Estudio sobre pueblos indigenas y derecho a participar en la adopción de decisiones



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Conclusión
Sobre el consentimiento expreso en los procesos de consulta, si bien el Estado, ni en la Constitución ni en las leyes, ha incorporado como su contenido fundamental el consentimiento expreso que deben emitir los pueblos y comunidades indígenas, existe responsabilidad objetiva y subjetiva por violación a este derecho humano reconocido, por cuanto, como ya lo mencionamos los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador forman parte del ordenamiento jurídico, y todo funcionario y funcionaria, incluidos jueces y juezas tienen que aplicarlos directamente.


  1. Identificación de los procesos e instituciones de adopción de decisiones propias de los pueblos indígenas así como la identificación de los desafíos para mantener y desarrollarlas.

En nuestro país, tratar de identificar los procesos organizativos de los pueblos y nacionalidades indígenas, significaría realizar todo un análisis que dataría de más de quinientos años atrás; sin embargo se podría mencionar algunos hitos en la historia organizativa y política que generaron distintos movimientos que poco a poco avanzaron con el fin de reivindicar sus derechos y llevar a cabo sus demandas como parte importante de la sociedad ecuatoriana y latinoamericana.


Es necesario dar a conocer que en el Ecuador, en conformidad con los territorios en los que habitan las diferentes etnias, pueblos y nacionalidades indígenas, los procesos organizativos y las razones que los motivan son diferentes; sin descartar que la organización y procesos internos de consulta, sean parte fundamental de las relaciones cotidianas de los pueblos y nacionalidades indígenas.
Hitos:
Los pueblos y nacionalidades indígenas tuvieron un proceso de organización para la adopción de decisiones, así, en el Siglo XIX los alzamientos de los indígenas en Cañar (1862), en Imbabura y Guano (1868), en Chimborazo (1871), en Napo (1898), entre otros, marcaron la conflictividad étnica de la época. A comienzos del Siglo XX, la movilización social estuvo apoyada fuertemente por el movimiento sindical.-Entre otros movimientos, en 1927 se organizaron los sindicatos de El Inca en Pesillo, y más tarde, Tierra Libre de Moyurco, Pan y Tierra de La Chimba, todos en el sector de Cayambe, provincia de Pichincha. Estos sindicatos se formaron en su mayoría por huasipungueros, arrimados y yanaperos, y reivindicaban su derecho a la tierra, al agua y los pastos, al salario y al cese de abusos19.
La incapacidad de los diferentes gobiernos a lo largo de la historia republicana del Ecuador, para trabajar en democracia y en conjunto con toda la población ecuatoriana, sea mestiza, afrodescendiente, indígena, etc., ha sido una de las razones fundamentales para que surjan distintas organizaciones de pueblos y nacionalidades indígenas, que junto a otras de trabajadores/as y obreros/as, se manifiesten y se levanten. Es importante recalcar que hasta hace dos décadas, los pueblos y nacionalidades indígenas no eran reconocidos como personas, con derechos, y pero aún sus necesidades eran tomadas en cuenta, pese a que a lo largo de la historia, las insurrecciones frente al abuso de poder, terminaban en muertes, dolor y desmembramiento de su territorio.
Las demandas de una reforma agraria, incluyente, la eliminación de Instituciones Estatales, alrededor del manejo de la agricultura, la ganadería, la pesca, entre otras actividades, generaron la creación de organizaciones, movimientos, alianzas nacionales y de la región, con el fin de lograr que se cumplan. Así, en 1934 se reunió la Conferencia de Dirigentes Indígenas (Cabecillas) que puso las bases para conformar la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI), en 1944, con el apoyo del partido comunista del Ecuador y de la Confederación Ecuatoriana de Obreros (CTE). La FEI centró su trabajo en la sierra, ejerciendo presión en contra de las formas serviles de producción, demandando la parcelación de los latifundios, el pago de salarios, la disminución de horas de trabajo y la aplicación de las leyes laborales. En la década de los 50 y 60 las movilizaciones indígenas se dieron en contra del Censo Agropecuario, protagonizado por comunidades indígenas de Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo; en 1961 se levantan 2000 indígenas en Columbe. Estas movilizaciones buscaban terminar con los sistemas precarios de trabajo y con los latifundios. En 1964 el gobierno inicia la primera Reforma Agraria que, básicamente, entregó tierras de baja calidad a numerosos huasipungueros, sin terminar necesariamente con el latifundio. La segunda Reforma Agraria de de 1973, crea algunas instituciones y programas de desarrollo agrario20.
Instituciones indígenas:
Para 1986, se conforma la primera organización nacional de indígenas, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONADE) en 1986, que luego se transformará en la CONAIE.-En este camino, para la década de 1990, se articula lo que se denominará el movimiento indígena, dando inicio a un ciclo de acciones reivindicativas cargadas de simbolismo y expresión étnica.
El movimiento indígena ecuatoriano, irrumpe en el escenario político del país celebrando21 varios episodios de movilización hasta que en 1996 conforma el Movimiento Plurinacional Pachakutik-Nuevo País, como una alianza interétnica de nuevo tipo, en donde confluían indios y mestizos en un compromiso político de renovación democrática, articulación de lo identitario y lo clasista, visibilización étnica e impugnación al modelo económico neoliberal, implementado desde la década de los ochenta.
Los sucesivos gobiernos, desde la década de los noventa, se vieron en la necesidad de dar respuestas a esta ola de demandas étnicas.
Instituciones Estatales, que trabajan al servicio de los pueblos y nacionalidades indígenas en la actualidad:
CODENPE: En diciembre de 1998 se crea el Consejo Nacional de Pueblos y Nacionalidades del Ecuador, como una entidad pública de representación de los pueblos autodefinidos como nacionalidad indígenas; creado como una instancia representativa y participativa, que democratiza las entidades estatales, incluyendo a los sectores sociales, para el establecimiento de políticas, planes, programas, proyectos y actividades de desarrollo, involucrándolos en la toma de decisiones de los pueblos y nacionalidades indígenas.
PRODEPINE: Proyecto de Desarrollo para los Pueblos Indígenas y Negros. Creado en 1997. Fue financiado por el Banco Mundial, el mismo que estuvo conformado ya no con representación de las organizaciones indígenas de tipo gremial, sino por pueblos y nacionalidades, afroecuatorianos, campesinos y montubios. Además, se encargaba de canalizar recursos del Estado para satisfacer necesidades y demandas de los diferentes pueblos y nacionalidades indígenas. Actualmente ésta institución ya no existe.
Dirección Nacional de Educación Bilingüe: se coordina a través del Ministerio de Educación, está conformada de las siguientes áreas: Educación Infantil Familiar Comunitaria; Educación Básica; Educación Bachillerato; Educación Básica para jóvenes y adultos, a través del programa nacional de alfabetización “Dolores Cacuango”; y, Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe EIB-MOSEIB. Cuenta con otros programas como el Software para educación intercultural bilingüe de manera interactiva, Mushuk Muyu, (significa nueva semilla) la radio revista Minga Educativa y el programa de revisión de la gramática Kichwa.
Dirección de Salud Indígena: Se coordina a través del Ministerio de Salud, es una instancia técnico-administrativa del Ministerio de Salud Pública, que diseña y ejecuta corporativamente políticas y estrategias para la convalidación y revalorización de las medicinas ancestrales.
En materia de derechos humanos, en el año 2001, se crea la Dirección Nacional de Derechos de los Pueblos Indígenas (DINAPIN), posteriormente la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (CONADHPIN) de la Defensoría del Pueblo del Ecuador, la cual hasta el año 2009 continuó trabajado en la promoción, difusión y defensa de los derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas. Esta unidad nació como respuesta a la exigencia de la diversidad étnica y cultural del Ecuador y para que los pueblos indígenas tengan acceso a la justicia y la posibilidad concreta de contar con una entidad que defienda sus derechos. En la actualidad la Dirección Nacional de Protección de la Defensoría del Pueblo trabaja de manera integral en la protección de los derechos humanos de las personas, con especificidades a los grupos de atención prioritaria, incluyendo a los pueblos y comunidades indígenas.
Fiscalías Indígenas.- En el año 2007, el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador en convenio con la Fiscalía General del Estado se crea las unidades de Asuntos Indígenas, las mismas que representan a la sociedad en la investigación, persecución del delito y en la acusación penal de los presuntos infractores que pertenecen a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, además coadyuvan en la administración de justicia indígena, respetando las decisiones o resoluciones tomadas por las autoridades comunitarias.
Procesos para la toma de decisiones
A lo largo de la historia organizativa de los pueblos y nacionalidades indígenas, nacieron varias organizaciones, en donde el proceso de toma de decisiones tiene algunas características que a continuación se detallan:
1.- El proceso interno de consulta se origina en las bases de la comunidad, quienes en primer lugar eligen a sus dirigentes, siendo estos los encargados de hacer conocer las decisiones, a los demás espacios.
2.- Las y los dirigentes, elegidos se encuentran agrupados, en la organización de la provincia y ésta a su vez en la nacional.
3.- El proceso es participativo por esencia, en asamblea, es decir agrupa a las y los miembros de la comunidad, provincia o a nivel nacional y cada grupo tiene derecho a exponer sus criterios, propuestas, exigir rendición de cuentas, de manera abierta, es decir se escucha y luego se decide, es importante recalcar que cuando se trata del territorio y la naturaleza prima el preservar en buenas condiciones su entorno natural.
4.- En caso de tener que impartir sanciones por haberse cometido diferentes tipos de faltas, el proceso es el mismo, se reúne el consejo de dirigentes, escuchan y deciden, bajo un principio que vienen a ser muy interesante el de la formación, es decir, tienen acceso a la administración de justicia indígena reconocida legalmente por el Código Orgánico de la Función Judicial, Constitución de la República y el convenio 169 de la OIT.
Desafíos:
El Estado ecuatoriano, deberá continuar trabajando con el fin de incrementar más espacios de adopción de decisiones, que canalicen las demandas y que fomenten la organización de los pueblos y nacionalidades indígenas, valorando y respetando siempre las relaciones, formas y practicas culturales de cada pueblo y nacionalidad, conforme al buen vivir.
El desafío fundamental para el Estado es el mantener la organización de los pueblos y nacionalidades indígenas, tomar en cuenta sus decisiones, respetar su territorio, impulsar un modelo económico que deje de basarse en la extracción de los recursos naturales.
Otro desafío para el Estado es el cumplir con lo que la CRE, manda, en torno al Sumak Kawsay, la consulta previa, la participación ciudadana, los derechos de la naturaleza y la rendición de cuentas, entre otros aspectos relacionados a los derechos de los habitantes y en especial de los pueblos y nacionalidades indígenas.
Un desafío importante es trabajar casa adentro, con las y los funcionarios del sector público, para incorporar el enfoque de interculturalidad en acceso al empleo, servicios, trabajo interinstitucional, entre otros.
Realizar un proceso de consulta a los pueblos y nacionalidades indígenas con el fin de determinar con ellos/as que tipo de organismos desde el Estado se debe fortalecer y crear, con la finalidad de tener legitimidad, representación y una acción efectiva, orientada desde sus propios intereses para un mejor servicio.
Este desafío compete a las propias organizaciones sociales del movimiento indígena y es el trabajar por fortalecerse desde adentro, por continuar del apoyo en los temas que los hermana, seguir preparando a sus propios cuadros, para cada vez incorporarlos en las diferentes Instituciones y en los liderazgos propios de sus estructuras.



  1. Identificación de los mecanismos de participación y consulta relacionados con las instituciones estatales y no estatales pertinentes y con los procesos de adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a los pueblos indígenas así como la identificación de los desafíos para la efectiva implementación de estos mecanismos.

En el año 2005, la Defensoría del Pueblo crea la Red de Defensores Indígenas democráticamente elegidas por las organizaciones, pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador22, conformadas alrededor de 40 miembros entre hombres y mujeres, quienes fueron formados y capacitados para la promoción, difusión y defensa de los derechos humanos individuales y colectivos de sus respectivas organizaciones, pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. El Defensor del Pueblo para su funcionamiento se les otorgó las respectivas credenciales, las mismas que tienen vigencia de dos años renovables, a través de los cuales, los pueblos indígenas tienen acceso a la justicia y la defensa de sus derechos.


Así mismo, la Defensoría del Pueblo en coordinación con varias instituciones privadas y públicas, y con las organizaciones indígenas han llevado a cabo la defensa de los derechos humanos individuales y colectivos de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, mediante las acciones e interposiciones de los recursos contemplados en la Constitución de la República y Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, y fundamentados en el Convenio 169 de la OIT, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Convención Internacional sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y otros instrumentos internacionales relacionados con los temas de pueblos indígenas. Se capacitó miembros de las comunidades de base, a líderes indígenas de las organizaciones nacionales, comunidades, pueblos, nacionalidades, sobre Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas consagradas en la Constitución, Convenio 169 de la OIT, Declaración de los Pueblos Indígenas; justicia indígena; mediación de conflictos y los instrumentos y mecanismos de protección de derechos humanos, ya que por desconocer sus derechos, fueron sometidos a la indefensión, exclusión, inequidad y marginación política, jurídica y social.
La Defensoría del Pueblo, para fortalecer las capacidades de promoción y defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas, firmó varios convenios con la Dirección Nacional de Educación de Intercultural Bilingüe – DINEIB; Fundaciones TERRE HOMES ESQUEL y KONRAD ADENAUER; PNUD; ONU; USAID, entre otros.
Dentro de a legislación ecuatoriana tenemos varias leyes y decretos ejecutivos que reglamentan el ejercicio de participación y protección de algunos derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, como son: la Constitución de la República del 2008, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Código Penal reformado23, Codificación de la Ley de Desarrollo Agrario (1997), el Plan Nacional de Derechos Humanos (1999), la Ley Orgánica de las Instituciones Públicas de Pueblos Indígenas del Ecuador (2007) y el Código Orgánico de la Función Judicial (2008).
En el año 70, la explotación petrolera se transformó en una de las principales actividades económicas y generadoras de divisas del Ecuador, dejando a un lado la agricultura y el turismo. Las zonas petroleras sobre todo en la Amazonía fueron divididos en bloques tanto en las provincias del Napo, Pastaza y Orellana, que se otorgaron en concesión a varias compañías transnacionales. El impacto de estas actividades sobre el medio ambiente, la naturaleza y la vida de las poblaciones indígenas fueron desastrosas y produjeron varios conflictos entre comunidades indígenas, las empresas petroleras y el Estado ecuatoriano. Tal es el caso de la comunidad Kichwa de Sarayaku, asentada en la provincia de Pastaza de la Amazonía ecuatoriana, en 1996 sin consultar a la comunidad, el Estado ecuatoriano celebró un contrato de participación con la empresa Argentina (CGC), para la explorar y explotar el petróleo en el Bloque 23. Esto causó problema en la comunidad por violentar el derecho a la consulta previa, libre e informada, como también se alegó el incumplimiento del Convenio 169 de la OIT.
La Compañía Petrolera C.G.C. de Argentina, a pesar de la negativa de la comunidad, intentó ingresar por la fuerza a su territorio a realizar actividades hidrocarburíferas, utilizando diferentes estrategias como dividiendo a la comunidad y a las familias indígenas. Posteriormente, los miembros de la comunidad sintieron la contaminación ambiental, territorial y de su vida. Por lo que en el año 2003, el Defensor del Pueblo conjuntamente con el Director Nacional de Defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas acudieron al llamado y verificó la situación, por lo que se emitió una DECLARACION DEFENSORIAL, mediante la cual, declaró a esta comunidad bajo su protección de conformidad a las facultades que le otorga la Constitución de la República del Ecuador. Posteriormente tomando como base esta Declaración Defensorial dictada por el Sr. Defensor del Pueblo del Ecuador, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con fecha 5 de mayo del 2003, dicta medidas cautelares a favor de la comunidad de Sarayaku, siendo estás:


  1. “Adoptar todas las medidas que considere necesarias para asegurar la vida y la integridad física, psíquica y moral de los miembros de la comunidad indígena de Sarayaku y de las niñas y niños que podrían estar siendo objeto de amenazas o amedrentamientos por parte del Ejército o de civiles ajenos a la comunidad;

  2. Investigar los hechos ocurridos el 26 de enero de 2003 en el “Campo de Paz y Vida Tiutihualli” de la comunidad de Sarayaku y sus consecuencias; juzgar y sancionar a los responsables; y,

  3. Adoptar las medidas necesarias para proteger la especial situación de la Comunidad Sarayaku con su territorio”

Al no recibir respuesta satisfactoria del Estado ecuatoriano y continuar con las amenazas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos posteriormente llevó el caso a la Corte Interamericana, la cual ordenó medidas provisionales para la protección de los miembros del pueblo Sarayaku. Actualmente, en esta comunidad ha suspendido totalmente toda clase de actividades petroleras, incluso han retirado cargas explosivas que fue utilizada para la prospección sísmica de la empresa petrolera.


Asimismo, se ha hecho respetar el mecanismo de participación y la consulta de los pueblos indígenas en la comunidad Rural de Quito, denominada comunidad “La Toglla”, provincia de Pichincha, cuando un miembro de la comunidad con intensiones de explotar las minas o canteras adquiere ilícitamente 50 hectárea, por lo que intenta dividir las tierras comunitarias. Una vez conocido el caso, la Defensoría del Pueblo a través de la Dirección Nacional de Defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas emitió una Resolución favorable para la comunidad, en la que se demostró la existencia de la propiedad comunitaria, que constitucionalmente es indivisible, puesto que para ellos el ingreso de agentes extraños producen la destrucción de la naturaleza, enfermedades, desorganización social, político, jurídico y cultural, imposición de culturas, etc.
La Constitución del 2008 aprobada en Montecristi, recoge precisamente ese reconocimiento del derecho internacional a los derechos de los Pueblos Indígenas en relación al derecho colectivo a participar en la adopción de decisiones en cuestiones que afecten a sus derechos, reconocimiento que a la vez plantean inquietudes sobre si existen éstos proceso o de que manera se van a construir, la elección de sus representantes y cual va ha ser su rol en la toma de decisiones, como desarrollar sus instituciones y sobre todo el cómo instaurar el necesario diálogo entre sí y con el resto del Estado para permitir el aporte de su cultura como la toma de decisiones de manera colectiva.
Hay un reconocimiento del Estado a todas sus formas de expresión y organización, garantizando el ejercicio pleno de la soberanía popular y de una democracia intercultural, se reconoce también la existencia de autoridades cuyas facultades deben respetarse haciendo énfasis en el enfoque de género cuando incluye la participación y decisión de las mujeres. La Ley Orgánica de las Instituciones Públicas de Pueblos Indígenas en el Ecuador, tiene entre otras la finalidad de que se reconozca a las instituciones Indígenas evitando la dependencia de la voluntad política de los gobernantes de turno.
Los pueblos y nacionalidades indígenas, a partir de 1998, a través de partidos políticos y de sus propios movimientos han tenido una importante participación en la conducción del Estado. En las elecciones del año 2009, se logró obtener varias dignidades indígenas a nivel local, provincial y nacional, quienes representan y trabajan en beneficio de los pueblos indígenas y de la sociedad en general. Así, se destacan alrededor de 26 Alcaldías, 5 Prefecturas, 5 Asambleístas y decenas de Concejalías y Juntas Parroquiales, y sin contar la participación en alianzas con otros movimientos o partidos políticos.
Con relación a los pueblos no Contactados, la Constitución establece que los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreducible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley.
Al respecto, Defensoría del Pueblo conjuntamente con el Ministerio del Ambiente se está llevando a cabo un Plan de Medidas Cautelares para Pueblos Indígenas no contactados, como son los Tagaeris y Taromenanis, mismos que se encuentran en la Reserva Ecológica del Yasuní. Dicho plan consisté en monitorear toda la reserva intangible, frenar la tala indiscriminada de bósques primarios; de impedir proyectos sísmicos y de explotación de petróleo; de brindar atención médica a los miembros de las comunidades cercanas a la reserva ecológica; de regular el turismo comunitario manejado por los no indígenas o colonos, entre otros. A través de estas acciones se trata de proteger la vida y su habitad de los pueblos no contactados.


  1. identificación de las medidas claves y los desafíos en relación de los esfuerzos necesarios para garantizar el derecho de los pueblos indígenas de participar en la adopción de decisiones.

Las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas se han involucrado fuertemente en la defensa de la naturaleza, ambiente, educación, organización, et. Por lo que se presencia una fuerte oposición a la intervención de las empresas mineras, petrolera y madereras, como también han manifestado rechazo en contra de la Ley Minera, Aguas y de Educación.

Los Pueblos y nacionalidades indígenas de las provincias Amazónicas (Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Pastaza, Puyo, Napo, Orellana, Sucumbíos) están constantemente reclamando la violación de sus derechos consagradas en la Constitución de la República, principalmente el derecho a la Consulta Previa, libre e informada, ya que generalmente el Gobierno no respeta este derecho colectivo, establecido y reconocido por la Constitución, donde se explota indiscriminadamente el recursos naturales, puesto que el deber de los gobiernos es de consultar a los pueblos previo la toma de decisiones que puedan afectarlos.

Se requiere una plena y efectiva participación de las comunidades indígenas locales en la formulación, implementación y monitoreo de actividades el de las tierras, agua, proteger los bosques y sus medios de vida, y el permanente combate a la pobreza, los mismos que indican que deben ser temas del Estado.

Los dirigentes de las organizaciones locales, provinciales y nacionales manifiestan que es necesario lograr un fondo para la participación, educación y construcción de capacidades de los jóvenes, hombres y mujeres indígenas para asegurar su involucramiento en todos los procesos relacionados con cambio climático, costumbres, educación, rescate de su idioma, salud, ciencia y otros.



Las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador deben exigir al Estado la generación de políticas públicas para enfrentar los efectos del abandono al que están sometidos y dotarles de infraestructura capaz de garantizarles la salud, educación, vivienda digna, así como el apoyo para un verdadero desarrollo agropecuario con préstamos blandos, plan de semillas, maquinaria e insumos.
Extrema importancia constituye para los Pueblos Indígenas el acceso a la justicia y el desarrollo y sistematización del derecho Indígena, así como el fortalecimiento de sus autoridades e instancias de decisión, definiendo su territorio, su jurisdicción y competencia. Pues, la mayoría de las bases comunitarias indígenas, no acuden a las autoridades judiciales para solicitar su intervención y solucionar sus múltiples problemas e injusticias. Para lo cual la actual Asamblea Nacional debe emitir una Ley de compatibilidad del Derecho Indígena con el derecho ordinario.
Los pueblos indígenas deberán luchar por el fortalecimiento de las organizaciones e instituciones indígenas, puesto que son creadas por un proceso de lucha que está al servicio de las colectividades y manejados por los propios indígenas. No es posible que hoy en día las instituciones como Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE), Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (DINEIB), Dirección Nacional de Salud Indígena, por crear otras instituciones a fines por parte del actual presidente del Ecuador (Eco. Rafael Correa), como por ejemplo la Secretaría Nacional de Pueblos Indígenas, la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe, entre otras, que para los pueblos indígenas no son más que una interposición del gobierno contra los indígenas.
Como lograr que las Convenciones en los Sistemas de Derechos Humanos tanto de la OEA. como de la ONU, La Declaración de las Naciones Unidas y la misma Constitución, sean instrumentos efectivos para exigir el respeto de los derechos de los Pueblos Indígenas en nuestro país, constituye el reto mayor, par lo cual creemos necesario: a) Establecer mecanismos de diálogo entre el Estado y los Pueblos Indígenas que permitan su activa participación en la toma de decisiones y el reconocimiento y aceptación de sus costumbres y prácticas ancestrales, y garantice el respeto de sus territorios, los recursos naturales y desde luego a un adecuado uso y manejo del suelo y el agua; b).- Exigir al Estado la generación de políticas públicas para enfrentar los efectos del abandono al que han estado sometidos los Pueblos Indígenas y dotarles de infraestructura capaz de garantizarles salud, educación, vivienda digna, así como el apoyo para un verdadero desarrollo agropecuario con prestamos blandos, plan de semillas, maquinaria e insumos; c).- Extrema importancia constituye para los Pueblos Indígenas el acceso a la justicia y el desarrollo y sistematización del derecho Indígena, así como el fortalecimiento de sus autoridades e instancias de decisión, definiendo su territorio, acaso su jurisdicción y competencia; y, d).- La difusión de sus derechos y del marco legal que les ampara, permitirá a los Pueblos indígenas autodefinirse como Pueblos y Nacionalidades activas y organizadas en la defensa y ejercicio pleno de sus derechos.
Se debe tomar en cuenta a demás medidas de protección y aplicación para prevenir el desplazamiento interno de pueblo indígenas asentados en las riveras del cordón fronterizo de la frontera norte, así como evitar el maltrato por parte de elementos militares, que permanentemente patrullan dichos sectores y que se han dedicado a la ingrata tarea de estigmatizar a los pueblos de frontera, especialmente a las comunidades indígenas tildándolas de terroristas, guerrilleros narco-traficantes, allanando sus viviendas, pidiendo el alias de las personas, realizando censos sin autorización del organismo pertinente como es el INEC, revisando los tatuajes de hombres y mujeres, todo lo cual viola los derechos humanos.
Otro de los importantes procesos, mecanismos y desafíos es la adecuación de la legislación interna donde exista una reglamentación específica del derecho a participar en la adopción de decisiones y consultas, esto permitiría establecer mecanismos exitosos de diálogo, coordinación y respeto mutuo entre el Gobierno y los pueblos y nacionalidades indígenas sobre la explotación de los recursos naturales renovables y no renovables que se encuentran en sus tierras y territorios. A efectos de la participación en la adopción de decisiones no cabe duda que estos elementos son de singular trascendencia para los pueblos indígenas, ya que constituyen un instrumento privilegiado de diálogo entre sí, y de sus pueblos con resto del Estado. Vemos que la actual Constitución tiene principios para la participación y en eso los pueblos indígenas tienen sus particularidades por ser colectividades.
Finalmente, como desafío de los pueblos y nacionalidades indígenas es velar por el cumplimiento de los principios Constitucionales y derechos colectivos, como:
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