Defecto procedimental-configuración excepcion de inconstitucionalidad



Descargar 248,11 Kb.
Página1/3
Fecha de conversión11.10.2017
Tamaño248,11 Kb.
  1   2   3
Sentencia T-103/10
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos especiales de procedibilidad
DEFECTO PROCEDIMENTAL-Configuración
EXCEPCION DE INCONSTITUCIONALIDAD-Concepto y alcance
La excepción de inconstitucionalidad surge como el mecanismo judicial viable para inaplicar ese precepto a un caso particular, en virtud, justamente, de la especificidad de las condiciones de ese preciso asunto. Por el contrario, de ya existir un pronunciamiento judicial de carácter abstracto y concreto y con efectos erga omnes, la aplicación de tal excepción de inconstitucionalidad se hace inviable por los efectos que dicha decisión genera, con lo cual cualquier providencia judicial, incluidas las de las acciones de tutela deberán acompasarse a la luz de la sentencia de control abstracto que ya se hubiere dictado.
DEFECTO SUSTANCIAL O MATERIAL-Configuración
ELEMENTOS DEL TRIBUTO Y PRINCIPIO DE LEGALIDAD
IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO-Naturaleza
AUTONOMIA TRIBUTARIA DE ENTIDADES TERRITORIALES-Evolución jurisprudencial
La Corte Constitucional señaló que a modo de síntesis, dos aspectos fundamentales en la competencia y determinación de los tributos por las autoridades territoriales.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES POR VIA DE HECHO-Improcedencia por cuanto la viabilidad jurídica en materia tributaria compete a la jurisdicción contenciosa administrativa y no al juez constitucional
Referencia: expediente T-2357981
Acción de tutela instaurada por la sociedad Surtidora de Gas del Caribe S.A. Empresa de Servicios Públicos –SURTIGAS- contra el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Montería y el Tribunal Administrativo de Córdoba.

Magistrado Ponente:



Dr. JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de febrero de dos mil diez (2010).
La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados NILSON PINILLA PINILLA, JORGE PRETELT CHALJUB y JORGE IVÁN PALACIO PALACIO, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en particular las contenidas en los artículos 86 y 241, numeral 9 de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente:

SENTENCIA
dentro del proceso de revisión de los fallos dictados por Subsección “A” de la Sección Segunda de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado y por la Sección Cuarta de la misma corporación, en el trámite de la acción de tutela interpuesta por la sociedad Surtidora de Gas del Caribe S.A. Empresa de Servicios Públicos –SURTIGAS- contra el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Montería y el Tribunal Administrativo de Córdoba.
I. ANTECEDENTES.
La sociedad Surtidora de Gas del Caribe S.A. Empresa de Servicios Públicos –SURTIGAS- (en adelante SURTIGAS) presentó acción de tutela el 12 de febrero de 2009 contra las decisiones proferidas por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Montería y el Tribunal Administrativo de Córdoba en el trámite de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, pues consideró que dichas autoridades judiciales vulneraron su derecho fundamental al debido proceso. Sustenta su solicitud en los siguientes
1.1 Hechos.
1.1.1 Mediante Resolución número 002 IAP-S-05 del 15 de septiembre de 2005, el Tesorero Municipal de Sahagún (Córdoba) determinó que la empresa SURTIGAS era deudora morosa del Impuesto de Alumbrado Público (IAP),1 al haberlo dejado de pagar desde junio de 2004 hasta mayo de 2005, acumulando para la fecha de expedición de dicha resolución una deuda por $16.329.950 pesos.
Notificada la resolución a la empresa SURTIGAS, ésta interpuso el recurso de reconsideración el cual fue resuelto negativamente mediante Resolución número 0137 del 16 de enero de 2006, expedida por el Tesorero Municipal de Sahagún.
1.1.2 Inconforme con lo decidido, la empresa inició la correspondiente acción judicial de nulidad y restablecimiento del derecho, siendo conocida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Montería, instancia judicial que por decisión del 24 de abril de 2008 negó las pretensiones de la demanda.
1.1.3 Relata el accionante que en dicha decisión la juez de conocimiento organizó sus argumentos jurídicos en el sentido de explicar lo que para ella ha de entenderse como legalidad tributaria, recordando que la facultad impositiva de los concejos municipales y las asambleas no es originaria sino derivada, pues deviene de la Constitución y de la Ley, y aclarando que de la Constitución no se puede inferir que los consejos municipales deban obtener una autorización previa de las asambleas departamentales para la creación de impuestos municipales.
Luego de este análisis pasó de manera directa a analizar en detalle el IAP, concluyendo que el mismo encuentra el fundamento de su existencia en el artículo 1°, literal d) de la Ley 97 de 1913 y en el artículo 1° de la Ley 84 de 1915. Concluyó sus consideraciones señalando la legalidad del Acuerdo Número 017 de 2004, expedido por el Concejo Municipal de Sahagún en tanto se basó en la normatividad señalada para crear el referido IAP, y finalizó confirmando la calidad de contribuyente de la sociedad accionante y desechando la exención prevista en el Código de Petróleos por no ser aplicable al caso.
1.1.4 Frente a la anterior decisión, la empresa SURTIGAS interpuso el recurso de apelación, y alegó la excepción de inconstitucionalidad al solicitarle al Tribunal Administrativo de Córdoba inaplicar el Acuerdo 017 del 4 de junio de 2004, en tanto esta norma no solo excede las facultades constitucionales que le corresponde a los concejos municipales, sino porque al servir de sustento para la expedición de los actos administrativos acusados, el IAP que se pretende imponer carece de base constitucional y legal para subsistir de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, en la que se señala que no le es dable a los concejos municipales determinar todos los elementos constitutivos de un impuesto (hecho generador, base gravable, tarifa y sujetos activo y pasivo), en tanto el principio de predeterminación tributaria señala que es en la Ley en donde deben estar delineados cuando menos los rudimentos del impuesto, razón por la cual no es aceptable una simple autorización como la que plantean las leyes 97 de 1913 y 84 de 1915.
1.1.5 No obstante, el Tribunal Administrativo de Córdoba en sentencia del 4 de diciembre de 2008, confirmó la decisión de primera instancia con argumentos que se pueden sintetizar en los siguientes puntos:


  • La demanda se dirige contra dos resoluciones y en modo alguno contra el Acuerdo 017 de 2004 expedido por el Concejo Municipal de Sahagún, mediante el cual se estableció y reglamentó el cobro y demás aspectos relacionados con el Impuesto de Alumbrado Público.

  • A consecuencia de que de no se aportó junto con la demanda de anulación el texto del citado Acuerdo, la existencia de este último no pudo probarse ni acreditarse en la forma legal, dado que el texto del mismo no se aportó en copia auténtica.

  • Como no se conoce el texto del Acuerdo, pues no se acreditó su existencia en forma legal, mal podía estudiarse la excepción de inconstitucionalidad enrostrada.

1.1.6 Contra estas decisiones, SURTIGAS interpuso acción de tutela por considerar que tales actuaciones judiciales se erigen en verdaderas vías de hecho al vulnerar su derecho al debido proceso por haberse configurado los defectos i) procedimental y ii) sustantivo.


Indica que la presunta configuración del defecto procedimental se cimienta en el hecho de que, de conformidad a lo dispuesto por las Leyes 97 de 1913 y 84 de 195, debió mediar autorización de la Asamblea Departamental para que el municipio pudiese crear el referido IAP. Lo anterior supone entonces una discrepancia en la interpretación de las anteriores leyes
De de otra parte, alegó que desde el primer momento en el proceso contencioso expuso dos razones fundamentales por las cuales no podía ser tenida como contribuyente del IAP:


  • La primera, que por expresa disposición legal contenida en el artículo 16 del Código de Petróleos o Decreto 1056 de 19532, y por el artículo 1° del Decreto 850 de 1965, está exenta del pago de tales tributos.3

  • La segunda, porque la empresa SURTIGAS no posee ni es propietaria de ningún predio en el municipio de Sahagún.

Aunado a las anteriores razones, la empresa señaló, además, que no es beneficiaria del servicio público de alumbrado, pues sus actividades se cumplen a la luz del día, y porque la tubería que ella utiliza para desarrollar su actividad se encuentra enterrada en el subsuelo, el cual pertenece al Estado.


Explicó la empresa accionante, que es el Tribunal Contencioso Administrativo de Córdoba el que estructura el defecto sustantivo con su decisión judicial, a partir de la errada interpretación que da al artículo 188 del C.P.C., al señalar que la empresa SURTIGAS planteó la excepción de inconstitucionalidad tan solo respecto del Acuerdo Municipal que creó el Impuesto de Alumbrado Público (IAP), norma que al no ser aportada al proceso en los términos del artículo 188 C.P.C., no era posible hacer pronunciamiento sobre tal excepción.
Frente a este argumento, la Empresa SURTIGAS señala que el Tribunal debió apreciar todo el panorama del proceso y analizar la excepción de inconstitucionalidad en el contexto en el que ella se planteó, aprovechando el conocimiento que tiene acerca de la existencia y vigencia de las leyes 97 de 1913 y 84 de 1915, normas que si bien son el sustento legal para la creación de cualquier IAP en el país, vienen siendo inaplicadas jurisprudencialmente por el Consejo de Estado, en particular por advertirse la vaguedad del concepto de “alumbrado público” y por la falta de definición de los elementos del tributo, competencia que solo concierne definirse mediante ley expedida por el Congreso de la República. Por ello, considera la empresa accionante que la configuración del defecto sustantivo, se sustenta en el hecho de que en la demanda contencioso administrativa incoada se descalificó ab initio la facultad municipal para crear el Impuesto de Alumbrado Público (IAP), toda vez que del régimen contenido en las leyes 97 de 1913 y 84 de 1915, se establece que debe existir una previa autorización por la Asamblea Departamental para que los municipios puedan crear impuestos, autorización “que no se ha demostrado que exista en el presente caso”.4
1.2 Peticiones
Por todo lo anterior, la entidad accionante solicita la protección constitucional de su derecho al debido proceso y para ello pide que se deje sin efecto el fallo proferido el 4 de diciembre de 2008 por el Tribunal Administrativo de Córdoba, que resolvió negativamente el recurso de apelación interpuesto por dicha sociedad en contra del acto administrativo en cuestión. En su lugar, solicita la expedición de una nueva decisión de mérito en la que se resuelva este asunto así como la excepción de inconstitucionalidad propuesta, para lo cual se deberá tener en cuenta la posición jurisprudencial asumida por el Consejo de Estado.
1.3 Respuesta de las autoridades demandadas.
1.3.1 Tribunal Administrativo de Córdoba.
El Tribunal Administrativo de Córdoba respondió esta acción de tutela en escrito del 16 de febrero de 2009. En este señaló la improcedencia del amparo por cuanto en ningún momento se incurrió en una vía de hecho, pues la normatividad aplicada a la nulidad pretendida en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se adelantó bajo la premisa de que el acto administrativo que estableció el impuesto de alumbrado público no fue demandado, además de que tampoco se demostró que estuviese vigente.
Señala, de otra parte, que la “inaplicación de actos administrativos generales y de leyes en un caso sometido a estudio de un juez administrativo no tiene efectos erga omnes, luego en cada caso particular debe el juez analizar la procedencia de ella o de la excepción de inconstitucionalidad.”
De igual forma, manifiesta dicha instancia judicial que por ser la acción de nulidad y restablecimiento del derecho el mecanismo judicial escogido por la empresa SURTIGAS, ésta debió probar la existencia del Acuerdo Municipal, por ser el fundamento normativo de los actos administrativos demandados. Así, de haberlo hecho, la Sala de Decisión de dicho Tribunal habría estudiado la solicitud de excepción de inconstitucionalidad planteada.
Señala, por otro lado, que no existe vía de hecho por defecto procedimental, pues si bien el accionante pretende hacer creer que el Tribunal dio como no probada una norma de alcance nacional, ello no es así. Como se dijo anteriormente, en la medida en que la disposición que sirvió de sustento a las resoluciones demandadas fue un Acuerdo expedido por el Concejo Municipal de Sahagún (Córdoba), cuyo alcance jurídico es local, su existencia debió ser probada por el mismo accionante en los términos del artículo 188 del Código de Procedimiento Civil.
Así, la falla procesal en que incurrió la empresa SURTIGAS en el proceso ordinario, llevó a que el Tribunal no se pronunciara sobre la excepción de inconstitucionalidad aducida, circunstancia por la cual no puede achacarse omisión alguna por parte de esa Corporación al momento de decidir. Con todo, al pronunciarse de fondo, concluyó que no estaba demostrada ilegalidad alguna de los actos administrativos demandados, razón por la cual confirmó la sentencia de primera instancia que denegó las súplicas de la demanda.
Por último, solicita que se rechace por improcedente la acción impetrada, pues ésta se encamina contra sentencias judiciales.5
1.3.2 Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Montería.
La Juez Quinta Administrativa del Circuito de Montería, en escrito de fecha 18 de febrero de 2009, dio respuesta a la tutela manifestando la improcedencia de esta acción contra providencias judiciales, por cuanto el artículo 86 de la Carta no lo previó. De la misma forma afirma que ese despacho nunca vulneró el derecho al debido proceso de la empresa SURTIGAS, porque el acto administrativo que estableció el impuesto de alumbrado público no fue objeto de demanda, pues de haber sido así, la acción procedente hubiera sido la de simple nulidad.
De otra parte, señala que el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1992.
Finalmente, advierte que el estudio de la acción contenciosa impetrada por la referida empresa tuvo la oportunidad de la doble instancia, con lo cual se garantizó un análisis más profundo tanto del derecho reclamado como del procedimiento aplicado, no obstante las falencias que hubiera podido cometer el accionante para obtener un fallo favorable.
1.4 Sentencias que se revisan.
1.4.1 Primera instancia.
La Subsección “A” de la Sección Segunda de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado en sentencia del 26 de febrero de 2009, amparó el derecho al debido proceso de la empresa SURTIGAS, y dejó sin efecto la decisión judicial proferida el 4 de diciembre de 2008 por el Tribunal Administrativo de Córdoba. Para ello ordenó al Tribunal Administrativo de Córdoba que en un término no mayor a diez (10) días emitiera una nueva sentencia que tuviese en cuenta los extremos planteados en segunda instancia, entre ellos la excepción de inconstitucionalidad.
Como consideraciones de esta decisión es pertinente señalar que el juez de primera instancia, luego de verificar el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, concluyó que si bien no existió vía de hecho por configuración de un defecto procedimental si observó que se había estructurado el defecto sustancial alegado por la empresa accionada.
Señaló que el tribunal tutelado se apartó sin justificación alguna de la interpretación establecida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que advierte que si bien las leyes 97 de 1913 y 84 de 1915 autorizaron a los Consejos de Bogotá y municipales de todo el país para crear libremente el impuesto sobre el alumbrado público, y que las referidas normas están vigentes, tal y como se deduce de la sentencia C-504 de 2002 de la Corte Constitucional y de la sentencia del 28 de junio de 2007 del Consejo de Estado, los artículos 300 numeral 4°, 313 numeral 4° y el 338 de la Constitución, señalan claramente que compete exclusivamente al Congreso de la República, mediante la expedición de una ley la determinación del hecho generador de los tributos, lo que permitiría a las asambleas departamentales y consejo municipales crear dicho tributo en su ámbito territorial. Además agrega, en la medida en que el concepto de “servicio de alumbrado público” es tan ambiguo, tal y como la misma Sección Cuarta del Consejo de Estado lo expusiera en sentencia del 17 de julio de 2008, expediente 16170, tal indeterminación conceptual no permite la fijación del hecho generador del tributo, el que no puede ser definido ni por los concejos municipales, ni por las asambleas departamentales, pues de aceptarse tal tesis se estaría desbordando los principios generales del derecho fiscal, así como las potestades impositivas previstas constitucionalmente para esas corporaciones de elección popular.
Por lo anterior, advierte que le corresponde al Tribunal Administrativo de Córdoba decidir la excepción de inconstitucionalidad propuesta por la empresa SURTIGAS, para lo cual podrá aplicar el precedente vertical ya referido o apartarse del mismo mediante argumentos suficientes que así respalden su posición.
Señala finalmente que si bien es cierto que el artículo 188 del C.P.C. exige al demandante aportar copias auténticas de las normas acusadas como violadas, lo que se concluye es que el sustento normativo del referido Acuerdo Municipal 017 de 2004 viene siendo inaplicado de forma continua y permanente por el Consejo de Estado.
1.4.2 Segunda instancia.
La Sección Cuarta de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado en sentencia del 24 de junio de 2009, revocó la decisión de primera instancia y en su lugar rechazó esta acción por ser improcedente contra providencias judiciales. Aclaró además que la acción de tutela no es una instancia más, ni un recurso extraordinario, pues ésta solo es viable cuando no existe otro medio de defensa judicial, y que como en el presente caso ya existe una decisión judicial, ello demuestra que ya dio acceso a la administración de justicia.
1.5 Pruebas


  • Fotocopia de la Resolución Número 002 IAP-S-05 de septiembre 15 de 2005 “por medio de la cual se efectúa una liquidación oficial de un impuesto y se declara deudor Moroso a un contribuyente” y que corresponde a la empresa SURTIGAS (folios 37 a 37).




  • Fotocopia del Recurso de reconsideración tramitado por la empresa SURTIGÁS S.A. E.S.P. en contra de la Resolución Número 002 IAP-S-05 de septiembre 15 de 2005, que la declara deudora morosa del pago del IAP del municipio de Sahagún.(folios 38 a 46).




  • Fotocopia de la Resolución Número 137 de enero 16 de 2006, “por medio de la cual se resuelve el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa SURTIGÁS S.A. E.S.P. NIT: 890.400.869/9, en contra de la Resolución de liquidación NO. 002-IAP-S-05 de septiembre 15 de 2005.” (folios 47 a 58).




  • Fotocopia de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la empresa SURTIGÁS S.A. E.S.P. en contra los actos administrativos contenidos en la Resolución Número 002 IAP-S-05 del 15 de septiembre de 2005 y la Resolución Número 137 del 16 de enero de 2006, expedidas por el Tesorero Municipal de Sahagún. (folios 60 a 71).




  • Fotocopia de las decisiones judiciales proferidas en primera instancia por el Juzgado Quinto Administrativo de Montería y en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Córdoba. Además, obra fotocopia de la apelación presentada por la empresa SURTIGAS (Folios 72 a 109).




  • Fotocopia de sentencias judiciales proferidas por el Consejo de Estado en su Sección Cuarta del 17 de julio de 2008 (exp. 16170) y del 11 de diciembre de 2008 (exp. 16243), en las que se resuelven casos similares al que es motivo de esta acción de tutela (Folios 111 a 143).




  • Fotocopia de la sentencia proferida el 2 de junio de 2009 por el Tribunal Administrativo de Córdoba, en cumplimiento de la orden impartida por la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado (folios 212 a 213).


II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS
1. Competencia
Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para revisar los fallos mencionados, de conformidad con lo establecido en los artículos 86, inciso tercero, y 241 numeral noveno de la Constitución Política y del 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Planteamiento del problema jurídico.
En el presente caso debe la Sala de Revisión entrar a determinar si las decisiones judiciales proferidas por el Juzgado Quinto Administrativo de Montería y el Tribunal Administrativo de Córdoba en el trámite de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por SURTIGAS se erigen en verdaderas vías de hecho por haberse configurado los defectos procedimental y sustancial, en tanto desconocieron la previa autorización que el municipio debe tener del departamento para crear un tributo local (defecto procedimental), y porque el Acuerdo que sirvió de soporte a los actos administrativos objeto de controversia (resoluciones), era inaplicable en virtud de la excepción de inconstitucionalidad, por desconocerse el precepto constitucional consagrado en el artículo 338 Superior (defecto sustantivo o material),
Hecho el anterior planteamiento corresponde a esta Sala iniciar la revisión de esta acción de tutela recordando la línea jurisprudencial en torno a: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Como parte de dichas consideraciones se expondrán cuáles son los requisitos generales y especiales de procedibilidad definidos jurisprudencialmente, (ii) deteniéndose a explicar brevemente los defectos procedimental y sustancial o material que presuntamente se estructuraron con las decisiones judiciales aquí controvertidas.
De la misma forma y en tanto se alega una excepción de inconstitucionalidad, (iii) se analizará la posición de esta Corporación en relación con esta figura jurídica y su aplicación o no cuando ya existe un pronunciamiento de control abstracto por parte de la Corte Constitucional.
Adicionalmente, en tanto la discrepancia jurídica planteada por la empresa accionante se centra en un problema de carácter tributario y en especial en la facultad que tienen los concejos municipales para crear un impuesto de alcance local y en particular al servicio de alumbrado público, la Sala considera que ha de hacerse un breve análisis sobre (iv) el marco normativo que en materia tributaria existe a nivel Constitucional y legal, haciendo especial énfasis en la evolución que dicho tema ha tenido en la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado. Luego de este análisis (v) se podrá entrar a resolver el caso concreto.
3. Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela. Reiteración de jurisprudencia.
3.1 El artículo 86 de la Constitución Política es contundente en señalar que la acción de tutela es un mecanismo judicial preferente y sumario al cual se accede para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales. Además, es un mecanismo judicial de carácter subsidiario6 al que se puede acudir en ausencia de otros medios ordinarios de defensa, o cuando existiendo estos, se tramite como mecanismo transitorio de defensa judicial para evitar un perjuicio irremediable7. Esta afirmación, ratifica el supuesto de que la acción de tutela no es una vía judicial adicional o paralela8 a las dispuestas por el Legislador9, como tampoco es un salvavidas al que puedan recurrir las partes cuando hayan incurrido en algunos errores, o que la misma se emplee como mecanismo para revivir términos ya fenecidos a consecuencia de la incuria procesal de esas mismas partes10.
3.2 De esta manera, la interposición de una acción de tutela contra una decisión judicial se justifica en la protección constitucional que ofrece a los derechos fundamentales (Art. 86 C.P.)11 Además, la acción de tutela garantiza el pleno respeto del principio a la seguridad jurídica, el cual debe estar presente en las decisiones proferidas por las autoridades del Estado, incluidas las judiciales (Art. 2 C.P.), en especial cuando tales pronunciamientos se han proferido con el desconocimiento de preceptos constitucionales y legales.12
No obstante, y aún cuando las actuaciones de las autoridades judiciales se enmarcan dentro de los principios de autonomía, independencia, acceso a la justicia y legalidad, y que sus decisiones deben ajustarse a disposiciones que aseguren la defensa de los derechos constitucionales y legales de todas las personas, la Corte Constitucional ha advertido que algunas de tales decisiones judiciales pueden desconocer los derechos fundamentales. En estos casos, esas actuaciones judiciales, dejan de ser vías de derecho y pasan a convertirse en verdaderas vías de hecho. Por ello, la Sala Plena de esta Corporación en la sentencia C-543 de 1992, frente a este tipo de situaciones excepcionales, hizo las siguientes precisiones:
(…) nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o que observe con diligencia los térmi­nos judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable, para lo cual sí está constitucionalmente autorizada la tutela pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la Carta es puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez ordinario competente (artículos 86 de la Constitución Política y 8º del Decreto 2591 de 1991). En hipótesis como éstas, no puede hablarse de atentado alguno contra la seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer realidad los fines que persigue la justicia.” (Subrayas fuera del texto original).
Del anterior planteamiento se puede concluir que la finalidad de la acción de tutela contra providencias judiciales se orienta a que la decisión judicial atacada se adecue a unos parámetros jurídicamente válidos. Para ello habrá de verificarse previamente el cumplimiento de unos requisitos definidos por la jurisprudencia constitucional como causales de procedibilidad, cuyo cumplimiento indefectiblemente ha de asegurarse.
  1   2   3


La base de datos está protegida por derechos de autor ©absta.info 2016
enviar mensaje

    Página principal