Estudio sobre pueblos indigenas y derecho a participar en la adopción de decisiones



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1.- Plurinacionalidad e interculturalidad: La plurinacionalidad y la interculturalidad no son conceptos ni opuestos ni antitéticos, todo lo contrario, expresan un solo proceso histórico y son parte del proyecto político de largo plazo del movimiento indígena.  La interculturalidad es la condición de posibilidad de la plurinacionalidad, de la misma manera que el Estado plurinacional es la única garantía para que las sociedades puedan reconocer, respetar y construir la interculturalidad. La interculturalidad es el reconocimiento de las diferencias radicales al interior de la sociedad; por su parte, el Estado Plurinacional lleva ese reconocimiento de las diferencias radicales al ámbito de los derechos, tanto en la esfera de su enunciación (dogmática y deontología constitucional), cuanto en aquella de las garantías de ejecución y procedimientos de implementación (parte orgánica constitucional, leyes, normas y reglamentos de aplicación). Para que los derechos colectivos de los pueblos indígenas tengan garantía de ejecución y aplicación, se requiere un verdadero cambio en la estructura política del Estado. 
La plurinacionalidad no es un concepto étnico sino un concepto político sustentado en la apertura del contrato a las diferencias que pueden ser étnicas, o de género, o de cultura, o de edad, etc.  En el caso ecuatoriano, el concepto de plurinacionalidad ha sido propuesto por el movimiento indígena para superar la condición de racismo, exclusión y violencia que caracteriza al Estado-nación moderno en contra de los pueblos indígenas, pero la plurinacionalidad puede también generar condiciones de posibilidad para incorporar al Estado prácticas de reconocimiento a las diversidades de género, por ejemplo. La plurinacionalidad permite el acceso y la igualdad de derechos tanto para los pueblos indígenas cuanto para los sujetos modernos. 
2.- Progresivididad de la Constitución y las leyes.- La Constitución del 2008 al ser progresiva con respecto a aquella de 1998 que incorporó los Derechos Colectivos, hoy reconoce el carácter intercultural de la sociedad ecuatoriana y, por tanto, la necesidad de cambiar el orden jurídico vigente permitiendo la plurinacionalidad del Estado, entendiendo que la plurinacionalidad pone en práctica y en ejecución el carácter intercultural de la sociedad. 

3.- Derecho al territorio y a la unidad territorial.- La plurinacionalidad no plantea ni se propone la fragmentación territorial, ni la división política, ni la destrucción del Estado-nación con afanes mercantilistas. La plurinacionalidad, al permitir a la sociedad reconocer sus diferencias y aceptarlas como parte del proceso de construcción pluridemocrática, propone un estatus de unidad en la diversidad. Para el movimiento indígena, nada más alejado a su cosmovisión que la mercantilización de la naturaleza y la explotación a los seres humanos. En los territorios indígenas no hay depredación ambiental. En las costumbres e instituciones indígenas no existe espacio para la explotación al hombre.  En el mundo indígena no hay posibilidad para la mercantilización de la vida. Los indígenas han cuidado los territorios y la vida por centenares de años y ahora con un nuevo estatuto jurídico que les permita seguir haciéndolo, sobre todo en momentos en que la humanidad está muy cercana a la catástrofe ecológica llaman a todos y todas a juntar, corazones, manos, pensamientos, lenguas, sueños, esperanzas y luchas, para seguir siendo runakuna (Seres humanos).
Una de las objeciones a las propuestas del reconocimiento a la territorialidad de los pueblos y las nacionalidades indígenas, es aquella que se trata de las Circunscripciones Territoriales Indígenas, al interior del Estado Plurinacional, y conforme consta en la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, éstos tienen el pleno derecho a sus propias instituciones políticas, educativas, de salud, etc., en sus territorios ancestrales en un proceso de reconstrucción y reconstitución de la memoria y del territorio. 
4.- Razonabilidad frente al extractivismo.- El centro neurálgico con respecto a las discusiones sobre la Plurinacionalidad del Estado, está en la disputa que existiría sobre los recursos naturales, muchos de ellos, sitios en los territorios indígenas. Hasta el momento, jamás el Estado ha consultado a las comunidades involucradas sobre este proceso de concesión territorial.  En la Constitución del 2008, como parte de los derechos colectivos, en el artículo 57 numeral 7, no consta como derecho el consentimiento de los pueblos indígenas a las actividades extractivistas sino como obligación, puesto que dice: […] “Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y la Ley.” Por ello, es saludable que en la visión de desarrollo, se adopte el concepto intercultural del sumak kawsai (el buen vivir), como base para una visión diferente de desarrollo y economía.

5.- Eliminar la brecha de implementación.- En el Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, el Sr.  Rodolfo Stavenhagen, titulado: “Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo”, el Relator da cuenta de que existe una brecha en la protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y colectivos de los pueblos indígenas, que han contribuido al deterioro de las condiciones de vida de los pueblos indígenas.  El Relator de Naciones Unidas, señala que la brecha con respecto a los derechos económicos y sociales de los pueblos indígenas, y advierte una gran distancia entre las declaraciones de los gobiernos y la realidad de los pueblos indígenas.  A esta separación entre lo que dice el derecho y lo que realmente viven los pueblos, el Relator de Naciones Unidas, la ha denominado como “brecha de implementación”. En este sentido, el Relator ha observado dos grandes estrategias de los Estados en relación a los pueblos indígenas: la primera la denomina “modernización e integración”, y a la segunda la denomina: “la estrategia del crecimiento económico”. En ambas, los Estados se han caracterizado por el irrespeto a los derechos colectivos, y la no observancia de los derechos económicos y sociales.  En el caso del Ecuador, esta situación se demuestra dramáticamente en los indicadores sociales con respecto a los pueblos indígenas, que acusan un deterioro en sus condiciones de vida, en los que los índices de analfabetismo, morbilidad materno-infantil, prevalencia de enfermedades de la pobreza (como EDA’s e IRA’s) como causas de mortalidad, pobreza medida en necesidades básicas insatisfechas, entre otros indicadores, han crecido de manera desmesurada en los últimos años. 
6.- Libertad para los pueblos.- La Plurinacionalidad del Estado y la Interculturalidad son un abierto desafío al pensamiento liberal y a la estructura del poder vigente.  Esto se expresa en la tragedia y etnocidio que viven actualmente los denominados pueblos en aislamiento voluntario (o también denominados como “pueblos no-contactados”), como es el caso de los Tagaeri-Taromenane.  En strictu sensu los Tagaeri-Taromenane no son ciudadanos por su misma condición de no-contacto. Al no ser ciudadanos, no están cobijados ni amparados por ninguno de los instrumentos jurídicos que el discurso del liberalismo ha desarrollado hasta ahora.  El problema es que si se les extienden y reconocen los derechos fundamentales a los Tagaeri-Taromenane éstos pierden su condición de no-contacto (o aislamiento voluntario), y al perder esta condición voluntaria de este pueblo al aislamiento, se está operando un proceso que los violenta y los desestructura.  Así, aparecen los derechos fundamentales del liberalismo, como un acto violento y de colonialidad, sobre un pueblo que ha decidido mantenerse al margen de todo contacto con la modernidad. Los Tagaeri-Taromenane, no pueden ser adscritos a una nacionalidad (en la ocurrencia la “ecuatoriana”), ni tampoco pueden ser considerados como sujetos de derechos, porque su voluntad de permanecer por fuera del Estado liberal debe ser respetada como tal. Sus hermanos waos los llaman “pueblos libres.
7.- Participar en la construcción de otro mundo posible.- El debate sobre la plurinacionalidad del Estado se ha inscrito con fuerza en el debate político de América Latina.   En las declaraciones continentales de los pueblos indígenas ya consta la demanda de plurinacionalidad del Estado como parte central de su proyecto político.  En América Latina no es la única región en la que se debate la plurinacionalidad del Estado y la apertura hacia nuevas cosmovisiones.  El Estado Plurinacional es la condición de posibilidad de enriquecer la democracia con el aporte y la experiencia de los pueblos y las nacionalidades.  El Ecuador está en un momento crucial de su historia y con el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado, habrá empezado un camino de descolonización de la democracia y de construcción de un horizonte de largo plazo en el que todas las voluntades puedan construir la unidad en la diversidad.

Conclusión


En el contexto socio – político, los movimientos indígenas también han presentado sus iniciativas de integración nacional e internacional mediante diversas actividades: culturales, históricas, lingüísticas, políticas y educativas. Como por ejemplo hablemos de intercambios y pasantías de los dirigentes, encuentro de jóvenes líderes, vivencia de mujeres líderigentes.

Los procesos de información, participación y consulta deberían servir al Estado para fundamentar decisiones equilibradas, y respetuosas de los derechos y de la naturaleza, que si bien es cierto para el funcionamiento del mundo se necesita de petróleo, también es cierto que para la supervivencia y la calidad de vida o buen vivir se requiere de diversidad de ecosistemas y culturas. Se debe romper el autoritarismo en la toma de decisiones sobre el futuro del país, promoviendo y ejerciendo el derecho a la participación democrática.


El Estado Plurinacional, ayuda al proceso de reconstrucción y reconstitución de los pueblos y nacionalidades indígenas, no solo reconociendo sus territorios sino también su institucionalidad, e incorporándola al conjunto de la vida política, económica, cultural y social del país.

Grupo trabajo:
DIRECCIÓN DE PROTECCION Y DE LA NATURALEZA


  • Edgar Guatemal

  • Gabriela Alvear

  • Héctor Borja

  • Francisco Hurtado

  • Aportes de los Delegados Provinciales de: Zamora Chinchipe, Chimborazo, Azuay, Sucumbíos y Bolívar.

1 Registro Oficial No. 449, 20 de octubre de 2008.

2 La Nacionalidad es un conjunto de comunidades y pueblos indígenas, que tienen una identidad histórica, idioma y cultura en común, viven en un territorio determinado, mediante sus instituciones y formas tradicionales de organización social, económica, jurídica, política y ejercicio de autoridad propia.

3 Los Pueblos son colectividades originarias, conformadas por comunidades o centros, con identidades culturales que les distinguen de otros sectores de la sociedad ecuatoriana, regidos por sistemas propios de: organización social, económica, política, legal. Art. 2 inc. 3 de la Ley Orgánica de Instituciones Públicas de Pueblos Indígenas del Ecuador.

4 Base de datos sobre las normas internacionales del trabajo, página web: http://www.ilo.org/ilolex/spanish/newratframeS.htm Último ingreso: 26 de enero de 2010.

5 Constitución del Ecuador, sitio web de la Asamblea Nacional del Ecuador:

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf Último ingreso: 24 de febrero de 2010.

6 Art. 11 numerales 3, 4 y 5 de la Constitución del Ecuador.

7 Cfr. Susy Garbay, capítulo sobre Derecho a la Participación de las Personas, Comunidades y Pueblos, en decisiones que pueden afectarles, Informe Sobre Impactos de la Intervención Minera de la Empresa Corriente Resources Inc. en los Derechos Humanos de Poblaciones del Ecuador, FIDH – CEDHU – CDES – INREDH. Versión de 10 de octubre de 2009, Quito, Ecuador. Inédito.

8 El voto es obligatorio para personas mayores de 18 años y menores de 65 años. Entre los 16 y los 18, y a partir de los 65 es facultativo. También es facultativo para los miembros de la fuerza pública, los y las ecuatorianas que habitan en el exterior y las personas con capacidad diversa.

9 Principio de no discriminación establecido en el Art. 11 numeral 3 de la Constitución.

10 Art. 156 y 157 de la Constitución.

11 Art. 275 de la Constitución.

12 Íbid, ídem.

13 Art. 276 numeral 3 De la Constitución.

14 Art. 57 numeral 7 de la Constitución.

15 Revisar Art. 132 al 140 de la Constitución.

16 Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Saramaka vs. Suriname. Sito web: http://www.alertanet.org/cidh-saramaka.pdf Último ingreso: 9 de febrero de 2010.

17 ONU, Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas, supra nota 97, párr. 66.

18 El CEDR ha observado que “[e]n cuanto a la explotación de los recursos que yacen en el subsuelo en tierras tradicionales de comunidades indígenas, el Comité observa que la mera consulta con estas comunidades no es suficiente para cumplir con los requisitos establecidos por el Comité en su recomendación general XXIII sobre los derechos de los pueblos indígenas. El Comité, por lo tanto, recomiendo que se obtenga el consentimiento previo e informado de dichas comunidades”. Cfr. Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial, Consideraciones de los Informes presentados por los Estados Partes conforme al artículo 9 de la Convención. Observaciones Finales respecto del Ecuador (sesión sesenta y dos, 2003), ONU Doc. CERD/C/62/CO/2, 2 de junio de 2003, párr. 16.

19 CONAIE. Las Nacionalidades indígenas en el Ecuador. Versión On-line. Pág. 10, 11

20 Ibidem. Pág. 13,14

21 Utilizo la expresión “celebración” porque las acciones articuladas por las organizaciones indígenas, en especial las de la década de los 90s, hacen de la protesta y la resistencia política una ritualidad enmarcada en lo que conciben como “el regreso de los tiempos” o Pachakutik.

22 La Red de Defensores Indígenas – Promotores de Derechos Humanos fue creada mediante Resolución No. 008 de la Defensoría del Pueblo, expedida por el Dr. Claudio Mueckay, en uso de la facultad que le confiere el Art. 8, literal c) de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, la misma que fue publicada en el Registro Oficial No. 555 de 31 de Marzo del 2005. La red está conformado por 40 miembros que pertenecen a diferentes organizaciones, pueblos y nacionalidades indígenas, adscritas a la Defensoría del Pueblo del Ecuador.


23 Código Penal reformado, R.O. No. 555 del 24 de marzo del 2009


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