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FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO
PROYECTO DE TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO

“CALIDAD DE LAS SENTENCIAS DE HOMICIDIO SIMPLE Y LESIONES LEVES, EN EL EXPEDIENTE N° 01-2010-0-2001-JR-PE-04, EMITIDAS POR EL SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE PIURA”



AUTOR:

CARLOS ARTURO RODRÍGUEZ ZAPATA

arturocarlos90@hotmail.com

ASESORA:

DRA. AMALIA MAGDALENA GÓMEZ GUEVARA

amaliagomezguevara@hotmail.com

PIURA – PERÚ

2012

AGRADECIMIENTO

A Dios:


Por permitirme llegar hasta aquí y no dejarme vencer por los miles de obstáculos que se me presentaron y que se me presentarán.

El Autor.



DEDICATORIA

A mis Padres:

Por permitirme alcanzar una meta, el ser profesional, por su sacrificio incondicional, por ayudarme, protegerme y apoyarme siempre.

A Ti, esa Persona Especial:

Por permitirme conocerte, tenerte a mi lado, por apoyarme en mis caídas y miedos y poder crecer juntos.

El Autor.



CONTENIDO

CARÁTULA i
AGRADECIMIENTO ii
DEDICATORIA iii
CONTENIDO iv


I. PLANEAMIENTO DE LA TESIS ……………………………………… 5
1.1. Planteamiento del problema ………………………………………… 5
1.1.1. Caracterización del problema …………………………………….. 5
1.1.2. Enunciado del problema …………………………………………… 10
1.2. Objetivos de la investigación ………………………………………… 12
1.3. Justificación de la investigación …………………………………….. 13
II. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL ……………………………….. 15
2.1. Antecedentes …………………………………………………………. 15
2.2. Marco teórico …………………………………………………………. 15
2.2.1. Marco teórico general …………………………………………….... 15
2.2.2. Marco teórico específico …………………………………………… 59
2.3. Marco conceptual (Definición de términos) ………………………... 68
III. METODOLOGÍA ………………………………………………………... 70
3.1. Tipo y nivel de investigación …………………………………………. 70
3.2. Diseño de la investigación ……………………………………………. 70
3.3. Objeto de estudio ……………………………………………………… 70
3.4. Fuente de recolección de datos. (Unidad de análisis) ……………. 70
3.5. Procedimiento de recolección y plan de análisis ………………….. 70
3.6. Consideraciones éticas ……………………………………………….. 71
3.7. Rigor científico …………………………………………………………. 71


REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANEXOS

I

PLANEAMIENTO DE LA TESIS
1.1. Planteamiento del problema
1.1.1. Caracterización del problema

En el mundo occidental existen dos grandes sistemas jurídicos. Uno de ellos es el sistema romano-canónico (asimismo llamado europeo continental), caracterizado por su forma codificada y por la importancia acordada a las definiciones legales -usualmente expresadas en términos de preceptos abstractos y generales-, al método deductivo y a las construcciones jurídicas teórico-dogmáticas. Otro es el sistema de comon law (derecho común o consuetudinario), basado fundamentalmente en las decisiones y precedentes judiciales (o sea, en la jurisprudencia de los tribunales), cuyos rasgos principales son su espíritu casuístico y orientado a la resolución de casos concretos (case law) y, en los Estados Unidos, la supremacía de la Constitución. El sistema de justicia latinoamericano pertenece históricamente al primero de estos dos sistemas, aunque ha tenido importantes influencias del segundo, sobre todo de su variante estadounidense (modelo de Constitución y de organización judicial, control de la constitucionalidad de las leyes por las Cortes Supremas, recurso de hábeas corpus, jurado, etc.). (Rico & Salas, s.f.). 1

Ya en la década de los 80, la gran mayoría de los países latinoamericanos, después de haber estado sometidos durante períodos variables a regímenes autoritarios -generalmente militares-, han conocido un importante proceso de democratización. Asimismo se está dando en América Latina un proceso de modernización destinado a enfrentar los desafíos de los años 2000, en especial mediante la promoción de economías más dinámicas y competitivas.

En estos procesos de democratización y de reformas económicas, el Derecho y la administración de justicia son factores de suma importancia, por ser su función esencial la de garantizar la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y arbitrar los conflictos que puedan surgir, tanto entre estos como entre ellos y el Estado. (Rico & Salas, s.f.). 1

América Latina ha conocido en los últimos años un incremento considerable tanto de la criminalidad como de la inquietud manifestada ante ella por los ciudadanos. La incapacidad del sistema penal en aportar una respuesta satisfactoria a este fenómeno, junto con otras razones (en particular, su escasa adecuación a las realidades sociales contemporáneas), han llevado a una falta generalizada de confianza en el mismo, al recurso de mecanismos ajenos al aparato oficial de reacción contra el delito (por ejemplo, a los servicios privados de policía) e incluso a la organización armada de los ciudadanos. Esta situación, de no ser controlada por el Estado, puede contribuir al advenimiento y desarrollo de actitudes y políticas represivas y a la eventual deterioración de los progresos democráticos conseguidos últimamente. (Rico & Salas, s.f.). 1

La preponderancia del Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Como en el siglo pasado, son numerosos los enfrentamientos entre ambos poderes, de los que el primero suele salir vencedor. Durante la década de los 70, abundan los casos en que la independencia judicial es abolida formalmente (Panamá, Uruguay, Colombia), en que la jurisdicción de los tribunales ordinarios se transfiere a tribunales militares o especiales (Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Uruguay), en que las autoridades públicas no cooperan en la investigación de delitos cometidos por policías o militares (Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua) o en que incluso se destituye a todos o a gran número de magistrados de las Cortes Supremas (Argentina, Brasil, Cuba, El Salvador, Honduras, Panamá, Perú, República Dominicana).

Numerosos países latinoamericanos carecen de un sistema de estadísticas criminales; en otros, que lo poseen, los datos presentados no suelen ser fiables. Esta circunstancia impide que se tenga una visión completa y correcta de la criminalidad, de su evolución en el tiempo y de su distribución en las diversas zonas o ciudades del país. (Rico & Salas, s.f.). 1

Pese a estas deficiencias, los datos oficiales disponibles en algunos países que poseen un buen sistema de estadísticas criminales en el plano policial (por ejemplo, Argentina, Colombia, Costa Rica y Venezuela) indican en la última década un incremento constante de la criminalidad, en particular de sus formas más graves. En Costa Rica, el aumento de los delitos contra la persona fue del 133% entre 1981 y 1991, mientras que el incremento de los delitos contra la propiedad sólo representó un 11,5% durante el mismo período; en Venezuela, sin embargo, las tasas de la primera categoría han permanecido relativamente estables entre 1977 y 1990, en tanto que las de la segunda categoría se han duplicado; en Colombia, los índices de muertes violentas son siete veces mayores que los registrados en los Estados Unidos. (Rico & Salas, s.f.). 1

Las consecuencias suelen ser de diversa naturaleza: económicas (costos del mantenimiento de las fuerzas policiales, de los servicios de seguridad privada, de las medidas preventivas), personales (cambios -a veces importantes- de conducta con la finalidad de protegerse contra las actividades criminales) y políticas (mayor represión y autoritarismo del sistema, surgimiento de cuerpos para-policiales tipo "escuadrones de la muerte"). En algunas ciudades de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Guatemala, Perú y Venezuela se están dando en los últimos años numerosos y reiterados casos de lo que Amnistía Internacional denomina "crímenes sin castigo", es decir, ejecuciones extra-legales de personas (incluso de menores) supuestamente acusadas de delitos; se suele atribuir este tipo de hechos a los miembros de las fuerzas militares y de policía.

El sentimiento de inseguridad y de insatisfacción ante la delincuencia ordinaria se está ampliando en los últimos años a otros hechos delictivos de particular importancia, sobre todo a la corrupción pública. Para numerosos especialistas, la existencia y la amplitud de este fenómeno han constituido una de las principales causas del autogolpe del presidente Fujimori en Perú y de las tentativas de golpe en Venezuela, así como del procedimiento de destitución del presidente brasileño Collor de Mello, hechos todos ellos ocurridos en 1992. (Rico & Salas, s.f.). 1

La administración de justicia, tal y como lo muestra nuestra Constitución Política de 1993, emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerarquizados. Por tal motivo, el Poder Judicial es el único encargado con exclusividad de la función jurisdiccional, a excepción de la militar y la arbitral.

A su vez el Poder Judicial esta ordenado conforme a su Ley Orgánica y en dicho instrumento legal se señala que esta compuesto por un conjunto de órganos jurisdiccionales cuyo trabajo es administrar justicia en los asuntos que son de su competencia.

También es importante señalar que como institución, el Poder Judicial está muy desacreditado y los estudios sobre la administración de justicia indican que su inadecuado funcionamiento es un freno para el desarrollo económico, político y social del Perú.

Un documento del Banco Mundial (BM) señala que si mejorara el sistema judicial hasta un nivel similar al del promedio de la región, su riqueza se vería aumentada en un 50%. (Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, 2010). 2

Por ello es necesario trabajar en el desarrollo de un sistema de justicia integrado sobre la base de la autonomía de las instituciones que lo conforman, que sea accesible y confiable para el ciudadano. De otro modo tendremos desconfianza y cuestionamientos sobre las decisiones que dicha institución emane.

Una de los cuestionamientos que surge, a falta de una buena administración de justicia, es la delincuencia que gana terreno y crea en la sociedad un estado de miedo.

Lo que se pretende es analizar las normas legales mediante las cuales se sancionan a los responsables de los delitos y que se protejan los derechos de las personas.

Téngase en cuenta que el derecho a la vida es el primero de los derechos inherentes a la persona, en el sentido que constituye la conditio sine qua non del ejercicio de todos los demás derechos de la persona.

El derecho a la vida ha sido previsto en diversas declaraciones referentes a los derechos humanos. Entre ellas tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 3), La Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José (art. 4, 1er. párrafo), La Convención Europea de Derechos Humanos (art. 2, 1er. párrafo) y el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles (art. 6). (Hurtado, 1995). 3

El carácter primordial de este bien jurídico es reconocido, claramente, en cuando su garantía y protección son reguladas, en primer plano, en la Constitución y en las Declaraciones Internacionales ya mencionadas, así como son el objeto de las primeras disposiciones de la parte especial del Código Penal (Capitulo I y II del Titulo Primero del Libro Segundo). (Hurtado, 1995). 3

De todos los eventos delictivos, sin ser los más castigados por variadas y diversas razones de política criminal, los que suscita más intensa respuesta en el orden jurídico y social es el Homicidio y las lesiones. (Hurtado, 1995). 3

En los temas de los Delitos Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, los Juzgados Penales y las Salas Superiores y Supremas en lo Penal, son los órganos que toman las decisiones y que las plasman en las sentencias.

En esa realidad tenemos el Expediente Nº 01-2010-0-2001-JR-PE-04, tramitado en Primera instancia en el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Piura, que sentenció al acusado por el delito Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud en su modalidad de Homicidio Simple a seis años de pena privativa de la libertad y por el delito lesiones leves a un año de pena privativa de la libertad y al pago de una Reparación Civil de Quince Mil Nuevos Soles y Cuatrocientos Nuevos Soles, respectivamente. Así mismo al formularse Recurso de Apelación contra dicha sentencia, la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Piura, sentenció Revocar la primera sentencia por Homicidio Simple, Reformándola le impusieron ocho años de pena privativa de libertad.

De esa forma de conclusión en la cual se obtuvieron distintas sentencias, se puede pensar que es una sentencia más de las que pueden ser objeto de crítica o desconfianza por parte de la ciudadanía en las decisiones del Poder Judicial. Es por ello que nos planteamos la siguiente interrogante.



1.1.2. Enunciado del problema:

¿Las sentencias de Homicidio Simple y Lesiones Leves, emitidas en Primera Instancia por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal, y en Segunda Instancia por la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Piura, en el Expediente N° 01-2010-0-2001-JR-PE-04, se adecuan a los sustentos teóricos y normativos pertinentes?

Esta pregunta a su vez ha sido dividida en las siguientes sub preguntas o sub problemas de investigación, tal como sigue:

1.1.2.1. ¿En las sentencias en estudio se describen pertinentemente las circunstancias de ocurrencia de los delitos?

1.1.2.2. ¿En las sentencias en estudio, los fundamentos describen e individualizan, pertinentemente, el delito imputado al acusado?

1.1.2.3. ¿En las sentencias en estudio, los hechos que vinculan al acusado con el delito imputado, ya sea en grado de tentativa o consumación se fundan en la valoración conjunta de los medios probatorios?

1.1.2.4. ¿En las sentencias en estudio los fundamentos presentan, pertinentemente, la calificación de antijuricidad de los hechos?

1.1.2.5. ¿En las sentencias en estudio, los fundamentos presentan pertinentemente los criterios de determinación de la culpabilidad del acusado?

1.1.2.6. ¿En las sentencias en estudio, los fundamentos presentan pertinentemente, la calificación de la autoría del acusado con el delito imputado?

1.1.2.7. ¿En las sentencias en estudio, los fundamentos presentan, pertinentemente los hechos y circunstancias probadas y el criterio de valoración de las pruebas que lo sustentan?

1.1.2.8. ¿En las sentencias en estudio, los fundamentos sobre las declaraciones de los testigos o de las otras pruebas en que se funda la culpabilidad presentan criterios de valoración?

1.1.2.9. ¿En las sentencias en estudio, los fundamentos presentan pertinentemente, los criterios de determinación de la reparación civil, el monto de la misma, la persona que debe percibirla, y las obligados a satisfacerla?

1.1.2.10. ¿En las sentencias en estudio, la fundamentación de las normas aplicadas son coherentes con los criterios de motivación?

1.1.2.11. ¿En las sentencias en estudio, se evidencia que la pena impuesta se funda pertinentemente, en los criterios de determinación de la responsabilidad penal?

1.1.2.12. ¿En las sentencias en estudio, se evidencia pertinentemente la pena principal que debe sufrir el reo, la fecha en que ésta comienza a contarse, el día de su vencimiento, y las penas accesorias, que deberá cumplir de acuerdo al delito cometido?

1.1.2.13. ¿En las sentencias en estudio, (en el supuesto de pruebas indiciarias) han sido examinadas pertinentemente, de acuerdo a los criterios de: indicio de capacidad, indicio de oportunidad, e indicio de conducta posterior?

1.1.2.14. ¿En las sentencias en estudio, se evidencia la aplicación del Principio de Correlación entre acusación y sentencia?

Para responder al problema general y los problemas específicos se ha trazado un objetivo general y objetivos específicos, tal como sigue:



1.2. Objetivos de la investigación.

1.2.1. Objetivo general.

Analizar, si las sentencias de Homicidio Simple y Lesiones Leves, emitidas en Primera Instancia por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal, y en Segunda Instancia por la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Piura, en el Expediente N° 01-2010-0-2001-JR-PE-04, se adecuan a los sustentos teóricos y normativos pertinentes.




1.2.2. Objetivos específicos.


1.2.2.1. Analizar si, en las sentencias en estudio se describen pertinentemente las circunstancias de ocurrencia de los delitos.

1.2.2.2. Analizar si, en las sentencias en estudio, los fundamentos describen e individualizan, pertinentemente, el delito imputado al acusado.

1.2.2.3. Analizar si en las sentencias en estudio, los hechos que vinculan al acusado con el delito imputado, ya sea en grado de tentativa o consumación se fundan en la valoración conjunta de los medios probatorios.

1.2.2.4. Analizar si en las sentencias en estudio los fundamentos presentan, pertinentemente, la calificación de antijuricidad de los hechos.

1.2.2.5. Analizar si en las sentencias en estudio, los fundamentos presentan pertinentemente los criterios de determinación de la culpabilidad del acusado.

1.2.2.6. Analizar si en las sentencias en estudio, los fundamentos presentan pertinentemente, la calificación de la autoría del acusado con el delito imputado.

1.2.2.7. Analizar si en las sentencias en estudio, los fundamentos presentan, pertinentemente los hechos y circunstancias probadas y el criterio de valoración de las pruebas que lo sustentan.

1.2.2.8. Analizar si en las sentencias en estudio, los fundamentos sobre las declaraciones de los testigos o de las otras pruebas en que se funda la culpabilidad presentan criterios de valoración.

1.2.2.9. Analizar si en las sentencias en estudio, los fundamentos presentan pertinentemente, los criterios de determinación de la reparación civil, el monto de la misma, la persona que debe percibirla, y las obligados a satisfacerla.

1.2.2.10. Analizar si en las sentencias en estudio, la fundamentación de las normas aplicadas son coherentes con los criterios de motivación.

1.2.2.11. Analizar si en las sentencias en estudio, se evidencia que la pena impuesta se funda pertinentemente, en los criterios de determinación de la responsabilidad penal.

1.2.2.12. Analizar si en las sentencias en estudio, se evidencia pertinentemente la pena principal que debe sufrir el reo, la fecha en que ésta comienza a contarse, el día de su vencimiento, y las penas accesorias, que deberá cumplir de acuerdo al delito cometido.

1.2.2.13. Analizar si en las sentencias en estudio, (en el supuesto de pruebas indiciarias) han sido examinadas pertinentemente, de acuerdo a los criterios de: indicio de capacidad, indicio de oportunidad, e indicio de conducta posterior.

1.2.2.14. Analizar si en las sentencias en estudio, se evidencia la aplicación del Principio de Correlación entre acusación y sentencia.

1.3. Justificación de la investigación

Los innumerables problemas que la Administración de Justicia acarrea en la realidad peruana como falta de credibilidad y negación del voto de confianza, por parte de los usuarios de este servicio público; además de actos de corrupción y lentitud en el trámite de los procesos, hacen que se realicen ensayos e investigaciones sobre como poder superar dichos obstáculos y tener una justicia más acertada y que inspire confianza.

Por otro lado, el enfoque del tipo de investigación que desarrollaré será cualitativo, no se operacionalizará ninguna variable. El objeto de estudio, las sentencias, serán analizadas como un conjunto, como un todo complejo, como un producto final de un proceso judicial.

El nivel de la investigación metodológica será descriptivo, porque el propósito u objetivo que me he trazado es analizar el objeto de estudio, las sentencias, y con este análisis destacar sus particularidades, sus características y una vez que los haya identificado, compararlos con aquellas características que según los referentes teóricos y normativos deben de tener las sentencias. De tal forma que no explicaré porqué causas los jueces han sentenciado así; sino cómo es que han sentenciado, probablemente va a ser difícil diferenciar estas dos actividades: Describir y explicar.

Vale la pena hacer esta investigación, sobre los delitos contra la vida el cuerpo y la salud, en su modalidad de homicidio simple y lesiones leves, ya que en primer lugar el Derecho Penal es la materia más cuestionada en lo que es Administración de Justicia, en segundo lugar por que es la materia que genera mayor actividad del aparato Judicial y tercero por que los delitos que afectan la vida e integridad humana son de especial cuidado, teniendo en cuenta que la vida es la condición elemental para el desarrollo del ser humano, y como lo dijimos, es la condición con la cual no existiría el ejercicio de todos los demás derechos. Es importante darle la mayor protección y cuidado para que no sea vulnerada.Con esta finalidad de salvaguardar la vida de las personas, existe la obligación de los poderes públicos de respetar la vida de toda persona y, de otro lado, la obligación del Estado de protegerla frente a los ataques provenientes de terceros.

Esta situación es la razón que motiva a realizar la presente investigación, de modo que los resultados del estudio, serán de interés para los responsables de la administración de justicia, para así evitar en lo mínimo errores y negligencias; y para todo aquel que tenga alguna relación con el derecho y la justicia: Estudiantes y profesionales del derecho, autoridades y sociedad en general.



II

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

2.1. Antecedentes.

Ferri Enrico, (1894); 4 investigó: “El Crimen, el Criminal y la Criminalidad”. Cuyas conclusiones son las siguientes: (a) El homicidio es el crimen más grave que un ser humano puede perpetrar, es “un acto que repugna”…, que ofende a los ciudadanos y que lastima al cuerpo social. (b) El asesino, así como los demás crímenes, representa la última fase de un proceso causal, es decir, el consumado acto antisocial es el desenlace de la travesía que el hombre emprende desde el instante en que en él se despierta el deseo de cometer, luego de conceptualizar y finalmente de ejecutar el crimen. (c) El criminal “antes de todo debe encontrarse en condiciones normales diversas a las comunes, y debe haber hallado en el ambiente los estímulos y las condiciones necesarias” (d) Se reconoce que hay tantos procesos causales como criminales. Las múltiples causas se agrupan en dos clases: En la de “los factores individuales ó antropológicos” y en “los factores exteriores”, divididos a su vez, en “factores físicos ó del medio físico y en factores sociales”.


2.2. Marco teórico

2.2.1. Marco teórico general

2.2.1.1. El Derecho Penal y el ejercicio del ius puniendi. El Derecho Penal suele entenderse en dos sentidos diferenciados: objetivo y subjetivo. El Derecho objetivo equivale al conjunto de normas penales. Por su parte el Derecho subjetivo (también llamado ius puniendi, Derecho a castigar o ius imperium. Es una expresión latina utilizada para referirse a la facultad sancionadora del Estado.) es el derecho que corresponde al Estado a crear y aplicar el Derecho Penal objetivo. El derecho Penal subjetivo se refiere básicamente al objetivo (Mir, 2008). 5

2.2.1.2. La jurisdicción. Consiste, desde la perspectiva constitucional, en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, atribuyéndose de forma exclusiva a los Juzgados y Salas que la detentan en toda su plenitud. Esta exclusividad supone que la jurisdicción es indelegable a otros órganos y poderes; que queda residenciada en régimen de monopolio precisamente en los órganos jurisdiccionales como órganos del Estado; este modo, las Salas titulares de la potestad jurisdiccional, conocerán de toda clase de procesos que se susciten dentro del ámbito territorial del país (Rosas, 2009). 6

La jurisdicción penal, es el poder que otorga el Estado normativamente, a órganos propios, estructurados y organizados por Ley, (tales como los mencionados en el art. 16° del CPP) para conocer y solucionar conflictos sociales, que se dan entre agentes que de forma transitoria o permanente se encuentra bajo su soberanía y/o entre estos y el Estado, decisión que es respaldada por la fuerza pública, mediante medidas de seguridad y corrección penal.

En este contexto la jurisdicción expresada en este título nace de los poderes conferidos por la Constitución al Órgano Jurisdiccional y se plasma de forma concreta mediante los principios procesales constitucionales, tales como, el de unidad jurisdiccional, entendida como pilar de la organización y funcionamiento de la justicia penal, según, se aprecia del artículo 139° inciso 1 de nuestra Constitución (Cáceres & Iparraguirre, 2009). 7

2.2.1.3. La competencia. Es la suma de facultades que la ley le otorga al juzgador para ejercer la jurisdicción en determinado tipo de litigios o conflictos. El juzgador, por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, pero no la puede ejercer en cualquier tipo de litigio, sino sólo en aquellos para los que está facultado por ley; de ahí que se diga en los que es competente (Couture, 1958). 8

La Competencia constituye la limitación de la facultad general de administrar justicia y puede definirse, como el conjunto de procesos en que un tribunal puede ejercer, conforme a la ley, su jurisdicción o, desde otra perspectiva, la determinación del tribunal que viene obligado con exclusión de cualquier otro, a ejercer la potestad jurisdiccional en un concreto asunto.

Podemos decir que la jurisdicción es el género y la competencia es la especie. Se trata entonces, de una aplicación práctica del concepto de jurisdicción, en el sentido de que las reglas de la competencia indican la capacidad de un funcionario u órgano estatal para ejercer el poder de juzgar conflictos sociales o, en materia penal, la de aplicar penas.

En cuanto a la competencia objetiva, Moreno Catena, señala que “puede definirse como la distribución que hace el legislador entre distintos tipos de órganos que se integran en el orden penal para el enjuiciamiento en única o primera instancia de los hechos que procede”. Agrega que los parámetros utilizados son tres: de un lado se tiene presente si se inculpa como partícipes en los hechos delictivos a personas aforadas, cuyo enjuiciamiento se reserva a un determinado tribunal; de otro lado, se tiene en cuenta la clasificación de las infracciones en delitos y faltas; finalmente, respecto de los delitos, se toma en consideración el tipo de delito y la cuantía de las penas. De la conjunción de todos estos criterios aparece el tribunal objetivamente competente.

La competencia funcional por su parte, se refiere al trámite que se sigue en un proceso penal, el cual puede ser conocido, sucesiva o simultánea, por distintos órganos jurisdiccionales, lo que permite precisar la medida de la jurisdicción, en cada fase procesal, desde el inicio de proceso penal hasta la ejecución de la sentencia. Moreno Catena, sobre el particular nos dice que a lo largo de la tramitación de un proceso penal pueden conocer, sucesiva o simultáneamente, distintos órganos jurisdiccionales: las normas, sobre competencia funcional vienen a establecer con toda precisión los tribunales que han de intervenir en cada fase del procedimiento o en cada concreto acto procesal que se lleve a efecto: desde las primeras diligencias, pasando por la investigación de los hechos, por el acto del juicio, los recursos, las distintas cuestiones que a lo largo de todo el procedimiento puedan plantearse, hasta la total ejecución de la sentencia.

Por su parte la competencia territorial, es el conjunto de normas que distribuyen el conocimiento de los procesos penales en los casos en que exista multiplicidad de órganos jurisdiccionales de la misma categoría (Cáceres & Iparraguirre, 2009). 7



2.2.1.4. El proceso

2.2.1.4.1. Concepto. El proceso judicial es la secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente, con el objeto de resolver, mediante juicio de la autoridad, el conflicto sometido a su decisión. Donde cada acto en sí es una unidad.

La simple secuencia, no es proceso, sino procedimiento (Couture, 1958). 8



2.2.1.4.2. Funciones del proceso.

A. Interés individual e interés social en el proceso: El proceso, es necesariamente teleológica, porque sólo se explica por su fin. El proceso por el proceso no existe.

B. Función privada del proceso: El proceso surgió cuando el individuo fue despojado de la facultad de hacerse justicia por su mano, y cuando encontró en el proceso el instrumento idóneo, para obtener satisfacción de su interés legítimo mediante el acto denominado, sentencia proveniente de una autoridad.

La concepción sobre la naturaleza del proceso es, privada: El derecho sirve al individuo, y tiende a satisfacer sus aspiraciones. Si el individuo no tuviera seguridad de que existe en el orden del derecho un instrumento idóneo para darle razón cuando la tiene y hacerle justicia cuando le falta, su fe en el derecho habría desaparecido.

C. Función pública del proceso: Porque el proceso es un medio idóneo para asegurar la continuidad del derecho. El derecho se materializa, se realiza cada día en la sentencia.

Su fin social, proviene de la suma de los fines individuales (Couture, 1958). 8



2.2.1.5. El proceso como garantía constitucional. Las constituciones del siglo XX consideran, con muy escasas excepciones, que una proclamación programática de principios de derecho procesal es necesaria, en el conjunto de los derechos de la persona humana y de las garantías a que ella se hace acreedora (Couture, 1958). 8


2.2.1.6. Principios del Proceso Penal. Los principios fundamentales del Derecho penal son pautas generales sobre los cuales descansan las diversas instituciones del Derecho Penal Positivo. Asimismo la doctrina las propone como guía para la interpretación del conjunto de normas que integran el ordenamiento jurídico-penal. Estos principios tendrán que ser utilizados por aquellas personas que quieran aplicar sistemáticamente la legislación penal; se encuentran ubicados en el Título Preliminar del Código Penal (Consejo Nacional de la Magistratura, s.f.). 9

2.2.1.6.1. Principio de Legalidad. El principio de legalidad conocido bajo el axioma “nullum crimen, nulla poena sine lege” acuñado por el jurista alemán Paul Johann Anselm von Feuerbach, consiste en aquel mandato por el cual una persona no puede ser sancionada si es que su conducta desaprobada no se encuentra totalmente regulada en la ley.

Es por tal motivo que señala que nadie podrá ser sancionado o penado si es que su comportamiento no se encuentra constituido como un delito o falta en el ordenamiento jurídico al momento de su realización. (Art. II Título Preliminar del C.P. y art. 2º, inc. 24, literal d) de la Constitución Política del Perú).

El principio de legalidad se constituye como el más importante y principal límite frente al poder punitivo del Estado, pues éste sólo podrá aplicar la pena a las conductas que, de manera previa, se encuentren definidas como delito por la ley penal. De esta manera, el principio de legalidad puede percibirse como una limitación al poder punitivo del Estado y como una garantía, pues las personas sólo podrán verse afectadas en sus derechos fundamentales cuando sus conductas se encuentren prohibidas previamente por la ley (Consejo Nacional de la Magistratura, s.f.). 9

2.2.1.6.2. Principio de Presunción de Inocencia. La presunción de inocencia como derecho fundamental, consagrado constitucionalmente, representa, por excelencia, la máxima garantía procesal del imputado. Se trata de una presunción juris tantum o sea, tiene vigencia en tanto conserve su estado de inocencia mientras no se expida una resolución definitiva (Rosas, 2009). 6

La inocencia del imputado es considerada como un principio rector del proceso penal, de ineludible observancia por la autoridad judicial principalmente, y por aquellas otras autoridades encargadas de la persecución del delito. La persona imputada de infracción penal debe ser considerada como inocente en tanto en cuanto la autoridad judicial, dentro de un proceso penal, no establezca que es culpable mediante una sentencia o resolución.

La presunción de inocencia es la máxima garantía del imputado y uno de los pilares del proceso penal acusatorio, que permite a toda persona conservar un estado de no autor mientras no se expida una resolución judicial firme. La afirmación que toda persona es inocente mientras no se declare judicialmente su responsabilidad, es una de las más importantes conquistas de los últimos tiempos en materia procesal penal.

La presunción de inocencia significa, primero que nadie tiene que construir su inocencia; segundo, que solo una sentencia declarara esa culpabilidad jurídicamente construida, que implica la adquisición de un grado de certeza; tercero, que nadie puede ser tratado como culpable, mientras no exista esa declaración judicial y cuarto, que no puede haber ficciones de culpabilidad; la sentencia absolverá o condenará, no existe otra posibilidad (Cubas, 2006). 10


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