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SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las doce horas cuarenta minutos del siete de mayo de dos mil cuatro.

Recurso de casación interpuesto en la presente causa seguida contra Marta Gómez Gómez, costarricense, mayor de edad, divorciada, ama de casada, vecina de Santa Cruz, cédula de identidad número 5-062-524 y Guiselle Moreno Carmona, mayor, casada, cédula de identidad número 5-175-528, vecina de Santa Cruz; por el delito de Estafa, en perjuicio de Aracelly Young Moraga, Carlos García Calderón, Fabio Camacho Corrales, Fanny Solís Jiménez, Fernando Briceño Ruiz, José Francisco González Chaves, Juan Luis Arrieta Acevedo, Omar Solórzano Rosales, Rosalpina Pizarro González, Simón Jaen Villarreal y Yamileth Moraga Gómez. Intervienen en la decisión del recurso los Magistrados Daniel González Alvarez, Presidente; Jesús Alberto Ramírez Quirós, José Manuel Arroyo Gutiérrez, Ronald Salazar Murillo y Alfredo Chirino Sánchez, estos dos últimos como Magistrados Suplentes. Intervienen además los licenciados Luis Eduardo Leal Vega y Anabelle Cabalceta Aguilar, como defensores de las encartadas. Se apersonó el representante del Ministerio Público.

Resultando:

1.- Que mediante sentencia N°117-03 de las dieciséis horas treinta minutos del diecinueve de enero de dos mil cuatro, el Tribunal de Juicio de Guanacaste, sede Santa Cruz, resolvió: “POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, artículos 39 y 41Constitucional, 1, 22, 30, 31, 34, 45, 71, 77, 216, incisos 1 y 2 del Código Penal, 1, 6, 50, 141, 142, 144, 184, 360, 361, 363, 364, 264, 365, 366, 367 del Código Procesal Penal, decreto de honorarios profesionales, SE DECLARA AUTORA RESPONSABLE DE UN DELITO CONTINUADO DE ESTAFA A GISELLE MORENO CARMONA, CONOCIDA COMO PULLY EN PERJUICIO DE CARLOS GARCIA CALDERON, FABIO CAMACHO CORRALES, FERNANDO BRICEÑO RUIZ, JOSE FRANCISCO GONZALEZ CHAVES, JUAN LUIS ARRIETA ACEVEDO, OMAR SOLORZANO ROSALES, ROSALPINA PIZARRO GONZALEZ, SIMON JAEN VILLARREAL, JUANA ARLINA GOMEZ Y YAMILET MORAGA GOMEZ. Se le absuelve por el mismo delito de Estafa en perjuicio de Aracelly Yong Yong Moraga y Fanny Solís Jiménez. En tal carácter se le impone la pena de QUINCE AÑOS DE PRISION que deberá descontar en el establecimiento carcelario correspondiente previo abono de la preventiva. SE ABSUELVE DE PENA Y RESPONSABILIDAD POR EL DELITO DE ESTAFA A MARTA GOMEZ GOMEZ EN PERJUICIO DE LOS MISMOS OFENDIDOS ANTES CITADOS. Se acoge la acción civil resarcitoria de Rosalpina Pizarro González contra Giselle Moreno Carmona y se le obliga al pago de catorce millones cuatrocientos mil colones de daño material, así como cinco millones de colones por daño moral. Las costas personales se fijan en un millón trescientos setenta y cuatro mil colones. Las costas de la querella se fijan prudencialmente en cincuenta mil colones. Se acoge la acción civil resarcitoria de Carlos Alberto García Calderón contra Moreno Carmona y se le condena al pago de setenta y cinco mil colones de daño material e igual suma por daño moral, las costas personales son veintidós mil quinientos colones. Se declara con lugar acción civil resarcitoria de Fernando Briceño Ruiz contra Moreno Carmona y se condena a esta al pago de doscientos mil colones de daño material y ciento cincuenta mil colones por daño moral, las costas personales se establecen en cincuenta y dos mil quinientos colones. Son las costas del proceso penal a cargo de la imputada Moreno Carmona. Se declara sin lugar la acción civil contra Marta Gómez Gómez y se resuelve sin especial condenatoria en costas. Firme la sentencia se ordena comunicar al Registro Judicial de Delincuentes y Juez de ejecución de la pena. Se ordena la prorroga de la prisión preventiva de la encartada encontrada culpable por seis meses adicionales que vencen el día 22 de junio del año 2,004. Mediante lectura notifíquese. ” (sic). Fs. WILSON CHONKAN CHAN GERARDO R. ALFARO VARGAS CINTIA DUMANI STRADTMANN JUECES.

2.- Que contra el anterior pronunciamiento la licenciada Aymeé Caravaca Wauter, representante del Ministerio Público interpuso recurso de casación, alega falta de fundamentación de la pena y violación de los artículos 22, 76 y 77 del Código Penal.- Recurso de casación interpuesto por el licenciado Luis Eduardo Leal Vega, defensor particular de la imputada Giselle Moreno Carmona, acusa inobservancia por aplicación errónea de los artículos 216 del Código Penal e inaplicación de los ordinales 142, 178, 303 del Código Procesal Penal y 37 y 39 de la Constitución Política, violación de los artículos 45 y 216 del Código Penal, falta de fundamentación de la sentencia y falta de fundamentación en cuanto a la pena.

3.- Que verificada la deliberación respectiva, la Sala entró a conocer del recurso.

4.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

Informa el Magistrado Arroyo Gutiérrez; y,

Considerando:

Recurso de casación presentado por la representante del Ministerio Público:

I. En el primer motivo del recurso por la forma, la licenciada Aymee Caravaca Wauters alega violación del art. 71 del Código Penal y 142, 363 del Código Procesal Penal por falta de fundamentación de la pena. Considera que la sentencia omitió expresar razonamientos de hecho y derecho en que se basó la decisión de imponerle a la encartada la pena de quince años de prisión, dejando de lado la petitoria del Ministerio Público. Afirma que la pena impuesta es “irrisoria” para los intereses de las víctimas, porque se condenó a la imputada por diez delitos de estafa, y tres de ellos fueron estafas mayores, por esto señala que la sentencia es ineficaz.

II. En su único motivo de fondo, la representante del Ministerio Público reclama violación de los artículos 22, 76 y 77 del Código Penal. Señala que el tribunal erróneamente consideró que en el caso se encontraban ante un delito continuado y no ante un concurso material, como lo acusó el Ministerio Público. Argumenta que la encartada cometió separadamente varios delitos, y que no concurren los elementos del delito continuado, porque este presupone una pluralidad de acciones discontinuas en el tiempo pero dependientes entre si, señala que la diferencia entre el delito continuado y el concurso material es la finalidad que persigue el autor, en relación con los bienes jurídicos. Para el caso concreto, considera que no es aplicable el delito continuado por la diversidad de sujetos ofendidos. Por todo esto solicita que se declare la ineficacia de la resolución en cuanto a la pena y en cuanto a la valoración del delito continuado en lugar del concurso material y en consecuencia pide que la causa sea remitida al Tribunal de origen para la correspondiente valoración de la pena.

III. Los motivos deben declararse con lugar. Aunque la representante del Ministerio Público, presenta dos motivos, uno por errónea aplicación de la ley procesal y otro por errónea aplicación de la ley sustantiva, ambos aluden al problema de la imposición de la pena. En todo caso, tratándose del problema de fondo, esta Sala de Casación no puede resolver el punto planteado conforme la ley aplicable, sino que está compelida a ordenar el reenvió según lo ha dispuesto la Sala Constitucional en el Voto 2050-02 de las catorce horas cuarenta y nueve minutos del veintisiete de febrero de dos mil dos cuando afirmó: que el agravamiento de la pena por parte del Tribunal de Casación al resolver un recurso, contraviene el principio del debido proceso, según lo dispuesto en el artículo 8.2 inciso h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.. Por las razones anteriores, se opta por conocer en forma conjunta ambos reclamos. En primer lugar, se debe señalar que para la correcta fundamentación de la pena, en los casos de concurso material, el Tribunal sentenciador está obligado a realizar una ponderación de la pena para cada caso, sobre todo como el presente en el que existían varias partes ofendidas y luego, aplicar la normativa correspondiente para definir el monto total de pena. Si se trata de un concurso material puro y simple, lo que corresponde es aplicar lo que más conviene al reo, sea una sumatoria de las penas o el triple de la mayor impuesta conforme al artículo 76 del Código Penal y en los casos de delito continuado, aplicar la pena prevista para el delito más grave aumentándola hasta en otro tanto, conforme el artículo 77 del mismo Código. Esta última figura responde a fines de política criminal que permite atemperar la gravedad de la pena de prisión si se aplicara las reglas del concurso material; pero esto no faculta al Juzgador a obviar su obligación de hacer un análisis individual del reproche que merece cada hecho sometido a su conocimiento. En el caso que nos ocupa, el Tribunal sentenciador aceptó que se estaba en presencia de una serie de estafas contra diferentes ofendidos, realizadas con un mismo modus operandi y por una misma persona, la imputada Giselle Moreno Carmona. Incluso, se trata de unas estafas con pena de hasta tres años de prisión y otras con pena de hasta diez años de prisión por el monto defraudado. Sin embargo, cuando se hace el análisis sobre la pena a imponer los Juzgadores se conforman con indicar lo siguiente: “Por tratarse de un delito continuado en que son ofendidos nueve personas de las cuales tres son estafas de mayor cuantía, tomando en cuenta, además la forma en que utilizó a la coimputada Gómez Gómez, la pena debe de ser la prevista para el más grave, que para un delito de estafa mayor cuantía es de diez años aumentado en otro tanto” (ver folio 593 del expediente). Continúan luego los Jueces diciendo que: “estima el Tribunal que la pena mayor de diez años debe ser aumentada en un tanto de cinco más para un total de quince años de prisión” (ver folio 594 del expediente). Como se observa no hubo una individualización correcta de la pena. No se desconoce en este punto que, tratándose de un delito continuado, esta Sala ha dicho que la pena en abstracto, en su extremo menor y mayor se debe duplicar y que dentro de esos parámetros se individualiza el monto de la sanción para el caso concreto, véase voto 0673-03 de las diez horas del siete de agosto del dos mil tres. Sin embargo, esto no fue lo que se hizo por parte del Tribunal, sino que los Jueces de forma automática tomaron la pena máxima del delito más grave para fundamentar la condena, sin analizar las condiciones específicas, que tanto la representante del Ministerio Público, como el propio defensor particular, en uno de los motivos de forma de su recurso, reclaman como un problema de fundamentación de la sentencia. En ese sentido los Juzgadores no expresaron de qué forma fueron considerados los elementos personales de la imputada, ni la gravedad o no de cada hecho considerado individualmente, menos el monto del perjuicio que no se podía valorar en forma global como se hizo en la sentencia. Es importante señalar que esta resolución no prejuzga sobre el cuantun que debió aplicarse como pena, puesto que conforme dijo esta Sala en el Voto 00142-04 de las nueve horas diez minutos del veintisiete de febrero del dos mil cuatro. “fijar la pena es la parte más sensible del ejercicio del poder penal y los jueces tienen una delicada labor. Deben tomar en cuenta los parámetros del artículo 71 citado, pero además aquellos estrictamente políticos del diseño del Estado que se extraen de la Constitución Política y de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos. Queda claro que nunca podría considerarse que el hecho de que la Sala anule la fijación de una determinada pena -precisamente en respecto de garantías fundamentales que implican que no se haga la fijación en esta sede- signifique un mensaje claro para variarla en uno u otro sentido –bien aumentándola, bien disminuyéndola, cosa ésta última que la Sala eventualmente sí podría realizar-. Pero también es cierto, como ya se adelantó que controlar la fijación de la pena implica no sólo valorar la calidad de los razonamientos que la respaldan, sino el respeto de los principios de razonabilidad, proporcionalidad, lesividad y de humanidad, que inspiran también la actuación del Estado en esta materia” (El resaltado no es del original). Adicional a este problema, propio de la fundamentación de la pena como elemento esencial de toda sentencia, existe otro error que incide directamente en la pena que se le impuso a Giselle Moreno Carmona, que atañe a la aplicación de la ley sustantiva y que se refiere a si en el caso de las estafas que se juzgaron existe o no delito continuado, aspecto que deberá también ser considerado en el juicio de reenvió, en virtud de la limitación que se ha señalado tiene esta Sala para resolver conforme a la ley aplicable. Sobre el tema del delito continuado también es mucho lo que se ha discutido tanto en doctrina como en la jurisprudencia respecto a los requisitos y al sentido de política criminal que representa, incluso sobre su conveniencia. En cuanto a la conveniencia de esta figura, Zaffaroni apunta que: “El rechazo del delito continuado no es nuevo. Schmidhäuser le atribuye más perjuicios que ventajas para una jurisprudencia racional, afirmando que para la pena del delito continuado se hace necesario el establecimiento de la prueba de cada uno de los actos particulares, y que nada obsta a que en el recurrente caso de los hurtos de la mucama se construya la pena única conforme a la regla del concurso real, estableciendo para todos los hechos una medida igual” (Derecho Penal, parte general, Editorial Ediar, Buenos Aires, 2000, pág. 825). En la jurisprudencia el tema de mayor conflicto ha sido el requisito de “factor final” o como lo señala el artículo 77 del Código Penal “que el agente persiga una misma finalidad”, esto porque no puede atribuirse tan sólo a la voluntad del agente la posibilidad de reunir hechos diversos aunque todos sean de la misma especie. Así lo consideró esta Sala de Casación en el Voto 769-F-96 de las diez horas treinta minutos del seis de diciembre de mil novecientos noventa y seis cuando afirmó que: “la persecución “de una misma finalidad” debe distinguirse de la mera resolución de cometer una cadena de hechos homogéneos, pues «tal resolución no basta para fundamentar el elemento subjetivo del delito continuado, si falta en ellos un mismo “para qué” y un total programa, del cual los actos sean la ejecución» (Ibídem, pág. 104). Lo anterior resulta claro si se considera que el delito continuado debe ser necesariamente doloso, ya que el autor debe tener conocimiento y voluntad de realizar una pluralidad de delitos de la misma especie, que afecten bienes jurídicos patrimoniales y que persigan una misma finalidad, «de tal manera que los actos individuales se expliquen sólo como una realización sucesiva del todo querido unitariamente» (BACIGALUPO, Enrique: Principios de Derecho Penal, 2ª edición, Ediciones Akal, Madrid, 1990, págs. 282 a 283). Hechas estas consideraciones generales, se puede afirmar que en la especie no resulta aplicable la figura del delito continuado. En primer lugar, porque cada una de las cinco Estafas consumadas o tentadas concursa idealmente con un delito de Uso de Documento Falso, que no tutela bienes jurídicos patrimoniales. En segundo lugar, porque en este caso la diversidad de sujetos ofendidos (a saber, una asociación solidarista, tres negocios mercantiles, un banco y la Fe Pública) no es compatible con una vinculación objetiva de los hechos a una misma finalidad o designio. En tercer lugar, porque no se acreditó la existencia -mucho menos el contenido concreto- de una misma finalidad perseguida por el imputado, condición necesaria para esta figura”. En igual sentido también afirmó esta Sala en el Voto 00787-F-96 de las nueve horas cincuenta minutos del trece de diciembre de mil novecientos noventa y seis que: “Como se puede apreciar esta figura supone una pluralidad de acciones temporalmente discontinuas pero dependientes entre sí (en tanto persiguen una misma finalidad), pero que impide en la práctica la aplicación de las consecuencias previstas para el concurso real o material (ya sea heterogéneo u homogéneo), sin perjuicio de que una pluralidad de delitos continuados concursen materialmente. ¿Cuál es el criterio que permite diferenciar entre un delito continuado y un concurso material de delitos? Considera esta Sala que debe consistir en que la finalidad que persigue el autor, en relación a los bienes jurídicos que está afectando con sus acciones, sea incompatible con la naturaleza del concurso material. De otra manera, se llegaría al absurdo de que el autor habitual de robos, por ejemplo, tendría la oportunidad de unir con su “finalidad” (la decidida habitualidad en el robo) hechos sin ninguna otra relación entre sí, a los que corresponde la pena del concurso real o material de delitos y no la de un solo delito continuado: sería absurdo porque se favorecería injustamente a quien mayor desprecio manifiesta de hecho hacia los bienes jurídicos patrimoniales, dada su habitualidad o reincidencia, siendo que la figura del delito continuado es una excepción sui géneris a las reglas del concurso material. De ahí que la doctrina señale que la aplicación del delito continuado está sujeta a criterios subjetivos y objetivos”. En el caso de las estafas que se le acusan a Giselle Moreno Carmona, no puede existir delito continuado tan solo porque su ambición le llevó a realizar diferentes estafas a diferentes ofendidos y ofendidas, aunque utilizara un mismo modo de actuar, esto porque una acción realizada sobre un ofendido, no tuvo ninguna consecuencia o implicación respecto a la realizada a otro, cada una de éstas se agotaba en su ideación y ejecución, sin que exista conexión entre los diferentes hechos, es decir con cada ofendido se agotaba los elementos típicos del delito de estafa, de modo que no existe ninguna relación de fin que las una, para considerar aplicable la figura del delito continuado, excepto lo que se ha dicho sobre la ambición de conseguir un mayor beneficio económico antijurídico, incluso en el tiempo son acciones totalmente separadas, puesto que todos los hechos se realizaron en más de un año. Es necesario, sin embargo, precisar que en el caso de los ofendidos que entregaron diferentes sumas de dinero durante diferentes periodos de tiempo, si existe una relación de finalidad que hace un monto total de perjuicio para cada uno de estos casos, lo que permite hablar de estafa continuada en los casos del mismo sujeto ofendido, pero no entre los distintos ofendidos y ofendidas. No se desconoce que esta Sala en el Voto 440-f-91 de las ocho cuarenta horas del veintitrés de agosto de mil novecientos noventa y uno, aceptó la figura del delito continuado, a pesar de la pluralidad de ofendidos, en esa oportunidad se dijo: “Según consta en la relación de hechos probados del fallo impugnado, el imputado Ortiz Pizarro, valiéndose del cargo y funciones que ejercía en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados como controlar y dispensador del trámite en los casos morosos, cobró recibos ficticios a trece ofendidos abonados de tal servicio público y recibió de ellos el dinero que estos le daban bajo la errónea creencia de que hacían buen pago para la cancelación de sus recibos. Estima esta Sala que tales hechos no constituyen trece delitos de estafa en concurso material sino un delito continuado, toda vez que los mismos guardan entre sí una triple unidad, a saber, la unidad del ilícito objetivo de las acciones (homogeneidad del modo de comisión); unidad del resultado típico (pues los trece delitos lesionan el mismo bien jurídico patrimonial y son incluso de idéntica especie) y, por último, unidad del ilícito personal de la acción (pues el imputado persiguió una misma finalidad con las trece estafas que se le atribuyen)”. Sin embargo en esa oportunidad no se consideró que la unidad del ilícito personal de la acción no puede descansar tan sólo en la voluntad del imputado, como expresión de su plan delictivo, en el que realiza varias veces la misma acción tan solo para lograr un mayor beneficio patrimonial antijurídico, por lo que la posición que se mantiene para esta Sala de Casación es la expresada en los dos votos anteriores. Conforme todo lo expuesto, no resulta aplicable al presente caso las reglas del delito continuado y en consecuencia lo que procede es anular también en este aspecto la sentencia recurrida. Por lo anterior se ordena el reenvío para que en nueva audiencia oral se discuta lo relacionado a la pena que se debe aplicar, partiendo de los parámetros del concurso material.

Recurso del defensor particular licenciado Luis Eduardo Leal Vega defensor de la imputada Giselle Moreno Carmona.

IV. En su primer motivo del recurso alega casación por el fondo. Reclama que hubo una inobservancia por “aplicación errónea” de los artículos 216 del Código Penal e inaplicación de los ordinales 142, 178, 303 del Código Procesal Penal y 37 y 39 de la Constitución Política. En apoyo a su reclamo señala que “El Ministerio Público incurrió en vicios sustanciales al momento de confeccionar la imputación fiscal”, lo anterior porque el artículo 216 del Código Penal requiere varios elementos para que se configure y que estos elementos están ausentes en la descripción de los hechos que acusó el Ministerio Público, estos elementos que no se indican fueron: “obtener un beneficio patrimonial antijurídico para si o para un tercero”, ya que en la acusación afirma el recurrente no se expresa cuál fue en cada uno de los casos el beneficio patrimonial de la imputada, afirma que tampoco se indicó a cuanto ascendía dicho beneficio. En criterio del recurrente existe un vicio sustancial que deja en absoluta indefensión a la imputada Giselle Moreno Carmona porque le impidió saber a tiempo cómo y cuál sería su estrategia de defensa y cuál podría ser la expectativa de responsabilidad penal a la que se podía exponer. Afirma que la acusación es incompleta por lo que corresponde dictar una sentencia absolutoria, ya que el Tribunal Sentenciador no podía rebasar el marco fáctico de la imputación para subsanar el defecto. El motivo se declara sin lugar. En primer lugar es necesario precisar que los problemas relacionados con vicios en la acusación no son un tema de fondo como lo titula el recurrente, sino que se refieren a la ley procesal, puesto que es precisamente el art. 303 del Código Procesal Penal el que señala cómo debe formularse la acusación. En todo caso, no lleva razón el recurrente en su reclamo al contenido de la acusación formulada por el representante del Ministerio Público, de una lectura de esta pieza fácilmente se deriva para cada caso cuál fue el monto de la defraudación que sufrieron los diferentes ofendidos, asimismo que ese monto fue recibido por la imputada, lo que sucede es que en los hechos acusados no se utiliza la expresión que reclama el recurrente como “beneficio patrimonial de la imputada”, pero este se comprende con la indicación que se hace para cada caso sobre la entrega del dinero a la imputada y la indicación de la defraudación total que sufrieron los ofendidos. No es cierta la afirmación que hace el defensor particular respecto a que no estén descritos los elementos típicos del delito de estafa, lo que sucede es que la relación de hechos debe hacerse en la forma que permita conocer de qué se esta acusando y no se requiere que se exprese en términos jurídicos predeterminados. Véase que la acusación va refiriendo para cada ofendido como fue que se le hizo creer que existía una “Misión de Jesucristo” que otorgaba dinero por concepto de préstamos o ayudas, pero que a cambio la persona debía entregar una cierta cantidad de dinero, es así como los ofendidos entregaron diferentes sumas de dinero a la imputada Moreno Carmona o a Gómez Gómez, esta última absuelta porque los Jueces consideraron que fue utilizada por la primera. Luego refiere la acusación el monto total que fue defraudado por la imputada. Esto es suficiente para permitir el correcto ejercicio de la defensa, de modo que el reproche que hace el recurrente carece de sustento y por lo tanto debe declararse sin lugar.

V. Segundo Motivo por el fondo: Por violación de los artículos 45 y 216, del Código Penal. Afirma que existe falta de uno de los elementos del injusto de estafa, a saber el “elemento denominado error”. En el caso de la ofendida Rosalpina Pizarro González, señala que la actitud de esta persona fue totalmente negligente, en cuanto a la entrega de dinero que hizo en diferentes oportunidades, esto porque “desde la primera vez en que entregó la suma de cien mil colones a la coencartada Gómez Gómez, que no le dio recibo, que le dio la dirección de la mencionada “MISIÓN DE JESUCRISTO”, que no le dio el teléfono de dicha “MISIÓN”, debió, como cualquier persona con una inteligencia media, haber sospechado de inmediato que algo malo ocurría, pero no en forma totalmente estúpida,... entregar a la encartada Gómez Gómez la suma de dos millones de colones”. Considera el recurrente que no se puede hablar de que exista una relación de causalidad entre el engaño y el error, puesto que la ofendida mencionada, obró sin la diligencia debida. Solicita en consecuencia, se absuelva de toda pena a su defendida por el caso en perjuicio de Rosalpina Pizarro González. El reclamo no es atendible. El delito de estafa conforme lo establece el art. 216 del Código Penal requiere para su configuración que se haga una simulación de hechos falsos para inducir a una persona en error y obtener con esto un beneficio patrimonial antijurídico. Esto fue precisamente lo que tuvo por acreditado el Tribunal para el caso de la ofendida Rosalpina Pizarro González, quien por sus condiciones personales, pues se trata de una señora de campo fue inducida a error por la imputada. No son válidas las observaciones que hace el defensor respecto a que ella actuó en forma “estúpida”, citando en su reclamo doctrina sobre el delito de estafa que se refiere a su anterior configuración ya que el mismo, fue reformado por Ley Nº 7107 de 4 de noviembre de 1988. En este sentido Francisco Castillo González hace un análisis sobre la tesis de la idoneidad del ardid conforme estaba regulada la estafa antes de 1988 y cómo debe analizarse con el delito actual, afirma Castillo que: “El artículo 216 del Código Penal, antes de la reforma de 1988, hablaba de “artificios y engaños” para describir el ardid. Esta fórmula, proveniente del derecho penal italiano a través del derecho penal argentino, requería un engaño de mayor intensidad que la simple mentira” ( “El delito de Estafa”, Edit. Juritexto, 1ª ed., San José, Costa Rica, pg. 85), en esta misma obra, más adelante éste autor señala: “En el artículo 216 del Código Penal no tiene relevancia, a nivel de la tipicidad de la acción, la conducta imprudente de la víctima, o la falta de comprobación de la veracidad del hecho falso, afirmado por el autor. Desde el punto de vista de la tipicidad, la ligereza o imprudencia de la víctima es un problema de la relación causal entre acción engañosa y error de la víctima. Inducción a error (o mantenimiento en error) significa causar o coacusar la falsa representación, y según la teoría de la igualdad de condiciones no tiene importancia la imprudencia de la víctima o su falta de examen diligente sobre la veracidad del hecho, para excluir la relación de causalidad entre la acción engañosa y el error. A igual solución llegan quienes sostienen, en la causalidad, la teoría de la condición adecuada, pues el aprovechamiento consciente de las fallas intelectuales de la víctima, pertenece a la adecuación de la acción de estafa”. ( op. Cit. Pg 108). En el caso que nos ocupa de la ofendida Rosalpina Pizarro, es claro que fue inducida a error por medio de la ejecución de una serie de hechos falsos creados por la imputada Moreno Carmona, como fueron hacer creer la existencia de una agrupación para ayudar a personas necesitadas denominada Misión Mundial de Jesucristo, para lo que utilizó a la coencartada absuelta Gómez Gómez, representándole como ciertos una serie de hechos falsos, que llevaban como única finalidad que la ofendida se desprendiera de sumas de dinero, también es claro que la imputada se valió de la situación personal de la ofendida, quien enfrentaba una serie de problemas personales que la hicieron más vulnerable al engaño ideado por la imputada. Aceptar la tesis de la defensa, en cuanto a la falta de protección del Derecho Penal, por las condiciones de la ofendida, provocaría desconocer que es delito el aprovecharse de las creencias religiosas de las personas para producir un error y así obtener un beneficio patrimonial antijurídico, lo importante es que se acredite que el sujeto activo simuló un hecho, en este caso, que podía brindarle ayuda económica y espiritual a la ofendida a cambio de la entrega de sumas de dinero, pero esta entrega de dinero no fue voluntaria, sino que fue inducida por las constantes presiones que hacía la imputada para convencer a la señora Rosalpina Pizarro que si no entregaba el dinero no iba a lograr la ayuda que requería e incluso que se podía revertir su suerte, en ese sentido la ofendida mencionó cómo fue abordada por la imputada, véase su declaración de folio 568 a 569, todos estos aspectos fueron considerados por los Jueces al momento de establecer el delito, por lo que no lleva razón la defensa en este reclamo de fondo.

VI. Motivos de fondo del recurso por errónea aplicación de los artículos 45, 77 y 216 del Código Penal: Tercer motivo del recurso por el fondo: En este apartado del recurso, el defensor particular señala que el elemento denominado “beneficio patrimonial antijurídico para si o para un tercero” para el caso de la ofendida Rosalpina Pizarro González está ausente, esto porque en el hecho probado SEGUNDO el Tribunal tiene por demostrado que la coimputada Marta Gómez Gómez recibió la entrega del dinero, pero no se indica que Giselle Moreno Carmona haya obtenido un beneficio patrimonial antijurídico, por lo que si no está demostrado este hecho no se pueden calificar los mismos de un delito continuado y por esto su defendida debe ser absuelta de toda pena y responsabilidad por ausencia de este elemento de tipicidad. Agrega que lo mismo ocurre con los hechos probados TERCERO y SEXTO, porque no se establece que Giselle Moreno haya obtenido algún beneficio patrimonial con la entrega de los dineros a Marta Gómez Gómez. Cuarto motivo de fondo. En relación con el caso del ofendido José Francisco González Chaves. Señala la defensa que en el hecho probado SÉPTIMO el Tribunal tiene por acreditada la entrega de una suma de dinero del ofendido a Marta Gómez Gómez, pero no tiene por bien acreditado ningún beneficio patrimonial a favor de la imputada Giselle Moreno Carmona, Por esto afirma que existe una ausencia de un elemento de tipicidad por lo que solicita absolver a la imputada por este hecho. Quinto motivo de fondo. En relación con el caso del ofendido Juan Luis Arrieta Acevedo. Afirma el recurrente que en este caso el hecho probado OCTAVO el Tribunal tiene por bien acreditado que el ofendido entrega el dinero a la coencartada Gómez Gómez, sin que tenga por demostrado que de ese dinero su defendida haya obtenido algún beneficio patrimonial, por lo que estaría ausente ese referido elemento subjetivo del tipo y solicita en consecuencia la absolutoria para su defendida. Afirma que el delito de estafa requiere una relación de causalidad entre la conducta del imputado y el resultado de dicha conducta, de modo que se le pueda imputar a título de dolo, considera que si no se tiene por demostrada esa relación de causalidad el hecho no se le puede imputar al sujeto activo, en este caso su defendida. Sexto Motivo de fondo. En relación con el caso del ofendido Carlos García Calderón. Para este ofendido la sentencia en el hecho probado NOVENO acredita que el ofendido entregó el dinero a Marta Gómez Gómez pero no se tiene por acreditado la relación de causalidad entre la acción de su defendida Giselle y el resultado, que sería la entrega del dinero, tampoco se acredita que ella hubiera obtenido un beneficio patrimonial con la entrega que hizo el ofendido del dinero. Por esto solicita casar la sentencia por el fondo y absolver por este hecho a su defendida. Séptimo motivo por el fondo. En relación con el caso del ofendido Angel Jaen Villarreal. En este caso según el defensor particular, la sentencia en el hecho probado DECIMO acredita que el ofendido entregó el dinero a Gómez Gómez, pero no se tiene por acreditado la relación de causalidad entre la acción de la imputada y el resultado, que es la entrega del dinero. Tampoco considera que se haya acreditado algún beneficio patrimonial para su defendida con ese dinero entregado. Solicita absolver a Giselle Moreno Carmona por este hecho. Octavo motivo por el fondo. En relación con el caso del ofendido Fabio Danilo Camacho Corrales. Argumenta que en este caso el hecho probado DECIMO PRIMERO acredita que la entrega de dinero fue a la coimputada Gómez, pero que en ningún momento aparece que se le entregara el dinero a Giselle Moreno Carmona, tampoco se tiene por acreditado la denominada relación de causalidad entre la acción de su defendida y el resultado. Afirma que no existe en contra de Moreno Carmona una acción típica por lo que se debe casar la sentencia y absolver por este hecho a su defendida. Noveno motivo por el fondo. En relación con el caso de los ofendidos Juana Arlina Gómez Gómez y Yamileth Moraga Gómez. En este caso, la sentencia en el hecho probado DECIMO TERCERO acredita que las perjudicadas entregaron los dineros a otras personas distintas a su defendida, pero en ningún momento le hicieron entrega de dinero a su defendida. Afirma que tampoco se acreditó la relación de causalidad entre la acción de la imputada y el resultado de la entrega del dinero. Considera que se debe casar la sentencia por el fondo y absolver en cuanto a este hecho a su defendida. Décimo motivo de casación por el fondo. En relación con el caso del ofendido Fernando Briceño Ruiz. Señala que el hecho probado DECIMO CUARTO acredita que el ofendido entregó a la coimputada Gómez Gómez una suma de dinero, pero no se acredita que la imputada Moreno Carmona recibiera ese dinero, tampoco se acredita la relación de causalidad entre la acción de la imputada y el resultado. Por esto considera que en ausencia de la relación de causalidad se debe casar la sentencia por el fondo y absolver a su defendida.

VII. El defensor particular de la imputada Moreno Carmona presenta una serie de motivos de fondo, respecto a los diferentes ofendidos que se refieren a un mismo tema relacionado con la relación de causalidad y el beneficio antijurídico, por lo que esta Sala opta por resolverlos de forma conjunta. Los reclamos no pueden prosperar, en primer lugar es necesario señalar que el recurrente no respeta el cuadro de hechos probados de la sentencia y desconoce que la misma es una unidad lógica y jurídica. En segundo lugar no es posible cuestionar por medio del recurso de casación por el fondo problemas que el propio recurrente señala como aspectos no acreditados de la sentencia, que en todo caso observa esta Sala no existen. Estos aspectos serían suficientes para declarar sin lugar todos los motivos de fondo que se han descrito en el Considerando anterior, sin embargo, se considera oportuno analizar el tema planteado para una mejor solución de este asunto. Si bien es cierto, no en todos los hechos probados se indica que el dinero lo recibió la aquí imputada Moreno Carmona, sino que los recibió la señora Marta Gómez Gómez, también lo es que se tuvo por acreditado en los considerandos de fondo que Gómez Gómez entregaba el dinero que recibía de los ofendidos y ofendidas a la imputada Moreno Carmona, quien en definitiva fue la que logró el provecho antijurídico con sus estafas. De manera que sí existió un beneficio patrimonial antijurídico por parte de esta imputada, incluso la sentencia analiza las condiciones de vida de esta imputada, como fundamento para acreditar que era ella quien se favorecía con la entrega de los dineros de cada ofendido y ofendida. Además la sentencia se debe analizar como una unidad y no fraccionadamente como lo hace el recurrente. Véase como los Juzgadores a folio 591 indican: “Si bien los testigos y ofendidos han señalado que entregaban el dinero a esta, e incluso les manifestaba que había sido beneficiaria de premios o préstamos, lo cierto del caso es que la labor de convencimiento en cuanto al ardid o engaño ya lo había realizado Giselle Moreno Carmona en su condición personal o haciéndose pasar por Ana Forbes cuando éstos llegaban a la vivienda de Gómez. Del elenco probatorio se desprende claramente que Giselle Moreno Carmona no solo se hacía pasar por Ana Forbes, sin que ante los ofendidos trato de pasar desapercibida al indicarles que entregara el dinero a Marta Gómez, pues en todo caso, residía en los mismos apartamentos o parte posterior de la casa de la primera e inmediatamente, pasaba a recoger los dineros”, es así como tampoco existe un vicio en la sentencia respecto a la relación de causalidad, puesto que claramente se tuvo por demostrado que fue el engaño planteado por Giselle Moreno lo que hizo que cada ofendido entregara los dineros, de modo que la intervención de la imputada absuelta Marta Gómez era más bien parte de la simulación de hechos falsos ideados por la imputada Moreno, quien se valió de la sencillez de esta persona y de la confianza que podía generar en las personas que la conocían. No existe en consecuencia vicio alguno en la aplicación de la ley sustantiva, por lo que se rechazan todos los reclamos sobre este punto.

VIII. Casación por la forma: Primer motivo: Falta de fundamentación de la sentencia. Argumenta el recurrente que existe el vicio de falta de fundamentación porque la sentencia no relata el elemento del beneficio patrimonial que requiere la estafa, porque no dice en qué consistió o a cuanto ascendió el beneficio respecto a la imputada Giselle Moreno. Considera que en el delito de estafa es necesario que el Tribunal sea preciso y circunstanciado sobre los montos que se supone fueron objeto de estafa y que no basta decir que los testigos son claros en afirmar los montos entregados, Señala que en la fundamentación ni siquiera le atribuyen a la imputada la percepción de dinero alguno, esto porque el beneficio patrimonial indebido se lo atribuyen a la Misión. Considera que el vicio es esencial porque sin la fundamentación sobre la atribución e imputación a su defendida no existiría el delito de estafa por parte de ella. Solicita se acoja el motivo y se anule la sentencia. El reclamo no puede prosperar. De nuevo el recurrente acude a una interpretación parcial y subjetiva de la sentencia, fundamentando su reclamo en una lectura literal de algunos aspectos de la misma. No es cierto que no se hubiera precisado para cada uno de las ofendidas y ofendidos las sumas de dinero que entregaron, puesto que en los hechos probados se indica cuanto dinero entregó cada ofendido, el recurrente desconoce los fundamentos en que se basa la sentencia, en cuanto indica que los dineros que fueron entregados a Marta Gómez, esta a su vez se los entregó a la imputada Moreno quien precisamente era la que manejaba todo el engaño planeado para apropiarse de dineros de forma indebida, utilizando el engaño, las creencias religiosas y la confianza que les podía inspirar la señora Marta Gómez, quien resultó una pieza clave para convencer a las diferentes víctimas sobre la existencia de la “Misión Mundial de Jesucristo”, por supuesto que el dinero se entregaba como si fuera a dar a tal misión, pero esta no existía y era precisamente la simulación de un hecho falso creado por Moreno Carmona para lograr apoderarse del dinero de las personas a las que engañó. También es clara la sentencia en fundamentar por qué se tiene por acreditado que es esta imputada la que contactaba por teléfono a sus víctimas, utilizando un nombre falso, el de Ana Forbes, pero que ambas eran la misma persona. De manera que no existe el vicio alegado de falta de fundamentación y el motivo por esto debe declararse sin lugar.

IX. Segundo motivo por la forma: Falta de fundamentación en cuanto a la pena. Afirma el recurrente que el Tribunal incurre en falta de fundamentación sobre los elementos o parámetros del artículo 71 del Código Penal para imponer la pena. Señala que aunque no existe obligación de considerar todos los aspectos de este artículo, debió el Tribunal indicar en qué consistía la gravedad de los hechos, el modus operandi para la realización de esos hechos, no se indica a cuanto ascendió el perjuicio patrimonial causado a los ofendidos, ni quien se benefició con ese perjuicio, no fundamenta en qué forma Giselle Moreno utilizó a las personas o de qué forma engañó, ni cuales eran las prácticas insanas a que sometió a las personas. Por esto solicita la nulidad de la sentencia y se ordene el reenvió para nueva sustanciación. Lleva razón la defensa en su reclamo, aunque ya fue resuelto en el recurso del Ministerio Público, por lo que se remite a lo señalado en el Considerando III de esta sentencia, respecto a la falta de fundamentación de la pena.

Por Tanto:

Se declara con lugar el recurso interpuesto por el Ministerio Público y el último motivo del recurso de la defensa particular de la imputada Giselle Moreno Carmona, en consecuencia se anula parcialmente la sentencia respecto a la fundamentación de la pena y sobre la existencia de un delito continuado de estafa. Se ordena el reenvió para que en nueva audiencia se conozca del monto de pena que corresponda conforme a derecho.

Daniel González A.

Jesús Alberto Ramírez Q. José Manuel Arroyo G.

Ronald Salazar M. Alfredo Chirino S.

(Mag. Suplente) (Mag. Suplente)


Exp. N°225-2/7-04


dig.imp/scg







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