Derecho procesal fiscal



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UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO

DERECHO PROCESAL FISCAL

UNIDAD II

DERECHO PROCESAL FISCAL Y PROCEDIMIENTO FISCAL

2.1 Conceptos de proceso y procedimiento

Los juristas distinguen entre derecho sustantivo y derecho adjetivo. El primero lo refieren a la materia, es decir, a las disposiciones o leyes que tratan de regular las obligaciones y derechos que se conceden a los individuos o a las facultades y atribuciones de las autoridades, como por ejemplo, en materia fiscal sería lo relativo a los impuestos; lo segundo trata de la regulación que hace la ley para poder ejercer o hacer efectivo los derechos y obligaciones del derecho material; en efecto, la ley regula la existencia del impuesto sobre la renta, pero cómo debe cubrir el contribuyente éste impuesto, cómo debe presental­la declaración relativa a éste tributo, en qué formulario lo debe hacer, ante qué autoridad fiscal, etc., ello le corresponde al derecho adjetivo, también llamado derecho procesal.

En cada rama del derecho encontramos tanto el derecho sustan­tivo o material y derecho adjetivo o procesal, y por supuesto en el derecho fiscal o tributario existen disposiciones de derecho sustantivo y adjetivo.

Así, el Derecho Procesal Fiscal se ocupa de regular a través de normas jurídicas, los procedimientos administrativos y procesos juris­diccionales que tienen que ver con los tributos.

El Derecho Procesal Fiscal se ocupa de estudiar los procesos Fis­cales que se desarrollan ante autoridades jurisdiccionales y de proce­dimientos tributarios que son del conocimiento de autoridades ad­ministrativas. Así pues, técnicamente no se identifican proceso y procedimientos fiscales.

El derecho Procesal Fiscal es un derecho formal, llamado también adjetivo, porque su finalidad son reglas relativas a la manera o forma de hacer efectivo un derecho sustantivo, en éste caso, la materia fiscal o tributaria, por lo que conviene anticipar un concepto o definición del Derecho Procesa] y del procedimiento.

El derecho procesal es el conjunto de reglas o normas que seña­lan la manera de ejercitar derechos que se consideran tener, ante los órganos jurisdiccionales, a quienes corresponda la facultad de resolver sobre ese ejercicio.

El derecho Procesal Fiscal consecuentemente es un conjunto de reglas mediante las cuales se ejercitan derechos fiscales ante autori­dades jurisdiccionales que tienen facultades de resolver sobre esos derechos.

El procedimiento es, a su vez, un conjunto de normas que regulan el trámite ante autoridades administrativas en asuntos no jurisdiccio­nales; y cuando se trata de materia fiscal, el procedimiento se sigue ante autoridades fiscales.

Ahora bien, sucede con frecuencia que se utiliza el concepto pro­cedimiento cuando en realidad se trata de regla procesal, o se habla de procedimiento contencioso cuando se trata de proceso conten­cioso, pues la controversia la va a resolver un tribunal, que es un órgano jurisdiccional.

Una cuestión fiscal que tiene que ver con el proceso fiscal son las demandas que los interesados puedan promover, mediante el pro­ceso o juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que se regula por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que en su propio nom­bre señala que es un Procedimiento, pero su contenido se dirige a regular juicios ante el Tribunal mencionado, es decir, a procesos.

Un ejemplo de procedimiento fiscal es la autodeterminación de las contribuciones a cargo del propio contribuyente quien lo debe hacer, por reciente reforma mediante medio electrónico, Internet, quedando obsoletas las formas autorizadas (art. 18 del CFF). En este ejemplo no existe controversia, se trata únicamente de cumplir con la autodeterminación, o declaraciones fiscales como se les conoce mediante un procedimiento meramente administrativo, donde no existe controversia ni intervención de autoridades jurisdiccionales.

La diferencia entre normas procesales y normas de procedimiento se encuentra en que las primeras regulan actos ante órganos jurisdic­cionales, mientras que en las segundas se trata de cumplir con requi­sitos ante órganos administrativos.

El Derecho Procesal estudia tanto normas de procedimiento o derecho adjetivo, como de derecho sustantivo, por ejemplo, el artículo lo. de la Ley del Impuesto sobre la Renta señala que las personas físicas que obtengan ingresos en un año calendario están obligadas a pagar ese impuesto, y el artículo 175 de esa ley señala la obligación de presentar declaración anual ante oficinas autoriza­das, así pues, la obligación de pago es derecho sustantivo y presentar la declaración es derecho adjetivo.

Entonces vemos que el Derecho Procesal Fiscal puede definirse como el conjunto de normas que regulan un proceso o procedi­miento para definir una situación jurídica material o sustantiva. El proceso y el procedimiento consta de etapas o fases por las cuales, en forma ordenada y sistemática se llega a definir una situación jurídica material.



En conclusión: se puede distinguir entre el término proceso y procedimiento: proceso se refiere a las etapas o fases que se tramitan por partes interesadas ante un órgano jurisdiccional que concluye de ordinario con la emisión de una sentencia. El proceso es pues una controversia, un litigio, se discute a quién le ha de corresponder el derecho sustantivo o material. El proceso exige la existencia de un órgano jurisdiccional o juez que tiene delegada facultades del Estado para decidir sobre el asunto mediante una sentencia ajustada a dere­cho, a favor de quien tenga la razón.

El procedimiento es entendido como trámite administrativo para que la autoridad resuelva una situación jurídica. Aquí no existe con­troversia o litigio, sino una relación jurídica entre la autoridad y el peticionario, regulada por la ley.

Un procedimiento puede dar lugar a un proceso, por ejemplo, si se niega por la autoridad el permiso para construir un hotel en virtud de que se pretende construir a la orilla de un río, y ello puede resultar peligroso. Este acto o resolución se da en un procedimiento adminis­trativo; sin embargo el peticionario niega que exista ese supuesto peligro, y por ello puede demandar la nulidad del acto administra­tivo que negó el permiso, ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que sería ya un órgano jurisdiccional, a quien le correspondería resolver y decidir sobre la petición del particular.

La similitud del contenido de los conceptos procedimiento y pro­ceso fiscal también es reconocido en los fallos del Poder Judicial Fe­deral, y al efecto es ilustrativa la siguiente tesis:



PROCEDIMIENTOS EN MATERIA FISCAL, SUS ETAPAS O FA­SES SON ANÁLOGAS A LAS DE UN JUICIO.- Los juicios, como los procedimientos seguidos en forma de juicio, están integrados por las siguientes fases: a) Previa al juicio; b) Instrucción del juicio; c) Sentencia, y d) Ejecución.

Del estudio de los procedimientos en materia fiscal se concluye que análogamente se aprecian en éstos, de manera sustancial, iguales eta­pas o fases a las indicadas, siendo éstas: a) Fiscalización, cuyo objeto es verificar que se cumplan con las obligaciones que imponen las normas, implicando usualmente actos de molestia; b) Determinación de créditos fiscales, consistente en un típico procedimiento seguido en forma de juicio, que concluye con un acto de privación (liquida­ción de un crédito fiscal), toda vez que en ese momento procesal es cuando se constituyen los derechos y obligaciones que son vinculatorios entre las partes y puede suscitarse alguna controversia entre ellas-fisco, contribuyente y terceros vinculados y atendiendo a la finalidad de afectación y alcance, es que se aplican, por analogía, en esta etapa las formalidades previstas en el artículo 14, párrafo segundo consti­tucional; y por último, c) Ejecución, la cual está constituida por una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención eje­cutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquida­ción firme (generada en la etapa de determinación), que constitu­ye la prueba legal de la existencia y validez del crédito, de su liquidez e inmediata reclamación, similar en estos aspectos a una sentencia ejecutoriada.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO. VIII. lo. 43 A

Amparo en revisión (improcedencia) 568/99.- Rogelio Martínez Cár­denas.- 24 de septiembre de 1999.- Unanimidad de votos.- Ponente: René Silva de los Santos.- Secretario: Miguel Rafael Mendiola Rocha.

Esta tesis aparece publicada en el Semanario Judicial de la Fede­ración, Novena Época, Tomo X, Noviembre de 1999, Tribunales Co­legiados de Circuito y Acuerdos, pág. 1010.

2.2 Principios generales del proceso

El proceso en general, se rige por principios que consisten en la manera como la ley, regula los actos jurídicos que se lleven a cabo ante la autoridad jurisdiccional. Ahora bien, la propia ley señala por cuales principios se ha decidido regular los actos jurídicos procésales, y así encontramos:

A) Escrito u oral.- Según sea la forma en que se tramite



B) Ordinario o sumario.- Según se tramite en una serie de fases o audiencias en un tiempo más o menos prolongado; o bien, se opte por el procedimiento en una sola audiencia con la finalidad de abre­viar tiempo.

C) Libertad de pruebas o restricción de pruebas.- La ley señala si se aceptan todo tipo de pruebas o se restringe alguna, por ejemplo en materia fiscal que es la que nos ocupa, no se acepta la prueba confesional por posiciones de la autoridad.

D) Público o secreto.- El principio general es que todas las audiencias ante la autoridad jurisdiccional son públicas, solo serán secretas por excepción cuando la autoridad así lo decida mediante razones fun­dadas.

E) Con recurso o sin recurso.- La propia ley contempla si el fallo que se pronuncie, admite ser impugnado, es decir, si admite recurso o no.

F) Puede ser civil, mercantil, penal, laboral, fiscal, etc.- Según sea la ma­teria o asunto.

G) Puede ser de materia común, estatal y federal.- Según corresponda a municipios, estados o federación.

2.3 Principios del procedimiento y del proceso fiscal

Además de que la ley fiscal adopta algunos de los principios que ya se mencionaron, existen otros, que toda autoridad administrativa debe respetar y que son:



A) De Legalidad

Toda autoridad sólo puede llevar a cabo lo que la ley permite, es decir, todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado entendiéndose que es fundado un acto de autoridad cuando existe la ley que así lo permite y la autoridad está obligada a citar expresamente en los documentos que emita conste el acto de autoridad (acuerdo o resolución), la disposición legal aplicable que sea la que corresponda: en pocas palabras los artículos e inclusive fracciones de los artículos de determinada ley en que se basa para emitir el acto de molestia; y la motivación consiste en que, además de estar fundado, el acto de autoridad le sea aplicable al contribuyente, es decir, que señale las circunstancias y razonamientos en que se base para considerar que en el caso concreto le es aplicable el supuesto legal.



B) Principio de Proporcionalidad

Se refiere a que todas las contribuciones que establezca la autori­dad deben ser proporcionales; es decir, los súbditos deben contribuir al sostenimiento del Gobierno en proporción a los ingresos de que gozan, atendiendo a los principios de generalidad y uniformidad. Se debe tomar en cuenta que todos los que tienen capacidad contribu­tiva paguen algún impuesto y que éste represente el menor sacrificio posible, es decir, en pocas palabras, que pague más quien gana más y que pague menos, quien gane menos.



C) Principio de Equidad

Este principio significa la aplicación de la justicia a casos concre­tos, es decir, se deben tratar igual a los iguales y en forma desigual a los que no se encuentran en igualdad de circunstancias. Entonces en materia fiscal debe privar ese principio equitativo que resulta de igualdad ante la ley tributaria.



D) De Oficiosidad

El procedimiento fiscal es de interés público, es decir, la autori­dad está obligada a actuar dentro del marco de la ley, no requiere que el contribuyente lo pida o solicite.



E) De Publicidad

El procedimiento fiscal es público, no es secreto, debe hacerse saber al interesado a quien afecte el procedimiento, pero sólo es pú­blico para él, para los demás es reservado.



F) Por Escrito

El procedimiento fiscal es por escrito no se admiten trámites orales



G) Principio de exacta aplicación de la Ley

EL CFF en su artículo 5o. señala que las disposiciones que esta­blezcan cargas fiscales, así como las excepciones a las mismas y las que fijan las infracciones y sanciones son de aplicación estricta. Este principio aparece raramente en el sistema jurídico, al parecer sólo en materia penal con relación a los delitos y en matera fiscal con rela­ción a los tributos. En el resto de las ramas de derecho cabe aplicar la ley por analogía, o por mayoría de razón, o por los principios generales del derecho. Agrega el artículo 5o. del CFF en cita, que son cargas a los particulares las que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa; así por ejemplo, no puede extenderse la aplicación de leyes fiscales a sujetos de nacionalidad extranjera, salvo en los casos estricta­mente señalados en la ley, sin que pueda extenderse su aplicación toman­do en cuenta la posible analogía con otros casos regulados por la ley.



H) Principio del destino del Gasto Público

Conforme al artículo 74 fracción IV de la Constitución, las con­tribuciones que se recauden deben aplicarse destinadas al bien social, especificado en las partidas del presupuesto tal como fueron aproba­das en la cámara de Diputados del Congreso. Sólo con la autoriza­ción de esa Cámara se pueden destinar partidas aprobadas a otro destino. (Caso Fobaproa), Es decir, que el importe de lo recaudado por la Federación, a través de impuestos, derechos, productos 5' apro­vechamientos, se debe aplicar a la satisfacción de las necesidades colectivas o sociales a través de los servicios públicos, en la forma autorizada por el Congreso.



I) Principio de irretroactividad de la Ley Fiscal

La ley fiscal sólo puede aplicarse para supuestos futuros, los que sucedan a partir de su vigencia, pero no para supuestos cuya situación se hubiese presentado con anterioridad a la ley, así la ley no puede retroceder en su aplicación, es decir, a ninguna ley se le dará efecto re­troactivo en perjuicio de alguna persona. (Art. 14 de la Constitución).

Para aclarar estos principios y llegar a una mejor ilustración transcribimos la siguiente jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

IMPUESTOS REQUISITOS DE LOS.- El constituyente no concedió una facultad omnímoda al estado para establecer impuestos que a su juicio fuesen convenientes, sino limitada por tres requisitos funda­mentales: que sean proporcionales, que sean equitativos y que se des­tinen al gasto público. De manera que debe estimarse que, conside­rando constitucionalmente el impuesto será únicamente obligatorio aquel en el que concurran los requisitos antes mencionados.

Amparo en revisión 3630/1939, que consta en la página 2723 del tomo LXV de la quinta época.

2.4 Las leyes fiscales

Los procedimientos y los procesos fiscales sólo pueden tener ra­zón de existir en cuanto se refieren al derecho sustantivo fiscal, de ahí que existe una relación indisoluble entre la materia fiscal y la materia procesal fiscal, pues la primera no puede hacerse efectiva sin la segunda, y esta no tiene sentido si no existe la primera.

El artículo 74 fracción IV de la Constitución señala que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados:

Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones... El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes de septiembre,... deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre.

La ley de ingresos contiene un catálogo de los ingresos que se requieren recaudar en cada ejercicio fiscal, y corresponde a las leyes reglamentarias de cada tributo, fijar su naturaleza y extensión, parti­cularmente lo que corresponde al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, así como la forma o procedimiento para la determinación del impuesto.

Las leyes fiscales tienen una vigencia anual, pues el art. 74 frac­ción IV de la Constitución, así lo establece, sin embargo, como las leyes fiscales que año en año se proponen tienen en general el mismo contenido, y solo varían en algunas disposiciones, las leyes fiscales puede decirse que se renuevan año con año. En el supuesto que una nueva ley fiscal omitiera un impuesto de la ley anterior, éste automá­ticamente queda derogado.

2.5 los reglamentos, circulares y órdenes presidenciales

La Constitución faculta y obliga al Presidente de la República a ex­pedir los reglamentos que se requieran para la exacta observancia, en la esfera administrativa, de las leyes que expida el Congreso de la Unión.

Esta disposición aparece en el artículo 89 fracción I de nuestra Carta Magna, y permite que el ejecutivo Federal expida Reglamentos, así por ejemplo, tenemos el Reglamento del Código Fiscal, de la Fe­deración expedido por el Presidente cuyas disposiciones son típicas procedimentales. Por ejemplo, el Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta en su artículo 2o. señala la obligación de presentar avisos ante las autoridades, plazos y formas que correspondan con­forme al Reglamento del Código Fiscal de la Federación.

Ahora bien, el reglamento es el conjunto de normas jurídicas comple­mentarias y subordinadas a la ley, pero por ser normas por ello imponen deberes y obligaciones. El reglamento tiene por objeto señalar procedi­mientos para cumplir con preceptos de la ley, en nuestro caso, fiscal.

El reglamento depende para su existencia del precepto o ley fiscal y se ocupa de regular procedimientos de preceptos de la ley. Así pues el reglamento, en el orden jerárquico de las normas jurídicas está subordinado a la ley, así como la ley, a su vez, está subordinada a la Constitución. Esta subordinación está regida por dos principios:



A) Reserva de ley, que prohíbe que el reglamento invada o legisle sobre la materia que a la ley corresponde (por ejemplo, fijar más requisitos que la propia ley).

B) Preferencia de ley, que significa que el reglamento no debe con­trariar a la ley (por ejemplo, suprimir requisitos que la ley señale).

Para apreciar claramente los efectos y alcances de los reglamentos se transcribe la tesis jurisprudencial número 732 que aparece en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo III, Materia Administrativa, págs. 544 y 45 (Octava Época):



REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS. SUS LÍMITES.- Mediante el ejercicio de la facultad reglamentaria, el titular del Ejecutivo Fede­ral puede, para mejor proveer en la esfera administrativa el cumpli­miento de la leyes, dictar ordenamientos que faciliten a los destina­tarios la observancia de las mismas, a través de disposiciones generales, imperativas y abstractas que detallen sus hipótesis y su­puestos normativos de aplicación. Sin embargo, tal facultad (que no sólo se deduce de la fracción I del artículo 89 constitucional, sino que a la vez se confirma expresamente con el contenido de la fracción VIII, inciso a), del artículo 107 de la propia Carta Suprema, por útil y necesaria que sea, debe realizarse única y exclusivamente dentro de la esfera de atribuciones propia del Poder Ejecutivo, esto es, la norma reglamentaria actúa por facultades explícitas o implícitas que se pre­cisan en la ley, siendo únicamente esa zona donde pueden y deben expedirse reglamentos que prevean a la exacta observancia de aqué­llas y que, por ello, compartan además su obligatoriedad. De ahí que, siendo competencia exclusiva de la ley la determinación de qué, dónde y cuándo de una situación jurídica general, hipotética y abstracta, al reglamento de ejecución competerá, por consecuencia, el cómo de esos mismos supuestos. Por tal virtud, si el reglamento sólo encuentra operatividad en el renglón del cómo, sus disposiciones sólo podrán referirse a las otras preguntas (qué, quién, dónde y cuándo), siempre que éstas ya estén contestadas por la ley, es decir, el reglamento des­envuelve su obligatoriedad a partir de un principio definido por la ley y, por tanto, no puede ir más allá de ella, ni extenderla a supuestos distintos ni, mucho menos, contradecirla; luego entonces, la facultad reglamentaria no puede ser utilizada como instrumento para llenar lagunas de la ley, ni para reformarla o, tampoco, para remediar el olvido o la omisión. Por tal motivo, si el reglamento debe contraerse a indicar los medios para cumplir la ley, no estará entonces permitido que a través de dicha facultad, una disposición de tal naturaleza otorgue mayores alcances o imponga diversas limitantes que la propia norma que busca reglamentar, por ejemplo, creando y obligando a los par­ticulares a agotar un recurso administrativo, cuando la ley que regla­menta nada previene a ese respecto.

Circulares. Con el objeto de dar a conocer a las dependencias del gobierno el criterio que deben seguir en la aplicación de dispo­siciones fiscales, se expiden las circulares, según lo prevé el artículo 35 del CFF. Es importante señalar que los criterios que se señalan en las circulares, si se publican en el Diario Oficial de la Federación, no pueden crear obligaciones a los particulares, pero sí establecen dere­chos a favor de los particulares, estos los pueden hacer valer; para las autoridades las circulares resultan obligatorias,

En la teoría administrativa se habla de dos tipos de circulares: Internas y Externas, cuyo objeto es aclarar puntos obscuros de la ley o reglamento. Si se da únicamente en el ámbito de las autoridades son circulares internas, si se publican en Diario Oficial son externas.

Ahora bien, es conveniente al efecto mencionar la siguiente juris­prudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

Circulares alcance de las.- Conforme al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, los impuestos y créditos fiscales en general solo pueden ser determinados en cuanto a las hipótesis de causación, a los sujetos, objeto, tasa o cuantía, y bases de los mismos, por medio de leyes expedidas por el legislador, en términos del artículo 72 de la propia Constitución o el artículo equivalente de las constituciones loca­les. Y es claro que, aunque la Secretaría de Hacienda está facultada para interpretar la ley y atender a su expedita aplicación, mediante la expe­dición de circulares, estos no pueden suplir a la ley, ni derogar, modi­ficar ni ampliar sus disposiciones, ni por lo mismo sentar hipótesis de causación fiscal, ni determinar el objeto, base, tasa o cuantía de los créditos fiscales. Por lo demás, como las circulares son actos formalmente administrativo, tampoco pueden tales circulares revocar, ni siquiera para el futuro, resoluciones o convenios favorables a los particulares.

Segunda época, vol. 35, 6a. Pt., pág. 25, primer circuito, primero administrativo. Amparo en revisión RA547/71 (562/61). Compañía de luz y fuerza de Pachuca SA. y coags.- 8 de noviembre de 1971.-Unanimidad de votos.- Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.



Las ordenes presidenciales.- Son acuerdos administrativos del Ejecutivo que se refieren a casos particulares, que por supuesto no pueden modificar o afectar a las leyes o reglamentos, se trata de acuerdos de trámite en asuntos con el objeto de llevar a cabo con eficiencia la actividad de la administración pública.

2.6 El Cónico Fiscal de la Federación

Se denomina Código a un cuerpo de normas jurídicas que se re­fieren a una determinada rama del derecho. Del propio código se pueden desprender los principios generales relativos a la materia de que se trate.

En México, el desarrollo de esos principios generales, referente a la materia fiscal los encontramos en el CFF, y estos principios también se pueden desprender de los Códigos Fiscales Estatales de la República, por lo que hace a la competencia fiscal de las entidades federativas.

Estos principios generales resultan aplicables a otras leyes fiscales como lo son: La ley del IVA, ISAI, le}' Aduanera etc. El CFF contem­pla fundamentalmente normas de procedimientos, así por ejemplo, cuando en cada ley fiscal no existan disposiciones aplicables, como puede ser cuando no se señalen plazos para cumplir un determinado trámite o cuando no se especifique trámite específico etc., es entonces aplicable el CFF.

La importancia procesal y ele procedimientos fiscales del CFF está fuera de duda, por el contenido y aplicación de este cuerpo ele normas y porque el propio artículo lo. de dicho código nos dice:

ARTÍCULO lo. Las personas físicas y las morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales res­pectivas. Las disposiciones de este Código se aplicarán en su defecto y sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de que México sea parte. Sólo mediante ley podrá destinarse una contribu­ción a un gasto público específico.

En el precepto transcrito, cuando reza "las disposiciones de éste có­digo se aplicarán en su defecto", significa que éste código es ley supleto­ria, es decir, suple en ausencia de disposiciones en otras leyes fiscales.

El CFF no reglamenta la materia impositiva, es decir, la creación de impuestos, particularmente lo relativo a base entendida ésta como la porción valor del objeto, la tarifa que se aplica a la base en un plano de equidad, etc. Es decir, no regula la situación jurídica, o el hecho previsto en las leyes fiscales como generador del crédito o tributo, no se ocupa de señalar de modo abstracto al sujeto, como la persona física o moral que puede realizar el objeto, el CFF regula actos que se refieren a la aplicación, a procedimientos (o procesos) que coadyuvan a la aplica­ción de las leyes especiales.

El CFF por su carácter supletorio de aplicación a las leyes espe­ciales, y por no regular ningún impuesto en particular, no se expidió con base en la facultad de la Cámara de Diputados, según aparece en el artículo 74 fracción IV de la Constitución sino que se expidió por el Congreso en uso de sus facultades generales de expedir leyes.

2.7 Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo

A partir del lo. de enero del año 2006 inició en toda la República la vigencia de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Admi­nistrativo que regula lo relativo a los juicios que se promuevan ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, como son la impugnación de resoluciones recaídas a un recurso administrativo de carácter definitivo.

Esta Ley deroga expresamente el Título relativo al juicio contencio­so administrativo del Código Fiscal de la Federación contenido en los artículos 197 al 263 y que por tratarse de la regulación ante un órgano jurisdiccional está a cargo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Ad­ministrativa, que antes se llamaba Tribunal Fiscal de la Federación.

Salta a la vista la importancia de ésta nueva Ley en la materia que nos ocupa, pues se trata de las normas procesales que regulan los juicios ante los tribunales jurisdiccionales.

2.8 La interpretación de las Normas Jurídicas Tributarias

Toda ley, sea de cualquier materia, es susceptible de ser interpre­tada. La lectura del precepto legal supone que podamos comprender su significado, pero frecuentemente no todos entendemos en el mis­mo sentido y esa diferente percepción constituye lo que se ha deno­minado interpretación de la ley, la que ha sido objeto de estudio para conocer su naturaleza, sus clases y su aplicación.



A) Concepto

Interpretar es desentrañar el sentido de la ley; es decir, significa investigar a partir del texto de la ley el espíritu del legislador, o lo que éste quiso decir y ha dicho realmente, o bien, lo que debe enten­derse.



B) Clases de interpretación

A la interpretación se le aplican criterios de clasificación, los más comunes son: lo.- Por los sujetos que la realizan; 2o.- Por los medios empleados; y 3o.- Por los fines o resultados.



1o.- Por los sujetos o por su origen se dividen en:

A) Auténtica o Legislativa. El legislador utiliza conceptos, pero a veces para evitar que el concepto se interprete de diversas maneras la pro­pia ley señala cómo debe entenderse. Por ejemplo el artículo 2o. del CFF, clasifica las contribuciones en: Impuestos, Aportaciones de Se­guridad Social, Contribuciones de Mejoras y Derechos y para evitar problemas de qué debemos entender por cada una de estas clasifica­ciones el propio artículo define el contenido de dichos conceptos. Lo anterior es un claro ejemplo de interpretación auténtica o legislativa porque la realiza el propio legislador.

Art. 2.- Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad, contribuciones de mejoras y derechos, los que se defi­nen de la siguiente manera:

La anterior clasificación que señala la ley fiscal sobre el concepto de contribución, que abarca impuestos, aportaciones de seguridad, contribuciones de mejoras y derechos, sería suficiente y quedaría a las autoridades y particulares interpretar el significado de cada categoría o clase, pero ello podría acarrear que variaran las interpre­taciones, inclusive entre las propias autoridades, de ahí, que el legis­lador para evitar disparidad de criterios prefirió definir el alcance de cada categoría y clase y así en cuatro fracciones del artículo que se comenta lo señala:

L- Impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas o morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la norma y que sean distintos de los señalados en las fracciones II, III y IV de este artículo.

II. - Aportaciones de seguridad son las contribuciones establecidas en la ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de segu­ridad social...

III. - Contribuciones de mejoras son las establecidas en ley a cargo de personas físicas o morales que se beneficien de manera directa por obras públicas.



IV- Derechos son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación.....

B) Doctrinal. Es aquélla que llevan a cabo los estudiosos del derecho fiscal cuando interpretan un precepto legal por ejemplo, fiscalistas han criticado el IVA y en ocasiones esas valiosas opiniones han llevado a modificar la ley.

C) Judicial o Jurisprudencial. Se refiere al criterio que sostienen los jueces o tribunales al resolver cuestiones litigiosas de carácter fiscal. El criterio o interpretación jurisprudencial, de acuerdo a la ley de Amparo lo establecen los Tribunales Colegiados de Circuito y la Su­prema Corte de Justicia de la Nación.

Así cuando cinco resoluciones enjuicio de amparo se han resuelto en el mismo sentido se crea jurisprudencia, o bien, cuando se resuelve contradicción de tesis basta un solo fallo.

De esta manera, cada vez que después se llegue a presentar en los tribunales asunto similar al resuelto de acuerdo a criterio jurispru­dencial, los tribunales están obligados a aplicar el criterio jurispruden­cial; al respecto podemos poner como ejemplo la siguiente ejecutoria o fallo de un Tribunal Colegiado.

ARRENDAMIENTO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DE­BE CUBRIRLO EL ARRENDATARIO CONFORME AL ARTÍCU­LO lo. DE ESTA LEY.- El artículo lo. de esta ley del Impuesto al Valor Agregado, estatuye una obligación para el contribuyente para cobrar el monto equivalente de ese impuesto, a aquéllas personas que gocen o usen temporalmente de un bien. Así mismo el diverso artículo 22 del ordenamiento fiscal en cita, establece que el momento de realizar el pago del referido tributo, será cuando se haga exigible la contraprestación por el uso o goce temporal de un bien tangible. Sentado lo anterior, es inconcuso que un contrato de arrendamiento, si resulta procedente exigir al arrendatario el cobro del impuesto al valor agregado, cuando en este no se pactó en contra de lo previsto en el dispositivo de la ley referida. Por tanto, debe prevalecer el texto expreso mencionado, en donde claramente se establece que el inqui­lino está obligado por traslado al pago de dicho tributo.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRI­MER CIRCUITO, 1.3C 154 C. Amparo directo 6513/97.- Arturo Al­cocer Ahedo.- 4 de febrero de 1998.- Unanimidad de votos.- Ponente: José Luis García Vasco.- Secretario: Adalberto E. Herrera González.

2o.- La interpretación por los medios se subdivide en gramatical o literal y lógica y teológica.

A) La literal o gramatical. Atiende al sentido y alcance de las palabras empleadas por el legislador. Un criterio jurisprudencial aplicable a la interpretación literal lo encontramos cuando nos dice:

IMPUESTOS APLICACIONES DE LOS.- En la aplicación de los impuestos debe tomarse en cuenta exclusivamente, los términos de la ley que los crea sin que sea dable ampliarlos o restringirlos, por ejemplo, hace años se señaló que las operaciones de compra-venta quedaban gravados, que debían pagar impuestos, al principio parece ser que quiso aplicar éste impuesto a operaciones de donaciones, cesiones de derecho etc. Pero ello era ampliar su aplicación, por lo que la ley impositiva se modificó y utilizó al término Enajenación e interpretó en forma auténtica en el cuerpo de la propia ley que, en el término Enajenación, quedaban comprendidas cualquier forma de transmitir bienes, sea por compra-venta donación, cesión de dere­chos, fideicomisos, etc.

B) La interpretación lógica y teológica. Se refiere a que debe atenderse al sentido o fin de la norma, pues la interpretación gramatical puede ser insuficiente. Así por ejemplo podemos citar el criterio de un Tri­bunal Colegiado de Circuito y que dice así:

DEMANDA DE NULIDAD FISCAL. ILEGALIDAD DEL ACUER­DO QUE DISPONE RESERVAR LA ADMISIÓN A TRÁMITE DE

LA. Al reservar la admisión a trámite de una demanda de nulidad, el magistrado instructor responsable se aparta de los lineamientos que al efecto se contienden en el Código Fiscal de la Federación, puesto que el artículo 208 de su ordenamiento establece que presen­tando un escrito de tal naturaleza, previo su análisis y comprobación de que se reúnan los elementos o requisitos establecidos en el propio numeral, admitirá la demanda o bien, en caso de que se omita algu­no de los mencionados requisitos, la desechará por improcedente o la mandará aclarar, según corresponda. De ahí que si en ningún pre­cepto de los que rigen el procedimiento del juicio de nulidad se prevé la posibilidad para que se reserve respecto a la admisión de la demanda, es claro que al hacerlo ubica al promovente en un estado de indefensión en virtud de que la legislación aplicable tampoco es­tablece medio de impugnación al que se pudiera acudir para combatir ese proceder de la responsable, con lo cual es evidente que se afecta substancialmente al quejoso en su defensa, con violaciones a las ga­rantías de legalidad y seguridad jurídica tuteladas por los artículos 14 y 16 constitucionales.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO. VIII. 2o. 15a. Improcedencia 421/95.- Raquel Martínez Fuentes y otro. 3 de noviembre de 1995.- Unanimidad de votos.- Ponente: En­rique Rodríguez Olmeda.- Secretaria: Graciela Azpilcueta Morales. Semanario de la Federación.- Novena Época, tomo II, Diciembre de 1995, Pág. 511.

Podemos comentar con relación a la ejecutoria anterior que el artículo 208 del CFF, disposición derogada a partir del primero de enero del año 2006, que ahora aparece con similar redacción en el artículo 14 de la nueva Ley Federal de Procedimiento Contencioso

Administrativo, por lo que al criterio jurisprudencial que se transcribe sigue siendo aplicable, a nuestro juicio, de ahí que, en los elementos o datos que debía satisfacer la demanda del juicio contencioso administrativo ( y que siguen siendo los mismos) y cuya omisión de alguno de ellos, como puede ser la resolución que se impugna, acarrea que se deseche por improcedente; o bien si no se indican los hechos que dan motivo a la demanda, ello da lugar a que se aperciba al promovente para que en el término de cinco días subsane la omisión y si no lo hace se tendrá por no interpuesta la demanda.

Ahora bien, dicha disposición, no alude en ningún momento a la situación de que el Magistrado pueda reservarse la admisión de una demanda, sin embargo así lo hizo, y por ello el afectado tramitó Jui­cio de Amparo, el que se resolvió en la forma que aparece en el fallo del Tribunal Colegiado. Una interpretación lógica o teológica nos lleva a esa interpretación.

3o.- La interpretación por sus fines se divide en: declarativa, extensiva, restrictiva y progresiva.

a) La interpretación declarativa es aquélla que debe entenderse en los términos del precepto. Su sentido corresponde a lo que el precepto expresa. En este sentido podemos mencionar la siguiente ejecutoria del Tribunal



IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS. DEBE DE ESTAR CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY.- Al dis­poner el artículo 31 constitucional, en su fracción IV, que son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes no sólo establece que para la validez constitucional de un tributo es necesa­rio que, primero que esté establecido en ley, segundo sea proporcio­nal y equitativo y tercero sea destinado al pago de los gastos públi­cos, si no que también exige que los elementos esenciales del mismo, como pueden ser el SUJETO, OBJETO, BASE, TASA Y ÉPOCA DE PAGO, estén consignados de manera expresa en la ley, para que así no se quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras, ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particu­lar, si no que a la autoridad no quede otra cosa que aplicar las dis­posiciones generales de observancia obligatoria con anterioridad al caso concreto de cada causante y el sujeto pasivo en la relación tri­butaria pueda en todo momento conocer la forma cierta de contri­buir para los gastos públicos de la Federación, del Estado o Munici­pio en que resida.

En las anteriores circunstancias y dado al resultado a que se llegó con el estudio de los conceptos de agravios hechos valer, lo procedente es, en la materia de la revisión confirmar la sentencia recurrida y negar a la quejosa el amparo solicitado. "Semanario Judicial de la Federación. Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, Pág. 225.

Podemos comentar que en este fallo se resolvió que la autoridad está facultada a llevar a cabo lo que la misma ley señala, o lo que la ley declara.

b) La interpretación extensiva es aquélla que se presenta cuando la ley en su redacción parece señalar ciertos supuestos pero en realidad se puede aplicar a más supuestos. Se cita la siguiente ejecutoria de un Tribunal Colegiado que dice:

NEGATIVA FICTA, EL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL PRE­VALECE SOBRE EL PRECEPTO 17 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.- En el caso de que se im­pugne la omisión de la autoridad de resolver de manera definitiva una instancia, estimando violada la garantía consagrada en el artículo 8o. Constitucional, no es dable considerar que la relación con la omi­sión reclamada se deba constreñir a lo dispuesto por el precepto 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que prevé la fi­gura de la negativa ficta, toda vez que ello significaría que la aludida garantía constitucional deba quedar limitada, restringida o disminui­da y condicionada a lo dispuesto por leyes secundarias, lo cual jurí­dicamente es inadmisible por virtud de la supremacía de la Constitución, en la medida en que la negativa ficta a que se refiere el dispositivo secundario mencionado, no tiene como finalidad obligar a las auto­ridades a resolver en forma expresa una solicitud, sino que, ante la falta de contestación de las autoridades por más de cuatro meses a una instancia, se considerará por ficción de ley, como una resolución negativa.

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. VI.A.3 A

Amparo en revisión 63/99.- Subsecretario de Recursos Naturales de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.- 17 de junio de 1999.- Unanimidad de votos.- Ponente: Francisco Javier Cárdenas Ramírez.

En esta ejecutoria se expresa claramente que debe interpretarse extensivamente el artículo 8o. de la Constitución y el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

c) La interpretación restrictiva se presenta cuando la ley, aparente­mente comprende más, pero interpretada correctamente su alcance se limita, para el caso citamos otro caso fallado en los tribunales que dice:

VISITAS DOMICILIARIAS. EL ARTÍCULO 45 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN LA PARTE EN QUE AUTO­RIZA A LOS VISITADORES A RECOGER LA CONTABILIDAD PARA EXAMINARLA EN LAS OFICINAS DE LA AUTORIDAD FISCAL ES INCONSTITUCIONAL.- Las visitas domiciliarias que el artículo 16 constitucional permite efectuar a las autoridades adminis­trativas, debe verificarse única y exclusivamente en el domicilio del visitado y la función del visitador debe limitarse a inspeccionar los papeles y libros que requiera, sin poder sustraerlos del domicilio en que se actúa, puesto que ni del texto de la disposición constitucional, ni de su interpretación jurídica, puede concluirse que dicho precepto autoriza a los visitadores a sustraer la documentación que estimen necesaria. Por tanto el artículo 45 del Código Fiscal citado, en la parte en que autoriza a los visitadores a recoger la documentación que se inspecciona y llevarla a las oficinas fiscales, viola el artículo 16 constitucional. Semanario Judicial de la Federación. Novena Época. Tomo 11. Diciembre de 1995. Pág. 183.

Para nosotros es claro el sentido de la anterior jurisprudencia: la autoridad pretendía abarcar más de lo que la ley le permitía, como era sustraer documentación del contribuyente visitado, pero la inter­pretación restringió el alcance de la pretensión de la autoridad.

d) La interpretación progresiva se presenta cuando la ley con­templa en su redacción algún supuesto abstracto general, que se puede aplicar a situaciones actuales, pero también a situaciones futuras que al expedir la ley el legislador no conocía y por ello no podría supo­nerlos, pero que quedan comprendidos en la ley, pues para ello echamos mano de una interpretación progresiva que lo permite.

Un ejemplo de la interpretación progresiva lo encontramos en la siguiente tesis:

ACTAS DE AUDITORÍA, FOLIOS DE LAS. Es verdad que ningún dispositivo legal impone la obligación de que los folios de los actas de auditoría contengan una numeración progresiva e interrumpida, sin embargo, es lógico admitir que tal hecho debe darse en cumpli­miento de los actos jurídicos, pues la continuidad de los folios, admi­niculada con la continuidad del texto del acta lleven a la conclusión de que se ha dado debido cumplimiento a aquélla garantía". CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRA­TIVA DEL PRIMER CIRCUITO- Octava Época del Semanario Judicial de la Federación. Tomo IV Segunda Parte. Julio-Diciembre, 1989, pág. 581.

2.9 LA RELACION JURÍDICA TRIBUTARIA

La ley en materia de impuestos establece la existencia de una relación entre la autoridad fiscal facultada a cobrar impuestos y el obligado a pagarlos. Esta relación es jurídica y se presenta entre su­jeto activo y sujeto pasivo. En ocasiones aparecen en esa relación jurídica terceros, como son los fiadores, garantes hipotecarios, deu­dores solidarios, cuyas obligaciones son secundarias y siempre en re­lación a obligaciones a cargo del sujeto pasivo. Las obligaciones a cargo del sujeto pasivo son principalmente económicas, pero tam­bién existen otras, como son las de llevar contabilidad, registros, etc., va sea en forma manual o electrónica.

La base constitucional de la relación jurídica tributaria la encon­tramos en el artículo 31 fracción IV de la Constitución porque la obligación de los mexicanos de pagar impuestos y el derecho corre­lativo de la autoridad fiscal de cobrar los impuestos que legalmente se hayan causado.

2.10 EL CRÉDITO FISCAL

A) Concepto

La relación jurídica se concretiza cuando el sujeto lleva a cabo el acto o hecho generador de un crédito fiscal, esta nace cuando el su­jeto pasivo realiza el acto o hecho que la ley prevé como generador de obligaciones fiscales.

B) Determinación del crédito fiscal

Para determinar la existencia ele un crédito fiscal se deben cum­plir tres etapas:

lo. Realizar el acto jurídico previsto en la ley como causa genera­dora del crédito fiscal, por ejemplo la compra-venta de mercancías;

2o. La cuantía fiscal se refiere al cálculo del impuesto a pagar, y

3o. La liquidación del impuesto que consiste en la determinación del pago de determinada cantidad de impuesto al fisco.

La ley permite varias formas de pagar los impuestos: la primera la autodeterminación por el propio obligado y pago del impuesto; la segunda la determinación a cargo de la autoridad; y la tercera, de­terminar la cantidad a pagar mediante convenio entre autoridad y contribuyente.

El crédito fiscal es exigible hasta que es líquido y además haya transcurrido el plazo que la ley permita para que el crédito lo pague el contribuyente o responsable solidario. En caso de omisión una vez exigible el crédito fiscal éste podrá hacerse efectivo mediante el pro­cedimiento coactivo de ejecución.

C) Extinción del crédito fiscal

Una vez exigible el crédito se puede extinguir por alguna de las siguientes formas:



1. -Por pago.- Normalmente es la forma de extinguirlo.

Para aclarar este concepto y su alcance, transcribimos la siguiente jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

PAGO DE UN CRÉDITO. NO SIGNIFICA CONSENTIMIENTO.-

El hecho de que una persona pague un crédito, que le fue determi­nado por la autoridad antes de la presentación de la demanda ante este tribunal, no da lugar a la improcedencia ni al sobreseimiento del juicio, por no configurarse ninguna de las hipótesis enumeradas li­mitativamente por los artículos 202 y 203 del Código Fiscal de la Federación, toda vez que para que exista consentimiento por la per­sona afectada, acorde a lo dispuesto por la fracción IV del primero de los preceptos, únicamente puede entenderse consentido el acto, cuando no promueve dicho medio de defensa en el plazo establecido por el artículo 207 del ya referido Ordenamiento Legal, pero no cuando el promovente haya pagado el crédito con anterioridad y presentado dentro del término legal la demanda.

Juicio atrayente No. 311/93/4334/93.- Resuelto en sesión de 16 de lebrero de 1995, por mayoría de 6 votos a favor y 2 con los resoluti­vos. Magistrado Ponente: Margarita Aguirre de Arriaga.- Secretaria: Lic. María del Carmen Cano Palomera.

2. - Por compensación.- Se refiere a que el contribuyente que tiene un saldo a su favor y a la vez tiene un saldo a su cargo, puede determinar diferencias y si le resulta un salto a cargo efectuar el pago de la diferencia, si le resulta un saldo a favor puede solicitar la devo­lución al fisco.

3. - Por condonación.- En forma individual el crédito no es condonable. Únicamente son condonables créditos si existe un decreto o resolución de carácter abstracto y general de la autoridad, en que renuncia al cobro sea total o parcial en beneficio de sujetos pasivos, atendiendo a situaciones debidas a caso fortuito o fuerza mayor.

4. - Por prescripción.- Se extingue la obligación de pago por el transcurso del tiempo. Así después de 5 años de que el crédito exi­gible no se pagó y el fisco no exigió su pago el crédito se extingue y a esto se le llama prescripción.

Abordaremos la siguiente jurisprudencia en virtud de que este concepto es uno de los más importantes para los particulares:

CRÉDITOS FISCALES, PRESCRIPCIÓN DE. EL TÉRMINO SE INICIA A PARTIR DE LA ÚLTIMA GESTIÓN DE COBRO REA­LIZADA POR LA AUTORIDAD FISCAL.

El término de cinco años previsto en el art. 146 del Código Fiscal de la Federación, para la prescripción de los créditos fiscales, debe em­pezar a contarse a partir de la última gestión de cobro realizada por la autoridad hacendaria, toda vez que este término se interrumpe con cada uno de los requerimientos de pago que se hagan al sujeto pasivo de la relación tributaria. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMOQUINTO CIRCUITO.

Revisión fiscal 6/2000. Administrador Local Jurídico de Ingresos de Tijuana y otros. 9 de junio de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Martínez Aragón. Secretario: Rubén Galaz Nubes. Revisión fiscal 3/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos de Ti­juana y otros. 19 de noviembre de 1998. Unanimidad de votos. Po­nente: Carlos Humberto Trujillo Altamirano. Secretario: Víctor Ma­nuel Valenzuela Caperón.



5.- Por caducidad.- La ley impone en ocasiones obligaciones a la autoridad fiscal de realizar determinados actos jurídicos para preservar sus derechos y en caso de no efectuar dichos actos el derecho se pierde, es decir, caduca su derecho.

Al igual que la prescripción, la caducidad es uno de los efectos jurídicos más importantes para los particulares, ilustraremos el si­guiente concepto con la siguiente jurisprudencia:

CADUCIDAD.- AL CONFIGURARSE, RESULTA INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS DEMÁS CONCEPTOS DE NULIDAD.- Si

en el juicio contencioso administrativo se hacen valer conceptos de nulidad contra omisión de formalidades, vicios de procedimiento y fondo, además la caducidad de las facultades de las autoridades de­mandadas en los términos del artículo 67 del Código Fiscal de la Fe­deración, y al estudiar ésta última figura se considera fundado el con­cepto de nulidad correspondiente, no se viola lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 237 del Ordenamiento Legal citado, por no estudiarse los restantes conceptos de nulidad, aún los relativos a omisión de formalidades y vicios de procedimiento, pues aunque resultan fundados, ya no pueden ser subsanados por haber caducado las facultades de las autoridades fiscales.



Juicio atrayente No. 297/93/6444/93. Resuelto en sesión de 21 de febrero de 1995, por mayoría de 7 votos a favor y 1 con los resoluti­vos. Magistrado Ponente: Carlos Franco Santibáñez. Secretario: Lic. Santiago González Pérez.


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