia, la confidencialidad y privacidad, la integralidad, la oportunidad y celeridad, la continuidad, la seguridad y la solidaridad.-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- Explica a continuación que el principio de no- judicialización establece la competencia exclusiva de los médicos tratantes para decidir si el acceso se encuadra en las previsiones de no-punibilidad contempladas en el Código Penal, y que la guía constituye el piso mínimo de garantías en el marco del Estado Constitucional de Derechos. También señala el compromiso y la responsabilidad del Estado Nacional con el marco constitucional y convencional invocado y menciona el Dictamen Nº 94/09 de la Procuración General y el fallo del 48/09 STJRNSO.- - - - - - - - - - - - - - - - - ----- Insiste en el exceso jurisdiccional por el dictado de una nulidad pese a declarar abstracta la cuestión, pues el magistrado debió abstenerse de pronunciarse sobre el tema en tanto no había interés que representar ni sobre el cual dictar sentencia. En consecuencia, asevera, se trata de una nulidad por la nulidad misma.- - - - - - - - - - - - - - - -
///5.-- Plantea el perjuicio ocasionado a T.N., dado que, al considerarse contraria a derecho la autorización del aborto, de modo indirecto se encuadra su conducta como contraria a la ley. También considera contradictorio que se admita la no-intervención judicial, pero que se actúe en una cuestión abstracta.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- Ya en cuanto a la aplicación del Código Penal, alega que el Tribunal incurre en un error al interpretar de modo restrictivo el art. 86, negando el “aborto sentimental”, todo lo que se opone a la interpretación exigida por la normativa constitucional y convencional mencionada precedentemente. En este orden de ideas, no advierte colisión entre la interpretación que propugna y los derechos del niño, puesto que el reconocimiento del derecho a la vida y su protección admite excepciones a la regla general -entre ellas, el aborto no punible -, y agrega que considerar que la norma habilita la práctica del aborto solo en los casos de violación de una mujer idiota o demente es discriminatorio y prejuicioso.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- Asimismo, cita jurisprudencia en el sentido de que, para solicitar una autorización judicial para interrumpir el embarazo, no es admisible esperar la conclusión de la causa penal seguida contra el imputado. En el sub exámine, continúa, la existencia de la violación fue seriamente invocada y contaba con respaldo en las constancias de la causa, que también dan cuenta del grave riesgo para la salud de la menor (art. 86 segundo párrafo inc. 1º C.P.).- - - - - ----- Alega también la absurda valoración de la prueba y señala que en el caso se verifica un supuesto de gravedad
///6.- institucional, pues las cuestiones que se debaten son de notorio interés público, exceden el mero interés de las partes e inciden de manera directa en la comunidad. Asimismo, pues el Estado podría verse comprometido en su responsabilidad ante organismos internacionales; ello
-además- por las notificaciones cursadas a los organismos responsables de la salud pública en torno a los alcances de la resolución, que tiene efectos precautorios para la regulación y práctica de los abortos no punible s.- - - - - - ----- Por último, hace referencia a la indebida publicidad dada al caso, para lo que considera necesario que se adopten medidas de protección.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----1.5.- A fs. 128/153 se agrega la contestación del recurso de casación del señor Fiscal General, en el que sostiene -al igual que la señora Defensora General- que la Cámara en lo Criminal se excedió en sus funciones atento a que había dejado de subsistir el interés respecto del cual se solicitaba la aplicación del derecho, por lo que propicia la revocación de la sentencia, con cita de jurisprudencia que abona su postura.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- Luego expone las diversas tesis en cuanto a los abortos no punible s y adhiere a la tesis amplia respecto de los incs. 1º y 2º del art. 86 del Código Penal. Refiere el Dictamen Nº 94/09 de la Procuración General y la doctrina legal, y alega que el informe del Hospital de El Bolsón da cuenta de los padecimientos psíquicos de la menor como consecuencia de los abusos reiterados sufridos, todo ello con cita de doctrina.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------ Considera que en autos se han acreditado el peligro en
///7.- la salud y la vida de la madre, el consentimiento de sus representantes y la práctica del aborto por un médico diplomado, luego de lo cual se manifiesta en cuanto a la innecesariedad de la autorización judicial, con nueva cita de doctrina legal. En este sentido, argumenta que en caso de que la cuestión no fuera declarada abstracta por el Superior Tribunal, cabría objetar ambos fallos, puesto que no compete a los jueces la autorización para llevar a cabo el aborto, y acompaña la pretensión recursiva de la Defensoría.- - - - - -----1.6.- También se presenta como amicus curiae el doctor Jorge Rafael Scala, en representación de “Portal de Belén Asociación Civil sin fines de lucro”. En los hechos del caso, sostiene que es dirimente la ausencia de pruebas acerca de la violación y afirma que no se posibilitó la representación efectiva de los intereses del nasciturus. Agrega que el Juez ordenó la interrupción del embarazo pese a haber concedido el recurso con efecto suspensivo y que el recurso de casación tiene por finalidad “la legalización encubierta del aborto”. Asimismo, niega que se trate de una cuestión abstracta, realiza un análisis del art. 86 inc. 2 del Código Penal y se opone al aborto sentimental. En tal orden de ideas, esgrime la inviolabilidad de la vida del nasciturus en los derechos humanos, conforme con lo cual la excusa absolutoria de la norma mencionada ha quedado derogada.- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----1.7.- Realizada la audiencia prevista por los arts. 435 y 438 del rito sin la presencia de las partes, en una cuestión en la que, por la estructura legal del Ministerio Público Fiscal y la postura de la señora Defensora General,
///8.- solo tienen representación los intereses de la menor cuyo embarazo se solicitaba interrumpir, los autos quedan en condiciones para su tratamiento definitivo.- - - - - - - - - -----3.- Fundamentos del auto interlocutorio recurrido:- - - ----- La Cámara en lo Criminal sostiene que el magistrado que autoriza la interrupción del embarazo de T.N. –quien declara que la situación de esta encuadra en el supuesto de aborto no punible previsto en el art. 86 inc. 2 C.P.- incurre en una violación sistemática de los derechos de la persona en gestación, acordándole a su Defensora una participación meramente ficticia. Enumera la serie de planteos desarrollados que no merecieron tratamiento: i) incompetencia; ii) designación de un tutor especial, de acuerdo con el art. 397 del Código Civil, y iii) proposición de un cuestionario para que informe el psicólogo forense.- - ----- Asimismo, destaca la advertencia del propio representante de la menor que solicitaba la interrupción de su embarazo en el sentido de que muchas de las afirmaciones realizadas, también las consecuencias psíquicas, no tenían fundamentación científica, no obstante lo cual el Juez resuelve autorizar la mencionada interrupción.- - - - - - - ----- En cuanto a la ausencia de defensa efectiva de los intereses de la persona por nacer, hace una reseña de las actuaciones y entiende que, según ellas, a su representante no se le dio la intervención adecuada. Agrega que en el sub exámine era necesario un tutor especial para el niño por nacer, toda vez que había intereses contrapuestos con su progenitora (arts. 57 y 59 C.C.).- - - - - - - - - - - - - - ----- A lo anterior suma que el recurso de apelación fue
///9.- concedido con efecto suspensivo por el magistrado que dispone la interrupción, por lo que así debió instruir a las autoridades sanitarias para que paralizaran o detuvieran las maniobras quirúrgicas, y que, dada la fecha en que se efectiviza la intervención, tal concesión era un mero formulismo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- Sostiene que el recurso sometido a análisis es abstracto, pues la interrupción del embarazo ya se produjo, por lo que -en principio- carecería de sentido resolver las cuestiones invocadas, pero que la nulidad puede ser declarada en razón de la violación de garantías constitucionales. Niega una situación de urgencia para la resolución del magistrado a quo, porque de ser así este podría haber actuado según el art. 43 de la Constitución de la provincia. Asimismo, en cuanto a la ley sustantiva, por la trascendencia pública de lo sucedido entiende que la intervención quirúrgica abortiva es necesaria luego de cometido el hecho, sin que sea al Juez al que le corresponda decidir. Argumenta que el derecho positivo argentino permite el aborto terapéutico -art. 86 inc. 1º C.P.- y también el supuesto previsto en el inciso siguiente, que es el que da fundamento a la decisión recurrida, esto es, la mujer víctima de una violación que fuera idiota o demente, la que deberá contar con la autorización del representante legal. En este sentido, entiende que no hay prueba alguna de que la menor, supuesta víctima de abuso, sea idiota o demente, y que el Juez autorizante admitió lo que fue llamado un “aborto sentimental”, que requería solo la comprobación del hecho delictivo en conformidad con las pautas del art. 119
///10.- del código sustantivo, sin que la víctima tuviera las afecciones señaladas. El juzgador cita doctrina para dar sustento a su criterio y agrega que el Juez de Instrucción tampoco se pronuncia respecto de la probabilidad de la violación.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- Finalmente, sintetiza que quien dispone la interrupción del embarazo: i) es incompetente para hacerlo por razón de la materia, en tanto es atribución de los Jueces de Familia; ii) continúa con el trámite pese a no haber razones de urgencia que justificaran su abocamiento, a tenor del art. 43 de la Constitución Provincial; iii) acuerda a las partes una participación meramente ficticia; iv) concede el recurso de apelación con efecto suspensivo cuando ya estaba decidido y ejecutado el aborto, y v) violenta garantías constitucionales, especialmente los arts. 18 de la Constitución Nacional y 22 de la Constitución Provincial.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- Por todo ello, el vocal ponente propone al acuerdo la nulidad de la resolución que autoriza la interrupción del embarazo por violación, con efectos precautorios para la regulación y práctica de los abortos no punible s, lo que notifica a la señora Ministra de Salud y a la señora Directora del Hospital Zonal de Bariloche.- - - - - - - - - ----- El segundo de los magistrados adhiere y agrega que, pese a que la cuestión se ha tornado abstracta, resulta imprescindible pronunciarse para evitar que en el futuro se produzcan situaciones semejantes. Insiste en la interpretación del primero de los magistrados en cuanto a que el embarazo debe ser producto de la violación de mujer
///11.- idiota o demente, puesto que de tal modo solo debe acreditarse el acceso carnal al margen de quien fue su autor u otro tipo de cuestiones, ya que aquella no puede consentir el acto, además de que -de lo contrario- carece de sentido el agregado de la ley.- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -----4.- Doctrina legal del caso. La ausencia de interés de la Cámara en lo Criminal por circunstancias sobrevinientes al recurso. La nulidad en el solo beneficio de la ley:- - - ----- Es evidente que las temáticas involucradas en las posturas de las partes -e incluso en las discordancias que manifiestan en sus votos el magistrado que entiende inicialmente en la solicitud de autorización y los que lo hacen en grado de apelación- exceden con mucho los intereses particulares de aquellas, pues es un principio general que no pueden adoptarse decisiones de nulidad cuando de modo previo se reconoce que la cuestión sometida a la jurisdicción se ha tornado abstracta.- - - - - - - - - - - - ----- En este orden de ideas, mutatis mutandis, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho: “… [S]i bien la acción deducida a fs. 33/45, constituyó una vía idónea para suscitar la intervención del Tribunal, cabe recordar que esta Corte, reiteradamente, ha señalado que sus sentencias deben ceñirse a las circunstancias existentes al momento de ser dictadas (Fallos: 301:947; 306:1160; 318:342, entre muchos otros), a la vez que ha subrayado que la subsistencia de los requisitos jurisdiccionales es comprobable de oficio y su desaparición importa la de poder juzgar (Fallos: 315:466) y que, entre tales extremos, se halla la inexistencia de gravamen cuando las circunstancias
///12.- sobrevinientes han tornado inoficiosa la decisión pendiente (Fallos: 313:1081)…” (Se. del 16/03/10, S. 841. XXXVII, ORIGINARIO). En el considerando 7º del mismo precedente agrega que en “estas condiciones, es evidente que no subsiste en el sub examine una disputa actual y concreta entre las partes que configure un caso susceptible de ser sometido a los jueces, ya que el poder de juzgar ha de ejercerse en la medida en que perdure una situación de conflicto de intereses contrapuestos en el marco de una controversia (Fallos: 308: 1087 y 311:787)”.- - - - - - -- - ----- Más específicamente, mediante decisión del 8 de marzo de 2005 (autos “P.E.V.”), la Corte Suprema estableció: “no corresponde que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronuncie acerca del recurso extraordinario interpuesto respecto de la sentencia que concedió la autorización solicitada para inducir el parto o eventualmente practicar una cesárea a quien se hallaba en estado de gravidez de un feto anencefálico, toda vez que el parto tuvo lugar en forma espontánea y el feto nació muerto, pues circunstancias sobrevinientes han tornado inútil la resolución pendiente al no mediar un interés concreto y actual que la justifique”.------- La minoría -voto del doctor Boggiano- había sentado: “Es improcedente la autorización para proceder a la inducción al parto de un feto inviable por anencefálico, pues no importa beneficio alguno para el ser en gestación cuyo derecho a la vida se encuentra amparado por la Constitución Nacional, diversos tratados internacionales y la ley civil, sino tan sólo anticipar su muerte”.- - - - - - ----- Por lo tanto, interrumpido el embarazo, no quedan en
///13.- el caso intereses subsistentes para que se expida la jurisdicción, lo que coincide con la postura de la señora Defensora General -titular del Ministerio Público de la Defensa- quien, tanto en su escrito glosado en el expediente -reseñado supra- como en su Dictamen 45/10/DG, sostiene que para su ministerio los únicos intereses que se deben representar son los de la menor cuyo embarazo fue interrumpido y no los de la persona por nacer una vez consumada dicha intervención.- - - - - - - - - - - - - - - - ----- En tales condiciones, la Cámara en lo Criminal debió negar la legitimación a la recurrente para activar su jurisdicción.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- Es demostrativo de lo anterior que, sobrevenida la interrupción del embarazo, carecería de efecto práctico dejar sin efecto lo actuado por el magistrado que entiende primero en la solicitud, declarando determinado derecho procesal y sustancial opuesto a su postura, cuando aquel no tendría posibilidad alguna de reconducir el trámite en los términos expuestos, y la vía incidental no podía ser continuada luego del reenvío que supone una declaración de nulidad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- De tal modo, resulta aplicable al caso lo sostenido por este Cuerpo en la Sentencia 48/09 del registro de la Secretaría Nº 4, en tanto “cualquier pronunciamiento al respecto tendría carácter simplemente abstracto, carente de todo interés y finalidad práctica” (los votantes primero y segundo en este punto pues se efectivizó la interrupción solicitada).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- Ahora bien, lo anterior es suficiente para nulificar
///14.- el auto interlocutorio recurrido pues no procede la declaración de nulidad en el solo beneficio de la ley, sino que debe remediar el perjuicio sufrido, el que es negado con la declaración acerca de que la cuestión resulta abstracta. Así, para una ponderación de los efectos de la sentencia, cabe destacar que también la Corte Suprema (Fallos 331:2249) ha sostenido que las nulidades no deben alcanzar a actuaciones válidas anteriores.- - - - - - - - - - - - - - - -----5.- Intervención del Superior Tribunal de Justicia. Doctrina legal que rige el caso:- - - - - - - - - - - - - - ----- La advertencia del carácter abstracto del planteo de la Defensora respecto de los intereses del nasciturus no es contradictorio con la postura de este Cuerpo de anular lo decidido por la Cámara -en tanto podría interpretarse que aquella también alcanzaba al recurso en tratamiento-, toda vez que -a diferencia del caso resuelto mediante Se. 48/09 STJNRSO- en este se advierten posturas divergentes de las diversas instancias judiciales involucradas, con instrucciones también opuestas a los organismos de salud pública que habían concurrido a los tribunales solicitando certeza para la temática involucrada. Por lo tanto, la intervención del Superior Tribunal es para lograr una doctrina legal, siendo esta una exigencia constitucional para los Estado parte que han suscripto los convenios internacionales sobre derechos humanos y hace a lo esencial de la función casatoria (art. 207 inc. 3º C.Prov.).- - - - - -----6.- El derecho sustantivo. Interpretación del art. 86 inc. 2 del Código Penal. La Se. 48/09 STJRNSO. Control de convencionalidad:- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
///15.-- Así, encuentro en el caso para el Superior Tribunal el interés en desarrollar o exponer su doctrina legal uniformadora -función de nomofilaquia- en temáticas donde aparecen involucradas y puestas en confrontación garantías constitucionales referidas a diversos bienes jurídicos del Código Penal: el de la vida o salud de las personas, el de la libertad, etc.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- Entonces, en una interpretación de derecho sustantivo, comienzo por la opinión que vertí en la Se. 48/09 citada supra, en el sentido de que “… si el embarazo proviene de una violación, el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento informado de los padres de la niña embarazada no es punible …”, con lo que la figura del inc. 2º del art. 86 del Código Penal hace extensiva la impunidad al denominado “aborto sentimental” o “ético”, sin distinción en que la violación cometida sea sobre mujer sana o sobre idiota o demente. En la decisión que se revisa, la Cámara Primera en lo Criminal de San Carlos de Bariloche afirma lo opuesto -esto es, que la interrupción no punible del embarazo es sólo si la mujer es idiota o demente-.- - - - - ----- Conozco las diferencias interpretativas en este punto, tanto las doctrinarias como las jurisprudenciales, cada una de ellas con una diferente metodología y argumentación para arribar a su conclusión. Para dar cuenta de ellas es suficiente remitirse a Larrandat en su comentario a los arts. 85/88 en la obra Código Penal. Parte Especial, con la dirección de Baigún y Zaffaroni, págs. 691 y ss., lo que también explica la postura de la Cámara en lo Criminal en cuanto a su interpretación del derecho sustantivo. Destaco
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