Dictamen de la Procuración General



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Dictamen de la Procuración General:

A los fines de dictaminar sobre el recurso de inconstitucionalidad cuya vista se me corre en fs. 710, interesa destacar que el Tribunal del Trabajo Nº 1 de Morón hizo lugar parcialmente a la demanda incoada por Carmen Tatiana Dupleich Villegas y Víctor Hugo Dupleich contra Lucio Juan Antonio Di Ciccio y Néstor Aldo D’alessandro, en concepto de indemnización por despido y otros rubros que detalla (v. fs. 349/359 vta.).

Los codemandados vencidos -por apoderado- se alzaron contra dicha sentencia mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el cual alegaron la imposibilidad de realizar el depósito previo establecido en el art. 56 de la ley 11.653, acompañando prueba tendiente a acreditar tal extremo, planteando, asimismo, la inconstitucionalidad de la carga procesal impuesta por dicho precepto legal (v. fs. 369/390).

Proveyendo la referida presentación, el “a quo” intimó a los recurrentes a acreditar el inicio del beneficio de litigar sin gastos a la fecha de presentación del recurso o con anterioridad al mismo, desestimando, a su vez, el planteo de inconstitucionalidad mencionado (v. fs. 392/393).

Contra esta última decisión se alzaron nuevamente los presentantes mediante recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de inconstitucionalidad (v. escritos de fs. 403/416 vta. y fs. 417/430 vta., respectivamente), que fueron concedidos por el tribunal de grado en el resolutorio de fs. 432 vta., en el que también dispuso hacer efectivo el apercibimiento formulado en fs. 392/393 declarando, en consecuencia, desierto el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto contra la sentencia definitiva recaída en autos, decisión que motivó la queja de los impugnantes (v. fs. 488/513 vta.), acogida oportunamente por esa Suprema Corte que, a su vez, ordenó al sentenciante de origen a sustanciar la prueba ofrecida por los interesados para acreditar su alegada imposibilidad de dar cumplimiento con el depósito previo regulado por el art. 56 de la ley 11.653, cuya validez constitucional fuera cuestionada (ver fs. 515/516 vta.).

Luego de proceder conforme a lo dispuesto por V.E., el Tribunal del Trabajo actuante decidió otorgar el beneficio de litigar sin gastos a los codemandados apelantes, como consecuencia de lo cual, dispuso conceder el recurso de inaplicabilidad de ley por ellos intentado contra la sentencia final de la causa (v. fs. 697/699 vta.).

Las contingencias procesales sucedidas en el trámite de la concesión de la impugnación extraordinaria de mención que, a la postre, culminaron con la referida decisión favorable a su admisión, tornan abstracto el tratamiento del recurso extraordinario de inconstitucionalidad que me convoca, desde que ninguna utilidad tendría, en la especie, expedirse respecto de la validez o invalidez constitucional de la carga impuesta por el art. 56 de la ley 11.653, pues la imposibilidad de satisfacerla invocada por los recurrentes ha sido relevada a través de la concesión del beneficio de litigar sin gastos, de manera que el agravio constitucional traído en su sustento ha perdido actualidad y vigencia con la concesión del remedio de inaplicabilidad de ley (conf. S.C.B.A. causas Ac. 72.561, sent. int. del 13/IX/00 y Ac. 78.552, sent. del 19/II/02).

Siendo ello así, recomiendo a V.E. que proceda a declarar abstracto el recurso extraordinario de inconstitucionalidad traído a vuestro conocimiento.

Es mi dictamen.

La Plata, 22 de marzo de 2007 – Juan Angel de Oliveira



A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 19 de octubre de 2011, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Negri, de Lázzari, Hitters, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 92.220, "Dupleich Villegas, Carmen y otro contra Di Ciccio, Lucio y otro. Despido".



A N T E C E D E N T E S

El Tribunal del Trabajo N° 1 del Departamento Judicial Morón hizo lugar parcialmente a la acción instaurada, con costas en el modo que especifica.

La demandada dedujo recursos extraordinarios de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley.

Oído el señor Subprocurador General, dictada la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar las siguientes



C U E S T I O N E S

1ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar en relación con el recurso extraordinario de inconstitucionalidad deducido a fs. 417/430 vta.?

2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 403/416 vta.?

En su caso:

3°) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 369/390?

V O T A C I Ó N

A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:

I. 1. El tribunal del trabajo que intervino en este juicio admitió parcialmente la demanda promovida por Víctor Hugo Dupleich y Carmen Tatiana Dupleich Villegas y condenó a Lucio Juan Antonio Di Ciccio y Néstor Aldo D´Alessandro al pago de la suma que estableció para cada uno de los actores en concepto de haberes adeudados, sueldo anual complementario y vacaciones, indemnizaciones derivadas del despido y aquéllas previstas en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013, 16 de la ley 25.561 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (fs. 349/359 vta.).

2. Contra este pronunciamiento, la accionada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 369/390), en el que -previo a expresar sus agravios contra la sentencia definitiva- invocó la imposibilidad de cumplir con la carga del depósito que prevé el art. 56 de la ley 11.653, acompañando prueba tendiente a acreditar ese extremo y planteando la inconstitucionalidad del mentado precepto.

3. Proveyendo la citada presentación, el a quo intimó a los recurrentes a acreditar el inicio del beneficio de litigar sin gastos a la fecha de presentación del recurso o con anterioridad al mismo y desestimó el planteo de inconstitucionalidad de la citada norma (fs. 392/393).

4. Contra esta forma de resolver, la demandada interpuso recursos extraordinarios de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley (fs. 403/416 vta. y 417/430 vta.), que fueron concedidos por el tribunal de grado mediante resolución de fs. 432 y vta., en la que también dispuso hacer efectivo el apercibimiento formulado a fs. 392/393 y declarar desierto el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto contra la sentencia de mérito (fs. 369/390). Esta decisión motivó la interposición del recurso de queja (fs. 488/513 vta.), admitido oportunamente por esta Corte (fs. 515/516).

II. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Subprocurador General (fs. 711/712), entiendo que el tratamiento del recurso ha devenido abstracto.

a. En efecto, al abordar la queja deducida por los demandados de autos (fs. 488/513), esta Suprema Corte resolvió dejar sin efecto la declaración de deserción del recurso de fs. 369/390 (fs. 432/433) y ordenó al a quo sustanciar la prueba ofrecida por los interesados a fin de acreditar la invocada imposibilidad de cumplir con el depósito que prevé el art. 56 de la ley 11.563 (v. fs. 515/516 vta.).

b. Luego de cumplir con lo ordenado por este Tribunal, el juzgador de origen resolvió otorgar a los codemandados el beneficio de litigar sin gastos y concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido a fs. 369/390 (v. fs. 697/699 vta.).

c. Así resuelta la cuestión, es posible verificar que el abordaje del recurso extraordinario de inconstitucionalidad deducido (fs. 417/430 vta.) resulta ‑sin perjuicio de cualquier otra consideración- abstracto, desde que mediante dicha vía se perseguía la apertura de la competencia de esta Corte a su impugnación de fs. 369/390, lo cual el peticionante ya ha obtenido mediante la resolución de admisibilidad adoptada por el tribunal de grado a fs. 697/699 vta.

Careciendo entonces el recurrente de interés actual en la declaración de inconstitucionalidad peticionada, no corresponde pronunciarse al respecto.

Así lo voto.

Los señores jueces doctores Negri, de Lázzari e Hitters, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión en igual sentido.



A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:

Habida cuenta que en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido a fs. 403/416 vta., la demandada cuestiona -en idénticos términos a los expuestos en el remedio deducido a fs. 417/430- la validez constitucional del art. 56 de la ley 11.653, cobran virtualidad los argumentos expuestos al abordar la cuestión anterior a los que brevitatis causae me remito.

Por ello, corresponde declarar que ha devenido igualmente abstracto el tratamiento del presente recurso.

Así lo voto.

Los señores jueces doctores Negri, de Lázzari e Hitters, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la segunda cuestión en igual sentido.

A la tercera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:

I. a. En lo que interesa, los actores Víctor Hugo Dupleich y Carmen Tatiana Dupleich Villegas denunciaron haber estado ligados por una relación laboral con los demandados de autos, cuya finalización -según invocaron- se produjo como consecuencia del despido indirecto en que debieron colocarse ante la falta de respuesta a los requerimientos realizados a sus empleadores a fin de que abonaran salarios adeudados y registrasen el vínculo laboral. Con tal fundamento, dedujeron sus pretensiones tendientes a obtener el cobro de los rubros salariales e indemnizatorios especificados en la demanda (v. fs. 1/3 y liquidación de fs. 4 vta./5 vta.)

b. Al contestar la acción deducida en su contra, ambos accionados negaron la existencia de la relación laboral invocada (fs. 76/85 y 109/119 vta.), alegaron que entre las partes sólo había mediado un contrato de locación, en el cual se pactó en concepto de valor locativo -como contraprestación por la utilización del bien inmueble- la realización por parte de los señores Dupleich de algunas tareas dentro de la galería comercial en que estaba ubicado el local alquilado por ellos (v.gr., limpieza de pasillos y baños), tal como surgía de la cláusula vigésimo tercera del referido documento (v. fs. 67/71).

c. Abierto el período probatorio, la parte demandada objetó la competencia del tribunal del trabajo actuante, denunciando a tal fin que los actores habrían iniciado simultáneamente la tramitación de cinco causas con idénticos reclamos contra los codemandados de autos y, ello, con la intención de vulnerar el sistema de sorteo para poder así elegir el órgano jurisdiccional de su preferencia. Por tal motivo, solicitó al a quo que declinara su competencia y remitiera las actuaciones al Tribunal del Trabajo N° 5 del mismo Departamento Judicial, al cual ‑sostuvo- le fuera asignada la primera de tales causas (v. fs. 332/335 vta.).

d. Frente a tal presentación y corrido el pertinente traslado a la parte actora, el juzgador de grado desestimó el planteo deducido por la demandada y ratificó su competencia para seguir interviniendo en las presentes actuaciones, ordenando que la causa continúe con la tramitación según su estado (fs. 343/345 vta.).

e. Resuelta la aludida cuestión, al emitir su pronunciamiento -en mérito de la prueba aportada al proceso (incluidas las constancias del expediente tramitado en sede civil)- el tribunal a quo tuvo por probado que los actores laboraron bajo las órdenes de los codemandados; el señor Dupleich desde el 5 de noviembre de 1976 y la señora Dupleich Villegas a partir del 14 de diciembre de 1985, desempeñando tareas como "encargados" de la galería comercial de propiedad de aquéllos (v. fs. 349 vta. del veredicto). A su vez, juzgó acreditado que el vínculo de trabajo se extinguió el 26-II-2002 y 13-II-2002, respectivamente, por el despido indirecto en que se colocaron los trabajadores ante la falta de pago de los haberes adeudados y la no regularización de su situación laboral, por lo cual, consideró que había resultado justificada la ruptura del vínculo contractual e hizo lugar a las indemnizaciones derivadas del distracto, con más el incremento dispuesto por el art. 16 de la ley 25.561 (v. vered., fs. 351 y vta. y sent., fs. 354 vta./356 y 357 vta.).

Sentado lo expuesto, señaló que habiendo cumplido los trabajadores con la intimación requerida por el art. 11 de la ley 24.013 y hallándose configurados los presupuestos necesarios para la procedencia de las multas previstas en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013, correspondía declarar su procedencia. Asimismo, admitió el reclamo tendiente a obtener la indemnización establecida en el párrafo cuarto del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo -modificado por la ley 25.345- desde que -según se verificó- los empleadores no habían hecho entrega del certificado de trabajo contemplado en la citada norma (v. sent., fs. 356 vta./357 vta.).

II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el recurrente denuncia absurdo y violación de los arts. 14, 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 3, 10, 11, 12, 15, 25, 27, 31, 57, 168, 170 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 80 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo; 8 y 11 de la ley 24.013; 16 de la ley 25.561; 44 inc. "d" de la ley 11.653 y de doctrina legal que cita (fs. 369/390).

En lo esencial, plantea los siguientes agravios:

1. Ratifica su convicción en orden a que el tribunal que intervino en este juicio carecía de competencia para dirimir el pleito, por cuanto -reitera- la asignación de la causa a dicho órgano vulneró el sistema de sorteo.

2. Luego y bajo la denuncia de absurdo en la valoración de la prueba, controvierte la conclusión del tribunal que consideró demostrada la existencia de un contrato de trabajo entre las partes. En este sentido, alega que el juzgador de grado soslayó ponderar la prueba informativa obrante en las actuaciones (fs. 222, 269 y 305), mediante la cual -aduce- quedó acreditado que durante el período invocado en la demanda y en el horario allí denunciado, los actores se hallaban prestando servicios para otras personas y/o empresas, circunstancia esta que -a su juicio- resulta demostrativa de la imposibilidad de que hubiera existido, por absoluta incompatibilidad, la relación laboral invocada a su respecto.

Asimismo, refuta el valor asignado a las declaraciones testimoniales ponderadas por el a quo, al tiempo que objeta que no se hubieran considerado las manifestaciones vertidas por los deponentes ofrecidos por su parte, a partir de las cuales -a su entender- quedó corroborada la inexistencia del referido vínculo laboral.

3. Por otro lado, cuestiona que se tuviera por demostrado el salario denunciado en el escrito de inicio ($ 1.100), cuando -aduce- la propia actora admitió en sede civil (autos "D´Alessandro Néstor Aldo contra Dupleich Carmen s/ desalojo por vencimiento de contrato"; v. fs. 13) que percibía una remuneración mensual de $ 500 acorde con aquélla prevista por el convenio colectivo de trabajo que se denunció como de aplicación en el caso.

4. Sostiene, además, que el tribunal de origen se apartó de lo normado por el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo desde que, al efectuar el cálculo de la indemnización allí prevista, no tuvo en cuenta el tope establecido por el convenio 298/1975, cuyo importe es de $ 1.074 (v. fs. 388). Y, en virtud de ello, denuncia que resulta igualmente inexacto el cálculo realizado respecto de los resarcimientos previstos en los arts. 15 de la ley 24.013 y 16 de la ley 25.561 (v. fs. 387 vta./388 vta.).

5. A su vez, reprocha el método utilizado en el fallo al determinar el importe correspondiente a la indemnización prevista en el art. 8 de la ley 24.013, en tanto -sostiene- vulnera la disposición contenida en el art. 11, último párrafo, de la mencionada normativa.

6. Controvierte, además, que se hubiera condenado a los demandados al pago de la indemnización establecida en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, siendo que en el caso, el trabajador no cursó intimación requiriendo la entrega de la documentación pertinente en los términos exigidos por el aludido precepto y menos aún -sostiene- en el modo y plazo establecido en el art. 3 del decreto 146/2001 (v. fs. 388 vta.).

7. Se agravia, también, porque el tribunal de grado admitió la procedencia de la indemnización prevista en el art. 16 de la ley 25.561 sin abordar previamente el planteo formulado por su parte en orden a la validez constitucional del aludido precepto. Y agrega a ello que, habida cuenta que la última intimación efectuada por los actores resultó anterior a la fecha de entrada en vigencia de dicha norma, su aplicación resultaba en el caso improcedente (v. fs. 389).

8. Por último, cuestiona tanto la imposición de costas a su parte como la regulación de honorarios practicada por el a quo (v. fs. cit.).

III. El recurso admite una procedencia parcial.

1. Tal como se desprende del relato de antecedentes, ante el planteo deducido por la demandada a fs. 332/335 vta., el juzgador de grado ratificó su competencia para entender en las presentes actuaciones (v. fs. 343/345 vta.), conclusión que no mereció en dicha oportunidad reproche alguno por la aquí recurrente. En consecuencia, dicha decisión arriba firme a esta instancia extraordinaria sin que pueda ser revisada por esta Suprema Corte.

En suma, el cuestionamiento traído en torno a la referida definición remite a una cuestión procesal previa a la sentencia definitiva que se encuentra preclusa y resulta -por tanto- ajena al ámbito del recurso en tratamiento (conf. causas L. 96.489, "Fink", sent. de 2-II-2009; L. 87.470, "Castelo", sent. de 26-XII-2007; L. 92.501, "Salto", sent. de 10-VIII-2005, entre muchas otras), circunscripto al contenido del fallo y su concreta impugnación (conf. causas L. 86.442, "Gaillardín", sent. de 31-VIII-2007; L. 84.541, "Gaztelu", sent. de 28-IX-2005, entre otras).

2. Sentado ello, corresponde abordar el agravio dirigido a cuestionar la conclusión vinculada a la existencia de una relación laboral entre las partes.

a. Con sustento en la prueba producida durante la sustanciación de la causa -en especial, las constancias del expediente civil (v. resoluciones de fs. 102, 104/106 y 109/110), documental obrante a fs. 64/71, testimonial e informativa de fs. 285/292-, el tribunal interviniente tuvo por verificado que entre las partes había existido un contrato de trabajo y que el inmueble en el que habitaban -cuyo desalojo persiguieron los demandados en sede civil- fue otorgado como producto de esa relación laboral (v. vered., fs. 349/350 vta.).

Destacó que a través de los contratos agregados a fs. 64/71 como también mediante la exposición de la testigo Ortiz -que calificó como clara, concordante y convincente- y la declaración prestada por la señora García en el expediente civil agregado por cuerda a la presente (fs. 90), quedó corroborado que los actores desempeñaron las tareas denunciadas en su escrito de inicio, las cuales no habían sido negadas por los demandados, sino que las imputaron al pago por el alquiler de uno de los locales de su propiedad. Agregó a ello que, mediante el expediente obrante a fs. 285/292 y los dichos de todos los testigos, se corroboró que el lugar habitado por los actores -y que, destacó, con mala fe los demandados sindicaron como un local de uso comercial- conformaba, en verdad, una vivienda (v. vered., fs. cit.).

Ya en la etapa de sentencia consideró que en el caso se había intentado simular, mediante un supuesto contrato de locación, la existencia de una verdadera relación de trabajo. Es más, señaló, "todas las actividades acreditadas como realizadas por los actores, sumada a ello la vivienda ocupada por estos, no es otra cosa que un claro detalle de todas las características típicas de la actividad regulada por el convenio colectivo de trabajo del S.U.T.E.R.H. (Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Propiedad Horizontal)" (v. sent., fs. 354 vta./355 vta.).

b. Es sabido que la evaluación de los elementos probatorios de la causa, tanto en lo concerniente a su mérito, como a su habilidad y eficacia, a los fines de la comprobación de las circunstancias fácticas que permitan o no definir la existencia de una vinculación de carácter laboral entre las partes, constituye una atribución privativa del tribunal de origen y sus conclusiones no pueden, en principio, ser reexaminadas en casación, salvo absurdo (conf. causas L. 84.285, "Bramajo", sent. de 16-IV-2008; L. 86.645, "Barroso", sent. de 21-V-2008; L. 80.761, "Peyrú", sent. de 27-X-2004; L. 79.251, "Hasicic", sent. de 17-XII-2003; L. 76.189, "Di Lorenzo", sent. de 23-XII-2002, entre muchas otras).

Sin embargo, para la acreditación del señalado vicio no basta el mero criterio discrepante del interesado, sino que es necesario evidenciar el error grosero o sustancial que conduzca a conclusiones inconciliables con los elementos que resultan de la causa, porque el absurdo se patentiza cuando el a quo ha llevado a cabo una apreciación de la prueba que, por lo desacertada, al desconocer la realidad objetiva, resulta insostenible (conf. L. 89.631, "Abdala", sent. de 25-IV-2007; L. 86.290, "González", sent. de 8-XI-2006; L. 82.933, "Zapata", sent. de 28-V-2003).

c. En el caso, el despliegue crítico se circunscribe casi exclusivamente a cuestionar la apreciación que hiciera el juzgador de grado de las declaraciones testimoniales, como así también la supuesta omisión en que habría incurrido al no considerar la prueba informativa agregada a la causa; elementos estos que -a juicio del quejoso- demostrarían la inexistencia de una vinculación laboral entre las partes.

Empero y sin perjuicio de señalar que la invocación de un aislado medio de prueba no es útil para invalidar un análisis en el que ha primado la consideración integral de todos los elementos probatorios colectados en la causa, método este que aleja la posibilidad de incurrir en absurdo (conf. doct. L. 74.003, "G., M", sent. de 12-II-2003), ninguno de los que pretende valerse el recurrente en apoyo de su tesitura son hábiles para poner de resalto un desacierto de entidad tal que autorice a la descalificación de lo resuelto en el fallo.

En efecto, aun cuando pueda afirmarse -como propician los recurrentes- que los informes obrantes en la causa (v. fs. 269, 305) dan cuenta del simultáneo desempeño de los trabajadores para otros empleadores, esta circunstancia -por sí misma- no enerva la conclusión del a quo relativa a que entre las partes hubo de existir una relación laboral.

Con todo, sabido es que los tribunales de grado pueden preferir unos elementos de convicción a otros, sin que sea necesario que se refieran a la totalidad de los propuestos, bastando que lo hagan respecto a los que consideren relevantes para el cumplimiento de su labor axiológica (conf. causas L. 93.130, "Córdoba", sent. de 11-III-2009; L. 96.667, "Iurescia", sent. de 15-IV-2009; L. 89.965, "Cabré", sent. de 27-III-2008, entre otras).

Tampoco acierta el compareciente al criticar la apreciación de la prueba oral efectuada por el tribunal de grado, pues olvida que valorar tanto el mérito como la habilidad de los testigos es, en virtud del sistema imperante en el fuero laboral, facultad privativa de los jueces del trabajo, sin que sus conclusiones al respecto puedan ser revisadas por la Suprema Corte (conf. causas L. 95.724, "Campos", sent. de 15-VII-2009; L. 86.438, "Navarro", sent. de 14-XI-2007), máxime que el interesado como aquí se verifica en la etapa correspondiente omitió hacer uso de la facultad contemplada en la última parte del art. 46 de la ley 11.653. En tales condiciones, no puede la Suprema Corte pronunciarse sobre una versión del contenido de las declaraciones testimoniales incorporada en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que colisiona con la apreciación en conciencia que al respecto ha efectuado el tribunal (conf. causas L. 89.910, "Calvigioni", sent. de 9-IV-2008; L. 79.334, "Aspitia", sent. de 1-IV-2004; L. 73.654, "Lamaison", sent. de 11-VII-2001).

Cabe agregar que, conforme quedó señalado, el sentenciante de grado concluyó en la existencia de la relación laboral ponderando no sólo la prueba testimonial, sino también la documental (contratos agregados a fs. 64/71 y las constancias de la causa civil) e informativa obrante a fs. 285/292 (v. vered., fs. 349/350), elementos que no han sido objeto de una debida refutación por parte del impugnante.

d. En síntesis, no advierto que la queja aporte ningún elemento convincente con virtualidad para descalificar el contenido del fallo, derivando la crítica ‑reitero- a una mera contraposición de criterios que, como tal, resulta inidónea a los fines pretendidos por el interesado (conf. causas L. 92.410, "Firmani", sent. de 5-III-2008; L. 71.024, "Núñez", sent. de 28-II-2001, entre otras).

3. El agravio referido a la remuneración que se tuvo por acreditada en el fallo, tampoco es atendible.

a. Establecido que entre las partes existió un vínculo de naturaleza laboral, el a quo resolvió que ante la falta de exhibición de los libros de asientos laborales por parte de la demandada, correspondía tener por ciertas las remuneraciones denunciadas por los actores. Así, entonces, atendiendo al juramento prestado por el trabajador a tenor del art. 39 de la ley 11.653 y luego de apreciar en conciencia la prueba rendida (art. 44 inc. "d", ley 11.653), concluyó que la mejor remuneración percibida por aquéllos a su egreso ascendía a la suma de $ 1.100 (v. fs. 350 vta.).

b. La propuesta impugnativa luce, en este aspecto, igualmente inhábil para desvirtuar dicha definición, por cuanto el interesado siquiera se ha encargado de denunciar y, menos aún, justificar la errónea aplicación del aludido precepto, cercenando así la revisión por esta Corte.

Cabe recordar que tiene dicho este Tribunal que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que carece de la indispensable denuncia de infracción de la norma vinculada con el agravio que expone, exigencia esta de insoslayable cumplimiento de conformidad con las prescripciones establecidas por la norma del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, no pudiendo suplirse de oficio, por inferencias o interpretación, la omisión de las citas legales que debieron efectuarse por la parte interesada (conf. causas L. 98.578, "Lanzillota", sent. de 28-X-2009; L. 93.167, "Martínez", sent. de 8-VII-2008; L. 87.961, "García", sent. de 13-VI-2007, entre muchas otras).

Insatisfecha dicha carga, resulta inhábil la prédica de los interesados en orden a que el reconocimiento de la actora en sede civil de un salario distinto tornaría ineficaz el juramento prestado en los términos del art. 39 de la ley 11.653.

4. Establecido lo anterior y aun cuando ello implique alterar el orden de los agravios traídos, corresponde señalar aquí que aquél vinculado con el progreso del incremento indemnizatorio previsto en el art. 16 de la ley 25.561 tampoco es de recibo, por dos órdenes de razones:

a. De un lado, por cuanto la denuncia de omisión en el tratamiento de una cuestión litigiosa -en el caso, el planteo de inconstitucionalidad del referido art. 16 de la ley 25.561 (v. fs. 81 vta./82 y 109 vta./110)- no puede canalizarse a través del remedio interpuesto pues tal impugnación constituye materia propia del recurso extraordinario de nulidad (conf. causas L. 91.998, "H., J", sent. de 25-II-2009; L. 92.208, "Pérez", sent. de 26-XII-2007; L. 84.357, "Ferraro", sent. de 10-V-2006).

b. Por otro, el argumento por el cual defiende la inaplicabilidad, al caso, de la ley 25.561 resulta inatendible. Ello así, desde que el recurrente intenta valerse de la misiva enviada en el mes de enero de 2001 negando entidad a aquélla remitida en febrero de 2002 por la cual los trabajadores se consideraron injuriados y despedidos, hito este último que el tribunal de grado tomó en cuenta a los fines de declarar la procedencia de la sanción que ahora es motivo de agravio.

5. En cambio, acierta el recurrente al invocar un error en el cálculo tanto de la indemnización prevista en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo como de aquéllas que emergen de los arts. 15 de la ley 24.013 y 16 de la ley 25.561, cuya procedencia fuera admitida por el a quo.

Como se adelantó, el tribunal de grado tuvo por verificadas las siguientes circunstancias fácticas: (a) que las tareas desempeñadas por el señor Dupleich y la señora Dupleich Villegas se enmarcaban dentro de la actividad regulada por el convenio colectivo de trabajo del S.U.T.E.R.H. (Sindicato Único de Trabajadores de Edificio de Renta y Propiedad Horizontal); (b) que la antigüedad en el empleo de los trabajadores era de 26 y 17 años, respectivamente y (c) que la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por aquéllos ascendía, a su egreso, a la suma de $ 1.100 (v. vered, fs. 349 vta./350 vta. y sent., fs. 354 vta./355 vta.).

Empero, al establecer el monto correspondiente a la indemnización por antigüedad para cada uno de ellos, el juzgador tomó como base para su cálculo la aludida retribución sin mencionar o intentar justificar el virtual desplazamiento de la aplicabilidad del tope indemnizatorio previsto por el convenio colectivo que se juzgó de aplicación al caso.

Por tal motivo, acierta el recurrente cuando señala que al determinar el importe de la indemnización prevista en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. art. 153, ley 24.013), el tribunal de grado omitió tener en cuenta el tope previsto en el segundo párrafo de la aludida norma legal, precepto este que en consecuencia resulta violado en el fallo.

Siendo ello así, estimo que para una correcta solución, la causa deberá volver al tribunal de origen para que -integrado con jueces hábiles- establezca cuál es el tope del convenio colectivo aplicable al caso que se hallaba vigente al tiempo de la desvinculación contractual y cumpla con el mandato legal. Y, una vez determinado ello, proceda a calcular nuevamente los montos correspondientes a los rubros fundados en los arts. 16 de la ley 25.561 y 15 de la ley 24.013.

6. En lo concerniente a la base utilizada para el cálculo de la indemnización prevista en el art. 8 de la ley 24.013, asiste también razón al quejoso en cuanto afirma que el tribunal de origen inaplicó el art. 11, último párrafo, del mismo cuerpo normativo, que establece que: "A los efectos de lo dispuesto en los arts. 8, 9 y 10 de esta ley, solo se computarán remuneraciones devengadas hasta los dos años anteriores a la fecha de su entrada en vigencia".

Se colige, entonces, que -pese a lo extenso de las relaciones acreditadas en autos- el tribunal de grado debió practicar la liquidación de la indemnización prevista en el art. 8 de la ley 24.013, teniendo en cuenta sólo las remuneraciones devengadas hasta los dos años anteriores a la fecha de su entrada en vigencia (arts. 11, últ. párr., ley cit.). En consecuencia, los autos deben volver a la instancia ordinaria a fin de que se adecue el importe correspondiente a dicho rubro a lo que aquí se decide.

7. Ha de prosperar también el agravio dirigido a cuestionar la imposición a los demandados del pago de la indemnización contemplada en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o., art. 45 de la ley 25.345).

En efecto, acierta el impugnante al señalar que mal pudo el tribunal de origen disponer el progreso del resarcimiento allí previsto sin verificar previamente la configuración del presupuesto a que se subordina su aplicación, cual es que el trabajador hubiera remitido una intimación fehaciente a su empleador a fin de que cumpla con la entrega de los certificados previstos en el mentado art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.

En la especie, el juzgador de origen consideró que constatada la falta de entrega de la documentación allí prevista, correspondía admitir el progreso del incremento indemnizatorio establecido en la citada norma (v. vered., fs. 352 y sent., fs. 357 vta.).

Empero, como lo afirma el quejoso, del intercambio telegráfico que existió entre las partes no surge que los actores hubieran intimado a sus empleadores para que en el plazo perentorio procedan a la entrega de las certificaciones previstas en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. C.Ds., fs. 8/9, 12/13, 16 y 20).

Por consiguiente, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en esta parcela y revocar el fallo de grado en cuanto admitió la pretensión indemnizatoria deducida al amparo de lo establecido en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, a partir de una equívoca aplicación de la norma en cuestión (art. 289, C.P.C.C), cuyo rechazo aquí se dispone.

8. Finalmente, resulta inatendible la prédica de los quejosos que, afirmada en la denuncia de absurdo en la imposición de las costas a su parte, se dirige -en rigor- a cuestionar por excesiva la regulación de los honorarios a la parte contraria practicada en la instancia de grado, ya que -como es sabido- las decisiones de los tribunales del trabajo en esa materia, en tanto lleven a la determinación del monto de los estipendios como a las bases adoptadas para fijarlos, son irrecurribles por la vía extraordinaria (conf. causas L. 74.496, "Reynoso", sent. de 30-X-2002; L. 57.679, "Clemente", sent. de 12-XII-1995; L. 47.245, "Menéndez", sent. de 23-XII-1991; L. 50.127, "Conte", sent. de 29-XII-1992, entre muchas otras), sin que se invoque en la especie ninguna situación excepcional que otorgue cabida a la casación.

IV. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso deducido y revocar la sentencia con el alcance indicado en el punto III.5, 6 y 7. Los autos deben volver al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento conforme lo que aquí se resuelve.

Costas de esta instancia por su orden (art. 289, C.P.C.C.).

Voto por la afirmativa.

Los señores jueces doctores Negri, de Lázzari e Hitters, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la tercera cuestión también por la afirmativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente



S E N T E N C I A

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Subprocurador General, se declara abstracto el tratamiento del recurso extraordinario de inconstitucionalidad traído.

Respecto del de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 403/416 vta., también se declara abstracto su abordaje; y del deducido a fs. 369/390, se hace lugar parcialmente con el alcance indicado en el apartado III, puntos 5, 6 y 7 del voto emitido en primer término. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento de conformidad con lo que aquí se ha resuelto.

Costas de esta instancia por su orden (art. 289, C.P.C.C.).

Regístrese y notifíquese.

EDUARDO NESTOR DE LAZZARI


HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA

JUAN CARLOS HITTERS


GUILLERMO LUIS COMADIRA



Secretario


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