El Poder Judicial en el Estado de Zacatecas



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El Poder Judicial en el Estado de Zacatecas

MC Juan Manuel Rodríguez Valadez



El Poder Judicial

en el Estado de Zacatecas


Por: M en C. Juan Manuel Rodríguez Valadez

Profesor-investigador del Centro de Investigaciones

Jurídicas; núcleo de Investigadores "Diódoro Batalla"

Universidad Autónoma de Zacatecas

Introducción
Capítulo I:

El Poder judicial en las

constituciones de México

del siglo XIX


1.1. Judicatura y primera teoría mexicana

de los Derechos del Hombre


1.2. La Constitución de Cádiz
1.3. La Constitución de Apatzingán de 1814
1.4. La Constitución de 1824
1.5. El constitucionalismo centralista
1.5.1. Las siete leyes constitucionales

1.5.2. La Constitución de 1843

1.5.3. Acta Constitutiva y de reformas de 1847
1.6. La Constitución de 1857

Capítulo II:

Evolución de la judicatura zacatecana
2.1. El Poder Judicial del Estado de Zacatecas
2.1.1. El Poder Judicial y la Constitución

Política del Estado Libre y Federado

de Zacatecas de 1825
2.1.2. Constitución Política del Estado

Libre de Zacatecas de 1832


2.1.3. Constitución Política del Estado

de Zacatecas de 1857


2.1.4. Constitución Política del Estado

de Zacatecas de 1869


2.1.5. Constitución Política del

Estado de Zacatecas de 1910


2.2. Reglamentación del Poder Judicial:

1824-1862 en el Estado de Zacatecas


2.2.1. Decreto para los Tratamientos del Tribunal

de Justicia y Tribunal de Minería


2.2.2. Reglamento para los Tribunales

del Estado de Zacatecas


2.2.3. Decreto para el Arreglo y Organización

del Supremo Tribunal de Justicia y

juzgados de Primera Instancia en el

Departamento


2.2.4. Decreto para reformar la Ley Penal y

de Procedimientos contra ladrones


2.2.5. Ley Orgánica y de Procedimientos

para la Administración de Justicia


2.2.6. Decreto sobre las faltas

de los Jueces de Letras


2.2.7. Proyecto de ley sobre Reglamento

del Supremo Tribunal de Justicia

Para: Lic. Irene Ramos Dávila

Por el gran cariño, respeto y deuda académica que le tengo



Introducción:
El presente trabajo tiene por objeto analizar la organización, estructura y facultades del Poder Judicial en el Estado de Zacatecas en el siglo XIX y XX; por tanto, se detallarán al conjunto de normas jurídico fundamentales locales, desde la primera en 1825 hasta la de 1869, con énfasis especial al órgano jurisdiccional.
El estudio en las constituciones locales, en éste período, obedece a la relación entre norma fundamental y leyes orgánicas que se promulgaron; el análisis nos revelará la manera y formas de administrar la justicia en el Zacatecas de esa época; amén de ubicar la organización territorial y por ende jurisdiccional de los diversos órganos judiciales.
El análisis manifiesta interés, por que se inserta en la transición del surgimiento como país independiente y, en los proyectos, pugnas y contradicciones de los grupos hegemónicos del México fluctuante en la determinación del destino nacional, y como expresión de esas pugnas, las manifestaciones jurídicas de organización judicial; por ello, haremos un breve recorrido por las constituciones federales para ubicar al Poder Judicial. La normatividad zacatecana, no podrá evadirse de éstas.
Efectivamente, las leyes y reglamentos analizados, reflejan los cambios suscitados en las confrontación entre liberales y conservadores; Federalismo y Centralismo; Estados y Departamentos.
Pormenorizadamente se estudiaran:


1).-

El Poder Judicial y la Constitución Política del Estado

Libre y Federado de Zacatecas de 1825.

2).-

Constitución Política del Estado Libre de Zacatecas de 1832

3).-

Constitución Política del Estado de Zacatecas de 1857

4).-

Constitución Política del Estado de Zacatecas de 1869

5).-

Constitución Política del Estado de Zacatecas de 1910

6).-

Decreto para los tratamientos del Tribunal de Justicia y Tribunal de Minería; de 9 de junio de 1824.

7).-

Reglamento para los Tribunales de Justicia del Estado de Zacatecas; de 1825.

8).-

Decreto para el Arreglo y Organización del Supremo Tribunal de Justicia; del 2 de julio de 1846.

9).-

Decreto para reformar la Ley Penal y de Procedimientos contra Ladrones, de 4 de febrero de 1851.

10).-

Ley orgánica y de procedimientos para la administración de justicia del estado de Zacatecas, de fecha junio 19 de 1856.

11).-

Proyecto de ley sobre Reglamento del Supremo Tribunal de Justicia, de 1º de febrero de 1862.

12).-

Decreto sobre las faltas de los Jueces de Letras, de 16 de mayo de 1858.

Capítulo I:

El Poder judicial en las

constituciones de México

del siglo XIX

1.1. Judicatura y primera teoría mexicana



de los Derechos del Hombre
Al hablar del Poder Judicial, desde luego hacemos referencia a la judicatura, como:
"(...) el conjunto de los titulares profesionales y permanentes de la función jurisdiccional, aún cuando no reciban expresamente la denominación de jueces, y especialmente referida a su organización y funcionamiento".1
Una de las teorías que influirán en la administración de la justicia, será sin duda, la primera teoría mexicana de los derechos del hombre, nos referimos desde luego, a las propuestas realizadas por don Francisco Severo Maldonado.2 Fundó el Periódico El Despertador Americano y publicó Contratos de Asociación para la República de los Estados Unidos del Anáhuac.
Para nuestro tratadista, las legislaciones no tienen otro objeto que hacer la felicidad de los pueblos; el problema fundamental, es hallar la forma de asociación en que toda la masa de un pueblo, por numeroso que sea y por más vasto territorio que ocupe, pueda desarrollarse, completa, gradual y progresivamente, para concurrir a la formación de todas y cada una de las leyes y corregir las aberraciones del poder legislativo, origen de todas las aberraciones de los otros.3
Resolver ese problema, era para Maldonado, la base para encontrar la palanca que permitiera establecer un gobierno digno de seres inteligentes y libres, y además la única que está en la más perfecta y admirable consonancia con el inconcluso dogma de la soberanía nacional. La forma de Gobierno que propone, es eminentemente republicana, pues en ella se ve el despotismo universal descubierto, perseguido y exterminado en todas sus fuentes y ramificaciones.
Así, en el periódico El Fanal publicó el Contrato de Asociación para la República de los Estados Unidos del Anáhuac, con su proyecto de Constitución Política de la República Mexicana y el nuevo Pacto Social propuesto a la nación española.
En ese proyecto de Constitución, cuyo libro I se titulaba de Las bases de la regeneración social o resolución de los problemas, plantea lo siguiente:
I. Poner un término al Estado de confusión y desorden en que hasta hoy se ha hallado la masa de la población nacional y que tanto ha contribuido a facilitar su servidumbre, reduciéndola por medio de una clasificación político-militar al Estado de un cuerpo político y regular en todos sus movimientos.
II. Preparar por medio de esta clasificación político-militar de toda la nación en masa, el germen y desarrollo de la mayor cantidad posible de fuerza armada contra todos los enemigos internos y externos de la Asociación.
III. Afianzar por medio de esta misma clasificación político-militar, el establecimiento del orden en todos los ramos de la prosperidad social, y facilitar la marcha de la administración general en todas sus rutas.
IV. Allanar las dificultades de opinión que se oponen a esta circunscripción militar de toda la nación en masa.
V. Combinar el indispensablemente aprendizaje militar de los conscriptos, sin perjudicar a las labores de sus respectivos oficios y profesiones.
VI. Preparar un acopio considerable de armas de toda especie, de manera que sin pensar el costo de su compra sobre el gobierno no sobre la clase numerosa de los ciudadanos indigentes, sirvan a beneficio de sus propietarios, y estén al mismo tiempo a disposición de la nación para cualquier caso de ataque o defensa contra sus enemigos internos o externos.
VII. Popularizar la teoría del pacto social, de manera que hasta los ciudadanos más rudos e ignorantes de las ínfimas clases sociales, se penetren perfectamente bien de los principios de la justicia y conveniencia de su estipulación.4
Como puede advertirse, el plan de organización y funcionamiento del gobierno planteado por Maldonado, tiene como elemento fundamental el reconocimiento a los derechos naturales del hombre, así como la determinación de su naturaleza propia y de su inserción en el pacto social, de tal manera que su protección y defensa sea la misión primera y esencial del pacto, y por tanto de las instituciones sociales. Aún más, todo Congreso emanado del pueblo tendría como primera obligación, velar y conservar los derechos naturales de todos y cada uno de los ciudadanos.
Para nuestro autor, existía un orden social y político natural, creado directamente por Dios y regido por leyes naturales, es decir, relaciones eternas y constantes, necesarias e invariables, establecidas por el autor del mundo, entre la naturaleza y las propiedades de todos los objetos creados para satisfacerlas. De esta manera, el hombre por su propia naturaleza y plan divino, goza de una serie de derechos naturales que le son intrínsecos o inmanentes: debe disfrutar de la más amplia y expedita libertad de hacer todo aquello que no agreda intereses de terceros; enfáticamente aseveraba: Todo hombre asimismo es libre y está excento de cualquier género de violencia, sin que ningún individuo más fuerte o algún agente de la autoridad tenga justicia para inferirle jamás fuerza sobre su persona o sus bienes. Por último, todos los hombres tienen, también por naturaleza, derecho a disponer de su persona así como de sus bienes, fruto de su trabajo.
Libertad, igualdad, propiedad y seguridad, son los derechos que dios le ha dado a los hombres; por tanto, es indispensable que el hombre viva en sociedad. Para lo cual se hacía indispensable encontrar el lazo social de unión entre los hombres; allí se da cita el fantasma de Rousseau con su teoría del Pacto Social.
Sin embargo, para Fernando Severo Maldonado, el pacto social tiene un enfoque peculiar, en principio no es una ficción como en su autor original, sino una realidad material y objetiva, donde la Asociación (Pacto) que proponía debía signarse por todos y cada uno de los mexicanos desde la edad de 16 años, bastando acercarse al párroco de su comunidad y solicitarle formar parte de la Asociación de los Mexicanos para así garantizarse el goce de sus derechos naturales que de manera bondadosa y paternal le entregó Dios al nacer. Cada uno de nosotros pone en común su persona y todas sus facultades, bajo la suprema dirección de la facultad general, y nosotros, en cuerpo, recibimos a cada miembro como una parte indivisible del todo.
La teoría de los Derechos del Hombre de Fernando Severo, se fincó sobre la concepción del derecho natural, y en especial vinculación con una forma de contrato social y político, que es eminentemente liberal-individualista, dado que el fin fundamental de dicho pacto reside en favorecer el goce y disfrute de los derechos naturales.
En su trabajo: Origen de la corrupción de las sociedades y medios de repararla, Maldonado fiel a las ideas de la ilustración que predominan su ideario, pese a las diferencias sustentadas en acato a su formación católica, decía:
“(...) los primeros hombres. errantes en los bosques y en las orillas de los ríos empleados en la caza y en la pesca, rodeados de enemigos, atormentados por el hambre y los reptiles y acosados por bestias feroces, debiendo sentir su debilidad individual y movidos de una necesidad común de seguridad y un sentimiento recíproco de los mismos males reunieron sus medios y sus fuerzas; y cuando uno corrió peligro muchos lo ayudaron (...) el amor de sí mismo fue el principio de la sociedad. Sin embargo, la ignorancia y la codicia generó las luchas entre los hombres: si bien los hombres pudieron desenvolver sus facultades y vivir en común con sus semejantes, se entregaron bien pronto a los deseos más desenfrenados, y no conformes con lo que cada quien tenía, quisieron acumular goces sobre goces, y codiciaron los que tenían sus semejantes. Y entonces, un hombre fuerte se levantó contra otro débil para arrebatarle el fruto de su trabajo (...)”.5
En síntesis, el modelo de Severo Maldonado se puede determinar de la manera siguiente:
1. Postuló como base de su sistema y proyecto de Constitución, que las buenas leyes son la felicidad de los pueblos, y que había por tanto, que luchar contra el despotismo.

2. Afirmó la necesidad de creación de un régimen social fundado en la clasificación político-militar de los hombres de toda la nación; requiriéndose la divulgación de la teoría del pacto social entre todos los habitantes.


3. Todas las leyes que emitiera el Congreso Nacional, deberían confrontarse con las emitidas por el derecho natural; o sea con las relaciones eternas y constantes, necesarias e invariables establecidas por el autor del mundo, entre la naturaleza y las necesidades del hombre, y entre la naturaleza y las propiedades de todos los objetos creados para satisfacerlas.
4. Por tanto, creía en la existencia de un orden social y político de naturaleza superior, creado por Dios y regulado por las leyes de la naturaleza, donde el hombre debía someterse y actuar conforme a él.
5. Como producto de ese orden natural, el hombre, por derecho de naturaleza y como algo inherente a él, tenía la más amplia libertad, que sólo conocía por limitación los derechos naturales e intereses de sus semejantes.
6. El hombre debía vivir en sociedad, y combatir toda forma de despotismo; teniendo como máximo reto, encontrar una forma de gobierno digna y representativa de los seres libres e inteligentes. Teniendo especial énfasis en corregir las aberraciones cometidas por el poder legislativo, que según él, era el origen de las aberraciones de los otros dos.
7. La forma para la integración y agrupamiento humano, lo era el Pacto Social. Para tal efecto, todo mexicano, al llegar a los 16 años de edad, había de comparecer ante el cura párroco de dónde residiera para que éste lo interrogara respecto de lo que deseaba, respondiéndole cada ciudadano que su deseo era el de incorporarse a la Asociación de los Mexicanos.
8. Para resolver el problema de confusión y desorden reinante en toda la masa de la población nacional, se requería la clasificación político-militar como la organización exacta, regular de todo el movimiento social.
9. Los derechos naturales inherentes al hombre, por derecho de naturaleza son los siguientes: propiedad, libertad, igualdad y seguridad.
10. Tanto en el Contrato de Asociación como en el Nuevo Pacto Social, Severo Maldonado justificó la existencia de sociedades políticas, expresando: el hombre, para asegurarse del disfrute de sus derechos naturales como la libertad, igualdad, seguridad y propiedad, ha de incorporarse a la Asociación de Mexicanos, y tiene como una garantía, el hecho de que la función primordial de la autoridad, sobre todo el poder legislativo -Congresos nacionales- sería la protección y conservación de los derechos naturales de todos y cada uno de los ciudadanos.
Es indiscutible, que éstos conceptos y sus antecedentes doctrinales, constituyen el mérito de haber sido los primeros en la formulación, en nuestro país, de una teoría de los derechos del hombre, y de gran influencia en las diversas constituciones de México. A éste sacerdote de Mascota y Jalostotitlán que tanto ha sido menospreciado, habrá que reconocerle el título y lugar que nos merece.

1.2. La Constitución de Cádiz


La Constitución gaditana en la historia jurídica de nuestro país, representa la primera que estructuró al poder político en la España ultramarina; como sabemos la expedición de ésta, se debió a los problemas que enfrentaba el imperio español frente a la invasión francesa y prisión de Fernando VII. Los ciudadanos de la metrópoli se urgían en Juntas que con el pretexto de defender a la corona incitaban la formación de cortes. En Cádiz, se conformó la Corte que emitiría el documento de referencia.
La Constitución Política de la Monarquía Española, fue jurada y firmada el 18 de Marzo de 1812 por ciento ochenta y cuatro Diputados que asistieron a Cádiz, entre los que no faltó ningún representante mexicano. Fue promulgado el día 19 de Marzo, expidiéndose, acto seguido, las correspondientes órdenes para que se hiciera igualmente en todos los ámbitos de la monarquía.
Mientras tanto, en México continúa la lucha independentista iniciada desde 1808 por el General Michelena, y estallada con la conjura de Valladolid del cura Hidalgo en 1810.
Debido a las dificultades que los insurgentes oponían al paso de los convoyes de Veracruz a México, la nueva Constitución no llegó a la capital del virreinato sino hasta el 6 de Septiembre de 1812. El 28 del mismo mes, fue anunciada por bando real y jurada por las autoridades con la mayor solemnidad y entre fiestas y regocijo popular, el 30 de Septiembre de 1812.
Se integró por 10 títulos, divididos en capítulos y 384 artículos; en el título I, capítulo I se consignan que la Nación Española era la reunión de todos los Españoles de ambos hemisferios. Que sería libre e Independiente, y no sería ni podría ser patrimonio de ninguna familia ni persona.
En el título II, capítulo I del territorio de las Españas, establece que dentro de la división administrativa del Imperio, según artículo 10:
“(...) En la América Septentrional, Nueva España, con la nueva Galicia y Península de Yucatán, Guatemala, Provincias internas de Oriente, Provincias internas de Occidente (...)”.6
En su capítulo III del título II denominado del Gobierno, en su artículo 13 estipulaba:
“El objeto del gobierno es la felicidad de la nación puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bien estar (sic) de los individuos que la componen”.7
Postula que el objeto de todo gobierno deberá ser, invariablemente, la felicidad de los pueblos. Esta idea, también se traslada a las leyes y será el principio motor de la legislación de todo el siglo XIX: las leyes bien hechas, son la felicidad de los pueblos y sus hombres. El gobierno será el procurador del bienestar y felicidad de sus ciudadanos.
Eran considerados como ciudadanos por ésta ley, los españoles que por ambas líneas traen su origen de los dominios españoles de ambos hemisferios, que estuvieran avecindados en cualquier pueblo de dichos dominios; así como también los extranjeros que obtuvieran de las Cortes carta de naturalización; igualmente los hijos de extranjeros nacidos en dominios españoles.
Expresaba el artículo 45 como uno de los requisitos fundamentales para el ejercicio de derechos políticos:
“Para ser nombrado elector parroquial se requiere ser ciudadano, mayor de veinte y cinco años, vecino y residente en la parroquia”.8
Determinó la presencia de los Jefes Políticos, y por tanto la división territorial en Parroquias, Partidos y Provincias, en cada uno de éstos antepenúltimos, estarían presididos por aquél; constituyéndose en autoridades intermedias entre los municipio que representaban, con las demás autoridades. A todo lo largo y ancho del siglo XIX, el Jefe Político será la figura omínomada y atrabiliaria del escenario político nacional.
En el título III De las cortes, están incluidos 11 capítulos y los artículos del 27 al 167, disponiéndose que:
“La base para la representación nacional es la misma en que ambos hemisferios (art. 28). Que por cada 70,000 almas de la población (...) habrá un diputado de cortes (art. 31). Que la elección se hará en tres grados, celebrándose juntas parroquiales, de partido y de provincia (Art.- 34). Que las sesiones de las cortes en cada año durarán tres meses consecutivos (artículo 106) (...) que los diputados se renovarán en su totalidad cada 2 años (Art.-108) (...) los diputado no podrán volver a ser elegidos, sino mediando otra diputación (Art.-110)”.9
El Título V dividido en tres capítulos, comprende del artículo 242 al 308, dedicados íntegramente a tratar de los Tribunales y de la Administración de Justicia en lo Civil y en lo Criminal, ordenándose que la potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales, pertenece exclusivamente a los tribunales; ningún español podrá ser juzgado en causas civiles ni criminales por ninguna comisión, sino por el tribunal competente, determinado con anterioridad por la ley. En los negocios comunes, civiles y criminales, no habrá más de un solo fuero para toda clase de personas. Los eclesiásticos continuarán gozando del fuero de su estado, en los términos que prescriben las leyes o que en adelante previene.
Los magistrados y jueces no podrán ser depuestos de sus destinos, sean temporales o perpetuos, sino por causa legalmente probada y sentenciada, ni suspendidos sino por acusación legalmente intentada. El Código Civil y Criminal y el de Comercio serían unos mismos para toda la Monarquía, sin perjuicio de las variaciones que por particulares circunstancias podrán hacerse las cortes. Todas las causas civiles y criminales fenecerán dentro del territorio de cada audiencia. Todos los jueces de los tribunales inferiores deberán dar cuenta, a más tardar dentro del tercer día a su respectiva audiencia de las causas que se tomen por delitos cometidos en su territorio, y después continuarán dando cuenta de su estado en la época que la audiencia les prescriba.
Deberán así mismo remitir a la audiencia respectiva listas generales cada seis meses de las causas civiles y cada tres de las criminales, que pendieren en sus juzgados, con la expresión de su estado. En todo negocio, cualquiera que sea su cuantía, habrá a los más tres instancias y tres sentencias definitivas pronunciadas en ellas. Ningún español podrá ser preso sin que proceda información sumaria del hecho, por el que merezca según la ley ser castigado en pena corporal, y así mismo un mandamiento del juez por escrito, que se le notificará en el acto mismo de las prisión.
El arrestado antes de ser puesto en prisión, será presentado al juez, siempre que no haya cosa que lo estorbe, para que le escriba declaración; mas si esta no pudiere verificarse, se le conducirá a la cárcel en calidad de detenido, y el juez le recibirá la declaración dentro de las veinticuatro horas.
Se dispondrán las cárceles de manera que sirvan para asegurar y no para molestar a los presos, así el alcalde tendrá a éstos en buena custodia y separados los que el juez mande tener sin comunicación, pero nunca en calabozos subterráneos ni malsanos. No se usará nunca del tormento ni los apremios. Así como tampoco, se impondrá la pena de confiscación de bienes.
El Título VI, trata Del Gobierno interior de las provincias y de los pueblos. Dividido en dos capítulos, cubre los artículos del 309 al 337, en el primero de los capítulos, De los Ayuntamientos, se ordena poner uno de cada pueblo, que por sí o por su comarca lleguen a mil almas y se prescribe la forma de elección y cómo han de constituirse, especificando las facultades de los mismos.
En el capítulo II del mismo título, se trata Del Gobierno Político de las provincias y de las diputaciones provinciales, en cuya discusión y formación los Diputados americanos, especialmente los mexicanos, y concretamente Ramos de Arizpe, pusieron cuanto valían y podían. Allí se ordena que:
“El Gobierno político de las provincias residirá en el jefe superior, nombrado por el Rey de cada una de ellas (...) Con lo que prácticamente desaparecían los virreinatos y capitanías generales y su centralismo e influencia. Se agrega que: en cada provincia habrá una diputación llamada provincial, para promover su prosperidad (...) tocará a estas diputaciones: Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas, sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior y responsabilidad que establezcan las leyes”.10
El Título X que comprende los artículos del 372 al 384, se refieren a la Observancia de la Constitución y modo de proceder para hacer variaciones en ella, ordenándose que:
“(...) hasta pasados ocho años después de hallarse puesta en práctica la Constitución en todas sus partes, no se podrá proponer alteración ni reforma en ninguno de sus artículos”.11
La Constitución política de la Monarquía Española, con todos sus defectos, fue un modelo para su tiempo, y hasta muchos años después. En 1821 los reaccionarios mexicanos prefirieron proclamar la Independencia, contra la que habían estado luchando ferozmente; y muchos años después, cuando Alamán escribía su Historia de México afirmaba que se estaba convirtiendo la Constitución de Cádiz en el Código Político Universal.12
Este cuerpo político no hubiera sido posible sin la aportación de los Diputados Americanos, y especialmente de los mexicanos. Factor decisivo fueron desde Don Antonio Joaquín Pérez, hasta Don José Miguel Gordoa y Barrios, sin olvidar a Don José Miguel Ramos Arizpe. Las llamadas Cortes de Cádiz terminaron sus funciones, el 20 de septiembre de 1813.
Sólo in fraganti podía ser arrestado un individuo, y no sólo por la autoridad, sino por cualquier persona y conducirlo ante el juez para que dictara lo que a derecho correspondiera.
Los diputados mexicanos en las cortes de Cádiz de 1812, fueron:
“José Miguel Ramos Arizpe, por Coahuila; Juan José Güereña, por Nueva Vizcaya; Pedro Bautista Pino, por Nuevo México; Manuel María Moreno y Vázquez, por Sonora; Octaviano Obregón, por Guanajuato; Antonio Joaquín Pérez y Martínez Robles, por Puebla; José Miguel Guridi y Alcocer, por Tlaxcala; Mariano Mendiola y Velarde, por Querétaro; José Eduardo de Cárdenas y Romero, por Tabasco; José Cayetano de Foncerrada, por Valladolid de Michoacán; José Miguel Gordoa y Barrios, por Zacatecas; José Simeón de Uría, por Guadalajara; José Ignacio Beyede Cisneros, por la capital de México; Joaquín Maniau y Torquemada, por Veracruz; y Miguel González y Lastiri, por Yucatán”
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