Derechos fundamentales de la persona del trabajador y poderes empresariales: el juicio de ponderación



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Derechos fundamentales de la persona del trabajador y poderes empresariales: el juicio de ponderación

ESQUEMA DE LA SESIÓN

  • 1. Premisa: la garantía de los derechos del “ciudadano trabajador”
  • 2. Derechos fundamentales y contrato de trabajo: dos respuestas contradictorias
  • 3. La difícil aplicación del “principio de proporcionali-dad” al ámbito laboral
  • 4. Una aplicación del “principio de proporcionalidad” adaptada a la peculiar textura de las relaciones de trabajo

Una notable expansión política del Derecho del Trabajo

  • En las últimas décadas el DT ha pasado:
    • De preocuparse sólo por la tutela del trabajador como sujeto del contrato de trabajo
    • A asumir el objetivo de garantizar los derechos que le corresponden como persona o ciudadano
  • Este cambio tiene su origen en transformaciones sociales y jurídicas profundas
    • Que han dado como resultado ha sido la afirmación de un “nuevo modo de estar” en la empresa.
    • Coherente con la condición de ciudadano del trabajador

Unos derechos de laboralidad sobrevenida

  • Los derechos “de ciudadanía” así garantizados se caracterizan por una triple condición:
    • Corresponden al trabajador en tanto persona
    • Están garantizados al máximo nivel (fundamentales)
    • Son derechos de libertad o de inmunidad
  • Esto incluye un amplio grupo de derechos
    • Reconocidos por las Constituciones con titularidad amplia o general (inespecífica)
    • Que adquieren una dimensión laboral “sobrevenida”
    • Al ser ejercidos por trabajadores en el marco de una relación laboral

Un problema central: su compatibilidad con el CT

  • La aplicación de los DF en las relaciones de trabajo tiene como presupuesto
    • La eficacia horizontal e inmediata de estos derechos
  • Hoy éste es un efecto generalmente reconocido en los países de nuestro entorno cultural
    • Pero que, por el momento, ofrece un pobre resultado
  • Debido a la necesidad de resolver otro problema:
    • La compatibilidad entre el ejercicio de esos derechos y las obligaciones derivadas del contrato de trabajo

Dos respuestas distintas para el mismo problema

  • La jurisprudencia ha elaborado sucesivamente dos formas de encarar el problema:
  • 1. Enfocarlo como uno de adaptabilidad del ejercicio del DF al marco del contrato de trabajo
    • De forma que sólo es posible si no lo afecta
  • 2. O como un problema de colisión de derechos
    • En concreto, entre el DF y la libertad de empresa
    • A resolver mediante la aplicación del “Principio de Proporcionalidad”

El fundamento del “Principio de Proporcionalidad”

  • Dado que contienen mandatos potencialmente contradictorios
    • Los DF pueden experimentar limitaciones recíprocas cuando entren en conflicto unos con otros
  • El “Principio de Proporcionalidad” ofrece un criterio para determinar cuál DF debe ceder
    • Basado en la idea de optimización de la aplicación de los valores garantizados por la Constitución
    • Y en la valoración del “peso” que, en función de ese criterio, deba asignarse en el caso a cada DF
  • Solo cede ante reglas que no admiten excepciones
    • Como el principio de no discriminación

La estructura del “Principio de Proporcionalidad”

  • Se descompone en una triple valoración:
  • 1. Juicio de idoneidad: busca establecer si la medida satisface el interés tutelado por el DF afectante
  • 2. Juicio de necesidad: valora si la medida es la más benigna para el DF afectado de todas las posibles
  • 3. Juicio de proporcionalidad strictu sensu: determina si la importancia de la satisfacción de uno de los DF es capaz de justificar el sacrificio del otro
    • Visto desde la perspectiva de la optimización la aplicación de los valores constitucionales

Una limitada aplicación del “Principio de Proporcionalidad”

  • La aplicación del principio se ha extendido
    • Pero sin una clarificación de su forma de operar
  • Su “versión laboral” más extendida:
    • El DF debe ceder cuando sea imprescindible para satisfacer un interés legítimo del empleador
    • Aunque útil, conduce a priorizar el interés empresarial si no hay otra opcion más benigna
  • Supone una aplicación incompleta del principio
    • Valora la idoneidad y la necesidad de la medida, pero no su proporcionalidad

La cuestión clave: la correcta aplicación de la proporcionalidad

  • Es preciso aplicar estrictamente la proporcionalidad
    • Adaptando su forma de operar a la relación laboral
  • Un criterio elemental de partida:
    • La pretensión del trabajador de respeto del DF es tan legítima, prima facie, como la del empleador
  • En consecuencia:
    • Su limitación sólo procede excepcionalmente
    • Cuando, siendo adecuada y necesaria, satisfaga un interés empresarial constitucionalmente prioritario
  • Lo mismo ocurre con la pretención del empleador

La “Ley de la ponderación”

  • Un DF sólo puede ser sacrificado por otro si la importancia de la satisfacción de éste es mayor
  • La aplicación de esta regla al contrato de trabajo:
    • Cuanto mayor sea la limitación del DF del trabajador, más importante debe ser el interés a satisfacer por el empleador
    • Cuanto mayor sea la limitación de la libertad de empresa, más importante debe ser el interés a satisfacer por el trabajador

La determinación del “peso” de los derechos en conflicto

  • Depende de dos variables correlacionadas:
  • A. La importancia material de cada DF dentro del sistema consticional (“peso abstracto”)
    • En función de su conexión con los valores nucleares de éste
  • B. La intensidad de la intervención sobre cada DF (“peso concreto”)
    • En atención a las restricciones en ellos se introducen

¿Cómo valorar el “peso abstracto” de cada DF?

  • Entre los DF pueden distinguirse “jerarquías”
    • Por su proximidad a las bases de la Constitución
  • Ello permite atribuir una relevancia especial a:
    • El ejercicio de las libertades ideológica, de expresión e información y de reunión y manifestación
      • Dada su conexión con el principio democrático
    • Y a los derechos a la integridad física y moral, al honor, a la intimidad y a la propia imagen
      • Dada su conexión con la dignidad de la persona
  • Esto no garantiza una inmunidad absoluta a estos DF

¿Cómo valorar el “peso concreto” de cada DF?

  • Debe calcularse el grado de afectación que sufriría cada DF:
  • Ello exige una valoración empírica
    • Que ha de realizarse caso por caso
  • Teniendo en cuenta:
    • Las facultades afectadas, su importancia, la intensidad de la afectación, su duración, su mayor o menor probabilidad, etc.

¿Cómo debe realizarse la ponderación?

  • Comparando los “pesos” de cada DF
    • Para establecer la precedencia del de mayor “peso”
  • Esto resuelve sin problema los “casos fáciles
  • La dificultad radica en los “casos difíciles
    • Donde existe un “empate” en los “pesos” de los DF
    • Por lo general: intervenciones intensas que satisfacen intensamente el derecho opuesto

La solución de los “casos difíciles de ponderar”

  • En materia de inconstitucionalidad de las leyes
    • La equivalencia de “pesos” deja en libertad al legislador para intervenir o no
  • Entre privados, no basta con esa equivalencia
    • No hay razón aquí para priorizar un DF sobre el otro
  • Por ello, la duda debería inclinarse por la no afectación del DF
    • Cuyo ejercicio sin injerencias está garantizado por la Constitución

La posible concurrencia de otros bienes o derechos

  • Ciertos “empates” pueden resolverse en atención a la presencia de otros bienes o valores constitucionales
  • Así, cuando la afectación del DF es indispensable para dar ejecución al contrato de trabajo
    • Es preciso valorar la incidencia de la autonomía de la voluntad para admitir su validez
  • Lo mismo ocurre cuando la limitación del DF satisface otro bien constitucionalmente relevante
    • Como la seguridad de las personas o la salud pública

Un criterio general

  • Para ser legítimos, los actos de ejercicio de un DF con limitación de otro:
    • Deben tener un “peso superior” en la ponderación
  • En consecuencia, los DF de los trabajadores sólo pueden sufrir restricciones importantes:
    • Cuando haya un interés extraordinario del empleador de suficiente intensidad como para justificarlo
  • Pero, la pretensión del trabajador de ejercer sus DF limitando la libertad del empleador sólo cabe:
    • Cuando ocasione a éste un perjuicio de menor entidad

Consecuencias para el trabajador

  • El criterio se aleja de la prioridad que ciertas versio-nes del principio atribuyen al interés empresarial
  • Ya que postula que la limitación de los DF de los trabajadores sólo cabe excepcionalmente:
    • Cuando se les ocasione un perjuicio inferior al que experimentaría el empleador en caso contrario
  • E incluso promueve la acomodación del marco contractual al ejercicio del DF:
    • Cuando no cause un daño extraordinario al empleador

Y para el empleador

  • Pero impide el sacrificio de la libertad de empresa:
    • Cuando el ejercicio del DF del trabajador le impone un daño desproporcionado
  • Y permite que se le atribuya prioridad:
    • Si su protección demanda una restricción menor del DF del trabajador
    • O es necesaria para el funcionamiento del contrato de trabajo o la satisfacción otro DF o bien constitucional
  • El juego del principio se adecúa así a la peculiar textura de las relaciones de trabajo


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