El delito de estafa en la jurisprudencia del tribunal supremo. Antonio pablo rives seva



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2.2.- OTROS SUPUESTOS.
Conforme a la STS 432/2003, de 26 de marzo “el dinero no puede reputarse cosa de primera necesidad, ya que aunque pueda merecer y merezca la calificación de tal desde el punto de vista jurídico, la expresión legal que utiliza el Código, debemos entenderla en sentido físico-material. Desde ese punto de vista el dinero no es susceptible de calificarse intrínsecamente como cosa de primera o secundaria necesidad. Las necesidades primarias deben satisfacerlas las cosas en sí, y no un instrumento, que por sí mismo, carece en su directa consideración de utilidad prestacional alguna; lo serían las «cosas» que pudieran adquirirse con el mismo, pero el dinero es simplemente un símbolo abstracto, sin utilidad en sí mismo. Esta Sala ha entendido que lo son, los alimentos, medicamentos, viviendas y otros productos de consumo necesario para la subsistencia y salud de las personas”. En el mismo sentido las SSTS 57/2005, de 26 de enero y 386/2005, de 21 de marzo.
En relación con los medicamentos, el Acuerdo adoptado en la sesión celebrada el 20 de diciembre de 2006 por el Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, resuelve la cuestión de la posible aplicación de la agravante de primera necesidad, a conductas defraudatorias a la Seguridad Social y servicios autonómicos de salud relacionados con los medicamentos, en el sentido de “en el caso de medicamentos el concepto cosas de primera necesidad del artículo 250.1.1º debe ser entendido en relación a las necesidades de quienes sufran las consecuencias del delito”.
Con aplicación de este Acuerdo, la STS 1307/2006, de 22 de diciembre, interpreta que “por cosas de primera necesidad u otros bienes de reconocida utilidad social, además de las viviendas, expresamente mencionadas, habrá que entender todas aquellas que resulten imprescindibles para la subsistencia o salud de las personas, y respecto a las medicinas no cabe duda de que cualquier engaño que afecte a los medicamentos que una persona precisa para su salud debe tener respuesta en esta agravante específica, pero no toda defraudación que afecte a medicamentos repercute directamente en la salud de las personas, de ahí que este tema haya sido objeto de examen en un Pleno no jurisdiccional de esta Sala, celebrado el día 20 de diciembre de 2006, en el que se tomó el acuerdo de que en el caso de medicamentos, el concepto de cosas de primera necesidad debe ser entendido en relación a las necesidades de quienes sufren las consecuencias del delito, por lo que debe rechazarse su aplicación cuando no resultan afectadas esas esenciales necesidades, especialmente la salud, por parte de quien sufre las consecuencias del delito, y en el presente caso, tratándose de una Institución como es el Servicio Andaluz de Salud, no concurren los elementos que justifican esa mayor agravación de la conducta delictiva”.
La STS 43/2007 de 19 enero, con cita de la STS 1735/2003, de 26 de diciembre, considera que “es correcta la apreciación de esta agravante específica de primera necesidad cuando la conducta delictiva se refiere a los documentos necesarios para la lícita permanencia y trabajo de los extranjeros inmigrantes en España que son los que en definitiva, le van a servir a cada trabajador extranjero para ganarse la vida lícitamente aquí”. Y eso es lo que ha sucedido en el supuesto que examinamos. El acusado exigió a tres inmigrantes la entrega de sumas de dinero, hasta un total de 3.800 euros, a cambio de un empleo que necesitaban para regularizar su situación en España, cuando sabía que las solicitudes de regularización no podían prosperar al hallarse deudor a la Seguridad Social por más de 60.000 euros.
También la STS 805/2012, de 9 de octubre: “El Tribunal de instancia aprecia esta modalidad agravada al considerar que el objeto de la estafa era la consecución de una oferta de trabajo y consiguiente regularización de la estancia en España de un ciudadano extranjero, lo que considera un bien de primera necesidad en cuanto supone la estabilidad y aseguramiento de su situación presente y futura, y que se trataba de uno de los bienes más preciados para un inmigrante en situación ilegal en España.
Ciertamente esta Sala ha apreciado esa agravante específica en supuestos similares. Así, en la STS 43/2007, de 19 de enero, se declara que es correcta la apreciación de esta agravante específica de primera necesidad cuando la conducta delictiva se refiere a los documentos necesarios para la lícita permanencia y trabajo de los extranjeros inmigrantes en España. Y de esa circunstancia, tan esencial para la entrada y permanencia de los inmigrantes en España, se aprovecharon los acusados, incidiendo en una mayor intensidad en el reproche penal propia de toda conducta defraudatoria”.
En sentido contrario se pronuncia la STS 232/2012, de 5 de marzo. “Es cierto que algunos pronunciamientos de esta Sala (SSTS 43/2007, de 19 de enero y 1735/2003, de 26 de diciembre; y ATS 213/2012, de 26 de enero) han apreciado tal modalidad agravada de afección de bienes o cosas de primera necesidad cuando la conducta delictiva se refiere a los documentos necesarios para la lícita permanencia y trabajo de los extranjeros inmigrantes en España que son los que en definitiva, le van a servir a cada trabajador extranjero para ganarse la vida lícitamente aquí. Ahora bien, en este caso no es posible afirmar que, dados los hechos declarados probados, se viera efectivamente afectada esa consecución de los documentos necesarios para residir y/o trabajar en nuestro territorio, de forma tan grave que justifique por sí misma la pretendida agravación, pues lo cierto es que la rápida reacción conjunta de los perjudicados, que prontamente constatan la anómala situación y deciden denunciar los hechos, impide estimar verdaderamente obstaculizada su facultad de solicitar los permisos necesarios para permanecer en España, al ser perfectamente viable que acudieran a otro profesional con el mismo fin con el que habían acudido al aquí acusado. No concurren, pues, las circunstancias que justificarían una agravación de esta naturaleza por haberse colocado a los afectados en una situación de desprotección de excepcional gravedad.
Conviene añadir a lo anterior que, como también hemos señalado en la STS 981/2001, de 30 de mayo, la categoría «cosas de primera necesidad» se encuentra referida a aquéllas «de las que no se puede prescindir», según el Diccionario de la Real Academia, lo que esta Sala viene vinculando a productos de consumo imprescindible para la subsistencia o la salud de las personas, lo que no acontece en el caso ante el que nos encontramos, por las razones señaladas. Tampoco cabe hablar aquí de «cosas de reconocida utilidad social» en sentido propio, puesto que el concepto tiene como referente las cosas directamente destinadas a la satisfacción de fines colectivos. De otro lado, es cierto que el trabajo, como objeto de derecho, resulta merecedor de protección penal, pero también lo es que su protección en tal sentido encuentra cobijo a través de previsiones específicas, que el Código actual recoge, por ejemplo, en los artículos 311 y siguientes”.
Por el contrario, la STS 457/2006, de 21 de marzo, no cree “que exista una interpretación analógica extensiva si consideramos que el trabajo en un mercado y situación económica de paro endémico y estructural puede y debe ser considerado como un bien de primera necesidad al igual que la vivienda. Es más, las posibilidades de obtener una vivienda están condicionadas, en la mayoría abrumadora de los casos, a que se pueda disponer de un puesto de trabajo más o menos rentable y estable. Cita una sentencia de esta Sala en la que se califica el trabajo como un bien de entidad colectiva pero deriva la cuestión hacia la protección de los trabajadores que solo entrará en juego cuando se dispone ya de un trabajo determinado y se infringen las reglas que regulan la actividad laboral que ostenta.
Por lo menos consideramos incompatible esta sentencia con lo que se decide en la que estamos examinando. El efecto llamada o el atractivo de la oferta, radicaba en la posibilidad de acceder a un bien preciado, como es el trabajo, en una sociedad precaria y asegurarse una cierta estabilidad incluso trabajando de forma autónoma. Estas expectativas que resultaban enormemente atractivas eran un factor decisivo para mover la voluntad de tantas personas como se vieron envueltas en esta trama. Por ello, estimamos ajustado que, sin perjuicio en algunos casos de factores concursales con los derechos contra los trabajadores, consideremos que el engaño al que se refiere el artículo 318 bis es la falsa oferta de trabajo como elemento llamada para llegar a venir a España, elemento que no figura para nada en el actual supuesto por lo que el bien protegido de forma especifica en el artículo 250.1º del Código Penal esta íntegramente comprendido en los hechos que se declaran probados”.
Los coches no se incluyen en este tipo por no ser un bien de primera necesidad. En este sentido la STS de 25 de noviembre de 1991 (Recurso 76/1991) estima que “no puede entenderse que el coche sea un bien de primera necesidad cuando muchos ciudadanos ni lo poseen ni lo usan. No cubre ninguna esencial y es perfectamente sustituible por otro medio de transporte, menos lo es de utilidad social, ya que el automóvil particular sólo sirve a intereses individuales, sea para el ocio o el trabajo”; y también la STS 981/2001 de 30 mayo, que declara que “la categoría «cosas de primera necesidad» se encuentra referida a aquéllas «de las que no se puede prescindir», según el Diccionario de la Real Academia. Esto es a los productos de consumo imprescindible para la subsistencia o la salud de las personas”. En el caso enjuiciado el argumento del recurso es que a los perjudicados se les entregó un vehículo, es decir, un instrumento de trabajo inutilizable para el fin a que estaba destinado. Y gozando el derecho al trabajo de clara protección constitucional, su lesión como bien jurídico debe considerarse incluida en las previsiones del precepto. Se desestima el motivo, pues “tampoco cabe hablar aquí de «cosas de utilidad social» en sentido propio, puesto que el concepto tiene como referente las directamente destinadas a la satisfacción de fines colectivos. De otro lado, es cierto que el trabajo como objeto de derecho merece y tiene la consideración que dice el recurrente, pero también lo es que su protección en tal sentido se produce mediante previsiones específicas, que en el Código aquí aplicable eran las del artículo 499 bis”.
Tampoco puede incluirse en la agravación un club de fútbol. “Es obvio, que un club de fútbol, aunque puede ser titular de un patrimonio inmaterial muy relevante, aunque pueda formar parte de las señas de identidad de una colectividad, todo ello por encima de su mero valor económico no puede beneficiarse del plus de protección que dispensa esta norma. No es un bien de utilidad social” (STS 620/2004 de 4 junio).

3.- SEGUNDA CIRCUNSTANCIA: ABUSANDO DE FIRMA DE OTRO, O SUSTRAYENDO, OCULTANDO O INUTILIZANDO, EN TODO O EN PARTE, ALGÚN PROCESO, EXPEDIENTE, PROTOCOLO O DOCUMENTO PÚBLICO U OFICIAL DE CUALQUIER CLASE.
La Ley Orgánica 5/2010 ha mantenido la redacción del precepto, trasladando la agravación del núm. 4 al 2. Nos encontramos ante dos agravaciones diferentes comprendidas en el mismo número, la primera relativa al abuso de firma de otro y la segunda que abarca el resto de la norma (STS 850/2003, de 11 de junio).

3.1. ABUSO DE FIRMA DE OTRO.
Esta STS 850/2003, de 11 de junio, pone énfasis por su importancia, en la diferente redacción de esta primera parte del artículo 250.1.4 (2 actual) con relación a su precedente en el CP de 1973 que hablaba de abuso de «firma en blanco». Ciertamente no es lo mismo una cosa que otra, y un claro ejemplo de ello lo es el caso ahora examinado. Aquí no hubo un documento en el que se hubiera dejado la firma sin estampar (en blanco); pero sí hubo un documento de otro, un documento de la sociedad, el apoderamiento a favor del acusado, del cual se abusó en el momento de apertura de la cuenta bancaria a nombre de esa entidad mercantil, porque ese mismo día … se producía el cese como administrador de tal empresa por parte de quien abría en ese momento la referida cuenta. El uso de la firma pudo ser formalmente legítimo por el momento concreto en que se abrió la cuenta, pero abusivo porque había cesado ya en el cargo de administrador o iba a cesar en esa misma fecha”.
En este sentido también la STS 860/2008, de 17 de diciembre, advierte que “la nueva redacción supone una expresa extensión del tipo, puesto que al referirse el Código vigente a la firma de otro, el engaño puede producirse no sólo mediante la utilización de una firma estampada en blanco, sino también en aquellos supuestos en los que se abusa de la firma de otro, estampada en cualquier escrito o documento, alterando su finalidad, sus términos o su propia naturaleza. En realidad, se resalta por la doctrina, la modificación legislativa no hizo más que recoger la jurisprudencia de esta Sala al entender que los supuestos en que un sujeto podía usar de una firma en blanco con fines defraudatorios se circunscribía a aquellos en que el sujeto activo había sido autorizado por el firmante para extender el documento, aunque no en los términos en que lo hace, bien sea confeccionando íntegramente el texto documental, bien intercalando líneas o añadiendo párrafos en el texto ya existente”.
Efectivamente, la STS de 30 de septiembre de 1986 (Aranzadi 4864), recuerda la jurisprudencia que señalaba que el tipo requiere para su sustantividad la condición de que el documento en blanco, «haya sido confiado al infractor», tesis ésta basada en una interpretación histórico-dogmática del precepto citado sostenida por la doctrina y la jurisprudencia de esta Sala en SSTS de 5 de marzo de 1957 (Aranzadi 614) y 23 de abril de 1983 (Aranzadi 2201), en la primera de las cuales se sienta la determinación fundamental de que se reserva la calificación de estafa falsaria para los casos de previa entrega voluntaria del documento y la de falsedad, en eventual concurso con estafa, en los de apoderamiento del documento. También la STS de 10 de febrero de 1982.
La expresión abuso entraña el desvalor de la acción de este supuesto agravado de estafa e implica que el autor cumplimenta el documento en unas condiciones distintas a las exigidas por el firmante y lo hace en provecho propio y en perjuicio ajeno. El abuso de la firma en blanco así descrito constituye también un delito de falsedad (la STS de 23 de abril de 1983 se refiere incluso a un delito complejo de falsedad y estafa), cuestión que la doctrina resuelve por la a del principio de la consunción en el sentido de que el delito de estafa consume o absorbe al delito de falsedad. Téngase en cuenta que en la actualidad los supuestos de abuso de firma en blanco en donde no medie engaño no constituyen delito de estafa, por lo que ha de apreciarse únicamente falsedad.
En todo caso, como afirma la STS 180/2004, de 9 de febrero, “una lectura literal y lógica del texto exige, para apreciar tal agravante específica, que haya existido abuso o mal uso de la firma que se estampa conscientemente en un documento y que se utiliza para un fin distinto para el que se estampó. Se está pensando esencialmente en las firmas en un documento en blanco, que confiadamente se entrega a otra persona y que desatendiendo la orden o el mandato se destina a un fin distinto del convenido … No es eso lo que ha sucedido en el presente caso ya que la firma se obtiene con engaño, creyendo el firmante que está estampando su firma en otro documento, lo que constituye el núcleo esencial de la estafa y su nueva consideración a estos efectos agravatorios, supondría un doble uso que conculcaría el principio ne bis in idem”.
La STS 860/2008, de 17 de diciembre, trata un supuesto similar, acogiendo la misma solución, pues “la obtención de las firmas de los administradores de la empresa, en la creencia por parte de éstos de que el fax en el que se estampaba y que autorizaba una transferencia a favor de una persona determinada, constituye un acto preparatorio de la ulterior estafa informática y embebida por tanto, en esta, lo que conlleva la inaplicación del subtipo agravado”.
Por otro lado, el Acuerdo adoptado en Sala General, por el Pleno de la Sala Segunda, en su reunión de 31 de marzo de 2009, sobre el subtipo agravado de abuso de firma en aquellos supuestos en los que se ha obtenido fraudulentamente la clave de acceso a la cuenta, considera que “a los efectos del artículo 250.1.4 del CP (actual núm. 2), la utilización de las claves bancarias de otro no es firma”.
Con invocación de ese Acuerdo la STS 556/2009, de 16 de marzo, desaprueba el criterio de la Audiencia que había aplicado la agravación por entender que la clave de acceso a la cuenta y de validación de operaciones tiene la condición de firma, si es utilizada por tercera persona sin que la titular haya ordenado la realización de operación alguna; apoyándose en que dentro del contrato de banca a distancia para particulares concertado se hace constar que “la utilización de las claves de acceso y la validación de la operación, sustituirán a su firma manuscrita y producirán plenos efectos jurídicos, asumiendo plenamente como propia y respondiendo de dicha operativa frente al Banco sin que éste deba hacer comprobaciones adicionales sobre la identidad del ordenante”. Por el contrario, el Tribunal Supremo considera que “nuestro sistema proscribe una interpretación extensiva o una aplicación analógica de las normas penales en contra del reo, sirviéndose de un contrato privado. Además, si se acudiera a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, sobre firma electrónica, sólo la modalidad denominada avanzada reconocida, a que se refiere el artículo 3.3. y 4, presentaría equivalencia con la firma manuscrita, y las características de tal modalidad no aparecen en el factum”, por lo que estima el motivo del recurso.

3.2.- SUSTRACCIÓN, OCULTACIÓN O INUTILIZACIÓN DOCUMENTAL.
En este supuesto no hay conducta falsaria alguna. En el caso de la STS 483/2002, de 18 de marzo, la Audiencia apreció las agravantes de estafa procesal y sustracción de documento, dado que el acusado sustrajo las nómicas correspondientes a los salarios abonados, que estaban archivadas en la empresa; documentos que gozaban de plena aptitud para probar los pagos realizados, que es, precisamente, lo que el acusado tenía interés en que no pudiera acreditarse frente a su engañosa reclamación judicial, por lo que el Tribunal Supremo confirmó la apreciación de la estafa procesal; no así la de sustracción documental, porque “las nóminas a que se viene aludiendo no pertenecen a la clase de documentos que contempla ese subtipo agravado, que, por ello, no puede ser objeto de aplicación al caso”.
Y en el caso de la STS 850/2003, de 11 de junio, “el documento ocultado fue … el que aparecía el cese … como administrador de la sociedad, que es un documento notarial que tiene el carácter de público por lo dispuesto ahora en el artículo 317.2º LECivil actual y antes en el 1.216 del Código Civil. Y ciertamente hubo ocultación porque quien dispone del dinero de una cuenta bancaria sin decir que ya no tiene el poder de representación que antes tenía respecto de la sociedad mercantil titular de esa cuenta, es claro que está ocultando tal condición. Y si la pérdida de esta condición existía por su constancia en un documento público, tenía el deber de manifestar ese cese y de exhibir el documento en que ese cese se había producido. No haberlo hecho así constituye ocultación de ese documento público. Pero aún más clara aparece esa ocultación en las relaciones que tuvo el acusado con la Agencia Tributaria para decir que el pago de la cantidad a devolver por IVA a la sociedad habría de hacerse … en otra cuenta … Sólo pudo actuar ante la Agencia Tributaria utilizando la documentación anterior que poseía, en la que aparecía su carácter de administrador y representante de la sociedad y ocultando, al propio tiempo, la más reciente en la que, en la escritura pública correspondiente, aparecía el cese en tal cargo.

4.- TERCERA CIRCUNSTANCIA: RECAIGA SOBRE BIENES QUE INTEGREN EL PATRIMONIO ARTÍSTICO, HISTÓRICO, CULTURAL O CIENTÍFICO.
La Ley Orgánica 5/2010 mantiene su redacción, trasladándola del núm. 5 al 3.
La redacción es similar a la circunstancia 1.ª del artículo 235 referido al hurto. En todo caso, el carácter de los bienes debe ser probado y hacerse constar en el relato de hechos de la sentencia, como resalta la STS 357/2004, de 19 de marzo, que rechazó la pretensión de la acusación particular de que se apreciara la agravante en una estafa relacionada con la comercialización en el extranjero de botellas con falsas etiquetas de denominación de origen Rioja, afirmando que el vino es una de las señas de identidad de La Rioja y forma parte de su patrimonio histórico y cultural. “No basta con afirmar este hecho, es necesario aportar pruebas al respecto para que el tribunal de instancia pueda considerarlo acreditado y así hacerlo constar en su relato de lo ocurrido”.
Resulta de interés la STS 143/2005, de 10 de febrero, referida a la prescripción del delito cuando se trata de cosas del Patrimonio Histórico Cultural, imprescriptibles civil o administrativamente, desestimando el recurso del Fiscal que alegaba que debiera tenerse en consideración esa circunstancia con vistas a ser más flexibles a la hora de fijar el momento consumativo del delito, en aras a una mayor protección de estos bienes. El Tribunal considera que “en tanto en cuanto el legislador no asigne una especial protección a estos bienes del Patrimonio Cultural (que no sea la exasperación de la pena), mediante la alteración de su régimen prescriptivo, no cabe la posibilidad de llevar a cabo por esta Sala dos interpretaciones diferentes sobre la fijación del arranque en el cómputo del término de la prescripción según sea el objeto del delito”.

5.- CUARTA CIRCUNSTANCIA: REVISTA ESPECIAL GRAVEDAD, ATENDIENDO A LA ENTIDAD DEL PERJUICIO Y A LA SITUACIÓN ECONÓMICA EN QUE DEJE A LA VÍCTIMA O A SU FAMILIA.




La circunstancia también se corresponde parcialmente con el artículo 235.3, relativo al hurto. La Ley Orgánica 5/2010 además de cambiar el orden, divide los supuestos, llevando éstos del núm. 6 al 4 y el valor de la defraudación al 5.
Esta circunstancia parece ser una refundición puramente estilística de los núms. 5º y 7º del artículo 529 CP 1973, con independencia de que el «valor de la defraudación» y la «entidad del perjuicio» no son sino anverso y reverso de la misma realidad (STS 1169/2006, de 30 de noviembre). También en este sentido las SSTS 1655/2003, de 3 de diciembre y 61/2012, de 8 de febrero.
En realidad –se lee en las SSTS 636/2006, de 14 de junio y 368/2007 de 9 mayo- “se trata de dos agravaciones: una de naturaleza totalmente objetiva que tiene por referencia el importe apropiado -especial gravedad atendiendo (al valor de la defraudación y) a la entidad del perjuicio, pues vienen a ser equivalentes-, y otro de naturaleza subjetiva que tiene en cuenta "la situación económica en que deje a la víctima o a su familia", conceptos similares a los que se encuentran en los números 3 y 4 del artículo 235, "valor de los efectos sustraídos" o "los perjuicios de especial consideración”, y de otra “la grave situación en que se ponga a la víctima o a su familia", si bien en este caso la previsión de resultados en distintos apartados, unidos además con la disyuntiva "o", lo que obliga a entender que basta la producción de uno de estos resultados para que surja el tipo agravado de hurto, no siendo, en principio, tan diáfana la lectura del artículo 250.1.6, en que los resultados están unidos por la copulativa "y".
En todo caso, como señala la STS 323/2005, de 11 de marzo, “con la conjunción "y" o con la "o" la agravación es única: la "especial gravedad" a determinar mediante varios criterios con los que el órgano judicial ha de razonar. Una cantidad por sí sola importante por sí sola permite la aplicación de esta cualificación. Y cuando tal cantidad importante no se alcance, entonces ha de entrar en juego el otro factor de medición de la especial gravedad, el de la situación económica en que el delito dejó a la víctima o a su familia”.
Efectivamente, la jurisprudencia pronunciada respecto a la anterior redacción, que incluía también el valor de la defraudación, se planteó la cuestión de si para la concurrencia de esta agravación basta con que concurra una sola de las tres circunstancias o, por el contrario, es precisa la concurrencia conjunta de los tres factores.
Esta última solución es seguida por el Voto Particular que formuló el Magistrado Perfecto Andrés Ibáñez a la STS 1034/2007, de 19 de diciembre: “La mayoría considera aplicable la circunstancia de especial gravedad, en razón de la cuantía de lo defraudado, pero según un criterio que, a mi entender, no es el que reclama la norma objeto de aplicación, que obliga a comprobar si se dan todos los elementos típicos en presencia. Es decir: (1) el relevante valor de la defraudación, (2) cierta entidad del perjuicio y (3) una particular incidencia de éste en la situación económica de la víctima. Pues, dado el tenor literal del precepto, las tres exigencias deberían concurrir cumulativamente para que sea aplicable. Es cierto que alguna vez se ha hecho una lectura del mismo en el sentido de la agravación, según el criterio que ofrece el artículo 235.3º CP en el caso del delito de hurto, que conecta las circunstancias contempladas con la conjunción disyuntiva “o” y no con la copulativa “y”, como ocurre en el artículo 250.1.6 CP. Pero el razonamiento no parece aceptable. En primer término porque, en razón de la claridad del enunciado legal habría que estar a lo que de manera inequívoca dice por sí mismo. En segundo lugar, porque criterios como el valor de lo defraudado y la entidad del perjuicio, ya se toman en cuenta en el artículo 249.2º CP para la determinación de la pena en aplicación del tipo básico. De ahí que resulte lo más racional reservar la agravación específica para los supuestos en que se diera la concurrencia simultánea de los tres factores objeto de enumeración. Y, en fin, porque una inteligencia de la norma equivale a la ampliación analógica contra reo de su radio de acción, proscrita en la aplicación del derecho punitivo”.
Sin embargo la solución contraria (basta la concurrencia de uno solo de esos factores para apreciar la circunstancia), se impuso en la jurisprudencia. La STS 173/2000, de 12 de febrero, señala las razones que abocan a esta solución: a) Parece lógico entender que el apartado 6º del artículo 250, relativo a la estafa y a la apropiación indebida, debe ser interpretado a la luz del 235 relativo al hurto, ya que es difícil entender los motivos que pudo tener el legislador para dar un distinto tratamiento punitivo, desde la misma perspectiva, a uno y otro delito. 
b) Porque ese diverso tratamiento privilegiaría a los culpables de delitos como la estafa o la apropiación indebida que, en sus tipos base, están castigados con mayor severidad que el delito de hurto.
c) En tercer lugar, porque el núm. 6º del artículo 250 CP de 1995 parece ser una refundición puramente estilística de los núms. 5º y 7º del artículo 529 CP de 1973, con independencia de que el «valor de la defraudación» y la «entidad del perjuicio» no son sino anverso y reverso de la misma realidad.
Y por último, porque la interpretación según la cual es suficiente para la apreciación del tipo agravado la producción de uno solo de los resultados indicados en el artículo 250.6º CP, parece la más congruente con el segundo inciso del artículo 249 en que, para la fijación de la pena en el delito de estafa se han de tener en cuenta una pluralidad de circunstancias -entre las que se encuentran «el importe de lo defraudado» y «el quebranto económico causado al perjudicado»- que se expresan como independientes unas de otras.
Esta tesis han seguido las resoluciones posteriores, como las SSTS 2381/2001, de 14 de diciembre, 696/2002, de 17 de abril, 180/2004, de 9 de febrero, 145/2005, de 7 de febrero, 615/2005, de 12 de mayo, 123/2007, de 20 de febrero, 227/2006, de 3 de marzo, 1307/2006, de 22 de diciembre, 1169/2006, de 30 de noviembre, 368/2007, de 9 de mayo, 213/2009, de 23 de febrero y 166/2013, de 8 de marzo.
Con respecto a la situación económica de la víctima o de su familia, para la STS 1169/2006, de 30 de noviembre, “el fundamento de la agravación estriba en el desvalor del resultado, es decir, la precariedad de la situación en que se deja a la víctima como consecuencia del daño patrimonial. La gravedad del resultado mencionado se contempla desde una perspectiva personal y subjetiva, en consideración a la situación patrimonial de la víctima y de los deberes económicos que tenga consigo mismo y con su familia, en cuanto la gravedad en términos absolutos viene contemplada en la previsión del valor de lo defraudado. No significa que el perjudicado deba quedar en la indigencia y penuria económica absoluta, bastando la realidad de una situación patrimonial difícil o insegura, debiendo abarcar el dolo del sujeto activo el desamparo económico en que va a quedar el ofendido como consecuencia de su actuación”. Esta sentencia no aprecia la agravante, porque “en la narración histórica solo se recoge que el Sr. Agustín, estaba preocupado y sin haber recibido ninguna noticia sobre el estado de su pensión, toda vez que su precaria situación económica obligó a su esposa a buscar un trabajo para sus necesidades, tan escueta referencia no autoriza para estimar la agravante referenciada. En efecto nada se dice en orden a cuales fueran esas concretas necesidades, como número y edad de los hijos a su cargo, ni cuales fuesen sus ingresos ...”.
Sí se aprecia la agravante en la defraudación que colocó a las víctimas en grave situación económica «pues aparece en los hechos probados que las cantidades entregadas por los perjudicados constituían los ahorros de toda su vida, teniendo en la actualidad aquéllos 52 y 62 años, lo que les ha hecho subsistir en una situación de gran precariedad» (STS 1030/1996, de 17 de diciembre).
No ha de entenderse necesariamente en el sentido de que el perjudicado directo por la acción criminal haya quedado en la penuria o indigencia s absoluta, rayana en la miseria, sino en el de que la víctima se vea abocada en una situación patrimonial difícil, de cierto agobio o inseguridad (SSTS de 9 de octubre de 1986 [Aranzadi 5585] y 8 de mayo de 1989 [Aranzadi 4145]). Se apreció el artículo 529.5ª pues el perjudicado por el delito estaba en situación de desempleo y esto representa en sí una grave situación económica (STS de 5 de octubre de 1989 [Aranzadi 7615]). También la apreció la STS 1354/2004, de 25 de noviembre, dado que la estafa provocó acreditadas crisis empresariales con el despido masivo de trabajadores.




Por su parte la STS 580/2011, de 14 junio, aplicando la reforma, estimó que si bien no podía apreciarse la agravación por la cuantía, dado que no excedía de 50.000 euros, ello no es obstáculo para apreciar la del núm. 4, porque “el Tribunal sentenciador no sólo dice que el acusado se apoderó fraudulentamente de los ocho millones de pesetas depositados en la cuenta a plazo fijo, sino que tras el ilícito apoderamiento de esos fondos, únicamente les quedó a las ancianas que estaban alojadas en una residencia de ancianos como patrimonio la pensión que recibían y se ingresaban en otras cuentas y que, aparte de ello, no tenían otros ingresos o propiedades, pues aquél era todo su patrimonio ... El acusado era consciente de que despojaba a la víctima de la práctica totalidad de sus ahorros, y, por tanto, creando con ello una situación económica muy gravemente empobrecida ("entidad del perjuicio"), incierta e insegura como consecuencia del despojo dinerario, amén de que dejaba a las víctimas en difícil situación ante la eventualidad de tener que hacer frente a situaciones que requirieran un desembolso económico que, desaparecido el "colchón" de seguridad de los ocho millones de pesetas del fondo, no se podría hacer frente con la pensión mensual (situación económica)”.

6.- QUINTA CIRCUNSTANCIA: QUE EL VALOR DE LA DEFRAUDACIÓN SUPERE LOS 50.000 EUROS.
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