Encuadra el recurso de inconstitucionalidad en la causal del artículo 11 inciso 3º de la ley 2275



Descargar 9,69 Kb.
Fecha de conversión16.08.2017
Tamaño9,69 Kb.
En la Ciudad de San Juan, a veinticuatro días del mes de abril del año dos mil seis, reunidos los señores Miembros de la Sala Segunda de la Corte de Justicia, que entienden en esta causa, doctores Juan Carlos Caballero Vidal, Adolfo Caballero y José Abel Soria Vega, a fin de examinar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora, contra la sentencia dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, en fecha trece de abril dos mil cinco en autos Nº 7770 (69693) caratulados: “Cambio Santiago S.A. c/Provincia de San Juan-Sumario”.------------

--- EL SEÑOR MINISTRO DR. JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL DIJO:---------------------------------------------------

--- La parte actora deduce recurso extraordinario de inconstitucionalidad contra la sentencia dictada en fecha 13 de abril de 2005 por la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería.--------

--- Encuadra el recurso de inconstitucionalidad en la causal del artículo 11 inciso 3º de la ley 2275. Al respecto, dice que el resolutorio recurrido trasunta manifiesta arbitrariedad y apartamiento injustificado de las normas aplicables, lo que descalifica el fallo como derivación razonada del derecho vigente, conforme las circunstancias probadas en la causa.-----------------------

--- Relata el recurrente que el objeto de su demanda era que se fijara un plazo para el rescate de los CREFI que tenía en su poder. Que la sentencia de primera instancia rechazó la demanda y le impuso las costas. Que un mes después la Provincia dictó la ley 7558 que puso nuevamente en vigencia los CREFI y ordenó el rescate y canje por dinero en efectivo de los no-negociados. Que al expresar agravios hizo alusión a este hecho, diciendo: “se ha verificado un hecho que viene a dar razón y sustento a la pretensión deducida por mi parte, y a la vez como se señalará seguidamente a tornar abstracta la cuestión litigiosa”. Luego expresa que estas afirmaciones resultaron tergiversadas por el a quo, que sostuvo que el apelante había admitido carecer de interés en la cuestión.---------------------------------------------------

--- Se agravia de lo resuelto en dos puntos. En primer lugar, en cuanto a la referida tergiversación, señala que el a quo ha errado al interpretar que su alusión a que se declarara abstracta la cuestión conllevaba un desestimiento de la apelación. Dice que su parte pidió la admisión del recurso y que se declarara abstracta la cuestión debatida. Concluye que sostener que no había crítica cuando en realidad sí la había importa decidir la cuestión con irrazonabilidad, lo que se traduce en una clara arbitrariedad.--------------------------------

--- En segundo lugar, se agravia de que se haya mantenido la imposición de costas a su parte que propiciaba la sentencia de primera instancia. Sobre el particular, dice que no se han tratado los agravios que propuso, a saber “solicitud de imposición de costas a la demandada, en razón del derecho que asistía a la actora para litigar, solicitando la aplicación del art. 509 del Código Civil en la fijación del plazo para obligaciones que no lo tenían previsto originariamente”. También dice que no caben dudas de que la actora tuvo “razones fundadas para litigar”, máxime que el propio Estado dictó luego una ley solucionando el defecto de la falta de plazo.-------

--- Examinados los antecedentes del caso, opino que el recurso debe ser desestimado formalmente en esta etapa, dada su manifiesta improcedencia. La solución deriva del artículo 5 segundo párrafo de la ley 2.275 (texto según ley 6.846) y es conveniente adoptarla, para evitar un desgaste jurisdiccional innecesario y la irrogación de nuevas costas.------------------------------------------

--- Respecto del primer agravio (referido a que el a quo habría tergiversado las afirmaciones relativas a que se declarase abstracto el recurso de apelación), entiendo que resulta improcedente. Por empezar, la pretensión principal de la actora –según ella misma reconoció ante el a quo– estaba satisfecha. Por ende, el tribunal de ninguna manera podía expedirse sobre un agravio relativo a esa pretensión. Al respecto, cabe recordar que el juez no se encuentra emplazado como “tercero imparcial” dentro del mecanismo institucional, para dilucidar casos de gabinete promovidos por puro interés científico, y tampoco –consecuentemente– para emitir opiniones de naturaleza meramente académica que no concurran a dirimir efectivas colisiones de intereses o derechos que subsistan al momento del dictado de la sentencia de mérito (Peyrano, Jorge W, “La extinción del proceso por sustracción de materia” en El proceso atípico, Ed. Universidad Bs. As., 1983, pág. 131).-------------------------

--- En segundo lugar, y ya en la esfera del recurso extraordinario, el mismo reconocimiento de que la pretensión del recurrente estaba satisfecha quita sustento a su recurso de inconstitucionalidad. Ello, en tanto no resulta de las actuaciones que tenga interés como base del agravio. Tal interés podría haber subsistido, con carácter reflejo, si el a quo se hubiera apoyado en el rechazo del primer agravio para no tratar el otro agravio relativo a las costas. Pero ello no ha sucedido, ya que el tribunal se ha expedido concretamente sobre el particular. Por ende, y puesto que el citado interés es requisito necesario para el ejercicio de la pretensión recursiva, el hecho de no haber demostrado su existencia obsta a la admisibilidad y tratamiento del agravio (P.R.E. S. 1ª 2000-II-227).-----------------------------

--- En cuanto al agravio referido a las costas, no advierto la arbitrariedad invocada. En primer lugar, la alegada omisión de pronunciamiento no se ha producido, ya que en ningún momento la apelante se agravió de que no se hubiera aplicado el artículo 509 del Código Civil. En segundo lugar, también resulta inadmisible el agravio referente al sentido de la resolución. Al respecto, tiene dicho el Tribunal que la materia “costas” es inherente al arbitrio de los jueces de conocimiento e irrevisible en la instancia extraordinaria, salvo el caso extremo de arbitrariedad (P.R.E. S.1ª 1989-128; S.2ª 1990-II-41). En la especie, tal arbitrariedad extrema no se verifica, porque el fundamento que exponen las instancias de mérito (referido a que el plazo de vencimiento de los CREFI había concluido cuando se interpuso la demanda) implica suficiente sustento de lo decidido.-------------

--- Voto, en consecuencia, por desestimar el recurso de inconstitucionalidad.-----------------------------------

--- LOS SEÑORES MINISTROS DRES. ADOLFO CABALLERO Y JOSÉ ABEL SORIA VEGA, DIJERON:-------------------------------

--- Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.----------------------------------------

--- En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: I) Desestimar formalmente el recurso de inconstitucionalidad deducido. II) Devolver al recurrente la copia para traslado acompañada. III) Protocolícese, notifíquese y oportunamente archívense.- Fdo. Dres. Juan Carlos Caballero Vidal, Adolfo Caballero y José Abel Soria Vega.- Ante mí: Jorge Daniel de Oro-Secretario Letrado.-

NIL


Df-3565

P.R.E. S.2ª.-2006-II-219


La base de datos está protegida por derechos de autor ©absta.info 2016
enviar mensaje

    Página principal