El secreto profesional en la función notarial



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Artículo publicado en el Boletín Informativo Mensual de la Asociación de Notarios y Conservadores de Chile correspondiente al mes de Septiembre de 1995
El secreto profesional en la función notarial
IGNACIO VIDAL DOMINGUEZ
Notario Público de Talca

1. PALABRAS PRELIMINARES

Para quien se relaciona en forma lejana, e incluso para quien está medianamente cercano a aquello en qué consiste el desem­peño de la función notarial, resulta ser un poco extraño esto de hablar de la existencia del secreto profesional en la actividad de este ministro de fe.

No se divisa para aquéllos con claridad cómo pueden guardarse secretos en una ac­tividad que desde el nombre -notario pú­blico, notaría pública, registro público-, ya evidencia una señal de cosa pública.

Más que evocar, siquiera remotamente, la idea de secreto todo ello habla más preci­samente de lo contrario. De cosas que pueden llegar a ser de público conocimiento.

Menos se puede entender la existencia del secreto profesional en aquello que es quizás lo característico del actuar notarial: la escritura pública.

Se dice que el notario es un funcionario público, instituido por el Estado para recibir, redactar en su caso, transcribir y autenticar conforme a normas de derecho, todos los actos voluntarios que engendran obligacio­nes y derechos. Es, en otros términos, el artífice por excelencia de instrumentos cuya vida pública, o de publicidad o de conoci­miento por extraños, se inicia en su oficio y continúa a través de otros pasando de ma­no en mano en un interminable acabar. Si se sigue el curso habitual de una escritura pública es posible establecer que ella ingre­sa en oficinas como las de registro, (Con­servadores de Bienes Raíces, Comercio, Mi­nas, Registro Civil, etc.) e incluso en el Dia­rio Oficial de la República. En cada una de estas instancias es revisada, estudiada, copi­ada, extractada, publicada, pasando de esta forma su contenido y el nombre de quienes participan en ella de divulgación amplia.

Todo este camino involucra que lo secreto que ella pueda contener según sean los in­tereses de cada parte, pasa a ser conocido.

Como hemos dicho, no es fácil entender que el notario pueda también ser deposita­rio de secreto profesional en estos casos.

Pero ésta es una parte del punto, pues si bien el notario puede dar cuantas copias se le pidan de un instrumento público, y ser ellas la fuente del conocimiento ajeno a tra­vés del paso por los distintos tramos que hemos señalado, no puede, por propia vo­luntad, divulgar que en su oficio existen ta­les actos contractuales completando la di­vulgación con otros pormenores de ellos.

Quien desee buscar, averiguar, debe ir a los instrumentos apropiados a tal fin, como Índices, Repertorio, y ser él mismo quien descubra. Nunca por boca del notario.

Pero no es revelado el secreto solamente por las copias que emite el notario, o por la consulta a los Índices u otros libros al efecto, sino que muchas veces es el propio ministro de fe quien por imperio de la ley o los reglamentos debe comunicar de la existencia y contenido principal del contra­to a ciertas reparticiones que asumen el pa­pel de fiscalizadoras o contraloras de cier­tas estipulaciones que contienen las escri­turas. Así es como debe informar a orga­nismos como Impuestos Internos, Tesorería General de la República, Servicio Agrícola y Ganadero, etc.

Sin embargo, el notario es un profesional que en su actividad llega a ser depositario de secretos.

En el desempeño de su actividad profe­sional el Notario no solamente transcribe al registro de instrumentos las intenciones contractuales de las partes y que le son entregadas ya verbalmente, ya a través de las minutas redactadas por algún abogado. Ella es la parte de su actuar diario más conocida. Pero junto a ello, o al margen de una contratación, el notario es continuamen­te consultado por sus clientes, por los pro­pios abogados que se acercan a su oficio, y por otros funcionarios acerca de las dudas, importancia, trascendencia o implicancias que para sus intereses u organismos que re­presentan pueden tener determinadas cláu­sulas o compromisos insertos en el docu­mento a suscribir ante él. En la correspon­diente conversación o entrevista que se de­sarrolla deben entrar necesariamente a con­fiar al notario del por qué de sus aprensio­nes o dudas. Y, con seguridad, le harán sa­bedor y depositario de secretos que de no mediar la inquietud que los mueve no re­velarían jamás.

Aquí tenemos una primera demostración de que en lo notarial, y en lo que se pensa­ba como menos afecto a ello - la escritura­ - pueden haber secretos que se confíen y que se reciban.

Pero no solamente llega el notario a cono­cer hechos o circunstancias por confidencia recibida. Muchas veces el desarrollo de cualquier gestión le hace sabedor fortuita­mente o no, de cuestiones que de no haber tenido él en la ocasión la calidad de ser el profesional a cargo de la atención de dicho asunto de seguro no habría conocido.

Se impone de cosas que también son privadas o reservadas.

Todo lo señalado someramente lleva a concluir que en el desempeño de la función notarial el secreto existe y que tiene su ori­gen, como lo señalan diversos autores, en el protocolo y en lo extra protocolo.

Ahí radica la explicación de por qué en el caso del notario público es posible tam­bién encontrar y exigir la obligación de guar­dar el secreto profesional.

El desconocer al notario el privilegio de asilarse en el secreto profesional para no revelar aquellas confidencias de que en ra­zón de su cargo ha conocido importa mu­chas veces también el desconocimiento de cuál es la real dimensión de la función que desempeña y el ámbito en que desenvuelve su misión autenticadora y configuradora de instrumentos.

La obligación del notario para guardar secreto respecto de aquellas confidencias recibidas envuelve dos aspectos: el pura­mente moral y el jurídico.
II. FUNDAMENTO
El ejercicio de muchas actividades pro­fesionales implica necesariamente para quienes las desempeñan el tener que saber y conocer de parte de sus clientes algunos aspectos de su vida privada, pública o 'comercial, que asumen la calidad de íntimos y que por lo mismo nos les interesa que sean revelados o conocidos por terceros. Se ha­cen dichas confidencias por la sencilla ra­zón de que son imprescindibles para que el profesional pueda dimensionar el problema y responder en forma apropiada a la expec­tativa de solución que se le pide. La reso­lución del asunto a satisfacción del confi­dente requiere que éste revele intimidades que de otra forma no haría.

Al profesional le interesa conocer el as­pecto privado de la cuestión como una forma de imponer seriedad. responsabilidad y sol­vencia a su respuesta.

Y para que entre cliente y profesional exista la necesaria confianza que le permita a aquél explayarse libremente en sus con­sultas es condición que este último tenga la obligación ética y jurídica de ser celoso custodio de lo conocido en aquellas confi­dencias.

La obligación de guardar el secreto, di­ce Roque Pondal, «responde invariablemen­te al más agudo deber de lealtad para con quien deposita en nuestras manos su total confianza. Lo contrario es cometer el peca­do de infidencia, una apostasía y una trai­ción a la fe del pueblo».

Dicho de otro modo, obedece la obliga­ción de guardar secreto a razones más bien morales que jurídicas, pero que sin embar­go, para ser suficientemente protegida nece­sita el reconocimiento legislativo que lo es­tablezca formalmente e imponga sanciones al trasgresor.
III. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El tema del secreto en las profesiones ha tenido un tratamiento desde antiguo en las diferentes legislaciones.

Para muchos analistas del tema el secreto impuesto a determinadas actividades deviene de la época de los romanos. Por su­puesto, aplicado en términos generales pri­mero y luego en forma más específica a cier­tas profesiones.

Refiere J. B. Pondé que por esa época existían dos formas de explicar la existen­cia de este secreto profesional, la «conmi­so», en virtud de la cual la obligación de secreto se imponía debido a la existencia de una convención anterior a la confiden­cia, lo cual hacía convertir el acto de confidencia y recepción en una especie de pacto.

La otra forma era la «promiso», que al revés de lo antes señalado suponía que pri­mero se entregaba la confidencia y luego, inmediatamente de recibida nacía para el depositario, por el solo hecho de la confi­dencia, la obligación de no revelarla.

En el Corpus Juris del Derecho Roma­no, Digesto, (Ley 25 de Test. XXII, V) se hace referencia a la obligación de no propa­lar secretos respecto de abogados, procura­dores y escribanos.

En lo que se refiere a los notarios, las leyes Alfonsinas (año 1265) exigían explí­citamente a los escribanos de la época que fuesen leales, buenos y hombres de confian­za, «de guisa que los testamentos é las otras cosas que les fueren mandadas escreuir en poridad que las non descubran de ninguna manera» Ley 2á título 19 de la Partida Ter­cera.

«Lealtanca es una bondad que esta bien en todo ome e señaladamente en los escri­banos. Ca en ellos se fian también los seño­res como toda la gente del pueblo, todos los fechos e los pleytos, e las posturas que han de facer o a decir en juicio o fuera del» (Proemio de la citada partida).

«En ellos es puesta la guarda, e lealtad de las cartas... e en las posturas que los omes fazen entre si. E porende, lugar de tan gran guarda, e de tan gran lealtad como este». Partida III, título XIX, ley III, en consonan­cia con disposiciones recogidas en el Fuero Real y la Novísima recopilación (año 1805) Tomo II, libro IV, título XVIII, ley 1, y títu­lo XXI, ley III.

La obligación de guarda de secreto era tan valorada, protegida, y tan grave su vio­lación que según versión de Diodoro Secu­lo, los egipcios cortaban la lengua al infi­dente considerándolo como un prevaricador o falsario.

Los persas, dice Anniano Marcelino. condenaban con la pena de muerte a quie­nes incurrieran en estos casos. Del mismo modo lo hacían los romanos según Valerio Maximo.

Para Chaveau y Hélie, el profesional «co­mo el sacerdote, recibe en el ejercicio de su ministerio las confidencias de las partes, y debe considerar estas confidencias como un depósito inviolable. La confianza que sólo su profesión le atrae, sería una detestable emboscada si pudiera abusar de ella en per­juicio de sus clientes; el secreto es por tanto, la primera ley de su profesión; si la infrin­ge, prevarica.».

Para Merlín, «la discreción es una cuali­dad esencial en el profesional depositario de la confianza de sus clientes, y a menudo de sus más importantes secretos; traicionaría indignamente su ministerio si abusara de esa confianza.».

Arata, citado por Carlos Gattari en una de sus obras , dice que los tres deberes capi­tales del notario son la veracidad, la lealtad y la custodia del documento, siendo de este modo sus respectivas antítesis la falsedad, la violación del secreto profesional y la destrucción, violación u ocultamiento del documento público.

El mismo Gattari señala también que los delitos más cercanos al notario son aqué­llos contra la fe pública y la violación del secreto.


IV. ¿CUÁL ES EL SENTIDO DEL «SECRETO»?
San Agustín explica el alcance de la obligación de guardar secreto cuando seña­la que «Lo que sé por confesión lo sé me­nos que si jamás lo hubiera sabido».

Lo anterior ahorra cualquier comentario al respecto.


V. ASPECTOS QUE CUBRE EL SECRETO
Una cuestión que es necesario plantearse es la de determinar qué cosas, qué confi­dencias, cuáles hechos conocidos, son los que quedan cubiertos con la obligación de sigilo.

Para ello es indispensable hacer algunas apreciaciones sobre la forma como se de­sempeña la función notarial.

Falguera, citado por Sanahuja y Soler, según Carlos González, reconoce dos oríge­nes del sigilo notarial: lo que el notario sabe únicamente por revelación de uno de los contratantes, por ejemplo hechos y secretos de familia, y lo que consta en el mismo con­trato que autoriza el notario, o en otros an­teriores que se han tenido a la vista.

Aparecen así diferenciados dos temas ya más arriba enunciados: lo extraprotocolar y lo protocolar, que es, en líneas generales la división que hacen prácticamente todos los autores.

Es decir, aquello que el notario conoce por confidencia o por otras vías, y aquello que el notario ha conocido por estar asen­tado en el protocolo que contiene el acto o contrato.

Es indudable que la obligación de guarda del secreto es diferente en cada caso. Cuando el notario conoce de algo por revelación que le ha sido hecha, la obligación de guarda es absoluta y se dice que el sigilo es general e inviolable.

En cambio, respecto de aquello que el notario llega a conocer por estar asentado en el protocolo sólo tiene obligación de se­creto en cuanto a no hacer saber, por propia voluntad, a terceros que dicho documento y su contenido existen.

No llega esta prohibición hasta el extre­mo de que el notario pueda impedir que terceros lleguen a conocer el contenido de dicho documento, pues está en el protoco­lo y -al menos en nuestra legislación no­tarial- no está prohibida en términos ge­nerales la exhibición de los protocolos, ni de otros libros del notario, ni la dación de copias. Cuando la ley ha querido que no sea posible entregar en forma abierta cualquier información al respecto así lo ha señalado, como es el caso típico de los testamentos cerrados.

Queda, obviamente excluido lo que algu­nos llaman el secreto de los protocolos, pues mientras la ley no disponga privacidad de éstos, ellos tienen la calidad de instrumentos con posibilidad de ser conocidos por cual­quiera. La publicidad se las da el propio protocolo.

Por ello, respecto de los hechos que cons­tan en el registro el notario no tiene obliga­ción de guardar secreto.

De esta forma, las convenciones asenta­das en registros públicos no son privadas, menos aun cuando ellas están destinadas a ser registradas en otros registros públicos, como los de Conservador.

Lo que sí ocurre en que el secreto a este respecto consiste en que no se puede revelar lo que está en los registros públicos por pro­pia iniciativa o voluntad del notario.

En cuanto a las confidencias recibidas señala Manuel Pantigoso, que lo conocido por «confidencias, circunstancias y hechos que teniendo el carácter de privados o personales se le ha confiado para el ejercicio de su función notarial», no pueden ser reveladas por el notario. A este respecto exis­te obligación absoluta de reserva.

Pero la obligación de ser celoso custo­dio de la intimidad conocida es no tan sólo referida al hecho o hechos concretos en sí. Para la doctrina se extiende más allá y al­canza a cualquier aspecto relacionado al asunto.

La conclusión de porqué ello es lógica. Cuando al notario se le hace depositario de una confidencia a él se le entrega en forma puntual sólo el conocimiento de un deter­minado hecho o circunstancia y en cuanto el interesa al fin que se persigue. No le entrega el confidente explicaciones acerca de las variadas implicancias o repercusiones que para él puede tener la divulgación de lo confiado.

De ahí resulta que el profesional no esté en condiciones de poder dimensionar la cantidad de daño o perjuicio que se pueda hacer al divulgar aunque sea una ínfima porción de lo conocido. Ello implica, por lo mismo, exigencia de la mayor reserva y dis­creción.

Se concluye así que la obligación de guardar el secreto no puede quedar remitida en forma excluyente sólo a las expresiones verbales o confidencias que se reciben de un cliente, sino que además extenderse a todo aquello que esté relacionado con lo anterior, sea cual sea la forma que esa rela­ción asuma. Cualquier cosa que se deslice puede servir de elemento suficiente para despertar el conocimiento por otros de las intimidades personales, patrimoniales, familiares o comerciales del confidente.

Como puede verse no es fácil establecer qué aspectos de una confidencia o del conocimiento de un hecho pueden quedar comprendidos dentro del secreto profesio­nal. Ante ello, la obligación de sigilo, prudencia, debe ser extrema.


VI. CONCEPTO
Para el Diccionario de la Real Academia Española, Secreto Profesional es «el deber que tienen los miembros de ciertas profe­siones, como médicos, abogados, Notarios, etc. de no descubrir a terceros los hechos que han conocido en el ejercicio de su profesión. ».

Para Roque Pondal, «es la obligación moral y profesional de guardar reserva de cuanto conozcamos y nos fuere confiado en el ejercicio de nuestro ministerio; aquello que sabemos a título confidencial o de otra forma y que llega a nosotros «de visu, et auditus, suis sensibus».

Podría decirse, en términos generales, que consiste en no hacer público, o de conoci­miento de terceros, los hechos o circunstan­cias ajenas de las que se ha tomado cono­cimiento por el desempeño de la función no­tarial, por revelación de la parte, de terce­ros o por la propia actuación del notario.

Literalmente hablando, todo asunto que llega a nuestro conocimiento en ejercicio de nuestras funciones profesionales debe ser considerado siempre como confidencial y reservado. Cualquier indiscreción puede sig­nificar un daño, tanto más si la falta de si­gilo fuere intencionada o maliciosa. Más arriba hemos señalado porqué.

La prudencia y la reserva hacen el estilo de toda actividad profesional, dignifican la función y prestigian al funcionario otorgán­dole una solvencia moral indiscutida.
VII. EL SECRETO PROFESIONAL ANTE LA DOCTRINA

Como es lo propio ante todas las cues­tiones importantes en la vida de relación en­tre los hombres, el Secreto Profesional no ha escapado al análisis teórico que han he­cho los pensadores.

Sucintamente diremos que en este aspecto las corrientes doctrinarias se han agrupado en dos concepciones.

Para un sector el Secreto Profesional responde sencillamente a un deber que nace en el momento mismo de convertirnos en depositarios de las confidencias de un clien­te, y nos vincula directamente a él, obligán­donos a custodiar celosamente sus secretos, sin revelarlos a nadie.

Para este grupo existe, atendida la calidad del prestador del servicio profesional y la confidencia subsecuente de parte del cliente, una especie de contrato tácito. No es nece­sario que el confidente previamente advierta al profesional que lo que va a confiar debe quedar protegido por la obligación de guar­da. El solo hecho de desempeñar la función o ejercer la actividad profesional ya es su­ficiente garantía de que así ocurrirá.

Dentro de este sector existe una variante en la que el contrato asume en cierto modo la forma de un depósito, de una locación de servicios, debiendo el profesional, en caso de violación, asumir las responsabilidades inherentes al depositario.

Otro grupo doctrinario postula que la confidencia y el deber de secreto asumen la forma de un contrato innominado, cuyas características propias son que el vínculo empieza y termina en el cliente. A nadie más que a él interesa la custodia de lo confiado. No existe otro interés comprometido más que el propio.

Esta postura tiene importancia al momen­to de discutir si es posible relevar al pro­fesional de la obligación de guarda. Para quienes así opinan, siendo el confidente titu­lar del único derecho protegido, es obvio que éste puede autorizar al profesional re­ceptor para su divulgación. Nadie más que él puede vislumbrar los efectos, perjudicia­les o no, que pueda tener su conocimiento por terceros.

La segunda corriente en este campo de­sarrolla su tesis en un área bastante más am­plia. Así, dice que si bien es cierto que el derecho a obtener el sigilo o privacidad inte­resa en primer lugar a quien afecta, existe además otro interés comprometido de ma­yor consideración. Aquí, se dice, están com­prometidos no sólo el interés particular, si­no además y por sobre éste, el interés social.

El secreto confiado, para este sector, asu­me la característica de un bien común y la no revelación de él es una obligación de or­den natural impuesta por el bien general.

Se dice que la investidura o calidad que tiene el profesional lo obliga no tan sólo a su cliente, sino también con la comunidad y en idéntico grado a la corporación a que pertenece.

Desde este punto de vista la violación al secreto profesional va más allá del estricto campo del derecho privado puesto que se compromete el orden público, escapándose de la esfera de dominio del confidente.

Siendo la obligación de guarda un bien superior porque asegura a todos de todo, se dice que es precisamente en este aspecto en donde reside la solidez de la institución. Por esta razón si el confidente decide rele­var al profesional de la obligación de guarda del secreto no debe éste en forma apresura­da acatar esta decisión y divulgar aquello que sabía. Deberá ponderar cuál es el inte­rés superior comprometido, y además, con­siderar el daño que pudiera hacerse a terce­ros comprometidos en el secreto entregado.

Este sector doctrinario en una posición quizás extrema postula que lo anterior debe representárselo el profesional aun cuando sea requerido por la justicia, de tal manera que nadie ni nada pueda quebrantar su her­metismo.

De acuerdo a los criterios anteriores ya no sólo existe el interés particular compro­metido y en que el dueño absoluto del secreto es la parte confidente, pues media también una cuestión de ética profesional que lo sobrepone.

La posición en comento, que es la que sustenta la doctrina francesa y a la que en Argentina sigue J. B. Pondé, conjuga el do­ble aspecto jurídico del deber y del derecho.

Así, dice que frente al arraigado funda­mento que ampara el interés particular, co­locándonos un «deber» de lealtad hacia él mismo, juega con no menos ponderable gravitación el correlativo «derecho» que asiste a los profesionales a mantener incó­lume el problema ético que estudiamos.

En apoyo de esta tesis, cita Roque Pon­dal un fallo francés de 1827 cuando por vía de casación se modificó un fallo de la Cá­mara de Montpellier y se absolvió a un nota­rio condenado por negarse a declarar sobre hechos acontecidos en su bufete. La tesis del tribunal de casación fue: «El notario a quien en esa calidad han sido confiados he­chos en el secreto de su estudio, no está obligado a declarar en justicia, aunque las partes lo liberen de guardar el secreto».

Se cita también otro caso en que un tribu­nal de Niort, en 1844 declara que «el aboga­do está obligado siempre a guardar un secre­to inviolable acerca de todo lo que conozca por ese título. Esta obligación es absoluta, es de orden público, y por ello no puede co­rresponder a nadie el derecho a liberarlo de ella. El abogado no tiene en su declaración más regla que su conciencia, y debe abste­nerse de todas las respuestas que ella le prohíbe.».

Otro fallo de la Cámara de Burdeos, junio de 1926 señala que «El secreto profesional constituye para los notarios, que son llama­dos por su ministerio a ser los consejeros de las partes, un deber inherente a la profe­sión, y debe ser observado todas las veces que les hayan sido hechas comunicaciones con motivo de un documento que entre den­tro de sus atribuciones. Especialmente un notario puede considerarse con derecho liga­do por el secreto profesional respecto a las conversaciones previas que han tenido lu­gar en su estudio, con relación a las con­venciones de una escritura de sociedades otorgadas ante él».

Para Clément, citado por Carlos E. González, «la circunstancia de que el Esta­do le acuerde una función pública y le asig­ne el depósito y custodia de instrumentos que hacen a la ordenación social, que le fa­culta para dar fe y autenticidad a cuanto acontece en su presencia, teniéndolo por indudable e inmutable en tanto no se pruebe la falsedad, todo eso nos lleva a convenir que el secreto profesional del escribano es­capa a la polémica doctrinaria y al superar­la, se hace institución de orden público.».

Por su parte, Sanahuja y Soler, también citado por Carlos E. González, señala que «aunque se haya pretendido que el secreto profesional de los notarios tiene una base contractual asimilable a la de un depósito o contrato innominado, lo cierto es que prepondera, lo mismo que en doctrina en la jurisprudencia, la especie de atribuirle un fundamento de orden público, puesto que si la existencia del Notariado de lo cual de­pende la seguridad de las transacciones es de interés público de primer orden, las re­glas del secreto notarial son del mismo gra­do de orden público o institucional.».


VIII. SECRETO ABSOLUTO Y SECRETO RELATIVO
Para Pondé, Roque Pondal y la doctrina en general es necesario distinguir en mate­ria notarial entre secretos relativos y abso­lutos.

Según refiere Pondal, en el primer caso, se debiera agrupar a todos los actos jurídi­cos que por mandato legal deben ser inscri­tos en cualquier registro público. Pertenecen a esta clase las escrituras públicas, los Índi­ces, los protocolos, el repertorio, etc.

Ya hemos señalado en otra parte de este trabajo que teniendo el protocolo notarial un carácter de abierto a todo público para con­sulta o información, no puede hablarse acá de un secreto absoluto. Además, se ha di­cho, las más de las veces las copias o testimonios de lo que se encuentra asenta­do en los protocolos debe pasar por manos de otras instancias ya sea para su registra­ción (Registros de Conservador o Registro civil, etc.) o toma de conocimiento, (Diario Oficial) o fiscalización (Servicio de Impues­tos Internos, Servicio Agrícola y ganadero, etc.).

De esta forma quedan comprendidos den­tro del secreto relativo aquellos actos o contratos contenidos en los protocolos y los cuales el notario no puede negarse a revelar cuando alguien solicite el testimonio res­pectivo.

La revelación puede tener su origen en la ley, (la obligación de dar copia), o por el requerimiento judicial, (citación a depo­ner en la causa).

En cambio, pertenecen a la categoría en que hay obligación de secreto absoluto aquellas cosas de las que el notario tome conocimiento extraprotocolo y que no están asentadas en él.

Así ocurre, por ejemplo en el caso del otorgamiento de las escrituras públicas, o más bien, respecto de los contratos que ellas contienen. En este caso si bien el acto o contrato goza del secreto relativo al estar inserto en el protocolo, ocurre que durante la etapa de su gestación se han hecho al notario, así como al abogado que interviene por alguna de las partes, consultas o reque­rimientos específicos en torno al contenido, alcance o pretensión de los contratantes. Y estos temas, con carácter como se dice ex­traprotocolo, están amparados por el secre­to absoluto.

Esto forma parte de la segunda fuente del secreto notarial, la Consulta, según veremos más adelante.

De lo dicho fluye que en el caso de las escrituras públicas se presenta la dualidad de situaciones. Se da el secreto relativo y el secreto absoluto.

IX. EXTENSIÓN DEL SECRETO PROFESIONAL


Prunell, citado por Carlos E. González dice que «no está debidamente aclarada la extensión y fijación de lo que debe entender­se por secreto profesional en el notario.».

Para él, el secreto profesional en este ca­so consiste en no publicar los móviles y fi­nes que fueron causa de un acto o contrato y de los que fue enterado el notario por los otorgantes y que supo como consecuencia del ejercicio de su profesión.

Prunell excluye en forma expresa al llamado secreto de los protocolos. Para él éste no existe.

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