Dictamen de la Procuración General



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Dictamen de la Procuración General:

En lo que interesa destacar a los fines de la vista conferida, el Tribunal del Trabajo Nº 2 de Lomas de Zamora rechazó la demanda de indemnización por despido incausado y otros rubros de naturaleza laboral, promovida por Federico Albite contra PANELCAR INTERNACIONAL S.R.L., haciendo lugar al reclamo sólo en lo referente a salarios correspondientes a la segunda quincena del mes de mayo de 2006; sueldo anual complementario y vacaciones proporcionales 2006. Todo ello, con costas a la parte actora por resultar sustancialmente vencida (v. fs. 382/393).

Contra dicho modo de resolver, el accionante –por apoderado- se alzó mediante recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. fs. 403/414 vta.).

Con denuncia de violación a los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial; 44 inc. d) y 47 de la ley 11.653, la queja de nulidad –única que motiva mi intervención en autos (v. fs. 428)- se apoya –sumariamente- en los siguientes argumentos:

En lo que es posible rescatar como agravios propios del recurso en estudio, sostiene el apelante que en el fallo de los hechos, no se hizo referencia alguna a la entrega de los certificados del art. 80 de la LCT y, lo que considera más grave aún, en la posterior etapa de sentencia, el a quo consideró que resultaba abstracto el tratamiento de la inconstitucionalidad del decreto 146/01.

Por lo demás, la queja se nutre de objeciones a la interpretación de los escritos constitutivos del proceso y a la valoración del material probatorio por parte del Tribunal del Trabajo.

Sobre tal base y mediante invocación de precedentes de esa Suprema Corte referidos a la anulación oficiosa de sentencias, alega que el fallo impugnado adolece de serias deficiencias que imposibilitan su control de legalidad.

En mi opinión, el recurso no puede prosperar.

Lo entiendo así, en primer término, pues el tópico concerniente a la entrega de los certificados previstos en el art. 80 de la LCT, cuyo omiso tratamiento denuncia el quejoso, no formaba parte de los concretos reclamos formulados en el escrito postulatorio de la acción, conforme resulta de su simple lectura.

En efecto, reparando en el contenido de los distintos ítems que estructuran el escrito de demanda de fs. 133/147 vta., se advierte claramente que lo reclamado por el accionante en las presentes actuaciones está constituido únicamente por el cobro de una suma de dinero (ver capítulo II.- Objeto)cuyo detalle resulta del rubro liquidación que también la integra (v. fs. 142/143), sin la más mínima mención de la cuestión que el recurrente arguye como omitida.

Siendo ello así, mal podría reputarse preterido un tópico que no componía el objeto de demanda, puesto que no integraba la estructura de la litis ni el esquema jurídico que la sentencia debía atender para la correcta solución del pleito (conf. S.C.B.A., causas L. 65.722, sent. del 19/V/98 y L. 82.594, sent. del 21/IV/04, entre otras).

Idéntica suerte adversa debe recaer –en mi modo de ver- sobre el agravio fundado en la presunta preterición del planteo de inconstitucionalidad del decreto 146/01. En efecto, tal como el propio apelante lo presenta, el sentenciante de origen entendió que dicha cuestión no debía ser abordada por considerarla abstracta. En tales condiciones, no cabe interpretar que ha mediado omisión de cuestión esencial en los términos del art. 168 de la Carta local, como pretende el interesado, desde que el a quo expuso los motivos por los cuales juzgó que el tema no debía considerarse, siendo que la omisión a la se castiga con la nulidad del fallo es aquella que deviene por el descuido o la inadvertencia del Tribunal (conf. S.C.B.A., causas L. 82.729, sent. del 26/X/05; Ac. 98.263, resol. del 25/IV/07 y L. 86.747, sent. del 4/VII/07, entre muchas más).

Tampoco merecen ser oídos los agravios dirigidos a la interpretación efectuada por el Tribunal del Trabajo respecto de los términos del escrito de demanda y de la conformación de la litis, pues –como es sabido- dicha temática resulta exorbitante al recurso de extraordinario de nulidad, al igual que lo son las eventuales violaciones de normas procesales, toda vez que configuran la imputación de típicos errores de juzgamiento, cuyo andarivel específico de impugnación es abastecido por el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (conf. S.C.B.A., causas L. 34.343, sent. del 27/VIII/85 y L. 76.879, sent. del 12/XI/03, entre otras).

Cabe añadir –una vez más- que la declaración de nulidad de oficio de las sentencias de las instancias inferiores, es un instituto distinto del recurso extraordinario de nulidad, que la Suprema Corte, en ejercicio de una facultad privativa y excluyente, utiliza en situaciones especiales en el marco del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en razón de lo cual, se haya vedado a las partes la realización de planteos de tal índole al fundamentar sus recursos.

Finalmente, no obstante que la denuncia de violación al art. 171 de la Constitución local carece de contenido, resta decir que el fallo en crisis se halla fundado en expresas normas legales, cumpliendo así con el imperativo consagrado en el precepto supralegal de referencia.

Por las razones brevemente expuestas, aconsejo a V.E. el rechazo del recurso extraordinario de nulidad que dejo examinado.

Es mi dictamen.

La Plata, 30 de septiembre de 2008 - Juan Angel de Oliveira

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 5 de junio de 2013, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Soria, Negri, Pettigiani, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 104.785, "Albite, Federico contra Panelcar Internacional S.R.L. Despido".



A N T E C E D E N T E S

El Tribunal del Trabajo n° 2 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, con asiento en dicha ciudad, admitió parcialmente la demanda promovida por Federico Albite, condenando a Panelcar Internacional S.R.L. al pago de los haberes correspondientes a la segunda quincena del mes de mayo de 2006, vacaciones y sueldo anual complementario proporcional, conceptos sobre los que dispuso la aplicación de la tasa de interés activa. Desestimó, en cambio, el reclamo de diferencias salariales correspondientes al período comprendido entre marzo de 2004 y abril de 2006 y su incidencia sobre el sueldo anual complementario, vacaciones y horas extras, las indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva de preaviso e integración del mes de despido y las contempladas en las leyes 25.323, 25.345 y 25.561 y sus modificatorias, imponiendo las costas a la parte actora por resultar sustancialmente vencida (fs. 387/393).

Ésta dedujo recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (fs. 403/414 vta.), los cuales fueron concedidos por el órgano de grado a fs. 415 y vta.

Oído el señor Subprocurador General (fs. 429/431 vta.), dictada la providencia de autos a fs. 432 y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar las siguientes



C U E S T I O N E S

1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad de fs. 403/410?

Caso negativo:

2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley de fs. 410/414 vta.?



V O T A C I Ó N

A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:

I. Contra la decisión del tribunal de origen, se alza la parte actora con recurso extraordinario de nulidad (fs. 403/410), en el que denuncia la transgresión de los arts. 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653; 168 y 171 de la Constitución provincial y violación de la doctrina que cita.

En su fundamentación, alega que no surgen del fallo conclusiones claras respecto de cuestiones esenciales planteadas y, en ese orden, afirma que en el veredicto el a quo omitió efectuar referencia alguna con relación a la falta de entrega por parte del empleador de los certificados previstos en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. Asimismo, aduce que soslayó tratar, por estimarlo abstracto, el planteo de inconstitucionalidad del decreto 146/2001 -en cuanto reglamenta la precitada norma- y que, dicho análisis, era imprescindible a los fines de determinar la procedencia de la sanción pecuniaria contemplada en el mentado art. 80 (texto según art. 45 de la ley 25.345).

Los restantes agravios se estructuran en torno al fallo de los hechos, sosteniendo el impugnante, en lo esencial, que el juzgador no concretó las circunstancias fácticas imprescindibles para la solución del caso y simplificó la formulación de las cuestiones, ignorando planteos concretos de la demanda.

Puntualmente, asevera que al dar respuesta al interrogante cuarto, tocante a si el actor incurrió en los incumplimientos y faltas que se le imputaron como causal de despido, el tribunal interviniente los juzgó demostrados, limitándose a enumerar las pruebas sin efectuar análisis alguno, ni fundar las conclusiones arribadas. Ello, impidió -a su juicio- garantizar el control de legalidad de lo decidido, lesionando el derecho de defensa de su parte y quebrantando el debido proceso. En sostén de su posición, cita diversos precedentes de esta Corte en los que se declaró la nulidad de oficio del veredicto.

II. Considero, en coincidencia con lo dictaminado por el señor Subprocurador General a fs. 429/431 vta., que el recurso debe ser rechazado.

1. De modo preliminar, estimo oportuno señalar que dicho remedio sólo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, falta de fundamentación legal, incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Constitución provincial; conf. causas L. 89.528, "Maldonado", sent. del 23-VII-2008; L. 83.016, "Ardiles", sent. del 15-XI-2006; L. 84.064, "Decile", sent. del 22-III-2006; L. 79.789, "Olivera", sent. del 10-VIII-2005; entre otras).

2. En la especie, no advierto configuradas ninguna de las causales mencionadas, únicas -en rigor- capaces de generar la nulidad de las decisiones judiciales. Veamos:

a. En lo concerniente a la entrega de las certificaciones contempladas en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo -cuya consideración el impugnante denuncia omitida-, como bien lo señala el señor Subprocurador General (fs. 430 y vta.), no fue objeto de reclamo en la demanda, habiendo el accionante únicamente peticionado el pago de la penalidad prevista en el cuarto párrafo de dicha norma -incorporado por el art. 45 de la ley 25.345- (v. demanda, capítulo II. "Objeto", fs. 133 y vta. y "Liquidación", fs. 142/143).

Ha dicho esta Corte que son cuestiones esenciales -en la acepción que corresponde al recurso extraordinario de nulidad- las que conforman la estructura de la traba de la litis y el esquema jurídico que la sentencia debe atender para la correcta solución del litigio (conf. causas L. 73.313, "Añual", sent. del 26-X-1999; L. 49.762, "Barrios", sent. del 18-VIII-1992; L. 40.802, "Peralta" sent. del 23-V-1989; L. 34.376, "Guerra", sent. del 22-X-1985).

Por ende, cabe concluir que la falta de consideración en el fallo impugnado de un reclamo que no fue sometido a juzgamiento de los jueces de grado en la oportunidad debida -es decir, en el escrito de demanda-, no infringe el art. 168 de la Carta local y, consecuentemente, no provoca su nulidad (conf. causas L. 82.806, "Alberro", sent. del 21-IV-2004; L. 55.490, "San Martín de Ciafardini", sent. del 7-V-1996; L. 34.200, "Michel", sent. del 23-IV-1985), siendo extemporánea su introducción recién en esta instancia extraordinaria, y por lo tanto inaudible.

b. Igualmente, no asiste razón al quejoso en cuanto alega la omisión de tratamiento del planteo de inconstitucionalidad del decreto 146/2001.

Ello así, pues, el art. 168 de la Constitución provincial sanciona con la nulidad a aquellas omisiones incurridas por el juzgador por descuido o inadvertencia, más no cuando la materia aparece expresamente desplazada de consideración -como ocurre en el sub lite- por las razones expuestas en la sentencia (conf. causas L. 94.976, "Wawrzyniak", sent. del 28-V-2010; L. 97.593, "Pasquali", sent. del 21-IV-2010; L. 87.860, "Viera", sent. del 25-II-2009; L. 86.747, "Cha", sent. del 4-VII-2007; L. 82.729, "Schonfeld", sent. del 26-X-2005).

En efecto, el órgano de grado no incurrió en ninguna inadvertencia sobre el particular, sino que -con independencia del acierto de lo decidido- al concluir que el despido dispuesto por el empleador fue justificado, juzgó que devino "abstracto" el análisis de dicho planteo (sentencia, apart. 3, fs. 390 y vta.).

c. Los remanentes agravios no son de recibo, dado que -como reiteradamente lo ha declarado este superior Tribunal- resultan ajenas al recurso extraordinario de nulidad las cuestiones vinculadas a supuestos errores de juzgamiento (conf. causas L. 77.938, “Salvatierra”, sent. del 28-VI-2006; L. 82.468, “Brauton”, sent. del 9-XI-2005; L. 77.501, “Recatume”, sent. del 14-IV-2004; L. 80.139, “Guzmán”, sent. del 19-II-2002), como también la infracción de expresas normas procesales (conf. L. 86.826, "Alarcón Cea", sent. del 19-IX-2007; L. 83.016, "Ardiles", sent. del 15-XI-2006) o las presuntas violaciones a la garantía de defensa y debido proceso (conf. causas L. 86.826, "Alarcón Cea", cit.; L. 82.549, "Bernabé", sent. del 29-VIII-2007; L. 76.974, "Vallejos", sent. del 17-XII-2003; L. 64.635, "Bustamante", sent. del 3-III-1998; entre otras).

Tampoco constituye omisión de cuestión esencial, en los términos de lo dispuesto por el art. 168 de la Constitución provincial, la ausencia de tratamiento o el deficiente examen de la prueba (conf. causas L. 84.144, "Bratelli", sent. del 11-IV-2007; L. 88.632, "Sequeira", sent. del 9-VIII-2006; entre otras).

d. Por último, y pese a que el recurrente no desarrolla agravio concreto al respecto, no se configura quebrantamiento del art. 171 de la Carta local, habida cuenta que sólo se infringe cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica, faltando la invocación de los preceptos legales pertinentes de suerte que aquél aparezca sin otro sustento válido que el mero arbitrio del juzgador (conf. causas L. 83.623, "Gómez", sent. del 27-VIII-2007; L. 82.076, "Basilio", sent. del 4-X-2006; L. 78.656, "Rosa", sent. del 10-III-2004; entre otras).

IV. Por lo expuesto, el recurso extraordinario de nulidad debe rechazarse.

Voto por la negativa.

Los señores jueces doctores Soria, Negri y Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la primera cuestión también por la negativa.

A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:

I. El tribunal interviniente, en lo relevante, desestimó la acción interpuesta por Federico Albite contra Panelcar Internacional S.R.L., en cuanto pretendía, por una parte, el cobro de las indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva de preaviso, integración del mes de despido y las contempladas en las leyes 25.323, 25.345 y 25.561 y sus modificatorias, y, por la otra, el pago de diferencias salariales -correspondientes al período comprendido entre marzo de 2004 y abril de 2006- y su incidencia sobre el sueldo anual complementario, vacaciones y horas extras (fs. 387/393).

Para así decidir, en lo concerniente a la extinción del vínculo, juzgó probadas las motivaciones extintivas invocadas por la empleadora, atribuyéndoles entidad suficiente para disolver el vínculo laboral en los términos del art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, y, en consecuencia, desestimó las indemnizaciones derivadas del despido (veredicto, fs. 383 vta. y sentencia, apart. 3, fs. 389 vta./390).

Asimismo, como correlato de ello, el a quo declaró abstracto el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad del decreto 146/2001, y desestimó la pretensión de cobro de la penalidad contemplada en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (según art. 45 de la ley 25.345; sentencia, primera cuestión, apart. 3., fs. 390 vta. y segunda cuestión, apartados I. y II., fs. 390 vta./391).

Respecto del reclamo de pago de diferencias salariales, lo rechazó, con sustento en que no se demostró que el empleador hubiere abonado al actor sumas inferiores a las que le correspondía percibir según el convenio colectivo de trabajo que rige la actividad y, tampoco se probó que, a partir de enero de 2006, le hubiera reducido la remuneración (veredicto, fs. 386).

II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 403/414 vta.), la parte actora denuncia absurdo en la valoración de la prueba y la violación de los arts. 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653; 242 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo; 2 de la ley 25.323; ley 25.561; 375 del Código Procesal Civil y Comercial; 17, 18, 19 de la Constitución nacional y doctrina que cita.

Expone los siguientes agravios:

a. Sostiene que el a quo cometió un grave error de juzgamiento, dado que soslayó el análisis y valoración de las pruebas y de los hechos, arribando a conclusiones contradictorias con el orden lógico. Alega que incurrió en absurdo en la valoración de la prueba y quebrantó los arts. 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653 y 375 del Código Procesal Civil y Comercial, adoleciendo el pronunciamiento del vicio de arbitrariedad.

Asevera que se ha basado en afirmaciones dogmáticas, brindando un fundamento tan sólo aparente, que contraría las constancias del expediente.

Puntualmente, respecto de las motivaciones invocadas por la demandada para disponer el despido de Albite, se agravia, en tanto el juzgador concluyó per se que fueron demostradas y, lo hizo, sin analizarlas, ni expresar concretamente cuáles fueron y de qué elementos se valió para tenerlas por probadas.

b. Se desconforma por la desestimación del pedimento de diferencias salariales, y, en ese sentido, señala que el a quo ha confundido los conceptos de salario "básico" con los denominados "a cuenta de futuros aumentos" ó "aumento de empresa", toda vez que -según la pericia contable- de un básico horario de $ 6,59 que su parte percibía en octubre de 2005, pasó a cobrar $ 5,79 por hora, en febrero de 2006.

c. Controvierte la definición del sentenciante que, al concluir que el despido dispuesto por el demandado estuvo fundado en justa causa, declaró abstracto el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad del decreto 146/2001 -en cuanto reglamenta al art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según art. 45 de la ley 25.345)-, el cual, señala, era imprescindible a los fines de determinar la procedencia de la sanción pecuniaria contemplada en el cuarto párrafo de dicho precepto, sobre la que, agrega, no hizo mención en el veredicto, ni en la sentencia.

En sostén de la impugnación, afirma que el juzgador no advirtió que la precitada tacha de inconstitucionalidad no guarda relación con la procedencia, o no, del despido.

d. Alega que el tribunal interviniente omitió pronunciarse sobre la entrega de los certificados previstos en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, como también, que nada dijo sobre las falencias que adolece el instrumento acompañado por el accionado en oportunidad de contestar la demanda, dado que, habiendo sido confeccionado en el formulario de la A.N.Se.S., PS 6.2, presenta blancos y no especifica la fecha de egreso. En cuanto a la fecha en que fue certificada la firma de dicho documento -octubre de 2006-, entiende que -contrariamente a lo sostenido por Panelcar Internacional S.R.L.- constata que no estaba a disposición del actor en el mes de mayo de 2006.

e. Se agravia, en tanto al declarar justificado el despido dispuesto por el principal, el sentenciante rechazó los reclamos impetrados en los términos del art. 2 de la ley "25.345" (debió decir 25.323) y de la ley de emergencia económica.

III. El recurso, en mi opinión, ha de prosperar parcialmente.

1. Los agravios traídos respecto de la ponderación de las causas que dieron soporte a la denuncia por justa causa del contrato efectuada por la sociedad demandada, son de recibo.

a. En el fallo de los hechos, el órgano de grado hubo de plantearse -apartado tercero- si se probó que el 29 de mayo de 2006, Panelcar Internacional S.R.L. despidió a Federico Albite, remitiéndole una carta documento, cuyo texto decía: "Rechazamos TCL 66326652 por falso improcedente y malicioso. Usted busca invertir los roles y pasar de ser injuriante a injuriado. Negamos actitud persecutoria que denuncia. La reunión con el Ing. bruno (Asesor en Seguridad e Higiene) y el Escribano Guillermo R. Alonso (titular del registro nº 36) se realizó por requerimiento de la aseguradora de los riesgos del trabajo PROVINCIA A.R.T.; de esa reunión se labró un Acta Notarial que usted se negó a firmar, lo que sí realizaron (...) y los testigos por usted propuestos Sres. Maximiliano López y Miguel Fauda. El Acta, nos permite colegir por lo usted afirmado en forma errática y contradictoria sobre la fecha y modos en que se produjo el accidente, así como por los informes médicos de la Clínica Luzuriaga, Clínica IMA y por dictamen de PROVINCIA A.R.T. que usted realizó una falsa denuncia (lo que deja expedita la vía penal del art. 172 y subsiguientes del Código Penal). Este hecho, y los que seguidamente paso a precisar configuran lo que la doctrina califica como UN MAL TRABAJADOR: a) apercibimiento disciplinario de fecha 22/10/2001 por transgredir normas de seguridad al fumar en áreas restringidas. b) apercibimiento disciplinario de fecha 22/2/2002 por 'actitud de descuido y desinterés por la tarea que debe desempeñar en su puesto de trabajo, luego de habérsele informado de su conducta en reiteradas situaciones'. c) apercibimiento disciplinario de fecha 12/8/2002 por ser encontrado durmiendo en lugar de estar en su puesto de trabajo. d) suspensión por faltar sin aviso de fecha 16/2/2004. e) reiteradas ausencias por enfermedad y sin justificar. f) reclamo improcedente por diferencias salariales. g) haber cumplido tareas en todos los sectores de la empresa y turnos rotativos de labor y que ningún líder de sector quiere contar con usted en su grupo de trabajo, es más usted es rechazado por sus propios compañeros de trabajo quienes en la etapa procesal oportuna habrán de prestar declaración testimonial sobre sus reiteradas idas al baño o a fumar en el vestuario o al comedor. h) su no acatamiento a las órdenes que se le imparten obstaculizando la producción. Es por lo señalado que se torna imposible la prosecución de nuestro vínculo laboral por lo que le notificamos queda despedido a partir de la fecha por su exclusiva culpa..." (veredicto, apart. 3º, fs. 382 vta./383).

Asimismo, en el apartado cuarto, hubo de proponer si se demostró "que el actor incurriera en los incumplimientos y faltas que se le imputan como causal de despido" (veredicto, 4º, fs. 383 vta.).

Al dar respuesta a esos interrogantes -entre otros- la magistrada que votó en primer término, concitando la adhesión de los otros dos miembros del tribunal, sostuvo: "Habiendo realizado un pormenorizado análisis de las diversas constancias de autos y merituado las pruebas producidas en la forma que establece el art. 44 inc. 'd', ley 11.653, puedo concluir que se han justificado acabadamente los apartados 1º, 2º, 3º y 4º en base a los términos de los escritos de demanda y responde; recibos salariales glosados a fs. 22/120; cartas documento de fs. 121/128, 179/189; informe pericial contable de fs. 282/287; instrumental de fs. 171, 172 y 173, que da cuenta de los apercibimientos impuestos al accionante, las cuales han sido debidamente notificadas al mismo, no obstante el desconocimiento formulado en oportunidad de contestar el segundo traslado a fs. 233, atento las conclusiones de la pericia caligráfica de fs. 326/346, al dictaminar en forma categórica que 'las firmas insertas en los documentos obrantes a fs. 171, 172 y 173, pertenecen al señor Albite Federico'; declaración testimonial brindada en la audiencia de vista de causa que dan cuenta las actas de fs. 379 y 381, notas de fs. 175 que fuera reconocida en la audiencia de vista de causa por el testigo Javier A. Iglesias; fs. 176/77, cuyo reconocimiento efectuara en la referida audiencia el testigo Sergio Fabián Perez Vargas, carta documento de fs. 178, mediante la cual se le notifica suspensión por ausencias injustificadas, acta de fs. 203 que también fuera reconocida en oportunidad de prestar declaración los testigos ya mencionados." (veredicto, única cuestión, fs. 383 vta./384).

Ya en sentencia, sostuvo que del veredicto surgía que la patronal demostró la existencia de los presupuestos fácticos en los que sustentó el despido de Albite, toda vez que se comprobó en forma terminante que incurrió en los incumplimientos y faltas que se le imputaron, como también, que contaba con sanciones disciplinarias por diversas faltas, que no fueron impugnadas. En función de ello, concluyó que la sanción de despido dispuesta por la patronal poseía justa causa, resultando legítimo su proceder (arts. 242, 243 de la L.C.T.).

Añadió que la causal de despido consignada en el ítem f) de la carta documento por la que se comunicó el despido, consistente en el "reclamo improcedente de diferencias salariales", no configuraba injuria en los términos del art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, sino un derecho del trabajador de peticionar lo que por ley consideraba que le correspondía, no obstante lo cual, señaló que, ante el cúmulo de incumplimientos acreditados, dicha circunstancia no modificaba su propuesta decisoria.

b. En su crítica de este tramo del decisorio, como ya anticipé, el recurrente aduce que el órgano de grado juzgó demostrados los incumplimientos y faltas que el demandado le endilgó como causal de despido, limitándose enumerar las pruebas, pero sin haber efectuado análisis alguno de las mismas, ni sustentado las conclusiones arribadas.

Los fundamentos en los que cimenta la impugnación pueden agruparse del siguiente modo:

(i) Denuncia que el a quo transgredió el art. 47 de la ley 11.653, dado que, siendo varias las motivaciones que dieron soporte al despido, debió tratarlas en forma independiente a efectos de tener por acreditadas, o no, cada una de ellas. Sin embargo, las englobó sin determinar en realidad en qué basó el pronunciamiento.

En particular, señala:

Con relación al accidente de trabajo sufrido por el actor en el mes de marzo de 2006, afirma que ninguno de los dos testigos valorados por el juzgador, presenciaron el hecho y, los que sí lo hicieron, a saber, Maximiliano López y Miguel Fauda, ni siquiera fueron mencionados en el veredicto.

Sobre las "reiteradas ausencias por enfermedad sin justificar", refiere que no fueron tales, dado que de la lectura de los recibos de haberes surge que Albite percibía el premio por presentismo, y las ausencias por enfermedad que figuran en algún otro recibo, fueron pagadas y, por ende, justificadas por el empleador. Aduna que nada dice el veredicto al respecto, careciendo dicha motivación de sustento.

En cuanto a las sanciones disciplinarias que se le aplicaron en seis años, consistentes en tres amonestaciones y una suspensión, a su juicio, por sí no resultan gravitantes.

(ii) Por otra parte, acusa que el sentenciante ni siquiera evaluó la existencia de contemporaneidad entre los hechos atribuidos al trabajador y el despido.

En ese orden, señala que todos los apercibimientos fueron aplicados en el año 2002, es decir, cuatro años antes del despido y, la última sanción -la suspensión- data del año 2004, remontándose a dos años y tres meses previos al distracto.

En cuanto a las actas, glosadas a fs. 175, de fecha 9 de marzo de 2006 y a fs. 176/177, de fecha 4 de abril de 2006 -que el tribunal de origen tuvo por reconocidas-, afirma que tampoco guardan contemporaneidad con el despido los hechos allí narrados y, añade, que aún cuando fueran ciertos, tampoco fueron sancionados.

En función de ello, entiende que no se ha acreditado un último incumplimiento que, siendo susceptible de sanción, por su contemporaneidad, derivara en el despido. De esa forma, alega que el a quo ha violado la doctrina establecida por esta Corte en los precedentes "Rossi" (L. 51.870, sent. del 29-VI-1993) y "Sosa" (L. 34.585, sent. del 2-VII-1985), en cuanto hubo de declarar que las faltas disciplinarias anteriores, aún cuando puedan alegarse como antecedentes para establecer la gravedad del nuevo hecho injurioso, no bastan para justificar un despido sin la existencia de un hecho actual sancionable, como etapa final del proceso de distorsión que concluye con la ruptura del vínculo laboral.

En ese discurrir, señala que la accionada en el telegrama de despido abrió un abanico de causales, sin especificar cuál fue la última que originó la medida y, tampoco, lo acreditó. Pese a ello, el a quo las tuvo por probadas sin analizar y meritar el material probatorio, limitándose a enumerarlo.

(iii) Denuncia que el sentenciante violó el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial e incurrió en absurdo en la valoración de la prueba, atento que sustentó la decisión en las actas reconocidas por el ingeniero de planta, Javier Iglesias y el señor Sergio Pérez Vargas, obrantes a fs. 175 y 176/177, respectivamente. Ello, habida cuenta que ateniéndose a su contenido, muchas de las manifestaciones que se consignaron en las mismas hacen alusión a hechos de terceros, no presenciados por los testigos y, por ende, en su opinión, carecen de eficacia probatoria. Agrega, que ninguno de los terceros, compañeros de trabajo del actor, fueron traídos por la empresa a declarar al juicio y, respecto del que citó el tribunal ?Miguel Emilio Fauda-, su testimonio no fue valorado por el a quo (v. recurso, fs. 410 vta./411).

Concluye que el veredicto resulta abstracto, dado que no se analizan los dichos de los testigos, sino que simplemente se enumeran las fojas y pruebas producidas, revistiendo tan solo un aspecto formal, en tanto el tribunal interviniente no extrajo conclusiones, sino que se remitió a reconocimientos de actas por testigos propuestos por la accionada.

c. Sabido es que evaluar la conducta de las partes previa a la rescisión del vínculo laboral, para establecer la existencia o no de injuria, como así también la apreciación de su entidad en la causal invocada para disponer una cesantía y la valoración de las pruebas arrimadas a la causa para su demostración, constituyen cuestiones reservadas a la función axiológica de los jueces de grado. Las conclusiones que al respecto se formulen sólo pueden revisarse si se demuestra que la valoración no ha sido efectuada con la prudencia que la ley exige o se ha incurrido en absurda apreciación de los hechos (conf. L. 84.810, "Piazza", sent. del 9-VIII-2006; entre otras).

En el caso, considero que el recurrente ha logrado demostrar los vicios que denuncia respecto de esta parcela del fallo.

Constituía tarea insoslayable del tribunal interviniente establecer conclusiones claras y concretas respecto de la acreditación de los hechos alegados por la demandada como motivantes de la cesantía, a los fines de la posterior evaluación de la justificación o no de la medida dispuesta.

Sin embargo, el veredicto dictado en autos exhibe una simple enumeración de medios probatorios, sin estructura lógica que los concatene, mediante los que el a quo -como se ha visto-, sin efectuar distingo alguno, tuvo por demostrados los hechos planteados en los cuatro primeros interrogantes.

Acierta el quejoso al señalar que se ha omitido por completo la apreciación de las pruebas producidas, habiendo el juzgador simplificado de tal manera la cuestión que resulta imposible determinar qué hechos en concreto consideró probados y, específicamente, de qué elementos se valió para ello.

Tampoco surge del fallo de los hechos, valoración alguna que evidencie la jerarquización, ponderación y comparación necesaria para decidir respecto a la prueba tenida en cuenta, ni las conclusiones fácticas que pudieran derivarse de aquella y que resultan esenciales para sustentar correctamente la decisión.

En función de ello, considero que la definición del tribunal de grado, que en la sentencia declaró justificada la denuncia del contrato por el empleador en los términos de los arts. 242 y 243 de la Ley de Contrato de Trabajo, carece del debido sostén fáctico. Agrego que, como con acierto lo señala el recurrente, tampoco se verifica que el a quo hubiera meritado la existencia de contemporaneidad entre el despido y las motivaciones extintivas alegadas.

Por lo expuesto, si mi opinión es compartida, estimo que corresponde revocar este tramo del fallo y disponer el reenvío de las actuaciones a fin de que, con una nueva integración, el tribunal de origen renueve los actos procesales necesarios y dicte el pronunciamiento que corresponda sobre la presente cuestión.

2. Asimismo, por su conexidad con el despido, idéntica solución a la propiciada en el apartado anterior, corresponde adoptar respecto del rechazo de los reclamos impetrados en los términos del art. 2 de la ley 25.323 y 16 de la ley 25.561.

3. Por idéntico grado de vinculación, también ha de prosperar el agravio relativo a la conclusión del sentenciante que, al declarar que el despido dispuesto por el demandado estuvo fundado en justa causa, consideró abstracto el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad del decreto 146/2001 -en cuanto reglamenta al art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según art. 45 de la ley 25.345)- el cual, a su juicio, era imprescindible a los fines de determinar la procedencia de la sanción pecuniaria contemplada en dicha norma.

Como bien lo señala el impugnante, las obligaciones allí contempladas, son independientes de la forma en que se extingue el vínculo.

Concretamente, la sanción pecuniaria -incorporada por la ley 25.345-, no constituye una indemnización derivada del despido sin causa, sino que reconoce una causa totalmente distinta, esto es, el incumplimiento por parte del empleador de extender el certificado de trabajo o la constancia documentada de aportes. Dicha obligación no se genera exclusivamente en los casos de despido sin causa justificada; también cuando el vínculo se extinguiere por cualquier motivo, e inclusive, en contratos laborales vigentes, si el trabajador requiere las constancias documentadas del ingreso a los fondos de la seguridad social por alguna circunstancia razonable, y el empleador "no hiciera entrega" del respectivo instrumento.

Consecuentemente, es equívoca y violatoria del citado precepto, la solución dada por el tribunal de origen que, al rechazar el progreso de las indemnizaciones derivadas del despido, hizo lo propio con la sanción pecuniaria introducida al art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo por la ley 25.345, no abordando el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad del decreto 146/2001, por considerarlo abstracto.

Por ello, estimo que corresponde revocar este segmento del decisorio y proceder en la forma indicada en los apartados precedentes.

4. En cambio, no son de recibo los cuestionamientos concernientes, por una parte, a la entrega de las certificaciones previstas en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y, por la otra, a las supuestas falencias que atribuye al instrumento acompañado por la empleadora en su responde de demanda.

En primer lugar, pues, como lo señalé al considerar el recurso extraordinario de nulidad, la "entrega" de los certificados en cuestión no fue objeto de reclamo en la demanda (v. demanda, capítulo II. "Objeto", fs. 133 y vta. y "Liquidación", fs. 142/143).

Ergo, deviene inatendible la pretensión del interesado de introducir en forma novedosa y extemporánea una cuestión que recién se invoca en el recurso extraordinario, pues ello difiere sustancialmente del esquema que conformó la demanda, resultando inaceptable que ahora el quejoso pretenda alterar el alcance y dimensión de su pedimento (conf. causas L. 83.157, "González", sent. del 17-IX-2008; L. 85.178, "Arce", sent. del 11-IV-2007).

En segundo término, dado que el impugnante omitió denunciar en la instancia procesal oportuna las supuestas falencias que hubo de constatar en el certificado de servicios acompañado por la accionada.

Así, debió hacerlo en oportunidad de contestar el traslado que se le confiriera -en los términos del art. 29 de la ley 11.653-, de la contestación de demanda y de la documentación adunada a la misma. Sin embargo, nada dijo sobre el particular en la presentación que efectuó a fs. 233, habiendo por ello, precluido tal prerrogativa.

Al respecto, esta Corte tiene dicho que los agravios basados en cuestiones preclusas no son atendibles en la instancia extraordinaria. La preclusión opera como un impedimento o una imposibilidad: la facultad procesal no usada se extingue (conf. causa L. 98.010, "Rey", sent. del 24-XI-2010; entre otras).

5. Tampoco han de prosperar los agravios concernientes al rechazo del reclamo de diferencias salariales.

Aduce que el a quo ha confundido los conceptos de salario "básico" con los denominados "a cuenta de futuros aumentos" ó "aumento de empresa", toda vez que -según la pericia contable- de un básico horario de $ 6,59 que su parte percibía en octubre de 2005, pasó a cobrar $ 5,79 por hora, en febrero de 2006.

La impugnación es insuficiente (art. 279 del C.P.C.C.).

En efecto, la orfandad de fundamentos que adolece el planteo, en orden a demostrar el equívoco que denuncia, impone su rechazo (conf. causas L. 87.862, "Cardozo", sent. del 16-V-2007; L. 84.092, "Rodríguez", sent. del 24-VIII-2005).

Cabe recordar que la facultad revisora de la Suprema Corte está circunscripta al contenido de la sentencia según la concreta impugnación que contra ella se formule en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. De allí que la insuficiencia del remedio deducido impida -como ocurre en el caso- revisar el acierto o desacierto de la decisión de origen (conf. causas L. 97.658, "Moriñigo", sent. del 9-VI-2010; L. 92.636, "Drago", sent. del 7-VI-2010; entre otras).

Ello, sin perjuicio de señalar, a todo evento, que el impugnante omitió la indispensable denuncia de la transgresión de la norma legal que se vincula con el agravio que expone, incurriendo en un insalvable déficit técnico (conf. causa L. 87.995, "Ovelar", sent. del 10-XII-2008), que determina su rechazo, debiendo permanecer incólume este tramo del fallo.

IV. Por lo expuesto, si mi propuesta es compartida, procede hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto y, en consecuencia, revocar la decisión de grado con el alcance determinado en los apartados 1, 2 y 3 del capítulo III. de la presente, en lo concerniente al rechazo de las indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva de preaviso, integración del mes de despido y las contempladas en los arts. 2 de la ley 25.323; 16 de la ley 25.461 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345), como igualmente, en tanto se declaró abstracto el planteo de inconstitucionalidad del decreto 146/2001 (art. 3), debiendo procederse al reenvío de las actuaciones a efectos que, con una nueva integración, el tribunal de origen renueve los actos procesales necesarios y dicte el pronunciamiento que corresponda sobre las precitadas cuestiones. Con costas de esta instancia por su orden, en atención al progreso parcial de la impugnación (art. 289, C.P.C.C.).

Con el alcance expresado, voto por la afirmativa.

Los señores jueces doctores Soria, Negri y Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la segunda cuestión también por la afirmativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

S E N T E N C I A

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Subprocurador General, se rechaza el recurso extraordinario de nulidad traído.

Respecto del de inaplicabilidad de ley también deducido, se hace lugar parcialmente al mismo y, en consecuencia, se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el apartado III, puntos 1, 2 y 3 del voto emitido en primer término.

Vuelvan las actuaciones al tribunal de origen para que, con nueva integración, renueve los actos procesales necesarios y dicte el pronunciamiento que corresponda con arreglo a lo que aquí se ha resuelto.

Con costas de esta instancia por su orden, en atención al progreso parcial de la impugnación (arts. 298 y 289, C.P.C.C.).

Regístrese y notifíquese.

HECTOR NEGRI

DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD


EDUARDO JULIO PETTIGIANI


GUILLERMO LUIS COMADIRA



Secretario


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