Derechos fundamentales



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8.13. La STS 15-01-2013 (RC 1578/2009), de pleno, trata sobre la validez obligacional de la venta de una cosa común sin el concurso o consentimiento de todos los comuneros. En el caso, se solicitaba por dos hermanos la nulidad de pleno derecho de la compraventa de varias fincas frente al resto de hermanos, la madre, como mandataria, y la sociedad compradora, por extralimitación del mandato.

La sentencia de primera instancia estimó la demandada declarando la nulidad, y la de apelación confirmó la sentencia. La Sala declara que la validez de este tipo de compraventa se proyecta exclusivamente en el plano de su inmediata eficacia obligacional, que no alcanza el ámbito de su eficacia jurídico real. Tampoco se altera o modifica el marco de los derechos que pudiera corresponder a los comuneros que no prestaron su consentimiento. Se deja abierta la posibilidad de que la compradora pudiera plantear la nulidad por error sustancial y excusable, sobre la plena titularidad de la cosa, por parte de los vendedores.

La sentencia, con base en la naturaleza jurídica obligacional de la compraventa y en el principio de conservación de los contratos, declara la validez obligacional del contrato entre las partes contratantes, con la consiguiente disposición de las cuotas de los condóminos partícipes del mismo, y sin trascendencia jurídico-real respecto de la enajenación y transmisión de las cuotas de los condóminos que no prestaron su consentimiento.

En consecuencia declara la ineficacia o carencia de efectos jurídico-reales de la escritura pública en relación con los condóminos demandantes.

8.14. También sobre obligaciones y contratos, la STS 16-01-2013 (RC 740/2010), de pleno, resuelve sobre un supuesto donde se plantea la nulidad de la compraventa, simulada, respecto de bienes inmuebles y, consecuentemente, de la donación disimulada, y la inclusión de tales bienes en la masa hereditaria de la causante. La contraparte se opone a la nulidad y subsidiariamente pide que se dé validez a la donación disimulada, de carácter remuneratorio, y lícita, a favor de su sobrina, y no habiendo herederos forzosos, y subsidiariamente se le otorgue validez como donación pura y simple.

Se solicita la revisión de la doctrina jurisprudencial relativa a la nulidad de la donación de bien inmueble, disimulada en escritura de compraventa, cuando el animus donandi resulte acreditado en la sucesión testamentaria.

La sentencia confirma el criterio jurisprudencial desarrollado por la STS 10-01-2007 (RC 5281/1999) que declara la nulidad de pleno derecho de las donaciones de inmuebles disimuladas en la escritura de compraventa, porque la nulidad de la escritura pública de compraventa impide que se considera válida la donación de inmuebles que encubría, pues tanto el animus donandi como la aceptación deben constar en la escritura pública.

La sentencia establece que la anterior doctrina no exceptúa las donaciones remuneratorias. De forma que esa doctrina no admite excepciones en el ámbito donde se exige la forma de escritura pública.

Sentado lo anterior, la sentencia, efectúa una puntualización sobre el alcance de la doctrina jurisprudencial expuesta: "En este sentido, su alcance se proyecta, mientras no resulte modificado, sobre todos aquellos casos que resulten iguales o similares a los que dieron lugar a esta jurisprudencia, entre otras, Sentencia de 2 noviembre 2011 no (43, 2009), esto es, respecto de aquellas causas de pedir cuya identidad refiera como hecho esencial la validez inter vivos de la donación de bien inmueble disimulada en escritura pública de compraventa, o negocio resultante. Con ello se quiere señalar que la referida interpretación de la nulidad derivada puede resultar no determinante en aquellos supuestos en donde la causa donandi, como causa digna de tutela, venga integrada en otros hechos esenciales que diferencian la causa de pedir hacía otros ámbitos de aplicación del Derecho, particularmente del Derecho de sucesiones".

8.15. La STS 17-01-2013 (RCIP 1579/2010), de pleno, resuelve un recurso en el que se planteaba la correcta aplicación de la cláusula rebus sic stantibus, que hace la sentencia de la Audiencia, en un contrato de compraventa de vivienda, por no obtención de financiación bancaria por parte de los compradores, debido a la crisis económica presente.

La sentencia mantiene la vigencia de la jurisprudencia vigente respecto de la regla o cláusula rebus sic stantibus, que se concreta en una muy cautelosa aplicación, dado el principio general de que los contratos han de ser cumplidos, siendo de más excepcional aplicación a los contratos de tracto único, como es la compraventa (SSTS 10-2-1997, 15-11-2000, 22-4-2004 y 13-2007), y por regla general se ha rechazado su aplicación a los casos de dificultades de financiación del deudor de una prestación dineraria (SSTS 20-51997 y 23-6-1997).

Lo anteriormente razonado no significa, sin embargo, que la regla rebus sic stantibus haya de quedar descartada en todos los casos de imposibilidad de obtener financiación por parte de los compradores de inmuebles. Antes bien, una recesión económica como la actual, de efectos profundos y prolongados, puede calificarse, si el contrato se hubiera celebrado antes de la manifestación externa de la crisis, como una alteración extraordinaria de las circunstancias, capaz de originar, siempre que concurran en cada caso concreto otros requisitos como aquellos a los que más adelante se hará referencia, una desproporción exorbitante y fuera de todo cálculo entre las respectivas prestaciones de las partes, elementos que la jurisprudencia considera imprescindibles para la aplicación de dicha regla.

La sentencia concluye afirmando que la posibilidad de aplicarse la regla citada a determinados casos de imposibilidad de financiación, no significa que la crisis económica por sí sola, permita al comprador desistir del contrato, porque se propiciarían incumplimientos oportunistas, y, en el caso concreto, deniega su aplicación , pues se basa solamente en el hecho de existencia de la crisis económica, y la consiguiente restricción generalizada de los préstamos hipotecarios, no habiéndose probado nada sobre al situación económica de los compradores antes y después del contrato, y de la capacidad económica de uno de los cónyuges compradores, identificar la imposibilidad de financiación con la denegación de financiación por una sola entidad de crédito y fundada en un alto endeudamiento, que bien podía ya existir al tiempo de celebrarse el contrato, y no dar la debida relevancia al dato de que el propio contrato ya contemplaba expresamente la posibilidad de que los compradores no obtuvieran la financiación prevista sin por ello exonerarles del pago del precio.

En suma, la posible aplicación de la regla rebus sic stantibus a compraventas de viviendas afectadas por la crisis económica no puede fundarse en el solo hecho de la crisis y las consiguientes dificultades de financiación, sino que requerirá valorar un conjunto de factores, necesitados de prueba, tales como el destino de la casa comprada a vivienda habitual o, por el contrario, a segunda residencia, o a su venta antes o después del otorgamiento de la escritura pública; la asignación contractual del riesgo de no obtener financiación y el grado de colaboración prometido por el vendedor para obtenerla, distinguiendo entre contratantes que sean profesionales del sector inmobiliario y los que no lo sean; la situación económica del comprador al tiempo de la perfección del contrato y al tiempo de tener que pagar la parte pendiente del precio que esperaba poder financiar; el grado real de imposibilidad de financiación y sus causas concretas añadidas a la crisis económica general, debiéndose valorar también, en su caso, las condiciones impuestas por las entidades de crédito para conceder financiación; o en fin, las posibilidades de negociación de las condiciones de pago con el vendedor y, por tanto, de mantener el contrato como alternativa preferible a su ineficacia.

8.16. La STS 18-01-2013 (RCIP 1318/2011), de pleno, trata sobre dos cuestiones: sobre la distinción entre la compraventa en construcción y el contrato de obra y sobre la imposibilidad sobrevenida (rebus sic stantibus).

Los compradores demandaron a la sociedad vendedora la resolución del contrato de compraventa, con devolución de las cantidades pagadas, deducido el importe de la cláusula penal, y la sociedad vendedora reconviene solicitando el cumplimiento del contrato.

Sobre la distinción entre compraventa de vivienda en construcción y el contrato de obra, sobre todo en los casos en los que el vendedor se compromete a construir, y a aportar los materiales, tiene importancia, en cuanto permitiría, de calificarse como contrato de obra, la aplicación del artículo 1594 CC, a cuyo tenor el comitente podría desistir del contrato simplemente indemnizando al contratista. La sentencia, declara que para inclinarse por una u otra opción, hay que atender a la interpretación del contrato, según se dé más importancia al facere inicial, o al dare, teniendo en cuenta lo expresado al contratar y, también, aquellas circunstancias objetivas concurrentes que hubieran podido dar lugar a una representación común jurídicamente significativa a estos fines. Concluye la sentencia confirmando la calificación del contrato como compraventa, confirmando en este sentido las sentencias de instancia.

Sobre la cuestión de la imposibilidad sobrevenida, o aplicación de la regla o cláusula rebus sic stantibus, alegada por los demandantes solo al contestar a la reconvención, la sentencia recuerda que los contratantes deben cumplir sus obligaciones aunque les resulten más onerosas de lo que habían previsto, tanto por un aumento de los costes de la ejecución como por una disminución del valor de la contraprestación a que tuvieran derecho. Y, también, que es valorable la posibilidad que tienen de prever, mediante el establecimiento de condiciones suspensivas o resolutorias o cláusulas estabilizadoras, la subsistencia o el cambio de la situación económica en la que se celebró el contrato.

No obstante, la jurisprudencia, utilizando especialmente la regla rebus sic stantibus, se ha referido a la cuestión de los efectos que, en la reglamentación contractual, puede producir una imprevista y extraordinaria mutación de aquellas circunstancias, ya sea porque las representaciones mentales de los contratantes se forman a partir de una determinada realidad (criterio subjetivo), ya porque la alteración puede llegar a romper, en medida inadmisible, el equilibrio de prestaciones y, en función del tipo negocial elegido, a privar de todo sentido a la reglamentación pactada (criterio objetivo), para destacar la admisibilidad en nuestro sistema de los medios de corrección de la frustración económica del contrato, en determinadas situaciones particulares.

En el caso concreto no se ha razonado suficientemente sobre la variación imprevista y extraordinaria de circunstancias, y no ha sido esa doctrina la ratio de la resolución recurrida, pero sí se alega una imposibilidad de cumplimiento que la sentencia recuerda que para producir efectos de liberación del deudor debe cumplir dos condiciones:

1º Que la prestación imposible sea la diseñada a cargo del deudor en el acto constitutivo del vínculo y no otra.

2º Que la imposibilidad liberatoria ha de ser posterior a la celebración del contrato.

Como consecuencia, no cabe atribuir efectos extintivos a los impedimentos sobrevenidos que fueron tomados en consideración por las partes al contratar o que, razonablemente, deberían haberlo sido, ya para evitarlos o superarlos, ya para evitar o superar sus consecuencias.

Concluye la sentencia que en este caso no se dan estas condiciones, en cuanto en el propio contrato, suscrito por ambas partes, se preveía las consecuencias de la no obtención de financiación, bien por subrogación, o por cualquier otra vía.

8.17. Sobre un contrato de gestión de cartera de valores, la STS 17-042013 (RCIP 1826/2010), de pleno, confirma las sentencias de instancia, declarando la responsabilidad del banco gestor por la pérdida total de la inversión, por haber mantenido una inversión contraria a su perfil conservador, plasmado en el contrato, y sin facilitarle la más mínima información sobre el riesgo del fondo en cuestión como le exigían todas las normas.

La demanda se fundaba en los artículos 1101, 1104 y concordantes del Código Civil y, en cuanto a los hechos, en no haberse atenido la entidad demandada al perfil conservador del demandante, expresamente señalado en el "Contrato de gestión discrecional e individualizada de carteras de inversión", celebrado en 2006 entre las partes, al recomendarle, tras haber ordenado el demandante un reembolso de todas sus inversiones (3.325.483’68 euros) en octubre de 2008, mantener la inversión de 500.000 euros en aquel fondo, que según extracto de 11 de enero de 2009 quedó finalmente reducido a cero. Y lo pedido en la demanda fue, primero, se determinara que la orden dada por el demandante "en el contrato firmado al efecto" en ningún caso autorizaba a la gestora demandada a invertir 500.000 euros en hedge funds [fondos de cobertura], y mucho menos cuando esta cantidad representaba ya el total de sus inversiones; segundo, que el fondo no cumplía el calificativo de conservador ni le fue ofrecido en ningún momento al demandante, a quien no se comunicó la trascendencia económica de su contratación ni tuvo conocimiento de "en qué tipo de producto estaba invertido su dinero"; y consecuentemente, que la demandada era "responsable del fallido producido en la referida inversión por haber vulnerado las obligaciones a que su condición de gestora le sujeta, así como las contraídas en el único contrato firmado al efecto, al quedar reducido el valor de la misma a 0 euros", por lo que procedía su condena a reembolsar al demandante la cantidad de 500.000 euros más los intereses correspondientes.

La Sala aplica su jurisprudencia que exige la identificación precisa de la norma o normas infringidas, carga que solo a la parte recurrente corresponde y cuya omisión no puede ser suplida o subsanada por esta Sala. Sobre la alegación de caso fortuito, por estimar la recurrente que era imprevisible el riesgo del fondo en cuestión por ser también imprevisible el fraude del Sr. Madoff, cometido "contra toda la comunidad financiera internacional" y engañando a todas las "administraciones públicas", la sentencia no acepta que este caso pueda considerarse caso fortuito, pues, definido el caso fortuito en el art. 1105 CC como un suceso que no pudo preverse, esta definición no conviene a la pérdida total de la inversión del demandante, porque la entidad recurrente hizo correr al patrimonio del demandante un riesgo que este, contractualmente, no deseaba, y solamente ya este incumplimiento contractual comportaba de por sí una falta de la diligencia exigible a todo profesional del sector, que entre sus obligaciones, frente al cliente, tiene la de protegerle frente a riesgos de su inversión, no deseados, entre ellos, un posible fraude, y porque que el fraude no fuere detectado, no es oponible por la entidad gestora a su cliente, porque frente a este se obligó a respetar su perfil conservador y, por tanto, a no invertir su patrimonio en fondos cuya denominación no permitía comprender de forma mínima su funcionamiento real ni el verdadero riesgo que comportaban.

8.18. Sobre un contrato de gestión discrecional de cartera de valores, la STS 18-04-2013 ( RCIP 1979/2011), de pleno, estima el recurso de casación, imputando a la empresa gestora la responsabilidad por los daños sufridos por la inversión en valores de riesgo, en este caso la adquisición de participaciones preferentes de la entidad "Lehman Brothers Holdings Inc", cuyo valor se ha visto reducido en la cantidad reclamada como indemnización como consecuencia de la quiebra de la entidad, cuando los demandantes habían optado por un perfil de riesgo muy bajo al suscribir el contrato, pues es obligación de la empresa gestora la de la buena fe y la de la información suficiente, completa , clara y precisa.

En cuanto a la naturaleza jurídica del contrato de gestión discrecional de cartera de inversiones, la Sala afirma, en línea con lo declarado en la sentencia de la STS 11-07-1998 (RC1195/1994) y la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Quinta) de 21 de noviembre de 2002, dictada en el asunto C-356/2000 (caso Testa y Lazzeri contra Comisiones Nazionale per le Società e la Borsa, Consob), que su esquema contractual responde fundamentalmente al mandato o comisión mercantil.

En cuanto a la Directiva 2004/39/CE, de 21 de abril, MiFID (Markets in Financial Instruments Directive), aunque no vigente en la fecha del contrato, la sentencia dice que ha de ser tomada también en consideración en la interpretación de las obligaciones de la empresa que prestaba los servicios de inversión aunque cuando las partes concertaron el contrato no hubiera transcurrido el plazo de transposición pues el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha afirmado expresamente que la obligación de interpretación del Derecho interno a la luz de la letra y la finalidad de la Directiva vincula a los jueces con independencia de que haya transcurrido o no el plazo para la transposición (Sentencia de 8 de octubre de 1987, caso "Kolpinghuis Nijmegen", asunto 80/86). En tal sentido, la sentencia resalta que la Sala ha utilizado Directivas cuyo plazo de transposición no había finalizado, y que no habían sido efectivamente transpuestas a nuestro Derecho interno, como criterios de interpretación del mismo (STS 8-11-1996, RC 126/1993).

Las indicaciones del cliente sobre su perfil de riesgo y sus preferencias de inversión desempeñan una función integradora del contenido del contrato, fundamental en el caso del mandato (arts. 1719 del Código Civil y 254 y 255 del Código de Comercio), haciendo la función de instrucciones al gestor para el desarrollo de su obligación básica. La Sala dice que las normas reguladoras del mercado de valores exigen un especial deber de información a las empresas autorizadas para actuar en ese ámbito, como resulta del artículo 79.1.e de la Ley del Mercado de Valores en la redacción vigente cuando se concertó el contrato.

La sentencia estima que una información como la facilitada por el banco a los demandantes podría ser suficiente en el caso de otra relación contractual más simple, pero no lo es en el contrato de gestión discrecional de cartera de valores pues no alcanza el estándar de la conducta exigida al profesional con base en la normativa que lo regula y que ha sido expuesta. Concretamente, no se suministra una información completa y clara al inversor ni se actúa de buena fe cuando en el contrato existe una contradicción evidente entre la respuesta que da el inversor cuando se le pregunta por su perfil de riesgo y la elección de los valores en que se puede invertir. Los demandantes optaron por un perfil de riesgo "muy bajo", que era el más conservador de los cinco posibles. Si la empleada del banco que les atendió marcó a continuación, y tras preguntar a los clientes, en las casillas que posibilitaban invertir en valores de riesgo elevado (pues marcó todas las casillas salvo la residual de "cualesquiera contratos u operaciones"), es evidente que existe una contradicción no explicada ni resuelta. Es significativo que en la cláusula del contrato relativa al perfil de riesgo, tras indicar a qué responde cada uno de los perfiles posibles (de "muy bajo" a "muy alto") se añada: "además, se tomarán en cuenta los activos seleccionados en la cláusula cuarta [valores a contratar], de modo que sea coherente el perfil inversor y las operaciones que pueden realizarse". En este caso, la incoherencia es palmaria y no ha sido justificada. No se acepta la tesis de la sentencia de la Audiencia Provincial que justifica la corrección de la actuación del banco en que la normativa reguladora del mercado de valores no impide a clientes conservadores solicitar inversiones en productos de riesgo. Lo relevante es que ese plus de buena fe y diligencia a observar por la empresa que actúa en el mercado de valores exige que ésta ponga de manifiesto al cliente la incoherencia existente entre el perfil de riesgo elegido (que por los términos en que se define, riesgo muy bajo, bajo, medio, alto o muy alto, es fácilmente comprensible) y los productos de inversión aceptados por el cliente (productos cuya comprensión cabal exige conocimientos expertos en el mercado de valores) y de este modo asegurarse que la información facilitada al cliente es clara y ha sido entendida.

La sentencia concluye que el banco no cumplió el estándar de diligencia, buena fe e información completa, clara y precisa que le era exigible al proponer a los demandantes la adquisición de determinados valores que resultaron ser valores complejos y de alto riesgo (así los define la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y así se acepta en la sentencia de la Audiencia Provincial) sin explicarles que los mismos no eran coherentes con el perfil de riesgo muy bajo que habían seleccionado al concertar el contrato de gestión discrecional de carteras de inversión. Este incumplimiento grave de los deberes exigibles al profesional que opera en el mercado de valores en su relación con clientes potenciales o actuales constituye el título jurídico de imputación de la responsabilidad por los daños sufridos por tales clientes como consecuencia de la pérdida casi absoluta de valor de las participaciones preferentes de Lehman Brothers adquiridas.

8.19. En materia de responsabilidad contractual, destaca la STS 10-042013 (RCIP 2134/2010) que examina el supuesto en el que una sociedad mercantil demandó a un banco en reclamación de indemnización por su responsabilidad contractual derivada de un contrato de depósito o, subsidiariamente, por su responsabilidad extracontractual derivada de la estafa penal por la que habían sido condenados varios empleados del banco al crear una "banca paralela" que desviaba los fondos de los clientes para dar préstamos a quienes tenían dificultades para obtener crédito regularmente. En este proceso penal, el banco había asumido su responsabilidad civil frente a los perjudicados, pero no frente a la ahora demandante. En la sentencia se recuerda la doctrina de la Sala sobre el carácter excepcional de la posibilidad de revisar la prueba a través del recurso extraordinario por infracción procesal y, en aplicación de la misma, se concluye que lo pretendido en el recurso extraordinario por infracción procesal es que se realice una valoración conjunta de la prueba mediante la negación de lo evidente y la tacha de arbitrario de lo que resulta racional y acreditado documentalmente, proponiendo una valoración que resulta, a juicio de la Sala, inverosímil, pues, estando acreditada la falta de prueba del depósito a plazo fijo, su colaboración en la financiación de la "banca paralela" y que el dinero que reclama salió del banco por orden de su representante legal, las acciones pretendidas por la parte recurrente no pueden prosperar.

9. Donación.

9.1. La STS 06-03-2013 (RC 1585/2010) delimita el alcance jurisprudencial de su doctrina sobre la necesidad de escritura pública en la donación de bienes inmuebles al resolver un recurso de casación interpuesto por un Arzobispado. La sentencia resuelve la cuestión de si eran aplicables al caso las exigencias formales del artículo 633 del Código Civil para la validez de la donación cuando en esta se había establecido una carga que no había sido instrumentada claramente en la escritura pública. Se declaró probado en la instancia que, tanto en el testamento abierto como en los documentos de compromiso de venta de solares celebrados con anterioridad a la escritura pública de donación, se establecía que el destino de los bienes debía ser la construcción de un complejo parroquial, si bien en la escritura pública no se había recogido esta carga, salvo en la parte relativa a la petición de excepciones fiscales, en las que se señalaba el destino. El Arzobispado pretendió en su recurso que se declarase que esta condición, al no estar en la escritura pública, era ineficaz, con lo que eran válidas las donaciones. La sentencia recuerda la doctrina de la Sala sobre la exigencia de especial forma para la donación de un bien inmueble, que se aplica fundamentalmente en los supuestos en los que existe una escritura pública de compraventa que resulta ser simulación de una donación, considerando en estos casos que la forma de escritura pública de la compraventa no convalida la donación. Señala que esta doctrina tenía una limitación que se puntualizó en la STS 16-01-2013, en la que se decía que "dicha interpretación puede resultar no determinante en aquellos supuestos en donde la causa donandi, como causa digna de tutela, venga integrada en otros hechos esenciales que diferencien la causa de pedir hacia otros ámbitos de aplicación del Derecho, particularmente del Derecho de sucesiones". Este supuesto se produce en el recurso de casación resuelto, en el que la causa donandi resultaba del testamento del donante, causalizando todos los contratos celebrados posteriormente.




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