El Control de Convencionalidad: Criterios en base a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos



Descargar 235,85 Kb.
Página1/3
Fecha de conversión24.03.2017
Tamaño235,85 Kb.
  1   2   3
El Control de Convencionalidad: Criterios en base a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

_____________________________
The Conventionality Control: Criteria based on the jurisprudence of the Inter-American Court of Human Right
Manuel Arnaldo Castillo Calle * **

“(…) No es posible seccionar internacionalmente al Estado, obligar ante la Corte solo a uno o alguno de sus órganos, entregar a estos la representación del Estado en el juicio y sustraer a otros de este régimen convencional de responsabilidad, dejando sus actuaciones fuera del Control de Convencionalidad que trae consigo la jurisdicción de la Corte Internacional”.1




RESUMEN

El 'control de convencionalidad' es un mecanismo que debe ser llevado a cabo, primero por los cuerpos judiciales domésticos, haciendo una 'comparación' entre el derecho local y el supranacional, a fin de velar por el efecto útil de los instrumentos internacionales, sea que surja de los tratados, del ¡us cogens o de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y luego esa tarea debe ser ejercida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos si es que el caso llega a sus estrados.



PALABRAS CLAVE

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Control de convencionalidad. La efectividad de los instrumentos internacionales.


ABSTRACT

The conventionality 'control' is a mechanism that should be carried out first by the domestic judiciary, making a 'comparison' between local and supranational law, to ensure the effectiveness of international instruments, is arising from treaties, the jus cogens or the jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights, and then that task should be exerdsed by the Interamerican Human Rights Court if the case goes to his courtroom.



KEY WORDS

Inter-American Court of Human Rights. Conventionality control. The effectiveness of international instruments





  1. Concepto y objeto

El control de convencionalidad es una técnica de control normativo que consiste en el ejercicio de contraste entre la CADH y los dispositivos legales de origen nacional, se incluyen las interpretaciones que le da a la norma nacional del juez.2


En concreto, la CADH funciona como parámetro controlador -de uso directo o indirecto-, fija los límites y la conformidad de la norma nacional (objeto controlado) con los estándares internacionales. Se trata de una obligación impuesta a los jueces nacionales en general a la que se le denomina obligación ex oficcio, y también una función que ejerce la Corte Interamericana de Derechos Humanos - CIDH en particular.
No obstante ello, la CADH no es la única norma dentro del SIDH que sirve como parámetro controlador, como lo veremos más adelante, existe un canon de convencionalidad conformado por diversos instrumentos pertenecientes al ámbito regional.

Ahora bien, hay un sector de la doctrina que considera que el control de convencionalidad es una nueva competencia de la Corte IDH en función de una interpretación evolutiva de la CADH3; y finalmente hay quienes consideran que el control de convencionalidad que realiza la Corte IDH es una función inherente que se deriva de la propia CADH y de la garantía colectiva que sustenta el SIDH.

Lo cierto es que a nivel contencioso, la Corte IDH ha emitido diversas sentencias en las que ha realizado un ejercicio de control de convencionalidad mucho antes de la primera mención expresa a la figura en análisis.

Al respecto, se puede mencionar algunas de ellas: Suárez Rosero vs. Ecuador; Trujillo Oroza vs. Bolivia; Barrios Altos vs. Perú; Palamara Iribarne vs. Chile; Castillo Petruzzi vs. Perú; Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú.

Ahora bien, la mención al término “control de convencionalidad” se realizó por primera vez en el caso Almonacid Arellano. Asimismo, este concepto también se ha desarrollado en los casos Vargas Areco, La Cantuta, Boyce y Helidoro Portugal de los años 2006, 2007 y 2008 respectivamente. En ellos se hizo referencia a la obligación del juez nacional de realizar el control de convencionalidad junto al control normativo basado en normas de derecho interno.

Las referencias a esta obligación también se han planteado de manera expresa por los propios tribunales nacionales. El caso mexicano es un claro ejemplo de ello, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México dispuso que todo juez en el ámbito jurisdiccional de México debe realizar control de convencionalidad respecto de las normas de derecho interno.4

En concreto la Suprema Corte de Justicia de este país indicó que el control de convencionalidad se identifica con el control de constitucionalidad, y es una obligación ex officio para el sistema de justicia de dicho país.

En ese sentido, se refirió a los canales a través de los cuales se lleva a cabo el examen y las consecuencias del mismo; en concreto planteó que el juez mexicano puede declarar la invalidez, o inaplicar la norma inconvencional, teniendo los mismos efectos del control de constitucionalidad.

En el mismo sentido, la Suprema Corte de México indicó que el juez mexicano tiene en sus manos el deber de interpretar las leyes conforme a los tratados de derechos humanos, es decir, este no necesariamente va a inaplicar o declarar una norma como inválida si es que tiene la posibilidad de brindar una interpretación jurídicamente válida.5

De acuerdo con su razonamiento, si es que se parte del principio de presunción de constitucionalidad de las leyes, se debe promover una interpretación que permita mantener la norma en el ordenamiento y sea conforme al canon de convencionalidad.

De este modo, en México se ha hecho explícito que cualquier norma, que como resultado de un examen o contraste realizado a la luz tratados internacionales ratificados por dicho país, resulte contraria a los derechos humanos, debe reinterpretarse, inaplicarse e incluso invalidarse.

Por otro lado, los esbozos sobre la conceptualización del control de convencionalidad por la Corte IDH han sido ya abordados por el Juez García Ramírez en diversos votos emitidos desde el año 2003.

En los asuntos Myrna Mack Chang, Tibi y López Álvarez, el magistrado en mención incorporó el término control de convencionalidad para referirse a la labor que efectúa la Corte IDH cuando contrasta normas de derecho interno a la luz de la CADH y determina la incompatibilidad de las mismas sobre la base de la globalidad de la responsabilidad del Estado.6

Por otro lado, en algunas ocasiones la Corte IDH ha emitido opiniones consultivas en las que contrasta el parámetro interamericano con normas de derecho interno (incluidas las constitucionales). En ese sentido, a través de esta figura también se realiza el ejercicio de control de convencionalidad.

Ahora bien, el hecho que las dos jurisdicciones asuman la obligación de contraste entre la CADH y las normas nacionales refleja que existe una labor que en cierto modo ambas comparten, ello se deriva de la existencia de los llamados puentes de diálogo, a los que la doctrina hace referencia.7

En efecto, más que una descripción de lo que significa el control de convencionalidad como deber impuesto a ambas jurisdicciones, este documento trata de hacer expresa la coordinación entre ellas, teniendo al principio de subsidiariedad como fundamento de la relación entre la jurisdicción nacional y la jurisdicción internacional.

Ambas califican como jurisdicción de la convencionalidad, siendo el juez nacional quien debe ejercer esta labor (en primer lugar) y el juez de la Corte IDH el que interviene si en el derecho interno el individuo no recibió tutela efectiva, en ese sentido se descarta que la Corte IDH haya asumido el rol de un tribunal de alzada.

Asimismo, el estudio del control de convencionalidad también revela que la labor que llevan a cabo el juez nacional y el juez interamericano es complementaria -no en términos procesales, lo que no involucra entrar en contradicción con el término subsidiario-. El uso de este término da cuenta de que el derecho interno y el derecho internacional brindan una protección reforzada a los derechos individuales, se influyen y retroalimentan.

La jurisdicción internacional no remplaza a la jurisdicción nacional, en ese sentido la complementariedad aludida no se contradice con la subsidiariedad, sino que da cuenta de la interacción entre los sistemas nacionales y el SIDH. Sobre el punto, del Toro Huerta ha señalado que la complementariedad es un elemento presente en la definición del modelo de Estado Cooperativo.8

La protección internacional se configura como una protección complementaria que no sustituye a la nacional sino que ambas se presentan como parte de una compleja maquinaria de garantía de derechos en una sociedad abierta y global. Estas dos dimensiones (nacional e internacional) de la protección de los derechos humanos determinan los nuevos entendimientos entre el derecho constitucional e internacional que requieren necesariamente de una "rehabilitación" del Estado en el escenario mundial, así como del fortalecimiento de las instancias supranacionales.

La mención a estos principios involucra un análisis que permita determinar si la labor que realiza la Corte IDH es análoga o guarda similitudes con la del juez constitucional, cuestión que se discute en el capítulo 2 y si existe una conexión entre el control de convencionalidad que realiza juez constitucional y el control de constitucionalidad.

En este capítulo se coloca el acento en el sustento teórico y jurídico del control de convencionalidad en sí mismo, así como en la fuente de la que se deriva la obligación de realizar dicho examen. Asimismo, se desarrollan aspectos generales o características de la figura como el del parámetro controlador o el de las formas en que el control de convencionalidad se lleva a cabo.



  1. Antecedentes

Los órganos jurisdiccionales locales y los Tribunales Constitucionales que en determinados países no dependen del Poder Jurisdiccional, ejercitan el llamado control de constitucionalidad que importa una comparación, entre su Magna Lex y las normas que por su rango están por debajo de ella, debiendo darle prioridad a la primera. Podemos hablar entonces de un contralor concentrado, típico de algunas Constituciones Europeas, a partir de la Austríaca de 1946, donde la revisión es hecha exclusivamente por un único cuerpo diseñado para tales fines; o en su caso -como es por demás sabido-, del control difuso que debe ser llevado a cabo, como en Estados Unidos y en Argentina, por todos y cada uno de los magistrados judiciales.

Pero como lo vienen sosteniendo desde hace no mucho tiempo algunos de los Magistrados de la Corte Interamericana, dicho cuerpo ejercita lo que ha dado en llamar a partir del caso Myrna Mack Chang el "Control de Convencionalidad", lo que obviamente significa una comparación entre el Pacto de San José de Costa Rica y otras convenciones a las que nuestro país se ha plegado, como luego veremos, y las disposiciones del derecho interno de las naciones adheridas al modelo.

En tal sentido se expresó la Corte en el caso Trabajadores Cesados9 al sostener que "...cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque el efecto útil de la Convención no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. En otras palabras, los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también 'de convencionalidad' ex offício entre las normas internas y la Convención Americana...".10.

Cuando se utiliza la terminología de "control de convencionalidad", no se quiere decir que recién a partir del citado asunto la Corte IDH haya ejercido tal potestad, porque desde siempre el cuerpo hace una comparación entre ambos esquemas, destacando por supuesto la prioridad de la regla supranacional; lo que en verdad ha sucedido es que desde ese momento se utiliza tal terminología.

Dicho órgano interamericano ha dejado en claro siempre que, en principio, no se ocupa en sí de las cuestiones locales sino que su tarea es la de inspeccionar si los países han violado o no las convenciones sujetas a su competencia.

Por ello ha establecido -sin entrometerse en las jurisdicciones locales- que una sentencia con carácter de cosa juzgada de los jueces domésticos "...tiene que ser necesariamente cumplida debido a que en ella se adopta una decisión de forma definitiva, otorgando certeza sobre el derecho o controversia discutida en el caso concreto, y tiene como uno de sus efectos la obligatoriedad. Ante este tribunal [agregó], eventualmente puede discutirse la autoridad de cosa juzgada de una decisión cuando ésta afecta derechos de individuos protegidos por la convención y se demuestra que existe una causal de cuestionamiento de la cosa juzgada".11 En ese mismo sentido ha añadido -repetimos- que sólo circunstancias excepcionales pueden conducir a que el cuerpo supranacional"...deba ocuparse de examinarlos respectivos procesos internos"12

Esa doctrina que 'indirectamente tolera la fiscalización de la actividad jurisdiccional doméstica ha sido recibida por la Corte Suprema de la Nación Argentina con cierta cautela y con algunas idas y vueltas,13 aunque en los últimos tiempos fue acatada in totum, con algunas disidencias.

Hemos querido adelantar a modo propedéutico que ese Tribunal internacional ha sentado la postura en el sentido de que por regla, él no se ocupa de modificar en forma directa el derecho interno, ya que su misión consiste en 'controlar' si las normas locales acatan -o no- las convenciones internacionales; y por ende no se convierte en una 'cuarta instancia' que deja sin efecto las leyes de los países14.

Surge de lo antedicho que la misión primigenia de la Corte IDH está en llevar a cabo una inspección de convencionalidad 'comparando' la norma del derecho interno15 en relación a la convención y desentrañar si aquélla violenta a ésta. Conjugando las ideas hasta ahora expuestas podemos decir-con algunas aclaraciones que luego haremos-que del postulado liminar antedicho surge que la Corte regional no se ocupa -por principio- de la legislación doméstica, sólo escruta si la misma transgrede la Convención Americana sobre Derechos Humanos (y otros tratados), y si advierte esa falencia, así se lo hace saber al país infractor para que modifique los actos ejecutados por cualquiera de sus tres poderes. Ello a fin de evitar que el mismo incurra en responsabilidad estatal (arts. 1.1 y 2 del Pacto aludido).

Conviene alertar sobre la importancia de tal tarea que lleva a cabo la Corte a través de este contralor heterónomo, que importa de alguna manera una especie de 'casación regional' que sirve para unificar la interpretación jurídica de los países plegados al modelo, que abarca en el ámbito interamericano más de trescientos millones de habitantes.16

Lo cierto es que este 'control de convencionalidad' no sólo se ejercita en el sistema regional correspondiente al área de los derechos humanos, sino también que dicha inspección se cumple desde antiguo en el derecho comunitario, sea por los jueces nacionales como por el propio Tribunal de Luxemburgo.17

En efecto, desde la famosa sentencia "Costa vs. ENEL" dictada por este cuerpo judicial internacional, en el año 1964, el mismo sostuvo que las leyes comunitarias, tanto primarias como secundarias, han sido consistentemente proclamadas por ese organismo como preeminentes tanto frente a las leyes internas anteriores, como a las posteriores (incluyendo las leyes constitucionales nacionales).18

Estos criterios han quedado firmes en la versión consolidada del Tratado de la Unión Europea y en sus respectivos Protocolos.


  1. Evolución del Control de Convencionalidad

El "control de convencionalidad", como ya lo hemos señalado anteriormente se menciona primera vez, en el importante caso Myrna Mack Chang, en el año 2003, a través del voto razonado del Juez Sergio García Ramírez.19

El 7 de diciembre de 2004 en el caso Tibi,20 dicho magistrado volvió a poner la Pica en Flandes sobre esta problemática, sosteniendo, con buen tino, que la tarea de los jueces trasnacionales se asemeja a la de los Tribunales Constitucionales, ya que estos últimos inspeccionan los actos impugnados -disposiciones de alcance general- a la luz de las reglas, los principios y valores de las leyes fundamentales, "La Corte Interamericana, por su parte, analiza los actos que llegan a su conocimiento en relación con normas, principios y valores de los tratados en los que funda su competencia contenciosa. Dicho de otra manera, si los tribunales constitucionales controlan la 'constitucionalidad', el tribunal internacional de derechos humanos resuelve acerca de la 'convencionalidad' de esos actos. A través del control de constitucionalidad, los órganos internos procuran conformar la actividad del poder público -y, eventualmente, de otros agentes sociales- al orden que entraña el Estado de Derecho en una sociedad democrática. El tribunal interamericano, por su parte, pretende conformar esa actividad al orden internacional acogido en la convención fundadora de la jurisdicción interamericana y aceptado por los Estados partes en ejercicio de su soberanía".21

Aclara allí el citado jurista mexicano que del mismo modo que un Tribunal Constitucional no puede, ni lo debe pretender, traer ante sí todos los casos en que se cuestione la supra legalidad de actos y normas; "un tribunal internacional de derechos humanos no aspira -mucho menos todavía que el órgano nacional- a resolver un gran número de litigios en los que se reproduzcan violaciones previamente sometidas a su jurisdicción y acerca de cuyos temas esenciales ya ha dictado sentencias que expresan su criterio como intérprete natural de las normas que está llamado a aplicar, esto es, las disposiciones del tratado internacional que invocan los litigantes. Este designio, que pone de manifiesto una función de la Corte, sugiere también las características que pueden tener los asuntos llevados a su conocimiento".22

Lo expresado significa -en definitiva- que en el ámbito regional, el país debe tener en cuenta "la jurisprudencia" de ese órgano supranacional y poner en marcha tales criterios en el campo doméstico.

En el caso Raxcacó Reyes23 la Corte IDH, llevando a cabo el "control de convencionalidad",24 entre el Pacto de San José y el Código Penal guatemalteco, consideró que este último infringía los postulados de aquél, por lo que dispuso que el país debería modificar esta norma punitiva, que permite la pena de muerte en determinadas circunstancias, y que mientras que no se cumpla con tal mandato jurisdiccional "El Estado deberá abstenerse de dictar la pena de muerte y ejecutar a los condenados por el delito de plagio y secuestro... ".25

En el año 2006 en el asunto López Álvarez26 el juez García Ramírez, volvió sobre esta temática cuando le tocó analizar el 'plazo razonable' (arts. 7.5 y 8.1 del Pacto). Es posible que el análisis jurídico sea relativamente sencillo, una vez establecidos los hechos acerca de los cuales se ha producido el litigio, pero éstos pueden ser extraordinariamente complejos y hallarse sujetos a pruebas difíciles, necesariamente prolongadas o de complicada, costosa, azarosa o tardía recaudación. También puede suceder lo contrario: relativa claridad y sencillez de los hechos, en contraste con problemas severos en la apreciación jurídica o en la calificación de aquéllos: pareceres encontrados, jurisprudencia cambiante, legislación incierta, razones atendibles en sentidos diferentes o discrepantes.

En el caso Almonacid Arellano27 -ahora- la Corte 'en pleno' se ocupó de tal problemática -refiriéndose a delitos de lesa humanidad-, sosteniendo que es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley, y obligados por ende a aplicar las normas vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando el Estado ha ratificado un Tratado, como el Pacto de San José, 'sus jueces' "como parte del aparato Estatal, también están sometidos a ella", lo que les obliga a velar para que los efectos de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas jurídicas contrarias a su objeto y fin. En otras palabras "el Poder Judicial debe ejercer una especie28 de 'control de convencionalidad' entre las normas jurídicas internas, que aplican a los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el Tratado sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte IDH, intérprete última de la Convención".

Repárese que en el asunto referido el Tribunal Interamericano -en pleno- utilizó por primera vez la frase 'control de convencionalidad'.

En el caso Vargas Areco29 fallado en septiembre de 2006, nuevamente el Juez Sergio García Ramírez en su Voto Razonado trabajó sobre esta álgida cuestión hablando de 'control de convencionalidad'.

Tales expresiones del Magistrado aludido apuntan a noticiar que la Corte IDH debe confrontar las circunstancias internas, tales como actos administrativos, leyes, resoluciones judiciales, etc.; con las normas de la Convención y resolver si existe congruencia -examen de compatibilidad- entre aquéllos y éstas.

Desde esa vertiente, no debemos olvidar que la lógica del modelo tutelar del Pacto de Costa Rica, reside en la necesidad de apreciar la racionalidad, oportunidad, necesidad, pertinencia y proporcionalidad de determinados hechos desde la perspectiva de los derechos humanos "... esto es evidente y de ello se ha ocupado la jurisprudencia de la Corte Interamericana, cuando se trata de considerar los límites y restricciones para el ejercicio de los derechos o la suspensión de las obligaciones del Estado en esta materia. Cabe decir otro tanto del régimen de garantía establecido por la Convención -e inherente a las obligaciones naturales de un Estado en este ámbito-, al que también se pueden y deben aplicar aquellos patrones de apreciación para estimar su existencia y eficacia, y en este sentido, su correspondencia con la propia Convención".

El 24 de noviembre de 2006, el Tribunal de marras en el caso de los Trabajadores Cesados, todos los jueces abordaron esta cuestión de control de convencionalidad.30 Posteriormente el Juez Caneado Trindade añadió conceptos en el mismo asunto aunque ahora en el año 2007, cuando se ocupó de la solicitud de interpretación de la sentencia.31

Conviene reiterar que en el citado caso del año 2006 la Corte no habló ya de 'una especie' de control, sino que directamente lo calificó como 'control de convencionalidad', lo que hace presumir que dicha terminología quedó a partir de ese momento anclada en los andariveles de ese cuerpo.

En el segundo de los expedientes citados, el Juez Caneado Trinidade32 en su Voto Disidente, hizo un excelente análisis de la institución que venimos abordando, hablando -con cita de Cappelletti33- de la dimensión constitucional y de la dimensión supranacional del derecho.34 Puso énfasis en sostener -y esto parécenos de mucha importancia- que la necesidad de agotamiento de los recursos efectivos del derecho interno (artículo 46.1 .a de la CADH) integra la propia protección internacional de los derechos humanos (aquí vuelve a su voto del 2006 en el Caso de Trabajadores Cesados del Congreso).

Sostiene allí el Juez de marras que el art. 2 del Pacto al imponer esa obligación de 'armonización' entre el derecho nacional y el internacional se abre el camino para una 'constitucionalización' de una convención supranacional.35

El 20 de septiembre de 2007, en el caso Boyce,36 la Corte se ocupó nuevamente de esta temática,37 observando que en la jurisdicción interna se había hecho un análisis puramente constitucional de la cuestión litigiosa en la cual no se tuvieron en cuenta las obligaciones que tiene el Estado conforme al Pacto de San José. Se dijo allí que de acuerdo con la Convención de Viena sobre los Tratados (art. 26), el Estado debió cumplir de buena fe con sus obligaciones convencionales, "...y no podrá invocar disposiciones de su derecho interno como justificación para el incumplimiento de dichas obligaciones convencionales... ".

Ejemplificando, y con un tono docente se señaló allí que la jurisdicción interna no se debió limitar a evaluar si la norma local era constitucional o no, ya que la Corte de Justicia del Caribe (último órgano doméstico), debió también decidir si la ley de Barbados, esgrimida en las sentencias locales, violó o no la Convención.

En el Caso Heliodoro Portugal,38 en un asunto referido a la desaparición forzada de personas, el Tribunal de cita adunó que a través de lo que se denomina 'control de convencionalidad', cada juzgador debe velar por el efecto útil de los instrumentos internacionales, por ende, el derecho doméstico -tal cual ya lo dijimos- debe adecuar sus normas al Pacto de San José.

La Corte ha interpretado que la 'adecuación' de los preceptos locales"... implica la adopción de medidas en dos vertientes, a saber: i) la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención o que desconozcan los derechos allí reconocidos u obstaculicen su ejercicio; y ii) la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías", criterio que ya había sido fijado con anterioridad.

  1   2   3


La base de datos está protegida por derechos de autor ©absta.info 2016
enviar mensaje

    Página principal