El señor ministro dr



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En la Ciudad de San Juan, a veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil tres, reunidos los señores Miembros de la Sala Primera de la Corte de Justicia, que entienden en esta causa, doctores Carlos Eduardo Balaguer, José Abel Soria Vega y Angel Humberto Medina Palá, a fin de examinar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora, contra la sentencia dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, en fecha cuatro de noviembre de dos mil dos, en autos Nº16.662 (97.780), caratulados: “SINDICATURA EX BID COOP. LTDA. c/ IMETAL S.A. -EJECUTIVO”.----

--- EL SEÑOR MINISTRO DR. CARLOS EDUARDO BALAGUER, DIJO:------------------------------------------------------

--- De los antecedentes del caso surge que habiéndose fijado fecha de subasta para rematar el inmueble hipotecado por la actora, luego de publicarse edictos y ser notificada tal disposición, el Banco Nacional de Desarrollo solicita se suspenda la subasta, invocando a tal fin su carácter de acreedor hipotecario y el derecho de preferencia que por tal circunstancia tiene conferido por el art. 38 de la ley 22.232, de aplicación por remisión del art. 49 de la ley 19.063.--------------------------------

--- La oposición es rechazada por el juez de primera instancia tras lo cual el incidentista Banade articula la nulidad de la subasta alegando que la resolución anterior le impedía ejercer el derecho preferente de realizar la subasta. Sostuvo allí la nulidicente que el hecho de haber tomado conocimiento el 03/05/01de la existencia de una subasta a realizarse el 07/05/01 implicó que no había tiempo material ni siquiera para solicitar se fijara nueva base de subasta conforme autoriza el art. 555 C.P.C., refiriéndose también a otras irregularidades que, según la nulidicente, han llevado a que se obtuviera un escaso precio de venta sobre el cual aquélla tiene privilegio. Subsidiariamente, para el caso de no hacerse lugar a la nulidad, la incidentista solicitó que por aplicación del art. 3.196 del C.C. se citara al comprador en subasta para que exprese la opción por mantener la adjudicación, haciéndose cargo de la hipoteca constituída a favor del Banade o rescindir la compra.----------------------------

--- La sentencia impugnada rechaza los recursos de apelación interpuestos por el Banco Nacional de Desarrollo contra el decreto de fecha 14-05-01 (que no hace lugar a la oposición del apelante a la entrega de la posesión al adquirente en subasta) y los decretos de fecha 17-05-01 (uno que rechaza la nulidad de subasta y el otro que aprueba el remate).--------------------------------------

--- Respecto del primer decreto, se declara abstracto el tema propuesto. Respecto de la nulidad de subasta, el a quo funda su decisión en que el recurrente debió intentar revocar la denegatoria de la suspensión aunque considerara que tenía poco tiempo, toda vez que la articulación de los remedios pertinentes no aparece como inútil ya que despeja la idea de conformidad y sienta la oposición, y respecto al tiempo, cita el a quo el art. 33 inc. 3º ap. a) que prevé la decisión inmediata cuando la cuestión reviste carácter de urgente.-------------------------------

--- Agrega el sentenciante que este argumento del decreto de fecha 07-05-01 no es cuestionado, sino que insiste el Banco utilizando los mismos fundamentos para el pedido de nulidad de subasta que formula recién el 15-05-01, pero sin acudir a la vía recursiva. Respecto a la notificación efectuada, sostiene el a quo que si bien pudo ser irregular, según lo prescribe el art. 38 de la ley 22.232, logró su cometido, pues posibilitó poner en marcha todos los mecanismos que la ley pone a su disposición, incluso la opción de ejercer la preferencia, por lo que se hace inútil acordar un nuevo plazo de sesenta días.-----------

--- Concluye el a quo considerando que el perjuicio consistente en la dificultad de percibir el crédito hipotecario postergado hasta el cobro de las costas en el juicio en el que se produce el remate, no se presenta como un daño evitable por la nulidad de la subasta realizada, ya que habiéndose promovido también ejecución ante la Justicia Federal el crédito por expensas judiciales siempre ha de incidir sobre el precio que se obtenga por la venta del bien, con lo cual la nulidad no va a mejorar la situación del acreedor hipotecario.----------------------

--- El recurso de inconstitucionalidad es encuadrado por la recurrente en “los distintos supuestos” del art. 11 de la ley 2275, “pero principalmente el inc. 3º” por cuanto el fallo habría sido dictado en violación al derecho de defensa y no guardar las formas indispensables para la existencia misma del pronunciamiento.--------------------

--- Sostiene que no hay coherencia entre la parte resolutiva de la sentencia y los considerandos que le sirven de fundamento. Que ello es así por cuanto pese a reconocer que el art.38 de la ley 22.232 obliga a notificar por cédula al Presidente del Banco en el domicilio de su casa central, como así también reconocer que en el caso no se ha cumplido con tal directiva legal, luego convalida el trámite seguido en la causa en base a considerar que aunque irregular, la notificación practicada logró su cometido, y aquella irregularidad no trascendió ni llegó a producir perjuicios, y que al comparecer a juicio, el Banade debió expresar cuál es el beneficio que obtendría al ejercer la preferencia o cuál es el perjuicio que padecería de producirse la subasta en autos.-------------------

--- Añade la recurrente que la norma en cuestión no exige la expresión acerca de la existencia de beneficios o perjuicios, sino la mera expresión de voluntad, y que manifestada ésta automáticamente origina el derecho de preferente rematador sin necesidad de cumplimentar otros requisitos.------------------------------------------------

--- Agrega que es ilógico que se considere que el Banade debió apelar la resolución que denegó el derecho de preferencia y la suspensión de la subasta, cuando el art. 542 C.P.C. veda carácter suspensivo al recurso de apelación en el juicio ejecutivo, con lo cual, la única vía procesal útil era la nulidad de la subasta.--------------

--- Sigue la recurrente arguyendo que al encuadrar la cuestión planteada en el art. 154 del C.P.C., el a quo incurre en inequívoco apartamiento de la norma aplicable, cual es el art. 38 de la ley 22.232, y por ello la sentencia no es derivación razonada del derecho vigente; y que el desconocimiento del derecho de preferencia que reconoce el mentado art. 38 trae aparejadas disvaliosas consecuencias patrimoniales para el Banade, viéndose afectado de tal suerte su derecho de propiedad garantizado por los arts. 17 de la Constitución Nacional y 111 de la Provincial.-------------------------------------------

--- Reseñados así los antecedentes del caso, soy de opinión que el recurso deducido debe ser desestimado formalmente.---------------------------------------------------

--- Como ya se mencionara, el a quo parte de considerar que la renuncia voluntaria a la posibilidad de interponer recurso de apelación contra el decreto que rechazó la oposición al remate, lleva a concluir en que el Banade dejó consentido ese decreto. Por otro lado, en la sentencia impugnada, se considera que las deficiencias que pudieran haber habido en la notificación al Banade carecen de trascendencia, pues aún con esas deficiencias el representante del Banade tomó participación, y si bien manifestó allí la voluntad de este banco de ejercer el derecho de preferencia para subastar que le confería el art.38 de la ley 22.232, no expresó cuál es el beneficio que obtendría al ejercer dicha preferencia ni el perjuicio que le acarrearía la subasta ordenada en autos, ni de las demás circunstancias del caso aparece configurada la trascendencia que justificaría una declaración de nulidad.-----------------------------------------------------

--- En mi opinión, que el Banade no haya interpuesto recurso de apelación contra el decreto de fs.282 que rechazó su pedido de suspensión de subasta, implica, como ha sido considerado por las instancias de grado, consentir esa resolución judicial. Ello en principio ya obsta a la admisión formal del recurso deducido, pues constituye carga de quien ocurre ante este Tribunal Extraordinario interponiendo alguno de los recursos instituídos en la ley 2.275, haber intentado la reparación de las cuestiones que los motivan agotando los procedimientos y recursos hábiles para ello (art. 4º ley 2.275).---------------

--- Por otra parte, aunque el fundamento de la articulación de la nulidad consistiera en la violación del procedimiento establecido en la ley 22.232 en cuanto a la forma de notificar al Banade el auto que manda llevar adelante la ejecución de sentencia, ello no le exime a la incidentista de satisfacer los requisitos que exige el art. 178 del código ritual, en cuanto a que al momento de promover el incidente debe expresarse el perjuicio sufrido y el interés que procura subsanar con la pretensa declaración de nulidad. Es así que lo resuelto por los jueces de grado encuentra respaldo en aquella disposición, lo cual descarta la tacha de arbitrariedad invocada por la quejosa.----------------------------------------------

--- Tampoco resulta admisible la invocación de haberse violado el derecho de defensa de la recurrente, pues, como tiene dicho antes de ahora esta Corte, la garantía de la defensa en juicio que asegura la Constitución se traduce en la posibilidad de hacerse oír y probar los hechos que se invocan en un juicio, pero no puede ser entendida como la facultad de ejercitar arbitrariamente el derecho primordial que protege, pues, si así ocurriera, la seriedad y regularidad de los procedimientos judiciales, necesarias para el debido pronunciamiento de la justicia, veríanse entorpecidas e imposibilitadas completamente.-----

--- Por lo que llevo dicho, he de votar por la desestimación formal del recurso deducido.------------------------

--- LOS SEÑORES MINISTROS DRES. CARLOS EDUARDO BALAGUER, JOSE ABEL SORIA VEGA Y ANGEL HUMBERTO MEDINA PALA, DIJERON.-----------------------------------------------------

--- Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.-------------------------------------------- En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: I)Desestimar formalmente el recurso de inconstitucionalidad deducido. II)Devolver al recurrente la copia para traslado acompañada. III) Protocolícese, notifíquese y oportunamente archívense.- Fdo.: Dres.: Carlos Eduardo Balaguer, José Abel Soria Vega y Angel Humberto Medina Palá- Ante mi.: JORGE DE ORO- SECRETARIO LETRADO.-

MP

P.R.E. S1º-2003-I-63



DF-2966


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