Delitos informaticos



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Las nuevas tecnologías. Su aplicación al Servicio de la Justicia

Material de apoyo para la clase del día 14 y 15 de noviembre de 2014 de Carlos A. Parellada.

Alegria, HÈctor

Inform·tica y concursos 3

Altamira, MatÌas

Mesa de entradas virtual 100

DELITOS INFORMATICOS

Ley 26.388 210

EDEMSA EN J.146.621/50.380 \ìEMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE MENDOZA (EDEMSA) C/ FORNARI, OSCAR RAM 125

FarrÈs, Pablo

Domicilio fiscal 113

Firma electrÛnica 105

NotificaciÛn ficta 119

FIRMA DIGITAL

Decreto 2628/2002 Reglamentario de la Ley 25.506 156

Ley 25.506 141

Guzzo, L. VÌctor

En el C.P.C.San Juan 40

LEONCIO ARIZU S.A. EN J∞ 9.834/76.626 LEONCIO ARIZU S.A. S.A.A.I.C. C/ ODERZO BEINAT S.A. P/ ORD. S/ INC

Valor de la sentencia publicada en Internet (Diferente a la obrante en el expediente) 133

NOTIFICACI 254, 257, 259, 261

Parellada, Ariel Parellada, Carlos A.

Mejoras al servicio de justicia. NotificaciÛn electrÛnica 44

Parellada, Carlos Alberto

Comercio electrÛnico y derecho de consumo 214

PROTECCI 191, 208

ResoluciÛn 51/162 de la Asamblea General de las Naciones Unidas 220

Suprema Corte de Justicia Mendoza

CGT c/Provincia de Mendoza 71

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA MENDOZA

Acordada 19.458 175

Acordada 21.322 190

Vanoli, Francisco

Domicilio fiscal 64





Voces: CONCURSOS Y QUIEBRAS ~ INFORMATICA ~ PROCEDIMIENTO CONCURSAL ~ NOTIFICACION ~ FORMA DE NOTIFICACION ~ DOMICILIO ELECTRONICO ~ PROVINCIA DE BUENOS AIRES ~ PROVINCIA DE MENDOZA ~ DERECHO COMPARADO ~ COMUNICACION ELECTRONICA DE DATOS ~ INTERNET ~ CORREO ELECTRONICO ~ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS ~ DOMICILIO FISCAL ELECTRONICO ~ REGISTROS PUBLICOS ~ PUBLICACIONES OFICIALES ~ INFORMATICA JURIDICA ~ OBLIGACIONES DEL SINDICO ~ COMITE DE ACREEDORES ~ AUDIENCIA ~ DEBER DE INFORMACION ~ CONTRATO ~ DOCUMENTO DIGITAL ~ FIRMA DIGITAL ~ AUTENTICIDAD DE FIRMA ~ PRUEBA ~ CARGA DE LA PRUEBA ~ SOPORTE MAGNETICO ~ PRINCIPIO DE PRUEBA POR ESCRITO ~ VENTA POR INTERNET ~ SITIO WEB ~ QUIEBRA ~ CONCURSO PREVENTIVO ~ LUGAR DE CELEBRACION DEL CONTRATO ~ LEY APLICABLE ~ CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ~ LUGAR DE CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ~ CONSUMIDOR ~ DEFENSA DEL CONSUMIDOR ~ LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR ~ VENTA DOMICILIARIA ~ VENTA POR CORRESPONDENCIA ~ ACEPTACION DE LA OFERTA ~ LOCACION ~ LOCACION DE INMUEBLE ~ HARDWARE ~ SOFTWARE ~ COMERCIO ELECTRONICO ~ NOMBRE DE DOMINIO ~ PROPIEDAD INTELECTUAL ~ DAÑOS Y PERJUICIOS ~ CONVENIO INTERJURISDICCIONAL ~ FIRMA DEL JUEZ ~ DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO ~ CONCURSO DECLARADO EN EL EXTRANJERO ~ NOTIFICACION ELECTRONICA

Título: Informática y concursos (Primeras ideas para un temario)

Autor: Alegria, Héctor

Publicado en: Sup. CyQ 2010 (abril), 22/04/2010, 1 - LA LEY2010-C, 770

I. Presentación. II. Aspectos referidos al proceso concursal. III. Algunos aspectos de fondo (documentos y contratos informáticos). IV. Cooperación informática interjurisdiccional. V. Final.

I. Presentación

Parece superfluo resaltar el importante papel de la informática (1) en los distintos aspectos de la vida moderna. El derecho no está ajeno a esa realidad y refleja sus impactos en todas sus ramas.

En particular el derecho concursal, que contempla la totalidad de las relaciones económicas de los patrimonios insolventes, recepta el fenómeno de la informática en todas ellas y debe enfocarlo desde el punto de vista de la concurrencia universal y colectiva.

Por lo tanto, los campos en los que teóricamente podríamos extender este análisis coincidirían con la totalidad de las relaciones jurídicas consideradas en los concursos y alcanzadas por el fenómeno de la informática.

Sin embargo consideraremos solamente algunos, no exhaustivamente, al efecto de presentar el tema y sugerir el estudio de soluciones, algunas de las cuales podrán adoptarse con las leyes vigentes (de lege data) y otras requerirán posibles reformas legales (de lege ferenda).

II. Aspectos referidos al proceso concursal

El innegable costado procesal del concurso y la particularidad de sus distintas instituciones, hacen que el proceso concursal admita conceptualmente varios campos en los cuales se destaque la influencia de las nuevas formas de tratamiento de la información.

1. Notificaciones

Los medios para comunicar actos del juicio a las partes están regulados, en algunos casos, en la ley concursal. (2) Sin embargo, ante la ausencia de una normativa completa sobre las formas, se aplican complementariamente las normas procesales locales en tanto sean compatibles con la rapidez y economía del trámite concursal (art. 278 de la Ley de Concursos y Quiebras, en adelante LCQ).

La ley concursal no prevé específicamente notificaciones y otros actos procesales por vía informática. La mayoría de los códigos procesales locales tampoco recepta en forma expresa esta forma de notificación. (3)

Aun en estas condiciones una parte de la doctrina se inclina por admitir notificaciones por medios informáticos, con algunos condicionantes. (4)

Merece destacarse, sin embargo, por su posición de avanzada, el régimen de notificaciones por vía informática que rige en la provincia de Mendoza. (5) Allí, en primer lugar y mediante la ley 7195, se agregó, en su art. 1°, un inciso al art. 34 del Código Procesal Laboral de la Provincia de Mendoza (ley 2144), que dice: “ Inc. 4) Notificación a domicilio legal electrónico o informático: se practicará por vía de correo electrónico, fax o cualquier otro método que en el futuro se implemente para los casos que determine la Suprema Corte de Justicia de la provincia mediante Acordada, dejándose constancia impresa en el expediente del envío de la notificación realizada por el Tribunal con indicación de fecha y hora, la que sustituirá toda otra forma de notificación al domicilio legal. Hasta tanto se disponga la obligatoriedad de esta forma de notificación, las partes voluntariamente podrán consentir la misma, a cuyo efecto deberán denunciar su domicilio electrónico” . Esta ley fue reglamentada posteriormente por una Acordada de la Sala III de la Suprema Corte de Mendoza. (6) Esta novedad motivó una cuestión de inconstitucionalidad de esta forma de notificación, la que fue rechazada con muy importantes fundamentos por la Sala II de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. (7) Posteriormente la ley 7855, promulgada el 23/05/2008 por Decreto 1197/2008, introdujo reformas al Código Procesal Civil de Mendoza (ley 22.069) admitiendo la sustitución del domicilio legal por un domicilio o casilla de carácter electrónico (art. 1°); la presentación de escritos de la misma manera, firmados digitalmente (art. 2°), así como sus copias (art. 3°) y, finalmente, las notificaciones por medios electrónicos e informáticos (art. 4°), previéndose tanto su reglamentación por la Suprema Corte de Justicia de la provincia como la actuación interinal mientras no existan certificadores licenciados (art. 5°). Esta ley fue reglamentada para las notificaciones electrónicas por la Acordada 21149 dictada por la Sala III de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza el 11/07/2008, que contuvo un cronograma de aplicación de este sistema y un reglamento. Finalmente la Acordada 21236 del 08/08/2008, modifica las reglamentaciones anteriores en orden a la experiencia recogida con la aplicación hasta ese instante y las sugerencias del Colegio de Abogados y Procuradores. (8)

En otras jurisdicciones ha habido avances por vía de decisiones de Superintendencia judicial, algunas específicas sobre notificaciones por medios electrónicos. Así en la Provincia de Buenos Aires; (9) en la Cámara de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, con un plan piloto que preveía un compromiso entre los letrados intervinientes, (10) sobre la base de un “ Sistema de notificaciones electrónicas voluntario” , (11) referenciándose también un acuerdo entre la Corte Suprema y el Colegio de Abogados de Tucumán. (12)

En el derecho comparado una cantidad importante de legislaciones admite la utilización de “ medios telemáticos” , (13) por ejemplo: en España, la Ley de Enjuiciamiento Civil N° 1/2000, en su art. 162 se refiere a los “ Actos de comunicación por medios electrónicos, informáticos y similares” , requiriendo garantía de autenticidad respecto de la comunicación y su contenido y constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y del momento en que se hicieron. Asimismo prevé que se constituya en el Ministerio de Justicia un Registro de los medios de comunicación indicados accesibles electrónicamente y de las direcciones correspondientes a los organismos públicos. En el mismo país, en materia concursal, el Real Decreto-ley 3/2009, modificatorio de la ley 22/2003, contempla que determinados actos del proceso se cumplan preferentemente por medios telemáticos, informáticos y electrónicos. (14)

En Italia, la ley 2005/80 modificó algunas disposiciones del Código Procesal Civil, respecto del procedimiento de casación y arbitraje, en el sentido que la notificación de determinados actos del proceso a las partes puede realizarse por fax o correo electrónico (15) respetando la normativa específica en la materia. Respecto del proceso civil en general, y del proceso penal, el decreto-ley n° 193 del 29 de diciembre de 2009, denominado “ Interventi urgenti en materia di funzionalitá del sistema giudiziario” , (16) incorpora modificaciones a los Códigos Procesales Civil y Penal con relación a la forma en que se realizarán, en lo sucesivo, las notificaciones de los actos del proceso, (17) todo esto sujeto a la reglamentación específica en la materia. (18) El gobierno italiano tiene en marcha un proyecto para lograr la digitalización de la administración pública para el año 2012. (19) Dentro de los objetivos territoriales del proyecto, se contempla como número 3 la Administración de Justicia. Otros países europeos que contemplan la notificación por medios electrónicos son: (20) República Checa; (21) Austria, bajo ciertas circunstancias; Portugal, respecto del envío o recepción de cartas rogatorias y para actos urgentes, (22) e Inglaterra y Gales, de acuerdo a los respectivos reglamentos de procedimientos y orientaciones prácticas.

En la Unión Europea (en adelante UE), se dictó el Reglamento (CE) 1393/2007, del 13/11/2007, (23) el que, en sus considerandos, dice: “ la rapidez de la transmisión justifica la utilización de cualquier medio que sea adecuado siempre que se respeten determinadas condiciones en cuanto a la legibilidad y fidelidad del documento recibido…” (considerando 7), lo que se refleja en el texto al considerar la notificación o traslado de documentos judiciales, donde establece que: “ la transmisión de documentos, demandas, certificaciones, resguardos, fes públicas y de cualquier otro documento entre los organismos trasmisores y los organismos receptores podrá realizarse por cualquier medio adecuado siempre que el contenido del documento recibido sea fiel y conforme al del documento expedido y que todas las indicaciones que contenga sean legibles sin dificultad” (24) (el resaltado es nuestro).

En el derecho nacional existen otras áreas en las cuales se recurre a medios informáticos de comunicación. Por ejemplo, con base normativa, respecto de la Administración Federal de Ingresos Públicos (en adelante AFIP), el texto ordenado de la ley 11.683, de Procedimientos Fiscales (t.o. 1998) (Adla, LVIII-C, 2969), contempla el “ Domicilio Fiscal Electrónico” como el sitio informático seguro, personalizado, válido y optativo, registrado por los contribuyentes y responsables (artículo sin número incorporado después del art. 3, por el art. 1.II de la ley 26.044). (25) El mismo cuerpo normativo, al considerar las “ Formas de Notificación” , contempla la “ Comunicación Informática del Acto Administrativo” (artículo 100.g), inciso incorporado por el art. 1.XXVIII de la ley 26.044). (26) La misma norma prevé, incluso, la posibilidad de efectuar otros importantes actos por vía de medios electrónicos o magnéticos (artículo sin número incorporado a continuación del art. 32 por el art. 1.IX de la ley 26.044). (27) La AFIP ha reglamentado estos preceptos a través de la Resolución General 1995/2006. (28)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) utilizó, con cierta frecuencia, los llamados “ comunicados telefónicos” , que después serán volcados en comunicaciones escritas, y utiliza también medios electrónicos para distintas comunicaciones a las entidades financieras.

La Comisión Nacional de Valores (en adelante CNV) creó la llamada “ Autopista de la Información Financiera” (AIF) con el objeto de sustituir la recepción de documentos en soporte papel por documentos digitalizados (capítulo XXVI de las Normas de la Comisión Nacional de Valores). Asimismo, en materia de notificaciones, admite las realizadas “ vía telefacsímil” , incluso las de los administrados hacia la CNV. (29)

La Secretaría de Turismo dictó la resolución 257/2000 (B.O. 5/7/2000), por la que se reglamenta la comercialización de servicios turísticos por medios informáticos. En igual sentido, existen otras disposiciones en el ámbito administrativo, que se refieren a notificaciones por esa clase de medios. (30)

En materia arbitral es común que los Reglamentos se refieran a las notificaciones por medios electrónicos, entre ellos, por ejemplo podemos señalar: el Reglamento de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) que menciona, entre los medios utilizados para notificaciones o comunicaciones, el telefacsímil, el télex, el telegrama, o cualquier otro medio de telecomunicación que provea prueba del envío; (31) la Ley Española de Arbitraje N° 60/2003 establece que será válida la notificación o comunicación dirigida al domicilio, residencia habitual, establecimiento, o dirección del destinatario, realizada por télex, fax u otro medio de telecomunicación electrónico, telemático o de otra clase que permita dejar constancia de la recepción y envío del acto correspondiente y haya sido además designado por el interesado; (32) el Reglamento de Arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) menciona, entre los medios para realizar notificaciones, el fax, el correo electrónico o cualquier medio de telecomunicación que deje constancia de su envío; (33) la Ley Modelo sobre Arbitraje Internacional de la Comisión de Naciones Unidad para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), al referirse al acuerdo de arbitraje, establece que se considerará que el acuerdo consta por escrito si surge de un intercambio de cartas, telegramas, télex, u otros medios de telecomunicación que dejen constancia del acuerdo; (34) y por último, pero sin pretender dar una enumeración exhaustiva, pueden mencionarse: las Reglas de Arbitraje Comercial de la American Asociation Arbitration (AAA) (35) y el Reglamento Modelo de Arbitraje Comercial Internacional para las Instituciones Arbitrales del Mercosur, Bolivia y Chile. (36) La práctica en arbitrajes concretos, indica que en general el Tribunal sugiere a las partes la notificación y comunicación de documentos por vía de e-mail, lo que se practica en gran cantidad de casos sin observaciones significativas.

Todo ello nos muestra un universo dentro del cual las notificaciones por medios electrónicos han adquirido carta de ciudadanía como manera válida de hacer conocer actos administrativos o procesales. La adopción de normas específicas en este sentido — en especial en notificaciones judiciales— depende del trasfondo cultural y de costumbres de cada país. En Argentina hemos visto ámbitos importantes en los que se adopta la comunicación electrónica, la que, sin embargo, no ha sido incorporada en forma expresa a la generalidad de los Códigos de Procedimientos ni a la LCQ.

La primera reflexión consistiría en la urgente necesidad de analizar si, en las actuales circunstancias, podrían incorporarse normativamente reglas que admitan la comunicación por vía informática en la legislación concursal. Anticipamos que nuestra opinión es favorable. (37)

En segundo lugar, sin perjuicio de esta iniciativa y con el actual contexto normativo pensamos que, además de cumplirse las formalidades que en cada caso prescribe la LCQ y, subsidiaria y complementariamente los Códigos de Procedimientos, de todas maneras, podrían adoptarse en la práctica ciertas aperturas hacia esos modos de comunicación. Por ejemplo, requiriendo del concursado, de los síndicos, de los demás funcionarios concursales y de los acreedores que se presenten (y eventualmente de los terceros que actúen en el proceso), además de un domicilio procesal, la identificación de una dirección de correo electrónico. Esta dirección podría utilizarse para integrar ciertos actos del proceso: por ejemplo la comunicación de los informes individual y general (arts. 35 y 39 LCQ). (38) También podría servir dicho correo para complementar la comunicación de algunos actos significativos del concurso, como por ejemplo, la presentación de los informes finales y proyectos de distribución, de las distribuciones complementarias y de la puesta a disposición de los acreedores de los dividendos concursales que les correspondan. (39) La compilación de las direcciones de correo electrónico de los acreedores puede ser fácilmente realizada por la sindicatura, a quien se le podría encomendar también las notificaciones adicionales sugeridas. La proposición tiene en cuenta la mejor defensa de los interesados y evitar situaciones sorpresivas, por actos realizados mucho tiempo después de que han tomado una participación episódica en el proceso, a través de la verificación.

Lo dicho no empece a que los jueces podrían disponer notificaciones por medios informáticos en otras situaciones especiales, como, por ejemplo, ciertos procedimientos de investigación, las comunicaciones a la sindicatura, etc.

2. Comunicaciones a los Registros y a los diarios de publicaciones oficiales

Como dijimos más arriba, la legislación española, por ejemplo, ordena que las comunicaciones a los Registros y las órdenes de publicidad en los diarios oficiales, sean cursadas directamente por los juzgados a las oficinas respectivas. (40) Entre nosotros no deberían existir inconvenientes para que se utilice tal procedimiento respecto de las comunicaciones a los Registros de la Propiedad Inmueble, de la Propiedad Automotor, de la Propiedad Intelectual, de Marcas y Patentes, de Nombres de Dominio de Internet (NIC), etc., para lo cual sería necesaria la coordinación entre los juzgados y esas oficinas y, eventualmente, la autorización al síndico para que proceda de igual manera. Con relación a las publicaciones, también referidas en los precedentes de la reforma española, sería aplicable a los edictos necesarios para los casos de quiebra, sobre todo los referidos a la publicidad inmediata de su declaración. (41)

3. Informatización del proceso

La antigua y generalmente incumplida disposición sobre la conservación del llamado “ Legajo de Copias” (art. 279 LCQ) (42) podría ser cumplimentada siquiera en parte por la inserción en un sitio determinado de Internet de los documentos principales del proceso. Un paso significativo en esa dirección ha sido la adopción del “ Instructivo para la publicación de informes concursales y otros documentos relacionados al trámite de juicios universales” , (43) que forma parte del Reglamento para la Justicia en lo Comercial de la Capital Federal, puesto en vigencia con carácter experimental a partir del 1 de noviembre de 2007, (44) y con carácter definitivo a partir del 1 de noviembre de 2008 para la totalidad de los juzgados. Por ese Instructivo se impone a los síndicos descargar en la página del Consejo Profesional de Ciencias Económicas (www.consejo.org.ar) y en el link “ síndico virtual” , los informes previstos en los arts. 35 y 39 LCQ en formato PDF, reglamentando sus condiciones y disponiendo que el juzgado dispondrá también su publicación en la página de la Cámara (www.cncom.gov.ar). (45) También se prevé que el Presidente del Tribunal podrá ampliar la obligatoriedad de descarga a otros documentos que podrán ser calificados como relevantes. (46)

Estimamos que esta acertada previsión debería extenderse a la misma presentación de concurso preventivo, los fallos sobre verificaciones de crédito, las propuestas de acuerdo, las sentencias de homologación o no homologación de acuerdos, las decisiones sobre extensión de quiebra, las referidas a los distintos pasos mencionados en el art. 48 LCQ, la orden de venta de activos significativos, la disposición que ordena la continuación de la actividad de la empresa, los proyectos de distribución, la puesta a disposición de los dividendos concursales, las distribuciones complementarias, la clausura del procedimiento y otros similares. (47)

En muchas jurisdicciones se ha procedido a establecer un sistema para conocer sentencias y proveídos judiciales a través de un sitio web, lo que importa un avance notable, pero que, en general, no comprende escritos de las partes ni notificaciones. (48) Se han suscitado algunas controversias sobre la prevalencia y eficacia del asiento electrónico frente a las constancias en soporte papel del expediente. (49) En el fuero de la Seguridad Social de la Capital Federal, por decisión de la CSJN y de la Cámara del Fuero, se puso en vigencia un nuevo sistema, en octubre de 2009, también como prueba piloto, tendente a facilitar la compulsa de actuaciones vía web. (50)

4. Informatización de los Registros

Si bien el panorama de los Registros Nacionales y Provinciales es de una amplitud que supera con mucho este trabajo, siguiendo antecedentes extranjeros podría irse paulatinamente informatizando los Registros, de manera de permitir su acceso directo por los interesados. (51) En nuestro país la puesta en práctica del demorado Registro Nacional de Concursos y Quiebras (art. 295 LCQ) permitiría el acceso a la información de las personas que estén ubicadas en diferentes jurisdicciones. (52)

5. Audiencias

El art. 65 del decreto 677/2001 (Adla, LXI-C, 2718) admite las reuniones a distancia del órgano de administración de las entidades emisoras de títulos valores en oferta pública y también, sujeto al Reglamento de la CNV, de las reuniones de asamblea. (53) Esta normativa marca una impronta de innovación en nuestro derecho.

Cuando en circunstancias que así lo hacen necesario (por ejemplo: audiencias con acreedores, entidades financieras, fiduciarios o testigos radicados en el exterior) podría resultar muy útil la utilización de la llamada videoconferencia en casos de concurso. Por este método interactúan en distintos lugares, pero con efecto presencial, personas que participan en los diferentes espacios. Esto es especialmente eficaz para los jueces concursales, que así podrán intervenir personalmente en tales actos, sin necesidad de actuar por vía de exhortos u otras rogatorias en las que se pierde la inmediación. Paralelamente sería útil para escuchar a personas que se domicilian fuera de un área razonable cerca del juzgado, a fin de evitar su traslado al mismo o la delegación a otros jueces.

Los medios técnicos utilizables y las prevenciones respecto de su regularidad son similares a las de las reuniones a distancia de órganos de administración y asambleas societarias. (54)

6. Actuación de los órganos concursales e informática

Ya hemos ido analizando algunas circunstancias en las cuales los órganos concursales (sindicatura y comité de acreedores, principalmente) podrían utilizar medios informáticos adicionales para la inserción de sus informes y serles encomendado el relevamiento de las direcciones electrónicas de los participantes, a los fines de ciertas notificaciones por medios informáticos. Nos referimos ahora a los deberes de información, especialmente de la sindicatura pero también de los comités de acreedores, que se reflejan en facultades para su debido cumplimiento. Por lo tanto las actuaciones de todo tipo que el deudor hubiera efectuado por vía informática (por ejemplo las dirigidas a los organismos que antes señalamos: AFIP, CNV, BCRA, etc., y las relaciones patrimoniales entabladas digitalmente con terceros) deberán estar disponibles para esos órganos, los que podrán a tal fin realizar las investigaciones que fueren menester, incluso recurriendo al análisis de los archivos de computación del deudor.

Igualmente podrán ser compulsados los registros digitales que se refieran a transferencia electrónica de fondos (con entidades financieras o a través de ellas, con otras personas) y los registros que lleven por vía de computación la constancia de la titularidad, circulación y derechos reales sobre acciones u otros títulos de propia emisión de la concursada o de operaciones en las que ésta haya intervenido en cualquier carácter, (55) esto último a través de la entidad que lleve tal registro.

Los registros o bases de datos que lleve el deudor en los que consten las operaciones antes mencionadas deberán, en su caso, ser intervenidas en razón de las facultades del síndico y asentadas las anotaciones adecuadas según los artículos 15 y, por analogía, 14 inciso 5 LCQ, en caso de concurso preventivo. En caso de quiebra, tales bases de datos deberán ser puestas a disposición de la sindicatura, con las anotaciones digitales pertinentes de acuerdo al art. 88 incisos 3, 5 y 6 LCQ.

Un caso especial, como el que analizaremos más adelante, se refiere a los sitios de Internet mediante los cuales el concursado concurre al mercado del e-commerce. (56) En especial ahora debemos referirnos a una preocupación que se ha manifestado en otro derecho relativa a la conveniencia o inconveniencia de publicar en los sitios comerciales digitales la recurrencia del deudor a soluciones preventivas de la crisis, habiéndose sostenido que, en general, tales constancias pueden impedir de hecho la continuación de los negocios del deudor. (57) Queda claro que el síndico, en caso de quiebra, deberá intervenir y ponerse a cargo de estos sitios, lo que en caso de continuación de la actividad de la empresa podrá ser extensivo a los coadministradores (art. 191 inciso 5 LCQ). (58)



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