Derechos fundamentales



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8. Obligaciones y contratos.

8.1. En la STS 29-10-2012 (RC 486/2010) se analizan estas dos cuestiones: los presupuestos de la acción de regreso y la responsabilidad por retraso en la entrega. Con relación a la primera cuestión, la entidad recurrente suscitó en casación de forma general la posible responsabilidad de los restantes intervinientes en el proceso constructivo, con objeto de que se estimara la acción "de regreso" ejercitada contra ellos (para el cobro a cada deudor de su parte en la deuda). Con relación a esta pretensión, la sentencia niega que su desestimación se debiera a un error en su calificación, pues la razón verdadera para su rechazo estuvo en la falta de los presupuestos o requisitos para su ejercicio. En tal sentido, dice la sentencia que son requisitos para que prospere esta acción, de una parte, la regularidad del pago satisfecho, esto es, que se trate de un pago debido, válido y eficaz; y, de otra parte, que conste determinada la participación concreta de cada codeudor en la obligación extinguida con dicho pago. De acuerdo con lo declarado en ambas instancias, la condena de la promotora trajo causa de incumplimientos contractuales solo a ella imputables, por ausencias y defectos respecto a su oferta contractual, sin que, por el contrario, se probase la participación de los demás agentes en cuanto a los vicios ruinógenos, lo que justifica que no pueda prosperar la acción de regreso, en la medida en que, dice la sentencia, "no se puede pretender una aplicación ipso iure del derecho de regreso, sino que el pago debe encontrar justificación en el negocio o causa que generó la obligación solidaria, ni tampoco una aplicación indiferenciada del mismo que no respete la correcta determinación de la participación de los deudores", cuya prueba incumbe a la parte que ejercita la acción de regreso.

Con relación a la segunda cuestión, la promotora planteó la procedencia de una reclamación indemnizatoria por el retraso en la ejecución de los trabajos de construcción, de acuerdo con la cláusula penal establecida en el contrato. También la Sala ratifica los argumentos por los que se rechazó esta pretensión en la instancia. Según recuerda, la cláusula penal contempla una obligación accesoria que sigue la suerte de la principal, de tal forma que la modificación de esta, es decir, la modificación del objeto de cumplimiento, o de la prestación resultante, condiciona a su vez la posible vigencia de aquella, de acuerdo con la posible extensión o alcance que dicha modificación proyecte sobre el cumplimiento inicialmente previsto. Esta doctrina lleva a considerar correcta la decisión desestimatoria por cuanto consta probado que las partes pactaron ampliar la obra y con ello, aplazar la fecha de entrega inicialmente prevista, "de suerte que debe entenderse que dicha modificación también operó una prórroga del plazo que deja sin fundamento de aplicación a la meritada cláusula penal". Además argumenta, de una parte, que tampoco medió el requerimiento que la ley exige para que la constructora se constituyera en mora (párrafo tercero del artículo 1100 del Código Civil); y, de otra, que la indemnización por retraso en la entrega exige que esta se sustente en un interés jurídicamente atendible, esto es, que no se trate de una pretensión abusiva o contraria a Derecho, lo que tampoco fue el caso, pues también consta probado que la promotora no requirió el cumplimiento en el plazo inicial, solicitó y aceptó la ampliación del mismo por consecuencia de la ampliación de la obra, y liquidó la relación contractual con la constructora sin ninguna reclamación contractual en los cinco años transcurridos.

8.2. Sobre prescripción de acciones, cabe citar la STS 31-10-2012 (RC1655/2009) en la que la cuestión jurídica suscitada a lo largo del pleito y del recurso tiene que ver con el plazo de prescripción aplicable a las acciones de reclamación de honorarios por los agentes, si el de tres años contemplado en el artículo 1967.1 del Código Civil o el más amplio de quince años previsto con carácter general para las acciones personales en el artículo 1964 del mismo Código. El Juzgado de Primera Instancia consideró que los servicios de intermediación prestados por la empresa demandante no tenían encaje en el contrato de agencia sino en el de mandato y se inclinó por aplicar el segundo plazo. Por el contrario, la Audiencia Provincial, aun sin calificar la relación como agencia sujeta a su ley especial de 1992, entendió que debía aplicarse el plazo de tres años al ser lo decisivo la labor de intermediación desarrollada por la demandante. El resultado fe entonces que declaró prescrita la acción por no existir reclamación alguna con efecto interruptor durante el periodo comprendido entre diciembre de 1998 a junio de 2003. La Sala confirma este pronunciamiento y recuerda su doctrina según la cual el plazo de prescripción de tres años previsto en el artículo 1967.1º del Código Civil es de aplicación a todos los que realicen labores de intermediación o gestión de negocios ajenos de forma o manera profesional, con independencia de si desempeñan esa función de forma estable o con carácter esporádico. En atención a esa doctrina, ratifica tanto la interpretación del contrato realizada por la Audiencia Provincial en ejercicio de la atribución que le competía en uso de su plena jurisdicción, como la conclusión alcanzada por dicha Audiencia en cuanto a que lo decisivo a efectos de plazo de prescripción no es la sujeción de la relación jurídica a la Ley de Contrato de Agencia de 1992 sino la profesionalidad de los servicios prestados por la empresa recurrente, circunstancia a su vez determinante de que no pueda calificarse dicha relación como mandato ni como mera prestación o arrendamiento de servicios.

8.4. La STS 16-11-2012 (RC 779/2010) concluye que el cambio de ubicación de unos condensadores no produce una mera molestia sino que se trata de una alteración sustancial del objeto del contrato, hasta el punto de que se producía una grave alteración del objeto adquirido, en cuanto quedaba sometido a las perturbaciones que se derivan de la instalación junto al dormitorio de los compradores de doce condensadores, y, por tanto, ante un incumplimiento esencial del contrato, lo que impide la conservación del mismo. La Sala razona, en contra del criterio de la vendedora recurrente, que, aunque el cambio de ubicación estuviera indicado por razones técnicas, los compradores tenían derecho a ser notificados de cualquier cambio relevante, a fin de salvaguardar su derecho a resolver el contrato, lo que no ocurrió pues esta alteración significativa no fue comunicada a los compradores.

8.5. La STS 11-03-2013 (RC 576/2010), en aplicación de la doctrina fijada en sentencia del pleno de la Sala de 10 de septiembre de 2012, vuelve a confirmar que la falta de licencia de primera ocupación, aunque nada se hubiera pactado expresamente en el contrato, ha de valorarse como incumplimiento esencial de la obligación de entrega de la vivienda por parte del vendedor, a los efectos de posibilitar la resolución instada por el comprador, cuando su concesión no va a ser posible en un plazo razonable. Además, la sentencia rechaza el argumento de la promotora sobre una pretendida obtención de la licencia por silencio administrativo positivo al constituir doctrina consolidada que no se pueden adquirir por silencio administrativo facultades o derechos contrarios a la legalidad urbanística. Tampoco tiene en cuenta la obtención posterior de la licencia, ya que, además de que era incompleta y no comprendía las piscinas comunitarias, era un documento de fecha muy reciente (junio 2012), lo que precisamente viene a confirmar que a la compradora se le impidió disponer de esa licencia durante los años transcurridos desde que fue adquirida (en enero de 2004) y finalizó su construcción (finales de 2005).

En el mismo sentido que la anterior resuelve la STS 06-03-2013 (RC 873/2009) el recurso de casación interpuesto. La sentencia reitera la doctrina fijada por el pleno de la Sala según la que la falta de pacto expreso sobre el deber del vendedor de tramitar y obtener licencia de primera ocupación no es óbice, ni para considerarla dentro del elenco de obligaciones que le incumben, por tratarse de una obligación del vendedor que resulta del artículo 1258 del Código Civil, ni para atribuirle carácter esencial en orden a posibilitar el ejercicio de las acciones que el artículo 1124 del mismo Código atribuye a la parte perjudicada por el incumplimiento (en el presente caso, la acción de cumplimiento y no la resolutoria), porque, a falta de pacto expreso sobre tal carácter esencial, este le viene dado por las singulares circunstancias fácticas concurrentes, que no cabe revisar en casación. En consecuencia, como en el caso enjuiciado se probó que las licencias solicitadas se vieron paralizadas por razones de legalidad urbanística, no es posible hablar de simple demora o retraso en su entrega por causa no imputable a la vendedora (que nada demostró en tal sentido, como era su deber), sino que se trata de un supuesto en el que la posible contravención de la normativa urbanística generó incertidumbre respecto de la posibilidad final de que los compradores disfrutasen de las viviendas con arreglo a su uso y destino, situación en la que la Sala considera que no es razonable exigirles el cumplimiento de su obligación de pago mientras que la parte vendedora no cumpla con la suya.

8.6. La STS 07-11-2012 (RCIP 705/2010) desestima el recurso de casación interpuesto por la parte compradora de un contrato de compraventa. La Sala resuelve la cuestión doctrinal relativa a la legitimación activa para el ejercicio de la facultad resolutoria prevista en el artículo 1124 del Código Civil. Señala que la legitimación corresponde al contratante que sufre el incumplimiento de la obligación frente al contratante incumplidor, de tal forma que la compradora, que no firmó la escritura pública ni pagó el precio, no podía resolver el contrato por haberse convertido en incumplidora. Señala también, en aplicación de su propia doctrina, que la declaración unilateral de voluntad es necesariamente recepticia, de forma que no produce efectos el requerimiento notarial de resolución extrajudicial previsto en el artículo 1504 del Código Civil que no llega a ser conocido por la parte requerida, contrariamente a lo que decidió la sentencia de primera instancia.

8.7. La STS 16-01-2013 (RCIP 1202/2010) ha rechaza el recurso de una entidad vendedora, confirmando la resolución de un contrato privado de compraventa de inmuebles por incumplimiento de la vendedora del deber de facilitar a los compradores la financiación comprometida. La sentencia declara, en cuanto al fondo del asunto, en síntesis, lo siguiente: a) del contrato sí resulta que la parte vendedora asumía el compromiso de facilitar la financiación (se comprometía a que la entidad financiera aceptase sin condiciones la subrogación del reservista en el préstamo hipotecario gestionado por la aquella), y que a dicha obligación de facilitar financiación, aunque la jurisprudencia le viene otorgando carácter accesorio, en el presente caso debe concluirse que las partes quisieron darle carácter esencial en la medida en que formaba parte de la atractiva oferta comercial; b) si la vendedora no se consideraba en condiciones de conseguir una subrogación incondicional, no debió ofrecerla al comprador; c) con ello no se ha dejado el cumplimiento del contrato al arbitrio de una sola parte (pues fue la propia vendedora la que ofreció esa posibilidad de subrogarse "en todo caso" a los compradores); d) en ningún momento los compradores han incumplido sus obligaciones con carácter previo al incumplimiento de la vendedora, ya que, si decidieron no pagar el precio de la compra, fue tras ver frustrada la subrogación prometida, de la que dependía su financiación; y e) el hecho de que los compradores intentaran obtener financiación de otras entidades bancarias, lejos de denotar que no tenían intención de subrogarse, lo que demostraría es que tuvieron en todo momento una actuación leal frente a la vendedora.

8.8. La STS 11-04-2013 (RC 1637/2010), en materia de resolución de contrato de compraventa, desestima el recurso de casación interpuesto por los compradores de dos viviendas que habían visto desestimadas sus pretensiones y fueron condenados en la instancia al cumplimiento de los contratos de compraventa. En la sentencia se establece que es presupuesto para la validez del contrato la determinación del objeto del mismo, bien determinándose en todos sus extremos o bien conforme a criterios de determinación que impliquen la no necesidad de subsanación o de un nuevo convenio, considerando que, en el caso enjuiciado, el plazo estaba determinado conforme a estos últimos criterios. La Sala recuerda su doctrina contenida en la sentencia de 18 de junio de 2012 que permite la compatibilidad de los criterios de interpretación contenidos en la Ley de Condiciones Generales de la Contratación y en el Código Civil y que afirma que el control referido al criterio de transparencia tiene por objeto que el adherente conozca o pueda conocer con sencillez tanto la carga económica como la carga jurídica del contrato. También se recuerda la doctrina de la Sala en materia de avales o garantías de las cantidades entregadas a cuenta previstas en la ley 57/1968, de 27 julio, considerando que se está ante una obligación legal, de carácter esencial, que atañe o compete al vendedor de la vivienda en proyecto o en construcción. En su aplicación, diferencia los supuestos en los que la obra está proyectada o en construcción, en los que puede oponerse como excepción a la entrega de cantidades o como resolución del contrato si las cantidades se han entregado y el aval no se presta, de los supuestos en los que la vivienda está terminada, pues si la obligación del aval no ha resultado exigida por el adquirente, su constitución carece de sentido pues, con la entrega o puesta a disposición de la vivienda, su función se reconduce al ámbito propio del cumplimiento o incumplimiento contractual. Finalmente, se recuerda que el retraso en la entrega de viviendas puede considerarse no resolutorio cuando el término no fue configurado como esencial, no se frustra la finalidad del contrato y el cumplimiento tardío sigue siendo útil e idóneo para la satisfacción de los intereses, sin perjuicio de la aplicación de la doctrina de los actos propios.

8.9. La STS 24-04-2013 (RC 2063/2010) resuelve el caso en el que se declaró resuelto el contrato de compraventa por no haberse realizado a la compradora una oferta vinculante de préstamo hipotecario. La Sala recuerda que debe respetarse en casación la interpretación de los contratos realizada por los tribunales de instancia y considera que, en este caso, la interpretación es correcta, pues las cláusulas del contrato resultaban confusas, pudiendo entenderse que la vendedora haría una oferta vinculante de préstamo hipotecario, lo que habría supuesto un aliciente para la compraventa, sin que esta oferta se realizara. Según la Sala, la interpretación propuesta por la parte recurrente relativa a que solo tendría obligación de facilitar información sobre el préstamo también resulta compatible con el contrato, pero la sentencia considera que, según el artículo 1288 del Código Civil, que se incluye entre la normativa de interpretación de los contratos, las cláusulas oscuras no pueden beneficiar a quien ocasiona esta oscuridad, por lo que a promotora debe sufrir las consecuencias derivadas del carácter confuso y oscuro de las cláusulas y su resultado legal, confirmándose así la resolución del contrato de compraventa.

8.10. La STS 15-11-2012 (RC 796/2010) resuelve un recurso de casación en relación con unos contratos financieros celebrados por una familia en la que el padre, actuando como representante y mandatario verbal del resto de la familia y administrador de varias empresas, habitualmente realizaba este tipo de operaciones. La Sala desestima el recurso de casación interpuesto y confirma la decisión de la Audiencia Provincial basada en los hechos probados relativos a que el cliente había sido advertido de los elementos relevantes y los riesgos de la operación. La sentencia desestima la pretensión de vincular los contratos de inversión a los de crédito, en cuanto a sus vencimientos, pues, si esta vinculación inicialmente existía, desapareció cuando se contrataron unos productos de inversión en sustitución de los primeros sin cancelar previamente ni proceder a la sustitución de los de crédito.

La STS 15-11-2012 (RC 2091/2010) desestima el recurso de casación interpuesto por un banco y confirma la sentencia de apelación que dio la razón a unos prestatarios frente a la reclamación del banco, en el sentido de no deber suma alguna en concepto de cancelación de un contrato denominado "de intercambio de tipos/cuotas". La sentencia, centra la cuestión jurídica controvertida en la interpretación de las cláusulas reguladoras del citado contrato y, en particular la sexta. La Audiencia consideró que dicha cláusula contenía una relación de causas de extinción aplicables a cualquiera de las partes y otra en la que se contenían los supuestos en que el banco podía resolver por incumplimiento del cliente, de tal manera que los supuestos en que el banco podía repercutir gastos a este no eran todos los previstos en la cláusula como de extinción anticipada del vínculo sino solo los cuatro mencionados inmediatamente antes de ella referidos a determinados incumplimientos de los prestatarios. Tras recordar que el control de interpretación en casación es solo de legalidad, de tal forma que si las normas interpretativas son respetadas no cabe en casación discutir qué interpretación es la mejor o más adecuada a las circunstancias del caso, la Sala concluye que la compleja redacción del documento en que se consignó el contrato no justifica afirmar que los prestatarios aceptaron pagar un "cargo por cancelación" (que no venía establecido en la cláusula litigiosa ni en la referida a los datos de identificación de la operación) por el mero hecho de que, con ocasión de regular otros supuestos, las cláusulas tercera y quinta contemplaran la posibilidad de repercutir en la cuenta del cliente gastos adicionales o la de efectuar una liquidación, positiva o negativa, en la misma, en función de lo que aconteciera en el mercado de tipos de interés. En definitiva, la interpretación sistemática o de la totalidad a que se refirió el banco para combatir la interpretación de la Audiencia no permite revisar las consecuencias derivadas de la interpretación literal. No cabe entender que los prestatarios debieran una comisión de cancelación que no aparecía expresamente pactada para el caso enjuiciado, siendo además esta interpretación también conforme con el canon "contra proferentem" (en contra del predisponerte) dirigido a evitar abusos derivados de la confusa redacción de las cláusulas del contrato.

La STS 21-11-2012 (RC 1729/2010) declara válidos dos contratos sobre productos financieros derivados (swaps) por inexistencia de error en la prestación del consentimiento pese al cambio de los tipos de interés. De esta forma, revoca la sentencia de apelación que sí había declarado la ineficacia pretendida, tras apreciar dicho vicio del consentimiento. La Sala parte de que no es posible equiparar, sin matices, un defecto de información con la existencia de error. En cuanto a este, recuerda que constituye doctrina jurisprudencial que existe el error como vicio del consentimiento cuando la voluntad del contratante se forma a partir de una creencia inexacta, es decir, cuando la representación mental que sirve de presupuesto para la realización del contrato es equivocada o errónea. Pero la seguridad jurídica, asentada sobre el respeto a lo pactado, impone unos criterios rigurosos para su apreciación. Por ello, dice la Sala, para apreciar el error se exige en primer lugar que la representación equivocada merezca esa consideración, esto es, que se muestre, para quien afirma que ha errado, como suficientemente segura y no como una mera posibilidad dependiente de la concurrencia de inciertas circunstancias. El error ha de recaer sobre la sustancia de la cosa que constituye el objeto del contrato o sobre aquellas condiciones que principalmente hayan llevado a celebrarlo. Y debe ser esencial, en el sentido de proyectarse sobre esa sustancia o condiciones que hubieran sido la causa principal de su celebración. Aunque es cierto que se contrata en función de unos móviles, motivos o razones, el error sobre estos es irrelevante y no priva de eficacia al contrato mientras que no se hayan casualizado (es decir, elevado a causa del contrato por ambas partes). De esta forma, no es posible apreciar un error como vicio del consentimiento cuando la representación equivocada, lejos de ser segura, se proyecta sobre un futuro más o menos próximo con un acusado componente de aleatoriedad, ya que la consiguiente incertidumbre implica una asunción por los contratantes de un riesgo de pérdida, correlativo a la esperanza de una ganancia. A lo anterior añade la Sala que el error, además de relevante, ha de ser excusable, de manera que no se priva de protección al que erró por no haber empleado la diligencia exigible que le hubiera permitido haber conocido. La proyección de toda esta doctrina sobre el caso concreto determina que la sentencia rechace la existencia del error.

8.11. La STS 12-02-2013 (RCIP 1190/2010) desestima el recurso de casación interpuesto por dos de las empresas que habían sido demandadas por una empresa petrolera en reclamación de cantidades pendientes de pago por venta de combustibles servidos al un grupo empresarial como cliente de gran consumo. La sentencia de primera instancia estimó la demanda, lo que fue luego confirmado por la Audiencia Provincial. En el procedimiento se fijó como hecho probado la existencia de un acuerdo verbal en el que una de las demandadas hacía pedidos para ser servidos al grupo empresarial, que realizaba los pagos, beneficiándose este de las condiciones favorables de aquella empresa por su condición de "depósito fiscal" para liquidar el impuesto de hidrocarburos. Ante la constancia en el procedimiento de la existencia de un pacto ilícito para eludir obligaciones tributarias, ordena comunicar la sentencia a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria por si considerase procedente emprender acciones en el ámbito de sus competencias o comunicar los hechos al órgano competente.

8.12. La STS 05-02-2013 (RC 1440/2010) estima el recurso de casación en relación con la validez y eficacia de un precontrato de trabajo de jugador de fútbol profesional de un menor de trece años celebrado entre un club de fútbol y los padres del menor. En la sentencia se declara la nulidad del contrato litigioso, aunque condena al jugador al pago de treinta mil euros al club de fútbol en concepto de indemnización por extinción anticipada del contrato de jugador no profesional. La Sala considera que este tipo de contrataciones de menores debe ser objeto de especial protección por el ordenamiento jurídico, en garantía del principio constitucional y supranacional del superior interés del menor. En el caso planteado, la sentencia señala que la representación de los padres se extendió a una decisión que afectaba al futuro futbolístico profesional de su hijo y que, en estos casos, "el poder de representación que ostentan los padres, que nace de la ley y que sirve al interés superior del menor, no puede extenderse a aquellos ámbitos que supongan una manifestación o presupuesto del desarrollo de la libre personalidad del menor y que puedan realizarse por él mismo, caso de la decisión sobre su futuro profesional futbolístico que claramente puede materializarse a los 16 años (artículo 162.1º del Código Civil)". La sentencia argumenta también la necesidad de que exista autorización judicial para este tipo de contratos, al implicar contenidos obligacionales económicos relevantes para el menor y su futuro. Atiende también al orden público laboral y considera que se atentaría el principio de libertad de contratación del menor con cláusulas de vinculación y económicas que impedían la posterior decisión del menor sobre este aspecto cuando pudiera tomarla. Se valora también la existencia en el contrato de una cesión de los derechos de imagen del menor, lo que implica la cesión de derechos fundamentales de especial protección por el ordenamiento jurídico. Todos estos argumentos, que se giran en torno al principio de la protección del superior interés del menor, determinan, a juicio de la Sala Primera del Tribunal Supremo, que deba decretarse la nulidad del contrato celebrado, lo que ocasiona la estimación del recurso de casación del jugador.

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