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Ciudadanía más allá de la ley

Ángeles Jiménez Perona

La cuestión de la política feminista hoy equivale a preguntarse cómo se puede llevar a cabo un proyecto feminista y en qué consistiría dicho proyecto. En cualquiera de los dos casos nos encontramos ante una diversidad de propuestas que pueden ser complementarias aunque, en algunos casos, resultan incompatibles entre sí. En circunstancias de este tipo suele resultar clarificador hacer un diagnóstico de la situación y una evaluación, sobre todo, de las dificultades y de los resultados derivados de las políticas aplicadas hasta el momento.

Por lo general, las políticas feministas que se vienen implantando desde hace años en países con regímenes democráticos han estado y están inspiradas en la tradición de pensamiento feminista igualitarista. Estas políticas han perseguido que tales regímenes fueran más justos a base de ser más coherentes con su ideario democrático, es decir, con los principios de igualdad, libertad y los propios de un estado de derecho. En paralelo con ello, las reflexiones teóricas feministas han fijado la atención en todas esas nociones refiriéndolas a la categoría de ciudadanía, que —como todas las categorías— establece un orden cualitativo entre los distintos principios que incluye. De este modo, se dota de significado tanto a esos principios como a la propia categoría.

No es una novedad decir que a partir del pensamiento moderno e ilustrado la idea de ciudadanía se ha plasmado de muy diversas maneras en el seno de modelos políticos diferentes según primara en ellos la perspectiva liberal, la republicana o la más propiamente democrática. Es sabido también que la perspectiva liberal ha resultado ser dominante en las sociedades democráticas de Occidente.

Por otro lado, las teorías feministas siempre se han ocupado de la cuestión de la ciudadanía adoptando y, al mismo tiempo, conformando una de esas perspectivas. En la actualidad esta cuestión ha vuelto a situarse en el centro de las reflexiones feministas tras unos años dominados por la crítica más o menos rompedora, en general, con la tradición moderna de pensamiento y, en particular, con el feminismo de raigambre ilustrada. Fruto de ello ha sido, entre otras cosas, la crítica a la falsa universalidad de las nociones modernas de ciudadanía y a las políticas liberales, así como la irrupción en el campo político de las ideas de diferencia y reconocimiento.

Pero, incluso antes de que en la década de los ochenta del siglo XX se debatiera sobre igualdad y diferencia, la noción de ciudadanía se empezó a reconsiderar al constatar los

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magros resultados que producía la realización de las prácticas políticas propugnadas por el feminismo liberal. Como hasta la feminista liberal por excelencia (Betty Friedan) constató en su segunda gran obra (La segunda fase), no basta con una ampliación mecánica del referente de las leyes para conseguir que las mujeres sean ciudadanas de pleno derecho. Qué se entienda por ciudadanía de pleno derecho es justamente un tema de reflexión dentro del feminismo, pero el punto de partida es una noción general por la que la ciudadanía consiste en una serie articulada de derechos y deberes que se fijan en constituciones y leyes con ambición universal. El horizonte normativo (desde el que se determina lo que debería suceder) de esta noción lo articulan los principios democráticos que priman en cada una de las tres acepciones de ciudadanía que Marshall señaló en 1950 en un brillante trabajo que, aunque criticado fuera y dentro del feminismo, sigue siendo un referente. Tales principios no son otros que la igualdad de la ciudadanía política, la libertad de la civil y la solidaridad de la social1.



Las políticas feministas liberales que resultaron insuficientes iban dirigidas tanto a explicitar la inclusión de las mujeres en el referente de las leyes, como a eliminar ciertos determinantes legales que impedían su acceso al ámbito público en igualdad de condiciones formales. Se esperaba que la igualdad formal en lo jurídico produjera automáticamente el acceso de las mujeres a los derechos y deberes políticos, sociales y civiles. A las insuficiencias de estas medidas políticas se intentó hacer frente en los países con estado de bienestar sumándoles otras políticas de carácter intervencionista en instituciones y estructuras sociales, medidas políticas estas que, si bien cuentan con apoyatura jurídica, van más allá de la ley. Me refiero a las prácticas de discriminación positiva tales como cuotas, atribución de puntos o calificaciones especiales, ayudas sociales extras, etc. Se trata de intervenciones que, desde el ámbito de la ciudadanía social, apuntan a contrarrestar la discriminación negativa que rige el funcionamiento de los mecanismos de reproducción social. Por este camino que busca anular una fuerza dominante mediante otra de signo contrario se intenta aumentar la igualdad material desde el fomento de la solidaridad.

Sin embargo, esas políticas además de generar debate sobre su pertinencia, límites y lugares de aplicación, han tenido como principal consecuencia indeseada la connotación de los derechos de ciudadanía social como caridad y su consiguiente degradación valorativa, la cual se ha transferido a los colectivos de referencia (principalmente, los grupos discriminados por raza y sexo) que resultan, al mismo tiempo, beneficiados y denigrados, como agudamente argumentaron en su momento Nancy Fraser y Linda Gordon2. Ambas autoras analizaron la génesis histórica y la estructura tripartita de la ciudadanía moderna y contemporánea para explicar tanto la insuficiencia de las políticas feministas centradas en la consecución de la

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igualdad formal como la resignificación negativa de las políticas de discriminación positiva dirigidas al fomento de la ciudadanía social en tanto que condición para la ciudadanía plena.



Con todo ello podemos concluir hasta aquí que, tras la implantación (en distinto grado) de las políticas liberales y de discriminación positiva en los estados con regímenes democráticos, la situación de las mujeres es, en primer lugar, de igualdad jurídico-formal. En segundo lugar, se da una clara infrarrepresentación y representación en precario en todas las instituciones públicas (políticas o no) de las sociedad. En tercer lugar, como el espacio público se ha generado históricamente contando como condición necesaria con la existencia de un espacio doméstico a cargo de las mujeres, esto las lastra cuando acceden al espacio público al verse obligadas a enfrentarse a dilemas vitales de los que están exentos los varones. Por último, las mujeres tienen que arrostrar las ventajas que las políticas de discriminación positiva comportan a título individual junto con la denigración que conlleva a título colectivo, lo cual en último término afecta también a título individual.

Del análisis realizado por Fraser y Gordon, análisis que sin duda sigue siendo válido, se concluía la necesidad de llevar a cabo políticas públicas de intervención que ahonden en la igualdad material y, en esa medida, faciliten el acceso a los derechos de ciudadanía civil y política. La dificultad que aún hoy queda pendiente es cómo atajar el efecto indeseado de que la promoción de los derechos de ciudadanía social se interprete como caridad con todas las implicaciones simbólicas de refuerzo del gueto que ello conlleva y sus correspondientes efectos de poder. Es muy interesante reparar en lo que Fraser y Gordon señalan como foco de este problema, a saber, la primacía de los aspectos de la ciudadanía civil y la incompatibilidad entre esos aspectos (que están basados en la propiedad privada) y las normas comunitarias de solidaridad y responsabilidad compartida propias de la ciudadanía social3. Incompatibilidad que se cifra en que la ciudadanía civil comporta una imagen del ciudadano como individuo, cuya identidad, derechos y deberes se establece en virtud de lo que posee y las relaciones contractuales que puede instaurar mediante lo que posee; sus únicos vínculos con la sociedad serían los que establece contractualmente y durarían lo estipulado por las partes. Por su parte, la ciudadanía social conlleva una imagen del ciudadano como individuo cuya identidad, derechos y deberes se fija por los vínculos que le unen al colectivo social de referencia que detenta los bienes colectivos. Los vínculos son todos aquellos que se derivan del hecho de vivir en esa sociedad, por lo que trascienden a los meramente contractuales. Y es como resultado de esta incompatibilidad y de la primacía del modelo civil de ciudadanía y de su patrón contractual, que las relaciones sociales acordes con un patrón de solidaridad se interpretan como relaciones caritativas.

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Sin menoscabo de este diagnóstico que exigiría como política feminista la tarea mayor de trabajar por un reparto o, incluso, por la desaparición de la propiedad privada de los medios de producción, es posible señalar otras fuentes del problema en la división social entre espacio público y privado, y la concepción de la familia. De fijar la política feminista en estos temas no se conseguiría pasar a una tarea más fácil, pero, desde luego, también necesaria. En ambos temas viene insistiendo el feminismo teórico desde largo, haciendo ver la importancia de la familia como institución en la que se distribuyen jerárquicamente los roles y el poder en función del género, y cómo esto es algo que no sólo atañe a la esfera doméstica, sino que se extiende y determina el resto del espacio privado y el público. Actualmente Ch. Mouffe argumenta con fuerza la necesidad de modificar (que no eliminar) la institución familiar y la distinción privado/público en aras de hacer plausible el principio de ciudadanía como una forma de identidad política común a personas con diferentes concepciones del bien. Desde esta perspectiva la ciudadanía cobra un perfil extremadamente atractivo, pues aparece no como una identidad política entre otras, sino como un principio articulador que posibilita una pluralidad de identidades políticas dentro del marco democrático-radical4.



Por otro lado, volviendo a las ya mencionadas críticas vertidas contra el legado de la Modernidad, recordemos que desde el denominado pensamiento postmoderno (feminista y no feminista) se pusieron en cuestión la universalidad y unicidad de ese sujeto de derechos y deberes que es el ciudadano. Frente a ello se argumentó con acierto hasta evidenciar la pluralidad y diferencias internas de los seres humanos en las maneras de hacer y conocer tanto la realidad (físico-natural y social) cuanto a sí mismos. El reconocimiento de las diferencias se constituyó así en un requisito de toda política feminista.

Ahora bien, una cuestión importante nacida de este nuevo contexto teórico es si las diferencias identitarias se han de entender en términos constructivistas e individualistas en la estela de Foucault tal y como hace J. Butler, o si se entiende al modo del constructivismo narrativista que expone S. Benhabib, o en términos tradicionalistas y grupales al modo comunitarista. En cualquiera de los casos, para captar el profundo sentido político de estas disquisiciones habría que resaltar la necesidad de tener en cuenta que no basta con el reconocimiento de lo que las mujeres (a título individual o colectivo) quieran poder ser, sino que también es preciso reconocer lo que son socialmente. A propósito de ello podríamos decir que, ciertamente, las sociedades están compuestas de individuos no abstractos, sino —como sostiene S. Benhabib— de yoes concretos, cuya identidad personal es en realidad un objetivo vinculado a la capacidad reflexiva; sería el resultado sumativo producto de una pluralidad de narrativas que brotan en la interacción con otros yoes5. Y aunque es difícil fijar a través de

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qué conjunto de características o actividades, de qué patrones de conciencia o patrones de conducta, decimos de alguien que es "él mismo", sin embargo, cabe afirmar que lo que puede modificar el porvenir de alguien configura su identidad personal, pues modifica la narración de sí mismo tanto para el futuro como retrospectivamente. Y entre lo que determina el porvenir de alguien está el sexo; el sexo entendido como un campo de acciones e interacciones por el que las personas (esos cuerpos) viven culturalmente en masculino, femenino o de otros modos. Existen, pues, personas diferentes que intervienen en la construcción de su yo tejiéndolo a partir de un contexto de redes materiales y espirituales y de un horizonte temporal. Probablemente en esto consista la libertad. Pero la identidad es también un acontecimiento no buscado en el que el reconocimiento de los demás es absolutamente decisivo. La falta de reconocimiento de la propia narración tiene efectos opresivos (impide la libertad y la igualdad) y destructivos del yo (crisis de identidad y de autoestima que cercenan la capacidad de acción y decisión autónomas). Por todo ello es importante tener presente que en la raíz de esa falta de reconocimiento siguen operando códigos patriarcales de género (entre otros códigos de dominación) que transmutan la diferencia en desigualdad por mucho empeño que se ponga en resignificar positivamente las diferencias. Los efectos de poder que producen son evidentes y acontecen aun en sociedades con un alto nivel de igualdad jurídica. Por todo ello, acabar con esos códigos patriarcales sigue siendo un objetivo de la política feminista.



Con todo, hay una dificultad de otra índole que brota cuando desde las perspectivas feministas sensibles a la diferencia se reflexiona sobre la justicia y es que las concepciones democráticas de la justicia siempre versan sobre unos principios abstractos de carácter universal idealmente ciegos al género de las personas, mientras que las personas realmente existentes son diferentes en virtud de su género y de otras variadas marcas.

Más aún, desde el comunitarismo y el feminismo de la diferencia se han criticado los modelos democráticos de justicia por presuponer un individuo abstracto y, definitivamente, inexistente al estar desvinculado de las tradiciones y comunidades de pertenencia, lo cual equivale a carecer de las únicas fuentes e instancias explicativas de cualquier identidad personal6. Sin embargo, a esta perspectiva se le han encontrado serios inconvenientes debido al idealismo de la tradición y, finalmente, al esencialismo que comporta7. La mistificación de la tradición y la de la diferencia femenina impide remontar los roles (y los efectos opresivos que comportan) mediante los que las comunidades definen las identidades de sus miembros.

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Pero, si no bastara el rechazo del esencialismo por la parálisis política que conlleva su reificación de los roles, todavía hay otra importante dificultad a la que sólo cabe escapar renunciando al igualitarismo político de los sistemas democráticos.



La insistencia en la diferencia ontológica conlleva un serio problema político-jurídico de fondo: el de cómo conseguir la plena ciudadanía para las mujeres y, por tanto, justicia en sociedades democráticas en las que esa justicia depende de códigos jurídicos enraizados en principios de carácter abstracto y universal, cuando lo que se supone que caracteriza a ese colectivo no es sólo una situación de desigualdad sino también una diferencia que debe ser preservada; ¿puede haber justicia universal sobre lo singular en su diferencia concreta?

Las reflexiones que sobre estas dificultades se han realizado en la teoría jurídica son extraordinariamente interesantes e ilustran la incompatibilidad entre igualitarismo y concepción esencialista de las diferencias8.

Desde esa perspectiva teórico-jurídica resulta muy interesante la distinción que Onora O’Neill establece entre abstracción e idealización como condición de posibilidad de una idea igualitarista y universal de justicia sensible a las diferencias9. La distinción entre elaborar principios abstractos y elaborar principios idealizados sería la misma que la que se da entre disponer un conjunto de pautas (una guía incompleta e indeterminada) para enjuiciar casos, y ofrecer un modelo de vida o acción, que incluye subrepticiamente determinadas características particulares, pero que se presenta como universal. Así pues, las idealizaciones son ideológicas en el sentido marxiano del término, mientras que los principios abstractos son guías contingentes y mutables que sirven para enjuiciar casos de forma contextualizada, esto es, atendiendo a las diferencias. Pero, al mismo tiempo, los principios abstractos, mientras perviven, constituyen el límite normativo para no incurrir en un relativismo irrestricto que, en caso de darse, impediría el propio acto de juzgar, esto es, la atribución de responsabilidades y sus consecuencias.

Como es lógico en sociedades que operan con una noción institucional de la justicia, sería en el seno del aparato jurídico donde se irían contextualizando los principios abstractos10: es en leyes de distinto rango donde se clasifican casos mediante las especificación de los rasgos diferenciales que justifican cuándo es legítimo atribuir diferencias en las consecuencias normativas y cuáles serían esas diferencias11. Esto abre la posibilidad a emplear leyes para implantar políticas de discriminación positiva de cara a resolver determinados conflictos, pero de forma limitada. En efecto, ante situaciones problemáticas donde se combinan desigualdad/diferencia y se pretende erradicar la desigualdad sin primar un único estereotipo identitario, los límites del grado de sensibilidad

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ante las diferencias que se pueden recoger en las leyes vendrían firmemente marcados por los principios formales igualitaristas del estado de derecho.



Si se saltan esos límites se acaba privilegiando un modelo de identidad y, por tanto, se produce la vulneración de los derechos individuales no acordes con dicho modelo y se deja la puerta abierta a abusos de poder no sometidos a ningún control institucional12. El principio formal de igualdad constituye, pues, un límite para las prácticas de discriminación positiva cuyo objetivo es deshacer la conversión siempre opresiva de diferencias en desigualdades. No parece existir un criterio claro y uniforme para detectar cuándo se sobrepasa el límite, pero tampoco es necesario: basta con atender a los efectos opresivos de poder que suscitan determinadas prácticas políticas sensibles a las diferencias. Por tanto, es necesario preservar la abstracción de las leyes, la cuestión no radica ni en rechazar el universalismo ni la idea de diferencia, sino sus esencializaciones.

Cierto es que se puede renunciar al igualitarismo político, pero si no es así y, al mismo tiempo, se acepta la no unicidad del sujeto político y jurídico, entonces a lo anterior habría que añadir que las únicas nociones de diferencia compatibles con el igualitarismo son las constructivistas, esto es, las que consideran la identidad no como algo dado que se despliega, sino como un objetivo (a la manera de Butler o de Benhabib o de Ch. Mouffe). Y esto no sólo afecta al sujeto universal de las leyes, sino también al sujeto (al menos) colectivo de cualquier política empezando, por la feminista.

La política feminista no tiene por qué tomar pie en una noción identitaria de "mujer" previamente dada, reificada, pues, de la imposibilidad de ofrecer un concepto de "mujer" cerrado, eterno e inmutable, no es preciso concluir que no pueda haber formas de unidad y de políticas feministas aunadas de algún modo. Ch. Mouffe ha ofrecido una sugerente y fructífera explicación de la formación de sujetos políticos colectivos en términos de lo que Wittgenstein denomina "parecidos de familia"13; es decir, que el grupo empírico de referencia no se aúna por una esencia identitaria común, sino "que su unidad debe ser vista como el resultado de una fijación parcial de identidades mediante la creación de puntos nodales"14.

La concepción de la política que se deriva de aquí es realmente sobresaliente, pues ya no es un enfrentamiento de imposible conciliación entre intereses e identidades ya constituidos de una vez y para siempre. Por usar sus palabras:

En Gender Trouble, Judith Butler pregunta: ‘¿Qué nueva forma de política emerge cuando la identidad como una base común ya no constriñe el discurso de la política feminista?’ Mi respuesta es que visualizar la política feminista de esa manera abre una oportunidad mucho más grande para una política democrática

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que aspire a la articulación de las diferentes luchas en contra de la opresión. Lo que emerge es un proyecto de democracia radical y plural15.



En consecuencia, las metas feministas pueden variar tanto como grupos empíricos se formen con un objetivo común, y las políticas feministas pueden ser tantas como formas se den en que la categoría "mujer" implique para sus referentes subordinación. La política es el campo de los conflictos, pero también de seres y relaciones mutables; y esa mutabilidad permite generar situaciones nuevas que diluyan esos conflictos.

En lo que tiene esta propuesta de democracia radical, inserta las demandas feministas en un contexto más amplio de demandas igualitaristas. Las políticas feministas serían versiones de políticas igualitaristas en contextos democráticos.

Por otro lado, de esta concepción mutable y contingente de lo social se sigue otra interesante consecuencia que rige la práctica política: la imposibilidad de solucionar todos los conflictos, o, lo que es lo mismo, la imposibilidad de alcanzar la reconciliación con un ideal igualitarista de sociedad. En efecto, en la medida en que los individuos, sus diferencias y sus relaciones mutan en virtud de los efectos (algunos opresivos) generados por la propia interacción, las demandas igualitaristas también mutan; es decir, el principio de igualdad varía en su contenido material y, por eso, porque no hay un modelo ideal de sociedad igualitarista, no cabe reconciliarse con ella. Esto evacua las tan criticadas implicaciones totalitarias de los proyectos igualitaristas clásicos, ilustrados, y diluye el falso dilema entre igualdad y diferencia; al mismo tiempo, mantiene la igualdad como principio político abierto e indeterminado, y esta apertura e indeterminación (aunque parciales) es la condición de la libertad entendida como capacidad para tejer interactivamente y en contexto el propio yo.

Notas


1 Th. Marshall., "Citizenship and Social Class", en Th. Marshall, Citizenship and Social Class and others Essays, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1950. Reeditado en: Marshall and Bottomore, Citizenship and Social Class, London, Pluto Press, 1992. Traducción castellana: "Ciudadanía y clase social", en Revista española de investigaciones sociológicas, 79, Julio-Septiembre, 1997. De acuerdo con la clasificación de Marshall hay tres ámbitos de la ciudadanía moderna que han ido emergiendo en diferentes siglos: el de los derechos civiles en el XVIII, el de los políticos en el XIX y el de los sociales en el XX. El primero alude a todos los derechos vinculados con la libertad individual, tales como la libertad de expresión y de movimientos, el derecho a la justicia o el derecho a la propiedad privada. El segundo recoge el derecho a participar en el ejercicio del poder político, bien por desempeño directo, bien a través del voto. El último es el campo de los bienes sociales y los servicios públicos, el de todo lo necesario para que los ciudadanos participen en la vida pública mediante el uso de los bienes sociales que proporcionan una vida mejor según las normas imperantes en cada sociedad. En las sociedades occidentales esos bienes son: educación, sanidad, parques públicos o seguridad económica.

2 Cfr. N. Fraser y L. Gordon, "Contrato versus caridad: una reconsideración de la relación entre ciudadanía civil y ciudadanía social", en Isegoría, Madrid, CSIC, nº 6, 1992, pp. 65-82.

3 Ibíd., p. 80.

4 Cfr. Ch. Mouffe, "Democratic Citizenship and the Political Community", en Ch. Mouffe (ed.), Dimensions of Radical Democracy, Pluralism, Citizenship, Community, Verso, 1992. También, Ch. Mouffe, "Feminismo,

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ciudadanía y política democrática radical", en E. Beltrán y C. Sánchez (comps.), Las ciudadanas y lo político, Madrid, UAM, 1996.

5 Cfr. entre otras obras S. Benhabib, "El otro generalizado y el otro concreto: la controversia Kohlberg-Gilligan y la teoría feminista", en S. Benhabib y D. Cornell, Teoría feminista y teoría crítica, Valencia, Edicions Alfons el Magnànim, 1990. También "Fuentes de la identidad y el yo en la teoría feminista contemporánea", en Laguna, Universidad de La Laguna, 1995-6, pp. 162-175.

6 E. Frazer y N. Lacey, The Politics of Community: A Feminist Critique of the Liberal-Communitarian Debate, Hampstead, Harvester, 1993.

7 S. Benhabib y D. Cornell, "Más allá de la política de género", en S. Benhabib y D. Cornell (comps.), Teoría feminista y teoría crítica, Valencia, Edicions Alfons el Magnànim, 1990, pp. 24-25. También S. Álvarez, "El comunitarismo y la teoría feminista", en M. Ortega, C. Sánchez y C. Valiente (comps.), Género y ciudadanía, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 1999, pp. 63-76.

8 Cfr. E. Beltrán, "Las dificultades de la igualdad y la teoría jurídica contemporánea", en M. Ortega, C. Sánchez y C. Valiente (comps.), Género y ciudadanía, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 1999, pp. 93-112. También E. Beltrán, "Justicia, democracia y ciudadanía: las vías hacia la igualdad", en E. Beltrán y V. Maqueira (comps.), Feminismos. Debates teóricos contemporáneos, Madrid, Alianza Editorial, 2001, pp. 191-242.

9 O. O´Neill, "Justice, Gender and International Boundaries", en M. Nussbaum and A. Sen (eds.), The Quality of Life, Oxford, Clarendon Press, 1993.

10 No obstante, siempre resta un margen de imprecisión que queda en manos de la evanescente y falible prudencia de los jueces. Los riesgos que esto comporta se supone que quedan paliados por mecanismos institucionales de control.

11 Cfr. F. J. Laporta, "El principio de igualdad: introducción a su análisis", en Madrid, Sistema, Revista de Ciencias Sociales, nº 67, Julio, 1985.

12 El Proyecto de Ley Integral contra la Violencia de Género que actualmente se encuentra en proceso de trámite constituye, sin ninguna duda, un instrumento absolutamente necesario para hacer frente al gravísimo problema social de los malos tratos con su secuela de mujeres asesinadas o destruidas, aunque vivas. Sin embargo, dicho Proyecto agrava la sanción de los actos de violencia doméstica ejercida contra las mujeres no en virtud de la específica naturaleza delictiva de esos actos, sino por la condición de varón del agresor. Esto constituye una práctica abusiva de discriminación positiva, pues esencializa las identidades en liza y privilegia una. El efecto perverso que se desprende es la ruptura del principio de igualdad cuando lo que se busca es su contrario. Y si desde la tradición feminista igualitarista este tipo de estructuras normativas (legales o consuetudinarias) siempre han sido rechazadas (apelando al principio de igualdad y al respecto a los derechos individuales) cuando sancionaban actos de forma distinta, de suerte que si el agente era mujer el castigo era mayor, ahora (aunque la atribución de privilegios se invierta) tampoco es defendible. Además, esa reificación es innecesaria, pues la ley se podría aplicar de igual modo y obtener los mismos efectos sin necesidad de atender al género del agresor; el que las sanciones recaigan en varones es algo que la ley no tiene por qué determinar, pues ya lo hacen los casos concretos reales.

13 Cfr. Ch. Mouffe, "Feminismo, ciudadanía y política democrática radical", en E. Beltrán y C. Sánchez (eds.), Las ciudadanas y lo político, Instituto universitario de estudios de la mujer, UAM, 1996 p. 6.

14 Ibíd.

15 Ibíd., p. 19.

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