Estatuto del trabajo



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ESTATUTO DEL TRABAJO.
Por el cual se desarrolla el Artículo 53 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
TÍTULO I

PRINCIPIOS GENERALES.
Art. 1º. Finalidad. La finalidad de esta ley es regular las relaciones entre el trabajo y el capital, haciendo efectiva la especial protección constitucional a que tienen derecho todos los trabajadores, sean éstos dependientes o independientes, en orden a garantizar un orden económico y social justo.
ART. 2º. Ámbito de aplicación. Este Estatuto regula todas las relaciones de trabajo ejecutadas en el territorio de la República de Colombia, incluyendo aquellas que se desarrollen en zonas francas, maquilas y embajadas acreditadas por Colombia. Así mismo, se aplica a todas aquellas relaciones de trabajo en virtud de las cuales nacionales colombianos, contratados en Colombia, presten servicios en el extranjero, aplicando el principio de favorabilidad. Así mismo, se aplicará a los empleados de carrera, en cuanto no se oponga a las normas especiales que los regulan. Se exceptúan de su aplicación las relaciones del Estado con los servidores públicos elegidos popularmente y las de los agentes políticos sometidos al régimen de libre nombramiento y remoción.
Todas las controversias de carácter laboral que se presenten dentro del territorio de la República, serán resueltas por la jurisdicción laboral colombiana sin excepción, con base en los principios, derechos y reglas contenidas en este Estatuto y demás normas laborales.
Art. 3º. Definición de trabajo. El trabajo que regula este Estatuto es toda actividad humana libre, material o intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta al servicio de otra, natural o jurídica, o en forma independiente, cualquiera que sea su finalidad.
Art. 4º. Prevalencia de los derechos y principios constitucionales. En la aplicación e interpretación de las normas contenidas en este Estatuto, prevalecerán los derechos y principios constitucionales, en particular la cláusula del Estado Social del Derecho, la democracia participativa y pluralista, el respeto por la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad, la igualdad, la prevalencia del interés general, la soberanía popular y la supremacía de la Constitución.
Art. 5º. Prevalencia de los principios y derechos fundamentales en el trabajo de la OIT. Esta Ley se aplicará e interpretará de manera que el Estado colombiano cumpla con la obligación que le corresponde como miembro de la Organización Internacional del Trabajo, de respetar, promover y hacer realidad, de buena fe, los principios relativos a los derechos fundamentales en el trabajo, es decir:

A. La libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva;

B. La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio;

C. La abolición efectiva del trabajo infantil; y



D. La eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación
Así mismo, en la aplicación e interpretación de este Estatuto prevalecerán los convenios, resoluciones y recomendaciones de la OIT.
Art. 6º. Prevalencia de los principios de este Estatuto. En la aplicación e interpretación de las normas contenidas en esta Ley y de las demás normas laborales, primarán los principios contenidos en este Título, los cuales no podrán ser desatendidos en beneficio de otra norma de rango legal.
Art. 7º. Igualdad de los trabajadores. Todos los trabajadores son iguales ante la ley, tendrán las mismas protecciones, garantías y oportunidades, sin ninguna distinción ni discriminación por razones de sexo, raza, edad, origen nacional o familiar, condición social, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado y los empleadores están obligados a velar porque la mujer por razón de la maternidad o el estado de gravidez, el niño o adolescente trabajador, los discapacitados y las personas de la tercera edad tengan especial protección.
El Estado promoverá políticas eficaces destinadas a la generación de empleo, para aquellas personas con necesidades sociales especiales, en particular las mujeres, los trabajadores jóvenes, las personas en condiciones de discapacidad, los trabajadores que sean mayores adultos, los desempleados durante un largo período, los trabajadores afectados por reestructuraciones y los desplazados.
Art. 8º. Derecho al trabajo. Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, en la forma prevista en la Constitución Política, en este Estatuto y en las leyes. El trabajo es igualmente una obligación social.
Art. 9º. Principio protector. El trabajo goza en todas sus modalidades de la especial protección de Estado, en la forma prevista en la Constitución Política, en este Estatuto y en las leyes sociales. Los funcionarios públicos están obligados a prestar a los trabajadores una debida y oportuna protección para la garantía y eficacia de sus derechos de acuerdo con sus atribuciones. Esta garantía se aplica también a las organizaciones sindicales.
Art. 10º. Mínimo de derechos y garantías. Los derechos consagrados en este Estatuto y en las demás leyes laborales constituyen el mínimo de beneficios a favor del trabajador. En consecuencia, son nulos de pleno derecho, los acuerdos y las cláusulas que de cualquier forma desconozcan ese mínimo.
Art. 11º. Carácter de la remuneración. Toda prestación personal de servicios tendrá como contraprestación una remuneración mínima vital, adecuada para atender las necesidades del trabajador y las de su familia en el orden material, moral y cultural; y móvil para proteger su poder adquisitivo frente a las fluctuaciones de la economía.
Art. 12. Estabilidad en el empleo. Toda relación de trabajo tiene vocación de permanencia cualquiera que sea la vinculación, y sólo podrá ser terminada por el empleador cuando haya causa justificada debidamente comprobada, de conformidad con el presente estatuto.
Art. 13. Carácter de orden público e irrenunciabilidad. Las disposiciones legales que regulan el trabajo humano son de orden público y, por consiguiente, los derechos y prerrogativas que ellas conceden son irrenunciables, salvo los casos expresamente exceptuados por la ley.
Art. 14. Transacción y conciliación. Son válidas la transacción y la conciliación en asuntos de trabajo, salvo cuando se trate de derechos ciertos e indiscutibles.
Art. 15 Principio de favorabilidad. En caso de conflicto entre dos o más fuentes formales de derecho, se resolverá mediante la aplicación de la más favorable al trabajador, apreciada en conjunto, sin escindir su contenido.
Si la duda surge al interpretarse una o varias fuentes formales de derecho, prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador.
Si el conflicto recae en la apreciación de una prueba en un caso concreto, los jueces, los árbitros o encargados de resolverla decidirán en el sentido más favorable al trabajador.
Art. 16. Normas de aplicación supletoria. Cuando no haya norma exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las que regulen casos o materias semejantes, los principios que se deriven de este estatuto, la jurisprudencia, la costumbre o el uso, la doctrina, las resoluciones, los convenios y las recomendaciones adoptadas por las Conferencias Generales de la Organización Internacional del Trabajo, los principios de derecho común que no sean contrarios a los del derecho del trabajo, todo dentro de un espíritu de equidad.
Art. 17. Prevalencia del derecho sustancial. En la solución de los conflictos de trabajo prevalecerá el derecho sustancial, de manera que el objeto de cualquier trámite o procedimiento sea lograr la efectividad de los derechos consagrados por la ley sustancial.
Art. 18. Efecto de la ley laboral. La ley laboral, por ser de orden público, tiene efecto general inmediato, por lo cual también se aplica a los contratos de trabajo que estén vigentes o en curso en el momento en que empieza a regir, pero no produce efecto retroactivo, mas sí retrospectivo.
Art. 19. Normas internacionales del Trabajo. El Congreso de la República, dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente ley iniciará el trámite correspondiente para la aprobación de los convenios internacionales del trabajo adoptados por la Organización Internacional del Trabajo, que no han sido aprobados por el Estado colombiano.
Art. 20. Primacía de la realidad. La realidad prevalecerá sobre cualquier ritualidad, forma o acuerdo que tienda a desconocer o a transformar en un fenómeno jurídico distinto a la relación contractual laboral.
Art. 21. Garantía a la seguridad social. El Estado y los empleadores garantizarán a todos los colombianos y a los trabajadores, respectivamente, el acceso a los beneficios de la seguridad social integral y a la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables para llevar una vida digna y desarrollar libremente su personalidad.
Art. 22. Educación. Todos los trabajadores tienen derecho a la capacitación y al adiestramiento técnico y profesional. Es deber del Estado ofrecer los programas de formación respectivos y de los empleadores brindar todas las garantías para que los trabajadores puedan acceder a ellos y adelantarlos adecuadamente.
Art. 23. Equidad de género en el trabajo. El Estado velará por el acceso equitativo de la mujer a las oportunidades de empleo y sancionará cualquier conducta discriminatoria y de acoso que atente contra su permanencia en el mismo.
Art. 24. Igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares. Con miras a crear la igualdad efectiva de oportunidades y de trato, el gobierno nacional y los empresarios deberán adoptar todas las medidas para garantizar que los trabajadores con responsabilidades familiares, puedan elegir libremente las condiciones de empleo, seguridad social y la capacitación ocupacional o profesional, así como también el desarrollo y promoción de servicios comunitarios, públicos o privados de asistencia a la infancia y asistencia familiar.
Art. 25. Garantías a la libertad, la dignidad y derechos de los trabajadores. Ninguna norma, actuación oficial o del empleador, contractual o convencional, podrá menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.
Art. 26. Desigualdad sustancial y protección del trabajador. La desigualdad sustancial en la relación de trabajo, comportará la protección especial del trabajador tanto en lo sustantivo como dentro del proceso laboral adelantado para dirimir cualquier tipo de controversia.
Art. 27. Derecho a la protesta. Los trabajadores pueden reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. El Estado garantizará y protegerá el ejercicio de este derecho.
Art. 28. Derecho de asociación. Todos los trabajadores pueden formar sindicatos o asociaciones para la defensa de sus derechos y mejoramiento de sus condiciones económicas, profesionales, culturales y de seguridad social. El Estado garantizará el ejercicio de este derecho.
Art. 29. Libertad sindical. El Gobierno Nacional adoptará todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores el libre ejercicio del derecho de asociación sindical. Los derechos de negociación colectiva y huelga son consustanciales al derecho de asociación sindical, y en consecuencia, su ejercicio deberá ser garantizado por el Estado en los términos de este Estatuto.
Art. 30. Derecho de negociación y contratación colectiva. Las organizaciones de trabajadores tienen derecho a negociar con los empleadores los contratos, convenciones colectivas y laudos arbitrales, así como a exigir su cumplimiento. Constituye un deber del Estado en todas sus ramas y organismos, la promoción de la negociación y de los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo.

Las normas previstas con el objeto de fomentar la negociación colectiva no podrán ser aplicadas de modo que obstaculicen la libertad de negociación colectiva.



Art. 31. Derecho de huelga. Se garantizará el derecho de huelga, el cual sólo podrá ser restringido a grupos de trabajadores en las empresas de servicios públicos esenciales definidos como aquellos sin cuya prestación se pondría en peligro la vida, la seguridad y la salubridad de las personas en todo o parte de la comunidad.
Art. 32. Derecho a la información. Los trabajadores tendrán derecho a solicitar y recibir, directamente o a través de sus organizaciones sindicales, información veraz, objetiva, oportuna e imparcial de los empleadores y del Estado para el desarrollo de sus actividades.
Art. 33. Representación de los trabajadores en las empresas. La representación institucional de las organizaciones de trabajadores en los organismos de dirección de las empresas es un derecho colectivo.
Art. 34. Participación Política. Se garantiza el derecho a manifestarse, elegir, ser elegido y participar en eventos políticos a los trabajadores y sus organizaciones sociales. No se impondrá sanción o despido alguno por el ejercicio de los derechos políticos.
Art. 35. Garantías al descanso. El Estado y los empleadores garantizarán el carácter creativo, recreativo y cultural de los descansos.
Art. 36. Estímulo al conocimiento y la experimentación. Todos los empleadores respetarán la propiedad del trabajador sobre el desarrollo de su conocimiento y facilitarán la experimentación, creando incentivos especiales para el fomento de la ciencia y la tecnología, en procura de mejorar la calidad del trabajo, la productividad y el bienestar de los trabajadores.
TÍTULO II.

RELACIÓN INDIVIDUAL DE TRABAJO.
CAPÍTULO I.

Vinculación laboral.
Sección I.

Capacidad para contratar.
Art. 37. Capacidad. Podrán celebrar contrato de trabajo quienes tengan cumplidos diecisiete (17) años de edad. Los niños y adolescentes entre los quince (15) y diecisiete (17) años necesitan para trabajar autorización escrita del inspector de trabajo o, en su defecto, de la primera autoridad local, a solicitud de los padres y, a falta de éstos, del defensor de familia.
Prohíbase el trabajo de los menores de quince (15) años de edad y es obligación de sus padres y del Estado garantizar que acudan a los centros de enseñanza. Excepcionalmente y en atención a circunstancias especiales calificadas por el defensor de familia, los niños menores de quince (15) años podrán ser autorizados para trabajar por las autoridades señaladas en este artículo, con las limitaciones previstas en el Código Sustantivo del Trabajo, para desempeñar actividades de tipo artístico, cultural, deportivo y recreativo. En ningún caso, estas actividades podrán exceder de catorce (14) horas semanales.
Sección II.

Contrato de trabajo.
Art. 38. Relación de trabajo. Es la prestación de los servicios personales del trabajador a favor de un empleador.
Art. 39. Presunción. Se presume que toda actividad humana libre, material o intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta al servicio de otra, natural o jurídica, o en forma independiente, cualquiera que sea su finalidad, está regida por un contrato de trabajo y corresponde al empleador desvirtuarla.
Art. 40. Contrato de trabajo. Es el convenio por el cual una persona natural presta sus servicios personales a otra u otras personas, naturales o jurídicas, bajo su dependencia, regulados por la ley, la convención colectiva de trabajo, el laudo arbitral y la costumbre.
Se denomina trabajador la persona natural que presta el servicio, empleador la persona natural o jurídica que se beneficia de la labor ejecutada y, salario, la remuneración percibida por el trabajador como contraprestación del servicio prestado cualquiera que sea su forma.
Art. 41. Duración. El contrato de trabajo se presume celebrado por término indefinido. Excepcionalmente podrá celebrarse contrato por término fijo, por el tiempo que dure la realización de una obra o labor determinada, o para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio.
Art. 42. Modalidades del contrato de trabajo. El contrato de trabajo puede presentar las siguientes modalidades.


  1. Según su forma, es verbal o escrito;

  2. Según su duración es a término indefinido, a término fijo, por duración de la obra o labor determinada y, para trabajos ocasionales, accidentales o transitorios.


Art. 43. Contrato verbal. En el contrato de trabajo verbal, el trabajador y el empleador acordarán por lo menos lo siguiente:


  1. La labor a desarrollar;

  2. El sitio de su realización;

  3. La cuantía de la remuneración; y,

  4. Periodos y lugar de pago.


Art. 44. Contrato escrito. El contrato de trabajo escrito se extenderá en tantos ejemplares cuantos sean los interesados, destinándose obligatoriamente y bajo sanción, un ejemplar para el trabajador y otro para el Ministerio de la protección Social.
Dicho contrato está exento de impuestos.
El contrato deberá contener por lo menos las siguientes cláusulas:


  1. Nombre completo y domicilio de las partes contratante;

  2. Ocupación o cargo del trabajador y sus funciones descritas de forma precisa;

  3. El lugar donde se haya contratado al trabajador y en donde haya de prestar el servicio;

  4. Duración de la jornada de trabajo y horario de trabajo;

  5. Cuantía, forma y periodos de pago de la remuneración;

  6. La estimación razonable del valor de los suministros de habitación y alimentación, como parte del salario, que en todo caso no podrá ser superior al treinta por ciento (30%) del que reciba en dinero;

  7. La duración y fecha de celebración del contrato;

  8. Firmas de las partes.

  9. La manifestación expresa de que el trabajador goza del derecho de negociación colectiva.


Art. 45. De las cláusulas ineficaces. Son inexistentes las estipulaciones o condiciones que en los contratos de trabajo desmejoren la situación del trabajador en relación con lo establecido en este Estatuto y en las demás normas laborales, los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, las convenciones colectivas de trabajo, los laudos arbitrales, el reglamento de trabajo, la costumbre, así como las cláusulas que sean ilícitas o ilegales por cualquier aspecto. No obstante, a pesar de la ineficacia de estas estipulaciones, todo trabajo ejecutado en virtud de ellas, que constituya por sí mismo una actividad lícita, da derecho al trabajador para reclamar el pago de sus salarios, prestaciones, indemnizaciones y demás derechos por el tiempo que haya durado el servicio.
Art. 46. Contrato a término fijo. Excepcionalmente podrán celebrarse contratos de trabajo a término fijo en los siguientes casos:


  1. Para reemplazar personal en periodos de vacaciones, permisos, licencias, compensatorios, calamidades domésticas, incapacidades, y eventos de fuerza mayor o caso fortuito;




  1. Para desarrollar actividades no relacionadas con las actividades propias de la empresa.

La duración de esta clase de contratos, no podrá ser superior a tres (3) años, ni inferior a un (1) mes, pero será renovable por otro periodo igual, si subsisten las causas que le dieron origen. Tras la primera y única renovación del contrato, éste se convertirá, por ministerio de la ley, en contrato de trabajo a término indefinido.



Este tipo de contrato constará siempre por escrito y en él se indicarán, entre otras cláusulas, las razones que le dan origen y el término de la duración.
Art. 47. Contrato de obra. El contrato de obra o labor específica es aquel que se celebra para la ejecución de labores ocasionales, transitorias o emergentes, debidamente precisadas, con independencia del tiempo que se requiera emplear en su realización, terminando al finalizar la obra o labor específica contratada. Además de los requisitos generales de todo contrato, el de obra deberá constar por escrito, precisar específicamente la obra o labor a desarrollar y fijar el salario.
Art. 48. Libro de registro. Todo empleador está obligado a tener un libro, registrado ante el Ministerio de la Protección Social, en el que consten todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar sobre la ejecución de las relaciones de trabajo y especialmente la fecha de ingreso y retiro, clase de contrato, variaciones, turnos, jornadas de trabajo, trabajo nocturno, trabajo extra y en dominicales y festivos, pagos por todo concepto, descuentos, oficios desempeñados, afiliaciones al sistema de seguridad, permisos sindicales, suspensiones del contrato, afiliación sindical, aplicación de beneficios extralegales, notificaciones sobre designación como directivo sindical o de la comisión de reclamos, sanciones y salarios. Este libro no estará sometido a reserva alguna.
Art. 49. Contratistas independientes. Son contratistas independientes y por tanto, verdaderos empleadores y no representantes ni intermediarios, las personas jurídicas o naturales que contraten la ejecución de una o varias obras, por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva. El beneficiario del trabajo o dueño de la obra, será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios, prestaciones, indemnizaciones y demás derechos de los trabajadores. Los derechos establecidos por convención colectiva de trabajo, laudo arbitral, reglamento de trabajo o costumbre para los trabajadores del beneficiario del trabajo o dueño de la obra, se extienden a los trabajadores del contratista. Igual tratamiento se le dará a los subcontratistas, aún en caso de que los contratistas no estén autorizados para contratar sus servicios.
El beneficiario del trabajo o dueño de la obra, exigirá del contratista la póliza de cumplimiento que cubra la totalidad de los salarios, prestaciones e indemnizaciones del personal contratado, los cuales serán exigibles por los trabajadores en caso de incumplimiento en su pago.
Art. 50. Contratación directa. El empleador contratará directamente a los trabajadores que requiera para la realización de las labores habituales en cuanto a su actividad económica, como también para reemplazar temporalmente al personal en vacaciones, permisos, licencias, compensatorios, calamidades domésticas, incapacidades, para casos de calamidad pública, fuerza mayor o caso fortuito o para labores ocasionales, transitorias o emergentes.
Por tanto, aunque se establezca lo contrario, se presume de derecho que los trabajadores están vinculados en forma directa.
Queda prohibido al empleador convenir con contratistas independientes, empresas asociativas de trabajo, cooperativas de trabajo asociado, empresas de servicios temporales y bolsas privadas de empleo, la realización de las labores habituales de la empresa, de manera que queda prohibida la intermediación laboral en cualquiera de sus formas.

Sección III.

Protección laboral a la maternidad y la familia.
Art. 51. Protección a la mujer. La mujer trabajadora gozará de todos los derechos garantizados en este estatuto, y no podrá ser objeto de discriminación en cuanto a la remuneración y demás condiciones de trabajo. Se exceptúan las normas dictadas específicamente y que establecen una diferenciación para protegerla en su vida familiar, su salud, su embarazo y su maternidad.
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