El señor ministro dr. ÁNgel humberto medina palá, dijo: En la sentencia impugnada el Tribunal rechazó, con costas, la apelación de la parte actora



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En la Ciudad de San Juan, a catorce (14) días del mes de octubre del año dos mil nueve, reunidos los señores Miembros de la Sala Primera de la Corte de Justicia, que entienden en esta causa, doctores Ángel Humberto Medina Palá, José Abel Soria Vega y Adolfo Caballero, a fin de examinar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora, contra la sentencia dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, en fecha siete de abril del año dos mil nueve, en autos Nº 9521 - 104332 caratulados: “Gómez María Cristina c/ Provincia de San Juan - Amparo por mora”.----------------------------------------------------

--- EL SEÑOR MINISTRO DR. ÁNGEL HUMBERTO MEDINA PALÁ, DIJO:---------------------------------------------------

--- En la sentencia impugnada el Tribunal rechazó, con costas, la apelación de la parte actora. De esta manera, confirmó la sentencia de primera instancia que había declarado abstracto el amparo por mora, había impuesto las costas en el orden causado y regulado los honorarios del patrocinante de la actora, Dr. Federico de la Torre, en la suma de $ 450.------------------------------------

--- Los recurrentes dicen fundar el recurso en la hipótesis del artículo 1 de la ley 2275, alegando que está en juego la validez de normas legales y su contradicción con la Constitución Nacional y Provincial. Por otra parte, lo fundan en el inciso 2º del mismo artículo, señalando que la resolución atacada es contraria a la validez del derecho y garantías a favor de la actora. Finalmente, también invocan el inciso 3º, en tanto la resolución viola el derecho de defensa.-------------------

--- Los recurrentes se agravian, en primer lugar, de la imposición de costas en el orden causado. Dicen que en el amparo por mora su parte reclamó que la Administración se expidiera sobre un pedido oportunamente efectuado, de reposición en el cargo de supervisora. Que el reclamo fue resuelto fuera de los plazos legales y producto de la demanda de amparo por mora. Siguen diciendo que, sin embargo, el Tribunal a quo impuso las costas en el orden causado. Señalan que existe jurisprudencia conteste sobre el particular, incluso de esta Corte de Justicia, de la que resulta que la Administración debe cargar en tales casos con las costas, porque su demora provocó la promoción de la acción.----------------------

--- En segundo lugar, se agravian de la regulación de honorarios. Señalan que los $ 450 fijados no representan la labor profesional. Dicen que no es justo ni jurídico que se siga regulando el mismo monto que hace diez años.----------------------------------------------

--- Expuestos sucintamente los antecedentes del recurso, me aboco a examinar su admisibilidad formal. Adelanto que dicho examen conducirá a desestimarlo formalmente, por deficiente fundamentación y porque los agravios planteados remiten a cuestiones fácticas.---------------

--- Como digo, el recurso está deficientemente planteado. En primer lugar, hay que tener en cuenta que ha sido articulado conjuntamente por la parte actora y su abogado patrocinante, éste por derecho propio. Sin bien dicha modalidad es aceptable, entraña un defecto de fundamentación el que una y otro hayan omitido identificar y separar los agravios que a cada uno corresponden. En la formulación utilizada, ambos han planteado el agravio concerniente a las costas (respecto del cual el abogado carece de legitimación) y el referente a los honorarios regulados (en el cual se produce la situación inversa).-

--- Por otra parte, los recurrentes encuadran defectuosamente el recurso y además plantean confusamente sus causales. Como ya dije, lo fundan en la hipótesis del “artículo 1” de la ley 2275 y además en los incisos 2º y 3º del mismo artículo. Ello es incorrecto porque el artículo 11 y no el 1 es el que alberga las tres causales del recurso. Es cierto que posiblemente se trate de un error material, ya que la recurrente parece pretender encuadrar el recurso en los incisos 1º, 2º y 3º del artículo 11. Así, señala: a) que está en juego la validez de normas legales y su contradicción con la Constitución Nacional y Provincial; b) que la resolución atacada es contraria a la validez del derecho y garantías a favor de la actora; c) por último, que la resolución también viola el derecho de defensa. Ahora bien, dicha formulación también entrañaría un defecto de fundamentación, ya que la recurrente estaría formulando, simultáneamente y sin ninguna referencia a subsidiaridad, argumentos concernientes a los citados tres incisos.------------------

--- Sobre esta última cuestión, tiene dicho el Tribunal que la vía del inciso 3º del artículo 11 tiende a la nulidad de la sentencia, en tanto que las restantes propician la revocación de una sentencia que asumen como válida. (P.R.E. S.2ª.-2005-II-236; 2006-III-411). También ha dicho que: “La alternativa resulta excluyente, y la Corte no puede inferir por sí misma cuál es realmente el fundamento de derecho que sostiene al recurso” (1977-451; ídem: 1980-I-73; 1985-II-276). En otras palabras, la causal del inciso 3º del artículo 11 tiende a que se anule el fallo, mientras que las de los incisos 1º y 2º proponen un debate constitucional que supone un fallo válido. Sin perjuicio de ello, es perfectamente posible plantear en el mismo recurso argumentos que encuadren en las causales de los incisos 1º y 2º del artículo 11 junto con otros que encuadren en la causal del inciso 3º. Ahora bien, ello exige una formulación acorde con la disparidad y contradicción de ambos enfoques. Por empezar, es necesario plantear las causales por separado y con su correspondiente argumentación. Además, y aplicando el principio procesal de eventualidad, debe articularse en primer lugar la causal del inciso 3º y subsidiariamente las restantes. Como se ve, el recurso de la actora no se adecua a dicha formulación, ya que no identifica los argumentos correspondientes a cada causal y en todo caso plantea todas ellas conjuntamente y sin referencia a subsidiaridad. Este defecto, sumado al resto de los enumerados, es causal de desestimación del recurso.-----------------------------------------------------

--- En segundo lugar, como también adelanté, los agravios de la actora aluden a cuestiones fácticas, referentes a la condena en costas y al monto de los honorarios. En cuanto a lo primero, tiene dicho el Tribunal que la materia “costas” es inherente al arbitrio de los jueces de conocimiento, por lo que no es revisable en la instancia extraordinaria salvo el caso extremo de arbitrariedad (P.R.E. S.1ª.- 1989-I-128; S.2ª. 1990-II-41). En la especie la arbitrariedad no se verifica, pues –se compartan o no los argumentos del fallo– ellos implican suficiente sustento de la decisión adoptada. Lo mismo puede decirse del monto regulado. Tiene dicho ya esta Corte que en materia de regulación de honorarios son cuestiones de hecho las referentes a la base regulatoria y al mérito, apreciación e importancia de la labor profesional; razón por la cual son insusceptibles de revisión en la instancia extraordinaria (P.R.E. S.1ª 1991-I-112; 1988-III-96; 1985-158; etc.). Cabe aquí recordar que el recurso de inconstitucionalidad no tiene por función revisar la justicia de los fallos de los tribunales ordinarios, sino controlar su legalidad desde el punto de vista de la Constitución y de la ley (P.R.E. 1971-116; 1979-II-227) y, en consecuencia, la cuestión constitucional sometida a la instancia extraordinaria no puede referirse al criterio sustentado por el a quo para juzgar circunstancias fácticas.-------------------------

--- Por todo ello, voto por desestimar formalmente el recurso de inconstitucionalidad planteado.--------------

--- LOS SEÑORES MINISTROS DRES. JOSÉ ABEL SORIA VEGA Y ADOLFO CABALLERO, DIJERON:------------------------------

--- Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.------------------------------------------- En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: I) Desestimar formalmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto. II) Devolver al recurrente la copia para traslado acompañada. III) Protocolícese, notifíquese y oportunamente archívense.-

Df-4879 Si-///

///guen las firmas: Fdo. Dres.: Ángel Humberto Medina Palá, José Abel Soria Vega y Adolfo Caballero. Ante mí: Jorge Daniel de Oro, Secretario Letrado.-



E.B.T.

P.R.E. S.1ª 2009-II-391


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