Expediente Nº 460-2013 Sentencia Nº 011-2014 Voto Nº 011-2014



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Expediente Nº 460-2013

Sentencia Nº 011-2014

Voto Nº 011-2014


Sentencia N° 011-2014. Tribunal Aduanero Nacional. San José, a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del veintitrés de enero de dos mil catorce.
Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor XXXXX en su condición de agente aduanero, contra la resolución RES-AS-DN-3106-2013 del veintitrés de julio de dos mil trece emitida por la Aduana Santamaría.
RESULTANDO


  1. Mediante resolución número RES-AS-DN-2525-2013 del 24 de junio de 2013, la Aduana Santamaría inicia procedimiento sancionatorio por la presunta comisión de la infracción aduanera establecida en el artículo 236 inciso 25) de la Ley General de Aduanas (en adelante LGA), contra el Agente Aduanero señor XXXXX, toda vez que en la Declaración Aduanera de Importación Definitiva número 251227 de 15 de octubre de 2008 se consignó de manera incorrecta la clase tributaria del vehículo usado marca: TOYOTA, estilo: DX, cabina extra, año 1994, transmisión manual, tracción: 4x2, gasolina, 2400 cc, con un valor declarado de $2.057.00 por considerar el funcionario encargado de ejecutar el proceso de verificación física que de acuerdo con las características del vehículo le correspondía la clase tributaria 2225867 en lugar de la 2366515, ocasionando una nueva obligación tributaria aduanera por la suma de ¢983.240.62, causando una diferencia a favor del Fisco por un monto de ¢71.330.41 el cual fue cancelado antes de la autorización del levante mediante talón de pago de SINPE que corre a folios 18 y 62. Razón por la cual se le podría imponer una multa de doscientos cincuenta pesos centroamericanos al tipo de cambio vigente al momento del hecho generador, aplicando la rebaja del 50% por la cancelación de la diferencia durante el proceso de despacho, de conformidad con el artículo 233 inciso c) de la LGA. Dicho acto fue notificado al interesado el 11 de julio de 2013. (Ver folios 22-33).




  1. Con escrito de fecha de recibido 17 de julio de 2013, el agente aduanero XXXXX presenta su descargo alegando lo siguiente: (Ver folio 34)




  • Señala que la Agencia UDADAISA ya no existe y que él dejo de laborar en enero de 2009.




  • Indica que la resolución de inicio dice tendente a investigar, pero no requiere mayor análisis para demostrar culpabilidad, por lo que estima que se le ha dejado en total indefensión. Sin investigar, ya lo consideran culpable.




  • La no cancelación de la presente multa, faculta a la gerencia a solicitar la inhabilitación del auxiliar, se ejecute la garantía y se proceda con el cobro judicial, considera que existe una nulidad absoluta, violando el art. 56 de la Constitución.




  • Sostiene que el artículo 236 de la LGA no puede ser usado en materia tributaria, que se refiere a errores y omisiones y quine corrige es la aduana no la agencia. Asimismo, califica de inconstitucional, desproporcionado, no razonable, abusivo e injusto, el numeral citado.




  • Que el pronunciamiento C-229-2001 de la Procuraduría General de la República, es vinculante en el sentido de que la aduana no tiene competencia sancionadora.




  • La gerencia dice que es un acto tendente a investigar la presunta comisión de una infracción tributaria tipificada en el art. 236, 25 de a LGA, a lo cual señala la nulidad absoluta por que las infracciones tributarias corresponden al art. 242.




  • Que el artículo 236 de la LGA dice de errores y omisiones y estima que éstas no se encuentran. “Error según el diccionario es un concepto equivocado y equivocado es tomar una cosa por otra. Recuérdese que los cambios de la tributaria los hace la aduana, y ésta no corrige errores de la agencia”.



  • El artículo.236 es inconstitucional por desproporcionado y otros.




  • Tiene la duda de que su firma digital, al no poder “verse”, no ampare el documento aduanero, apareciendo solamente su nombre por escrito, lo cual a su parecer le crea indefensión.




  • Solicita se anule todo lo actuado y se archive el expediente.




  1. La Aduana Santamaría con la resolución RES-AS-DN-3106-2013 del 23 de julio de 2013, dicta el acto final del procedimiento administrativo sancionador, imponiéndole al agente aduanero XXXXX una multa de doscientos cincuenta pesos centroamericanos al tipo de cambio vigente al momento del hecho generador, monto resultante de aplicar la rebaja de la multa de quinientos pesos centroamericanos por estar ante el supuesto del artículo 233 de la LGA, para un monto de ¢139.977.50, por haber presentado y transmitido con errores la Declaración Aduanera de Importación número 251227 de 15 de octubre de 2008 al consignar incorrectamente la clase tributaria y por ende el valor aduanero del vehículo citado en el Resultando primero. Dicha resolución fue notificada el 01 de agosto de 2013 (Ver folios 35-52).




  1. A través de escrito presentado el 26 de agosto de 2013, el agente aduanero imputado en autos interpone el recurso de apelación contra el acto final, indicando en lo de interés: (Ver folio 53)




  • Hace ver que la agencia de aduanas UDADAISA ya no existe, cerrándose la misma por problemas aduaneros, señalando irregularidades respecto a otra funcionaria de dicha entidad. En relación a la agencia de cita, afirma que la sanción está dirigida contra una persona equivocada, y que continuará apelando en el sentido de que la responsabilidad es de aquella, de la señora Alicia Orozco y del importador.




  • Que el art, 236 indica” salvo si está tipificado con un sanción mayor.” Resulta que el art.242 que sí es tributario como lo es este procedimiento por cambio de una clase tributaria, tiene una sanción mayor en la sanción multa. Pero como no se puede sancionar con el art,242 por la misma ley lo impide y recurren a un artículo que no tiene nada que ver con situaciones tributarias. En este aspecto y por ser desproporcionado, injusto y abusivo, está marcado como inconstitucional y considera que deberá ser anulado de la LGA. Por todo lo anterior, existe una total indefensión causada.




  1. Con resolución RES-AS-DN-4805-2013 del 12 de noviembre de 2013, la Aduana Santamaría, emplaza al agente aduanero ante este Tribunal. Asimismo remite el expediente correspondiente ante este Colegiado con el fin de que se conozca el Recurso de Apelación interpuesto, actuación notificada en fecha 28 de noviembre de 2013. (Ver folios 54-55)




  1. El agente aduanero interesado se apersona ante este Tribunal el 12 de diciembre de 2013, reiterando parte de los alegatos rendidos a lo largo del presente procedimiento, y efectuando las siguientes manifestaciones adicionales: (Ver folio 49)




  • Aduce que el cambio en la clase tributaria no se trata de un error, sino que se debe a la misma política de Hacienda, que no tiene debidamente definidos los valores de los vehículos, por lo que no se sabe con seguridad que clase de vehículo se importó.




  • Se cuestiona la existencia de un efectivo perjuicio fiscal en autos, así como la aplicación del principio de Indubio pro reo.




  • Deja constancia de la de la inconstitucionalidad de los artículos 86, 33 y los que se refieran a la parte “firmar bajo fe de juramento”, toda vez que los pedimentadores pueden usar cualquier llave de los tantos agentes que tengan.




  1. En razón del disfrute de vacaciones legales requeridas por el Licenciado Luis Gómez Sánchez, mediante Acuerdo número 0084-2013 del 18 de diciembre de 2013 emitido por el Ministro de Hacienda ai., se nombró como Juez Suplente Especialista el Licenciado Rodolfo Arce Portuguez. (Ver folio 66)




  1. A través de voto número 006119-2013 del 08 de mayo de 2013, la Sala Constitucional resolvió la Acción de Inconstitucionalidad referida al expediente 12-009094-0007-CO, declarando la misma sin lugar. (Ver folios 64-65)




  1. Que bajo el expediente número 13-014169-0007-CO, la Sala Constitucional tramita una Acción de Inconstitucionalidad planteada en contra del numeral 231, párrafo 5 de la LGA. (Ver folio 67)




  1. En las presentes diligencias se han observado las prescripciones legales en la tramitación del recurso de apelación.

Redacta la Licenciada Elizabeth Barrantes Coto; y,


CONSIDERANDO


  1. Objeto Se discute la imposición de una multa de doscientos cincuenta pesos centroamericanos, por parte de la Aduana Santamaría al agente aduanero señor XXXXX, al haber aplicado la rebaja del 50% consignada en el inciso c) del numeral 233 de la LGA, por considerar que incurrió en la infracción establecida en el artículo 236 inciso 25 de la LGA, por haber declarado y transmitido con errores la Declaración Aduanera de Importación número 251227 de 15 de octubre de 2008, al consignar de manera incorrecta la clase tributaria del vehículo usado marca: TOYOTA, estilo: DX, cabina extra, año 1994, transmisión manual, tracción: 4x2, gasolina, 2400 cc, con un valor declarado de $2.057.00, por considerar el funcionario encargado de ejecutar el proceso de verificación física que de acuerdo con las características del vehículo le correspondía la clase tributaria 2225867 en lugar de la 2366515, ocasionando una nueva obligación tributaria aduanera por la suma de ¢983.240.62, causando una diferencia a favor del Fisco por un monto de ¢71.330.41.




  1. Admisibilidad del recurso de apelación Que previo a cualquier otra consideración, se avoca este órgano al estudio de la admisibilidad del presente recurso de apelación. En tal sentido dispone el artículo 198 de la LGA que contra el acto final dictado por el órgano aduanero competente, caben los recursos de reconsideración y apelación para ante el Tribunal Aduanero Nacional, los cuales deben interponerse dentro de los quince días siguientes a la notificación del acto impugnado, condicionando la admisibilidad a dos requisitos procesales, sea en cuanto al tiempo que dispone el interesado para interponerlo y además el relativo a la capacidad procesal de las partes que intervienen en expediente. En el caso bajo estudio el proceso sancionatorio se abre y se constituye como parte al agente aduanero, en su condición de persona física y es él quien personalmente interviene en autos, por los posibles efectos que puede causar la decisión final, siendo en consecuencia la persona legitimada para recurrir por ser la afectada con el procedimiento, cumpliéndose en la especie con el presupuesto procesal de legitimación. Además según consta en expediente a folios 44 y 45, el acto que le impone la multa se le notificó el 01 de agosto de 2013, y el recurso de apelación se interpuso el 26 del mismo mes y año, dentro del plazo de los quince días hábiles establecido al efecto. En razón de ello, tiene este Tribunal por admitido el recurso de apelación para su estudio.



  1. Hechos probados Se tienen por probados los siguientes hechos de relevancia:




      1. Que a través de la Declaración Aduanera de Importación número 251227 de 15 de octubre de 2008 de la Aduana Santamaría, el señor XXXXX en su condición de agente aduanero de la Agencia de Aduanas Unión de Agentes Internacionales de Carga S.A., en representación de su cliente Guido Arguedas Ugalde presentó a despacho un vehículo usado marca: TOYOTA, estilo: DX, cabina extra, año 1994, transmisión manual, tracción: 4x2, gasolina, 2400 cc, con un valor declarado de $2.057.00, bajo la clase tributaria 2366515. (Ver folios 58-63)




      1. La Declaración de cita fue objeto de revisión física, determinándose durante dicho proceso que la clase tributaria correcta era la 2225867 de acuerdo con las características del vehículo, lo que le generó un ajuste en la obligación tributaria aduanera, hecho que le fue notificado al declarante, aceptado por este y debidamente cancelado. (Ver folios 18 y 62 y 58-63)




  1. Sobre la Inconstitucionalidad del artículo 236 inciso 25 de la LGA


El recurrente califica de inconstitucional, desproporcionado, no razonable, abusivo e injusto, el numeral infraccional aplicado en la especie.
Al respecto, es claro que consta a folios 64 y 65 que la Sala Constitucional declara sin lugar la Acción de Inconstitucionalidad número 12-009094-007-CO a las quince horas cinco minutos del día 08 de mayo del año 2013, promovida contra el inciso 25) del artículo 236 de la Ley General de Aduanas, de esa forma debe continuarse con la tramitación de los expedientes administrativos que versen sobre la aplicación de dicho numeral, cumpliendo la obligación de fallar los asuntos sometidos a consideración de este Colegiado que versen sobre el mismo.
El Tribunal en varios antecedentes, ha reconocido que el procedimiento sancionatorio en sede administrativa, debe respetar una serie de principios y garantías constitucionales del Derecho Penal, con matices. Dentro de esas garantías se encuentran entre otros los principios de tipicidad, culpabilidad (que serán analizados al desarrollar el fondo del asunto) y el de proporcionalidad como delimitadores de las normas sancionadoras, entre otros.
Estos principios se reflejan necesariamente en el régimen de las sanciones e infracciones. La sanción impuesta debe constituir una medida estrictamente necesaria para alcanzar el objetivo buscado. Por ende, no sólo es necesaria la previa tipificación legislativa de la infracción y la sanción aplicable, sino la posterior adecuación de la sanción al caso específico, lo que requiere la valoración de la culpabilidad del infractor, así como la gravedad de los hechos y, en algunos casos, hasta la personalidad o capacidad económica del partícipe. En consecuencia, con la valoración de todos estos aspectos hace posible que frente a circunstancias propias del caso que, al fin y al cabo, serán las que determinarán la sanción a imponer.1

Así las cosas, la determinación de si una norma es inconstitucional o no, está reservados por competencia a la Sala Constitucionalidad, misma que al conocer la Acción de Inconstitucionalidad número 12-009094-007-CO según se señaló supra, promovida contra el inciso 25 del artículo 236 de la LGA, la declara sin lugar, y de esa forma obliga al Tribunal Aduanero acatar su contenido por principio de legalidad prescrito en los artículos 11 de la Constitución Política de la República, 108 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (en adelante CAUCA) y 11 de la Ley General de la Administración Pública (en adelante LGAP), y por su relación con el principio de inderogabilidad singular de las normas, consagrado en el numeral 13 de la Ley General de la Administración Pública, teniendo que continuar con la tramitación del expediente administrativo, por cuanto el tipo sancionador aplicado mantiene su vigencia y efectos en el Ordenamiento Jurídico.

En consecuencia se rechazan los alegatos esgrimidos por el recurrente en este extremo.


  1. Sobre la excepción de incompetencia. Recordemos que las excepciones son un conjunto de actos legítimos del sujeto contra el cual se incoa un procedimiento, tendientes a proteger un derecho determinado; es un poder facultativo que le otorga la ley al sujeto pasivo, una vez establecida la relación jurídico procesal, de dar a conocer ciertos hechos, sustanciales o procesales, que una vez acogidos por el órgano competente, ante el cual se han hecho valer, produce la desestimación de la pretensión invocada o la interrupción total o parcial del asunto. Por esa razón, se conoce a continuación la misma de forma preferente.

Expresamente señala el recurrente que existe incompetencia de la Gerencia de la Aduana para conocer y resolver el caso, ello de acuerdo con el criterio de la Procuraduría General de la República C-229-2001 y la sentencia 1963 del 20 de setiembre de 2011 del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. En ese sentido tómese en cuenta que existe amplia jurisprudencia2 de este Tribunal en donde se ha pronunciado sobre la figura de la competencia en los siguientes términos:


Sobre la Competencia en general. […]
Cuando se habla de la competencia y como aspecto previo al análisis sobre el sujeto que inicia el procedimiento..., debe tomarse en cuenta que es una atribución legal, según lo prescribe el artículo 59 de la Ley General de la Administración Pública que nos reseña:
1. La competencia será regulada por la ley siempre que contenga la atribución de potestades de imperio.

2. La distribución interna de competencias, así como la creación de servicios sin potestades de imperio se podrá hacer por reglamento autónomo pero el mismo estará subordinado a cualquier ley futura sobre la materia.

3. Las relaciones entre órganos podrán ser reguladas mediante reglamento autónomo, que estará también subordinado a cualquier ley futura.”
Asimismo el artículo 60 de la Ley General de la Administración Pública indica:
1. La competencia se limitará por razón del territorio, del tiempo, de la materia y del grado.

2. Se limitará también por la naturaleza de la función que corresponda a un órgano dentro del procedimiento administrativo en que participa.”

En ese mismo sentido la doctrina ha señalado que “…la competencia es “la medida de la potestad que corresponde a cada órgano”, siendo siempre una determinación normativa. A través de la norma de competencia se determina en qué medida la actividad de un órgano ha de ser considerada como actividad del ente administrativo; por ello la distribución de competencias entre varios órganos de un ente constituye una operación básica de la organización. La competencia se determina, en consecuencia, analíticamente por las normas (no todos los órganos pueden lo mismo, porque entonces no se justificaría su pluralidad), siendo irrenunciable su ejercicio por el órgano “que tenga atribuida como propia”..., aunque la misma norma puede prever supuestos de dislocación competencial (delegación, sustitución, avocación, que suponen traslados de competencia de unos a otros órganos; sin la previsión legal expresa esos traslados no son posibles).” (Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández. Curso de Derecho Administrativo, Tomo 1, página 460). (el subrayado no es del texto)
Así tenemos que, los actos administrativos deben ser emitidos por los órganos competentes según: la materia, el grado, el territorio y el tiempo. Por la materia se define a favor de un órgano un tipo de asuntos caracterizados por su objeto y contenido (ejemplo en un Ministerio las distintas Direcciones), es decir “se refiere a las actividades o tareas que legítimamente puede desempeñar el órgano. Según el carácter de la actividad la materia puede ser; deliberativa, ejecutiva, consultiva o de control. Impera también el principio de la especialidad, de particular aplicación a los entes administrativos, según el cual éstos sólo pueden actuar para el cumplimiento de los fines que motivaron su creación.(José Roberto Dromi, Manual de Derecho Administrativo, Tomo 1, página 116)
La competencia por el grado se refiere a la verticalidad de la administración, o sea la relación de jerarquía. “el grado es la posición o situación que ocupa el órgano dentro de la pirámide jerárquica. El inferior en grado está subordinado al superior.” (José Roberto Dromi, Manual de Derecho Administrativo, Tomo 1, página 117)
El elemento temporal en la competencia está referido al momento en que el órgano puede ejercer esa competencia, es decir “comprende el ámbito temporal en que es legítimo el ejercicio de la función”. (José Roberto Dromi, Manual de Derecho Administrativo, Tomo 1, página 117)
Por el territorio, tenemos “el ámbito espacial en el cual es legítimo el ejercicio de la función. Se vincula a las divisiones o circunscripciones administrativas del territorio del estado, dentro de las cuales los órganos administrativos deben ejercer sus atribuciones”. (José Roberto Dromi, Manual de Derecho Administrativo, Tomo 1, página 117)…”)

Repasadas brevemente las generalidades sobre la figura de la competencia, encontramos que el Reglamento a la Ley General de Aduanas establece en el artículo 35, en su inciso n)3 que es competencia del Gerente de la Aduana “Imponer a los Auxiliares de la Función Pública Aduanera la sanción de multa, como resultado de los procedimientos sancionatorios que tramite”. Adicionalmente en la reciente reforma a la LGA4, en el artículo 231 se estableció lo siguiente:


Las infracciones administrativas y las infracciones tributarias aduaneras serán sancionables, en vía administrativa, por la autoridad aduanera que conozca el respectivo procedimiento administrativo, ya sea la Aduana de Jurisdicción o la Dirección General de Aduanas, salvo las infracciones administrativas sancionadas con suspensión del auxiliar de la función pública aduanera, cuyo conocimiento y sanción será competencia exclusiva de la Dirección General de Aduanas, así como también la inhabilitación de los auxiliares de la función pública aduanera…”
Debe tenerse aclararse que el criterio emitido por la Procuraduría General de la República, nació hace 12 años, y que la sentencia 1963-2011 del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, se encuentra relacionada con hechos ocurridos en el año 2002; de manera que al emitirse dichos documentos, no existían las disposiciones supra citadas (artículos 231 LGA y 35 inciso n) RLGA), las cuales en la actualidad resuelven cualquier interrogante que se presente sobre el tema. Situación que fue prevista en el criterio y sentencia ya señalados, al indicar ambos:


“…En consecuencia, esta potestad sancionatoria, como tal, debe entenderse atribuida al órgano superior jerárquico, con excepción de que el Ordenamiento Jurídico expresamente la encargue a otro…” (El resaltado es nuestro).

De acuerdo con lo expuesto, no queda duda que al tenor de la normativa aduanera vigente, el Gerente de la Aduana normativamente cuenta con la competencia necesaria para imponer sanciones de multa, como es la que nos ocupa en este procedimiento, no procediendo así la excepción invocada.




  1. Sobre las Nulidades. Por ser este Tribunal un órgano contralor de legalidad y en atención a la solicitud expresa del recurrente, se procede a efectuar en forma precedente, la revisión de las actuaciones administrativas desde el punto de vista del respeto de los derechos constitucionales y legales que el Ordenamiento Jurídico garantiza al afectado, pues se está ante una manifestación directa del ejercicio de la Potestad Sancionadora de la Administración, aclarándose que el argumento sobre errónea aplicación de tipo se abarcará en el análisis de fondo, en el apartado concerniente a la sanción aplicable en el caso concreto.



  • Responsabilidad del agente aduanero por la declaración de las mercancías


El recurrente considera que la sanción está dirigida a la persona equivocada, afirma que seguirá apelando en el sentido de que la responsabilidad de los ajustes efectuados es de UDADAISA, agencia que ya no existe, y de la señora Alicia Orozco.
La responsabilidad del agente aduanero lejos de poder considerarse como una implantación arbitraria, es producto de un régimen especial establecido por el propio Ordenamiento Jurídico Aduanero5, en el cual cada uno de los actores que intervienen en diversos regímenes aduaneros, incluido el señor XXXXX como auxiliar de la función pública, deben conocer y aplicar.
Así, los agentes aduaneros, ya sean personas físicas o jurídicas, son auxiliares de la función pública, según lo establecen los artículos 11, 12, y 16 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (en adelante CAUCA), 28 y 33 de la LGA, en cuanto asesores en la materia técnica aduanera y de comercio exterior, teniendo entre otras funciones de relevancia especial: a) orientar y asesorar al importador o exportador en los procedimientos aduaneros, teniendo en consideración la complejidad de las regulaciones que pueden darse en temas tan variados como restricciones no arancelarias, impuestos, cuotas compensatorias, reglas de origen y las formalidades relativas a la nacionalización y exportación de mercancías, lo mismo que respecto al comercio exterior cuya amalgama de normas, procedimientos, reglas y principios que se aplican en el marco internacional, deben ser atendidas por peritos en la materia, y b) coadyuvar a la Administración en la gestión aduanera, buscando con ello la calidad en el ejercicio del encargo delegado por el Estado, llevando a cabo una labor de coadyuvancia con los órganos de la Administración en la gestión pública aduanera; resumiéndose su razón de ser en una atención más técnica y especializada a los administrados.
Es precisamente en razón de tales características, que surge una relación particular que liga a los agentes aduaneros con la Administración, colocándolos en una correspondencia de particular fuerza, categorizada dentro de las relaciones de sujeción especial señaladas por el artículo 14 de la Ley General de la Administración Pública (en adelante LGAP); es en razón de tal relación, caracterizada por las funciones de los agentes aduaneros y la relevancia que las mismas revisten para el interés público, que se generan en la persona de estos auxiliares de la función pública una serie de obligaciones y responsabilidades, que vienen a regir el ejercicio de su labor. Como consecuencia de este régimen de responsabilidad, los agentes aduaneros no solamente serán garantes ante el importador o exportador, sujetos de los cuales resultan ser representantes, sino también ante el Fisco, como consecuencia justamente del mandato que ostentan y de las funciones que desempeñan como coadyuvantes de la Administración.
Aún y cuando, tanto los agentes aduaneros personas físicas como jurídicas son auxiliares de la función pública, existe una diferenciación entre los mismos respecto a la aplicación del régimen de responsabilidad por el cual se encuentran cubiertos, específicamente en relación a procedimientos sancionatorios como el que nos ocupa y por expresa disposición de la ley. Los primeros responderán personalmente cuando su conducta se adecúe a los supuestos establecidos en alguna de las infracciones tipificadas por la legislación aduanera, siempre y cuando la misma le sea reprochable, mientras que las personas jurídicas responderán únicamente bajo los supuestos establecidos por el artículo 269 bis de la LGA, que al efecto reza:
Las sanciones previstas en esta Ley se impondrán a la persona jurídica, cuando se demuestre que los representantes legales o los personeros de la empresa han propiciado actos o hechos que posibilitan la sanción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior; en caso contrario, responderá únicamente el agente de aduanas acreditado.”(Lo resaltado no es del original)
De esta forma, las agencias aduanales personas jurídicas responderán exclusivamente cuando se demuestre la situación fáctica indicada por la norma transcrita, de lo contrario, aún cuando el agente aduanero que actuó en el despacho se encuentre ligado a una agencia aduanal y por mandato de la misma llevó a cabo la operación aduanera particular, responderá aquel solamente, siempre y cuando su actuación se adecúe al tipo establecido. La agencia de aduanas persona jurídica es solidariamente responsable por los impuestos dejados de percibir por actuaciones de sus empleados, como auxiliar de la función pública que es y en razón de la representación que ostenta de su mandante, pero para el caso de sanciones por faltas o delitos, deberá asumirlas personalmente el agente aduanero que los cometió, a menos que se compruebe que los representantes legales o los personeros de la empresa, han propiciado actos o hechos que generen la sanción.
En este sentido y para el caso concreto, no puede tener por probado este Tribunal, con base en los elementos probatorios que constan en autos, que existan hechos o actuaciones que impliquen responsabilidad alguna de la agencia aduanal UDADAISA, sin tener relevancia en caso concreto si la misma existe o no, dado que no se ha constatado su participación en la infracción imputada bajo los términos supra señalados. El recurrente alega responsabilidad por parte de la Agencia Aduanal de marras, pero no logra comprobar que, ya sea el dueño o al menos algún representante o personero de UDADAISA, hayan favorecido actos o hechos que posibilitaran la comisión de la infracción que se pretende sancionar, tal y como lo exige la normativa que regula la materia. No se demuestra de forma fehaciente la participación de la agencia aduanal o de sus personeros en la propiciación de los hechos que se sancionan, restando solamente imputar los mismos a quien por ley resulta verdaderamente responsable, sea el agente aduanero.
Debe entender el señor XXXXX que la reiteración de argumentos no constituye prueba suficiente para determinar una responsabilidad por parte de la Agencia de Aduanas UDADAISA, debe demostrarse mediante prueba idónea la efectiva participación de personeros o representantes de dicha persona jurídica en la ejecución de los hechos que se imputan en autos, pero el recurrente se limita a simplemente reproducir su dicho sin aportar prueba pertinente que permita comprobar la responsabilidad de la persona jurídica para la cual prestaba sus servicios. La carga de la prueba la soporta quien sostiene determinada posición en un procedimiento, esto bajo el principio de que “prueba el que afirma”, no se puede pretender que nadie sea sancionado por meras manifestaciones subjetivas sin respaldo probatorio. El recurrente posee la facultad de presentar todo tipo de pruebas que considere pertinentes, siendo que al final se trata de su propio interés el demostrar si efectivamente la Agencia de Aduanas tuvo injerencia alguna en la comisión de la infracción que se reprocha en autos, es él quien alega participación de la agencia aduanal y sus funcionarios en las acciones que llevaron a la configuración de la infracción que se le imputa, a pesar de lo cual deja de lado el requisito indispensable de probar su dicho, más allá de simples argumentaciones.
De esta forma, no se trata de una impunidad absoluta a favor de UDADAISA como pretende hacerlo ver el recurrente, tal y como se analizará más adelante, el asunto versa sobre los elementos probatorios existentes en autos, los cuales sostienen la imputación realizada en contra del señor XXXXX, sin que éste logre demostrar sus argumentos de responsabilidad hacia la agencia aduanal de cita o alguno de sus representantes o personeros.
De esta forma, en el caso de la infracción tributaria aduanera señalada por el artículo 236 inciso 25 de la LGA, objeto de la presente litis, la misma dispone que será sancionada la persona física o jurídica, auxiliar o no de la función pública que presente o transmita los documentos, la información referida en el inciso anterior o la declaración aduanera con errores u omisiones que causen perjuicio fiscal, o los presente tardíamente, salvo si está tipificado con una sanción mayor, por lo tanto será sancionada únicamente la conducta que se ajuste a la descripción dada por el tipo indicado, siendo que en el caso de marras, es la conducta del agente aduanero XXXXX, persona física, la que encuadra en el tipo indicado y no la actuación de la agencia aduanal o de la referida pedimentadora Alicia Orozco, aspecto sobre el cual se ahondará en el apartado de fondo de la presente resolución.
Debe entender el recurrente que en materia de responsabilidad dentro de los procedimientos sancionatorios, van a ser considerados sujetos de la sanción únicamente aquellos cuya conducta eventualmente se adecúe al tipo establecido en la LGA, y tal y como fue planteado no se ha demostrado que la actuación del importador, de la señora Orozco (no constando en expediente ninguna intervención de su parte antes o durante el despacho) o de la agencia aduanal UDADAISA, encuadran dentro del tipo sancionatorio de marras, resultando inadmisibles los argumentos por medio de los cuales pretende desatender su responsabilidad en el presente asunto y endilgar la misma a dichos sujetos, por lo cual tales alegaciones se rechazan en su totalidad.
Para los efectos, y en aras de circunscribir las razones por las cuales los agentes aduaneros resultan ser los sujetos activos de la infracción sobre la cual versa la presente litis, se remite al recurrente a lo dispuesto por el párrafo II del artículo 33 de la LGA, en cuanto señala que es el agente aduanero quien rinde la declaración bajo fe de juramento, y por dicho acto deberá responder en forma personal, lo cual a su vez es ampliado por el numeral 86 del mismo cuerpo normativo, que al efecto reza:
“… Para todos los efectos legales, la declaración aduanera efectuada por un agente aduanero se entenderá realizada bajo la fe del juramento. El agente aduanero será responsable de suministrar la información y los datos necesarios para determinar la obligación tributaria aduanera, especialmente respecto de la descripción de la mercancía, su clasificación arancelaria, el valor aduanero de las mercancías, la cantidad, los tributos aplicables y el cumplimiento de las regulaciones arancelarias y no arancelarias que rigen para las mercancías, según lo previsto en esta Ley, en otras leyes y en las disposiciones aplicables. …” (El resaltado no es del original)
Así, el agente aduanero es el responsable por los datos incorporados en la declaración aduanera, debiendo asumir las consecuencias que de su labor específica se desprenda, realizando la misma de forma diligente y acorde al Ordenamiento Jurídico Aduanero, como por ejemplo: el cerciorarse de los datos correctos de las mercancías que presenta a despacho aduanero, o elaborar personalmente las declaraciones aduaneras; se trata de su propia responsabilidad, y es él quien debe saber y medir los riesgos a los que eventualmente pueda quedar expuesto.
Por las razones expuestas, deben rechazarse los alegatos esgrimidos por el recurrente en relación con la responsabilidad de terceros en los hechos imputados.


  • Responsabilidad por la utilización del token


El recurrente duda de que su firma digital, al señalar “Cuantos duas de la agencia UDADAISA que ya no existe, fueron confeccionados por la pedimentadora Alicia Orozco, tienen mi nombre y no mi firma y sí la de otro agente, como me informó Informática de Hacienda pues varios duas aparecieron en tales condiciones cuando el suscrito ya no laboraba y el token estaba invalidado. Total indefensión pues no aclaran esta anomalía”.
Primeramente ha de observarse que el sistema informático TIC@ a través del cual se transmiten las declaraciones aduaneras, requiere para dichos efectos que necesariamente se cuente con el token debidamente activado para la elaboración de las mismas.
Pretende el recurrente, que la Autoridad obvie su responsabilidad en la utilización de su token o firma digital, aún y cuando la misma forma parte del régimen de responsabilidades de todo auxiliar de la función pública agente aduanero, correspondiendo a un aspecto de extrema importancia para el ejercicio de la función aduanera en razón del grado de seguridad que la utilización de dichos dispositivos genera para el Sistema Aduanero Nacional. Al respecto, desde ya se deja claro que en relación a este punto, no se trata de responsabilizar al agente aduanero de forma automática dejando de lado la verdad real, por el contrario, tal y como quedará expuesto, su responsabilidad respecto de la utilización y custodia del token, es respaldada por la normativa aduanera nacional y supranacional como expresión de su relevancia técnica y jurídica, siendo que en relación a los hechos que puedan haberse suscitado por la utilización del token por personas distintas del agente aduanero, la investigación respecto de los mismos, escapa de la esfera de capacidades de esta instancia, debiendo tenerse además en consideración la ausencia de elementos probatorios en expediente sobre estos supuestos argumentados por el recurrente.
Primeramente, para comprender la importancia del resguardo del token o firma digital, ha de entenderse su significado dentro de una estructura aduanera que utiliza un sistema cuyos trámites se realizan vía electrónica (Internet), utilizando el escaneo y envío de imágenes bajo extremas medidas de seguridad, como lo es la encriptación de información. Esta última está respaldada por la utilización de firmas electrónicas de los agentes aduaneros u otros auxiliares de la función pública aduanera que, bajo un registro riguroso y certificado, se les autoriza y se les emite un token o firma digital, el cual cumple con todos los requisitos exigidos por la LGA para que sea considerada bajo fe de juramento. Así, la firma digital es una herramienta tecnológica que permite garantizar la autoría e integridad de los documentos digitales, utilizada en la transmisión, gestión y transformación de instrumentos electrónicos a un método criptográfico, que asocia la identidad de una persona o de un equipo informático al mensaje o documento, siendo que en función del tipo de firma, puede asegurarse la integridad de los mismos y como en la firma autógrafa o manuscrita puede vincularse para identificar al autor, para señalar conformidad o disconformidad con el contenido y mostrar el tipo de firma, lo mismo que para garantizar que no se modifique su contenido. El token es un dispositivo removible, criptográfico, en donde reside la clave privada de determinado auxiliar de la función pública y es en donde se produce la firma digital.
De esta forma, la firma digital o token designado a cada agente aduanero, será aplicado en todas las declaraciones aduaneras que emita éste ante el Servicio Nacional de Aduanas, validando así la operación aduanera que solicita ante la aduana correspondiente, y configurándose como prueba de los actos realizados.6
Razones por las cuales resulta más que evidente, primeramente que la declaración de marras se hubiese realizado sin la utilización del token que corresponde al señor XXXXX como él pretende hacer creer, y segundo, porque la custodia de dichos dispositivos es exclusiva del agente aduanero persona física a quien le fue asignado por parte de la autoridad competente.
En razón de lo expuesto y en relación a los alegatos del recurrente, es claro que el uso responsable del token o firma digital recae exclusivamente en la persona del agente aduanero y no en la persona jurídica que le contrata o de terceros, lo que aplicado al caso concreto genera que, sea cual sea el uso que se le dio al token asignado al Agente Aduanero XXXXX, o si este permitió que terceros tuvieran en su poder el mismo, actuó con descuido, vulnerando el nivel de seguridad que está llamado a aplicar respecto a dicho dispositivo, resultando improcedente pretender que por la supuesta utilización del token por terceras personas (que además no se logra tener por probada en autos), se le exima de responsabilidad en el ejercicio de sus funciones.
En relación a los cuestionamientos del recurrente sobre la utilización de su token o los DUAS manipulados en su nombre, se le hace ver que ésta no es la vía para aclarar tales aspectos, dado que el Tribunal Aduanero Nacional al no ser Administración Activa no le compete entrar a conocer aspectos que van más allá de la litis que le fue planteada, no siendo el indicado para conocer de tales argumentos ni para responder a sus interrogantes. El Tribunal es un órgano contralor no jerárquico del Servicio Nacional de Aduanas, y en ese sentido sólo puede entrar a conocer de un determinado asunto, si se ha interpuesto un recurso de apelación, conforme con lo indicado por el artículo 181 de la LGAP, en relación con el artículo 205 de la LGA. Así, la competencia de este Tribunal para revisar el asunto que nos ocupa, viene dada en razón del recurso de apelación presentado en contra de la sanción impuesta por la Aduana Santamaría.
En consecuencia, este Órgano tiene limitada su competencia para la revisión de la multa impuesta, verificando si se han respetado todas las formalidades y no se ha dejado en estado de indefensión al recurrente, pero no puede, conociendo del presente recurso de apelación, ir más allá, y por esta vía analizar la discusión sobre la eventual mala fe en la utilización del token por parte de terceras personas ajenas al Agente Aduanero, así como la cantidad de DUAS que pudieron haberse diligenciado mediante tal situación, ya que reiteramos, es una controversia ajena al objeto de las presentes diligencias, para lo cual no existe competencia del Tribunal en este momento procesal. De esta forma, si el señor XXXXX considera que se realizó un uso indebido de su firma digital deberá acudir a la vía correspondiente, señalando a quienes considere responsables de tales hechos.
Con base en lo expuesto, los argumentos de descargo sobre la utilización del token por parte de personas distintas al agente aduanero, no son competencia de este Tribunal, resultando los mismos improcedentes para el análisis del caso que se discute en autos, y no existe indefensión puesto que se ha cumplido con el debido proceso.
Revisados los hechos y establecido que no existen vicios del acto administrativo que generen nulidad, se procederá a analizar las consideraciones por las cuales se confirma la imposición de la sanción establecida por la Autoridad Aduanera al recurrente.


  1. Sobre la Sanción Impuesta.

Estima este Tribunal que la sanción aplicada al recurrente ha sido impuesta en estricto cumplimiento con las disposiciones que la normativa exige al efecto, observando los preceptos de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad como se analizará de seguido. En efecto, el A Quo fundamenta la pretensión estatal acusando la violación del régimen jurídico, conducta infraccional cuyo tipo y sanción es regulada en el artículo 236 inciso 25 de la LGA, el cual literalmente dispone:



Artículo 236.- Multa de quinientos pesos centroamericanos.

Será sancionada con multa de quinientos pesos centroamericanos, o su equivalente en moneda nacional, la persona física o jurídica, auxiliar o no de la función pública aduanera que:
25. ) Presente o transmita los documentos, la información referida en el inciso anterior o la declaración aduanera, con errores u omisiones que causen perjuicio fiscal, o los presente tardíamente, salvo si está tipificado con una sanción mayor.” (El resaltado no es del original).
Corresponde, en consecuencia, analizar la norma en relación con lo actuado en el presente caso, considerando la función de este Colegiado de ser un órgano contralor de la legalidad de las actuaciones del Servicio Nacional de Aduanas, y partiendo de que por la materia que trata esta litis, consiste en el ejercicio de la potestad represiva del Estado y de la pena impuesta al recurrente, con las garantías propias del Derecho Penal aplicable al asunto y bajo los lineamientos doctrinales del Derecho Sancionador7.
Principio de Tipicidad: El principio de tipicidad es una aplicación de la máxima de legalidad consagrado en el numeral 11 de la Constitución Política y de la LGAP, que exige la delimitación concreta de las conductas que se hacen reprochables a efectos de su sanción.
Para que una conducta sea constitutiva de una infracción, no es suficiente que sea contraria a derecho, es necesario que además esté tipificada, sea que se encuentre plenamente descrita en una norma; esto obedece a exigencias de seguridad jurídica, pues siendo materia represiva, es necesario que los administrados sujetos a un procedimiento sancionatorio puedan tener entero conocimiento de cuáles son las acciones que deben abstenerse de cometer, so pena de incurrir en una conducta infraccional. Toda sanción debe estar antecedida de una clara demostración de los hechos, pero también de la acreditación de la ilegalidad de la conducta. En ese mismo sentido, nuestra Constitución Política contempla como uno de los pilares fundamentales de los derechos individuales, el artículo 39, que en lo conducente señala:
A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta sancionadas por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa audiencia concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de la culpabilidad ...”
De esta forma, el tipo infraccional se constituye en una descripción de un acto omisivo o activo, establecido en un presupuesto jurídico de una ley anterior, mientras que la tipicidad es la adecuación o subsunción de una conducta humana, concreta y voluntaria, al tipo, sea a la descripción hecha en la ley, configurándose en el primer elemento de la conducta punible, derivada del principio de legalidad señalado, “nullum crimen sine lege”. Con base en lo expuesto, el juicio de tipicidad es el proceso mediante el cual, los aplicadores del derecho entran a determinar si el comportamiento específico que se les ha presentado para análisis, coincide o no con la descripción típica contenida en la norma.
Así, en aras de analizar la tipicidad del asunto en cuestión, debe primeramente determinarse, no solo la conducta constitutiva de la infracción regulada en la norma que se considera contraria a derecho, sino también es necesario clarificar quién es el sujeto infractor, esto es, el sujeto activo de la infracción.
Sujeto: Para el caso concreto el sujeto activo, es decir, la persona que puede cometer la infracción de cita, y de acuerdo a lo estipulado en el artículo bajo análisis, no debe tener una condición especial previamente determinada por el legislador, es decir, no requiere necesariamente ser agente aduanero u otro auxiliar de la función pública, sino que cualquier persona que adecúe su conducta a lo establecido por la norma puede convertirse en sujeto activo de esta infracción. Así las cosas, no existe duda de que el agente aduanero XXXXX, que en todo caso tiene la condición de auxiliar de la función pública aduanera, definido por la legislación como aquellas “personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que participen habitualmente ante el Servicio Nacional de Aduanas, en nombre propio o de terceros, en la gestión aduanera.” (Artículo 28 LGA), puede ser autor de dicha infracción, no presentándose ningún problema en cuanto a la determinación del elemento subjetivo del tipo.
Descripción de la Conducta: Para la aplicación de la norma citada corresponde verificar cuáles son los presupuestos básicos para su aplicación. De principio es una norma que contiene varias conductas como ocurre en la mayoría del articulado de la ley aduanera. Parte de una acción realizada que se relaciona con una obligación exigida por la normativa y para su cumplimiento se debe dar en dos posibles formas:
1- “Presente”

2- “Transmita”
Cualquiera de los dos medios deben utilizarse para hacer llegar al órgano aduanero “los documentos” escritos o impresos o “la información” entendida como la transcripción en un medio informático de datos exigidos en la declaración aduanera para cualquier régimen aduanero. Siguiendo el texto, la construcción de las conductas hace referencia al inciso anterior (inciso 24 del artículo 236 de la LGA) por lo que se debe entender que se refiere a “los requisitos documentales” o “la información” que requieran la ley o sus reglamentos. Adiciónese que se contemplan las conductas con errores o con omisiones pero que se cometan en alguno de los datos o documentos que se requieran para efectuar una declaración aduanera correcta.
En todos los casos se debe cumplir una condición que exige el tipo y es que cada conducta realizada con errores u omisiones requiere que cause un “perjuicio fiscal”, estimándose como una disminución en la Obligación Tributaria Aduanera que legalmente corresponde, por alteración de alguno de sus elementos y no tipifique como infracción tributaria. Finalmente el ordinal agrega otras conductas que tienden a sancionar la “presentación tardía” de documentos bajo las condiciones ya apuntadas, eliminando del tipo el error o la omisión.
En concreto, el inciso 25 del artículo 236 LGA regula las siguientes conductas:
1-presentar o transmitir los documentos, la información requerida por esta ley o sus reglamentos para determinar la obligación tributaria aduanera o para demostrar el cumplimiento de otros requisitos, o la declaración aduanera con errores u omisiones que causen perjuicio fiscal.
2. presentar los documentos, la información requerida por esta ley o sus reglamentos para determinar la obligación tributaria aduanera o para demostrar el cumplimiento de otros requisitos, o la declaración aduanera en forma tardía.
Transmisión con errores: Para el presente caso basta determinar la conducta activa realizada por el sujeto a fin de ver si encuadra en algún supuesto de los expuestos. Recordamos que los hechos que se tienen por acreditados consisten en haber presentado y transmitido la Declaración Aduanera de Importación número 251227 de 15 de octubre de 2008 con errores al consignar incorrectamente la clase tributaria del vehículo presentado a despacho, lo que le generó un ajuste en la obligación el cual fue debidamente cancelado, cuadro fáctico que en expediente se ha calificado de error cometido en la declaración aduanera al someterse la mercancía al régimen de importación definitiva.

Es así como la acción imputada al recurrente, indiscutiblemente es violatoria del Régimen Jurídico Aduanero toda vez que de conformidad con lo estipulado en el numeral 86 de la LGA, según se señaló supra, se detalla la responsabilidad del agente aduanero en la declaración de los datos que el Ordenamiento Jurídico exige al efecto, e inclusive la obligatoriedad de tomar todas las previsiones requeridas para realizar la correcta declaración aduanera, siendo por tanto imperativo para el agente suministrar la información y los datos necesarios para determinar la obligación tributaria aduanera.


La declaración aduanera constituye, de conformidad con nuestra legislación aduanera, el medio establecido para destinar las mercancías, de forma tal que es el consignatario a través de la declaración el que libre y voluntariamente escoge las diferentes destinaciones a que pueden quedar sujetas las mercancías que se encuentren bajo control aduanero (ver artículo 109 LGA y 237 RLGA), cuya presentación le corresponde por regla general al agente aduanero especificándose en el numeral 314 del RLGA los datos que obligatoriamente debe contener la declaración.
El agente aduanero al momento de presentar el DUA, ante la Aduana Santamaría, con la clase tributaria incorrecta del automotor, incumplió en forma evidente lo prescrito en el artículo 86 de la LGA en análisis y tratándose de la importación de un vehículo usado, es de obligado acatamiento cumplir además con la especial regulación establecida por la normativa que rige la materia para determinar el valor de importación o base imponible de los vehículos usados.
Pretende el recurrente en sus alegatos, restar responsabilidad a sus actos y achacar los mismos a la propia Administración, aduciendo que el cambio en la clase tributaria no se trata de un error, sino que se debe a la a la misma política de Hacienda, que no tiene debidamente definidos los valores de los vehículos, por lo que no se sabe con seguridad que clase de vehículo se importó. Argumentos que deben ser rechazados precisamente en razón del régimen de responsabilidad analizado ya líneas atrás, donde se demuestra que el señor XXXXX como profesional en la materia, tiene el deber de declarar correctamente las mercancías presentadas a despacho. Por tanto, al estar demostrado que el señor XXXXX, es el agente aduanero que tramitó el DUA, en su condición de auxiliar de la función pública aduanera, por la especial sujeción que tiene, según se consignó supra, está obligado a tener pleno conocimiento de sus atribuciones, deberes y obligaciones desde el momento mismo en que es autorizado para desempeñarse como tal, comprendiendo dentro de ellas, la correcta presentación de la declaración aduanera, con toda la información requerida por la normativa para determinar la obligación tributaria aduanera, en especial la descripción de la mercancía incluyendo su valor, según lo ordena el artículo 86 de la LGA y por ende, en caso de incumplimiento tiene clara conciencia de las sanciones que le podrían ser aplicadas.
De conformidad con lo expuesto, queda por demostrado que la conducta del imputado se ajusta al tipo que se pretende aplicar, sin que se trate en la especie de la aplicación automática de una infracción, sino que la misma es el resultado de un estudio de tipicidad apegado a derecho, con base en el cuadro fáctico que caracteriza la presente litis.
Acción que cause perjuicio fiscal: En este sentido no cabe duda que la modificación en la clase tributaria declarada, generó un perjuicio fiscal el cual consta en expediente. En relación con el tema de la existencia de perjuicio fiscal, se reitera la posición de este Tribunal en el sentido de que si no hubiese sido por la acción preventiva y oportuna del funcionario aduanero, que en el momento del despacho, se percata de la incorrección cometida, se logró recuperar la diferencia de impuestos adeudada, porque en efecto se cubrió la totalidad del adeudo tributario determinado por la Administración, puesto que de lo contrario el Estado no hubiese podido en ese momento resarcirse del perjuicio causado, antes de autorizar el levante o salida de la mercancía del recinto aduanero. Es decir, que el perjuicio económico se causó, se consumó en el momento mismo en que el agente aduanero consignó en forma errónea la clase tributaria del vehículo que provocó la modificación de su valor de importación, cancelando en consecuencia un monto menor al que correspondía, por lo cual se descartan los argumentos del recurrente en relación a la inexistencia de un efectivo perjuicio fiscal, ya que en autos está demostrado que el mismo sí operó en los términos señalados.
Sanción: Respecto al tema de la pena o sanción impuesta, resulta claro que el legislador en forma expresa sancionó con multa de quinientos pesos centroamericanos la presentación o transmisión con errores u omisiones que causaran un perjuicio fiscal, adecuándose de esta forma la Aduana a lo establecido en el tipo infraccional.
Cabe indicar que comparte plenamente este Tribunal la rebaja en la multa aplicada por la Aduana, pues al tener por demostrado en expediente que durante el proceso de revisión física se canceló la diferencia generada por el cambio de clase tributaria del vehículo importado, el presente caso se enmarca así en el supuesto recién incorporado8 en el artículo 233 de la LGA, que señala en lo de interés:
“…También, se reducirá la sanción cuando en el ejercicio del control inmediato se haya notificado un acto de ajuste de la obligación tributaria aduanera y el infractor acepte los hechos planteados y subsane el incumplimiento dentro del plazo previsto para su impugnación. En este caso, la sanción se reducirá en un cincuenta por ciento (50%)…”
De esta forma la Administración Activa de oficio procedió a rebajar en un 50% la multa de 500 pesos centroamericanos impuesta al señor XXXXX, se trata de la estricta aplicación del principio de legalidad, que debe regir el actuar de la Administración.
Se cuestiona el señor XXXXX que se indique “infracción tributaria” en referencia al numeral 236 inciso 25) de la LGA, ya que a su parecer si es tributaria corresponde al numeral 242 de dicho cuerpo legal. Respecto a tal manifestación, ante la confusión del recurrente, debe aclararse al interesado que a partir del 28 de setiembre de 2012, entró en vigencia la Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria (Ley Nº9069 del 10 de setiembre de 2012), con la cual entre otros, se reformó el artículo 242 LGA en el siguiente sentido:
Constituirá infracción tributaria aduanera y será sancionada con una multa de dos veces los tributos dejados de percibir, toda acción u omisión que signifique una vulneración del régimen jurídico aduanero que cause un perjuicio fiscal superior a quinientos pesos centroamericanos y no constituya delito ni infracción administrativa sancionable con suspensión del auxiliar de la función pública aduanera”. (El resaltado es nuestro)
Con la citada reforma se establece que constituirá infracción tributaria toda acción u omisión que cause un perjuicio fiscal superior a quinientos pesos centroamericanos, siempre y cuando no estemos frente a un delito ni a una infracción administrativa sancionada con suspensión. Es decir la reforma aumentó el umbral del perjuicio fiscal, la redacción anterior exigía un perjuicio superior a cien pesos centroamericanos y a partir del 28 de setiembre de 2012 es de quinientos pesos centroamericanos, por esa razón casos anteriores y similares al que nos ocupa hoy pudieron ser sancionados bajo los términos del artículo 242 LGA, en aplicación a la norma vigente al momento de los hechos. De forma tal que los procedimientos encaminados a sancionar la transmisión con errores u omisiones que causaron un perjuicio fiscal que no hubiesen superado los quinientos pesos centroamericanos, a partir de la modificación supra señalada, deben ser analizados a la luz de las disposiciones del artículo 236 inciso 25 LGA, sin que ello signifique que la Administración esté aplicando erróneamente los numerales 236 inciso 25 y 242 LGA, sino por el contrario, está aplicando los principios de legalidad y tipicidad.
En la especie el adeudo determinado por la autoridad aduanera y voluntariamente cancelado por los sujetos pasivos considerando el tipo de cambio vigente a la fecha de comisión de la falta, el perjuicio fiscal no excedió los quinientos pesos centroamericanos que en la actualidad exige el artículo 242 de la LGA, en consecuencia, al ser inferior a esa suma toda vez que la diferencia a favor del Fisco fue por un monto de ¢71.330.41, el cual fue cancelado antes de la autorización del levante mediante talón de pago de SINPE, según consta a folios 18 y 62 del expediente, tal y como acertadamente decidió la Aduana los hechos deben ser valorados y sancionados bajo los parámetros del artículo 236 inciso 25 LGA, que es el tipo o presupuesto de hecho que corresponde a la presente litis, no existiendo así en criterio del Colegiado la nulidad pretendida por el apelante.
Sobre la culpabilidad: Procede examinar si en la especie puede demostrarse que la actuación del recurrente supone dolo o culpa en la acción sancionable, correspondiendo de seguido el análisis de responsabilidad subjetiva del infractor para determinar si ha de imputársele la conducta sancionada.
Al respecto debe reiterarse, tal y como ya se adelantó líneas atrás, que en efecto se hace necesaria la demostración de la culpabilidad para que a una persona, en este caso un agente aduanero persona física, se le imponga una pena, lo cual deriva del principio de inocencia el cual se encuentra implícitamente consagrado en el artículo 39 de la Constitución Política, transcrito supra. Lo anterior implica en consecuencia que a ninguna persona se le podrá imponer sanción, en este caso administrativa, sin que a través de un procedimiento en que se respete el derecho de defensa, se haya demostrado en forma previa su culpabilidad.
Es claro entonces que debe realizarse una valoración de la conducta del posible infractor, determinando la existencia del dolo o la culpa en su actuación, puesto que la culpabilidad presupone la existencia de la imputabilidad o sea la condición del infractor que lo hace capaz de actuar culpablemente, su vigencia permite que un sujeto sea responsable por los actos que podía y debía evitar, se refiere a la situación en que se encuentra la persona imputada, la cual, pudiendo haberse conducido de una manera ajustada a derecho no lo hizo. Lo anterior se basa en la máxima de que no hay pena sin culpa, debiéndose demostrar en el presente caso el elemento subjetivo, esto es, que el recurrente efectivamente omitió el cumplimiento de determinada obligación y que no existe una causa eximente de responsabilidad, es decir que no existe ninguna justificación que permita establecer que no tiene culpa alguna o no le es reprochable la conducta, pues no dependía de su actuación los hechos atribuidos9.
Se debe entonces, realizar una valoración subjetiva de la conducta del posible infractor, determinando la existencia del dolo o la culpa en su actuación, la Procuraduría General de la República distingue ambas figuras de la siguiente forma:

“…El dolo hace referencia a la resolución, libre y consciente, de realizar una acción u omisión, contraria a la ley o en su caso, generadora de daño. A diferencia de lo cual la culpa grave es el proceder con omisión de la diligencia exigible, es un descuido o desprecio de las precauciones más elementales para evitar un daño. Hace referencia al error, imprudencia o negligencia inexplicables. Inexplicables porque cualquier persona normalmente cuidadosa hubiera previsto y evitado, la realización u omisión que se imputa. Por consiguiente, no se trata de una simple negligencia o la falta de normal diligencia, sino que la falta debe ser grave…” (Dictamen C-121-2006).



Para el caso concreto, a pesar que no se tiene por demostrado en la especie que la actuación del señor XXXXX haya sido cometida con dolo, esto es, que haya presentado la declaración de marras con error u omisión en forma intencional, pretendiendo burlar al Fisco y queriendo ese resultado, sin embargo, sin lugar a dudas tal infracción sí se puede imputar a título de culpa, entendiendo por tal conforme a la doctrina “…la falta a un deber objetivo de cuidado que causa directamente un resultado dañoso previsible y evitable…10, fundamentándose el reproche personal contra el autor que no ha omitido la acción antijurídica aunque podía hacerlo, aspecto que puede verificarse en autos de conformidad con el análisis jurídico ya realizado respecto a las responsabilidades que el Ordenamiento Jurídico Aduanero le había impuesto al imputado, así como con los documentos que constan en expediente, existiendo una clara y directa relación de causalidad entre la presentación y transmisión de la declaración incorrecta por error en la clase tributaria y el valor de importación de repetida cita y la falta de diligencia del agente aduanero.
Así, del análisis de los elementos que constan en autos, efectivamente se determina que el agente aduanero, ha actuado en forma negligente, al haber declarado una clase tributaria que no correspondía, en razón de las características del vehículo, violentando de esta forma lo dispuesto en el artículo 86 de la LGA actuando sin la cautela o precaución necesarias para evitar el resultado perjudicial al consignar una clase tributaria y un valor de importación que no correspondían al vehículo objeto de la controversia, sin que se haya probado en expediente algún eximente de responsabilidad a tenor de lo dispuesto en el artículo 231 de la LGA.
Contrario a lo que considera el recurrente, en el sentido de que la sanción de cita se impone por aceptar pagar el ajuste, sin que se requiera mayor análisis para demostrar la culpabilidad, condenándosele desde un inicio, en la especie, el A Quo con base en el análisis de los elementos que obran en autos, tal y como lo secunda este Órgano de alzada, determina la existencia de la culpabilidad que caracteriza su actuación, encontrándose la misma debidamente fundamentada, de esta forma, en autos se evidencia una búsqueda de la verdad real de los hechos, se le han dado todas las garantías procesales que el Ordenamiento Jurídico otorga al efecto, se le ha aplicado el debido proceso durante el desarrollo del procedimiento de multa, habiéndole concedido el plazo para que presentara alegatos, los cuales se han conocido y resuelto por la Aduana, se dictó el acto final, imponiéndole la multa, señalándole los recursos que cabían contra el mismo, el plazo y lugar para su interposición, poniéndose a disposición el expediente, siendo que precisamente el afectado ha hecho uso de su derecho de recurrir, al plantear el recurso de apelación y haberse apersonado a reiterar y ampliar sus alegatos en ejercicio de su derecho de defensa, en razón del emplazamiento otorgado al efecto.
En este mismo sentido, contrario a la tesis del imputado, debido a la certeza que proporciona el bagaje probatorio que obra en autos, la aplicación del principio de indubio pro reo no tiene cabida en autos, existiendo convicción en cuanto a la responsabilidad en grado de culpabilidad del aquí recurrente.
Considera este Colegio que la infracción en el presente caso, se puede imputar a título de culpa, en el tanto no es razonable que el recurrente teniendo los conocimientos técnicos necesarios así como los instrumentos jurídicos pertinentes para realizar una correcta declaración, haya en forma negligente realizado una declaración aduanera que por ley, se realiza bajo fe de juramento, con un error, toda vez que no es procedente que un agente aduanero profesionalmente preparado, rinda bajo la fe supra señalada, una declaración aduanera en la cual incorpora una clase tributaria y un valor de importación que no corresponden, dada su responsabilidad como cogestor del Fisco.
En otras palabras, en el presente asunto la culpa se asienta en la violación del deber de presentar la declaración aduanera de importación correctamente, sin inexactitudes ni errores, esto es, incluyendo conforme a derecho todos los datos necesarios según lo establecido por el artículo 86 de la LGA, así como cumpliendo con la normativa especial para la determinación del valor de importación de los vehículos usados, no existiendo por parte del señor XXXXX la diligencia mínima que implica el ejercicio de una actividad especializada de un agente aduanero, de conformidad con lo preceptuado por los artículos 33 y siguientes de la LGA, norma que lo conceptualiza como un profesional, especialista en la materia, auxiliar del comercio exterior, coadyuvante de la función pública, que ejerce su actividad en forma habitual, y cuya participación resulta obligatoria según la propia legislación aduanera, debiendo la misma necesariamente contribuir con un valor agregado en la calidad y veracidad de sus actuaciones; todo ello sin que existan en la especie causas eximentes de responsabilidad, entendidas, en el presente asunto, como aquellas circunstancias que permiten que el recurrente no sea sancionado con la multa creada por la ley, sin perjuicio que el hecho constitutivo de la infracción tributaria aduanera se encuentre acreditado, por existir alguna circunstancia eximente de responsabilidad de las contenidas en el artículo 231 de la LGA.
En relación a posibles eximentes de culpabilidad, y aún y cuando el recurrente no hace referencia expresa a ninguno de ellos, el análisis de los mismos resulta procedente para la demostración efectiva del reproche al sujeto imputado.
Primeramente, es claro que en el caso que nos ocupa, no estamos ante la presencia de un simple error material sobre el cual si bien la doctrina no coincide siempre sobre la definición de su concepto, en términos generales si hay consenso de que se trata de un error manifiesto, ostensible e indiscutible, implicando por sí solo la evidencia del mismo sin mayores razonamientos y exteriorizándose por su sola contemplación. Constituye una mera equivocación elemental, tales como, errores mecanográficos, defectos en la composición tipográfica, entre otros, cuyos actos que contienen este tipo de error, su declaración jurídica es válida y lo que ocurre es una anomalía en su exteriorización, al ser el error patente y claro, sin necesidad de acudir a interpretación de normas jurídicas. De ahí que vistas las características configuradoras del error material, la eximente de responsabilidad contenida en el numeral 231 de la LGA, que excluye la culpabilidad en caso de estar frente a errores materiales sin incidencia fiscal, no opera en la especie, pues los efectos de la incorrecta declaración ya fueron amplia y claramente demostrados supra, y la acción imputada al recurrente no se trata de una simple equivocación elemental, sino por el contrario, es claro que ha incumplido en forma negligente con su deber de suministrar la información y los datos necesarios para determinar la obligación tributaria aduanera del vehículo en cuestión, estando obligado a ello en virtud de los deberes y responsabilidades que el ordenamiento jurídico le impone a los agentes aduaneros.
Asimismo no se da la fuerza mayor, por la que se entiende un evento o acontecimiento que no haya podido preverse o que, siendo previsto no ha podido resistirse11, ni el caso fortuito12 o evento que, a pesar de que se pudo prever, no se podía evitar aunque el agente haya ejecutado un hecho con la observancia de todas las cautelas debidas. La situación que operó en el presente asunto, es totalmente previsible, ya que depende de la voluntad del hombre y pudo evitarse. El agente aduanero pudo tomar las medidas necesarias para no efectuar una incorrecta declaración, sin que existan circunstancias o causas que eximan o eliminen su culpabilidad, tal y como ha quedado debidamente demostrado supra.
En razón de lo expuesto, a las consideraciones de hecho y de derecho y en atención a la evidente y demostrada violación del deber de atención y diligencia por parte del agente recurrente, en virtud de que no tuvo la debida diligencia al momento de presentar la declaración, por lo que siendo la negligencia, una de las formas en que se manifiesta la culpa, y al no operar eximentes de responsabilidad, mediando la aplicación de la sana crítica a la hora de valorar los elementos probatorios existentes en autos, y con base en los razonamientos expuestos, es que éste Colegiado no vislumbra duda razonable que impida la aplicación de la sanción objeto de la presente litis en contra del aquí recurrente.
POR TANTO
De conformidad con los artículos 198, 205 a 210 de la Ley General de Aduanas, por mayoría este Tribunal resuelve declarar sin lugar el recurso y se confirma la resolución recurrida. Se da por agotada la vía administrativa. Remítase los autos a la oficina de origen. Voto salvado de los licenciados Reyes Vargas y Arce Portuguez quienes resuelven con lugar el recurso y absuelven al indiciado de toda pena y responsabilidad.

Notifíquese al recurrente en San José, Guadalupe, 350 metros al sur del Bar Campitos, última casa a mano derecha, y a la Aduana Santamaría por medio disponible.
Loretta Rodríguez Muñoz

Presidenta

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